Eurogrupo contra Grecia, la moral del gángster

Por fortuna puedo empezar este escrito con la alegría del triunfo ciudadano en el referéndum griego. Ha triunfado el No, el rechazo a más austeridad y sacrificios para el pueblo trabajador de Grecia. Lo había denunciado con claridad, entre otros muchos, un editorial del diario mexicano La Jornada: “Aunque el gobierno de Grecia ha propuesto ajustes adicionales, que no impliquen mayor sacrificio de su población, los poderes que dictan la política económica en las naciones europeas mantienen una postura irreductible y sostienen que no es aceptable ninguna fórmula que se aleje del mandato neoliberal: la salud de los indicadores macro-económicos aún a costa del sufrimiento de las mayorías”.

Por su parte, a próposito de ese conflicto entre Eurogrupo y el Gobierno de Grecia, Rodríguez de Lecea explica que los dichos ‘acredores’ y sus fieles sirvientes (FMI, BCE, Comisión Europea, la Troika) “llaman ‘negociación’ a una ceremonia de escarmiento donde las víctimas son culpables y se predican recetas de austeridad a un país que ya no puede soportarlas, tras ocho años de repetidos fracasos con la austeridad como remedio”.

A ese respecto, la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda ha denunciado que Grecia es hoy mucho más pobre tras los años de ‘rescate’ por la Troika. Paro 26% de población activa, pensiones reducidas 45% (y pretenden rebajarlas más), pobreza infantil más del 40% y deuda equivalente al 180% del PIB. Han aumentado un 25% los suicidios y resurgido enfermedades erradicadas, como la tuberculosis, además de un 45 % más de casos de sida. Por supuesto a causa de los recortes presupuestarios y despidos masivos que han desmantelado la sanidad pública. A ver si nos metemos en la cabeza de una vez que esta historia de no acabar del Eurogrupo extorsionando y Grecia en pie para sortearlo o evitarlo no es cuestión económica sino política y de derechos de la gente común.

Economistas de diversas escuelas denuncian que la actuación de la Troika con Grecia es un disparate porque la austeridad ha fracasado. Pero la muy neoliberal eurozona no se apea del burro e incluso ha insinuado la posible expulsión de Grecia del euro. Por suerte mentes lúcidas, como Wolfgang Münchau, columnista económico de Der Spiegel, razona que “salir del euro sería para Grecia un gran golpe ahora, pero se recuperaría a largo plazo. Para los alemanes, lo contrario. A corto plazo, costes mínimos, pero a largo plazo, la decadencia de la Unión Europea y lo que conlleva. Por eso, impedir la salida de Grecia del euro debería ser prioridad de la política alemana y europea”, recomienda. Pero Eurogrupo y Troika hacen oídos sordos.

Entonces, cabe preguntarse, como hace Paul Krugman: ¿El objetivo es quebrar Syriza? Antón Losada recuerda que “esta crisis ha sido provocada por la codicia, pero también por la idiotez de unas élites tan cerradas como insaciables”. Y Javier Doz denuncia alto y claro  que “la actuación del FMI y Eurogrupo busca la derrota política del Gobierno de Syriza”. Porque un buen acuerdo para Grecia dará alas a los movimientos sociales y nuevos partidos de izquierda que quieren cambiar esta Europa tozuda, egoísta y ciega. Pero, más allá del ruido mediático de cifras y noticias mareantes sobre Eurogrupo y Grecia, si acuerdan algo o no, para repetir lo mismo mañana, lo preocupante es si habrá democracia en la vieja, errática y patética Europa a partir de ahora. O se disolverá, olvidando ya sin disimulos que democracia es poder del pueblo.

No debe considerarse un exceso retórico cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, dice sin el menor rubor que “no puede haber ninguna elección democrática contra los tratados europeos”. ¿Qué pasa con esos tratados? ¿Acaso son intocables e indiscutibles como lo es la Biblia para un calvinista? ¡Claro que puede haber referendos contra cualquier tratado! Todos los que haga falta. Si lo que hay es democracia y no un remedo soez. Pero para neoliberales como Juncker, la voluntad ciudadana no cuenta. Ni contará.De tal modo se le escapó a la ministra de Agricultura del neoliberal gobierno que preside Rajoy: ¡Ojo, que las urnas son peligrosas! Para ellos, desde luego.

