Sin vida digna para todos, la recuperación es una paparrucha

El gobierno, cómplices, secuaces y aliados entonan incesante el magnificat de la creación de empleo. Y parece que hay más empleo, pero ¿qué empleo? No es oro lo que reluce. No se recupera tanto empleo como se alardea y la mayoría de empleos son precarios, inseguros, de corto vuelo y salario miserable. Por eso ya hay un 15% de asalariados pobres. Y en aumento.

Lo cierto es que demasiada gente soporta una vida difícil. El Instituto Nacional de Empleo (INEM) afirma que hoy hay 3.720.297 personas en paro inscritas en sus listas a la espera de un trabajo, pero no son todos los parados. Y la Encuesta de Población Activa (EPA) dice que los desempleados son 4.574.700. Pero esa tampoco es toda la verdad.

Datos oficiales indican que en España hay 33.385.425 personas en edad laboral, de 16 a 64 años, y personas con empleo, dadas de alta en la Seguridad Social, son poco más de 17 millones. La diferencia son 15 millones, que no son parados, pues hay que restar las personas fuera del mercado laboral por causas diversas. Estudiantes, discapacitados con pensiones reducidas, pre-jubilados a los 60 años o antes… Pero entre todos y algunos más no reducen la resta a cuatro millones y medio, porque los números de la EPA siguen sin ser ciertos.

La encuesta sobre el paro no cuenta quienes no tenían empleo la semana anterior a la consulta ni quienes no lo tienen en las dos semanas siguientes. Ni figura como empleado quien tiene un trabajo que dejará de tener en una semana. Por otra parte, los asalariados parados que hacen cursos de formación profesional no cuentan como desempleados. Ni se cuentan las personas que han desistido de buscar empleo, tras años de no encontrarlo. Una situación que no aparece en las encuestas. Las cifras oficiales de paro en España no responden a la realidad. La gente sin trabajo remunerado es bastante más que la reconocida, porque la EPA no lo cuenta todo.

Que economía y mercado laboral no van tan bien como pretenden lo muestran, por ejemplo, los miles y miles de expedientes de regulación de empleo (ERE) que han afectado a 1.200.000 trabajadores en los cinco años de reforma laboral del PP. El Ministerio de Empleo informó que de 2012 a 2016 se presentaron 90.000 expedientes de regulación de empleo. Expedientes que provocaron 236.000 despidos y algo más de 730.000 suspensiones de contratos. A ese casi millón de afectados cabe añadir 228.000 trabajadores a los que se les redujo la jornada y, por tanto, el salario. Curiosa recuperación.

Es esclarecedor que en 2016 el PIB creciera un 3,2%, pero algo más de 3.600 empresas presentaron unos 4.900 ERE, que supusieron 22.200 despidos, 44.000 suspensiones de contrato y unas 7.600 reducciones de jornada laboral. Más de 70.000 trabajadores afectados, sin contar despidos puros y duros o contratos de semanas, días e incluso horas. Que las cifras económicas oficiales poco o nada tienen que ver con la vida real de la gente se ve en el sector turístico, por ejemplo. El aumento de turistas, del que tanto presume el gobierno, no repercute en la situación real de los trabajadores y trabajadoras. Y sí, han venido más turistas, que han ocupado más plazas hoteleras, pero ese aumento no se ha traducido en más empleos ni ha beneficiado a los trabajadores del sector con mejores salarios. Pues mientras los turistas aumentan un 20% desde 2008 y un 9% lo hacen las plazas hoteleras, los empleos del sector hotelero son casi los mismos de hace ocho años. Solo se ha computado un ridículo 0,63% de aumento de empleo, según la Encuesta de Coyuntura Hotelera del Instituto Nacional de Estadística. El mismo número de trabajadores para atender a muchos más turistas con los mismos salarios o menos. Quienes se recuperan son algunas empresas, no la gente trabajadora.

Las grandes cifras económicas no interesan salvo que supongan una vida mejor para el pueblo trabajador. Una vida digna. Llegar a fin de mes sin agobios; alimentarse bien; poder afrontar gastos imprevistos sin zozobras; mantener el hogar a temperatura adecuada (sin temer un sablazo de electricidad o gas); levantarse por las mañanas sin temer la incertidumbre del día… El colmo sería que la gente asalariada pudiera ahorrar algo. Pero ¿cómo se ahorra con salarios de 700 euros o menos?

Sin vida digna para la gente, lo demás son paparruchas.

Un sistema gangsteril

Un tal Luis de Miguel, ‘cerebro’ financiero de una de las mayores mafias de corrupción en el Reino de España (la trama Gürtel), presumió en el juicio contra los individuos de esa trama de haber logrado que la multinacional Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, pese a sus considerables beneficios, gracias a sus planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen mucha menos recaudación para educación, sanidad, atención social; significa menos hospitales, menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos apoyo al desempleo, más pobreza, más desigualdad…

No satisfechas con no pagar buena parte de impuestos, grandes empresas españolas consiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su expansión internacional. Pero recién el Tribunal de Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y corrupción van de la mano. La corrupción en España, por ejemplo, cuesta 90.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Casi 48.000 millones de euros perdidos son sobrecostes por ausencia de control del cumplimiento de contratas de administraciones públicas por empresas privadas. Las otras decenas de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar comisiones por adjudicar contratas públicas a empresas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes se destapan unos diez casos nuevos y, si en 2010 se arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año pasado fueron más de 2.400 los corruptores o corrompidos detenidos según el ministerio de Interior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del sistema es que aumentan las filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué querrán las grandes empresas estar en esos  mal llamadas paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales de grandes empresas del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron un 10% hasta ser 891, según denuncia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para quién?

