Los medios al servicio de la oligarquía

Hace unos años, Ignacio Ramonet escribía que “los medios informativos, en general, aparecen como un problema para la democracia”. Y lo son en tanto no reflejan la veracidad, pluralidad y diversidad de la sociedad. Lo cierto es que los medios presuntamente informativos no informan. Para que la ciudadanía no pueda formar una opinión pública crítica y rigurosa. Y, por eso siembran temor y miedo con sus noticias. Para socavar la esperanza de la gente. Pues sin esperanza no hay resistencia y sin resistencia no se cambia este mundo.

Con la excepción de algunos medios digitales, que informan con honradez, veracidad y rigor, en el Reino de España gran parte de los medios desinforman. Con avalanchas de noticias negativas fuera de contexto y sin exponer jamás sus causas. Ese aluvión de datos y mensajes, que buscan asustar, que no informan, moldea una opinión pública timorata y resignada. Eso pretenden.

Donde se muestra nítida esa función disolvente que perpetran los grandes medios es cuando informan sobre atentados terroristas. Servido con innegable amarillismo y sensacionalismo, jamás analizan causas y contextos de los actos terroristas. Para sugerir a la postre, directamente o de modo camuflado, que para afrontar al terrorismo no hay más remedio que aceptar el recorte de libertades. Llevan quince años insistiendo, desde el atentado de Nueva York.

Pero, si se trata de evitar víctimas, resulta que hay víctimas de diferente categoría y, por lo publicado o emitido, las del terrorismo son las que interesan a los medios de persuasión. Así parece al conocer que, según la estadounidense Coalición Nacional pro Personas sin Techo, con sede en Washington, en Estados Unidos mueren de frío cada año unas 700 personas que viven en la calle. Que no es de extrañar pues, desde el inicio de la llamada crisis, ha habido diez mil desahucios semanales en ese país, lo que significa que miles de personas han sido expulsadas de su hogar y se han quedado en la calle. Y calcula esa Coalición que han muerto de frío desde 2008 más ciudadanos estadounidenses que en todos los ataques terroristas en territorio de Estados Unidos en 20 años, incluido el brutal atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Pero esas víctimas mortales no interesan a los medios del sistema. Y así, el despliegue presuntamente informativo por atentados terroristas muestra las intenciones de los grandes medios presuntamente informativos: amedrentar a la gente para desmovilizarla.

Añadamos a ese amarillismo y ausencia de rigor el mantra reiterado, nunca demostrado, de que la única política económica posible es la de austeridad, recortes sociales, absoluta libertad de capitales, privatización de servicios públicos, moderación salarial e impunidad para agresores del medio ambiente, y ya tenemos el dibujo completo de la degeneración informativa en nuestros días. Más la suma de la banalización y frivolidad informativas para ganar lectores o audiencia usando emociones facilonas y epidérmicas, arrinconando el razonamiento, lejos de nosotros la funesta manía de pensar, que ironizó el poeta.

Sin olvidar que también juegan sucio con las palabras. Ignacio Escolar nos advirtió hace tiempo del uso perverso del lenguaje para el control social y que cualquier manipulación empieza corrompiendo el diccionario. Por eso llaman “gasto” al dinero invertido en guarderías, sanidad o pensiones, pero denominan “inversión” lo gastado en construir autopistas, aunque sean tan inútiles e innecesarias como las radiales de Madrid.

Una de las últimas trampas del lenguaje de los medios al servicio de la oligarquía es el uso de “copago”. Cuando no es “copago” sino “repago”, porque el ciudadano que paga parte de un medicamento ya lo ha pagado con sus impuestos.

Una muestra histórica de corrupción de lenguaje es la perpetrada por Aznar para poder enviar tropas españolas a la guerra de Irak. Según la Constitución española, sólo el Jefe del Estado, autorizado por las Cortes, puede declarar la guerra. Para evitar las Cortes, Aznar utilizó “conflicto armado” para hacer… la guerra a Irak de Sadam Hussein con Bush y Toni Blair sin decirlo claramente.

