Elusión fiscal en la Unión Europea, el enemigo en casa

Elusión fiscal es no pagar impuestos aprovechando agujeros y lagunas de leyes fiscales. También lo es aprovecharse de la falta de coordinación de los ministerios de Hacienda de la Unión Europea y de la innegable falta de voluntad política de acabar con la elusión de los gobiernos de la UE.

Quienes se dedican a eludir impuestos profesionalmente (gabinetes jurídicos, asesorías fiscales…) dicen que la elusión es legal. Tal vez. Pero habrá que ahondar más en esa presunta legalidad. Si se violan los derechos de la ciudadanía, como se hace con la elusión, ¿qué valor tiene la legalidad? Como explicaba Martín Luther King, lo que hizo Hitler era legal. ¿La legalidad hitleriana justifica los crímenes nazis? Por supuesto que no. Entonces ¿por qué la ‘legalidad’ de la elusión fiscal ha de justificarla?

La elusión fiscal significa un gravísimo perjuicio para las arcas públicas; para la ciudadanía, cuyos derechos y servicios básicos ha de garantizar el Estado. Perjudicar a la gente, vulnerar sus derechos, es lesionar un bien jurídico y lesionar un bien jurídico debe ser considerado delito.

Google, Amazon, Microsoft, Mc Donald, Apple o corporaciones mineras eluden impuestos a lo grande. En 2011 Google montó una sociedad pantalla en las Bermudas, transfirió desde EEUU a esa empresa ficticia beneficios de 10.000 millones de dólares y eludió pagar 2.000 millones de impuestos.

Los beneficios de las multinacionales viajan de países desarrollados a paraísos fiscales, pero antes pasan por países más benévolos fiscalmente para ir desdibujando los beneficios hasta llegar a un paraíso fiscal donde simplemente no pagan impuestos. Cabe recordar ahora que 34 grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa de las 35 del exclusivo Ibex tienen 890 filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué las quieren si no es para eludir impuestos? Las transferencias que tejen las elusiones fiscales milmillonarias son posibles por una tropa de intermediarios, banqueros, contables, abogados, asesores fiscales… Habría que empezar a fijarse en esa gente “necesaria” para eludir.

Y tal vez deban establecerse nuevos tipos penales, porque la realidad que la Comisión Europea no niega es que la elusión hace perder de 50.000 a 70.000 millones de euros al año. Ahora, la Comisión Europea pretende afrontar la elusión fiscal con una directiva contra la “erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). Pero esa directiva no propone sanción alguna por ayudar a que las multinacionales paguen menos impuestos, que es lo que ocurre. Además, las medidas propuestas no son obligatorias; dependen de la voluntad del gobierno de cada país. Nada que ver con la obligatoriedad de las directivas que imponen reducir el déficit.

¿Es creíble que Luxemburgo, Austria o Irlanda, que actúan como paraísos fiscales, vayan en serio contra la elusión fiscal? ¿O que lo haga Reino Unido, con sus paraísos fiscales en las islas del Canal y la City de Londres que blanquea millones con la compraventa de carísimos inmuebles de lujo?

La directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal es como tomar aspirina para aliviar el dolor de cabeza causado por un tumor, en vez de extirparlo. Y, para mayor bochorno, como no hay medida positiva de la UE que no se acompañe de algún párrafo o condición que la haga inútil, la directiva contra BEPS no se aplica a bancos ni a Sicav. Bancos y sociedades de inversión de capital variable transferirán beneficios donde les dé la gana para pagar menos impuestos.

Según el grupo los Verdes del Parlamento Europeo, Inditex, propietaria de la cadena de tiendas de moda Zara, eludió pagar 600 millones de euros de impuestos de 2011 a 2014 en Holanda, Irlanda y Suiza por un fino encaje de bolillos de ingeniería fiscal. Según el grupo ecologista, Inditex ha pagado solo 15% de impuestos en Holanda y 12% en Irlanda. Un regalo.

En 2014 Apple pagó un tipo impositivo de 0,001% (¡cinco milésimas de unidad!) como impuesto corporativo por los beneficios registrados en Irlanda. Según la Comisión Europea, el gobierno irlandés permitió que Apple no pagara 14.500 millones de dólares de impuestos que debería haber abonado. Además ha dictaminado que Bélgica había otorgado ventajas fiscales a 35 multinacionales para pagar muchos menos impuestos. Pero no hacen nada.

