Un plan para rebajar derechos

Estos días circula por la Red la revelación de los abundantes privilegios de que gozan los políticos profesionales españoles. Escandaloso.

Y, si indagamos los ingresos de la mayoría de políticos profesionales (y también de cargos institucionales como el gobernador del banco central español), comprobaremos que los ingresos de quienes tienen mayor capacidad de decisión en los asuntos de todos son realmente jugosos. ¿Quién decía que Roma no paga a los traidores?

Quizás eso explique el tremendo servilismo de la mayoría de la clase política española, arrodillada ante la minoría privilegiada (la clase dominante), a la que sirven con una lealtad digna de mejor causa. Aunque para ser justos hay que añadirle la fervorosa colaboración de los responsables de la mayoría de medios informativos y otros especímenes similares para convencer a la población de la falacia de que las medidas que les arruinan la vida no solo son las mejores, sino las únicas. España es hoy arquetipo y paradigma de cómo la minoría privilegiada se enfrenta a la crisis controlando el Estado  en su exclusivo beneficio.

Son conocidos los recortes sociales que el gobierno de Zapatero ha perpetrado: reducción del salario de funcionarios, congelación de pensiones, reducir partidas sociales en los presupuestos del estado… Y hay agresiones que amenazan a la mayoría con reformas presuntamente necesarias para reducir el déficit y aumentar la competitividad. Una reforma laboral cuyo desarrollo supondrá que los convenios colectivos por sectores económicos harán tabla rasa de los derechos laborales conseguidos en medio siglo, obligando a negociar todo desde cero. Lo que significará perder muchos derechos. Y la reforma de las pensiones públicas impondrá más edad para jubilarse y un cálculo injusto que reducirá la cuantía de las pensiones de la mayoría.

La OCDE aplaude los planes neoliberales de Zapatero. Pero como la minoría privilegiada es inaciable, ésta propone a Zapatero que aumente el Impuesto de Valor añadido (IVA) e impuestos especiales: subir los impuestos que pagan todos y no distinguen entre pobres y ricos. Y, para que no haya dudas sobre a quien se sirve, la OCDE pide al gobierno español que rebaje las cotizaciones sociales que pagan los empresarios (las que nutren la Seguridad Social), y reduzca el impuesto sobre sociedades.

En mi ya larga vida no recuerdo tanta cara dura ni tanta desfachatez como la de estos días. Como en una película del Far West o de gángsters de Chicago años 30, todo para los que ya tienen mucho y casi nada para los demás.

En España, la economía la controlan unas 1.400 personas, según documentado estudio de los consejos de administración de bancos y grandes empresas del catedrático de economía Iago Santos. Y recordemos que, en el mundo, la minoría privilegiada, según Merrill Lynch y Capgemini, son 93.100 personas que poseen más de 30 millones de dólares (sin contar valor de primera vivienda, bienes consumibles y bienes coleccionables, entre otras excepciones). La suma de toda esa riqueza es tanta como el PIB de toda la Unión Europea. Merrill Lynch y Capgemini, además, prevén que, en 2013, los ricos serán mucho más ricos. Han convertido la crisis en un negocio beneficioso a costa de la ciudadanía.

En el otro extremo del arco (el más numeroso por otra parte), gran parte de la clase trabajadora y de las mal llamadas clases medias sufren y sufrirán más paro, precariedad y pobreza.  En España, por ejemplo, a día de hoy, una quinta parte de la población está bajo el umbral de la pobreza. Y en Estados Unidos, según datos de la Oficina Federal del Censo, casi 44 millones de estadounidenses vivían en 2009 bajo el umbral de la pobreza; uno de cada siete. El profesor de economía Juan Torres nos explica que el 1% de los estadounidenses más ricos obtuvo el 23,5% de los ingresos brutos del país en 2007, cuando en 1976 solo conseguía el 9% (La desigualdad de ingreso, Robert H. Frank). Y durante el gobierno de Bush, el 1% más rico de la población se apropió del 75% de la riqueza generada (David DeGraw, “The Economic Elite vs. People of the USA).

El plan para reducir e incluso eliminar los derechos de la ciudadanía y convertir economía y política en una jungla controlada por muy pocos está en marcha. Si lo permitimos los ciudadanos, claro.