En resumen, se mire como se mire, con honrosas excepciones, los medios se erigen en peligrosos enemigos de la ciudadanía. Una respuesta y acción de resistencia es utilizar los avances tecnológicos para crear nudos ciudadanos de información veraz y rigurosa, al margen de los medios convencionales. Y denunciarlos. Pero nunca ceder, nunca resignarse.

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La deuda, mucho más que un negocio especulativo

En España de 2010 a 2015 se recortaron casi 19.000 millones de euros en Sanidad y Educación.  Cediendo a las imposiciones de la Unión Europea. Pagados por la ciudadanía con derechos insatisfechos y vulnerados. Recortes para pagar deuda pública y reducir el déficit presupuestario.

Si crear deuda es negocio de la banca, mejor si es pública. Para la banca. El actual sistema de deuda es sospechoso y letal. En diez años, por ejemplo, América Latina pasó de una deuda pública de 440.000 millones de dólares a otra de 800.000 millones. Casi el doble. Según Naciones Unidas, América Latina pagó de 1982 a 1990 cuatro veces su deuda y, tras dieciséis años de pagar, su deuda era el triple de la de 1982. Un negocio de fábula para los acreedores.

A medida que avanzaba la ofensiva neoliberal, y con ella la constante rebaja de impuestos a los ricos y grandes empresas, aumentó de modo insoportable la deuda pública. En Europa fue exponencialmente desde el Tratado de Maastricht que prohíbe a los bancos centrales prestar a los estados miembros. Reducidos los ingresos estatales por rebajas fiscales a los ricos, los gobiernos piden préstamos a la banca privada que los da a interés considerable. Pero si esa deuda pública hubiera sido financiada por bancos centrales con los mismos tipos de interés con los que prestan generosamente a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima.

Ya le tocó a Europa, pero la deuda ha sido poderosa palanca para forzar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, despedir funcionarios, privatizar lo público, rebajar salarios… Como denuncia Eric Toussaint, “con complicidad de los gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI, el sector financiero, responsable innegable de la crisis, especula con las deudas de los Estados y exige implacable su reembolso imponiendo una austeridad salvaje”. En Europa. El caso de Grecia es esclarecedor. Si te mueves, no sales en la foto.

Utilizar la deuda para dominar es antiguo. Como cuenta el historiador Eugene Rogan en Los árabes, hace casi ciento cincuenta años, Jair al-Din, dimitido presidente del Gran Consejo de Túnez por negarse a solicitar el primer préstamo de su país a un banco extranjero, denunciaba con amargura que, tras la concesión del préstamo, las exigencias de los acreedores llevaron a Túnez a la bancarrota: “El gobierno entró en la ruinosa senda de pedir prestado para pagar préstamos y en menos de siete años, Túnez, que nunca debió nada, sufrió la abrumadora carga de millones de piastras de deuda”. Además de ser forzado a ceder la soberanía a una comisión financiera internacional que supervisaba la economía tunecina para asegurar el pago de intereses. Ocurrió lo mismo en Egipto y también le pasó por ese tiempo al gobierno central del Imperio Otomano. La ruina por deuda.

¿Qué hay tras la implacable dictadura de reducir el déficit e imponer recortes? Negocio seguro y fácil para la banca, por supuesto, más fraude y elusión fiscales. Y fiscalidades muy regresivas que son parte del negocio. En plata, quienes tienen más y más atesoran pagan muy pocos impuestos. O no pagan. Si el Estado no llega, que se endeude.

