Tribunales privados de arbitraje, un expolio

El Parlamento Europeo ha dado hace pocos días el visto bueno a un acuerdo de libre comercio e inversión de la Unión Europea con Singapur. Esos tratados bilaterales básicamente suprimen los aranceles y hasta aquí no entrañaría peligro un acuerdo contra el proteccionismo comercial. El problema grave para los Estados aparece porque esos tratados bilateales pretenden anular lo que sus redactores denominan ‘otras barreras no arancelarias’. ¿Qué barreras?

El peor, el más peligroso de los mecanismos que contiene un tratado blateral de inversión es una clausula por la que grandes empresas y corporaciones multinacionales pueden demandar a los gobiernos si consideran que sus leyes y normas, incluso comunicados informativos, perjudican sus beneficios de grandes empresas. Pueden demandar, pero no ante tribunales públicos legítimos que siempre ignoran, sino recurriendo a unos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje que solo son equipos de tres abogados privados de elevadísimos honorarios sin ninguna legitimidad democrática. Pero las partes los aceptan para arbitrar, dirán los defensores de tan equívoco método. Puede parecerlo, pero en realidad los Estados se ven forzados a aceptar esos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje pues, de otro modo, no hay inversión. El truco está en que, cuando un Estado firma uno de esos tratados para asegurar inversiones que permitan crear empleos, el tratado incluye siempre un llamado ‘método de resolución de controversias’ que permite a grandes empresas y corporaciones multinacionales demandar a Estados soberanos por cantidades multimillonarias cuando consideran que peligran sus beneficios y, para mayor desfachatez, no solo beneficios actuales sino también futuros posibles. Veamos botones de muestra de tal pillaje.

Miles de millones de indemnización

Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la multinacional petrolera Occidental. Un presunto tribunal formado por tres abogados privados decidió que el Estado cancelase el contrato con esa petrolera, porque no respetaba las normas de protección medioambiental incluidas en el contrato, era una expropiación y, por tanto, el Estado ecuatoriano debía indemnizar a la petrolera. La corporación Vattenfallal reclamó 3.700 millones de euros al Gobierno alemán porque, tras el desastre nuclear de Fukushima en Japón, ese gobierno, en evidente ejercicio de prevención y responsabilidad, cerró las plantas nucleares que la empresa sueca gestionaba. Philip Morris demandó a Uruguay por advertir en los paquetes de tabaco que fumar es malo para la salud. y Renco demandó a Perú por 800 millones de dólares porque el gobierno de ese país revocó su permiso para fundir metales por utilizar métodos muy contaminantes. Bear Creek demandó también a Perú por 1.200 millones de dólares porque el gobierno rescindió el contrato con esa multinacional minera por agredir el medio ambiente y por los asesinatos de indígenas en las protestas populares contra esa empresa. La empresa Veolia demandó a Egipto al considerarse perjudicada porque el gobierno aumentó el salario mínimo. Cecilia Olivet, investigadora de Transnational Institut, ha contado que, en la demanda de la empresa alemana Fraport contra el Estado filipino, el gobierno de Filipinas tuvo que gastar millones de dólares para pagar a sus abogados para afrontar la demanda. La cantidad pagada era equivalente al salario de un año de 12.500 profesores, la vacunación de casi cuatro millones de niños contra la tuberculosis, difteria, tétanos o polio o construir dos aeropuertos.

Tales inaceptables dictámenes y amenazas contra Estados soberanos no son política ficción. Son reales y han sido y son posibles por los llamados tribunales de arbitraje internacional que, con diversos nombres (ISDS ha sido uno de ellos) pretenden ser un modo de resolver conflictos entre empresas extranjeras inversoras y gobiernos en cuyo territorio se instalan, pero que en verdad más bien son otros modos de aumentar los beneficios de las multinacionales por medio de demandas.

Por otra parte, esos abogados privados de esos pretendido tribunales de arbitraje hacen tanto de acusadores como de testigos o árbitros que deciden la indemnización ¿Cómo asegurar ni la menor sombra de justicia cuando son juez y parte? Otrosí, muchos de esos presuntos árbitros además han sido miembros de consejos de administración de empresas demandantes, por lo que cualquier pretensión de que el arbitraje privado internacional tenga algo que ver con la justicia es un mal chiste. Sobre esos falsos tribunales, cabe recordar además que no han sido elegidos ni designados por ninguna entidad u organización democrática nacional ni internacional; no tienen nunca en cuenta las leyes nacionales ni el derecho internacional y casi siempre dictaminan a favor de las empresas. Sin olvidar también una regla jurídicamente inaceptable de esos arbitrajes: que los dictamenes de esos tribunales privados no se pueden recurrir ante instancia alguna privada, pública, nacional o internacional. Son inapelables. Como si los dictámenes los pronunciara dios.

Nuevos beneficios para las multinacionales

Actualmente podría haber unos pocos miles de tratados bilaterales que permiten recurrir a esos presuntos tribunales privados. ¿Para dirimir conflictos entre empresas y Estados? Para que las multinacionales consigan nuevos y mayores beneficios. Según el informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, el arbitraje internacional además ha creado una red de fondos de inversión, árbitros, abogados, empresas y demandantes, red que especula con producos financieros que son paquetes de demandas a estados convertidos en activos especulables.

