España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

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Disculpen la insistencia, pero necesitamos otra Unión Europea

La dimisión del primer ministro italiano Matteo Renzi, tras la victoria del No en el referéndum en Italia, más el inesperado Brexit de hace unas semanas, ha generado que medios, voceros y portavoces del sistema teman una inestabilidad institucional en la Unión Europea. Pero tal vez lo que preocupa a los de arriba, sea bueno para quienes están abajo. Veamos.

Hace once años, el canciller alemán Schröeder aseguraba que eran necesarios dolorosos sacrificios para obtener buenos resultados económicos y sociales en la nueva Europa unida. Se cumplió, porque sí se han hecho grandes sacrificios. Pero siempre, los mismos. Funcionarios, trabajadores, empleados públicos, autónomos, pequeños empresarios, campesinos, pequeños comerciantes, desempleados, inmigrantes, jóvenes, los pobres y siempre las mujeres. Y los resultados no tienen nada de buenos para la mayor parte de la ciudadanía.

Unos años después, embarcada a la fuerza la mayoría ciudadana en la crisis, Oskar Lafontaine denunciaba que los mandatarios europeos desmantelaban el Estado social y hacían retroceder a Europa al siglo XIX. Se recortaban logros, derechos sociales y económicos, que tanto había costado conseguir, con la excusa barata de rebajar los déficits públicos. Empezaba la tiranía de la austeridad, convertida en señal de identidad de esta Unión Europea.

Ante la pasión de esta Unión Europea por limitar el déficit público, el economista Juan Torres nos ha recordado que el techo del déficit público del 3% del PIB no responde a criterio científico alguno. El 3% de PIB como máximo déficit público actual se lo sacó de la manga Guy Abelle, un funcionario francés, atendiendo una exigencia del presidente de la República de Francia, François Mitterrand, que quería  algo, una aparente norma fiscal, con la que frenar las demandas de más presupuesto de sus ministros. Solo eso.

Desde hace muchos años, esta Unión Europea no ha dejado pasar ocasión alguna para dejar muy claro al servicio de quien está, que no es precisamente el pueblo trabajador. Y, para hacerlo con comodidad, no ceja de vaciar de contenido y razón de ser la democracia que se supone es la materia prima con la que está construida la UE. ¿En serio?

Una prueba indiscutible de lo dicho es que en 2005 las ciudadanías de Francia, Holanda e Irlanda rechazaron una construcción europea poco democrática: dijeron NO a la Constitución Europea. Pero los neoliberales constructores de su Europa, distrajeron como magos de feria a la ciudadanía con trucos, amagos y palabrería; olvidaron con alevosía la voluntad ciudadana que dijo NO y dieron el cambiazo. No habría Constitución Europea, pero sí Tratado de Lisboa, que es lo mismo para el caso y para los intereses de la minoría dominante, porque afianza y remacha el Tratado de Maästricth, claramente al servicio del poder económico, especialmente el financiero, como se comprueba desde hace años.

Esta Unión Europea (que de modo alguno es la de la ciudadanía) ha castigado a la gente con una austeridad infame mientras inyectaba millones y millones de euros para salvar a una banca responsable de la llamada crisis. Como actuó la UE en la crisis de Grecia fue el expositor más claro de esa deriva. Sobre esa grave crisis, el Nobel de economía Stiglitz acusó a la Unión Europea de haber impuesto una estrategia económica catastrófica a Grecia para obligar a arrodillarse al Gobierno progresista de Syriza. Y añadió el Nobel no recordar depresión económica alguna tan deliberada y desastrosa como la de Grecia, evidentemente por culpa de la Unión Europea.

Sirva el aserto de base, con los hechos antes expuestos, para evaluar si esta UE conviene o no a la gente común. Pues, por si no fuera suficiente, esta UE ha levantado una fortaleza carísima contra inmigrantes y refugiados y ha enviado al infierno los derechos y garantías sociales de la gente. Sin olvidar que el Tratado de Lisboa, que sustituyó a la negada Constitución europea, se coció en comités oscuros y secretos. Ni Parlamentos nacionales ni Parlamento Europeo intervinieron. Porque para la minoría dominante en esta UE, la ciudadanía es un decorado o, cuanto más, una masa de extras y figurantes.