The New York Times denuncia que unos pocos estadounidenses muy ricos negocia en privado constantemente con el Servicio de Impuestos Internos federal para reducirlos. Esa presión clandestina permanente ha creado de hecho un sistema fiscal privado, solo al alcance de unos pocos miles. Curiosamente, son quienes más aportan a candidatos de campañas electorales.  Cuando Bill Clinton fue elegido presidente, los 400 ciudadanos más ricos de EEUU pagaban un 27% de sus ingresos en impuestos federales. Pero en 2012, esa cantidad ya era menos del 17%. Y Paul Krugman denuncia la actual injusticia y regresividad de la fiscalidad estadounidense al recordar que en los años 60, el 0,01% más rico pagaba un impuesto sobre la renta de más del 70%.

La democracia no lo es sin impuestos progresivos, justos y suficientes, que incluyan gravámenes y tasas al capital y a la especulación financiera. Pues no puede haber libertad sin existencia material garantizada y, de no acabar con el atraco del déficit, deuda pública y austeridad ni redistribuir la riqueza con impuestos justos, progresivos y suficientes, no hay vida libre posible. Ni democracia. Además, no pagar la deuda o pagar solo parte, que es lo exigible y justo, es práctica tan antigua como la humanidad. Las primeras anulaciones y reestructuraciones de deuda se hicieron en tiempos de Hammurabí. Hace tres mil años. Un ejemplo a seguir.

Elecciones y cambio político y social

El Reino de España ya está en campaña electoral. El 24 de mayo serán elegidos nuevos ayuntamientos y casi todos los gobiernos autonómicos y, desde las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014, el Partido Popular y el PSOE, fundamento del régimen bipartidista monárquico, han perdido intención de voto a ojos vista. Pero, ya cerca de las primeras citas electorales en todo el terriotiro del Estado, aumenta entre la ciudadanía y la clase trabajadora resistentes la sensación de que ya no parece tan seguro que el bipartidismo monárquico neoliberal y autoritario sufra un descalabro electoral.  El PP ha frenado su caída libre en intención de voto, el PSOE se  ha estabilizado y Podemos, que se presenta como la garantía de cambio, parece haber llegado a su techo, a la vista de los resultados de las elecciones de Andalucía y los de las últimas encuestras electorales. Sin olvidar el ascenso de Ciudadanos, que nadie previó, pues, aunque se presenten como partido de centro, son una versión moderna de partido conservador y neoliberal; el posible sustituto del Partido Popular.   

Por todo lo dicho cunde cierta desesperanza, porque ya no se ve tan seguro el cambio soñado. Y se propaga cierto pesimismo porque se ignora una certeza que hace años escuché formular con lucidez al nonagenario militante comunista y poeta Fernando Macarro, más conocido por su nombre literario de Marcos Ana. El hombre que pasó más tiempo en cárceles franquistas (23 años) explicaba a un reducido e impaciente público joven que los cambios de verdad son necesariamente lentos pues, de no ser así, no son tales sino espectáculo.

Es verdad que las consecuencias nefastas de los recortes sociales y las implacables políticas neoliberales, que a tantos han hecho y hacen sufrir, han despertado muchas conciencias. Y también es cierto que por mucho que el gobierno cacaree sobre la recuperación económica y la salida de la crisis, los trabajadores, la gente común, comprueban en sus vidas que eso no es cierto. Pero no podemos olvidar que en los noventa y primeros años del siglo XXI, antes de la crisis, mucha gente creía vivir en el mejor de los mundos. Aunque un paro considerable haya sido constante durante décadas en España, la burbuja inmobiliaria no había estallado, no habían empezado los brutales recortes sociales ni las rebajas salariales y se ofrecía crédito al consumo a casi todo el mundo a tipos de interés asumibles. No aumentaban los salarios o muy poco, pero los trabajadores podían hacer un montón de horas extraordinarias y entramparse comodamente para pagar a plazos la vivienda, incluso una segunda residencia, televisores, lavavajilas  y automóviles en cuotas mensuales que se podían abonar sin demassiado apuro.

