España a la cabeza de la UE por desigualdad

La Comisión Europea, es decir el gobierno de la Unión Europea, ha suspendido a España por su muy alta cota de desigualdad en ingresos de la ciudadanía. La sitúa a la cabeza de los países europeos más desiguales. Más desigual que Bulgaria, más que la agredida y destrozada Grecia y más desigual que Lituania.

Lamentablemente el problema de la desigualdad es general, aunque España se lleve la palma. Según informa la Unión Europea, un 30% de los ciudadanos europeos (casi un tercio) no han recuperado todavía los niveles de igualdad que había antes de que estallara la crisis en 2007 y se extendiera como mancha de aceite. Y España, pese a la cacareada recuperación proclamada por el gobierno Rajoy, sus voceros y tiralevitas, está en una de las peores situaciones europeas de desigualdad.

La Comisión Europea asegura que el Reino de España apenas ha rebajado el riesgo de pobreza y exclusión social y que las personas empobrecidas son demasiadas. Y destaca los pésimos resultados de España en reducir la desigualdad y la pobreza por la ausencia de políticas sociales que merezcan tal nombre.

Por eso el Reino de España es campeón en abandono escolar, en jóvenes que no estudian ni trabajan, jóvenes sin futuro (y por supuesto sin presente), en hombres y mujeres en riesgo de pobreza y exclusión, en pensiones insuficientes, en demasiadas personas con escaso nivel educativo… El Reino de España es el paraíso de la desigualdad en Europa.

Esa desigualdad se traduce en que casi 13 millones de personas en este país (y somos 46 millones) están en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo afirma el informe El Estado de la Pobreza. España 2017, documento con datos al día sobre el riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador que utiliza la UE, AROPE (por sus siglas en inglés de riesgo de pobreza).

El índice AROPE se basa en la Tasa de Riesgo de Pobreza Relativa (ganancias económicas menores del 60% del ingreso nacional medio), Baja Intensidad del Empleo en Hogares (personas mayores de 18 años que solo consigan trabajar la quinta parte de posibilidades de empleo que necesitan en el último año) y Privación Material Severa, como no poder poner la calefacción, no poder pagar el alquiler mensual o no poder comer pollo dos veces por semana. La peor noticia del citado informe es que aumenta la privación material severa.

La cifra exacta en España de personas en riesgo de pobreza es 12.989.405. Casi 28% de la población total y cuatro puntos y medio por encima de la media europea del 23,4%. De esos casi 13 millones en riesgo de pobreza, un millón y medio de personas sufren pobreza severa. Lo que nos lleva a concluir que tal vez los datos macro-económicos de los que presume el gobierno hayan mejorado, pero la pobreza ha aumentado y los pobres no notan la recuperación en absoluto. Y no lo notan porque falla estrepitosamente la redistribución de la riqueza. Y la redistribución de riqueza ha de hacerse por medio de  un sistema justo, progresivo y suficiente de impuestos que proporccione al Estado los recursos suficientes para asegurar una vida mínimamente digna a la población. Ese es el camino.

Pero resulta que, según datos de Erostat de presión fiscal en la UE en 2015, España está casi siete puntos por debajo de la media de los 19 estados de la Zona Euro. Si el volumen de impuestos recaudados fueran los de esa media de presión fiscal, España recaudaría 58.000 millones de € anuales más y habría más justicia.

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Empleo y paro no son los que dice el gobierno del PP

Un reciente informe de la Comisión Europea sobre evolución social y empleo en Europa expone que la economía española se recupera, pero a un alto precio. Confirma que España sufre una tasa de desempleo del 19% y la consecuencia del altísimo desempleo y la precariedad que crece es que en España el 28,6% de población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Como Letonia, Lituania o Grecia.

No ha sido fácil estar a la cola de lo social de la UE. Han tenido que perpetrarse reformas laborales; en realidad contra-reformas, porque reformar en buen castellano significa cambiar algo para mejorar, que no es el caso.