La actuación de Troika y Eurogrupo contra Grecia recuerda las historias de gángsteres en Estados Unidos. Gotti, Maranzaro, Luciano, Anastasia, Al Capone, Nitti, Genovese, Bonnano… Enemigos frontales de cuanto huela a social. Ultraconservadores. Acérrimos partidarios del enriquecimiento. Y, si es veloz, mejor. Feroces adversarios de cualquier control, supervisión o regulación. Puros neoliberales. Semejante a la minoría que forma el poder financiero y sus fieles servidores del BCE, Comisión Europea, Eurogrupo y FMI.

Y, por si fuera poco, escribe Carlos Berzosa, esta Unión Europa “ha sido incapaz de resolver sus problemas más acuciantes. Ha actuado mal en la crisis económica. Y de modo catastrófico en Ucrania. No da respuesta a los refugiados ni evita que el Mediterráneo se convierta en cementerio. Una Europa donde crece la desigualdad y la riqueza se concentra en pocas manos. Y con paraísos fiscales en su territorio”.

¿Para qué queremos esta Unión Europea? El rechazo a esa Europa neoliberal, codiciosa y necia, que ha abierto con coraje el pueblo trabajador griego, debe convertirse en la construcción  de otra Unión Europea. Otra Europa donde las personas sean la prioridad indicutible. Y esa Europa es posible.

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Elecciones y cambio político

En el Reino de España habrá en 2015 elecciones municipales, regionales y generales. En las encuestas de intención de voto, la nueva formación política Podemos se afianza como una de las que serían más votadas y, últimamente, la más votada. Si se suma que el partido griego Siryza aparece como vencedor de las próximas elecciones griegas, algunos analistas ya predicen un panorama de cambio en Grecia y España y tal vez en Europa después.

Sin embargo, como afirma el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, “pretender transformar la sociedad solo por unas elecciones, no es ilusión, es ilusionismo“. Aserto que completa la reflexión de Juan Torres de que “es necesario obtener buenos resultados en las elecciones, que no pueden ser un fin en sí mismo, pues solo estar en las instituciones puede ser ineficaz y frustrante si no hay un poder popular de la gente organizada desde abajo en constante movilización”.

La mayoría ciudadana, especialmente la clase trabajadora, ha de tener muy presente que un cambio real no se logra solo con un buen resultado electoral. Porque cambiar significa acabar con los desmanes e injusticias institucionalizados por la acción gubernamental durante años. Porque esas acciones u omisiones gubernamentales han convertido pobreza, desigualdad y recorte de libertades en elementos centrales de la situación económica, social y política del país.

Cambiar la política, la economía, el país, es ardua tarea que no se resuelve solo con mayoría parlamentaria, aunque ésta sea imprescindible. Porque no se trata de gobernar como siempre, pero mejor que PP y PSOE (que no es tan difícil), sino de terminar con el régimen monárquico bipartidista. Y hay que hacerlo desaparecer porque, como ha reiterado Pérez Royo, ese régimen del 78 no es una restauración de la democracia, como se proclama, sino una restauración de la monarquía con formas democráticas, que no es lo mismo. Hay que conseguir democracia de verdad, no solo formas democráticas. Y para lograrlo, además de mayoría parlamentaria, es imprescindible la movilización masiva de conciencias. Pero esa conciencia crítica colectiva no se logra por ganar elecciones. Se ganan elecciones si ha habido una movilización masiva de conciencias. Gramsci tenía razón al escribir que “la conquista del poder cultural es previa a la del poder político”. Poder cultural que es la hegemonía de la libertad, justicia, solidaridad y cooperación para que los derechos de la inmensa mayoría sean prioritarios. Pero para que primen los derechos de la inmensa mayoría es preciso un cambio profundo, una revolución democrática. Es establecer una democracia de verdad y no autoritarismo maquillado de formas democráticas; libertad de expresión con verdadero derecho a la información y no mayoría silenciada; servicios públicos en vez de salud, educación y pensiones como mercancía; economía productiva al servicio de la mayoría y no especulativa para las élites… y, muy especialmente, participación ciudadana. Porque democracia es más, mucho más, que votar cada cuatro años.

