El conflicto catalán, dos nacionalismos enfrentados

El 11 de mayo se votó en el Parlament de Cataluña para elegir al nuevo presidente de la Generalitat catalana. El candidato era Quim Torra, miembro de Convergencia Democrática de Cataluña, hoy PDECat (Partido Demócrata Europeo de Cataluña) integrado en la coalición Junts per Catalunya (JxCat) que lidera el huido Puigdemont. Torra es considerado un independentista radical.

Torra no fue investido entonces, pero lo fue el lunes 14 de mayo, elegido por mayoría simple. Para que no quepa duda sobre la postura política de Torra, en su primer discurso de investidura afirmó que “nuestro presidente es Carles Puigdemont. Seremos leales al programa del 1 de octubre y a la construcción de la república“. Pero no dijo como se construirá esa república. Aunque, por supuesto, también expresó su voluntad de dialogar con el gobierno de España sin condiciones previas.

Desde el partido Popular y el gobierno que sostiene, también Rajoy ha dicho estar dispuesto a dialogar. ¿Qué diálogo cuando, tras calificar el conflicto con los independentistas catalanes como el mayor “ataque a nuestra soberanía nacional”, Rajoy ha amenazado (así sonaba) que el 155 “ya no es sólo un artículo de la Constitución sino un antecedente y un procedimiento para el futuro si fuera necesario”?

¿Es posible diálogar cuando uno pide blanco y el otro dice negro? Dialogar supone estar dispuesto a ceder. ¿Hasta donde cederían Torra y Rajoy? Una cosa son las frases de miting o las declaraciones en rueda de prensa y otra la cruda realidad.

¿Se pondrán de acuerdo PP y el gobierno Rajoy con Torra-Puigdemont y Junts per Catalunya?

Parecería que sí, pues a fin de cuentas ambos son conservadores y creen en el sistema capitalista y en esta democracia representativa, donde los representados solo cuentan cada cuatro años y pintan mucho más todo el tiempo los representantes, los políticos profesionales.

PP y PDECat tienen bastante en común. Son muy conservadores y han sido aliados en el Congreso durante décadas. ¿Sabían que, cuando empezarron las medidas de austeridad, el primero en implantar el copago de medicamentos fue Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña? Y tanto PDECat como PP son nacionalistas, aunque este último no quiera reconocerlo. También cabe señalar que el nacionalismo español del Partido Popular es sucesor y heredero del nacionalismo español franquista. No es el caso del PDECat (antes CDC) que, sin embargo, no ha dejado de sacar tajada en nombre de Cataluña.

Hay más concurrencias. Tanto PP como CDC (se llame como se llame ahora) tienen o han tenido en común una corrupción organizada para financiar ilegalmente parte de su actividad política. La confirmación por Hacienda en el caso Gürtel de que el Partido Popular se ha financiado de modo ilegal tal vez induzca a que ese partido sea finalmente condenado por financiación ilegal como partícipe a título lucrativo. Casi como en otra condena de CDC en Barcelona por llevarse más de 6 millones de euros como beneficiario de una corrupción organizada.

En el juicio del caso Gürtel técnicos de Hacienda testificaron que hubo financiación ilegal del Partido Popular, con prácticas prohibidas por la ley, de sus campañas electorales tanto generales (año 2000) como regionales (Madrid y Valencia). Y en Cataluña, en el caso ADIGSA, CDC cobró también comisiones ilegales del 3% del presupuesto de obras públicas adjudicadas por el gobierno de Convergencia i Unió (CiU).

Denunciado el caso en 2005, archivado entonces y reabierto en 2015, el caso ADIGSA se investiga judicialmente. Un proceso al que cabe añadir el caso Palau con una sentencia de 9 años de cárcel para Luis Millet (cerebro de la corrupción), 4 para Osàcar (ex-tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña) y la condena de CDC por apropiarse de más de 6 millones de euros como beneficiario.

De nuevo en nuestros días, parecería que nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes pueden entenderse. Pero, como cualquier nacionalismo, ambos necesitan enemigos exteriores y ambos agitan emocionalmente a sus seguidores. Por eso no hay avenencia sino enfrentamiento de nacionalismos. No olvidemos que la I Guerra Mundial, por ejemplo, fue por intereses enfrentados de Alemania y Francia, ambos estados capitalistas, ambos conservadores y ambos nacionalistas.