Las contra-reformas permiten, por ejemplo, que un médico de familia firme en once meses 50 contratos de trabajo. Que otro asalariado encadene desde hace diez años en Correos contratos de seis meses seguidos y despidos de seis meses. Que otro trabajador firme ocho contratos de cuatro meses en una universidad de Madrid. Trampas y más trampas que perjudican a los trabajadores. Sin olvidar que solo el 5% de los contratos son indefinidos y a jornada completa o, lo que es igual, el 95% de nuevos empleos no lo son.

Quienes detentan el poder económico y sus cómplices políticos recurren a la macro-economía para ocultar la cruda realidad. Pero la macro-economía no dice la verdad sobre la vida de la gente trabajadora al presumir de crecimiento económico. El crecimiento económico (como lo entiende el neoliberalismo) no supone empleo suficiente ni garantiza una vida digna a los asalariados.

Hay dos ejemplos históricos de crecimiento económico que no suponen justicia ni vida decente para la clase trabajadora ni para el campesinado: Brasil y México. Ambos países crecieron sin interrupción en el siglo pasado año tras año. Sin embargo, no desapareció la pobreza; ni siquiera se redujo de moto notable. Pero sí aumentó una obscena desigualdad.

En España, el gobierno del Partido Popular presume de crecimiento y pretende que el país se ha recuperado de la crisis. Pero no es así para la gente común que son millones de personas. A mediados de este año, por ejemplo, había en España 1.700.000 asalariados con contratos encadenados: un 10% de los trabajadores con empleo. Y el verano que acaba aportó el peor dato de empleo desde 2008: en agosto se destruyeron 46.400 empleos y la Seguridad Social perdió 180.000 cotizantes. También aumentaron los contratos temporales hasta el 27% y sabido es que esos contratos están mal pagados.

Sin embargo, semanas antes, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) provocaron una injustificada euforia en el gobierno del Partido Popular. El PP proclamó la recuperación económica, pero solo dos meses después la innegable realidad de un mercado laboral frágil e insuficiente fue evidente de nuevo.

No es cierto que se crea empleo cuando se trabajan muchas menos horas. En 2009, en España se trabajaron 654 millones de horas, pero en 2016, cuando en teoría la economía despegaba, solo se trabajaron 613. Y 41 millones de horas trabajadas menos equivalen a cinco millones de jornadas a tiempo completo menos. ¿Cómo pretenden que hay crecimiento cuando se trabajan tantos millones de horas menos?

Que haya más empleos no significa demasiado para la gente trabajadora, pues gran parte vive en la incertidumbre y no puede llevar un vida digna. Por eso a Cáritas y a los bancos de alimentos les crece el trabajo. Algunos empleos más significan poco si no mejora la vida de la gente .

No es solo cuestión de más empleos; hay que ver qué empleo y como se paga . En realidad, muchos ocupados son subempleados pues trabajan bastantes menos horas de las que necesitan para vivir con dignidad. Actualmente hay 1.940.000 personas subempleadas, tantas como a finales de 2008.

Como denuncia José A. Llosa, “hacer un discurso de recuperación económica sustentado sobre una tasa de paro (19%) que duplica con holgura la media europea ( 8,5%) parece un juego peligroso, máxime cuando, tal y como indican los últimos datos de FOESSA, el 70% de las familias españolas no ha percibido ninguna clase de mejoría respecto a su situación en la crisis”.

La actual situación laboral precaria, y por tanto social, es así porque los gobiernos del PP han creado las condiciones para que los trabajadores pierdan con la austeridad, los recortes y la contra-reforma laboral. En beneficio de la clase empresarial, sobre todo la que controla las multinacionales, el Ibex 35.

Salarios más bajos, menos prestaciones sociales que hace 10 años y una precariedad laboral que campa a sus anchas deterioran la vida de los trabajadores. Esa transferencia de rentas de abajo hacia arriba es la única recuperación económica. Solo para la clase empresarial.