Alexis Charititsis de Syritza concreta por donde ha de caminar una democracia que necesariamente ha de ser participativa para ser democracia real. Es necesario un sistema con derecho de revocación, consultas públicas, referendos, auditorías civicas, consejos de trabajadores, comisiones ciudadanas… Porque hay que cambiar las reglas de juego. Otras reglas que no son reformar y parchear la actual Constitución (como quiere el PSOE, por ejemplo), sino redactar otra Constitución de abajo hacia arriba como reivindican los movimientos ciudadanos, sociales y la izquierda que merece tal nombre. Una Constitución que dé verdadero poder a la ciudadanía, que garantice la justicia social, que recupere libertades y las afiance. Y también que resuelva cuestiones pendientes, como el inaceptable trato de favor a la iglesia católica o investigar los crímenes del franquismo, procesar a los culpables y ofrecer reparación a las víctimas de la dictadura.

Parece difícil, pero se puede y hay esperanza. Como decía Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se logra. Y él tenía experiencia en lograr lo que parecía inalcanzable.

El filósofo John Locke escribió que “cuando un gobierno usurpa las libertades, se corrompe o conduce la sociedad de modo distinto al que ha prometido, la resistencia y la desobediencia ciudadanas están plenamente justificadas”. Con la ciudadanía resistente, movilizada y organizada, además de ganar las elecciones, se pueden cambiar las cosas.

Luchar por la democracia

Quienes controlan la economía amenazan la vida digna de la mayoría ciudadana. Perpetran su agresión, su saqueo, por medio de leales siervos como gobiernos, grandes medios de comunicación e instituciones económicas internacionales. Nadie puede dudar ya de que la minoría rica, la clase dominante, ha condenado y condena a millones de personas a la pobreza, la incertidumbre y la angustia en un ataque sistemático contra los derechos humanos de la ciudadanía. Los derechos cuyo disfrute garantizan la dignidad, la vida.

¿Qué hacer? No confiar en milagros, por supuesto, y saber que esta lucha será larga y dura. Además de enfrentarse a la austeridad, los recortes, la destrucción de lo público, el paro, la precariedad, los desahucios… no hay que descuidar ni un instante la lucha por recuperar la democracia. Aunque es más exacto decir que hemos de luchar por una democracia de verdad. No el remedo de democracia con que nos engañan y oprimen. Porque, junto al saqueo y violación de derechos, nos llevan a pasos agigantados a un sistema dictatorial, maquillado como democracia ritual, pero vacía de contenido.

En el Reino de España, la muy franquista Ley de Seguridad Ciudadana, que el gobierno de Rajoy pretende imponer, recuerda mucho la legislación de aquella dictadura franquista que institucionalizaba el miedo y la represión. Ésta del PP es una ley para convertir la protesta ciudadana en delito. Muy franquista. Tanto es así que el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, denuncia que la nueva ley de Seguridad Ciudana viola los derechos de reunión y manifestación. Porque la libertad de “expresar el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” ha de ser respetada y protegida por la justicia. Y aquí no es así sino todo lo contrario.

Y aún hay más. Hace unas semanas, el Consejo de Europa publicó un informe sobre derechos humanos en España donde alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por la policía contra la ciuddanía que se manifesta contra la austeridad. Y denunciaba la impunidad de los policías que maltratan y torturan a detenidos. Llueve sobre mojado. Y por eso, el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Comisión de Estudios, ha denunciado que el proyecto de reforma de Código Penal del PP va más lejos que Franco y Primo de Rivera, que nunca introdujeron la pena de cadena perpetua que ahora el PP impone. Una pena inadmisible, porque va contra la reinserción del preso. En su artículo 25, la Constitución manda que el fin principal de las penas de privación de libertad es precisamente la reinserción.

Y, para rematar el viaje a territorio totalitario, la también nueva ley de Seguridad Privada del PP permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles de las ciudades; tarea hasta ahora reservada a policías nacionales o municipales. Además, los seguratas (como se designan popularmente los agentes privados de seguridad) podrán controlar espacios públicos, pedir carnés y comprobar identidades, hacer registros e incluso detener ciudadanos. Como los inaceptables cuerpos paramilitares en una dictadura bananera.

Más aún. Contra todo derecho, el ministerio del Interior creará un archivo de infractores. Y la misma ambigüedad del término ‘infractores’ otorga a esa amenaza un tufo de dictadura que  se carga de una tacada la presunción de inocencia y las garantías procesales, como elementos básicos de la democracia. Además serán tratados y castigados como delincuentes quienes defrauden a la Seguridad Social y consigan una prestación a la que no tiene derecho. Los que defrauden por valor de 50.000 euros (por ejemplo, quien cobre ilegalmente un subsidio de 600 euros durante siete u ocho años) puede ser condenado a ¡seis años de cárcel! Pero para que un fraude a Hacienda sea delito sancionable con prisión, se ha de defraudar más del doble: 120.000 euros. Sin olvidar los 80.000 millones de fraude fiscal en España y que nadie pague por ello.

