La ley de Amnistía española (vergüenza de la democracia) cumplió 40 años

Hace unos días se cumplió el cuarenta aniversario de la ley de Amnistía de 1977, auténtica vergüenza, cuando no escarnio, de la democracia española. Esa ley impide que prospere cualquier petición de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.

Así ha sido por la innegable voluntad del partido Popular, de su escudero político Ciudadanos y del PSOE, los tres han boicoteado cualquier intento de investigar y juzgar los crímenes del franquismo. La razón aducida es que hay que olvidar y no reabrir heridas. Olvidan que una herida cerrada sin limpiar se pudre, se infecta. Así como también olvidan que algunos países desarrollados de ‘nuestro entorno’ han emprendido y consumado procesos para borrar cualquier resto de las dictaduras que sufrieron. Así se ha hecho en Italia con el fascismo y Mussolini y en Alemania con Hitler y el nazismo.

El último rechazo a investigar crímenes franquistas fue en diciembre de 2016 cuando esos partidos rechazaron una proposición de ley de Unidos Podemos que añadía un artículo a esa ley según el cual la amnistía no era aplicable a delitos de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El Congreso ha rechazado otras dos veces derogar o modificar la Ley de Amnistía, siempre con los votos de PP y PSOE. Y también de Convergencia Democrática de Cataluña, por cierto, que hoy se llama PdeCat. Lo que ha motivado las denuncias de organismos internacionales.

Han denunciado a España por esa ley el Grupo contra Desapariciones Forzadas de la ONU, el Relator Especial de la ONU por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esta última organización dejó muy claro hace siete años, cuando juzgaron al juez Garzón por prevaricación, que “las autoridades españolas deben cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en vez de investigar a un magistrado que busca que se rindan cuentas por los crímenes del pasado“.

En 2006 se presentaron en España algo más de 114.000 denuncias de crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista de 1936 a 1951. Pero no se investigo ni uno siquiera. En 2008 se abrieron 47 causas por lo mismo, pero se recharon alegando la Ley de Amnistía. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la Ley de Amnistía es una ley de impunidad.

Pero esa ley del 77 aún es más antidemocrática cuando se comprueba que en las actas del debate para elaborar la ley nunca se consideró amnistiar a franquistas que hubieran perpetrado crímenes. El abogado Jaime Sartorius estuvo en la Comisión parlamentaria que elaboró la ley de Amnistía y asegura que nunca se menciona que la ley de amnistía fuera un borrón y cuenta nueva de delitos de los franquistas.

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha recordado que “fue la UCD de Suárez, otro partido heredero del franquismo, la que introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley cláusulas que no estaban en los borradores iniciales. Esas clausulas extendían la amnistía a los delitos cometidos por funcionarios de la dictadura y agentes de orden público contra los derechos de las personas. Pues ese no era el objetivo de la ley de Amnistía que buscaba vaciar las cárceles de ciudadanos y ciudadanas que habían luchado por las libertades contra la dictadura.

Tiempo después, víctimas de la dictadura, familiares de éstas y colectivos ciudadanos pidieron explicaciones y justicia por las actuaciones de los franquistas, pues no era inadmisible la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el terror a quienes se oponían a la dictadura. Pero nada consiguieron. La Ley de Amnistía se usó como escudo perfecto para impedir que los franquistas rindan cuentas por sus crímenes. No se puede investigar nada por la vigencia de la ley de Amnistía, convertida en medio de los poderes del Estado para rechazar toda petición de Justicia de las víctimas de la dictadura para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista. Crímenes como las ejecuciones de las últimas sentencias de muerte del franquismo en 1975 o los sucesos de Vitoria en 1976 cuando fueron asesinados cinco trabajadores en huelga.

Así lo entiende el ex-ministro franquista Martín Villa que ha expresado su voluntad de declarar ante la Justicia argentina 1, rechazando parapetarse tras la ley Amnistía, reconociendo que ése es el objetivo de la misma, porque otros franquistas sí se acogen a ella para no responder ante la Justicia.