Además de fallar casi siempre a favor de las empresas, los abogados de arbitraje internacional animan a las multinacionales a demandar a los gobiernos o amenazarlos con demandas para que cedan a sus pretensiones de no tomar medidas de protección ambiental, por ejemplo. Además, aseguran ser fácil que una multinacional logre un acuerdo ventajoso con un gobierno si lo amenaza antes con una demanda. Puro Corleone.

Quien tal vez haya retratado mejor la surrealista e indecente situación de los tribunales privados de arbitraje haya sido Juan Fernández Armesto, abogado español que fue árbitro internacional en alguna ocasión. A Fernández Armesto le sorprende que Estados soberanos acepten el arbitraje privado y se dé a tres particulares el poder de rechazar las actuaciones de un Gobierno, las decisiones de tribunales o las leyes y reglamentos de un Parlamento. Sin apelación posible.

Un desafío a los gobiernos democráticos

Como denuncia la red europea de ATTAC, movimiento social global por la justicia económica y fiscal, en Europa las grandes empresas han utilizado y utilizan estos tribunales privados para desafiar a los gobiernos que actúan en beneficio de la población. Los sistemas de arbitraje privados reducen el poder de diputados y gobiernos elegidos para cumplir mandatos y deberes con la ciudadanía. Con esos tribunales privados de arbitraje, multinacionales y grandes inversores , es decir, los super-ricos, amenazan los servicios públicos que garantizan los derechos de la ciudadanía, el acceso al agua y a la energía limpia. También peligran los derechos de los trabajadores, de los consumidores y la protección del medio ambiente.

Pero hace unos días, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que interpreta y aplica el Derecho de la UE, se ha pronunciado sobre una controversia entre la República Eslovaca y Achmea BV, una empresa de seguros holandesa. La sentencia del TJUE da la razón a Eslovaquia que denunció el fallo de un arbitraje privado contra la recuperación del sistema público de salud que había sido privatizado. El TJUE argumenta que recurrir a tribunales privados es incompatible con el Derecho de la Unión y ha anulado la resolución de ese arbitraje, que decía lo contrario, y reafirmado que el Derecho europeo prevalece, está por encima de los derechos nacionales y ningún texto, tratado o disposición de Estados miembros puede ir contra el derecho de la UE ni puede ignorar el bagaje jurídico comunitario que los países miembros aceptaron libremente al ingresar en la Unión Europea.

Ahora, los países europeos tendrán que aplicar esta interpretación legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sus leyes y ordenamientos, pudiendo ser declarados nulos todos los laudos de tribunales privados de arbitraje que no respeten la citada sentencia.

Aunque lamentablemente no afecta a multinacionales no europeas, en medio de tanto pillaje de multinacionales, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es un balón de oxígeno contra los pretendidos tribunales privados de arbitraje. Porque desde ahora, ninguna multinacional europea (como la holandesa Achmea BV) podrá demandar a un Estado europeo porque vulnera el derecho de la Unión Europea.

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Impuestos injustos e insuficientes, enorme deuda pública y estado de bienestar menguante

Con la amenaza de otra crisis global (como recuerdan Argentina y Turquía con sus severos problemas económicos) y sacado Mariano Rajoy del ejecutivo por una moción de censura, los resultados de su gobierno no son, como se dice castizamente en Madrid, para echar cohetes. Para empezar, según el Banco de España el gobierno Rajoy consiguió que la deuda pública superara el billón de euros por primera vez en la historia reciente del país. Aún peor, que sobrepasará por primera vez en un siglo el equivalente del 100% del PIB, la riqueza nacional de un año. En junio, cuando la moción de censura expulsó al PP del gobierno del Reino, el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos debían (y deben) un billón con 163.000 millones de euros. Lo que significa que anualmente han de pagarse unos 30.000 millones de intereses.

Si la deuda pública es superior al PIB nacional, es más difícil devolver a los acreedores el dinero que han prestado y entonces, por la nefanda influencia de las instituciones internacionales neoliberales (FMI y Eurozona) se imponen medidas de austeridad y recortes sociales que, no solo perjudican a la mayoría de la gente, cuyos derechos sociales son pisoteados en tanto el estado de bienestar se va al garete, sino que también perjudican el crecimiento económico del país y lo reducen. De momento, España se salva más o menos a pesar de su enorme deuda pública, porque los tipos de interés son bajos. Por ahora.

Campeones en desigualdad

Tal vez el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados enmienden situación tan peligrosa sin hacérselo pagar a la gente. Situación que sería inaceptable pues, según el último Barómetro Social de España, las cosas no van tan bien como muchos medios informativos que comulgan las ruedas de molino de las recetas del neoliberalismo pretenden. A destacar, por ejemplo, que la distribución de la riqueza ha sido en el cercano 2016 mucho más desigual que en el ya lejano año 1994. Hasta tal punto que se ha multiplicado por dos la brecha entre quienes tienen más (que no son muchos, por cierto) y los que poseen poco o muy poco. Lo muestra, por ejemplo, que los salarios son mucho más bajos, pero no así las ganancias de las empresas que aumentan. Varios economistas y sociólogos dicen también que el Reino de España ha sufrido un gran retroceso social y por eso estamos a la cola de Europa en el reparto de riqueza. Tan a la cola que, según Eurostat (agencia de datos de la Unión Europea), solo están peor en desigualdad Rumanía, Lituania y Bulgaria. Lo que no deja de ser muy esclarecedor.