Y, mientras no cesa la austeridad, se reducen los ingresos públicos y la elusión y evasión fiscales campan a sus anchas. ¿Es casual que en esta UE sigan impunes Andorra, Gibraltar, islas británicas del Canal de la Mancha, Irlanda, Holanda, Malta, Chipre, Austria o la City de Londres? Paraísos fiscales comprobados, donde con cabriolas, atajos y trampas financieras consiguen que los ricos paguen muchos menos impuestos.

Entonces ¿para qué quiere el pueblo trabajador esta Unión Europea?

Contra la deuda como modo de dominio, auditorias ciudadanas

Los países siempre se han endeudado, pero hoy la deuda pública es un medio de dominio de la minoría que controla economía y finanzas. Ya en los noventa se utilizó la deuda para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, hoy la utilización torticera de la deuda amenaza a países de Europa y deteriora el estado de bienestar. La minoría utiliza deuda y control del déficit como cepos con la complicidad de gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI.

Los países piden prestado a los bancos porque la recaudación estatal es insuficiente. Es así porque desde los ochenta del siglo XX grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones cada vez pagan menos impuestos, mientras bancos y fondos de inversión especulan con bonos de deuda pública e imponen una destructora austeridad.

Para oponerse a este nuevo autoritarismo, una veintena de asociaciones y movimientos laicos y católicos progresistas italianos crearon en Roma hace unos días el Comité para la Anulación de la Deuda Ilegítima de Italia (CADTM). Comité que se suma a los treinta y seis CADTM que hay en el mundo. Recordemos. En derecho internacional, deuda ilegítima es la que un gobierno ha contraído y utilizado al margen de la ciudadanía o contra ella. Y no se ha de pagar.

Anular una deuda o reestructurarla se hace desde Hammurabi, rey de Babilonia, hace más de 3.800 años. Más cerca, el Acuerdo de Deuda de Londres en 1954 reestructuró la deuda de Alemania con veintiséis países y anulo el 62%. Entre los que perdonaron deuda estaban España y Grecia. Pero la Alemania actual les impone austeridad sin concesiones. Sin embargo, la Historia muestra que reestructurar deudas o anularlas es una actuación necesaria y útil económicamente. La deuda ha devenido problema con la crisis, porque quienes dirigen le economía juegan sucio, manipulando la prima de riesgo de los bonos de deuda pública, por ejemplo.

En febrero de 2009, ante la gravedad del desastre económico, el G20 acordó en Londres dedicar un billón de dólares para ayudar a países con dificultades, acabar con la crisis, luchar contra los paraísos fiscales y controlar los bancos. Ningún propósito se ha cumplido.

La enorme cantidad de dinero que el G20 prometió no fue para ayudar a países con dificultades sino para salvar a los bancos que habían provocado el desastre financiero. Entre tanto los paraísos fiscales, cómplices de la evasión de impuestos que debilita a los Estados, campan impunes mientras bancos y mercados de capitales entran a saco en los países con la deuda como ariete y hacen tambalear sus economías.

Oponerse a la deuda o vivir sojuzgados por ella. Esa es la cuestión. En España, el pago de intereses supera los 30.000 millones de euros anuales. ¿Qué harán? ¿Más recortes de servicios? ¿Menos derechos? Una falacia neoliberal recurrente en Europa es que las deudas de los Estados aumentaron por exceso de gastos sociales. Falso. Las deudas de los Estados crecieron en Europa por culpa del tratado de Maastricht que prohíbe al Banco Central Europeo (BCE) prestar a los países de la Unión. Si el BCE hubiera prestado dinero a España al 1% de interés (como lo presta a la banca privada), la deuda pública española sería inferior al 20% del PIB, no el 100% actual. Esta Unión Europea fuerza a los Estados a financiarse con la banca privada cuyos préstamos son más caros que los del BCE. El tratado de Maastricht garantiza el negocio de la banca.