Volvemos a la casilla de salida en el conflcito catalán, pues no parece que nadie quiera dialogar de verdad. Habrá que ver investido como presidente a Quim Torra y, sobre todo, qué hace cuando lo sea. Es fácil decir que es presidente provisional porque el presidente ha de ser otro cuando no tienes poder. Otra cuestión es cuando lo tienes.

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Urge recuperar en España una democracia sin rebajas ni autoritarismos

En los últimos días ha ocupado portadas y sumarios de medios informativos el escándalo de las notas falsificadas en la concesión de un máster universitario a la presidenta del gobierno autónomo de la región de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo publicado, más allá de falsear notas y otras irregulariades destapadas que han engrosado esa bola de nieve, como han denunciado algunos medios, el caldo de cultivo de tan impropia actuación podría ser que ese instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizaba el máster engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico, llegó a hacer convalidaciones en grupo, retocar calificaciones y falsificar firmas, como ha demostrado la documentación aportada por el periódico digital eldiario.es, el que más a fondo ha denunciado ese escándalo.

El partido Popular quería tener su propia universidad y ésa fue la Rey Juan Carlos. Como han denunciado algunos profesores y alumnos de la misma, ésta se habría convertido en área de colocación para dirigentes del PP tras tener que dejar algún cargo público. Un dato esclarecedor al respecto es que el número de profesores visitantes (figura flexible que permite dar clases en una universidad sin pasar por oposiciones o ser profesor titular) suele ser cuanto más un 1% del cuerpo docente, pero en la Rey Juan Carlos ese porcentaje asciende al 25%.

Parece haberse cumplido el refrán de que cuando el río suena, agua lleva y la URJC ha suspendido al responsable del máster que dice haber hecho la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, y expedientado también a la funcionaria que cambió sus notas, además de plantearse retirar el máster a Cifuentes.

El escándalo de los notables atribuidos a Cristina Cifuentes en dos asignaturas del máster, sin siquiera haberse examinado como ha informado eldiario.es, no sorprende demasiado, porque el Partido Popular y los gobiernos que sostiene (central o regionales) nos han acostumbrado a portadas de los medios informativos por sus diversas presuntas corrupciones, algunas ya demostradas. Tanto es así que hoy hay un millar de cargos públicos y dirigentes de diversos rangos del PP acusados, procesados o incluso ya condenados en inacabables causas por corrupción.

La desvergüenza de un máster otorgado sin haber asistido ni un solo día a clase ni haber podido mostrar nunca el trabajo de fin de máster, estalla unas cuantas semanas después de que Guardia Civil, fiscales y jueces de instruccción hicieran público, tras la investigación de los casos Gúrtel, Púnica y derivados, que el Partido Popular ha financiado ilegalmente campañas electorales desde hace décadas.

Por lo publicado, esa financiación ilegal habría utilizado el viejo método de conseguir dinero contante y sonante de empresarios por adjudicarles obras y contratos públicos por comisiones del 3% del total adjudicado ilegalmente. Tal financiación habría pagado actos electorales de las elecciones generales que ganó Aznar en el año 2000, Francisco Camps las regionales de la comuidad autónoma de Valencia y Rita Barberá las del ayuntamiento de esa capital.

No es preciso insistir en el volumen y gravedad de la corrupción (que afecta al PP y sus gobiernos, pero de ningún de modo exclusivamente) por ser un tema harto conocido. Pero sí cabe señalar que el deterioro de la vigente democracia (obra del régimen político surgido de la Constitución de 1978) ha aumentado, por ejemplo, con ataques contra la libertad de expresión por la llamada Ley Mordaza, aprobada el 30 de marzo de 2015. ¿Por qué recordar ahora la ley Mordaza? Porque aunque corrupción es soborno y cohecho, también es perversión según el Dicionario de la Lengua española. Y esa ley Mordaza, denunciada por Amnistía Internacional, y Jueces y Juezas por la Democracia y profesores de derecho penal, ha corrompido la normal vida democrática de este Reino y provocado situaciones tan kafkianas como meter en la cárcel a raperos y escritores de tuits por palabras escritas o dichas, no por verdaderos delitos, mientras juzgados y condenados por corrupción (Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, por ejemplo), no van por ahora a la cárcel y, como Urdangarín) puede vivir en Suiza gozando de libertad, con las únicas condiciones de presentarse ente el juez una vez al mes y deber comunicar si sale de Europa.