Más cifras aburridas, tal vez, pero significativas. Según la Encuesta Financiera de las Familias que elabora el Banco de España, la desigualdad entre hogares que tienen riqueza y quienes apenas tienen nada se ha multiplicado por dos ¡en sólo 12 años! Si en 2002 la mitad de hogares más ricos tenían un patrimonio medio 6 veces mayor que la mitad de hogares más pobres, ahora esa riqueza se ha multiplicado por 12. La mitad más rica del país ha aumentado su patrimonio medio un 29%, mientras la mitad más pobre ha perdido un 30% de lo poco que tenía, casi un tercio menos que antes. Una desigualdad indecente.

Indicador de esa situación es que el salario medio hasta 2016 ha perdido el 5% de poder adquisitivo y ha aumentado la desigualdad entre tramos salariales, no porque se paguen más salarios altos sino porque aumentan sin cesar quienes cobran sueldos inferiores al salario mínimo oficial (736 euros mensuales). En 1994, hace casi un cuarto de siglo, quienes cobraban menos que el salario mínimo eran unos 3 millones, pero hoy ya son 6 millones (el 34% de la población ocupada) quienes cobran salarios por debajo del Salario Mínimo. El doble que hace 24 años.

La pobreza severa, inaceptable

En España, los hogares en riesgo de pobreza son el 60% y un 30% son quienes soportan una pobreza severa. De 1994 a 2015 el riesgo de pobreza en España ha aumentado algo más de 3%, lo que significa que las personas en riesgo de pobreza ya son algo más de 10 millones en números absolutos . Este aumento es muy superior al de la Unión Europea. Y ¿a qué llamamos pobreza severa? Cuando una familia no puede cumplir o disfrutar de cuatro situaciones de estas nueve siguientes:

1. No poder ir de vacaciones una semana al año.

2. No poder comer carne, pollo o pescado cada dos días.

3. No poder mantener la vivienda a temperatura adecuada.

4. No poder pagara gastos imprevistos de 650 euros.

5. Retrasarse en pagar la hipoteca, alquiler o recibos de gas y luz…

6. No poder comprar un automóvil a plazos ni tampoco mantenerlo.

7. No poder tener y usar el teléfono.

8. No poder adquirir un televisor.

9. No poder tener una lavadora.

Pobreza severa es la que sufre la población con ingresos tan reducidos que es imposible llevar una vida digna. De 2007 a 2015 han aumentado más de un millón las personas que sufren pobreza severa hasta sumar 3 millones en toda España. Sólo Cantabria, Ceuta y Melilla han reducido su pobreza severa, pero ésta ha aumentado en el resto del país. Dicho de modo muy comprensible, en España, la población a la que le es muy difícil llegar a fin de mes ya es un 34% del total. Demasiada gente pues ese porcentaje son ¡16 millones de personas! Pero en tanto crecen en España la pobreza y la emergencia social , no lo hacen las políticas sociales y sí aumenta la exclusión social.

Aunque lo expuesto no sucede por destino fatal ni mala suerte. Esa devastación social tiene causas y responsables. El aumento obsceno de desigualdad, de pobreza y pobreza severa tiene mucho que ver con un sistema de impuestos injusto, regresivo e insuficiente que empuja al Estado a endeudarse.

Vuelta al siglo XIX

En román paladino, la persistencia de la desigualdad está directamente relacionada con que paguen menos quienes tienen más, pues eso supone menor recaudación del Estado y que éste no pueda atender las necesidades y derechos de la ciudadanía. Sin olvidar en el caso español la nefasta aportación de una empobrecedora reforma laboral que ha convertido en precaria a la mayor parte de la clase trabajadora. Como botón de muestra de esa precariedad depauperante, cabe citar que en España casi la mitad de horas extra trabajadas en el segundo trimestre de 2018 (44%) no se pagaron ni compensaron con tiempo libre, según informe del sindicato CCOO basado en datos del Instituto Nacional de Estadística. Por cierto, esas horas extras trabajadas y no pagadas equivalen a 74.000 empleos a tiempo completo. Vamos hacia atrás como los cangrejos y se imponen impunemente prácticas obscenas propias del siglo XIX.

Para que no quedé nada en el tintero, cabe rememorar también que, según informe del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) y la universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la economía sumergida en España equivale a casi el 25% del PIB. Y eso significa que unos 290.000 millones de euros escapan cada año al control de Hacienda y de la Seguridad Social. Dicho de otro modo, esa economía sumergida es causa de que NO se ingresen en las arcas públicas más de 90.000 millones anuales de impuestos y cotizaciones sociales. La recaudación de las arcas estatales es insuficiente porque no hay la menor voluntad política de que deje de serlo.

Ya ven, a la que escarbamos en las razones de la desigualdad, todo se relaciona: impuestos, políticas sociales, pobreza y estado de bienestar menguante.

La voluntad del PP de rebajar impuestos amenaza el estado de bienestar

En una de sus primeras intervenciones, Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular, ha expresado sin ambages su voluntad de rebajar impuestos, con especial atención a reducir el IRPF y el de Sociedades. Si llega a gobernar, claro.