En conclusión, el paro según la EPA no refleja la verdadera situación laboral del país. Excluye de la cifra des parados a los inmigrantes que han vuelto a sus países, a los trabajadores nacionales que emigran y a los desanimados que ya no buscan empleo, que hoy se calcula rondan los 800.000. Y eso sin contar además que el cómputo oficial  considera empleados a quienes la semana anterior a la encuesta ¡hayan trabajado una hora! Una realidad falseada.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior puede afirmarse que en el Reino de España hay cuanto menos un 10% de parados más que lo que dice la EPA según fuentes de algunas organizaciones sociales. Para rematar el panorama laboral real, cabe añadir la demostrada pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Los funcionarios, por ejemplo, han perdido un 15% de poder adquisitivo con los gobiernos del Partido Popular y los pensionistas el 3,5% desde 2013.

Ese es el panorama real de empleo y paro.

La Unión Europea como Plutocracia

Si democracia es el gobierno del pueblo (demos), plutocracia es el de los más ricos (ploutos). Esta sencilla aclaración etimológica permite decir hoy con toda justicia, a la vista de los hechos de los últimos años, que esta Unión Europea está descaradamente al servicio de la minoría que detenta el poder económico en Europa. Una sociedad gobernada o controlada por la minoría de los miembros más ricos que apenas son unos cinco millones de personas. Contra más de 500 millones.

Tan convencida afirmación proviene del conocimiento de que la última de la Comisión Europea es excluir a los parlamentos nacionales de la aceptación o no de los tratados comerciales bilaterales que se negocien. Tratados comerciales cuya aplicación causa a la ciudadanía graves problemas de atención a la salud, reducción de derechos laborales y agresiones al medio ambiente entre otras consecuencias muy negativas. Pero permite aumentar más los beneficios de corporaciones y multinacionales.

A esta Unión Europea le sobra la democracia y la esquiva, manipula o suprime en cuanto puede. Buena muestra de eso es ver quien manda en la UE. Manda la Comisión Europea que no es el resultado de una mayoría parlamentaria democráticamente elegida sino de acuerdos y chanchullos de los gobiernos de la eurozona, con especial influencia de los de los países más ricos, como Alemania o Francia. Pero de elección democrática, nada.

Más muestras de plutocracia. En 2004 se puso a votación la Constitución Europea y fue rechazada por las ciudadanías de Francia y Holanda, pero no se inició después un debate para elaborar otra Constitución o corregir los desacuerdos de la primera. No. El 13 de diciembre de 2007 la Comisión Europea aprobó el Tratado de Lisboa en esa ciudad para sustituir la Constitución europea rechazada. La Comisión Europea se pasó por el forro el rechazo electoral de las ciudadanías francesa y holandesa y, si no quieres caldo, dos tazas. Habrá la Constitución que queramos y la llamamos Tratado de Lisboa.

Hay dos frentes fundamentales que muestran el establecimiento de la plutocracia en la Unión Europea: la fiscalidad (los impuestos que se pagan o dejan de pagar), y los acuerdos bilaterales comerciales y de inversión. Ambos de gran repercusión en las vidas de los europeos y europeas de a pie, de la inmensa mayoría ciudadana.

Ahora la Comisión Europea propone dividir los acuerdos bilaterales de comercio e inversión para evitar el veto de los parlamentos, como sucedió en Valonia cuando esa región belga autónoma rechazó al acuerdo comercial de la UE con Canadá porque vulneraba gravemente los derechos humanos de la ciudadanía. Valonia votó en contra porque ese tratado deterioraba los servicios públicos, perjudicaba la agricultura y violaba derechos laborales. De las consecuencias perjudiciales de esos tratados bilaterales para le gente común supo la ciudadanía al conocer el contenido de tratados como el TTIP de la UE con EEUU.