Si estuviera entre nosotros don Quijote, hoy parafrasearía “con la ley Mordaza hemos topado, amigo Sancho”. Como será esa ley Mordaza que un editorial del estadounidense diario The New York Times instó a la Comisión Europea a condenar esa ley, basándose en el informe del relator de Naciones Unidas para derechos humanos, quien también pidió a los legisladores españoles que derogaran esa ley.

Pero ahí está, autoritaria e intocable la ley Mordaza, al tiempo que aumentan las sentencias por delitos que no son tales en países democráricos, pero que encierran a los procesados en la cárcel con penas que no son precisamente leves. Y eso es corromper la democracia. Aunque aún más preocupante sea el encarcelamiento desde hace medio año de dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

Sobre el delito de rebelión, del que se acusa kafkianamente a dirigentes catalanes independentistas para justificar su prisión, cabe recordar que, según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Y no ha habido ningún alzamiento violento en Cataluña, ni siquiera violencia digna de ese nombre. Al respecto vale la pena reproducir las palabras del profesor de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo: “El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de la euro orden del juez instructor es un delito imaginario, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

No hay duda de que en los últimos años, al tiempo que la llamada crisis empeoraba la vida de la ciudadanía española, ha habido un innegable avance del autoritarismo, de agresiones contra las libertades, como la de expresión. Sin embargo renace alguna espranza tras la confortadora sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea, que ha condenando al Reino de España por imponer una pena de carcel de dos años a unos jóvenes que quemaron fotos del Rey. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión ha afirmado sin el menor resquicio de duda que esa acción fue un ejercicio de libertad de expresión. Si la máxima autoridad judicial europea en derechos dice que quemar una fotografía del Rey es libertad de expresión, ¿qué hacen en la cárcel raperos y tuiteros por haber dicho o escrito da igual qué? Como tampoco hay rebelión que valga en la actuación de los independentisas catalanes encarcelados o imputados. Por eso tampoco puede seguir la actuación injusta y prepotente del gobierno Rajoy y de otros poderes polícos. Una actuación que erosiona y deteriora día tras día el sistema democrático.

Urge recuperar en España una democracia, digna de tal nombre, sin rebajas ni la menor interpretación autoritaria.

 

Los jubilados españoles se cabrean y llenan las calles del Reino de España

El sábado 17 de marzo hubo un montón de concentraciones y manifestaciones de jubilados y pensionistas en un centenar de ciudades españolas. Por la mañana y por la tarde. Y no eran miles los manifestantes, como titularon pusilánimes los medios con un sospechoso en ocasiones exceso de prudencia, sino cientos de miles. Si en Bilbao se manifestaron más de 110.000 personas, en Madrid 60.000 y en Barcelona más de 50.000, si sumamos hasta cien ciudades más de todos los tamaños ¿no serán realmente cientos de miles los manifestantes y concentrados, incluso un millón o más?

Los manifestantes reivindicaban pensiones dignas y, especialmente, denunciaban con rabia (por considerarlo una tomadura de pelo) el modo de actualizar las pensiones; ese aumento anual del 0,25% de las pensiones. Aumento que en la practica y con cifras reales parece un chiste malo porque supone menos de un euro, un euro, dos o tres euros de aumento, cuanto más.

Según los clásicos indicadores capitalistas del crecimiento económico (PIB, inversión, consumo exportaciones, ventas…) en el Reino de España ha habido recuperación económica. Pero, por lo visto, la recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones. Ahí radicaría la evidente indignación de los cientos de miles de jubilados que ocuparon las calles . Por esa vital razón, pero también, por la desfachatez del jefe de gobierno, Mariano Rajoy, quien en el Congreso de los Diputados rechazó alto y claro subir las pensiones. Como también se negó a tener en cuenta el aumento del coste de la vida que señala el Índice de Precios al Consumo (IPC) para actualizarlas. Y, para mayor guasa, anunció una rebaja del IRPF a los pensionistas como ayuda.