Cabe recordar ahora que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró hace poco que “su partido no consentirá que España quede en manos de personas que siempre protestan, pero nunca proponen absolutamente nada”. Una proclamación pública que suena a invitación al golpe de estado o, cuanto menos, al pucherazo electoral. Porque lo que dice Cospedal es que si ganara las elecciones un frente amplio de partidos de izquierda, movimiento ciudadano, asambleas del 15M… el PP no les permitiría gobernar. Aparte de la falsedad de lo de “nunca proponen nada”, porque la ciudadanía que protesta, el movimiento ciudadano, las plataformas cívicas de todo tipo, las asambleas del 15M… proponen medidas y alternativas para sustituir este sistema injusto y predador.

El peligro autoritario es real. Y contra el autoritarismo solo vale luchar por la democracia. La democracia de verdad, participativa, no un decorado que la simule.

Por si alguien no se ha enterado de que crisis, deuda y déficit son un saqueo

Noticias de un día cualquiera. El partido del gobierno en España rechaza el Impuesto a Transacciones Financieras. El mismo Gobierno impone una ley de régimen local que suprime servicios municipales imprescindibles para millones de ciudadanos. La ministra de Sanidad contrata a un corrupto imputado para implantar la gestión privada en hospitales del ministerio. Privatizan el agua. Las 35 mayores empresas de España pagan 500 millones de euros menos en impuestos aunque el año anterior ganaron más. El Gobierno aprueba un regalo de 30.000 millones a la banca. El Gobierno justifica que los bancos no den crédito, porque han de velar por la solvencia de sus clientes. Los pensionistas perderán 33.000 millones en 8 años. Más vueltas de tuerca en la aplicación de la reforma laboral. El FMI amenaza con más “ajustes significativos” para reducir la deuda… Sin olvidar la reducción presupuestaria, los recortes en educación y sanidad, el aumento del paro, de la precariedad, la pobreza y la desigualdad… El remate es la nueva ley de seguridad ciudadana. Muchas protestas sociales serán tratadas como delitos.

Louis Brandeis, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, lo dejó muy claro: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero ambas cosas no”. Banca, corporaciones, grandes fortunas y Gobierno han elegido la riqueza para la minoría. Para ellos. Lo logran saqueando a la ciudadanía. Y con represión para impedir la respuesta cívica, la acción de los trabajadores. Por eso las concentraciones frente al Congreso, los escraches junto a viviendas de políticos o grabar y difundir imágenes de policías en acción serán castigados con multas de hasta 600.000 euros. Y con penas de prisión de hasta cuatro años. Sorprendente, porque según Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, los escraches son “un ejemplo de libertad de manifestación”. Pero a esta gente no les importan las libertades: son obstáculos a derribar.

Como afirma el magistrado Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, “para el Gobierno del PP el ciudadano que protesta es el enemigo”. Y para Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, ésta ley prosigue la vulneración de derechos propia de este Gobierno. Además, esgrimir seguridad es un burdo pretexto, porque “en España no hay problema de seguridad”, afirma Robles. La criminalidad ha disminuido regularmente sin cesar en los últimos años, argumenta. España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de la Unión Europea, según datos del propio Ministerio de Interior. Y, si hablamos de protestas sociales, hay confrontación con la policía en otros países (Grecia, Italia), pero no en España. El movimiento ciudadano es pacífico y pacífica es la desobediencia civil.

Incluso la policía critica esa ley. José María Benito del Sindicato Unificado de Policía denuncia que, simulando amparar a los policías, la nueva norma sólo protege a “la casta política”. Por eso criminaliza protestas frente a sus domicilios o manifestaciones frente al Congreso. Y la Coordinadora de ONG de Desarrollo expresa su preocupación por una normativa que considera “delito de integración en organización criminal” convocar una concentración de protesta por Internet en la que pudieran producirse incidentes violentos al margen de la intención y voluntad de quien convoca. El colmo es considerar “delito de atentado contra la autoridad” la resistencia activa pacífica. Ésta gente encarcelaría al mismísimo Gandhi.

