Libertad provisional a la Manada, aún queda mucho camino por recorrer

La Audiencia de Navarra, el más alto tribunal de la comunidad autónoma de Navarra, dejó el pasado viernes en libertad provisional a los cinco miembros de la llamada ‘La Manada’, jóvenes condenados por abusos sexuales a una joven madrileña. La decisión de la puesta en libertad no ha sido unánime, sino por mayoría de dos de los tres magistrados que forman el tribunal. El presidente del mismo emitió un voto particular discrepante en el que aboga por prolongar la prisión provisional de forma incondicional.

Como es sabido, los hechos juzgados y condenados sucedieron en julio de 2016 en las fiestas de San Fermín de Pamplona, capital de Navarra.

¿Cómo es posible que los dejen en libertad si ya han sido condenados a nueve años de prisión? Jurídicamente es posible porque la sentencia ha sido recurrida tanto por el fiscal como por los abogados defensores de los condenados y, en tanto la sentencia no sea firme al ser ratificada o modificada por un tribunal superior, la situación penitenciaria de los condenados es de prisión preventiva. Sin embargo cabe decir que no es frecuente en el Reino de España que un condenado, pero sin sentencia firme que esté en prisión preventiva, sea puesto en libertad provisional. No suele ocurrir.

Indignación por la libertad provisional

Este cronista fue voluntario en cárceles españolas durante casi ocho años, acudiendo varios días de la semana, sobre todo a la prisión de Soto del Real de la provincia de Madrid, como responsable y organizador de un taller de escritura narrativa y otros diversos aprendizajes culturales para presos y presas. Y no recuerda que dejaran a nadie en libertad provisional porque las sentencias no fueran firmes. Lo que sí sucedía habitualmente era que se prolongara la prisión preventiva tanto como la ley permitiera.

La puesta en libertad de los cinco condenados de ‘la Manada’, con fianza de 6.000 euros cada uno, ha enojado al movimiento feminista, a los movimientos sociales y a partidos políticos, sin excepción, que han respondido a esa libertad provisional con nutridas concentraciones y manifestaciones de protesta en muchas ciudades españolas.

Ya había habido días atrás cuantiosas concentraciones y manifestaciones al conocerse la sentencia por abusos y no por violación, que es el delito que las organizaciones feministas consideran que hubo. Y ahora, de nuevo se manifiesta una oposición frontal de la ciudadanía a una actuación de jueces. Tal vez porque en el Reino de España hay una asignatura pendiente: la total eliminación del más pequeño resto de franquismo en el Estado. Que lo hay y no poco ni excepcional. Y el machismo estaba en el ADN de la dictadura franquista.

Si ahondamos en la segunda decisión del tribunal de Navarra apropósito de ‘la Manada’ (la primera fue condenar por abusos y no por violación), se comprueba algo peor que el desacuerdo jurídico cual es la presencia de una visión machista en partes del mundo judicial o, como denuncian las organizaciones feministas, el asentamiento de estructuras patriarcales en la Justicia. Algo que sin duda viene de lejos si se analiza el lento caminar de la lucha contra la discriminación de la mujer y la consecuente violencia machista desde finales de los 70. No olviden que hasta 1975 las mujeres no podían abrir una cuenta corriente personal (salvo con autorización del marido) ni tampoco podían pedir una línea telefónica personal. Lo contamos como botón de muestra de la situación real de la emancipación femenina en las últimas décadas y lo mucho que queda por hacer.

Mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de género

Otrosí, en los años 80, en el Reino de España, las mujeres que denunciaban malos tratos de su marido o pareja a menudo tenían que oír de los agentes de policía que procuraran arreglarlo hablando. Tanto fue así que la Dirección General de Policía tuvo que publicar circulares instando a los agentes a que no se les ocurriera disuadir a las mujeres de denunciar a sus maltratadores.