Anuncios

Wikileaks, una necesidad democrática

Julian Assange debería ser asesinado, según un tal Flanagan, asesor del primer ministro de Canadá. El asesinable Assange es el fundador y director de Wikileaks, organización que ha dejado con las vergüenzas al aire a la clase política de Estados Unidos y de otros países al difundir miles de documentos del Departamento de Defensa y de las embajadas al Departamento de Estado. Documentos “clasificados”, muy secretos. Lo de hacer secretos documentos oficiales es una práctica nada democrática de gobiernos que presumen de democráticos; una práctica que, como recuerda el sociólogo Manuel Castells, es la “capacidad de silenciar en la que se ha fundado siempre la dominación y las tiranías”. Como escribe el constitucionalista Bill Quigley de la universidad de Nueva Orleans, “desde el 11-S, los políticos creen que no deben compartir sus ‘secretos de estado’ con los ciudadanos”. Inaceptable.

Afortunadamente existe Wikileaks. La difusión de documentos “clasificados” ha destapado corrupciones, abusos y violaciones de derechos humanos, juego sucio, trampas para impedir hacer justicia, torturas y matanzas en todo el mundo. También actuaciones autoritarias o delictivas de mandatarios, lavado de dinero que salpica a gentes “honorables”, atrocidades perpetradas por fuerzas armadas de Estados Unidos y Gran Bretaña en Irak… Una larga lista de ilegalidades, delitos e incluso crímenes. Que tal labor de destapar e informar es importante lo prueba que Wikileaks haya recibido por su tarea premios de entidades tan dispares como el conservador The Economist o Amnistía Internacional.

Como era previsible, Wikileaks está ahora en el punto de mira. Pero quienes atacan a Wikileaks no cuestionan la veracidad de lo difundido; critican la difusión de documentos con la despreciable falacia de que pone en peligro a tropas americanas o de sus aliados. Políticos estadounidenses han farfullado la inefable majadería de que las filtraciones de Wikileaks son terrorismo porque arriesgan vidas. Pero oficiales estadounidenses han reconocido que “la publicación de esos documentos no ha producido muerte alguna”. Por cierto, son los mismos políticos que aprobaron bombardeos de saturación de Bagdad y otras ciudades iraquíes que costaron miles de vidas.

Hillary Clinton, Secretaria de Estado de Estados Unidos, ha reaccionado en falso al decir que “esta revelación es un ataque a la comunidad internacional”. ¿Qué ataque? ¿De qué comunidad habla? Y miembros de la Cámara de Representantes de EEUU han pedido a la Secretaría de Estado que añada Wikileaks a la lista de organizaciones terroristas. Sería cómico, si no fuera tan lamentable.

Por si fuera poco, algunos medios de comunicación (no al servicio de los ciudadanos, por cierto) colaboran con los ataques de servicios de inteligencia contra Assange y Wikileaks. Fox News, portavoz de la extrema derecha estadounidense, ha propuesto incluso que Assange sea asesinado. Algo viejo como el mundo, porque ya en la Grecia clásica los tiranos mandaban asesinar al mensajero. Pero el mensajero no es responsable de lo canallesco de los mensajes.

Lo ofensivo es que los diversos mandatarios afectados no se avergüenzan ni se arrepienten por lo que han perpetrado y Wikileaks ha desvelado, pero se rasgan las vestiduras porque ahora se conocen sus fechorías.

Conviene recordar el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo 62º aniversario se ha celebrado el 10 de diciembre: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

El presidente saliente de Brasil, Lula da Silva, ha expresado su total solidaridad con Julian Assange y se ha mostrado “espantado ante la falta de manifestaciones” en el mundo contra la prisión de Assange. “Quiero manifestar mi protesta contra ese atentado contra la libertad de expresión. En vez de culpar a quien ha divulgado esos documentos, deben ser culpados quienes los escribieron”.

Wikileaks contribuye a garantizar nuestro derecho ciudadano a saber la verdad. La información es la savia de la democracia, decía Thomas Jefferson, y quien impida ese derecho a la información ataca la democracia.

A fin de cuentas, como ironizaba una ilustración humorística, “¡qué horror, el mundo es tal como nos temíamos!”. Por eso, porque lo intuíamos y ahora sabemos, hay que continuar luchando por el derecho a la información. Contra cualquier autoritarismo.

¿Tenemos lo que nos merecemos?