Tienen una lógica totalitaria impecable. Saquear y la consiguiente represión de la ciudadanía que reacciona contra el pillaje. Como bien y con lucidez expone Carlos Martínez de ATTAC Andalucía, “estamos ya en una pre-dictadura real y no somos conscientes de la gravedad de la situación. Se ataca el derecho de huelga, las libertades de expresión y manifestación y se prepara una ley represiva que permitan al poder y a los poderosos recortar, privatizar y despedir masivamente, acallando la protesta y oposición ciudadanas”.

Ante el rechazo social a la ley de seguridad, el Gobierno dice ahora que es solo un borrador y Rajoy ha ordenado “suavizarla”. Es posible pararla, si la ciudadanía se mueve. Y una reflexión de Luther King para aclarar dónde estamos: “Nunca olviden que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. ¿Pillan por donde iba el reverendo King? Porque lo irrenunciable es la legitimidad de la que este gobierno no conserva ni gota. ¿Podemos frenar esa ley franquista y también el saqueo? Como afirma Mandela, “siempre parece imposible hasta que se logra”.

El enemigo principal

En un blog, cuyo nombre no recuerdo, leo este apasionado aserto: “España solucionaría sus problemas si […] abandonara esos vicios políticos y morales que la convierten en una dictadura sucia de partidos políticos y de políticos“. Tremendo. ¿Dictadura de políticos? No exactamente. Una democracia descafeinada, vaciada, de decorado, sí, pero ¿dictadura…?

A quien tal afirma le sugiero que averigüe lo que ocurría en concreto en el período de tiempo que va de 1939 a 1976. Probablemente comprobaría en sus carnes el empleo alegre del término dictadura. Mi reflexión no pretende defender a los políticos profesionales, nada más lejos de mi ánimo, sino centrar quien es el verdadero enemigo de la ciudadanía y sus derechos porque, si no lo sabemos, difícilmente superaremos esta situación que nos oprime. Las palabras han de usarse con rigor o se contribuye a la corrupción general del lenguaje que, mira por donde, es una de las armas preferidas de quienes nos saquean y violan nuestros derechos.

En esta crisis-austeridad-saqueo que oprime a la ciudadanía, los políticos no son el principal y aún menos el único enemigo, como se oye a todas horas por todas partes. Por supuesto tienen una responsabilidad enorme en lo que pasa, porque muchos han traicionado a los ciudadanos que los eligió y en ellos delegó el poder que en democracia solo posee legítimamente la ciudadanía.

El enemigo principal es el poder económico-financiero. La banca, las grandes compañías aseguradoras, los fondos de inversión, los fondos de riesgo y de pensiones, las grandes empresas, corporaciones industriales, petro-químicas, farmacéuticas, grandes fortunas… Ellos son el enemigo principal. Muy pocos, por cierto, respecto al total de la humanidad.

Son los que actúan, presionan, compran conciencias, manipulan, desinforman, estafan, especulan, sobornan, reprimen, provocan guerras y las mantienen… No directamente, claro. Poseen todo el dinero del mundo para corromper, ordenar, impulsar y dirigir a diversos actores a su indiscutible servicio que son quienes ejecutan las felonías citadas. Agentes del poder económico y financiero como gobernantes, diputados, alcaldes de grandes ciudades, directores de medios de comunicación, abogados de campanillas, directivos de entidades internacionales, cúpulas militares…

¿Por qué el poder económico y financiero es el enemigo principal? Porque no solo busca aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores, de la ciudadanía, sino que pretende retroceder a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general al primer tercio del siglo XX. No como efecto colateral, sino como objetivo. Los políticos, algunos políticos, tal vez muchos políticos, son cómplices necesarios a su servicio, pero no son los máximos responsables del saqueo.

Esta historia empezó en los setenta, cuando la reducida minoría rica (la clase dominante, según Marx), al comprobar la disminución de beneficios tras cuatro décadas de vacas gordas, decidió enterrar el pacto social de ese tiempo y pasar a la acción para que las cosas volvieran al orden que les convenía: la hegemonía indiscutible de la clase rica y el control y subyugamiento de las clases trabajadoras. Una decisión de la minoría rica acelerada, como recuerda Josep Fontana, por el auge espectacular de los movimientos populares, de los sindicatos obreros, por la radicalización de las luchas de los trabajadores (mayo del 68 en Francia, otoño caliente en Italia. “Cordobazo” del 69 en Argentina…), del anti-colonialismo, del anti-imperialismo…

El inicio concreto, previo a la ofensiva, tal vez fue en 1970 o 71, cuando la Cámara de Comercio de EEUU (una de las organizaciones de clase dominante más poderosas) encargó un informe sobre la situación de lo que ellos llaman economía de mercado o de libre empresa y nosotros, sencillamente capitalismo. Les interesaba conocer la aceptación del capitalismo y la adhesión al mismo por parte de la gente común en EEUU. En unas sesenta páginas el informe alertaba sobre el aumento del izquierdismo y de los enemigos de la “libre empresa” (universitarios, profesores, artistas, sindicalistas…) y recomendaba a los líderes del capitalismo pasar al ataque en tres frentes: educación, medios de información y política. Visto lo sucedido desde entonces, está claro que la élite de la “economía de mercado” hizo suyas las recomendaciones del informe.