En este tiempo de capitalismo de crédito fácil, buena parte de la clase trabajadora se consideraba ‘clase media’. Se había olvidado que se forma parte de esa clase no por caprichosa elección o moda sino porque solo se dispone de la fuerza de trabajo para alquilar a cambio de un salario para poder vivir, en tanto que una minoría se lleva la parte del león porque detenta la propiedad de los medios de producción en los que trabajamos.

La conciencia de clase brillaba demasiado por su ausencia y el movimiento obrero se debilitaba. ¿Es casualidad que en España solo haya habido cuatro huelgas generales desde 2010, cuando se empezó a notar la crisis que devino saqueo, mientras en Grecia ha habido 30 huelgas generales desde 2009? Un movimiento obrero débil, como el de España, es indicio de falta de conciencia de clase y de insuficiente fortaleza política para acometer cambios en profundidad.

Los cambios profundos llevan su tiempo. Tiempo que es preciso también para forjar conciencias colectivas críticas y transformadoras. Además, en los cambios que merecen tal nombre se consigue parte de lo perseguido y parte no; aquí más y allí menos; aquí cambio notable, allí a medias o apenas… Un cambio revolucionario lleva su tiempo. Un cambio en el que se cuestione y empiece a cambiar la propiedad de los medios de producción, porque ese cambio está ligado al volumen de conciencia crítica de la clase trabajadora y de la ciudadanía y al aumento y afianzamiento de la conciencia de clase.

Y hoy, a pesar de haber más oposición, más resistencia y más movilizaciones populares, aún permanecen una parte considerable de creencias colectivas en mitos y fábulas neoliberales que desmovilizan. Que el crecimiento económico exponencial es imprescindible. Que la competitividad es la esencia de la economía. Que la libre circulación de capitales es buena. Que las normas y regulaciones frenan la economía. Que es legítimo que el capital obtenga buenos beneficios porque arriesga y crea riqueza. Que lo público es caro y malo y lo privado eficaz y bueno. Que la protección social crea vagos.  Que los medios de comunicación de los países occidentales ricos informan verazmente…

Con esa conciencia crítica colectiva insuficiente, más embustes y manipulaciones sistemáticos, que las clases populares ganen las elecciones es importante, pero también difícil, y, sobre todo, insuficiente. Porque las cosas cambian cuando la gente común cambia, se organiza y se moviliza; cuando la clase trabajadora se organiza y lucha. ¿Lucha de clases? ¿Otra vez esa antigualla? De antigualla nada, por cierto, porque la sufrimos día tras día. Y, como botón de muestra de su innegable realidad, recordaré que un destacado miembros de la minoritaria clase dominante, el estadounidense Warren Buffet (uno de los cuatro o cinco hombres más ricos del mundo) asegura “que por supuesto que hay lucha de clases y es mi clase, la clase rica, la que va ganando”.

Y se trata de que pierdan, porque ambas clases no pueden ganar. Por eso no hay que desesperar si los resultados electorales próximos no son los soñados. ¿O acaso alguien creía que el Ibex 35 (las grandes empresas y corporaciones españolas) iba a permanecer impertérrito ante un avance electoral popular? Pueden comprar todo lo comprable y lo hacen.

Por todo ello, el cambio profundo, político, social y económico no es equiparable a una carrera de velocidad ni solo cuestión de elecciones, sino que es más una carrera de fondo, una maratón, en la que hay que medir fuerzas y administrar y organizar energías. Y, por supuesto, aumentar la conciencia colectiva crítica y transformadora. La conciencia de clase trabajadora.

La vía latinoamericana al golpe de estado

En Brasil ha habido de nuevo manifestaciones contra la presidenta Rousseff, pero diferentes a las de 2013 contra la subida del precio del transporte público. Las de ahora en teoría protestan por la corrupción en el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), pero, aparte de eso que también, en verdad pretenden acabar con las políticas de distribución de riqueza. Dicen que esas políticas, como la de la cesta familiar para acabar con el hambre, crean vagos.