Peor aún es que los enormes beneficios y ahorros de las clases ricas por intereses de préstamos bancarios a Estados, rebaja salarial incesante y evasión de impuestos, son para especular, no para financiar economía productiva. Por cada dólar para economía productiva, la minoría dedica 60 a especular con productos financieros.

Ecuador tenía la mayor partida presupuestaria para deuda pública de Sudamérica. Un 40% de gasto estatal para pagar intereses, mientras gasto de sanidad y educación se reducía al 15%. El Presidente Correa impulsó una rigurosa auditoría de la deuda y, averiguadas las deudas ilegítimas, decidió no pagarlas. Así pudo dedicar más dinero a gasto social (que es respetar derechos) y productivo. Las auditorias ciudadanas de la deuda son un buen camino para que la deuda pública deje de ser un problema.

Desigualdad, una amenaza creciente muy peligrosa

El economista Alejandro Inurrieta considera que la situación política europea (salida del Reino Unido de la Unión y avance electoral de partidos fascistas) ha librado a España de una multa milmillonaria por sobrepasar el déficit impuesto por la Unión Europea. Pero no cabe cantar victoria, porque esa condonación no sale gratis. España deberá recortar 10.000 millones de euros de los presupuestos estatales (aunque en verdad son 15.000) y estará en el punto de mira de los burócratas de Bruselas.

La constante rebaja de salarios desde hace años, la demostrada pérdida de valor adquisitivo de las clases trabajadoras y la exigencia europea de recortar gastos sociales para rebajar el déficit público aumentan y aumentarán la desigualdad en España. La brecha entre ricos y pobres crece y así, en España, un reducidísimo 1% de población (menos de medio millón de individuos) posee más riqueza que el 80% del país (37 millones de personas). En 2015, en España, el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó un 15%, mientras la riqueza del 99% de población (muchos millones) caía un 15%. Y no es casualidad, mientras los presidentes de empresas del IBEX35 cobren casi 160 veces el salario medio de un trabajador. Y medio millón de niños se quedan en España sin beca de comedor en verano, según denunció Educo. Por cierto, un tercio de la infancia española está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Pero, además, 40% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos sin recurrir a préstamos o pagos a plazos, según el Instituto Nacional de Estadística. Y, según Eurostat, quienes están en riesgo de pobreza en España (casi 29% de población) no pueden ir de vacaciones una semana al año; ni comer carne, pollo o pescado cada dos días; ni mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno; tampoco pueden tener teléfono, televisor ni lavadora y se retrasan habitualmente en pagar hipoteca o alquiler, el gas y la electricidad. Porque así se manifiesta la pobreza en España, pobreza que aumenta con la desigualdad. Desigualdad demostrada cuando 20 familias más ricas del país acumulan más patrimonio que 14 millones de personas corrientes. La desigualdad crece, pero no solo en España; también América Latina, Asia y África. Los datos implacables muestran que la desigualdad aumenta en todo el mundo.

En América Latina durante una década gobiernos progresistas se enfrentaron a la desigualdad y la redujeron. Pero el poder capitalista contraatacó y Argentina y el parlamento de Venezuela, por ejemplo, cayeron de nuevo en manos de los servidores de la minoría rica privilegiada, hacedores de desigualdad y pobreza, junto a Perú, Chile, Brasil… Branko Milanovic, economista estudioso de la desigualdad, asegura que ésta es un problema muy grave desde 1980. Precisamente cuando empezaron las rebajas de impuestos a los ricos y los recortes de gasto público social.