El rechazo sistemático del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos de investigar los crímenes del franquismo convierte esa ley de Amnistía en ley de punto final y blindaje protector de franquistas, como han denunciado organismos internacionales de derechos humanos.

Pero no esta todo perdido. El Ayuntamiento de Madrid se querellará contra los responsables de crímenes del franquismo en la ciudad. El equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena propondrá en breve una moción para que el Consistorio se persone como querellante ante la Justicia y se investiguen los crímenes franquistas en el municipio de Madrid. Madrid se une así a otras ciudades del cambio que también han denunciado crímenes de la dictadura franquista como Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Cádiz, Tarragona y Rivas que se han querellado o lo harán en breve contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

1 La jueza argentina María Servini investiga los crímenes del franquismo en aplicación de la Justicia Internacional, atendiendo numerosas denuncias de víctimas de la dictadura o familiares de éstas.

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Un nuevo terrorismo y respuesta de pena de la clase política

¡Unidos venceremos al terrorismo! es un mantra emocional, una jaculatoria milagrosa que se repite tras el atentado de Barcelona del 17 de agosto que causó 17 muertos. Pero apenas se oye que es imprescindible estudiar a fondo lo que sucede, una nueva forma de terrorismo. Averiguar sus causas y afrontar de raíz este terrorismo que utiliza furgonetas para atropellar, cuchillos y hachas, sin inútiles retóricas y aún menos rebajas de derechos de la gente común. Pero a los gobiernos de Occidente les importa una higa averiguar causas y contextos del nuevo terrorismo que se extiende. Un terrorismo más escondido porque precisa poca organización, pocos medios, y, por tanto, deja menos huellas y pistas.

¿Se dedica suficiente esfuerzo en Europa a saber de a salafistas y similares así como averiguar más sobre las oscuras relaciones de algunos países árabes con éstos? Y aún preocupa menos el tinglado comercial del honorable Occidente con esos ambiguos países árabes que, además, se pasan por el arco de triunfo los derechos humanos de la gente. Para muestra, un botón. Al menos 66 personas han sido ejecutadas en Arabia Saudí en 2017, según denuncia Amnistía Internacional, y hace unas semanas ejecutaron a 14 personas en Arabia Saudí . ¿Por asesinar o violar tal vez? No, por manifestarse contra el Gobierno.

De 2014 a 2016 España ha vendido armamento a Arabia Saudí por mil millones de euros y, no por casualidad, desde 2015, una coalición de países árabes encabezada por Arabia Saudí bombardea sin piedad la población civil, mercados, escuelas, mezquitas, funerarias, fábricas y hospitales de Yemen. Según la ONU ya son más de 10.000 los muertos, sobre todo civiles, gente inerme.

Según denuncian Greenpeace, Amnistía Internacional, FundiPau y Oxfam Intermón, vender armas a países que violan derechos humanos de forma flagrante, Arabia Saudí por ejemplo, es ilegal según el derecho internacional elaborado por Naciones Unidas e incluso según el español.

A pesar de esa ilegalidad, el pasado enero el rey Felipe VI viajó a ese país para cerrar la venta al equívoco régimen saudí de cinco barcos de guerra construidos en España. Sobre esas ventas de armamento y otras, el ministro de Economía, Luis de Guindos ha dicho que “si no lo hacen unos, serán otros”. Ruin argumento que escarnece los derechos humanos. El anterior Rey y el actual, así como los gobiernos del PSOE o PP, han cortejado algunas de las peores dictaduras del mundo en Magreb, Oriente Próximo o Asia Central. Para pillar negocios.

El argumento miserable y falaz para justificarlo pretende que, si se crea empleo, que se violen derechos humanos es irrelevante, un problema interno de esos países. Pero no es así cuando se habla de Venezuela, por ejemplo, a la que no se le tolera ni tirar una colilla al suelo.