Sin duda hay corrupción en las filas del PT y debe ser eliminada, pero no es la razón verdadera. Recuerda lo que pasó en Chile hace 42 años y allí acabó en la dictadura de Pinochet. También hubo desorden en Venezuela en 2002 para echar a Chaves por un golpe de estado que fracasó. Y desde hace semanas han intentado el enésimo montaje de desorden y violencia, más manipulación mediática, hacia el golpe de estado que busca la derecha en Venezuela para derrocar al gobierno legítimo.

La reducida diferencia por la que venció Maduro a Capriles en las elecciones presidenciales, recuerda el profesor Salim Lamrani, excitó a la derecha venezolana que quiso convertir las elecciones municipales de 2013 en una palanca para echar al gobierno chavista. Pero esas elecciones fueron un plebiscito a favor del chavismo, que ganó con amplitud en el 76% de los municipios. Y, como no consigue el poder por las urnas, la derecha vuelve a decantarse por el golpe de estado. Y así, el líder ultraderechista Leopoldo López (que participó en el golpe de Estado de 2002) en enero de 2014 convocó sin disimulo a la insurrección: “Es un llamado a los venezolanos para que nos alcemos”. Desde entonces han proliferado los actos violentos y acciones de grupos armados de la derecha. Hechos cuya autoría ocultan los medios occidentales mientras presentan la situación de violencia en Venezuela como un levantamiento popular contra el gobierno. Pero no es tal sino escenario forzado y creado por quienes poseen la mayor parte de la riqueza. La derecha.

Así fue con Allende en 1973. El golpe de estado fue precedido de desordenes y aparentes protestas populares más abundante manipulación mediática. ¿Sucede lo mismo en Brasil con sus manifestaciones y ataques e insultos contra la presidenta Rousseff? Algunos medios han señalado al Movimiento Brasil Libre, Revoltados Online y a SOS Fuerzas Armadas como espurios impulsores de esas manifestaciones, como describe una documentada crónica de Agnese Marras. El Movimiento Brasil Libre es neoliberal puro y quiere echar a Dilma. La revista Forum lo acusa de estar financiado por los Kock, estadounidenses dueños de un imperio petrolífero. Revoltados (enojados) es un grupo de Internet con muchos seguidores, liderado por un ex pastor evangelista, que también quiere acabar con la presidenta Dilma. De que pie cojean lo revela su lema ‘Con Dios de nuestra parte somos imbatibles’. Nada que ver con las clases trabajadoras ni sus intereses, por supuesto. Sin propuesta política alguna (salvo echar a Rousseff), pero contra todas las de distribución de riqueza que impulsa el PT. Y SOS Fuerzas Armadas, visceralmente anticomunistas, que no pueden ver al PT y a la presidenta Dilma ni en pintura y que suspiran por una intervención militar.

Pero, más allá de que esos u otros grupos sean los organizadores de las protestas, éstas son utilizadas por la derecha de siempre, la burguesía como dirían Marx y Engels, como armas de una clase que admite la democracia mientras aumenten sus beneficios pero, sí algo los amenaza, como el reparto de riqueza que intentan Rousseff, Maduro, Correa o Evo Morales en América Latina, entonces ya no sirve. Y hay que meterla en cintura.

Metámosnoslo en la cabeza de una vez: para que la mayoría de la población viva con dignidad, la minoría que acapara la riqueza ha de perder. Una parte cuanto menos. En América Latina, en Europa o en China. La creciente desigualdad galopante y la obscena acumulación de riqueza en manos de muy pocos están más que probadas. Y eso hay que cambiarlo. Pero los ricos no están dispuestos a rebajar beneficios ni un tanto así y hacen y harán lo que sea para que todo continúe igual. Así se comprenden las tensiones y turbulencias en América Latina.

¿Acaso no ha habido en las últimas décadas un rimero de golpes de Estado o intentos de golpe en Guatemala, República Dominicana, Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Honduras? Y es que la clase dominante, la minoría rica, es adicta al golpe de estado. Para que nada cambie.