Según el informe de riqueza global de Crèdit Suisse, no llegan a 39 millones (0.5% de población) los multimillonarios y billonarios que poseen algo más de la tercera parte de todos los activos financieros del mundo. Solo 39 millones entre 7.200 millones de habitantes. Mientras el 90% de población mundial apenas accede a la quinta parte de la riqueza global. La desigualdad muy alta en el mundo, cuenta Milanovic, aumenta a pasos agigantados en países ricos (EEUU, Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia…) y los llamados en desarollo o emergentes (Rusia, China, India, Sudáfrica…)

Tras la crisis de 1929, reformas y controles del capital e impuestos justos y progresivos propiciaron que la riqueza se distribuyera con mayor equidad. Pero desde los ochenta del siglo XX, los capitalistas vuelven a las andadas y la desigualdad aumenta sin cesar. Cuando estalló el colapso financiero de 2008, los estados solo ayudaron (y muy generosamente) al 1% más rico, no a la gente corriente, que es mayoría. La economía real se frenó (y ahí sigue) mientras la cuarta parte de población mundial ve empobrecer su vida.

¿Quieren saber que es desigualdad? Que sólo 62 personas (los pasajeros de un autobús) posean la misma riqueza que la mitad de la población mundial, que son 3.700 millones de personas. Lo denuncia Oxfam en su informe Una economía al servicio del 1%. Hace cinco años esos súper-ricos eran 388 personas. Pero cada vez son menos, poseen más riqueza y tienen más poder, mucho más poder.

Habrá que hacer algo, porque, con la que está cayendo, la Unión Europea insiste en que el nuevo gobierno del Reino de España deberá hacer más recortes para no superar el déficit impuesto del 3%. Da igual que aumenten injusticia y pobreza. Ellos no lo van a notar.

 

Rebajar el déficit, un arma política arrojadiza

En 2015 el déficit público de España fue 5% del PIB, más del 3% exigido por Europa. En 2016 el Partido Popular prevé que sea 3,6% (mucho para Europa) y en 2017 la Comisión exigirá no pasar del 2,5% y, para lograrlo, habría más recortes.

¿Por ese 5% ha iniciado la Comisión Europea (CE) procedimiento contra España por exceso de déficit? No. Rajoy escribió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la CE concedió una tregua temporal hasta julio del procedimiento por exceso de déficit. Y posponer también la posible multa de 22.000 millones de euros. Pero esa comprensión no le fue concedida a Grecia. Tal conducta reafirma el viejo dicho de que perro no come perro o el más vulgar de que entre bomberos no se pisan la manguera. La derecha no joroba a la derecha y la graciosa concesión de la muy conservadora Comisión Europea permite al derechista Partido Popular entrar en campaña electoral sin la espada de Damocles de una multa multimillonaria. Hasta julio, hasta saber los resultados electorales. Conocido el color del nuevo gobierno, Bruselas decidirá si lo ayuda o se enfrenta. Si forma gobierno el PP no habrá problemas para la Comisión. Pero sí para la gente común, porque habrá recortes a porrillo para rebajar el déficit.

El señalado procedimiento por déficit excesivo empieza si la Comisión detecta un país miembro con déficit superior al 3%. Consulta al Consejo Europeo (28 jefes de Estado o de Gobierno de países miembros) quien hace recomendaciones al gobierno incumplidor. Recomendaciones a desarrollar en medio año como máximo pues, de no ser así, la Comisión puede multar al país, además de otras injerencias en el gobierno y parlamento nacionales. España y Portugal están a merced de iniciar ese procedimiento por sobrepasar el déficit, a expensas de que el Consejo decida qué hacer a principios de julio. Tras las elecciones españolas.

Para España, la respuesta de la Comisión ha sido comprensión y buen rollito, retrasando el procedimiento por déficit excesivo. Pero Portugal, gobernada por un frente de izquierdas, será obligado a aplicar nuevas ‘medidas’ (recortes que paga la ciudadanía) bajo amenaza de multa. Así lo galleó Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea: Portugal tendrá que aplicar “medidas adicionales” para cumplir con la meta de déficit. Sí o sí.