Una burla porque resulta que el 63% de los jubilados ya no pagan IRPF (evidentemente por la pobreza de sus pensiones) como ha explicado la asociación sindical de Técnicos de Hacienda (GESTHA), conocida por sus rigurosos informes sobre Hacienda e impuestos. Por tanto, las rebajas fiscales para los pensionistas es otro brindis al sol. Además, ¿de que serviría la reducción anual de unas docenas de euros o máximo unos pocos cientos (si fuera el caso) cuando el resto de meses del año (sin declaración de renta ni posible devolución) se sigue recibiendo una pensión de miseria?

Las cifras hablan por sí solas. En España hay 8.700.000 pensionistas de los que casi un millón perciben 150 euros mensuales (unos 90.000 incluso menos) o algo más. Luego 2 millones cobran de 551 a 650 euros. Entre unos y otros, casi un tercio de pensionistas perciben pensiones en el umbral de la pobreza o menos. Un 2.000.000 de pensionistas perciben de 651 euros a 1000 euros y quienes reciben pensiones de más mil euros hasta 2.580, son algo menos de tres millones de pensionistas.

Resumiendo, dos millones y medio largos de pensionistas tienen pensiones dignas, otros tres millones están en riesgo de pobreza (o se han precipitado en ella) y unos dos millones setecientos mil están entre dos aguas, entre Pinto y Valdemoro. Ni suficiente para no sufrir apuros ni riesgo de pobreza.

Es evidente por lo expuesto que hay muchos más jubilados con pensiones bajas (incluso de miseria) que quienes perciben pensiones dignas. Y, ante esas cantidades y porcentajes de gentes en riesgo de pobreza y exclusión social, uno diría a Rajoy, Sáenz de Santamaría, Montoro, Fatima Báñez y demás personajes y personajillos del gobierno del Partido Popular, ¿porque no intentan vivir con 600, 800 o incluso 1000 euros de ingresos mensuales? Aunque, para ser exactos, hay que añadir que las pagas públicas, (y las pensiones lo son) son catorce: doce mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, una antes del verano y otra semanas antes de las fiestas navideñas. Pero, aunque esas pagas extraordinarias aumenten un tanto los ingresos de los jubilados, no resuelven una realidad evidente: las bajas o muy bajas pensiones que se abonan en el Reino de España. A quienes perciben 600 euros mensuales, ¿qué les arregla que dos veces al año les paguen 1.200 euros para llevar un vida digna sin apuros?

Para rematar la execrable injusticia de pensiones insuficientes y a menudo indignas, recibir una pensión no es gracia o favor sino uno de los derechos humanos que proclama indiscutible y claramente la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 22) que España ha firmado y ratificado. Y eso significa que ha de respetarla, aplicarla y desarrollarla.

Para mayor cachondeo, el gobierno Rajoy ha propuesto que desde 2019 las pensiones se calculen según la esperanza de vida (aunque no ha dicho cómo) y los conocedores de la materia ya han adelantado que ese sistema supondrá rebajar la cuantía de las futuras pensiones. Por otra parte, la actualización anual de las pensiones desde hace tres años no tiene en cuenta el coste de la vida ni el aumento de precios sino el estado general de la economía, aunque el mínimo a aumentar será siempre el citado y ridículo 0,25% de la pensión.

Ante la petición de la oposición parlamentaria de que se aumenten las pensiones, Rajoy ha respondido que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Olvida Rajoy (sin referirnos por ahora a los miles de millones para Defensa camuflados en partidas de otros ministerios) que sí hay dinero, Dinero desviado, evadido o saqueado por su incompetencia, irresponsabilidad o complicidad. Olvida también (o simula no saber) que el Estado pierde cada año 150.000 millones de euros: 90.000 por corrupción y 60.0000 por evasión de impuestos. Cifras oficiales. ¿Porqué el gobierno que preside no se toma en serio acabar de una vez con la corrupción y el fraude fiscal? ¿O, cuanto menos, reducirlos notablemente? Porque es posible.

¿Comprenden por qué las y los pensionistas están tan cabreados?

Partido Popular, conflicto catalán y legalidad

En el conflicto desatado por la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y los sucesos consecuentes, tal vez la palabra que se haya oído con mayor insistencia haya sido: legalidad.

Rajoy, miembros de su gobierno y dirigentes del Partido Popular no han cesado de denunciar a los independentistas catalanes y reclamar como prodigioso abracadabra su retorno a la legalidad. El cúmulo de declaraciones, exigencias, peticiones y amenazas se resume en todo con la legalidad, nada sin la legalidad.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de legalidad?