La ofensiva empezó en serio con Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thacher en Gran Bretaña. Una acometida que se inició con el ataque sistemático a los sindicatos hasta debilitarlos o incluso dejarlos en estado vegetativo, al tiempo que gobernaban con descaro a favor de los ricos, reduciendo sus impuestos escandalosamente, por ejemplo. Esa política se extendió como mancha de aceite en los años sucesivos por Europa y países anglosajones. El resto de países, el entonces llamado Tercer Mundo, sufría las agresiones sistemáticas del FMI y Banco Mundial en forma de privatizaciones y otras “reformas estructurales” exigidas sine qua non para poder recibir préstamos internacionales con tales condiciones que ponían a los países deudores a los pies de los caballos de los países acreedores.

La guinda la puso Bill Clintón al otorgar patente de corso a la banca al legislar que los bancos de inversión pudieran actuar como bancos comerciales y otros regalos y mercedes. El capital se movía ya con absoluta libertad, eliminada cualquier norma, regla o control.

En ese amenazador escenario para la ciudadanía, los políticos profesionales jugaron un papel muy importante, porque perpetraron leyes de “liberalización”, privatización y otras bribonadas que han instaurado la actual crisis, estafa y saqueo. Pero esos políticos han actuado por encargo, no son los autores principales. Tal vez excepto parcialmente en EEUU donde las famosas puertas giratorias entre política y economía-negocios-empresas generan que miembros de la minoría rica devengan políticos. Porque la estructura de poder en EEUU (con un coste prohibitivo de las campañas electorales) convierte los cargos públicos elegibles en misión imposible de no poseer sólidas fortunas. Pero, en general, no es el caso de España ni de Europa, donde las puertas giratorias son una indecente y privilegiada vía para enriquecerse políticos desleales que hasta serlo nunca habían comido caliente, como decía sarcástica mi abuela Flora.

La cuestión no es ya si los políticos son así o asá (los dioses me libren de defenderlos). La cuestión esencial es que este sistema apenas democrático está contra la ciudadanía en aras de los intereses de una reducida minoría. Esa minoría que constituye el poder económico y financiero ha reducido la democracia a un vacuo ritual electoral y ha logrado que los parlamentos tengan escaso poder real. Quien decide son FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo, OMC… claramente a su servicio. Y contra esa minoría  hay que luchar prioritariamente.

Esa es la cuestión y no despotricar sin cesar contra los políticos, eficaz maniobra de distracción por otra parte para que los verdaderos responsables del saqueo permanezcan en el anonimato y no sean objetivo de la ciudadanía. Y, como objetivo político, ya dijo hace años Julio Anguita que los mercados (es decir, el poder financiero) tienen nombre y apellidos. Battiston, Glattfelder y Vitali han elaborado un riguroso informe sobre las relaciones de poder y cruces de miles de empresas y consejos de adminsitración de todo el mundo y han concluido que la economía está en manos de 737 grandes bancos, compañías aseguradoras, fondos de inversión, fondos de riesgo, fondos de pensiones, grandes empresas y corporaciones industriales y otras que controlan el 80% de las empresas transnacionales más poderosas. En el Reino de España, por ejemplo, 1.400 personas gestionan el 80% del PIB nacional. Y en Cataluña se dice desde siempre que la economía de ese país está dominada por 400 familias.

Quienes constituyen el poder económico y financiero son el enemigo principal, incluso quienes hacen generosas donaciones para las causas que sean. No lo olvidemos. Y son el enemigo porque así lo  quieren. Luego podemos fijarnos en los cómplices necesarios, cómplices sin más, encubridores y otros contribuyentes a la estafa y saqueo que nos deja sin presente ni futuro, que algunos se empeñan en llamar crisis.