En esa sucia línea de actuación, donde el fin justifica los medios, Ana Pastor, presidenta del Congreso, entregó al dictador kazajo Nursultán Nazarbáyev (uno de los mayores violadores de derechos humanos del mundo) el collar de la Orden de Isabel la Católica en nombre de Felipe VI. Pero en 2003, el gobierno de Aznar ya concedió a Islom Karimov, dictador de Uzbekistán hasta su muerte, la Gran Cruz del Mérito Civil, creada por Alfonso XIII para premiar “virtudes cívicas al servicio del Estado”.

Tal vez entre esas virtudes cuente encabezar un régimen torturador que encarceló y asesinó a miles de disidentes políticos, esterilizó a decenas de miles de mujeres y forzó a trabajar a miles de niños en campos de algodón. Karimov fue “lo peor de lo peor” de los dictadores del mundo según Freedom House, pero ningún gobierno posterior del PSOE ni del PP siquiera consideró retirar esa condecoración a Karimov.

Entre los déspotas internacionales a los que España ha otorgado el Collar o Gran Cruz del Mérito Civil están Sadam Hussein, Mohamed Hassad (ministro de Marruecos que tortura presos y usa la violencia contra refugiados) y seis miembros de las casas reales de Kuwait, Abu Dhabi, Dubai y Emiratos Árabes Unidos, países muy democráticos como todos saben. Otrosí el gobierno no ha tenido en cuenta el informe del CNI alertando de que Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos financian comunidades musulmanas en España en las que se cuelan salafistas y yihadistas.

Si beneficios y comercio están por encima de los derechos humanos, este mundo lleva camino de convertirse en un burdel.

Heredero del franquismo

Alianza Popular (AP), partido previo al Partido Popular de Aznar y Rajoy, fue fundado por ex jerarcas franquistas. El programa de AP era la unidad de la patria, el orden público, la familia, la monarquía, la libre empresa (así llaman al capitalismo desaforado), la educación en manos de la Iglesia católica y la moral sexual reprimida. Como en las elecciones AP no conseguía votos ni para pipas, Fraga Iribarne, uno de sus fundadores y ministro de Información con Franco, impulsó un intenso maquillaje de la franquista AP. Y así, en un congreso de refundación en 1989, Alianza Popular pasó a llamarse Partido Popular. Mismos perros con diferentes collares. Pero antes, en octubre de 1976, el acto fundacional de Alianza Popular finalizó con todos los asistentes (cargos luego del PP) coreando en pié Franco, Franco, Franco. Esclarecedor.

Según la legalidad internacional que emana de la ONU, el franquismo fue ilegal por alzarse en armas contra el gobierno legítimo de la República. La Resolución 39 (I) de Naciones Unidas de 9 de febrero de 1946, aprobada por unanimidad por la Asamblea General, afirma que el régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español. Según la ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y contra la humanidad. Y, según la Resolución de la ONU de 2 de octubre de 1997, el franquismo violó sistemáticamente el derecho de las víctimas de la represión y de sus familiares. Y aún después, el 17 de marzo de 2006, la Comisión Permanente del Consejo de Europa aprobó unánime la condena de la dictadura franquista por “múltiples y graves violaciones” de derechos humanos perpetradas en España por la dictadura de 1939 a 1975. La condena afirma que “hay pruebas suficientes de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, cometidas por el régimen franquista, y asumir el pasado no es solo retirar símbolos de la dictadura de lugares públicos. Ha de haber un juicio del régimen franquista que desemboque en una condena sin ambigüedad”.

Las atrocidades del franquismo fueron perpetradas hasta los años cincuenta por el ejército golpista y Falange, y justificadas por la Iglesia Católica. Fue en verdad una estrategia de tierra quemada, un genocidio, y, a medida que en la guerra el ejército franquista conquistaba pueblos y ciudades, detenía a los republicanos y casi siempre los fusilaba. Es significativo que uno de los colectivos más perseguidos y asesinados por los franquistas fueran los maestros de escuela, impulsores de la lealtad a la República.

Alberto Garzón nos recordó que en este país hubo campos de concentración, miles de juicios sumarísimos y durante años fusilamientos diarios de quienes defendían la democracia. Y hoy hay unos 150.000 desaparecidos cuyos restos el gobierno del Partido Popular se niega a buscar y dificulta la búsqueda por sus familiares. España es el segundo país del mundo en desaparecidos forzados, solo superado por Camboya. Eso marca también al Partido Popular como heredero directo del franquismo.