El diccionario de la lengua española define la legalidad como “cualidad de lo que es conforme a la ley“, explicación muy esclarecedora. Por tanto, la cúpula del PP, con Rajoy a la cabeza, al citar tanto la legalidad, pide a los independentistas que actúen conforme a la ley. Veamos un poco más a fondo.

Más allá del hecho innegable de que la ley (toda ley, cualquier ley) no es monolítica sino interpretable (y por eso hay abogados, fiscales, jueces, varias instancias y recursos ante éstas), la legalidad, actuar conforme a ley, lo abarca todo y obliga a todos. No caben excepciones ni afecta solo a una parte de la actuación política, social o económica. Pero según las muy abundantes declaraciones de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular, en el Reino de España parece que solo estarían fuera de la legalidad los independentistas catalanes. Sin embargo, tal aserto se desmiente ante el agitado panorama político y socio-económico real.

¿Cuántas situaciones, hechos y actuaciones no “conformes a ley” se dan en este Reino, además de los perpetrados por independentistas catalanes?

A modo de esclarecedor paradigma, ¿es conforme a ley que tantos cargos públicos del PP hayan adjudicado presuntamente obras y contratos públicos a empresarios, que a su vez han donado cuantiosas cantidades de euros en efectivo con las que se han financiado actos de campañas electorales del PP? Según el analista Gustavo Buster “actualmente están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de comunidades autónomas, cinco expresidentes de Diputación, cinco parlamentarios nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, tres extesoreros nacionales del partido, y hasta 800 concejales y cargos menores del PP, de un total de 1800 cargos públicos investigados“. Esclarecedor.

¿Es conforme a ley pagar en negro regularmente a altos cargos del Partido Popular tal como mostraron los papeles manuscritos de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP ? En el actual clima de pedir cuentas a los independentistas catalanes ¿no cabría exigir también a cargos públicos y dirigentes políticos del PP, no solo que “vuelvan a la legalidad” (y los corruptos devuelvan el dinero ilícito sustraído) sino que asuman las responsabilidades políticas por haber permitido tal desbarajuste de corrupción, dimitan y acepten las sanciones que les correspondan?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a la ley que el ministro de Interior ignore la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegales las “expulsiones en caliente” de refugiados y otros migrantes y declaré públicamente que no la cumplirá?

Y, ya metidos en harina, ¿es conforme a ley que el PP financiara de forma ilegal la campaña de las elecciones generales del año 2000, (dirigida por Rajoy, por cierto) que dio a José María Aznar la mayoría absoluta como se documentó y denunció entonces medios de comunicación?

¿Respeta la legalidad la presunta abundante financiación bajo mano y en efectivo de varias campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana a cambio de contratos y obras públicas como se ha testificado en procesos por corrupción y han ratificado los técnicos de Hacienda?

Incluso la Fiscalía Anti-Corrupción pidió la condena del PP por lucrarse de una financiación delictiva. ¿Son conforme a ley los nuevos chanchullos, enjuagues y corrupción que se descubren en las investigaciones judiciales en marcha (caso Lezo, Canal Isabel II…)?

¿Es conforme a ley que el gobierno de Rajoy oculte a la ciudadanía los multimillonarios sobrecostes de grandes obras pagadas por el Gobierno de España, sobrecostes conocidos hoy en los juicios de corrupción de los casos Gürtel y Taula ?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a ley que el gobierno del PP de España no cumpla las once recomendaciones del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción ni muestre indicios siquiera de que vaya a hacerlo? No es una cuestión menor, pues la corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones de euros al año según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Cuánto no mejorarían los servicios a la ciudadanía, la atención a los desfavorecidos, la disminución de la pobreza, la ayuda a los parados (que disminuye) y un largo etcétera con unos presupuestos generales del Estado que ingresaran unos cuantos miles de millones de euros más?

Hay más hechos y situaciones, no conformes a ley, protagonizados por cargos del PP y entonces cabe preguntar: ¿cuánta desfachatez más piensa mostrar el PP, que no cesa de reivindicar la legalidad al hablar de Cataluña? Aquí se cumple del todo lo de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

No estoy nada de acuerdo con los independentistas catalanes. Pero eso no quita que la hipócrita y cínica conducta del PP en el conflicto catalán despoje a los populares de cualquier credibilidad al mentar la legalidad.