Uno de los mantras de conservadores y derechistas de todo jaez es pretender que rebajar impuestos es bueno para la gente de a pie. Una de las falacias que esgrimen es que si los ricos tienen más dinero por pagar menos impuestos, invierten y crean empleo. Sin embargo, el The New York Times publicó un estudio de las repercusiones de la enorme bajada de impuestos que perpetró Bush tras ser elegido presidente  y resultó que el período tras la citada rebaja de impuestos fue el de menor creación de empleo de la historia reciente de EEUU.

Las sucesivas reformas fiscales perpetradas en el Reino de España han significado que la mayoría pague algo más (salvo tal vez el grupo de gente con ingresos muy bajos) y la minoría más rica, menos. ¿Acaso los sucesivos aumentos del IVA, que son parte de las medidas fiscales,  no han reducido el poder adquisitivo de la clase trabajadora?

Lo cierto es que sin impuestos no hay democracia ni justicia y sin democracia ni justicia no hay estado de bienestar. O, dicho de otro modo, un país donde se aseguran los servicios públicos esenciales y se garantiza el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía.

Las rebajas de impuestos benefician especialmente a quien más tiene y atesora, que es esa muy reducida minoría del 0.1% que controla la economía, sobre todo financiera, aunque, según el Nobel de economía, Paul Krugman, aún son menos: 0,01% (menos de 50.000 personas entre 46 millones de población).

En el reino de España, ha habido rebajas de impuestos y pretendidas reformas fiscales, pero pasado el tiempo se ha comprobado que, fraude fiscal aparte, las grandes empresas y fortunas pagan menos impuestos,el Estado recauda menos y, a pesar del crecimiento económico según las cifras macroeconómicas, no se ven consecuencias positivas tangibles para las clases trabajadoras.

Y volviendo al fraude fiscal, según los datos estimados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, el 70% del fraude fiscal en España está perpetrado por las grandes empresas y grandes fortunas. ¿Y el PP aún quiere rebajar impuestos a quienes más tienen y acumulan? Para que no quepan dudas sobre la deslealtad de la minoría rica nacional, cabe recordar qye, según la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU, las grandes fortunas españolas ocultan en guaridas fiscales (antes llamadas paraísos) más de 140.000 millones de euros, que es tanto como al 12% del PIB, la riqueza nacional anual. Fortunas que no pagan impuestos, por supuesto, pues para eso están ocultas en guaridas fiscales.

Según un informe elaborado por la universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en colaboración con el sindicato de técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España mueve unos 290.000 millones de euros al año. Euros que escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Socia y es tanto como el 24% del PIB. Por esa ocultación se dejan de ingresar cada año más de 90.000 millones de impuestos y cotizaciones sociales.

Pero, en tanto los que más tienen pagan menos impuiestos, se mantienen con pocos cambios los datos de desigualdad, riesgo de pobreza y de exclusión social. Y así, además del 14% de trabajadores con contrato que son pobres, la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que el 37% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos, el 34% no puede ir de vacaciones ni una semana al año, casi el 10% llega a fin de mes con mucha dificultad, el 7% no puede pagar a tiempo la hipoteca, alquiler, gas, electricidad o la comunidad y una quinta parte de personas (casi 22% de población) vive pobremente con menos de 8.520 euros al año, cuando la media de vida digna en este país supone disponer de 11.000 euros anuales por persona.

El PP, Casado y los impuestos

No hablamos de pobreza absoluta sino de desigualdad, de empobrecimiento progresivo, de vida difícil. Tan difícil a veces que es imposible considerarla digna. Lo cierto es que, en tanto no se asegure una justa redistribución de la riqueza, este país no levantará cabeza por más que algunos indicadores económicos pretendan que vamos bien. Y la herramienta principal del Estado para redistribuir la riqueza es la fiscalidad, los impuestos y tasas.

No tengan la menor duda de que fraude fiscal y las diversas prácticas para no pagar impuestos, o pagar menos de lo que se debería, tiene mucho que ver con el aumento de la desigualdad, las antes citadas dificultades de los hogares y el riesgo de pobreza.

Pues bien, a pasar de la evidencia expuesta, el nuevo presidente del PP tiene empeño en rebajar el impuesto de sociedades, el que se paga por beneficios obtenidos ¿Aún más?, porque según la Agencia Tributaria, el impuesto efectivo de sociedades que pagan en el Reino de España las grandes empresas es el 7,3% sobre beneficios. Pero el tipo nominal (antes de deducciones, subvenciones, otros favores y canonjías) sería, según está escrito, el 25%. ¿Saben quiénes pagan el 18 o 20% efectivo? Las pequeñas y medianas empresas que no disponen de caros asesores fiscales para hurgar en las grietas de la ley tributaria y pagar menos.