El nuevo plan de la Comisión Europea es negociar acuerdos comerciales sólo de competencias exclusivas de la UE y separar los acuerdos de inversión. Así los acuerdos comerciales entrarían en vigor sin intervenir los parlamentos nacionales y regionales. Quieren aplicar ese método en la negociación de acuerdos bilaterales de la UE con Australia y Nueva Zelanda.

Otro frente en el que la minoría rica ha desplegado una gran ofensiva (tan importante como lo fue militarmente el desembarco en Normandía) es el de los impuestos. Impuestos que las grandes empresas y grandes fortunas evaden o eluden. Así los grandes beneficios de las multinacionales viajan de Francia, Italia, Alemania, Reino Unido o España a Irlanda (12% de impuesto máximo de sociedades). De Irlanda se desvían a Holanda (1% de tasa) y de Holanda van a parar a las islas Vírgenes o a Delaware en EEUU, donde sencillamente no pagan impuestos. Por eso es posible, por ejemplo, que en Reino Unido, en 2005 y 2006, 466 grandes empresas de las 700 mayores del país pagaran solo 15 millones de libras de impuestos por beneficios. Las 436 restantes no pagaron nada, aunque tuvieron beneficios.

Como denunció el Nobel de economía Stiglitz hace años, los ricos usan su dinero para asegurarse políticas, medidas y ventajas fiscales que les permitan ser más ricos. Por esa razón algunos estados de la Unión Europea (con especial relevancia de Luxemburgo) han firmado cientos de acuerdos con corporaciones y multinacionales para que paguen muchos menos impuestos de los que debieran. Por eso es adecuado decir que estamos en una plutocracia, una sociedad donde dominan los ricos aunque sean muy pocos.

Hace doce años, antes de la crisis, escribí en este blog que tras tantos años, vicisitudes, retóricas hueras y fuego de artificios para ocultar lo que ocurría y las intenciones reales de los poderosos, se cumplían otra vez los análisis y conclusiones de Marx. Una minoría muy minoritaria obtiene como sea el máximo beneficio de la mayoría depredándola, explotando a la mayoría. Como reconoció Warren Buffett (uno de los seis hombres más ricos del mundo) a un periodista de The Wall Street Journal al estallar la crisis: “claro que hay lucha de clases y es mi clase, la de los ricos, la que gana”.

Habrá que hacer algo y dar la vuelta a la situación.

Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho

Los abundantes privilegios fiscales y no fiscales de la Iglesia Católica en España preocupan y enfadan. En 2007, la Comisión Europea criticaba al gobierno español por las ventajas tributarias a inmuebles propiedad de la Iglesia. Pero antes, en 2005, la CE había pedido a España que modificara su Acuerdo con el Vaticano sobre Asuntos Económicos por ser ilegales las exenciones del IVA a la Iglesia. En otra ocasión, la Comisión ha pedido explicaciones de por qué la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ni el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI). Y hace poco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunció las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España porque “pueden ser ayudas estatales prohibidas“. Una historia interminable y sin explicaciones.

El artículo 16 de la Constitución Española deja claro que España es un estado aconfesional y ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Cooperación, no privilegios.

¿Por qué la Iglesia tiene en el Reino de España tantos beneficios fiscales y otros? No se explica porqué la Iglesia no paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de Sucesiones o Donaciones. O porque no paga el IBI como todo quisque. ¿Acaso porqué los inmuebles que no pagan IBI son lugares de culto? No, porque solo un 18% de propiedades inmobiliarias de la Iglesia se dedican al culto. El 82% restante no son lugares de culto… pero tampoco pagan IBI. Y, por no pagarlo, se dejan de recaudar 2.500 millones de euros cada año.

Y hablando de privilegios, desde hace años la Iglesia Católica española registra como propios viñedos, olivares, casas rectorales, atrios y solares que pertenecían desde tiempo a los pueblos, pero no se registraron burocráticamente. La Iglesia sí lo ha hecho. Y lo sigue haciendo por dos artículos de la Ley y Reglamento hipotecarios (que deberían ser derogados ya) por los que los obispos pueden registrar propiedades como si fueran funcionarios públicos. ¡¡Increíble!!