El franquismo fue un sistema totalitario que devino autoritario y continuó siendo criminal en el último tramo de su nefasta existencia. En nuestros días, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU exigen investigar los crímenes franquistas. Amnistía y la ONU exigen también derogar la ley de amnistía de 1977 que exculpó a los franquistas criminales de guerra y de lesa humanidad, algunos hoy o hasta hace un tiempo cargos públicos, catedráticos, empresarios…

El franquismo no fue una dictadura que acabara con la muerte del dictador”, escribió el investigador Alfredo Grimaldos, “sino una estructura de poder que se integró en la monarquía” y por eso no hubo cambios del aparato político y administrativo de la dictadura. Políticos franquistas dirigieron también la transición. Dirigentes franquistas de la policía, judicatura y ejército continuaron en sus puestos o ascendieron en el escalafón y los jueces del fascista Tribunal de Orden Público pasaron a ser magistrados de instituciones judiciales de la democracia. Incluso los torturadores de la Brigada Político-Social continuaron en sus cargos de la policía.

Y, si aún hay quien dude de lo que afirma el título, recuerde que la llamada Ley Mordaza y la reforma el Código Penal, ambas perpetradas por el Partido Popular, convierten al disidente político y a quien protesta en delincuentes. Características definitorias de los regímenes de Mussolini y Hitler, por ejemplo.

Los pueblos de España tienen una asignatura pendiente: borrar hasta el último resto de franquismo.

Las multinacionales han de responder por sus crímenes contra la gente y el medio ambiente

La petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000 millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas, desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros animales y la destrucción de medios de subsistencia.

Esos hechos, y otros muchos más protagonizaos por multinacionales, sabidos y bien documentados, muestran una impunidad generalizada de esas multinacionales que perpetran crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…

Amnistía Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el medio ambiente.

Salvo raras excepciones, los gobiernos rehuyen enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos. Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum, Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o destruyen el medio ambiente.

Los leguleyos amantes de la letra pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra derechos humanos.

Pero no contentas con violar sistemáticamente derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo? Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados) …

Ante ese saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de extracción y de producción.

Contra la propuesta de Ecuador y Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les dé la gana.

La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos, han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la tozuda realidad nos desvela día tras día.

Para afrontar el saqueo de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la paga.

Unión Europea y Turquía: un acuerdo obsceno y vergonzoso

La Unión Europea (UE) y Turquía han cerrado un acuerdo para expulsar refugiados. Turquía expulsará expatriados y además cerrará la vía por la que llegan a Grecia. Se vaciarán los campos de refugiados de las islas de Lesbos, Quíos, Kos, Samos y Leros, que serán devueltos a Turquía.

¿Qué consigue Turquía? Algunas ventajas políticas (no muchas) y el compromiso europeo de financiar proyectos de sanidad, infraestructuras, educación y alimentación por 6.000 millones de euros hasta 2018. El régimen turco en absoluto es modélico en derechos y libertades, pero ahora además se ha vendido por un plato de lentejas.

Que un país externo a la UE haga el trabajo sucio y expulse a ciudadanos extranjeros del sacrosanto suelo europeo no es nuevo. Lo perpetra desde hace meses Marruecos para España. Por un acuerdo opaco que no se ha dado a conocer, España y la Unión Europea ofrecen a Marruecos algunos beneficios y apoyo político. A cambio, Marruecos evita como sea que inmigrantes y refugiados que llegan a ese país crucen las fronteras de Ceuta, Melilla o el estrecho de Gibraltar. Informativos y noticiarios televisivos han explicado cómo actúa Marruecos y no tiene nada que ver con el respeto de los derechos humanos de migrantes y refugiados. Por cierto, el Gobierno en funciones del Partido Popular perpetró hace unos días devoluciones colectivas de refugiados y migrantes en Melilla, prohibidas por el derecho internacional.