Tenemos al enemigo en casa. Algo habrá que hacer.

Anuncios

Corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren

Rosa Jensen, que fue vicepresidenta del tribunal de Utrecht, aseguraba hace años que asistíamos al nacimiento de una enorme corrupción supranacional. Y el investigador financiero Denis Robert asegura que hablar hoy de corrupción sin ir más allá es quedarse corto, porque es el mismo sistema económico, el capitalismo financiarizado, el que está viciado de raíz.

Prueba de la extensión de la corrupción es que incluso corrompe su propia definición. La entidad más conocida contra la corrupción, Transparency International, se queda corta al definirla. Corrupción sería solo el abuso de un poder público con fines privados. Pero olvida (no de modo inocente) que, además de funcionarios públicos y políticos al servicio del Estado corruptos, los imprescindibles corruptores al otro lado de la ecuación son privados. Si hay corrupción en África, sudeste asiático y América Latina, por citar tres zonas con fama de gran corrupción, es porque en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hay grandes empresas, presidentes de consejos de administración y consejeros delegados, grandes fortunas y corporaciones que quieren corromper a funcionarios públicos para obtener beneficios ilícitos. Para que haya corrompidos ha de haber corruptores.

Además, ¿quién osará negar que la supresión de reglas y normas de los movimientos de capital ha hecho más fácil la corrupción? Como asegura Rob Jenkins, profesor de la universidad de Londres, dicha liberalización de las economías (con sus privatizaciones masivas de lo público) ha hecho crecer el pago de comisiones ilícitas por empresas privadas que desean hacerse con parte del pastel público privatizado. Y ahí han sido las empresas privadas las que han tomado la iniciativa de corromper, de pagar comisiones ilegales por concesiones públicas.

Por eso dictadores de toda calaña y políticos profesionales de escasa credibilidad democrática abrieron cuentas y depósitos seguros y secretos donde acumular lo obtenido por su corrompida actuación. Pero para ello necesitaban la discreta y leal colaboración de honorables bancos privados.

Apuntado el calado del verdadero problema de la corrupción, recordemos conceptos básicos. Según el diccionario, corrupción es cohecho, soborno. Pero corrupción también es no pagar impuestos que se deben pagar. Como también es corrupción blanquear el dinero sucio que proporcionan los delitos (tráfico de drogas, de personas, de armas…) Y también lo es financiar ilegalmente partidos políticos a cambio de contratas de obra pública o servicios del Estado otorgados a empresas privadas. Algo de lo que tenemos amplio conocimiento en el Reino de España y en lo que parece estar especializado el gobernante Partido Popular. Pero no es el único, por supuesto; ahí está en Catalunya el caso de Convergencia Democrática que ha estado chupando el 3% de comisiones durante más de treinta años. Presuntamente, claro.

Entre unas y otras corrupciones, solo del campo del delito se blanquean al año de 600.000 millones de dólares a un billón. Así lo consideran tanto el FMI como la ONU. Pero son delincuentes, diría un observador ingenuo. Lo son, pero para blanquear tantísimo dinero, esos criminales necesitan a respetables banqueros, prestigiosos gabinetes de abogados y asesorías fiscales de campanillas, más los imprescindibles paraísos fiscales sin los que no hay blanqueo.

El movimiento social ATTAC define los paraísos fiscales como “países, islas o enclaves geográficos con regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas que ofrecen exanciones y beneficios tributarios muy atractivos para el capital financiero a extranjeros no residentes y a sociedades domiciliadas legalmente en el lugar, aunque solo sea con una dirección postal”. No ponen impuestos a los movimientos y operaciones financieras, mantienen una hermética oscuridad sobre esas operaciones y se niegan a facilitar información aunque la pida un ejército de jueces y fiscales. Por lo que cabe deducir que los paraísos fiscales son imprescindibles para blanquear y evadir. Pero no solo paraísos de palmeras y aguas transparentes en el Caribe. También neblinosos lugares como Gibraltar, isla de Man, city de Londres, Austria, Luxemburgo… que blanquean que es un primor en el corazón de Europa.

Pero todo es posible por el intocable secreto bancario y la oscuridad de las transacciones financieras. En fin, a pesar de la complejidad de la cuestión, queda claro y cristalino que corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren.