Ese privilegio fue mayor en 1998, cuando el Gobierno Aznar suprimió un artículo del reglamento hipotecario que hasta entonces impedía inmatricular (registrar propiedades a nombre de alguien) edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. Desde entonces la Iglesia inmatricula esos inmuebles a todo gas. En Navarra, ejemplo paradigmático, esas discretas inmatriculaciones han arrasado el territorio y cientos de templos parroquiales, ermitas y basílicas, más lo que tienen dentro, figuran como propiedades de la Iglesia Católica . También casas, almacenes, garajes, frontones y cementerios. Todo es inmatriculable. Es tal el volumen de esos registros de propiedad que hoy la Iglesia Católica posee en España más de 110.000 propiedades… que no pagan impuestos. Ermitas, por ejemplo, que nunca figuraron como propiedad de la Iglesia, además de que muy a menudo fueron construidos y levantados con el dinero, trabajo y esfuerzo de la gente de pueblos y comarcas.

En 2007, buscando el escritor navarro José Mª Esparza documentación para un libro de historia local, descubrió que la Iglesia había registrado a su nombre la parroquia de Santa María de Tafalla. Luego comprobó que había hecho lo mismo en San Pedro y con las iglesias de Artajona y Ujué. El Arzobispado llevaba años inmatriculando bienes comunes que, por la razón que fuera, estaban sin registrar, pero nadie se había enterado. Se constituyó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro para detener esas apropiaciones y, diez años después, las inmatriculaciones como problema y frenarlas ya son tarea de la ciudadanía. Muchos alcaldes han descubierto con sorpresa esas inmatriculaciones e intentan devolver al pueblo el patrimonio cultural e inmobiliario del que la Iglesia se ha apropiado.

Por su parte, la organización Europa Laica ha denunciado además en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica que “mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado da a la Iglesia católica, por subvenciones directas y exención de impuestos, más de 11.000 millones de euros anuales. Más del 1% del PIB”. Europa Laica denuncia también que “la Iglesia católica española se ha apropiado, en su historia, de gran parte del patrimonio que posee hoy por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento y complicidad del Estado”.

Urge, por tanto, arreglar tan injusto desaguisado y regular democráticamente la relación con la Iglesia. Sin privilegios.

Hoy, Roma sí paga a los traidores

Viriato fue un caudillo lusitano que venció a las legiones de Roma en Iberia (lo que hoy es España y Portugal) una y otra vez hace más de dos mil años. Para acabar con Viriato, en 138 antes de Cristo, los jefes romanos sobornaron a tres lugartenientes del caudillo lusitano para que lo asesinaran. Lo apuñalaron mientras dormía y luego fueron al campamento romano a cobrar la recompensa por su crimen. Pero el cónsul Quinto Servilio se la negó, arguyendo que “Roma no paga a traidores”.

Pero sí los paga. Y bien, por cierto. En nuestros días. No Roma, precisamente, sino quien tiene el poder. Quien tiene el dinero.

Ésta es crónica breve de una desvergüenza impune en la Unión Europea. Los medios la llaman ‘puertas giratorias’. Los enjuagues oscuros y pasteleos de ida y vuelta entre cargos públicos, grandes empresas privadasy corporaciones. Es traición porque se olvida la lealtad debida al pueblo trabajador. La que han de tener sí o sí los mandatarios políticos con la ciudadanía que representan. ¿O acaso los intereses de las grandes empresas, corporaciones y sector financiero, que esos mandatarios maquinadores defienden con ardor en la Unión, son los de la gente común?

Ni en sueños.