Por su parte, Francia tiene déficit ‘excesivo’ de 3,5%, pero la Comisión no exigirá reducirlo. Le basta la reforma laboral perpetrada por el gobierno de Hollande y Manuel Valls. Y hará la vista gorda a que el déficit se reduzca solo al 3,4%. Desposeer más a la clase trabajadora, como la reforma laboral de Hollande implica, ya beneficia a las élites.

¿Y Grecia? Machacada. A pesar de lograr con enormes sacrificios un superávit primario (ya ingresa más que gasta, deuda aparte), esas cifras se convierten en elevado déficit… por la burrada de intereses a pagar a sus implacables acreedores (BCE y FMI entre ellos). Intereses de deuda pública que el internacional Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia determinó ser ilegítima en muy gran parte y, por tanto, no abonable.

Volviendo a España, pintan bastos. Según los resultados de las elecciones generales, la Unión Europea será comprensiva con el exceso de déficit o exigirá inmediatos y cuantiosos recortes de gasto público para rebajarlo. Lo ha dado a entender urbi et orbe el Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovin: “En España, salga el Gobierno que salga, no hay margen para el cumplimento del déficit”. Pero el trato no será el mismo si ese gobierno es de derechas o izquierdas.

De donde se deduce que Unidos Podemos y confluencias de izquierda (si el PSOE no defrauda una vez más), que pudieran formar gobierno, deben aprestarse a una dura batalla. La Unión Europea amenazará, presionará y exigirá recortes, por tanto mejor no se duerman en los laureles. Recuerden a Grecia. Y que programen ya, contando con la calle y la gente, qué hacer para evitar o frenar el chantaje que perpetrará la Comisión a un gobierno progresista. ¿Qué tal si además empezamos a ponernos de acuerdo España, Portugal, Grecia e Italia para actuaciones comunes?

¿Reducir el déficit? Sí, pero no en el gasto, porque así lo paga siempre el pueblo trabajador. Mejor reducirlo con más ingresos. Porque usar el déficit recortando gasto como arma arrojadiza es el negocio de los conservadores que mangonean Europa. Para que nada cambie.

Afrontar deuda y déficit públicos con otros principios, en defensa de la ciudadanía

En España se negocian diversas propuestas de gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como Presidente de gobierno. Pero en una cuestión parecen pasar de puntillas. La deuda pública. Deuda vinculada estrechamente al techo de déficit público que impone la Unión Europea (UE), que insiste hay que recortar 11.000 millones de euros de los presupuestos del Estado. Una cuestión nada baladí, porque ese recorte supondría más desigualdad, menos respeto de derechos y más sufrimiento para el pueblo trabajador.

¿Qué propone Sánchez? Negociar más “flexibilidad” con Europa para cumplir el déficit. Que es no decir nada. Pues la cuestión real es ¿qué hacer con una deuda pública que le cuesta a España pagar este año 35.000 millones de euros?

El endeudamiento público creció mucho tras la crisis, en gran medida por el abultado rescate del sector bancario. Cuando la deuda privada de la banca devino pública por la descomunal ayuda estatal al sector financiero. ¿Qué hacer ahora ante la exigencia de recortes de la UE para reducir el déficit público? Para empezar, determinar la legitimidad de la deuda pública.

Según doctrina internacional aceptada, es ilegítima una deuda por privatizar servicios que eran públicos o por exceso de costes en la gestión privada. También, la deuda asumida por cubrir pérdidas de entidades financieras o grandes empresas. Asimismo la contraída por proyectos que no benefician a la mayoría de población y aquella cuyo pago de intereses sea excesivo, impidiendo el gasto social mínimo exigible. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Es el caso. Porque, aunque el gobierno del Partido Popular lo niegue, hubo gran rescate financiero en España. En la primera fase el Banco de España salvó a entidades financieras privadas que se iban de inmediato al garete. La deuda pública se disparó y el déficit aumentó mientras la UE perpetraba el Pacto de Estabilidad que ahoga a los países europeos del sur. Llegados aquí, cabe pensar que buena parte de deudas europeas son ilegítimas y es necesario recurrir a auditorías ciudadanas de la deuda para averiguarlo. Éric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), recuerda que el movimiento europeo ciudadano de auditoría de la deuda nació en Grecia en 2011 y a continuación se formó en España en plena movilización social de indignados del 15 M. Entonces se empezó a analizar la deuda de países europeos y a cuestionar su legitimidad. En España, por ejemplo, una auditoría ciudadana explicaría que la deuda de los bancos, generada por la devaluación de activos inmobiliarios, pasó de ser pura e irresponsable deuda privada de banca a pública ilegítima.

