Un sistema gangsteril

Un tal Luis de Miguel, ‘cerebro’ financiero de una de las mayores mafias de corrupción en el Reino de España (la trama Gürtel), presumió en el juicio contra los individuos de esa trama de haber logrado que la multinacional Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, pese a sus considerables beneficios, gracias a sus planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen mucha menos recaudación para educación, sanidad, atención social; significa menos hospitales, menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos apoyo al desempleo, más pobreza, más desigualdad…

No satisfechas con no pagar buena parte de impuestos, grandes empresas españolas consiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su expansión internacional. Pero recién el Tribunal de Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y corrupción van de la mano. La corrupción en España, por ejemplo, cuesta 90.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Casi 48.000 millones de euros perdidos son sobrecostes por ausencia de control del cumplimiento de contratas de administraciones públicas por empresas privadas. Las otras decenas de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar comisiones por adjudicar contratas públicas a empresas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes se destapan unos diez casos nuevos y, si en 2010 se arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año pasado fueron más de 2.400 los corruptores o corrompidos detenidos según el ministerio de Interior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del sistema es que aumentan las filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué querrán las grandes empresas estar en esos  mal llamadas paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales de grandes empresas del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron un 10% hasta ser 891, según denuncia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para quién?

Para probar que la putrefacción es bastante general se ha sabido hace poco que el Banco de España escondió la morosidad bancaria que crecía al aumentar los créditos por la expansión de la burbuja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordinación del Banco aleccionó a los inspectores de esta entidad reguladora para que fueran comprensivos y no pretendieran el total cumplimiento de la legalidad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, por ejemplo.

Otrosí, en los últimos 15 años el flujo de dinero desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y España no es una excepción. En 2015 el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27% respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado. Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con  cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes empresas cuesta más de 100.000 millones de dólares anuales a los países empobrecidos; esos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan ‘países en desarrollo’. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50.000 millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa  evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de cien años en reducir 2/3 partes la mortalidad infantil en la infancia hasta cinco años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril. Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

Eludir el pago de impuestos debe tratarse como delito

Àlex Crivillé, campeón mundial de carreras de motocicleta, asegura en una entrevista que todos los deportistas del mundo del motor “están todos fuera: en Londres, en Suiza, en Andorra, en Mónaco… Es normal. Y el que no lo hace es un burro, así de claro: burro”. Cuando Crivillé dice ‘están fuera’ quiere decir en realidad que pagan impuestos fuera de España. Muchos menos impuestos, por supuesto. Crivillé pretende justificarse asegurando que los impuestos son muy elevados en España. ¿Qué diría de vivir en Suecia, Bélgica, Dinamarca o Italia? El nombre de Crivillé apareció en los Papeles de Panamá por haber cobrado derechos de imagen por una empresa pantalla, esas sociedades conocidas como offshore.

Sin tanta ordinariez al explicarse, las grandes empresas y corporaciones multinacionales practican la misma elusión fiscal que Crivillé pregona y como hacen tantos deportistas de ingresos multimillonarios. O sería más acertado decir que los Crivillé y compañía se escaquean de pagar impuestos como las empresas multinacionales.

En 2014, la multinacional Apple pagó solo la calderilla del 0,001% (cinco milésimas de unidad por ciento) por sus cuantiosos beneficios. Fue así porque declaró sus cuantiosos beneficios en Irlanda, que ofrece una inmoral rebaja fiscal, aunque obtuvo esos beneficios en varios países donde debería haber tributado.

Offshore Shell Games 2016 reveló que Apple registró 215.000 millones de dólares en empresas pantalla, por los que debería haber pagado 65.400 millones en impuestos al fisco de EEUU… si esos beneficios se hubieran declarado en ese país como es lo justo.

Desde multinacionales y corporaciones internacionales pretenden justificarse asegurando que la ‘elusión fiscal’ que perpetran es legal. Aprovechan agujeros legales y la falta de normas de control internacional para apenas pagar impuestos por los beneficios obtenidos. Esa elusión ‘legal’ de impuestos por quienes más ganan es posible por la innegable falta de voluntad política de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea.

El mismo Crivillé explica que “recibes asesoramiento para gestionar tu patrimonio. No lo haces tú, te lo hacen los profesionales que te asesoran y dicen cómo lo tienes que hacer”. Evidentemente con trampas y trucos contables. El resultado es pagar mucho menos. Pero abogados y asesores fiscales se van de rositas tras contribuir al multimillonario saqueo de impuestos que nunca llegarán al Estado.