A estas alturas de la crisis sabemos bien qué ocurre, por qué y quiénes son los responsables. Y sabemos la solución, como también las propuestas de los diversos partidos que comulgan con el dogma neoliberal, causa mayor de la crisis. Y así conocemos el programa-catecismo neoliberal de esos partidos que nos quieren gobernar. Es diáfano. Más contratos laborales temporales (en detrimento de los fijos), supresión o reducción de la negociación sindical colectiva (que protege a los trabajadores), manga ancha para despedir sin costes o con costes muy bajos, despidos masivos de empleados públicos, rebajas de impuestos sobre los beneficios de las empresas, rebajas del impuesto sobre rentas del capital invertido (aunque sea especulativo), masiva privatización de empresas públicas (correos, transporte público), privatización de servicios del Estado aunque sean derechos humanos esenciales (sanidad, educación, protección social)…

No es un rumor. Lo sabemos porque lo vemos. En Gran Bretaña, el gobierno eliminará medio millón de empleos públicos, rebaja 20.000 millones de euros en partidas sociales, aumenta las tasas universitarias, recorta el acceso a viviendas sociales, mantiene el deterioro de la sanidad pública con más recortes y reducirá en 500.000 el número de quienes tienen derecho a pensión por incapacidad (enfermos de esclerosis múltiple, con trastornos mentales…).

En España, rebajan salarios de los funcionarios, congelan pensiones, desprotegen a los trabajadores con una reforma laboral, recortan partidas sociales, privatizan… En Francia, más de lo mismo. Y más de lo mismo en Italia, Portugal, Grecia… Sabemos sin error lo que significa la política neoliberal. Y, sin embargo, se vota y se da el gobierno a los partidos que adoran y aplican tal política.

En Cataluña, ha habido elecciones de diputados al parlamento autonómico. Ha vencido, cercana a la mayoría absoluta, la federación de dos partidos neoliberales, Convergencia i Unió. Un esclarecedor ejemplo y botón de muestra de la sinrazón ciudadana de nuestros días. Como lo es la mayoría absoluta de la muy neoliberal Esperanza Aguirre en la Comunidad Autónoma de Madrid y la mayoría absoluta del también muy neoliberal (y sospechoso de corrupción) Camps presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana.

CiU ha gobernado Cataluña durante veintitrés años hasta hace siete. Y así logró que Cataluña tuviera uno de los gastos públicos sociales más bajos de  la Unión Europea, semi-privatizó la sanidad y la educación (deteriorándolas), más sospechas (o algo más) de financiación corrupta e ilegal de ambos partidos… Jordi García Soler ha recordado que Irlanda ha sido el modelo confeso de CiU. Uno de los ideólogos de esta conservadora federación escribió que “Cataluña debería observar el milagro económico irlandés con mucha atención, porque enseña el camino de cómo un país puede encontrar prosperidad y modernidad sorprendentes”. Prosperidad y modernidad. Veamos.

Irlanda, como han escrito los profesores Navarro y Torres, era el discípulo europeo aventajado del FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. El país europeo con menos impuestos sobre el capital, menos gasto público y social, mayor privatización de servicios públicos, mercado de trabajo más desprotegido (muy fácil y barato despedir), mayores ayudas a la banca… Pero también el país de la zona euro con mayores desigualdades sociales; un país cuya economía, según Paula Clancy, directora de Action on Social Change de Irlanda, controlan treinta y nueve individuos muy ricos cuyo centro de poder es la banca.

Irlanda, cuyo proclamado éxito se medía por el incremento vertiginoso del PIB, pero no por la disminución de desigualdades o el bienestar de los ciudadanos. Un país que nos permite comprobar las consecuencias reales de la propuesta de austeridad fiscal neoliberal, un país que aprobó antes que nadie un duro programa de recortes, mientras ponía miles docenas de millones de euros a disposición de bancos en ruinas…

Y, tras la orgía neoliberal, el rescate. Juan Torres nos recuerda que ahora la Unión Europea exige a la modélica Irlanda (contra lo celebrado y aplaudido hasta hace nada) que suba los impuestos para poder devolver el dinero que le presta. Por cierto, a un interés muy superior al del dinero que se entrega a la banca especuladora.

Pues bien, millones de votantes catalanes, que no salen a la calle para exigir enfrentarse de verdad a la crisis, dan el gobierno a CiU, cuyo neoliberal modelo es Irlanda.

Uno empieza a temer que tenemos lo que nos merecemos.