Una de las lecciones de lo ocurrido en Grecia es que el movimiento de auditoría ciudadana, que empezó muy bien, no creció ni se reforzó lo suficiente para poder presionar políticamente y lograr que la auditoría ciudadana de la deuda fuera obligatoria.

Ejemplo esclarecedor al respecto es el de Ecuador, cuyo gobierno promovió una auditoría ciudadana de la deuda pública en verano de 2007. Basándose en las conclusiones de la misma, el Gobierno anuló por ilegítima una parte de la deuda. Y el Estado economizó 7.000 millones de dólares que se dedicaron a gasto social. Pero en la vieja Europa aún pintan bastos.

En el Informe sobre Sostenibilidad Fiscal 2015, la Comisión Europea expone que al acabar 2015 la deuda española era 100,8% del PIB y en 2016 será 101,3%. Y apercibe del riesgo de que la deuda pública española a medio plazo no sea sostenible. Primero provocan miedo y luego agreden. Pues para afrontarlo, como no, propone “reformas que aumenten ingresos o reduzcan gastos públicos permanentemente”. ‘Reformas’ que sufrirán y pagarán los de siempre, por supuesto. El pueblo trabajador, la ciudadanía.

Ahora, como botón de muestra, la Comisión Europea acepta los presupuestos del Estado del Gobierno de izquierdas de Portugal del que han logrado un recorte de 845 millones de euros. Pero el comisario de Economía, Pierre Moscovici, amenaza que queda mucho por hacer, lo que no augura nada bueno para los portugueses. Por eso en Portugal, España y los otros países sometidos al dictadura de la deuda y del déficit, son imprescindibles actos unilaterales de gobiernos que defiendan los intereses de la mayoría ciudadana. Como hizo Ecuador. Y se hace necesario que se tiendan redes de los países europeos periféricos sometidos a esa dictadura. Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España podrían ponerse de acuerdo para liberarse del dogal del déficit y enfrentarse a la deuda pública desde otras posiciones. En defensa de los deerchos e intereses de la mayoría ciudadana.

Ante la emergencia social no es legítimo reducir el déficit

En España no se sabe quién será investido presidente de gobierno. Con un Congreso más plural, donde ya no es fácil formar mayorías absolutas, puede ser presidente el muy conservador Rajoy o el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recién convertido a la socialdemocracia clásica. Cualquiera de los dos podría ser Presidente, porque ninguno tiene fácil reunir la mayoría suficiente para ser investido.

Pero al Eurogrupo le da igual quien gobierne. Su presidente, el holandés Jeroen Dijsselbloem (presunto socialdemócrata y uno de los dirigentes europeos más fanático partidario de la nefanda austeridad) ya ha apremiado perentorio que “el nuevo Gobierno deberá hacer más ajustes. España debe hacer más reformas”.

Ajustes y reformas. Sabemos lo que significa, porque hemos pagado muy caras las perpetradas hasta ahora. Dijsselbloem ha sentenciado también que “el desafío del próximo Gobierno es [reducir] el déficit”. Aserto rechazable, visto lo muy negativas que han sido para la gente la austeridad y reducción del déficit que se pretendía con ella. Porque la situación de España es de las peores de Europa. Aumento abrumador de contratos temporales (incluso de un solo día,) y a tiempo parcial,  desempleo juvenil galopante y pobreza laboral, como denuncia la OIT. Con tal panorama, el único desafío legítimo es acabar con la emergencia social y no mantener la dictadura del déficit. Reducir el déficit es en beneficio de los bancos (culpables de la crisis) que cobran pingües intereses de deuda pública, adquirida con los préstamos casi regalados del BCE. Como los bancos holandeses, franceses y alemanes. Quizás eso explique que el holandés Dijsselbloem sea tan idólatra de la reducción del déficit, porque proporciona liquidez para abonar los intereses a los bancos poseedores de deuda pública.