Amnistía Internacional ha calificado el pacto de la UE con Turquía como una “violación histórica de derechos humanos”. Pero a los voceros de la Unión les da igual. Pretenden que lo que buscan es acabar con el negocio de las mafias que trafican con inmigrantes. ¿Qué mafias? Hay que ser cínico. Acabar con mafias sería trabajo de investigación policial, pero expulsar a la gente que busca refugio no tiene nada que ver con esa tarea ni así se acabará con presuntas mafias.

Los mandatarios de esta hipócrita Europa pretenden que el plan de expulsiones (‘deportaciones’ dicen) será “temporal y extraordinario”, colaborando con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Pero resulta que ACNUR, la Agencia de la ONU para refugiados, ha negado que vaya a colaborar con esos planes de la Unión Europea. Además, embusteros.

Una situación tan inaudita que cuesta encontrar adjetivos para calificarla. Situación intolerable porque, además, Europa tiene mucho que ver con la violencia sistemática y la guerra en Oriente Medio, causa del desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.

Ahora, el objetivo real de la UE es expulsar cuantos más refugiados e inmigrantes irregulares sea posible. Por la vía rápida. Y le pasan el muerto a Turquía y Grecia que tendrán que tomar medidas inaceptables para aplicar el acuerdo. Según la Comisión Europea, esa aplicación del acuerdo exigirá 4.000 personas entre policía de fronteras, expertos, intérpretes, abogados y jueces con un coste de 280 a 300 millones de euros en seis meses del que se hará cargo la UE. España aportará funcionarios para esas expulsiones que vulneran no sé cuantos pactos de derecho internacional.

Turquía por su parte se compromete además a abortar nuevas rutas de desplazados a Europa. La acobardada Europa teme un aumento de refugiados de Libia, Siria… por otros caminos. Y quiere atajarlos. Pero es pésimo enfoque. Como tratar un tumor cerebral con aspirinas. Refugiados y migrantes continuarán llegando por miles y el inaceptable acuerdo con Turquía, Marruecos (o quien sea) no resolverá nada porque no va al origen: que esos miles huyen de la violencia, la muerte y la incertidumbre. Mientras sigan violencia y guerra, habrá refugiados.

En el colmo del cinismo, la UE se ha comprometido a acoger a un sirio en territorio turco por cada sirio expulsado de las islas griegas. Pero esas acogidas de refugiados serán pacatas. Inicialmente, 18.000 y, como máximo, 72.000 refugiados. Calderilla si tenemos en cuenta que el año pasado llegaron a Grecia y sus islas un millón de personas expatriadas. Y que no es solución.

Afrontar de verdad el problema de los refugiados es una exigencia ética de verdadero respeto de los derechos humanos; eso de lo que tanto presume Europa de boquilla.

Esta Unión Europea marea la perdiz con acuerdos y tratados para decir que su actuación es legal. Pero la legalidad de por sí no significa demasiado. Como recordaba Martin Luther King, Hitler actuaba legalmente. Más importante que la legalidad es la legitimidad. Y esta Unión Europea la pierde por momentos.

Presos políticos de nuevo en España

Multas, malos tratos en las protestas, malos tratos a detenidos, uso excesivo de la fuerza e impunidad policial. En España, la política de austeridad y los recortes sociales han impulsado a cientos de miles a protestar en la calle. Porque violan sus derechos. Y el Gobierno responde con más violaciones de derechos.

ATTAC España ha denunciado la represión política del gobierno del Partido Popular en las protestas ciudadanas contra su política neoliberal. Una represión que “llega a extremos incompatibles con la democracia”.

También Amnistía Internacional ha denunciado que el Gobierno “utiliza todos los medios a su alcance para limitar la libertad de expresión y la protesta pacífica (…) “El Gobierno ha reducido el respeto de los derechos humanos en España, el derecho de reunión pacífica, de asociación y expresión, y los rebaja en contra de las normas de derechos humanos y obligaciones internacionales que España ha firmado y ratificado”. Normas que obligan. Amnistía denuncia síntomas “muy preocupantes” de represión de derechos y libertades fundamentales, hasta el punto de que la organización defensora de derechos humanos teme que España se sume a las tendencias autoritarias de Turquía, Ucrania o Rusia.

