La austeridad mata, por tanto es un crimen

Según un reciente estudio del British Medical Journal, los recortes presupuestarios en sanidad pública en el Reino de España han supuesto desmantelar gran parte del sistema sanitario, así como un daño significativo en la salud de la población. El estudio advierte de que si no se revierte la situación, España sufrirá un notable y peligroso aumento de enfermedades infecciosas como tuberculosis, sida… Ya ha ocurrido en Grecia. También destaca el preocupante aumento de depresiones, mayor número de trastornos asociados al alcohol y más suicidios.

El estudio coincide con otros en Europa y Norteamérica que también concluyen que los recortes presupuestarios tienen un efecto devastador en la salud de la gente común. Además, según el estudio, en Madrid, Cataluña y otros lugares, los males citados acompañan a una indecente privatización de hospitales y centros de salud. Privatizaciones que conllevan escandaloso aumento de la espera para ser intervenido quirúrgicamente o someterse a imprescindibles pruebas diagnósticas; disminución o supresión de servicios de urgencias médicas y un evidente y preocupante deterioro de la calidad de la atención sanitaria.

La decisión del gobierno autónomo de Madrid de privatizar hospitales y centros de salud públicos ha provocado una intensa reacción ciudadana con manifestaciones, denuncias judiciales, ocupaciones de centros de salud y hospitales… Vecinos y vecinas del barrio madrileño de Vallecas, por ejemplo, ocuparon recientemente un centro de salud privatizado para mostrar que no aceptarán que les arrebaten lo que es de todos en beneficio de empresas privadas. Y han denunciado que esas empresas recortan presupuestos, reducen  personal sanitario, imponen contratos precarios, rebajan salarios, contratan personal sin suficiente cualificación y, peor aún, seleccionan pacientes, relegando a los menos rentables (personas mayores, enfermos crónicos, inválidos…).


Y no ocurre solo en España. Escenarios similares se dan en Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, Reino Unido… Y en Cataluña, otra cara del asalto a la sanidad pública. Corrupción. El director del Servicio Catalán de la Salud es también apoderado de seis empresas sanitarias privadas que en 2012 facturaron 14 millones de euros al gobierno autónomo catalán, de cuya administración ese director forma parte. ¿No huele a delito? Pues es solo un botón de muestra. En el saqueo de la sanidad pública se dan varias conductas delictivas. La coartada sempiterna para tamaño pillaje a costa de derechos de la ciudadanía es que hay que ajustar presupuestos y bajar gastos para reducir la deuda y el déficit públicos. Pero ¿son deuda y déficit públicos causantes de tal  depredación?

Lo cierto es que, en este buscado y provocado ceremonial de confusión, hay un agujero de un billón de dólares por evasión de impuestos de grandes empresas. Son origen de recortes y ataques a la sanidad pública. Los estados ingresan mucho menos, a mayor beneficio de la minoría rica. Y la minoría saca tajada por partida doble: por cobro de intereses de deudas públicas adquiridas con ventaja y por beneficios de la apropiación ilegítima de la sanidad pública.

Hace una treintena de años empezó la rebaja de impuestos a los ricos y muy ricos. Reagan y Thatcher abrieron el baile y siguieron otros gobiernos, descaradamente al servicio de la minoría rica. Y de aquellos polvos, estos lodos de recortes presupuestarios, deuda como trampa y déficit público como coartada suprema. Pues el asalto a la sanidad pública  tiene que ver con todo eso. Absolutamente ilegítimo y bordeando la criminalidad. Porque se trata de la salud, de la vida. Derechos.

Si se llegara a creer que los derechos humanos solo son principios, frases hermosas, como bonitos e inútiles jarrones chinos que molestan por el sitio que ocupan, estaríamos perdidos. Porque hablamos de la vida, de la libertad y de la justicia.

Pero los derechos humanos no solo son principios. Son ley internacional. Desde 1948, todos los países agrupados en la ONU han desarrollado una cuantiosa legislación sobre cómo y porqué del obligado respeto de los derechos humanos. Una normativa internacional que los países han debatido, aprobado y ratificado. Una legislación que obliga. Por tanto, la mayoría de estados que perpetran la letal austeridad con desastrosas repercusiones en la sanidad y en la vida infringen la ley internacional. Gobiernos y cómplices del saqueo de la sanidad delinquen.

Algo habrá que hacer al respecto.