No es cuestión baladí. El Reino de España ha de pagar este 2016 unos 35.000 millones de euros en intereses. Pero si se reduce el déficit para abonarlos (en vez de buscar otras salidas como  moratorias, reestructuración, quita…), pagan el pato los de siempre: el pueblo trabajador. Y los responsables de esta crisis-estafa se van de rositas y además  hacen un gran negocio.

La situación es tan grave que “España tardará al menos diez años en volver a los niveles económicos y de empleo de antes de la crisis”, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En realidad ni eso, porque el empleo que se recupera y se jalea como si fuera la multiplicación de los panes y los peces es mayoritariamente de saldo. De pena. Un empleo que no asegura salir de la pobreza y con eso está dicho todo. El director de la OIT para España, Joaquín Nieto, insiste en que no hay recuperación social porque el empleo generado es precario y aumenta el número de trabajadores pobres. Personas con empleo que no llegan a fin de mes y precisan ayuda de alimentos que les proporcionan ONG o que no pueden encender la calefacción, por ejemplo.

La lucha contra la pobreza ha de ser, sin paliativos, el primer desafío a afrontar por el nuevo gobierno español. No el pago de intereses a los bancos ni, por tanto, la reducción del déficit.

Cuando las previsiones de la OIT para 2016 son más desempleo y más desigualdad, el desafío es combatirlos, no reducir el déficit como reclama el Eurogrupo. Por cierto, ese Eurogrupo no tiene legitimidad alguna para meterse en camisa de once varas enmendando la plana a ningún gobierno, pues no tiene ninguna competencia institucional asignada. Su naturaleza jurídica es más que discutible. En realidad solo es una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión con el euro como moneda que actúa como verdadero lobby en defensa de los intereses del sector financiero y  de las grandes coporaciones, como hemos visto que ha hecho contra  Grecia. Es un invento euroburocrático que va a su aire y nadie ha elegido. Una vez más esta Unión Europea no se muestra muy democrática sino más bien un montaje que mangonean unos pocos como en el dicho de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.

Tal sucede cuando el aumento descontrolado y obsceno de la desigualdad hace posible que ¡solo 62 personas! posean tanta riqueza como 3.600 millones, que es la mitad de la población mundial. Lo ha denunciado Oxfam Intermon en su documentado informe “Una economía al servicio del 1%”.

Según ese informe, en España 20 ricos poseen entre todos tanto dinero como un tercio de población. Es decir, algo más de docena y media de privilegiados tienen tanta riqueza como 15 millones de personas. Y en España también, un reducidísimo 1% de población concentra más riqueza que el 80% de ciudadanía más pobre, mientras un presidente de empresa del Ibex35 ingresa ya 158 veces el salario medio de un trabajador. En 2015, mientras el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó 15%, la riqueza del 99% de la población española se redujo un 15%. Obviamente, no es casualidad ni azar que coincidan ambos porcentajes.

No es ajeno a esta situación estructural de injusticia y desigualdad un sistema fiscal muy regresivo, injusto e insuficiente, en el que quienes más tienen pagan muy poco y el capital y sus tejemanejes apenas paga nada. Sin olvidar la fuga constante, incesante, de dinero hacia los paraísos fiscales. La huida de capital desde España a esos paraísos aumentó un 2000% en 2014.

Por eso, las declaraciones de Dijsselbloem son un insulto. Es imprescindible que el pueblo trabajador se organice y se mueva a fondo para que el desafío sea resolver la grave emergencia social que hay, no el déficit. Diga lo que diga el Eurogrupo.