Uso excesivo de la fuerza policial, multas a manifestantes en aumento, identificaciones masivas e injustificadas en las concentraciones, intentos de estigmatizar los movimientos sociales, malos tratos a detenidos, uso arbitrario de material antidisturbios, endurecimiento de la legislación reguladora del derecho a la protesta…

Según escribe Pedro Oliver, se perpetran tres tipos de represión. ‘Legal’, la de la policía en la calle. ‘Burocrática’, que busca intimidar a los movimientos sociales con multas y trabas legales para ejercer los derechos de reunión y expresión. Y ‘sucia’, oscura, con infiltración de agentes policiales en los movimientos sociales, en teoría para ‘prevenir’ manifestaciones violentas, pero en realidad para desacreditar a los activistas sociales ante la opinión pública y justificar la violencia policial.

En los dos últimos años se han impuesto más de 1.100 multas, pero es más grave el encarcelamiento de manifestantes pacíficos identificados de forma aleatoria por la policía. En España se va a la cárcel por participar en manifestaciones pacíficas o formar piquetes informativos de huelga. “No se pueden consentir. No podemos consentir que manifestantes pacíficos paguen un alto precio por ejercer sus derechos humanos”, insiste Amnistía Internacional.

Por su parte, ATTAC España argumenta que “los jueces no pueden escudarse en que han de hacer cumplir la ley, pues disponen de margen para aplicarla y se muestran especialmente duros con el pueblo mientras todo son facilidades para los poderosos”. Lo cierto y comprobado es que hay impunidad entre los poderosos, policías y aparato del gobierno y del Partido Popular. Si hay alguna condena, el gobierno popular indulta veloz sin el menor recato a policías torturadores, políticos y banqueros corruptos, homicidas amigos de altos cargos del PP y evasores o defraudadores de impuestos.

ATTAC España considera presas y presos políticos a los ciudadanos y ciudadanas detenidos y encarcelados por protestar o informar sobre huelgas. Y pide a Amnistía Internacional que los considere y acoja como presos y presas de conciencia, como hace con sindicalistas y manifestantes de otros países, encarcelados por leyes injustas.

El jueves, 19 de junio, el nuevo rey de España, Felipe VI, asumió la Jefatura del Estado en un prolongado ceremonial desde la mañana hasta primera hora de la tarde. El centro de Madrid había sido tomado por 7.000 policías y guardias civiles, de los que más de 2.000 eran antidisturbios, 120 francotiradores tomaron los tejados de la zona central de la capital y se cerraron once aparcamientos públicos, además de cerrar también varias estaciones de metro. El gobierno prohibió la exhibición de banderas y símbolos republicanos y durante toda la jornada también se prohibieron las manifestaciones por la República. Por la tarde, la policía cargó contra un millar de republicanos que se concentraron pacíficamente en la Puerta del Sol y detuvo a tres ciudadanos. Aires de tiempos pasados que creíamos haber superado. En su primer discurso como Jefe de Estado, Felipe VI dijo que en España cabíamos todos, que caben todas las formas de sentirse español. Pero no es cierto. En absoluto. Este es un país rendido a los intereses de una minoría que lo domina desde hace décadas; en realidad, siglos.

Dice Juan Carlos Monedero que “la minoría dominante tiene miedo a la gente porque sabe el poder que tienen los más sobre los menos. Les aterra que se reúnan quienes dicen basta, porque son muchos. Porque revolución no es violencia sino una movilización masiva de conciencias. Por eso reprimen.” Lo mismo ha expresado con lucidez y humor El Roto en una ilustración. Un hombre enardecido clama: “¡No dejéis que salgan a la calle, no sea que se den cuenta de los muchos que son“.

Por eso hay presos políticos de nuevo en el Reino de España.