Por supuesto, Pablo Casado quiere también suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, que el PP ya aplica en alguna comunidad autónoma donde gobierna, como la de Madrid. Según Gestha, suprimir el impuesto de sucesiones, por ejemplo, solo beneficiaría a un muy reducido 0,7% de contribuyentes ricos que no pagarían ni un euro por cuantiosas herencias recibidas. En tanto que en la Comunidadd Autónoma de Madrid, donde el PP suprimió de hecho el impuesto de patrimonio con una bonificación del 100%, esa anulación ha supuesto que el gobierno autonómico de Madrid hay dejado de recaudar de 800 a 1.000 millones de euros anuales. Dinero que dejan de pagar los más ricos que han fijado su residencia en esa comunidad para no pagar el impuesto de patrimonio, precisamente.

La voluntad de reducir impuestos del nuevo presidente del PP es una amenaza para la ciudadanía, porque los impuestos, la fiscalidad, son esenciales como medio del Estado para redistribuir la riqueza y garantizar el estado de bienestar. Sin impuestos justos, progresivos y suficientes aumentan la desigualdad y el empobrecimiento y la injusticia deviene institucional. Cualquier alteración, disminución o rebaja de la fiscalidad dificulta la necesaria redistribución de riqueza. Por eso necesitamos una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Justa para que se pague lo adecuado según los ingresos y posesiones. Progresiva para que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene. Y suficiente para que el Estado y sus instancias públicas garanticen los servicios públicos sin recortes y faciliten el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Juego de tronos, desigualdad y pobreza en el Reino de España

Recién se ha recordado que en 1977, el hoy Rey emérito Juan Carlos I, envió una carta al Sha de Persia, Reza Pahlevi, en la que le pedía diez millones de dólares para ayudar a la candidatura de Adolfo Suárez a vencer a Felipe González del PSOE en las elecciones generales. Las primeras democráticas tras la dictadura franquista y así reforzar la débil monarquía. Esa carta del entonces rey fue citada en 2009 en el libro Adolfo Suárez: ambición y destino del periodista Gregorio Morán, pero antes se había publicado en las memorias de Asadollah Alam, primer ministro de Irán de 1962 a 1964 .

Por si ese recuerdo no fuera bastante asombroso, portadas de diarios y sumarios de informativos televisivos y radiofónicos destacan estos días declaraciones de Corinna, empresaria alemana de origen danés (que pretende ser princesa), cuya aparición en los medios es frecuente desde 2006 por su relación con el rey Juan Carlos I de España. Corinna le organizó al entonces rey safaris en África y lo representó ante magnates, altos dignatarios, empresarios rusos y de Arabia Saudí. El calibre de las declaraciones de la señora Corinna ha movido a los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, Compromís, PdeCAT y Bildu a solicitar que Juan Carlos I acuda a una comisión de investigación del Congreso. Para explicarse.

Pagando por la austeridad impuesta

Y, mientras quien fuera según algunos medios ‘amiga íntima y entrañable del rey emérito’ ha hablado en la radio de presuntas comisiones, intermediación en negocios y testaferros, España no deja de arrastrar problemas serios y graves que afectan a mucha gente. Como el aumento que no cesa de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza, legados infames de los gobiernos del Partido Popular, pero también fruto de la blandura política del gobierno de Zapatero en el inicio de la crisis ante las implacables exigencias de austeridad de la Unión Europea.

Si nos referimos a la pobreza, recordemos para hacer boca que España es el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres, según informe de la OCDE: 15%. De los ciento noventa y tantos estados del mundo, solo tienen mayor proporción de trabajadores con empleo, pero pobres, China, India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. Además, España es el único país europeo de la OCDE entre los diez primeros países del mundo con trabajadores pobres.

¿Qué significa ser trabajador pobre? Que lo que te pagan por tu trabajo no alcanza para comer todos los días del mes (y por eso has de recurrir a Cáritas o a los bancos de alimentos) tampoco puedes poner la calefacción ni otras acciones de vida normal decente.

Eso es pobreza.

Además de la innegable pobreza, según el informe Premiar el trabajo, no la riqueza, de Oxfam Intermón, en el Reino de España el 10% de personas más ricas del país posee más riqueza que el 90% restante y solo un muy minoritario 1% de población española acapara la cuarta parte de la riqueza nacional. Ese 1% son menos de 50.000 personas en una población de más de 46 millones y esos pocos acaparan tanto como un cuarto de billón de euros. El informe citado señala a España como tercer país más desigual de la Unión Europea y en el que más ha crecido la desigualdad desde 2007.

Eso es desigualdad.

El crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría

Desigualdad y pobreza que tienen mucho que ver con la impuesta política europea de austeridad presupuestaria que, en román paladino, significa rebajas considerables en presupuestos sociales y recortes en los servicios públicos que satisfacen los derechos humanos de la ciudadanía. Recortes impulsados por la neoliberal obsesión de reducir el déficit público de los estados miembros de la Unión Europea al precio de que la mayoría viva peor.

Una obsesión que sin la menor duda responde a los intereses y apetitos del minoritario sector financiero europeo que ansía mantener y aumentar su multimillonario negocio de prestar a los Estados y cobrar elevados intereses. ¿Cómo explicar de otro modo que las normas de la UE prohíban que el Banco Central Europeo preste directamente a los Estados de la Unión de no ser para asegurar el negocio de los banqueros?