De la clase trabajadora, de la ciudadanía depende que lo consigan.

Este sistema ha perdido toda legitimidad

Sostiene el economista chileno Max Neef que la economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero, además de violarse el fundamental derecho a la vida, se perpetran de modo sistemático muchas más violaciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia médica, a seguro de desempleo… Violaciones que son delitos, pero un hipócrita doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos, miles o cientos de miles.

En 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen económico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidad, que el Tribunal Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Fue entonces cuando se conoció la responsabilidad criminal de grandes empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers y bancos y aseguradoras en la gravísima crisis financiera que estalló en 2008 con terribles consecuencias para el mundo.

Cinco años después la situación es peor. La pretendida respuesta a la crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la élite económica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la ONU ha aprobado elaborar un tratado vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinacionales.

El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por veinte votos a favor, catorce en contra y trece abstenciones. De los catorce votos opuestos, seis son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya sabemos que defienden los intereses de las multinacionales y no los derechos. Tal vez el de libertad de expresión que les encanta, porque ellos lo usan con sus medios falaces.

En ese panorama, documentos revelados por Wikileaks muestran las intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos y cincuenta países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera y facilitaría el saqueo de los bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese TISA se negocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica entre Estados Unidos y once países costeros del océano Pacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y controle la actuación de las multinacionales y así asegurarles el pillaje.

La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido de que, si se firma el TISA, “se pondrá en peligro la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al dar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y, si se acuerda el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, será el acta de defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre inversores y estados que propone tal tratado es una patente de corso para que las multinacionales hagan su agosto con cantidades multimillonarias obtenidos en espúreas demandas y, además, impidan gobernar a los gobiernos en defensa de sus ciudadanías.

Las multinacionales nos amenazan con violaciones masivas de derechos con la infame complicidad de muchos gobiernos. Si el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan derechos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan con provocar un grave aumento global de sufrimiento colectivo.

Gobiernos y voceros al servicio de las élites arguyen, para justificar sus desmanes, que ellos son la legalidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad sino de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en una farsa ritual las más de las veces, la ciudadanía no solo tiene el derecho sino el deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos.

La presunta reforma fiscal, más de lo mismo

Reforma es lo que se propone, proyecta o ejecuta para innovar o mejorar algo. Por tanto, una reforma del sistema fiscal debería ser una propuesta para mejorar el  sistema de impuestos. La proposición de reforma fiscal de los “expertos” nombrados por el Gobierno del Partido Popular en España no es una reforma. En absoluto.

Esa propuesta de presuntos “expertos” se limita a obedecer las imposiciones de la Comisión Europea, FMI y OCDE. Es decir, reducir los impuestos directos, subir los indirectos, crear más impuestos especiales y, especialmente, rebajar los impuestos sobre los rendimientos del capital y, de ser posible, ni siquiera considerarlos. Es una obscena contrarreforma fiscal iniciada en los años ochenta del siglo XX de la mano de Reagan y Thatcher fácil de resumir: que los ricos paguen menos y la mayoría ciudadana pague más.

Proponen los aparentes “expertos” rebajar el tipo máximo del IRPF, pero que nunca supere el tipo del 50%, aunque mejor que sea  en torno al 44%. Es decir, los ingresos elevados se benefician de una importante rebaja. Pero los “expertos” dicen que se beneficiarán las rentas bajas. Esa pretendida rebaja fiscal de bajos salarios son limosna, porque lo preocupante es que la ciudadanía pagará por la “reclasificación” del IVA. Determinados bienes y servicios saldrán del grupo que cotiza un 10% de IVA, por ejemplo, y se “reclasificarán” en el del 21%. Si eso no es aumentar el IVA que baje dios y lo vea.

