CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía

El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). Derecha sospechosa que es el Partido Popular, los presuntos centristas de Ciudadanos, el PNV (que consiguió su libra de carne y no la arriesga por tratado más o menos), la antigua CDC (sumergida en corrupción en Cataluña) y el PSOE, que dice ser de izquierdas.

¿PP y PSOE votaron juntos? No es primera vez. ¿Por qué creen que algunos analistas denominan lo de este Estado ‘régimen dinástico bipartidista del 78′?

Otrosí, en 2014, PP y PSOE impidieron que ese tratado con Canadá se sometiera a referéndum y decidiera la ciudadanía. Es más, cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, parte del grupo Socialistas y Demócratas de la Eurocámara desobedeció la línea oficial y votó contra el CETA. Pero los socialistas españoles votaron a favor como un solo hombre.

A destacar que el PSOE ha votado lo mismo que el Partido Popular Europeo y Ciudadanos tres de cada cuatro votaciones en el Europarlamento. Que no es poco. Y, según el diario digital Info-Libre, PSOE, Podemos y Ciudadanos votan lo mismo en el Congreso español 63 veces de cada 100. Esclarecedor de donde está realmente cada cual en el abanico político.

A la hora de evaluar los daños del CETA, hay que señalar que ese tratado no es solo un acuerdo con Canadá. En suelo canadiense hay filiales de casi todas las grandes empresas estadounidenses que, por ello, actúan como empresas de Canadá. Ergo, el CETA es también un tratado con EEUU. Esos Estados Unidos de Trump que se pasan por el forro la protección del medio ambiente, los derechos de la gente y la seguridad de los alimentos. Graves retrocesos políticos, plasmados en los presupuestos federales de Estados Unidos, recién presentados. Si finalmente se aprueba el CETA, Estados Unidos tendrá también patente de corso para intervenir en la política de la Unión Europea y la ciudadanía tendrá muchos más problemas.

Queda la pequeña esperanza de que algún país de los 27 que forman la UE no ratifique el CETA y entonces se pararía todo. Volverían a intentarlo, porque la voluntad de saqueo de la minoría rica global es inacabable, pero llevaría tiempo y quizás la ciudadanía europea pudiera organizarse mejor e impedir programas y políticas que violan sus derechos por sistema.

Los tratados bilaterales de comercio e inversión son medios de las corporaciones multinacionales para conseguir más y más beneficios. Con tales tratados, buscan sortear, evitar e incluso suprimir leyes de protección de derechos de la gente y de defensa del medio ambiente, por ejemplo. En los tratados bilaterales, los intereses de las multinacionales están muy por encima de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de los consumidores.

El primer riesgo severo del CETA vigente es rebajar peligrosamente las exigencias de las leyes europeas en derechos laborales, protección del medio ambiente, atención sanitaria general y seguridad saludable de alimentos. Se rebajarán derechos laborales porque Canadá y EEUU no aceptan los criterios de derechos de los trabajadores de la OIT. Pero no solo se rebajarán las garantías actuales, el CETA abrirá la puerta a suprimir normas y reglas que protegen a la ciudadanía y la naturaleza.

Si se impone el CETA, otra consecuencia nefasta serán los pretendidos tribunales de arbitraje entre empresas y Estados. Unos llamados tribunales (que no son más que tríos de abogados privados), al que solo podrán recurrir las empresas contra los Estados, pero no los Estados contra las empresas El ISDS (siglas en inglés) permite a las multinacionales demandar a los Estados por cantidades multimillonarias, si creen ver mermados o amenazados sus beneficios por actuaciones políticas y legislativas de los Estados. Como moratorias nucleares, protección del medio ambiente, cuidado de la salud colectiva, defensa de los derechos humanos de la gente…

El CETA y otros tratados bilaterales pueden ser el principio del fin de la democracia, porque vacían la capacidad legislativa y de gobierno de los Estados ante el temor a ser demandados. No podemos permitir que las multinacionales gobiernen el mundo.