Desde entonces se ha recorrido bastante camino, aunque no suficiente visto lo visto. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, expresó su sorpresa por la decisión de la Audiencia de Navarra de dejar en libertad provisional a La Manada. Para Ortega, la resolución judicial “pone de manifiesto la necesidad de reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de género“. Forma políticamente correcta de denunciar la cultura machista de muchos integrantes de la Justicia que se ha de combatir con formación anti-patriarcal entre otros medios.

La reacción a esa puesta en libertad ha sido tan general que incluso Dolores de Cospedal, que no se caracteriza por un feminismo progresista, se ha mostrado “profundamente decepcionada” con el auto sobre ‘La Manada’ y ha pedido reformar el Código Penal.

Por su parte, Amalia Fernández, de Mujeres Juristas Themis, ha calificado de indignante la decisión judicial a la que “no le ve ninguna base jurídica“. Fernández afirma que hay prisión provisional en tanto no se celebre juicio, “pero en este caso hay una sentencia superior a cinco años, por lo que la decisión de la Audiencia no tiene ninguna lógica”.

Tal vez al final sí cambie este país en igualdad de las mujeres. Pero cuesta lo suyo. El Gobierno de Navarra se ha enfadado con la puesta en libertad de ‘la Manada’ y su presidenta, Uxue Barkos, considera que “la Justicia debe hacer un serio ‘sprint’ para ponerse a la misma altura en que está la sociedad“. Algo que no es nuevo, habida cuenta de que en tantas cuestiones que a todos afectan, la gente, la ciudadanía, suele ser mas avanzada que sus representantes políticos o institucionales.

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Aquarius y la crisis de los refugiados delatan una Europa insolidaria

El domingo 17 de junio, desembarcaron en el puerto de Valencia los primeros refugiados que habían deambulado por el Mediterráneo durante días en el buque de rescate Aquarius. Pudieron hacerlo porque una de las primera decisiones de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno fue dar la orden de acoger en el “puerto seguro de Valencia” a las 629 personas refugiadas de ese buque, el barco rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. El Gobierno de Malta también había cerrado sus puertos a esos migrantes.

Con esa decisisón, más el anuncio de que en pocas semanas se restaura la sanidad universal (que el PP se cargó vulnerando el derecho humano de los migrantes a la sanidad pública), Sánchez ha puesto la gestión de la inmigración como una de sus prioridades. Además, su ministro de Interior, Grande-Marlaska, ha dicho que eliminara las peligrosas concertinas (pequeñas piezas de metal afilado) de las alambradas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, había ofrecido la ciudad para acoger a los refugiados del Aquarius, el barco de rescate de SOS Mediterráneo, prestando atención sanitaria a esas personas, asesoría jurídica y laboral, alojamiento, escolarización y otras ayudas básicas.

La crisis de refugiados es centenaria

Mientras la ciudad de Valencia y el gobierno de España muestran su solidaridad con los refugiados, el ultraderechista ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, expresaba su rechazable xenofobia al proclamar “stop a la invasión”. Antes, el reaccionario gobierno italiano había ordenado cerrar todos los puertos al buque de salvamento Aquarius. Los xenófobos italianos de la Liga Norte ganaron las elecciones con un discurso alarmista y falso contra la inmigración y han formado gobierno con el difícilmente calificable movimiento Cinco Estrellas.

La oleada de refugiados a Europa tiene su origen en los conflictos armados de Oriente Medio (hoy sobre todo en Siria) y también en los de África. Conflictos bélicos inacabables a los que Europa no es ajena ni en los que tampoco es inocente. Una crisis cuyo origen se remonta al 16 de mayo de 1916, fecha del acuerdo Sykes-Picot, altos funcionarios de los gobiernos de Reino Unido y Francia, para repartirse los territorios árabes tras la derrota y hundimiento del Imperio Otomano, acuerdo que es raíz de casi todos los males actuales de la región árabe.