La nefasta política de austeridad (recortes y rebajas de partidas sociales) en teoría alienta el crecimiento. ¿Promueve el crecimiento? Más bien al revés, sobre todo si se considera que el crecimiento no asegura la vida digna de la mayoría de población. Hay numerosos ejemplos en países del antaño denominado Tercer Mundo como Brasil o México. Según varios estudios en los que destaca el de Oxfam Intermón, la austeridad impuesta retrasa la verdadera recuperación. La que notaría para bien la mayoría ciudadana en su vida cotidiana.

Pero esto viene de lejos. Ya en los años ochenta y noventa del siglo XX, los países de América Latina, Asia y África, que aplicaron las recetas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Interrnacional (FMI), lo pagaron caro con el empobrecimiento general de sus poblaciones… aunque mostraran cifras macro-económicas positivas. Pero, ¿saben?, las mejoras que no llegan a la gente común no son mejoras, por mucho que lo proclame la macro-economía. Esas cifras ‘positivas’ en realidad indican que la minoría de siempre se ha apropiado de más, de mucho más, ha acaparado aún mucho más, y para ese viaje no hacían falta alforjas.

Además, la situación se complica y empeora para la gente normal cuando se afianza la economía sumergida, riqueza que escapa al control del Estado, riqueza que no paga impuestos. Según el sindicato de técnicos de Hacienda, GESTHA, el paro y la corrupción disparan en España una economía sumergida que supone la evasión fiscal de 60.000 millones de euros al año. En España no hay estimaciones oficiales de economía sumergida y la única referencia fiable es la del Parlamento Europeo en 2012: casi el 25% del PIB español sería economía sumergida; siete puntos más que en 2008 y casi la cuarta parte de la riqueza nacional que en dinero se acerca al cuarto de billón de euros anuales. Mucho dinero.

Sin voluntad para conocr la economía sumergida

Por ser necesario conocer el volumen de la economía sumergida, se solicitó al Instituto de Estudios Fiscales del ministerio de Hacienda que aportara personal y medios para un estudio de la realidad de esa economía ilegal sumergida. Pero el instituto no mostró mucho interés. Por su parte el cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado quiso elaborar un informe sobre esa sumergida actividad económica, pero lo abandonaron por falta de apoyo institucional y económico.

Si volvemos a la innegable pobreza en este país, una de cada cinco personas (casi 22% de población) vive en pobreza con menos de 8.522 euros al año. Sobrevive (porque eso no es vivir) con menos de 710 euros mensuales y, además según UNICEF, el 31% de niños y niñas en España (2.300.000) vive en pobreza. Una cifra elevadísima.

Además, recordemos que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza impide alimentarse bien a los integrantes  de más de 700.000 hogares españoles, la mayoría con niños. Esos millones de ciudadanos no pueden comer cada dos días carne, pollo o pescado (como recomienda la Organización Mundial de la Salud) y eso tiene muy malas consecuencias para el crecimiento. Y sencillamente no pueden porque no tienen el dinero para comprar esos alimentos. Ya son tres años seguidos  con malos datos de alimentación en este país.

¿Cuando se abordará en serio acabar con la pobreza y la desigualdad?

¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.

Corrupción, embustes y desigualdad en el Reino de España

Mariano Rajoy ha sido destituido como presidente del gobierno de España por el Congreso de los Diputados, que ha investido a Pedro Sanchez, secretario general del PSOE. El 25 de mayo, el PSOE presentó una moción de censura contra Rajoy. De 350 diputados, votaron a Sánchez 180 de su partido, de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PdeCat, PNV, Compromís y Bildu. Once votos parlamentarios más que Rajoy al ser elegido presidente en 2016.

Antes, Rajoy criticó con dureza a Pedro Sánchez faltando a la verdad. Por basar la moción en la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel; sentencia que ha condenado a muchos años a varios encausados, la mayoría del PP. La condena no es penal, pero sí civil y por eso el PP deberá pagar 245.000 euros como responsable civil por beneficiarse de la trama corrupta de la Gürtel.

La moción se basó en la sentencia de Gürtel porque, digan lo que digan Rajoy y sus corifeos, el PP sí ha sido condenado por haberse lucrado de la corrupción organizada por el mismo. Así lo dice la sentencia que considera probado que “entre el grupo empresarial Correa y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional con mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de la estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.

Corrupción institucional del PP

Rajoy pretende que Gürtel solo es una corrupción limitada a dos municipios de la provincia de Madrid. Falso. La sentencia considera probada la organización de un sistema de corrupción, creado por el PP y el empresario Francisco Correa que, por cierto, ha sido condenado a 51 años de cárcel.

También ha faltado a la verdad Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al asegurar que “no hay ninguna caja B, ni aunque lo diga un juez“. Pero sí hay una caja B según la sentencia emitida por tres jueces de la Audiencia Nacional. Lo mismo afirma la Fiscalía Anticorrupción y lo reiteran otros jueces que en algún momento procesal han intervenido en esa causa. Había caja B. Y lo asegura también la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e incluso lo han reconocido personas que admiten haber cobrado dinero en negro del Partido Popular, cuyos nombres aparecen en esa contabilidad B.

La caja B se nutría de donativos al PP de empresarios de la construccción y otros a cambio de contratos y concesiones de obra pública. Dinero empleado en gastos del Partido Popular (la reforma de la sede nacional), sobresueldos para dirigentes del PP y gastos electorales.