También proponen establecer un impuesto sobre la vivienda habitual, como si fuera renta. Esto es un considerable aumento fiscal que pagarán 13 millones de ciudadanos propietarios de su casa. Como opuso un “experto”, Pedro Herrera, “en momentos en que la morosidad de las hipotecas bancarias es muy elevada, establecer un gravamen adicional por el disfrute de la propia vivienda generará notables injusticias. El impuesto afectará a muchos perceptores de rentas modestas y bajas, pensionistas y parados de larga duración. Tiene razón, aunque se quede corto. La mayoría más pobre, desfavorecida, al final pagará más, aunque no sea a través del IRPF.

Recomiendan los supuestos peritos suprimir deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades, sí. Pero también proponen disminuir el actual tipo del 30% al 20%. Una buena rebaja a las empresas. Se beneficiarán más las que más facturen, es decir, las grandes. También quieren reducir los actuales siete tramos de ingresos del IRPF a cuatro. Cuando es sabido que, cuanto más progresivo es un impuesto, más justo es; es decir, cuantos más tramos de ingresos tiene sobre los que calcular el impuesto a pagar.

El informe también pide suprimir el impuesto sobre el patrimonio así como recuperar la llamada Ley Beckham. La excepción que permite que los extranjeros con grandes beneficios (inversores, administradores, directivos, artistas triunfantes, deportistas de élite…) pagarán el mínimo del IRPF (menos del 25%), en vez del 52% o 56% que les correspondería según la actual normativa.

Beneficio para los menos que tienen más y perjuicio para los más que tienen menos. Eso es lo que proponen en realidad los “expertos”. El remate del despropósito lo borda Manuel Lagares, presidente del comité de “expertos”, al pontificar que “tiene que decir las cosas que ha de decir como economista”. Como si la economía fuera una ciencia exacta e indiscutible. Argüir la pretendida infalibilidad o exactitud de la economía es un penoso intento de coartada que se pretende científica. La misma falacia que esgrimieran los neoliberales en los ochenta: “There is no alternative, no hay alternativa.

¡Qué más quisieran!

La Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental ysolidaria reúne organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas, religiosas, de consumidores, ecologistas, coaliciones y ONG para lograr un sistema tributario justo. Esa plataforma explica qué ha de incluir una reforma fiscal equitativa. Y dice que el aumento de ingresos del Estado ha de ser con un sistema de impuestos proporcional, progresivo, suficiente y redistributivo que garantice la justicia fiscal. Un sistema fiscal justo ha de luchar prioritariamente contra la evasión o elusión de impuestos y ha de dotarse de personal y medios suficientes para luchar contra el verdadero fraude fiscal; el de las grandes fortunas, rentas altas, bancos, fondos de inversión, grandes empresas y corporaciones transnacionales. Pues todos ellos, con una ingeniería fiscal agresiva, deslocalizan beneficios y capitales y los ocultan en paraísos fiscales. Pero la realidad es que hay pocos medios, personal insuficiente y orden de perseguir los pequeños fraudes y dejar tranquilos a los grandes tramposo fiscales. Así lo han denunciado inspectores y técnicos de Hacienda.

Además, un sistema fiscal justo no ha de apoyarse en impuestos indirectos. Y, por supuesto, ha de establecer un impuesto de sociedades sin trampas que pague más por beneficios obtenidos, además de establecer un impuesto global sobre el patrimonio y las tasa necesarias que graven las operaciones y mangoneos especulativos. Sin olvidar una urgente revisión del Código Civil y del Penal para que los delitos fiscales sean castigados de modo implacable.

Nada en el informe de los “expertos” recuerda ninguna de las medidas que conforman una fiscalidad justa. Pero tienen la osadía de que pretenden hacer una reforma fiscal.

Los medios de comunicación, cómplices necesarios de la crisis-estafa

La crisis-estafa avanza. Crece la protesta ciudadana y también la represión. Y la criminalización de la ciudadanía indignada y pacífica. En todas las fases de la crisis-estafa, los medios de comunicación han sido y son cómplices necesarios de la misma y del actual estado de cosas. La mayoría de medios.