He aquí un breve recuerdo de que Roma sí paga a los traidores. Por ejemplo, el ex-ministro de Economía, Rodrigo Rato (escándalos de Bankia aparte) fue nombrado consejero asesor de Telefónica para Europa y América Latina. El mismo Rato que privatizó Telefónica, por cierto. Y dos ex-presidentes del Gobierno (presuntamente de signo contrario), Felipe González (PSOE) y Aznar (PP), fueron fichados por grandes empresas tras dejar de ser presidentes. González por Gas Natural (empresa que había privatizado en los noventa) y Aznar como asesor externo de Endesa, empresa que casualmente acabó de privatizar. Casualidades con sinecuras anuales de seis cifras.

Luis Croissier, ministro de Industria, unió a finales de los ochenta todas las empresas públicas petroleras bajo la marca Repsol y preparó el camino para privatizarla. En 2007, fue nombrado consejero del Repsol privado. Pero más ex-ministros han sido consejeros o asesores de grandes empresas españolas. Abel Matutes (Banco Santander), Marcelino Oreja (FCC), Ana Palacio (HC Energía), Josep Piqué (Vueling), Eduardo Serra (Everios), Elena Salgado (Endesa), Jordi Sevilla (PwC), Javier Solana (Acciona)… Suma y sigue.

Y en la Unión Europea, tres cuartos de lo mismo. Hace poco, la siempre equívoca banca de inversión Goldman Sachs contrató al ex presidente de la Comisión de la UE, José Manuel Barroso, como consejero y presidente de su negocio internacional. Sven Giegold, ponente en el Parlamento Europeo del informe “Transparencia, rendición de cuentas e integridad en la UE “, ha denunciado que “las vergonzosas puertas giratorias entre política y negocios siembran muchas dudas sobre el gobierno de Europa. La contratación de Barroso perjudica la reputación de la Comisión Europea”. ¿Puertas giratorias? Más bien autopistas siempre abiertas. ¿Dudas? Certeza de al servicio de quien están los actuales mandatarios europeos. Por cierto, Barroso cobrará buena pasta de Goldman… y recibirá una pensión de 18.000 euros mensuales de la UE.

Pero en la vieja Europa hay más desertores de la lealtad pública, como recuerda Moha Gerehou. Empezaron en el ámbito público y pasaron al privado. O al revés. Todo sea por la pasta. El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, antes fue alto ejecutivo de Goldman Sachs en Europa. La misma Goldman Sachs que maquilló y ocultó las cifras reales de la economía griega para que Grecia ingresara en la eurozona. Mario Monti, ex-primer ministro de Italia, es hoy asesor internacional de Goldman y con Draghi y otros, ‘asesoraron’ a Grecia cuando falseó sus cuentas para la UE. Romano Prodi, ex-primer ministro de Italia, presidió la Comisión Europea de 1999 a 2004 y también fue cargo importante en Goldman. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, trabajó muchos años para esa banca. Y Otmar Issing, miembro del Bundesbank y del Consejo del Banco Central Europeo, es consejero internacional del repetido Goldman. Sin olvidar a Huw Pill quien, tras diez años en las oficinas del Banco Central Europeo, fichó por Goldman como economista jefe europeo… ¿Quién da más?

A esa caterva de mandatarios europeos, que tanto llevan ésta como aquella camiseta, ¿les sonarán las palabras ética, decencia? Habrá que fajarse para una larga lucha por otra Europa en la que no esté esa gente ni parecida. Porque otra Europa es posible.

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…

Rebajar el déficit, un arma política arrojadiza

En 2015 el déficit público de España fue 5% del PIB, más del 3% exigido por Europa. En 2016 el Partido Popular prevé que sea 3,6% (mucho para Europa) y en 2017 la Comisión exigirá no pasar del 2,5% y, para lograrlo, habría más recortes.