Dejar de pagar impuestos es un delito cuando es evasión pura y dura. Pero eludir impuestos, por más que se pretenda legal, atenta contra el mismo bien jurídico: la recaudación del Estado para atender necesidades y derechos de la ciudadanía. Por tanto, debe ser considerado tan delito como la evasión fiscal. Una mezcla de apropiación indebida y robo. Posible porque la clase política europea gobernante está al servicio de quien está. Tenemos elusión para rato.

¿Por qué en todos estos años de evasión y elusión de impuestos la Unión Europea no ha tomado una sola medida eficaz contra la fuga de impuestos por los paraísos fiscales? Porque no hay voluntad política real. Y es así aunque la misma UE considera que la evasión de impuestos cuesta como poco a sus Estados miembros de 50.000 a 70.000 millones de euros anuales de impuestos perdidos.

Y más que se perderán, porque de 2013 a 2015 se han triplicado los acuerdos fiscales secretos entre multinacionales y gobiernos europeos. Acuerdos ocultos, que permiten hurtar el dinero de impuestos necesario para satisfacer necesidades y derechos ciudadanos, ya son más de 1.400, según la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad). ¿Imaginan cuántos millones de dinero de la ciudadanía, que ésta no disfrutará, suponen esos acuerdos?

En realidad, como ya se ha escrito, los paraísos fiscales, que facilitan la evasión y elusión de impuestos, son el lubricante del sistema capitalista. Hacen posible el robo masivo perpetrado contra la ciudadanía en tiempos de descenso de ganancias. Según Offshore Shell Games 2016, las empresas más ricas del ranking Fortune 500 tienen escondidos en paraísos fiscales casi 2,5 billones de dólares de sus ganancias. Beneficios que no pagan impuestos y así el pueblo es sistemáticamente despojado de sus derechos económicos y sociales por evasión y elusión fiscales.

Va siendo tiempo de llamar a las cosas por su nombre. La evasión de impuestos es un delito, un crimen, y eludir impuestos también ha de ser considerado como tal. Y, por tanto, hay que actuar con decisión y contundencia. Incluidas medidas penales.

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…

Paraísos fiscales, guaridas financieras

La OCDE y entidades similares, dignas de toda sospecha, no han elaborado en serio una lista veraz de paraísos fiscales. Incluso en los últimos años pretenden que hay muchos menos. Pero no, están ahí. Territorios donde apenas se pagan impuestos. Primera condición sine qua non. Que el secreto bancario es dogma, la segunda. Y la tercera, el inviolable anonimato de titulares de cuentas, depósitos y movimientos de capital. Y negar por sistema cualquier información fiscal o financiera. Porque lo suyo es ocultar datos, nombres, apellidos, capitales y ganancias. Para no pagar impuestos.

Hoy los paraísos fiscales campan impunes por Europa. Las diminutas islas británicas del canal de la Mancha, por ejemplo, y los pequeños estados de Liechtenstein, Mónaco, Gibraltar, Malta, Luxemburgo o Andorra, sin ir más lejos, tienen una bien ganada fama de paraísos fiscales. Mientras Austria, Holanda e Irlanda actúan también a menudo como ellos, sin olvidar a Suiza, por supuesto, que a pesar de alguna concesión reciente a la información, es aún buen lugar para esconder fortunas.

Los paraísos ya no son lugares exóticos con palmeras y playas de aguas cristalinas. En el nuevo panorama de la burla fiscal destaca Londres, por ejemplo. Aunque, por mayor precisión, la capital del escaqueo tributario sería la City, su distrito financiero. Ahí funcionan a todo gas excelentes operaciones de lavado y blanqueo. Con la necesaria complicidad del carísimo mercado inmobiliario de la ciudad. Genial para ocultar y lavar miles de millones de euros. Así se han blanqueado más de 150.000 millones de euros, según datos oficiales británicos. Y, siendo dato oficial, es probable que sea más.

El blanqueo es sencillo. Los súper-ricos de donde sea llegan a la capital del Reino Unido con billetes en mano o en maletín y compran, por ejemplo, un apartamento, ático o palacete, cuanto más caro, mejor. Nada de nombres ni apellidos, of course, y los propietarios no pagan ni un chelín de impuestos. Los Papeles de Panamá desvelan que los propietarios de cuarenta mil carísimas propiedades inmobiliarias londinenses… son empresas con sede en paraísos fiscales. Y ahí la hacienda británica no tiene nada que rascar.