La crisis de refugiados es muy grave, pero los dirigentes europeos, ni caso. “No es responsabilidad nuestra que las personas decidan huir ni de que lo hagan en condiciones precarias e inestables embarcaciones” fue la miserable declaración de Zoido, anterior ministro de Interior del Partido Popular. Una más de las vergonzosas declaraciones sobre refugiados en la hipócrita Europa. A frases de semejante jaez suelen añadir que no se trata de salvar a refugiados en el mar sino de actuar en los países de origen para que no tengan que huir. Lo malo e hipócrita es que la Unión Euopea no ha hecho nada ni ha manifestado la menor voluntad política de acabar con la guerra de Siria, por ejemplo. Ni tampoco ha ayudado a los países de donde marchan los migrantes por pobreza o amenazas graves. Lo dicen, pero jamás ha habido la menor propuesta concreta de desarrollo económico y social en esas tierras.

La Convención de Ginebra obliga

Lo que el conservador ex-ministro de Interior anterior no tuvo en cuenta fue que el gobierno de España, que firmó y ratificó la Convención de Ginebra, tiene la obligación de acoger refugiados, de ayudar a quienes huyen de sus países en guerra o por sufrir persecución por etnia, religión, opinión política u orientación sexual. La Convención de Ginebra es un tratado internacional que compromete a los estados firmantes a proteger a toda persona que huye de su país por las razones expuestas.

Al final de la segunda guerra mundial, había millones de refugiados en una Europa destrozada . En 1954, la ONU definió quienes eran refugiados y en 1967 se amplió la definición para que el estatuto del refugiado fuera universal y no solo europeo. Según esa Convención, refugiado es la persona que sale de su país de origen por riesgos y peligros reales y al que no puede regresar por temor fundado a ser perseguido, sometido a torturas o asesinado. Hoy, la mayoría de refugiados huyen de las guerras de Siria, Eritrea, Sudán, Afganistán, Irak y diez conflictos armados más en los que mueren cada año más de 10.000 personas en cada uno y la mayoría son civiles.

Una Europa que avergüenza

La Convención de los refugiados sigue vigente en todo el mundo, pero es ignorada por la Unión Europea. Y así, Eslovaquia solo acepta refugiados de según que religión. Macedonia utiliza gases y granadas contra los miles que cruzan su territorio para llegar a otros países. Francia y Reino Unido quieren sellar el canal de la Mancha. En Hungría la policía dispara gases lacrimógenos contra los refugiados y ha levantado una alambrada con cuchillas en la frontera con Serbia. Y en las islas griegas, decenas de miles de refugiados sirios soportan inaceptables condiciones de miseria. Además, Amnistía Internacional denunció el cierre de la frontera meridional de Macedonia con Grecia, cierre que dejó atrapados 4.000 refugiados contra los que la policía militar macedonia disparó granadas paralizantes.

¿Qué Europa es ésta?

En medio del vergonzoso espectáculo de los países miembros de la Unión Europea regateando el número de refugiados que estaban dipuestos a acoger, más la aparición de gobiernos xenófobos y fascistoides, como el italiano, polaco o húngaro, no cesan las muertes de refugiados en el mar. Al inicio de esta primavera, más de 500 refugiados habían perdido la vida en el Mediterráneo y desde 2014 han muerto en ese mar más de 14.000 personas que huían para salvar la vida.

Las llegadas de refugiados en embarcaciones de todo tipo a las costas españolas no ha cesado durante el pasado fin de semana. Los equipos de rescate han salvado la vida de 1.290 personas desde el pasado viernes, pero cuatro personas no lograron cruzar el estrecho. Salvamento Marítimo mantiene la búsqueda de 43 personas desaparecidas en el mar de Alborán tras hundirse la patera en la que se dirigían a las costas de Almería. Sólo cuatro ocupantes han podido ser rescatados con vida cerca de los restos de la embarcación naufragada.