¿Por ese 5% ha iniciado la Comisión Europea (CE) procedimiento contra España por exceso de déficit? No. Rajoy escribió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la CE concedió una tregua temporal hasta julio del procedimiento por exceso de déficit. Y posponer también la posible multa de 22.000 millones de euros. Pero esa comprensión no le fue concedida a Grecia. Tal conducta reafirma el viejo dicho de que perro no come perro o el más vulgar de que entre bomberos no se pisan la manguera. La derecha no joroba a la derecha y la graciosa concesión de la muy conservadora Comisión Europea permite al derechista Partido Popular entrar en campaña electoral sin la espada de Damocles de una multa multimillonaria. Hasta julio, hasta saber los resultados electorales. Conocido el color del nuevo gobierno, Bruselas decidirá si lo ayuda o se enfrenta. Si forma gobierno el PP no habrá problemas para la Comisión. Pero sí para la gente común, porque habrá recortes a porrillo para rebajar el déficit.

El señalado procedimiento por déficit excesivo empieza si la Comisión detecta un país miembro con déficit superior al 3%. Consulta al Consejo Europeo (28 jefes de Estado o de Gobierno de países miembros) quien hace recomendaciones al gobierno incumplidor. Recomendaciones a desarrollar en medio año como máximo pues, de no ser así, la Comisión puede multar al país, además de otras injerencias en el gobierno y parlamento nacionales. España y Portugal están a merced de iniciar ese procedimiento por sobrepasar el déficit, a expensas de que el Consejo decida qué hacer a principios de julio. Tras las elecciones españolas.

Para España, la respuesta de la Comisión ha sido comprensión y buen rollito, retrasando el procedimiento por déficit excesivo. Pero Portugal, gobernada por un frente de izquierdas, será obligado a aplicar nuevas ‘medidas’ (recortes que paga la ciudadanía) bajo amenaza de multa. Así lo galleó Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea: Portugal tendrá que aplicar “medidas adicionales” para cumplir con la meta de déficit. Sí o sí.

Por su parte, Francia tiene déficit ‘excesivo’ de 3,5%, pero la Comisión no exigirá reducirlo. Le basta la reforma laboral perpetrada por el gobierno de Hollande y Manuel Valls. Y hará la vista gorda a que el déficit se reduzca solo al 3,4%. Desposeer más a la clase trabajadora, como la reforma laboral de Hollande implica, ya beneficia a las élites.

¿Y Grecia? Machacada. A pesar de lograr con enormes sacrificios un superávit primario (ya ingresa más que gasta, deuda aparte), esas cifras se convierten en elevado déficit… por la burrada de intereses a pagar a sus implacables acreedores (BCE y FMI entre ellos). Intereses de deuda pública que el internacional Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia determinó ser ilegítima en muy gran parte y, por tanto, no abonable.

Volviendo a España, pintan bastos. Según los resultados de las elecciones generales, la Unión Europea será comprensiva con el exceso de déficit o exigirá inmediatos y cuantiosos recortes de gasto público para rebajarlo. Lo ha dado a entender urbi et orbe el Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovin: “En España, salga el Gobierno que salga, no hay margen para el cumplimento del déficit”. Pero el trato no será el mismo si ese gobierno es de derechas o izquierdas.

De donde se deduce que Unidos Podemos y confluencias de izquierda (si el PSOE no defrauda una vez más), que pudieran formar gobierno, deben aprestarse a una dura batalla. La Unión Europea amenazará, presionará y exigirá recortes, por tanto mejor no se duerman en los laureles. Recuerden a Grecia. Y que programen ya, contando con la calle y la gente, qué hacer para evitar o frenar el chantaje que perpetrará la Comisión a un gobierno progresista. ¿Qué tal si además empezamos a ponernos de acuerdo España, Portugal, Grecia e Italia para actuaciones comunes?

¿Reducir el déficit? Sí, pero no en el gasto, porque así lo paga siempre el pueblo trabajador. Mejor reducirlo con más ingresos. Porque usar el déficit recortando gasto como arma arrojadiza es el negocio de los conservadores que mangonean Europa. Para que nada cambie.