No hay dos modos de entender la legalidad. No actuar conforme a ley es quebrantar la ley. Bien sea convocando un referéndum ilegal, saqueando las arcas del estado o haciendo un corte de manga a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Si elaboráramos una lista de partidos que han gobernado e infringido la legalidad, el PP estaría ahí y acaso no en los últimos lugares. Por eso sería de agradecer que dejen de citar y citar el respeto a la legalidad, algo en lo que no tienen práctica ni costumbre.

Lo que no se ve tras el conflicto entre gobierno PP e independentistas

Llevamos todo un trimestre con una agitación política y mediática que no cesa a propósito del conato (que en realidad no fue) de proclamar el señor Puigdemont, la independencia de Cataluña. Y ahí cabe alguna precisión que otra sobre la verdadera entidad del conflicto (que haberlo, haylo).

La crisis en Cataluña se ha utilizado también para que muchas noticias relevantes que tenían que haber alterado ánimos ciudadanos hayan pasado como si no hubieran sido. Por ejemplo, el final del juicio del caso Gürtel, en el que, según concluyó la fiscal anti-corrupción, Concepción Sabadell, “ha quedado abrumadora y plenamente acreditada la existencia de la caja B del PP” que financió al partido. Una caja B que acumulaba el importe de las comisiones ilícitas al Partido Popular por adjudicar obra pública y contratos también públicos

También caso Gürtel, poco ha destacado que el inspector-jefe, Manuel Morocho, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel , haya declarado que hubo presiones y querellas contra la UDEF para frenar la investigación, que la financiación irregular del PP es “corrupción en estado puro” y que dirigentes como Mariano Rajoy cobraron sobresueldos en negro.

Sorprendentemente (o no) esa noticia no ha salido en las portadas del País, ni de ABC, ni de El Mundo, ni de La Razón ni, por supuesto, en los sumarios de los telediarios de TVE. Los titulares han sido mayoritariamente sobre y contra los independentistas catalanes.

Tampoco ha destacado la prensa que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el ex-vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero, por haber creado “sociedades en el extranjero para defraudar a la Hacienda Pública“.

Y no se ha visto bastante que Alberto Ruiz Gallardón está imputado por prevaricación y falsedad documental en el supuesto y delictivo “desvío de fondos” para comprar una filial latinoamericana del Canal Isabel II.

Entre otras cosas tampoco ha destacado de modo suficiente (que debiera) que el Gobierno Rajoy reduce por tercer año consecutivo la inversión en Sanidad, Educación y Protección Social, mientras la deuda pública alcanza el billón de euros. Tampoco se ha destacado que el gobierno Rajoy ha tirado a un cajón la muy necesaria ley de reforma hipotecaria que había de acabar con el aumento de desahucios injustos sin alternativa para la gente desahuciada.

Pero tal vez lo peor sea que ministros de Rajoy admitan que se podrían devolver competencias autonómicas al gobierno central en la comisión de reforma constitucional del Congreso. Esos ministros han propuesto una regresión autonómica como opción aceptable. Que por ahí van los tiros lo demuestra la declaración del ministro de Justicia, Catalá, al decir que “algunas políticas, que tuvieron sentido quizás en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, ahora manifiestan disfunciones disonantes“. Mientras la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, defiende que “se puede reformar en un sentido o en otro“. Lo que suena fatal y apesta a despótico.

Al final resultará que la derecha rancia, corrupta y autoritaria, directa heredera del franquismo, podría salirse con la suya: volver de facto a un repugnante escenario franquista.

Pero solo será si se lo permitimos.

En tal situación, ante las cercanas elecciones catalanas, hay que empezar por pedir a los independentistas de ERC que, tras haber fastidiado tantas cosas con su ausencia de realismo político, precipitación y pésimo cálculo, olviden la DUI y fantasías semejantes. El objetivo del 21 de diciembre ha de ser una mayoría parlamentaria en Cataluña, pero no independentista sino radicalmente democrática. Para vencer a los que se autodenominan ‘constitucionalistas‘ que no son más que la derecha de siempre que solo acepta el sistema democrático si mandan ellos.

Ese es el objetivo porque, entre otras razones , el enemigo de la ciudadanía y de la clase trabajadora catalana y de todo el Estado no es España sino la clase dominante española que, por cierto, todos estos años se ha dado el pico con la clase dominante catalana hasta noviembre de 2014.