Cospedal pretende que el PP no tenía conocimiento de lo que pasaba, pero la sentencia dice lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones. Negarlo no solo es ir contra la evidencia manifiesta sino contra toda lógica“. Y pretende Cospedal que el PP no ha sido condenado penalmente. Sí, pero ese aserto no tiene en cuenta que el PP no lo ha sido porque cuando empezó el Gürtel, en 2003, las personas jurídicas (como los partidos) no podían ser autoras de delitos. Hasta 2010, los partidos solo tenían responsabilidad civil, no penal, y la corrupción de Gürtel es anterior a la reforma del Código Penal de junio de 2010. Si esos mismos delitos se hubieran perpetrado tras la reforma, el PP también hubiera sido condenado penalmente.

Falacias de Hernando

Por su parte, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, en el debate de la moción de censura, tuvo la desfachatez de decir que “el señor Sánchez quiere ser presidente de Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste“. Falso porque Pedro Sánchez ha llegado a la Presidencia del Gobierno porque Mariano Rajoy, aferrado al sillón, se ha negado a dimitir. Y no lo ha hecho porque esa dimisión hubiera supuesto convocar elecciones generales y Rajoy las teme más que a un nublado porque el PP podría ser superado ampliamente por Ciudadanos.

Otro embuste del señor Hernando ha sido que, “Sánchez sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron“, lo que es absolutamente falso. Pedro Sánchez es Presidente del gobierno porque una mayoría absoluta de 180 diputados, elegidos por la ciudadanía en 2016, lo ha investido. Son 180 votos de diputados que representan a 12 millones de votos ciudadanos. Doce millones, por cierto, que son mayoría absoluta en votantes.

Hernando remata sus embustes diciendo que “la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas, no los pactos extraños en despachos“. Y tal afirmación no solo es falsa sino que manifiesta una preocupante ignorancia en un portavoz parlamentario. O algo peor. En las democracias representativas la legitimidad para gobernar la da el Parlamento elegido por los votos ciudadanos ahí representados. Además, España no es el primer Estado de Europa donde no gobierna el partido más votado. Hoy no gobierna el partido más votado en Dinamarca, Bélgica y Portugal, por ejemplo. En Bélgica, además, gobierna el quinto partido en número de votos y en Dinamarca, el tercero. De hecho, en la Unión Europea hay gobiernos por acuerdos parlamentarios en 25 de los 28 estados miembros. Hernando debería repasar como funciona la democracia parlamentaria porque parece haberlo olvidado. O tal vez nunca lo supo.

Corrupción y desigualdad

Y, finalmente, como Rajoy y Cospedal, Hernando pretende que la sentencia dice que el PP no había conocido el delito ni participado en él. Falso, porque la sentencia dice precisamente lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones“. Lo que hace evidente que España parece tener una de las más falaces, corruptas y autoritarias derechas de la Unión Europea.

A la vergüenza de la corrupción que las sentencias del caso Gürtel destapa, cabe añadir que España es el séptimo país de los 35 de la OCDE en trabajadores con empleo, pero pobres (15% del total de asalariados). Más la persistencia de tres millones y medio de parados (17%) de los que dos millones y medio (70% del total de parados) no reciben ayuda alguna del Estado . A lo que sumar el demostrado aumento del trabajo precario, temporal y mal pagado. De donde se deriva un considerable aumento de desigualdad en España. Otrosí, desde 2011 la minoría de los más ricos ha acaparado el 74% de la riqueza nacional y se ha apropiado del 42% de la riqueza nacional del último año, mientras los pobres son los que más han perdido al superar sus deudas los ingresos según el último Barómetro Social de España.

Tal vez piensen, ¿a qué viene esa incursión en la desigualdad y la pobreza? ¿Este escrito no era sobre la corrupción que desvela la sentencia de Gürtel? Pues precisamente porque el escrito es sobre mentiras y corrupción cabe recordar la desigualdad y la pobreza. Muy ligadas a la corrupción. Tanto es así que la Comisión de Mercados y Competencia del ministerio de Economía revela que la corrupción cuesta anualmente a España 92.000 millones de euros; casi la décima parte de la riqueza nacional, el PIB. Si además añadimos el enorme fraude fiscal (que cálculos moderados cifran en 60.000 millones anuales de €) se da la exorbitante cifra de más de 150.000 millones de euros que gentes sin escrúpulos, en trama o individualmente, impiden que vayan a las arcas públicas. Si en física la materia se transforma en energía, en economía la corrupción y el fraude fiscal es robar al Estado, robar a la ciudadanía.

Solo el crecimiento no asegura una vida digna a la mayoría

Se publicó la sentencia del juicio del caso Gürtel con muchos años de cárcel para casi todos los encausados. Además, la sentencia condena al PP como beneficiario de la corrupción. Esa condena más el encarcelamiento del que fuera ministro de Aznar, Eduardo Zaplana, ha sido la gota que ha colmnado la copa de la paciencia de la ciudadanía. Además ha puesto en un brete a Ciudadanos que ya no puede mirar a otro lado ante una corrupción generalizada, judicialmente ratificada, como ha hecho hasta ahora. Además, ha impulsado al PSOE a presentar una moción de censura contra Rajoy. El PSOE ha hecho saber que no busca ningún pacto con Ciudadanos, tampoco con los independentista, gobernará durante un tiempo para demostar que son posibles otras políticas y convocará elecciones. Pero está por ver.