En el nuevo panorama del pirateo de impuestos, los Estados Unidos de América funcionan como paraíso fiscal. Así lo denuncia un reciente informe del grupo parlamentario europeo Los Verdes. Explican que en Estados Unidos está la quinta parte de los servicios financieros del mundo para ciudadanos no residentes. ‘No residentes’ es jerga de paraísos para designar a su clientela. Son cuentas, depósitos, otras ocultaciones, inversión y especulación de no estadounidenses sin nombre ni identificación. Y da igual que la OCDE acuerde el intercambio automático de información financiera y fiscal entre sus estados contra el blanqueo y la evasión fiscal. Estados Unidos no forma parte de ese acuerdo y no da ni dará información.

El informe de Los Verdes denuncia que catorce Estados de Estados Unidos actúan como paraísos fiscales. Y en Delaware, Nevada y Wyoming se pueden registrar con suma facilidad empresas-pantalla o fantasma. Indispensables en la evasión fiscal. Solo existen en el papel y no se sabe ni se puede saber quiénes son sus propietarios, accionistas y gestores. Ni quienes se lo llevan crudo. Para hacerse una idea del tinglado, en el estado de Delaware (con la misma superficie que la pequeña Rioja y 860.000 habitantes), en el número 1209 de la calle Orange de la pequeña ciudad de Wilmington, tienen su sede más de 285.000 empresas. Más apretadas que los personajes del camarote de los hermanos Marx.

Otrosí, las patrióticas empresas del Ibex 35 en 2014 tenían más de cuatrocientas empresas filiales con sede en ese aprovechado edificio de Delaware. Y casi novecientas en total en ese y otros paraísos fiscales. ¿Para qué será?

Echando la vista siete años atrás, temblorosos mandatarios europeos ponían a dios por testigo de que acabarían con los paraísos fiscales. Fue tras el hundimiento de Lehman Brothers que tanto acoquinó a las élites. Pero, pasado el susto inicial, se olvidaron de propósitos de enmienda y hoy los paraísos gozan de excelente salud. Con su ayuda, ésta es la era de la evasión fiscal. Además, esos paraísos han crecido como setas en el bosque tras lluvias otoñales y no pagar impuestos o impuestos ridículos ya es plaga, epidemia.

En aras de la decencia semántica, deberíamos dejar de llamarlos paraísos fiscales. Mejor guaridas financieras.

Los paraísos fiscales, tan peligrosos como el yihadismo

El bufete panameño de abogados Mossack Fonseca organizó en paraísos fiscales la oscura transferencia de bienes de 1.200 sociedades. Para evadir impuestos. Lo revelan los  llamados Papeles de Panamá filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Esa masiva y organizada evasión fiscal tiene la misma voluntad e intención que las rebajas de impuestos a los ricos perpetradas a partir de los 80. Ronald Regan y Margaret Thatcher fueron los primeros en cargarse el progresivo sistema de impuestos, que establecieron gobiernos socialdemócratas tras la II Guerra Mundial, en el que pagaba más impuestos quien más tenía y más ganaba.

¿Qué tiene que ver el fraude fiscal revelado en los Papeles de Panamá con las indecentes, pero legales, rebajas de impuestos a los más ricos que iniciaron Reagan y Thatcher? Todo. Quienes recurren al bufete panameño no quieren pagar impuestos, lo mismo que buscan quienes presionan y consiguen fiscalidades complacientes para pagar mucho menos. de lo que les corresponde en justicia.

Certifica la escandalosa rebaja de impuestos a las élites uno de los hombres más ricos del mundo, el estadounidense Warren Buffet. Este milmillonario  ha calculado que sus empleados pagan en impuestos y seguros sociales casi el 33% de sus ingresos, cuando él solo paga un 17,7%. Y dice que nadie en su empresa paga menos que él. Muy esclarecedor.

La indecente rebaja de impuestos a ricos pretende que, al pagar esos menos impuestos, disponen de más capital para invertir, activan la economía, ésta crece y se crea empleo. Falso. Nunca ocurrió. El poder económico paga hoy muchísimos menos impuestos que hace 40 años, pero ese dinero no pagado en impuestos no activa la economía real. Especula en el casino financiero.

Ese emperramiento capitalista en ganar cada vez más lo retrató Cayo Largo de John Huston. En un hotel de Florida coinciden un soldado, que regresa tras la segunda guerra mundial, y el gángster Johnny Rocco. En una tensa discusión, el soldado pregunta retóricamente: “¿qué quiere Rocco?” Y se responde el mismo: “Quiere más”. Y Rocco confirma: “Eso es, quiero más”. El soldado pregunta de nuevo: “¿Alguna vez Rocco tendrá bastante?” Y Rocco contesta: “Nunca tengo bastante”.

Evadiendo impuestos o pagando mucho menos legalmente, además de ganar desposeyendo al pueblo trabajador, los capitalistas son como Rocco. Nunca tienen bastante.