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Hay que impedir el tratado entre EEUU y Europa

Se ha conocido una arbitrariedad fascistoide de la Comisión Europea con los diputados del Europarlamento y el tratado libre comercio e inversión (TTIP) que negocian muy en secreto la Unión Europea y Estados Unidos. ¡La UE sólo permite a los eurodiputados leer dos horas el texto negociado del tratado! Para mayor desgracia, prohíbe a los europarlamentarios hablar con nadie del mismo. El corto tiempo de lectura del oscuro tratado ha de ser en una sala segura, sin grabadoras, magnetófonos ni otros dispositivos electrónicos. Ni siquiera papel y bolígrafo y bajo vigilancia. No sabemos si los vigilantes van armados, pero sí que los legítimos representantes de ciudadanos y ciudadanas europeos reciben el trato de sospechosos de un delito.

¿Qué oscuros secretos esconde la Comisión Europea para tomar tantas precauciones que impidan conocer por la ciudadanía el muy reservado Tratado entre Estados Unidos y la Unión?

Quizás porque conocer los hechos, datos y detalles del escondido Tratado supondría que la gente averiguara lo que supone de verdad para europeos y europeas. Conocer esos pactos y convenios permitiría a la ciudadanía saber los males que nos aquejarán si se firma el TTIP. Males coincidentes probablemente con los efectos del Tratado que señala un estudio de impacto del mismo elaborado por la Universidad Tufts de Boston y la Organización Internacional del Trabajo.

Según ese informe, el TTIP destruirá 600.000 empleos en Europa en diez años y provocará la caída del PIB hasta un 2% en los países más desarrollados. Más la pérdida demostrada del poder adquisitivo de las familias, una vida peor para millones de ciudadanos y la disminución de la recaudación fiscal de los Estados hasta un 0,64% del PIB al reducirse empleos y salarios. Además, el TTIP abrirá en Europa la puerta al peligroso fracking, como ocurrió en Canadá.

El fracking o fractura es el método de obtención de petróleo alojado en rocas del subsuelo profundo por perforación e inyección de agua a presión con productos químicos tóxicos a miles de metros de profundidad. Ya se ha demostrado que el contamina las aguas subterráneas y las de superficie, además de causar pequeños terremotos. Asimismo, se sabe que las sustancias químicas tóxicas utilizadas son muy dañinas para la salud al contaminar las aguas y el aire, pues provocan problemas de piel, en la vista y el sistema digestivo, además de causar problemas respiratorios, migrañas continuas, náuseas, alergias e incluso generar cáncer. El fracking es definitivamente muy peligroso sin contar que es estúpidamente caro para obtener petróleo. Pero hay más.

Otro peligro evidente del TTIP es el procedimiento para resolver conflictos entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés). Un conjunto de normas que coloca a los gobiernos a los pies de los caballos y los hace muy vulnerables ante las más que posibles demandas multimillonarias de empresas y corporaciones. Corporaciones y empresas podrán demandar a los estados si consideran que las medidas gubernamentales y leyes nacionales pueden perjudicar sus intereses. Simplemente si les parece. Hay precedentes de otros tratados bilaterales de inversión por los que algunos gobiernos han pagado fortunas por esas demandas. La Comisión Europea hizo una consulta pública sobre tal mecanismo y el 95% de los ciudadanos europeos encuestados rechazó frontalmente el ISDS. Pero la Comisión no hace ni caso a esos resultados, a la voluntad ciudadana.

Organizaciones cívicas, sociales y políticas europeas, así como grupos del Europarlamento, han denunciado que el ISDS supondría una peligrosa pérdida de soberanía de los Estados por verse obligados a cambiar leyes nacionales aprobadas democráticamente para cumplir sentencias favorables a grandes empresas y corporaciones. Sentencias interesadas dictadas por pretendidos tribunales internacionales de arbitraje que, no nos engañemos, solo son oscuros tríos de carísimos abogados privados. Hay que reconocer que la mafia no saqueaba mejor en el Chicago de Al Capone de los años 30.

La oposición al TTIP ha de crecer hasta paralizarlo y arrojarlo al olvido. Es posible. Hace unos años, la movilización ciudadana frenó e hizo desaparecer un nefasto Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que daba a las empresas todos los derechos y privilegios y apenas deberes. El AMI tenía que ser el marco obligatorio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero las intensas protestas mundiales de 1998 contra el AMI paralizaron el acuerdo.

Hay que frenar e impedir el TTIP. Porque se puede.