La sorprendente respuesta de Rajoy, al conocer la decisión de presentar una moción de censura contra él ha sido pasmosa. Inenarrable. Rajoy ha osado decir, sin ruborizarse ni que le temblara un párpado, que “la moción de censura del PSOE va contra la estabilidad de España y perjudica la recuperación económica”. ¡Cuanto franquismo rezuman tan inauditas palabras! Es franquismo puro porque para Rajoy (como para Franco), no hay salvación fuera del franquismo. O del Partido Popular. ¡Menuda democracia es la del PP y su cúpula!

Hechos, no discursos

Pero contra ese discurso soberbio y triunfalista se imponen los hechos. Hechos y números obligan a aterrizar en la cruda realidad. Y la realidad implacable indica que tener un trabajo fijo en el Reino de España que gobierna el Partido Popular, por ejemplo, no asegura ahuyentar la pobreza. Por ejemplo. Y no lo asegura porque un 15% de trabajadores asalariados son pobres y viven como pobres.

España tiene el dudoso honor de ser el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres, según uno de los últimos informes de la OCDE, la organización que reúne los 37 estados más desarrollados del mundo. Solo tienen más asalariados pobres China (la que más), India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. España es el único país europeo de la OCDE entre los primeros diez países con trabajadores pobres.

También denuncia la realidad que la cacareada recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que a los pobres en España, según Oxfam. Y eso recuerda dos casos clásicos en los que el crecimiento en un país no significa que las cosas vayan bien para su gente. Esos casos son Brasil y México. México creció durante décadas, pero ese crecimiento no supuso la desaparición de la pobreza, ni siquiera una reducción considerable de la misma. Según Unicef, en 2008 (cuando estalló la crisis), en México había casi 51 millones de pobres de una población de 114 millones de habitantes; la mitad. Pobres a los que sus ingresos no alcanzaban ni alcanzan para atender las necesidades básicas y vivir con dignidad.

Solo el crecimiento no asegura la vida digna

El caso de Brasil es más escandaloso si cabe, pues creció año tras año durante todo el siglo XX, pero su inmensa población no lo notó y Brasil se mantuvo entre los países con más pobres de América Latina. Hasta 1999, la extrema pobreza en Brasil rondaba el 26% de población y, aunque unos 28 millones de brasileños salieron de la pobreza de 2004 a 2014 (en los primeros años de la presidencia de Lula da Silva), en 2016 unos tres millones de brasileños cayeron de nuevo por debajo del umbral de la pobreza, haciendo buena la expresión de ser Brasil un país rico lleno de pobres.

Volviendo al Reino de España, el informe Premiar el trabajo, no la riqueza, elaborado por Oxfam Intermón, indica que el 10% de personas más ricas del país posee más riqueza que el 90% restante y que solo un 1% de la población española acapara la cuarta parte de la riqueza nacional. El informe muestra a España como tercer país más desigual de toda la Unión Europea y donde más ha crecido la desigualdad desde 2007. En cuanto a la cacareada recuperación económica, de poco sirve cuando los hechos indican que el disfrute de la renta nacional se ha reducido un 17% para los más desfavorecidos, lo que se traduce en una tasa de pobreza del 22% del total de población. Sin embargo los beneficios empresariales se dispararon hasta el 200%. El informe de Oxfam expone también que en España un trabajador con salario medio debería trabajar más de 29 años para lograr el mismo ingreso que consigue en un año alguien del sector más rico y, si la comparación se hace con el salario mínimo vigente, ese trabajador debería trabajar durante 71 años para conseguir lo mismo que alguien que esté en la parte alta de la lista de personas con más ingresos en un año.

Niños, jóvenes y mujeres en la pobreza

Más hechos. Los jóvenes que consiguen un empleo cobran un salario 33% menor que el que se percibía en 2008, mientras los contratos a tiempo parcial (con sueldo muy bajo) han crecido un 54% entre la gente joven. Así no hay quien planifique un futuro. En cuanto a las mujeres con un empleo hay que señalar que siete de cada diez personas con los salarios más bajos son mujeres: un 70%. Y, para rematar un panorama que nada tiene que ver con el triunfalismo del PP, casi dos millones y medio de niños están por debajo del umbral de la pobreza en España, tercer país de la Unión Europea en pobreza infantil, según Unicef, mientras el 38% de jóvenes del país vive por debajo del umbral de la pobreza.

Para más inri y que no quepa duda sobre la verdadera situación de la economía y de la gente en España, los datos de la Agencia Tributarua muestran que son los asalariados quienes aportan más al Estado porque el 83% de recaudación fiscal proviene del IVA el IRPF y otros impuestos pagados por los trabajadores.

Como asegura el refranero castellano, obras son amores y no buenas razones. No son los discursos ni las palabras sonoras lo que vale y nos sirve, sino lo que se hace de verdad y se consigue. Lo que sorprende es que, visto y sufrido el panorama descrito, no hayan sido corridos a gorrazos (metafóricamente hablando) el PP y el gobierno que sostiene con tanta desigualdad, pobreza, corrupción y opresión. Como hay y sufrimos.