Los refugiados aumentan no cesan. Guerras, persecución política, violencia y hambre provocan que según ACNUR, en los últimos años y hasta mediados de 2016, más de tres millones de personas hayan abandonado sus países. Más de la mitad por la guerra de Siria. Otros huyen de Irak, Congo, Somalia o Sudán del Sur y entre todos ya suman más de 68 millones. Es la mayor crisis migratoria de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero Europa no ha sabido o no ha querido responder al más de millón cien mil personas que han ido hacia sus ciudades huyendo materialmente de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia y de la muerte. Una enorme vergüenza para Europa.

Ésta no es una Europa que valga la pena. Con la crisis de refugiados, la Unión Europea está más lejos que nunca de los principios y valores de los que presume, pero no cumple.

¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.

Corrupción, embustes y desigualdad en el Reino de España

Mariano Rajoy ha sido destituido como presidente del gobierno de España por el Congreso de los Diputados, que ha investido a Pedro Sanchez, secretario general del PSOE. El 25 de mayo, el PSOE presentó una moción de censura contra Rajoy. De 350 diputados, votaron a Sánchez 180 de su partido, de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PdeCat, PNV, Compromís y Bildu. Once votos parlamentarios más que Rajoy al ser elegido presidente en 2016.

Antes, Rajoy criticó con dureza a Pedro Sánchez faltando a la verdad. Por basar la moción en la sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel; sentencia que ha condenado a muchos años a varios encausados, la mayoría del PP. La condena no es penal, pero sí civil y por eso el PP deberá pagar 245.000 euros como responsable civil por beneficiarse de la trama corrupta de la Gürtel.

La moción se basó en la sentencia de Gürtel porque, digan lo que digan Rajoy y sus corifeos, el PP sí ha sido condenado por haberse lucrado de la corrupción organizada por el mismo. Así lo dice la sentencia que considera probado que “entre el grupo empresarial Correa y el Partido Popular se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional con mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de la estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”.

Corrupción institucional del PP

Rajoy pretende que Gürtel solo es una corrupción limitada a dos municipios de la provincia de Madrid. Falso. La sentencia considera probada la organización de un sistema de corrupción, creado por el PP y el empresario Francisco Correa que, por cierto, ha sido condenado a 51 años de cárcel.

También ha faltado a la verdad Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, al asegurar que “no hay ninguna caja B, ni aunque lo diga un juez“. Pero sí hay una caja B según la sentencia emitida por tres jueces de la Audiencia Nacional. Lo mismo afirma la Fiscalía Anticorrupción y lo reiteran otros jueces que en algún momento procesal han intervenido en esa causa. Había caja B. Y lo asegura también la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e incluso lo han reconocido personas que admiten haber cobrado dinero en negro del Partido Popular, cuyos nombres aparecen en esa contabilidad B.

La caja B se nutría de donativos al PP de empresarios de la construccción y otros a cambio de contratos y concesiones de obra pública. Dinero empleado en gastos del Partido Popular (la reforma de la sede nacional), sobresueldos para dirigentes del PP y gastos electorales.

Cospedal pretende que el PP no tenía conocimiento de lo que pasaba, pero la sentencia dice lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones. Negarlo no solo es ir contra la evidencia manifiesta sino contra toda lógica“. Y pretende Cospedal que el PP no ha sido condenado penalmente. Sí, pero ese aserto no tiene en cuenta que el PP no lo ha sido porque cuando empezó el Gürtel, en 2003, las personas jurídicas (como los partidos) no podían ser autoras de delitos. Hasta 2010, los partidos solo tenían responsabilidad civil, no penal, y la corrupción de Gürtel es anterior a la reforma del Código Penal de junio de 2010. Si esos mismos delitos se hubieran perpetrado tras la reforma, el PP también hubiera sido condenado penalmente.