Evidentemente están al servicio del 0,1 %

En los últimos tiempos se han investigado en el Reino de España créditos sospechosos, ilegales y excesivas remuneraciones, opaca comercialización de productos bancarios, inexplicables cesiones de crédito, maniobras para alterar el precio de acciones… La crisis de la banca y todo lo que la rodea llega a los juzgados. Afecta por ahora a 274 banqueros y consejeros de las antiguas cajas de ahorros y bancos que han sido acusados.

Sucede cuando se hace público que el Tribunal de Cuentas calcula el coste para el Estado por salvar a los bancos españoles en 60.718 millones de euros. Casi un chiste, pues aún suenan las palabras de Mariano Rajoy asegurando que el recate bancario no costaría ni un euro a la ciudadanía. Mariano faltó a la verdad, porque ha costado todo ese dinero que el Estado no recuperará. Y otros 122.000 millones más de recursos comprometidos, garantías, avales… Para salvar a la banca, no a la gente.

Esos miles de millones de euros graciosamente entregados hacen de la banca española la cuarta entidad financiera que más fondos ha recibido directamente desde que estalló la crisis en Europa. Solo superada por la banca de Reino Unido, Alemania e Irlanda.

Pero podría ser más dinero aún pues, como el propio organismo público informa, podría resultar que el coste del rescate fuera de más de 75.000 millones. Porque no se han considerado todas las ayudas públicas a la banca, como la generosa financiación del Banco Central Europeo (BCE), ni los créditos fiscales ofrecidos por el ministerio de Economía, ni el aval a depósitos bancarios…

Como recién han publicado algunos periódicos, por diversos conceptos (que no son entrega directa de dinero), el Gobierno español ha movido más de 350.000 millones de euros en ocho años para mantener los bancos a flote. Y los medios lo recuerdan precisamente cuando aparece una noticia que esclarece aún más de que lado están quienes gobiernan la Unión Europea. El BCE, tras gastar cientos de miles de millones de euros en rescatar a la banca europea, ahora compra bonos de deuda de las mayores empresas a bajo interés.

El Tratado de Maastrich prohíbe que el BCE compre deuda directamente a los Estados y, cuando más generoso ha sido con la deuda pública, ha comprado deuda estatal sí, pero a través de bancos privados en el llamado mercado secundario. El Estado paga intereses más altos por la deuda que coloca y los bancos hacen un buen negocio. Y ahora el BCE compra bonos de deuda de corporaciones multinacionales. Ha empezado con Telefónica, la aseguradora italiana Generali y la francesa Engie. Según el BCE, la compra de deuda emitida por corporaciones es para empujar la recuperación de la eurozona. El BCE pretende que, dando dinero a las corporaciones, esa compra repercuta en los préstamos bancarios. En plata, el BCE pretende reactivar la concesión de créditos a empresas y familias que continúa adormecida a pesar de todos los rescates y ayudas. Pero no aprenden y siguen, olvidadas las empresas no tan grandes.

Algunos analistas apuntan que el BCE dedicara 600.000 millones de euros durante varios años a comprar deuda de grandes corporaciones. Una vez más el BCE y la UE pretende reactivar la economía no con ayudas directas a las empresas medianas y pequeñas, que son muchas y en España, por ejemplo, proporcionan el 75% de empleo. Tampoco ayudas a la gente, que es la que aumentaría la demanda interna con otra situación económica. Esa contumaz ayuda indirecta recuerda que el Nobel de economía, Joseph Stiglitz, aseguró que si el gobierno federal de EEUU y la Reserva Federal hubieran entregado dinero a quienes tenían deudas hipotecarias para poder pagarlas, no hubiera sido necesaria la billonaria cantidad para que bancos y aseguradoras financieras no se hundieran. Ni se hubieran envenenado millones de títulos con hipotecas incobrables, porque éstas se hubieran abonado y no hubiera habido esta crisis.

En la vieja Unión Europea, de 2008 a 2015, los Estados miembros han gastado 747.000 millones de euros en rescates y ayudas al sector financiero, y han comprometido más de un billón de euros en garantías de pasivos. Con tales cifras, a final del año pasado la ciudadanía europea había perdido más de 210.000 millones de euros, que no se recuperarán. Y ahora el BCE decide dedicar 600.000 millones de euros a asegurar los beneficios de grandes corporaciones.