¿En qué cabeza cabe un proceso político en el que van de la mano los muy neoliberales y austericidas recortadores de presupuestos sociales del PdeCAT (antes CiU) con los que dicen ser anticapitalistas de la CUP?

Ahora toca poner en apuros al régimen dinástico bipartidista del 78, que aún respira y puede hacer mucho daño. Y las elecciones al Parlament de Catalunya es un buen modo de hacerlo.

Mentiras y democracia

Tras atrincherarse en el No ante quienes investigan la financiación ilegal del Partido Popular, los Rato, Mayor Oreja, Arenas y Acebes de ese partido, es el turno del ex-tesorero Bárcenas que ya ha dicho que dará la callada por respuesta. Ocultar es respuesta habitual de la derecha, la otra es mentir.

Mentir. Hace unos días el Banco de España reconocía que se perderán los más de 60.000 millones de euros que el gobierno dedicó a rescatar bancos españoles. Mintieron Rajoy y De Guindos cuando aseguraron que el rescate no costaría ni un euro a los españoles.

Una mentira como decir que el gobierno aumenta las pensiones, cuando la mayoría de pensionistas han perdido un 35% de poder adquisitivo en los últimos años. Una mentira como pretender que la mayor esperanza de vida obliga a recortar las pensiones para que sean sostenibles.

¿Pensiones sostenibles? Hablamos de derechos fundamentales de la gente. Si la economía pública funciona con menos corrupción y la privada con menor fraude fiscal habrá dinero suficiente. Hay países así. Pero mienten cuando alzan el pendón de la sostenibilidad, porque esa presunta sostenibilidad es excusa para adelgazar las pensiones públicas y que los futuros jubilados suscriban pensiones privadas porque las públicas no alcanzan. Y no alcanzarán si siguen robando.

Mienten cuando al rendimiento variable de aportaciones individuales a fondos de inversión (que especulan en mercados de capitales) le llaman ‘pensión privada’. Y mienten cuando dicen que hay que recortar las pensiones porque no hay dinero. ¿No hay dinero? Desde 2009 el Estado ha proporcionado a la banca más de 280.000 millones de ayudas varias, a destacar la inyección de 62.000 millones de euros (esos que no se recuperarán). Además de la ayuda que es comprar activos de empresas privadas por 840 millones de euros. Lo mismo que se recortó en educación en 2012.

Y mienten aún más cuando pretenden que reformar las pensiones es tarea de expertos, cuando es cuestión de derechos de los trabajadores. ¿Decidirán sobre pensiones los expertos (presuntos) a sueldo de la banca?

Los embustes frecuentes institucionalizan la desfachatez como acción política habitual de la derecha. Rajoy dijo cuando gobernaba Zapatero que “subir el IVA en tiempos de crisis es un disparate” al tiempo que clamaba “no más IVA”. Pero tras formar gobierno en 2012 aumentó el IVA al 21%. Y en noviembre de 2011 anunció “voy a meter tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación”, pero mintió y recortó 10.000 millones de euros del presupuesto de sanidad y educación.

Más mentiras. Cuando se partió el petrolero Prestige con la consiguiente marea negra, Rajoy declaró como vicepresidente del gobierno que el derramamiento de 63.000 toneladas de fuel solo era que “del Prestige salen unos pequeños hilitos, como de plastilina”. ¡Hablar de plastilina en la peor catástrofe ecológica en años!

Otrosí, Rajoy presume de crear empleo, pero oculta qué empleo crea. Precario, temporal, inseguro y de bajo salario. Y además aún hay 4.260.000 millones de parados, lo que hace de España el segundo país de la Unión Europea con más desempleo.

Más mentiras. Dice Rajoy que hay 400.000 jóvenes parados menos, pero solo son 240.000, porque lo que ha disminuido es la población activa de jóvenes por dejar de buscar empleo, volver a estudiar o emigrar.

Según Rajoy, se han creado medio millón de empleos anuales, pero los datos muestran que la mayoría de esos contratos son temporales, incluso solo de días. Según Eurostat, España es uno de los países europeos con más empleo temporal forzoso. Y los empleos temporales no son empleos de verdad, porque no hay seguridad ni futuro.