Contra la protesta de la ciudadanía, la deriva autoritaria

Amnistía Internacional, en su reciente informe anual sobre derechos humanos en el mundo país por país, insiste que en España la policía ha usado la fuerza con exceso contra manifestantes convocados por el 15-M. Amnistía denuncia, por ejemplo, que algunos policías golpearon con dureza inusitada a manifestantes pacíficos en Barcelona y Madrid. Ambos usos excesivos de fuerza están documentados; cientos de imágenes en la Red así lo atestiguan.

Fuerza excesiva policial no solo en Madrid y Barcelona el 2011, también en ambas capitales y otras ciudades este año, cuando se inició el movimiento de protesta de los indignados. Personas arrestadas en Madrid fueron golpeados por policías al manifestarse, al ser trasladados a comisaría y también en ésta. Imágenes de vídeo (incluso de la propia policía) no se prestan a error: agentes de la policía, sin identificación visible, golpean con dureza a manifestantes pacíficos y les disparan pelotas de goma.

La web del Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario entre los asalariados policiales, reconoció también el uso excesivo de fuerza en la actuación policial al recordar que “la Constitución española contiene los derechos consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos. El cumplimiento de esos derechos es obligatorio, consustancial a la condición de policía, y ni siquiera una orden superior puede hacer que sean vulnerados porque cualquier orden así sería ilegal y no ha de ser cumplida. Quienes se han extralimitado en sus funciones de policía han vulnerado los principios de actuación policial, han desahogado sus bajos instintos o complejos y han perjudicado a todos los miembros de esta profesión.

Aunque acaso no sea solo uso desmedido de fuerza. Joan Martínez Alier ha escrito que “oyendo el ruido de helicópteros de la policía sobre Barcelona intimidando a los manifestantes, en la pasada reunión del Banco Central Europeo en esa ciudad, pensé en la doctrina del shock de Naomi Klein. Se reducen salarios, sin ayuda a desempleados, tener que pagar medicinas, se bajan las pensiones y suben impuestos… No solo para pagar deudas sino para que aprendan. No se les ocurra protestar ni reclamen derechos. La crisis de la deuda sirve para meter miedo e imponer rebajas sociales”.

Parece haber una política del miedo, como apunta Martínez Alier, más allá de actuaciones policiales excesivas: ¿Qué significa que España ignore los llamamientos de organismos internacionales de derechos humanos para abandonar el totalitario régimen de incomunicación para acusados de terrorismo? Porque acusan de terrorismo a cualquiera si les da la gana. Lo han hecho. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denunciado a España por negarse a investigar torturas de ciudadanos incomunicados bajo custodia policial. Todo un síntoma.

Por si las dudas sobre violencia policial y respeto de derechos, el Gobierno de Rajoy ha indultado a cinco policías condenados por el Tribunal Supremo por torturas, lesiones, maltrato y detención ilegal. Según la sentencia, esos policías dieron una paliza a un ciudadano falsamente acusado de robo. Le aplastaron la cabeza contra el asfalto, le metieron el cañón de una pistola en la boca y le amenazaron: “Si la juez te suelta, te matamos; no serías el primero”. Es un grave delito, además de conducta fascista. También el gobierno de Zapatero indultó a tres policías condenados por dar una paliza a un ciudadano. Está visto que en España la tortura no se persigue ni castiga. Otro síntoma.

Y ahora, para camuflar su actuación totalitaria, quienes nos mal gobiernan acusan a quienes protestan sin violencia de ser “antisistema”. Porque les temen y saben que la protesta no cesará. ¿A qué sistema se refieren? ¿Al sistema democrático? Entonces, sin la menor duda, los antisistema son ellos.

Si a la violación de derechos civiles, que parecían a salvo, sumamos los falaces y calumniosos ataques del gobierno contra la ciudadanía (con la lamentable complicidad de muchos medios), más el anuncio de medidas penales para convertir en delito penado con cárcel la protesta ciudadana pacífica, no cabe duda de que el gobierno, el partido que lo apoya y sus aliados, más quienes miran hacia otro lado por miedo, cobardía o interés bastardo, escoran hacía un nuevo franquismo. Una auténtica deriva autoritaria.