 

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Sí se puede cambiar este mundo indecente

¿Por qué una manifestación para salvar un parque de Estambul desata una rebelión ciudadana por toda Turquía? En varias ciudades, ha habido manifestaciones de decenas de miles contra el Gobierno de Erdogan, ferozmente reprimidas. Amnistía Internacional denuncia que podría haber dos mil heridos y al menos dos jóvenes muertos por la brutal represión policial. El motivo original era salvar un parque de Estambul, pero pronto los manifestantes exigieron la dimisión del Gobierno. La revuelta iniciada en la plaza de Taksim es un gran movimiento ciudadano para frenar el autoritarismo del gobierno de Erdogan.

En casi todos los países de Europa ha habido protestas ciudadanas contra el vaciado de la democracia y los recortes de derechos. Las movilizaciones no cesan y la rebelión ciudadana brota en otros lugares. Pero acaso sea tiempo de avanzar. Además de denunciar, protestar y reivindicar, hay que elaborar programas comunes mínimos. Para un cambio profundo. Por eso, es tiempo de coordinación de plataformas, asociaciones y movimientos sociales en un movimiento ciudadano unificado y transformador. Para hacer política. No la política tramposa y con cartas marcadas del sistema. Política de valores republicanos. Y difusión de esos valores contra el individualismo y la hegemonía del beneficio como motor principal.

Hora de propuestas y programas concretos; de ocupación de zonas de poder; de iniciativas económicas y sociales imaginativas regidas por principios de solidaridad, cooperación y respeto a la Tierra. No para volver a la situación anterior a la crisis. Esa socialdemocracia vergonzante ya no sirve. Con este capitalismo de democracia desinflada, la crisis es el pretexto de la minoría rica dominante para perpetrar el mayor ataque del último siglo contra las clases populares y recuperar el estatuto que esa minoría tenía antes de la segunda mitad del siglo XX. Por eso hay que cambiar a fondo, porque pretenden reducir la ciudadanía a casi nada. Los apaños no valen.

Regresar al bienestar de antes de las hipotecas basura es volver al modelo basado en el crecimiento indiscriminado y la posesión ascendente de bienes materiales. Que supone la explotación de parte de población mundial para que otra más reducida disfrute del presunto bienestar. Además de que tal modelo agota recursos naturales y condiciona gravemente a las generaciones venideras.

El objetivo es otro modelo económico, político y social. Justo, equitativo, respetuoso con la naturaleza, no basado en el crecimiento ilimitado y sí en el respeto a los derechos humanos en todas partes y a la Tierra.

Y no digan que no es posible, que es utópico. Utopía es lo que hoy no es, pero puede ser. En mayo de 1886, la clase obrera de Chicago arrancó la jornada laboral de 8 horas tras ser reprimidos, encarcelados y ejecutados. ¿Utópico? Lo lograron.

En el XIX, algunas mujeres norteamericanas reclamaron el derecho de todas a votar. Desde 1917, se concentraron cada día frente a la Casa Blanca exigiendo el voto.

Insultadas, vejadas, reprimidas… y más de 200 activistas, detenidas. Pero en 1919 el Congreso aprobó la ley por la que las mujeres votaban. Vencieron.

En 1930, Gandhi y unas docenas de personas iniciaron una marcha de cuatrocientos kilómetros hasta el mar contra el monopolio británico en el comercio de sal en la India.

Al finalizar, eran miles. Y empezó la desobediencia civil que años después llevó a la independencia. En diciembre de 2010, en Túnez comenzaron las manifestaciones ciudadanas que exigían democracia y derrocaron el gobierno dictatorial de Ben Ali. En Egipto, multitudinarias concentraciones en la plaza de Tahrir derrocaron al dictador Mubarak…

Quienes dicen que no se puede hacer nada desconocen la historia. ¿No se acabó con las monarquías absolutas y se formaron repúblicas? ¿No se eliminaron las condiciones infrahumanas de los trabajadores del siglo XIX? ¿El fin del apartheid en Sudáfrica acaso fue imaginación de Mandela? ¿No estaban solos e ignorados aquellos primeros ecologistas de mediados del XX? ¿No avanza América Latina en eliminar la pobreza?…

Perseguidos, tachados de locos, de subversivos, encarcelados… Persistieron y han conseguido lo que soñaron o abrieron el camino. Aunque fuera utópico.

Sí se pueden cambiar las cosas. No me digan que no es posible frenar a la dictadura financiera y construir otro mundo decente y justo. Porque sí se puede.