Actualmente, desde Grecia a España, contribuyen a criminalizar a la ciudadanía resistente. En España, un grupo de indignados llamó, con escasa visión política, a asediar el Congreso de los diputados hasta que el gobierno dimitiera. Ingenuo, pero no violento. Estar ahí y esperar. Según la Asociación de Madres contra la Represión, el gobierno puso en marcha un plan para criminalizar a los manifestantes de esta convocatoria con detenciones preventivas antes de que ocurriera nada. Así fue. Con la complicidad de los medios de comunicación.

Semanas antes los voceros oficiales y espontáneos del partido del gobierno dispusieron de prensa, radio y televisión para tildar de ‘nazis’ y ‘proetarras’ a los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, quizás la más eficaz, democrática y exitosa asociación ciudadana contra la crisis-estafa. Pues han convencido al país de que desahuciar a los insolventes que no pueden pagar su hipoteca, sin ofrecer alternativa alguna, es inaceptable y antidemocrático.

Peligrosos, violentos, totalitarios y antidemocráticos son adjetivos que abundan en boca de portavoces y muñidores gubernamentales para designar a los activistas ciudadanos contra la crisis-estafa. Con la colaboración de los medios, que no se olvide. Los medios pretendidamente informativos reproducen sin duda ni contextualización de los hechos los escasos episodios con alguna violencia, hechos que magnifican, sin indagar (ni referirse a la provocación de muy probables infiltrados), que aportan la violencia a las movilizaciones ciudadanas. En una gran manifestación cívica del 23 de febrero, las entidades ciudadanas promotoras se desmarcaron con contundencia de los episodios de violencia que hubo al finalizar y denunciaron la actuación comprobada de indeseables infiltrados.

En toda Europa, los medios maquillan u ocultan la delictiva e injusta crisis-estafa. Y, para rematarlo, repiten con cargante insistencia las falacias neoliberales; que las pensiones públicas son inviables; que hay que ganar la confianza de los mercados; que hay que rescatar la banca para la recuperación económica; que las reformas laborales crean empleo… En Europa, los medios repiten hasta la nausea que nada es más importante que rebajar el déficit de los estados. Con austeridad para lograrlo. Los medios también ocultan o tergiversan hechos en Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina o Brasil. Porque esos países han osado hacer un corte de manga a los dogmas neoliberales y se preocupan por combatir de verdad la pobreza y repartir algo mejor la riqueza. Algo que no pueden soportar, porque les desmonta el tinglado.

Pero nada sucede porque sí. Desde 1971, el capitalismo tiene un plan de actuación. Es el Memorando confidencial. Ataque al sistema americano de libre empresa que Lewis F. Powell escribió a instancias de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pero que se pretende válido para todo occidente. En ese memorando de seis mil seiscientas palabras, Powell explicó que universitarios, periodistas, intelectuales, artistas y científicos eran una amenaza para el capitalismo. Para marginarlos y persuadir a la ciudadanía de que el capitalismo es el único sistema posible, propuso que el capital iniciara una potente contraofensiva política y cultural. Para recuperar el dominio de clase debilitado tras treinta años de políticas sociales. Una ofensiva desde las escuelas, universidades y medios informativos. Y eso ejecutan desde hace cuatro décadas.

Porque la censura tradicional ya no es útil a la minoría rica y dominante. Prefiere desinformar, manipular noticias y hacer propaganda machacona del dogma neoliberal. Ocultación y manipulación de la realidad buscan también la impunidad de la minoría rica y sus servidores para evitar que rindan cuentas por su responsabilidad en los crímenes económicos contra la ciudadanía y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Este estado de desinformación vigente pretende persuadir de que no hay nada qué hacer; que esta

Y para lograrlo, los medios son imprescindibles; cómplices necesarios de la minoría dominante. ¿Qué tiene la ciudadanía a cambio? La razón, la voluntad de cambio, la organización ciudadana. Y la Red, a pesar de los pesares.