¿Cuándo le tocará a la gente?

El Gobierno de Rajoy ahorra a costa de los parados

El sindicato UGT ha denunciado que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE, antes INEM) no ha dejado de gastar más de 2.200 millones de euros del presupuesto asignado a ese servicio en 2016. Hecho inaceptable que desvela el verdadero interés del gobierno del Partido Popular por la situación de los millones de parados del país. Además, el SEPE ha tenido la osadía de presentar el hecho de no haber gastado ese dinero como mérito y buena gestión. ¿Qué bondad hay en que milones de parados tengan menos ayuda  en subsidios, formación o posibilidad de colocación? Pues eso significa esa cantidad no gastada.

Por si fuera poco, conocemos también los datos de la reducción de ayudas a los trabajadores sin empleo desde que gobierna el Partido Popular. Por obra y gracia del gobierno de Rajoy, el gasto del Estado en protección a desempleados ha bajado al mismo nivel del año 2007. Con el agravante de que actualmente hay 1.600.000 parados más que entonces. Resultado de esa rebaja es que la prestación media actual para desempleados es de 798 euros mensuales, cuando hace nueve años era de 978. Sin olvidar que hoy más de 1.700.000 parados no reciben ninguna ayuda del Estado. Ninguna.

Según datos oficiales, en diciembre de 2007, antes de que la economía entrara en recesión, el Estado dedicaba 1.407 millones a ayuda a desempleados con algo más de dos millones de parados registrados en el INEM, hoy SEPE. De los desempleados registrados poco más del 85% recibían entonces alguna ayuda o protección. Pero nueve años después, con presunta recuperación económica, el gasto en ayuda a parados es casi el mismo; solo 133 millones de euros más para ser exactos, pero los desempleados inscritos en el SEPE son unos cuatro millones, el doble que había entonces.

Aquí no caben retóricos brindis al sol a los que tan acostumbrados nos tiene el gobierno del Partido Popular. Los hechos demuestran el interés real del gobierno de Rajoy por la suerte, presente y futuro de la clase trabajadora sin empleo. Ninguno. Los parados sobreviven por la ayuda de organizaciones solidarias y porque la estructura familiar en este país es fuerte y generosa.

Lo cierto es que desde final de 2009, encadenados a una nefasta política de austeridad más la neurótica obsesión por reducit el déficit púiblico que imponen la Unión Europea y el FMI, el dinero para prestaciones para parados se ha recortado sin cesar, señalando que en 2013 el recorte fue brutal. Ese año, las ayudas a desempleados fueron un 13% menos que el año anterior, aunque los parados aumentaran sin cesar hasta llegar a ser seis millones.

Y todo este tiempo no ha cesado de rebajarse la cobertura de desempleo. El último día de 2016 de las 3.703.000 personas desempleadas inscritas en el SEPE, 1.718.000 parados (44%) no recibían ninguna ayuda del Estado. Demasiadas personas sin empleo, demasiadas personas sin ayuda.

Que no hay duda sobre la conducta cicatera y antisocial del gobierno del Partido Popular lo demuestra que el gasto en prestaciones a parados da como resultado que un desempleado español cobra como prestación el 61% de sus ingresos antes de estar en paro. Por debajo de la media de 16 países de la Unión Europea que es el 69%. En Luxemburgo, un trabajador en paro recibe el 87% de sus ingresos antes de quedarse sin empleo, en Dinamarca 84% y en Suiza 77%. Los parados de Reino Unido y Alemania (67% de su último salario) tienen otras ayudas como vivienda familiar o no pagar impuestos.

La actitud y actuación del Partido Popular con la clase trabajadora es cada vez más nefasta y a los hechos me remito. Pero es más patente cuando se comprueba otra actitud y actuación del gobierno de Rajoy con el sector bancario, por ejemplo. Sin ir más lajos, y son datos del Tribunal de Cuentas del Reino de España, el rescate del sistema bancario español ha costado a las arcas públicas españolas de 2009 a 2015 algo más de 60.000 millones de euros. Pero a los parados se les hurtan 2.200 millones, como se ha apuntado. Por eso sorprende que aún haya trabajadores que voten al Partido Popular. ¿Qué pasa en este país?