Delitos y crímenes económicos

Esta es una historia a tres bandas. Por un lado, los trabajadores financian Europa. En el Reino de España, por ejemplo, cerca del 90% del total de impuestos recaudados procede de las rentas del trabajo. En Grecia, Portugal, Italia… tres cuartos de lo mismo. Por otro lado, quienes más tienen eluden y evaden impuestos por sistema. Cada vez más. En Reino Unido, 466 empresas de las 700 mayores corporaciones apenas pagaron 12 millones de euros en 2005 y 2006 en impuestos por beneficios, mientras las otras 234 no pagaron ni una libra. Y no es una situación excepcional. Según Xavier Harel, los impuestos eludidos y evadidos cuestan a la Unión Europea 200.000 millones de euros anuales.

Y en el tercer lado del relato, los grandes delincuentes parecen tener patente de corso, gozar de práctica inmunidad. Criminales que saquean a mansalva, corrompen, especulan y maquinan para elevar precios, blanquean dinero sucio y negro y ejecutan enormes estafas. Como dice Manuel López-Rey, “mientras el ladrón común es considerado un marginado, el delincuente económico no está marginado ni se enfrenta al sistema, porque forma parte de él”.

Como denunciara Alejandro Teitelbaum, hay impunidad de los delincuentes económicos por la actuación y las omisiones de las instituciones y poderes políticos. Fruto de la evasión de impuestos y de los crímenes económicos, según Tax Justice Network, los patrimonios ocultos en paraísos fiscales suman de 21 a 32 billones de dólares. Y de esa ocultación y del consiguiente fraude fiscal son cómplices necesarios los 50 principales grandes bancos privados así como los más importantes despachos de asesoría legal y contable.

En España, 33 de las 35 grandes empresas del Ibex tienen filiales, delegaciones o empresas pantallas en paraísos fiscales, según un informe elaborado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. En total hay 437 empresas, delegaciones o filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales; 60% más que hace tres años. Banco Santander, BBVA, ACS, Repsol, FCC… están establecidos en Delaware, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Suiza o Hong Kong. No para hacer turismo. Y 550.000 millones de euros de origen español (equivalente al 45% del PIB) se ocultan en paraísos fiscales, según la revista Alternativas Económicas.

Se podría hablar en términos semejantes del resto de países europeos. El fraude fiscal es un gravee problema. Por eso, mandatarios de la Unión Europea se reunieron hace unos días para enfrentarse al fraude fiscal. O eso dijeron. Pero, como en anteriores ocasiones, lo hablado en Bruselas sobre combatir el fraude fiscal solo ha sido un capítulo de buenas intenciones.

Nada se concretó sobre el imprescindible fin del secreto bancario, la opacidad y desregulación de transacciones ni tampoco contra la “ingeniería” financiera evasora de impuestos de grandes empresas. Cómo tampoco se acordó plazo alguno de tiempo para concretarlo. Ni tampoco se apuntó ningún mecanismo para obligar a los estados a cumplir sus obligaciones contra el fraude fiscal, como les obligan a cumplir con el déficit presupuestario marcado. Y los paraísos fiscales, ni mencionarlos.

¿Cómo creerá nadie que la Unión Europea haga algo contra el contubernio ‘fraude fiscal-paraísos fiscales’ cuando dos estados de pleno derecho (Austria y Luxemburgo) son paraísos fiscales y en el Canal de la Mancha hay diminutas islas británicas que también lo son? Por no hablar de la City de Londres.

La clave es acabar con el secreto bancario. Y acabar con el secreto bancario significa que nadie tenga la menor posibilidad de ocultar en lugar alguno fondos, depósitos,  cuentas corrientes y beneficios para escamotearlos a las autoridades tributarias y judiciales.

En inglés, delito y crimen no se distinguen; en ambos casos es crime.Pero en castellano puede haber un delito con sanción penal que no sea un crimen (ser miembro de un partido en la dictadura franquista, por ejemplo, o abortar en regímenes derechistas). Como puede haber un crimen que no sea delito, porque no esté tipificado en el código penal. Ese es el caso. Los paraísos fiscales son centros criminales, como crímenes son ciertas actuaciones económicas y financieras habituales. Pero aún no se ha conseguido tipificarlos como delito.

Este estado de crimen económico permanente aumenta la legitimidad de la ciudadanía en todas sus reivindicaciones y exigencias. Una legitimidad que emana de que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Porque, al fin, es una cuestión de derechos