La democracia, reducida y prostituida por el neoliberalismo

Más de la cuarta parte de ciudadanos del Reino de España son pobres y 700.000 hogares carecen de cualquier ingreso. El hambre llega a España. Los niños desnutridos ya se cuentan por decenas de miles; sólo en la desarrollada Barcelona, su ayuntamiento reconoce más de 2.600 niños desnutridos. Es una situación general de derechos sociales vulnerados.

¿Hablamos de violaciones de derechos sociales en la Unión Europea? Podemos enumerar el sufrimiento creciente de tantas gentes en Grecia, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Italia… Incluso en la próspera (?) Alemania, más de cinco millones de trabajadores precisan ayuda social porque ganan tan poco que no les alcanza para vivir.

En Europa, retroceden también los derechos civiles; antes con el pretexto de la lucha antiterrorista y hoy para frenar el movimiento global de la ciudadanía indignada. Vamos hacia atrás. Porque nunca hay democracia de verdad si no se respetan los derechos de todos.

Y, por si fuera poco, ahora sabemos algo peor que el hecho de que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) espíe a millones de personas en todo el mundo, incluidas Europa y los mismos Estados Unidos. The New York Times ha divulgado que once magistrados, nombrados a dedo, componen un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero, convertido sigilosamente en una especie de “Tribunal Supremo paralelo”. El gobierno de Estados Unidos ha creado un tribunal secreto que, con el paraguas de la lucha antiterrorista, aprueba clandestinamente medidas de “seguridad”, sin responder ante nadie, al margen de cualquier control democrático, para perseguir a quien amenace los intereses de Estados Unidos. Por no hablar de los drones (aviones teledirigidos no tripulados), que ya han asesinado más de 4.700 personas; teóricamente sospechosas de terrorismo, sin juicio ni defensa alguna, y civiles cercanos a esos “objetivos”. ¿Y la presunción de inocencia? ¿Y el derecho a juicio justo?

Ya lo profetizó tras el atentado del 11-S Sandra Day O’Connor, jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos: “Conoceremos las peores restricciones a nuestras libertades de toda nuestra historia”. Como así ha sido y así es.

Además, en ese escenario de agresiones sistemáticas a los derechos civiles y políticos, los Estados ceden poder a instituciones económicas internacionales sin legitimidad democrática alguna (FMI, OMC, CE…) que imponen recetas neoliberales. Con el objetivo de acabar con el estado dicho de bienestar y que la minoría rica sea aún más rica en un mundo cada vez más desigual.

Mientras el poder se concentra en pocas manos nada democráticas, empresas transnacionales, gran banca internacional, grandes especuladores y grandes fortunas promueven el asalto final contra los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Una agresión que no pueden justificar en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero perpetran en el del equilibrio presupuestario y la presunta lucha contra el déficit público. Y así hacen retroceder a los países a la situación social de los años cincuenta.

Al ataque sistemático contra los derechos de la ciudadanía cabe añadir que la división de poderes, consustancial con el sistema democrático, se disuelve por la absoluta hegemonía del poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial. Los parlamentos, subordinados a los gobiernos, en lugar de controlarlos solo aprueban las leyes que éstos deciden, en tanto que el poder judicial no contradice al gobierno, salvo de modo muy excepcional. Como ha escrito Eduardo Subirats, “el poder financiero del mundo se concentra en manos de un puñado de corporaciones (…) y el autoritarismo del Estado a su servicio se impone con la naturalidad de una voluntad divina”.

Los medios de comunicación rematan el panorama con la ocultación y manipulación de la información que la ciudadanía precisa, excluyendo hechos, contenidos y opiniones opositoras o divergentes. Propiedad de unos pocos, los medios ocultan o maquillan los problemas y niegan las canalladas, al tiempo que esconden a sus responsables, falseando la realidad.

El actual autoritarismo, camuflado como democracia formal reducida a un caro ritual electoral, es una violación sistemática de derechos de la ciudadanía. Porque fascismo es toda doctrina, sistema o práctica política que se pase los derechos humanos por el forro. Y eso ocurre hoy en Europa. El capitalismo neoliberal es incompatible con la democracia, porque no casa con su codicia. La democracia es, ante todo, un sistema ético de derechos, valores sociales y morales, en el que las personas ocupan el primer lugar. Y hoy, en Europa, las personas pintan cada vez menos.

Tiene razón Jürgen Habermas cuando reitera que en Europa desmantelan la democracia . Hasta que la gente común consiga cada vez más poder para cambiar la situación y que sus derechos y necesidades sean la prioridad. Se puede. Más crudo lo tenían con el régimen absoluto y fue expulsado.