Para probar que la putrefacción es bastante general se ha sabido hace poco que el Banco de España escondió la morosidad bancaria que crecía al aumentar los créditos por la expansión de la burbuja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordinación del Banco aleccionó a los inspectores de esta entidad reguladora para que fueran comprensivos y no pretendieran el total cumplimiento de la legalidad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, por ejemplo.

Otrosí, en los últimos 15 años el flujo de dinero desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y España no es una excepción. En 2015 el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27% respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado. Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con  cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes empresas cuesta más de 100.000 millones de dólares anuales a los países empobrecidos; esos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan ‘países en desarrollo’. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50.000 millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa  evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de cien años en reducir 2/3 partes la mortalidad infantil en la infancia hasta cinco años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril. Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

Hay que darle la vuelta al calcetín o nos estrellamos

El gobierno del Partido Popular no cesa en su cansino autobombo de lo bien que lo han hecho, cuanto empleo crean y como el país ha superado la crisis y se ha recuperado con largueza. Nada que ver con la realidad, porque esa pretendida recuperación económica no llega a la gente. No significa una vida mejor para la ciudadanía ni tampoco la reducción de la pobreza ni la disminución de la creciente desigualdad. Al contrario, según el último informe de Oxfam Intermón aumentan desigualdad y pobreza . La presunta recuperación solo alcanza a unos pocos.

La recuperación suele asociarse al crecimiento y la historia reciente está plagada de casos de países con buen crecimiento económico y pauperación progresiva de amplias capas de población. Ahí están los casos paradigmáticos de Brasil o México en el siglo pasado con excentes tasas de crecimiento y cada vez más pobres. Hoy, España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad. Por tanto, no hablemos de recuperación en tanto no beneficie a la mayor parte de población. Que no es el caso. Como botón de muestra, en España más de tres millones de pensionistas perciben menos de 600 euros, lo que significa que están en el umbral de la pobreza.

Que haya siete mil nuevos millonarios en este Reino es prueba de recuperación para el Partido Popular. Pero esos nuevos ricos son unas gotas de agua en un vasto océano de más de 46 millones de habitantes entre los que avanza implacable la desigualdad. Es tanta esa desigualdad que, según Oxfam, solo tres personas (Amancio Ortega, su hija y Joan Roig, dueño de Mercadona) suman tanta riqueza como 14 millones de personas que constituyen el tercio de población más pobre del país.

Oxfam explica además que de 2008 a 2014 los salarios más bajos bajaron un 28% más, una de cada cinco personas en edad de trabajar no encuentra empleo y, si lo encuentra, es precario con un salario 9% menos que en 2008. Lo más grave es que este desconsolador panorama para la gente común puede empeorar. Así lo escribe Alejandro Inurrieta quien afirma que 2017 será un mal año para una parte considerable de la población. Pues, a pesar de los ditirambos triunfalistas del gobierno del Partido Popular, no se han abordado los verdaderos problemas del Reino de España: debilidad del tejido productivo, escasa tecnología avanzada en las empresas, políticas económicas caciquiles y de amiguetes, incesante corrupción que resta riqueza a las admistraciones pública, floja demanda interna… El empleo no mejorará este año, los salarios no permitirán vivir con dignidad a gran parte de la población y habrá más familias al borde de la exclusión. Situación agravada con el más que previsible aumento de la inflación, según varios indicadores (como la inestabillidad de los precios del petróleo) que podría ser del 2%, tras tres años de tasas negativas.

España continúa siendo un país de trabajadores mal pagados (que se traduce en floja demanda interior), muchas empresas demasiado pequeñas y poco eficaces y un gobierno al servicio de una minoría. A lo que añadir un sistema fiscal regresivo y nada redistributivo que hace de España uno de los países europeos con menor capacidad para reducir desigualdades. En desigualdad solo nos ganan Letonia, Bulgaria, Estonia y Lituania, los últimos de la fila europea.

Que el actual sistema de impuestos es injusto y regresivo lo demuestra que, aún con desempleo crónico, bajos salarios y precariedad laboral, son las familias quienes aportan la mayor parte de ingresos al Estado: 84% de la recaudación, en tanto que las empresas solo abonan un 13%. Con el agravante de que el gobierno y el partido que lo sostiene no tienen la menor voluntad política de acabar con el agujero de los ingresos del Estado para poder redistribuir la riqueza con algo más de justicia. Sin olvidar que es probable una desaceleración de la actividad económica en 2017 porque turismo y exportaciones serán más flojos por factores externos. Y eso ocurre con una patronal que cree que solo se puede reducir el paro creando “empleo de baja calidad”. Así lo ha dicho sin el menor rubor el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito. De lo que cabe concluir sin temor a errar que con tales empresarios estamos bien apañados en pobreza y desigualdad.

No va a ser facil, ciertamente, pero la situación es tan vulnerable que, si no se le da la vuelta al calcetín, esto no hay quien lo salve.