El colmo de mentir es que Rajoy pretenda que pobreza y desigualdad han disminuido. ¿De dónde lo saca cuando la carencia material severa afecta al 6% de población y trabajadores con empleo pero pobres ya son 15%? Además hoy hay más riesgo de exclusión social que cuando Rajoy ganó las elecciones en 2011, como documentan ONG de desarrollo y solidarias.

Como escribe el filósofo Paolo Flores D’Arcais, las libertades públicas y las mentiras políticas son inversamente proporcionales. El volumen tolerado de mentiras de políticos muestra la calidad de una democracia, porque la democracia exige veracidad.

La corrupción de la democracia supone mentiras, además de agredir la justicia, aumentar la desigualdad y violar derechos de la ciudadanía.

Como escribe el periodista Antonio Galeote, “la corrupción mental empieza en las palabras, en el lenguaje. Las palabras son importantes. Son el primer paso para comprender, pues si no se llama a las cosas por su nombre, si se acepta la mentira de los agresores, se acaba justificando lo injustificable”.

Una amnistía fiscal anulada sin beneficio para la ciudadanía

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda del Reino de España en 2012. Buena noticia, porque pagar impuestos es fundamental para que un país funcione y no es de recibo la comprensión con los evasores de impuestos. La mala noticia es que esa anulación no se traduce en nada útil para la gente. No se sanciona a nadie ni se recuperan impuestos no pagados salvo apenas 1.200 millones de euros; mucho menos que los 2.500 millones de euros como mínimo que Hacienda pretendía recaudar con la amnistía. La pequeñez de lo finalmente recaudado contrasta con la enormidad de la corrupción que, segun la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España suma 90.000 millones de euros anuales. Muchísimos impuestos impagados.

A tener en cuenta que 705 personas, de los 32.000 evasores fiscales acogidos a esa amnistía, pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos cientos de amnistiados son políticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilícitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se ha enviado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales para contrastarla con información habida y ver qué hacer. Eso, veamos si son capaces de investigar como se han hecho ricos esos defraudaores fiscales y llegar a las últimas consecuencias.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los evasores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales. Próximos gobiernos no podrán aprobar amnistías fiscales por decreto ley, pero sí como ley ordinaria. Tampoco es una ganga.

Esa anulación por el Constitucional no ha sido por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión de forma. La normativa vigente prohíbe usar al decreto-ley si su contenido afecta “de forma relevante o sustancial” a deberes constitucionales. Como el “deber de todos de contribuir a sostener los gastos públicos”.

La anulación de la amnistía no supone tampoco más recursos públicos futuros. El sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, en un escenario de grave crisis económica, so pretexto de ingresos considerados imprescindibles, pero luego, chocolate del loro. Por que así el Estado abdica de su obligación de lograr que todos contribuyan a sostener los gastos públicos según ingresos.

GESTHA además ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda, pues considera que Montoro no garantizó los principios de igualdad y progresividad fiscal que ordena la Constitución y no debe continuar. Los técnicos de Hacienda denuncian que lo recaudado en la amnistía es menos del 3% de la evasión fiscal total. O, de otro modo, el 97% de fortunas y beneficios se mantienen ocultos y también la evasión de impuestos correspondiente a casi 39.000 millones de euros ocultos y a buen recaudo. La amnistía fiscal no ha conseguido que aflorara buena parte de la riqueza escondida ni tampoco reducir la economía sumergida.

La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal causan un grave perjuicio al país, a sus gentes. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción no son los porcentajes de soborno (el conocido 3%) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos públicos. Lo peor son las desmedidas inversiones públicas que la corrupción promueve para obras innecesarias que enriquecen a los empresarios amigos que den buenas comisiones. Y así el Reino de España deviene el país europeo con más kilómetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles, como las radiales vacías que arrancan de Madrid y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5.000 millones de euros como poco.

El Reino de España es también el país europeo con más aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utilizar: el 60% del total sin beneficio.

En ese horizonte de dilapidación se pasa de la corrupción a los recortes presupuestarios que afectan y mucho a la gente común. Agravado por el impuesto techo del déficit público. Se comprueba al ver que algunos años se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educación. Y así cuadran las cifras para la Unión Europea, pero perjudican a la gente. El Estado español es el que más porcentaje de PIB dedica a grandes infraestructuras y menos a protección social en la Unión Europea de los 15. Se cuadran los números a expensas de fastidiar a la ciudadanía.

No cabe celebrar una anulación del Constitucional que no beneficia a la gente ni hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.