Falacias de Hernando

Por su parte, Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, en el debate de la moción de censura, tuvo la desfachatez de decir que “el señor Sánchez quiere ser presidente de Gobierno a cualquier precio y cueste lo que cueste“. Falso porque Pedro Sánchez ha llegado a la Presidencia del Gobierno porque Mariano Rajoy, aferrado al sillón, se ha negado a dimitir. Y no lo ha hecho porque esa dimisión hubiera supuesto convocar elecciones generales y Rajoy las teme más que a un nublado porque el PP podría ser superado ampliamente por Ciudadanos.

Otro embuste del señor Hernando ha sido que, “Sánchez sigue sin aceptar lo que las urnas dijeron“, lo que es absolutamente falso. Pedro Sánchez es Presidente del gobierno porque una mayoría absoluta de 180 diputados, elegidos por la ciudadanía en 2016, lo ha investido. Son 180 votos de diputados que representan a 12 millones de votos ciudadanos. Doce millones, por cierto, que son mayoría absoluta en votantes.

Hernando remata sus embustes diciendo que “la legitimidad para gobernar la otorgan los españoles en las urnas, no los pactos extraños en despachos“. Y tal afirmación no solo es falsa sino que manifiesta una preocupante ignorancia en un portavoz parlamentario. O algo peor. En las democracias representativas la legitimidad para gobernar la da el Parlamento elegido por los votos ciudadanos ahí representados. Además, España no es el primer Estado de Europa donde no gobierna el partido más votado. Hoy no gobierna el partido más votado en Dinamarca, Bélgica y Portugal, por ejemplo. En Bélgica, además, gobierna el quinto partido en número de votos y en Dinamarca, el tercero. De hecho, en la Unión Europea hay gobiernos por acuerdos parlamentarios en 25 de los 28 estados miembros. Hernando debería repasar como funciona la democracia parlamentaria porque parece haberlo olvidado. O tal vez nunca lo supo.

Corrupción y desigualdad

Y, finalmente, como Rajoy y Cospedal, Hernando pretende que la sentencia dice que el PP no había conocido el delito ni participado en él. Falso, porque la sentencia dice precisamente lo contrario: “Los responsables del Partido Popular sabían cómo se financiaban las elecciones“. Lo que hace evidente que España parece tener una de las más falaces, corruptas y autoritarias derechas de la Unión Europea.

A la vergüenza de la corrupción que las sentencias del caso Gürtel destapa, cabe añadir que España es el séptimo país de los 35 de la OCDE en trabajadores con empleo, pero pobres (15% del total de asalariados). Más la persistencia de tres millones y medio de parados (17%) de los que dos millones y medio (70% del total de parados) no reciben ayuda alguna del Estado . A lo que sumar el demostrado aumento del trabajo precario, temporal y mal pagado. De donde se deriva un considerable aumento de desigualdad en España. Otrosí, desde 2011 la minoría de los más ricos ha acaparado el 74% de la riqueza nacional y se ha apropiado del 42% de la riqueza nacional del último año, mientras los pobres son los que más han perdido al superar sus deudas los ingresos según el último Barómetro Social de España.

Tal vez piensen, ¿a qué viene esa incursión en la desigualdad y la pobreza? ¿Este escrito no era sobre la corrupción que desvela la sentencia de Gürtel? Pues precisamente porque el escrito es sobre mentiras y corrupción cabe recordar la desigualdad y la pobreza. Muy ligadas a la corrupción. Tanto es así que la Comisión de Mercados y Competencia del ministerio de Economía revela que la corrupción cuesta anualmente a España 92.000 millones de euros; casi la décima parte de la riqueza nacional, el PIB. Si además añadimos el enorme fraude fiscal (que cálculos moderados cifran en 60.000 millones anuales de €) se da la exorbitante cifra de más de 150.000 millones de euros que gentes sin escrúpulos, en trama o individualmente, impiden que vayan a las arcas públicas. Si en física la materia se transforma en energía, en economía la corrupción y el fraude fiscal es robar al Estado, robar a la ciudadanía.