Poder financiero, principal enemigo de la ciudadanía

Solo cien personas ganaron en 2012 más de 240.000 millones de dólares. Tanto dinero como España dedicó ese mismo año a prestaciones sociales, desempleo, sanidad y pensiones. Cien en la cima de las 1.426 personas que poseen mil millones de dólares o más y que suman entre todos 5,4 billones de dólares de riqueza. Súper-ricos que no han perdido con la crisis sino que han ganado más. A costa de la ciudadanía. Decía Balzac que tras toda gran fortuna hay un gran crimen y, sin entrar en cuanta verdad tenga el aserto, lo cierto es que el 0,01% de súper-ricos de la Tierra, (quienes poseen 30 millones de dólares o más) no consiguió su fortuna por ser geniales empresarios ni más inteligentes que el resto de la humanidad. Trampas, especulación, presión sistemática, chantaje, soborno y compra de conciencias lograron establecer un sistema privilegiado para los intereses de la minoría rica.

Desde 1947 hasta los 70, parte de los beneficios de la economía se distribuían también entre las clases populares. En Occidente, claro. No era socialismo, pues había una desigualdad insultante y los ricos se quedaban con la parte del león, pero había cierta justicia en esa distribución. A través de los impuestos el estado podía ofrecer servicios y prestaciones, que no son otra cosa que cumplimiento de derechos.

Pero en los 70 empezaron a disminuir beneficios. Y los ricos se aprestaron a recuperar su volumen de ganancias e incluso aumentarlo. Consiguieron escandalosas rebajas de impuestos, leyes laborales que abandonaban al trabajador, privatización de servicios públicos, ahora jugosos negocios; supresión de reglas y control del sector financiero, más una escasa voluntad de perseguir el fraude fiscal con los paraísos fiscales como óptimos aliados. Fraude fiscal que cuesta anualmente 3 billones de dólares a 145 países. Los ricos lograron así establecer un sistema amañado a su favor.

En Europa, la crisis-estafa cobró forma de deuda pública difícil de pagar, y objeto de especulación. Además de austeridad fiscal como presunta política para afrontarla. Hans-Werner Sinn, preclaro asesor de Ángela Merkel y presidente del IFO (Instituto para la investigación económica) desvela sin rubor el por qué de tal política. Asegura que los países del sur con problemas de endeudamiento (Portugal, Grecia, España e Italia) deberán tener diez años más de austeridad para lograr la imprescindible “devaluación interna de un 30%” para salir de la crisis. ¿’Devaluación interna’?

Sí. Los ricos, para continuar siéndolo, necesitan que las clases populares pierdan un 30% de su renta en forma de salarios más bajos, pensiones más bajas, menos prestaciones sociales y menos servicios públicos. Rebaja de rentas de la mayoría en clara transferencia hacia los bolsillos de quienes más tienen. Más migas y migajas para secuaces, cómplices y encubridores que les han servido y sirven para engañar, someter y esquilmar a la ciudadanía. Gobiernos, políticos profesionales, medios de comunicación, “expertos”… Pues es diáfano que la mayoría de estados gobiernan para los ricos (mercados financieros, si prefieren) y no para la ciudadanía.

Juan Torres nos recuerda como, tras el cierre de urnas en las últimas elecciones italianas, le faltó tiempo a Angela Merkel para ordenar lo que tenía que hacer Italia, fuera cual fuera el gobierno que se formara. Aplicar la política de austeridad y lucha contra el déficit que pretenden las contra-reformas del derrotado estrepitosamente en las elecciones primer ministro Monti. Es evidente que lo que quiere y expresa la ciudadanía con el voto les importa un rábano. Una dictadura de hecho.

Y, para incrementar el riesgo como explica Susan George, es posible un batacazo como el de Lehman Brothers en 2008. Porque nadie siquiera ha intentado controlar el sistema financiero y porque las 50 mayores empresas del mundo, de las que 48 son grandes bancos o otras entidades financieras, están muy interconectadas. Y, si algo va mal en una, pueden caer muchas. Con nefastas consecuencias para la ciudadanía.

Si el 0,01%, poseedor de la mayor parte de riqueza, controla el poder económico y ha corrompido el político, el adversario principal de la ciudadanía son los ricos. No nos engañemos. Y contra ellos hay que levantar un gran movimiento ciudadano que recupere la democracia y cambie la situación en beneficio de la inmensa mayoría.