Los paraísos fiscales propician la evasión fiscal masiva, pero gobiernos y entidades internacionales no tienen la menor voluntad política de enfrentarse a ellos más allá de brindis al sol. Mantienen el secreto bancario contra viento y marea, gasolina de la evasión fiscal, y en la misma Europa florecen impunes los paraísos fiscales. Suiza, islas del canal de la Mancha, Luxemburgo, Liechstentain, Gibraltar, Andorra, Austria, Holanda, la City de Londres… No hay voluntad política de los Estados para acabar con el secreto bancario y de esos polvos de hermetismo bancario vienen los lodos del fraude fiscal masivo.

Ante la desfachatez evasora de los ‘Papeles de Panamá’ urge un sistema de impuestos fuerte, justo, progresivo y suficiente. Como mínimo como el que había antes de los 80, antes de la patente de corso a los ricos para no pagar impuestos. O apenas, como Buffet. Y acabar con la trampa del recurso sistemático a la deuda pública para suplir la menor recaudación tributaria.

Ante las revelaciones de los Papeles de Panamá, el movimiento internacional ATTAC exige que el Estado tome medidas contundentes contra la evasión fiscal e impago de cotizaciones. En España, por ahí se pierden 90.000 millones de euros anuales según el sindicato de Técnicos de Hacienda (GHESTA). ¿Cuantos problemas, pobreza y desigualdad no se resolverían de disponer de esos miles de millones de euros más?

Pero no sólo en España. Según explica Gabriel Zucman en La riqueza oculta de las naciones, hay casi seis billones de euros en activos financieros ocultos en paraísos fiscales. Y por eso las haciendas públicas dejan de recaudar anualmente 130.000 millones de euros de impuestos que se evaden.

Secreto bancario, anonimato de grandes fortunas y opacidad de transacciones financieras son la esencia de los paraísos fiscales. Para evadir cientos de miles de millones de impuestos de los que se despoja a la ciudadanía. Hay que empezar a ver a los paraísos fiscales y la evasión de impuestos como una amenaza tan grave como el yihadismo para poder llevar una vida digna y segura. Y actuar en consecuencia.

Estafa Volkswagen, la verdadera naturaleza de capitalismo

Timar es hurtar con mentira, engañar con promesas, que no se cumplen ni cumplirán, en beneficio del timador. La empresa Volkswagen tima desde hace años a quienes han comprado algunos de sus modelos. Manipuló millones de vehículos para ocultar que emitían más gases contaminantes de los que permite la ley, instalando en los motores un programa informático que falsea los resultados de las pruebas oficiales que miden esos gases.

Desde mayo de 2014, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU (EPA) investigaba las emisiones de gases de automóviles Volkswagen en California. La investigación demostró que vehículos de esa marca emiten más dióxido de nitrógeno que el permitido y la EPA acusó a la firma alemana de falsear las emisiones de casi medio millón de vehículos en EEUU. Pillada en fraude, Volkswagen admitió la manipulación de vehículos diésel y reconoció que el fraude no solo afectaba a vehículos estadounidenses, sino a 11 millones de automóviles en todo el mundo.

Un ministro sinvergüenza, no diré de que país, ha osado decir que el caso Volkswagen es algo aislado… Pero justamente es todo lo contrario. Es sistemático y sintomático. Un timo de grandes proporciones, con premeditación y alevosía, además de un grave delito contra la salud pública.

El caso Volkswagen certifica que no hay capitalistas buenos y capitalistas malos. No es el problema de una minoría codiciosa que estafa y delinque. Esas actuaciones son parte esencial del sistema. No hay capitalismo bueno y capitalismo malo. Ya lo advirtió David Harvey: quizás el capital funcione indefinidamente, pero provocará la degradación progresiva del planeta y el sufrimiento creciente de la gente. Más contundente y gráfico es Manuel Freytas cuando escribe que “el capitalismo no es otra cosa que una empresa de ladrones con un ‘sistema’ económico, político y social en el mundo para legitimar con leyes el robo masivo y planetario del trabajo social y de los recursos naturales”.

El timo de Volkswagen abona esas afirmaciones. Y ante situaciones así la cuestión es sencilla. Priman los derechos humanos de la gente (incluido el derecho a la salud y a medio ambiente limpio) o los beneficios de unos pocos. Una cosa u otra. Ambas no son posibles.

Recordemos la historia reciente para comprender qué pasa. La principal razón del progresivo ‘endurecimiento’ del capitalismo y la causa del auge del llamado neoliberalismo (el capitalismo más cuatrero) es la reducción de beneficios en la inversión productiva. A finales de los años sesenta, tras el crecimiento económico y la prosperidad que se dispararon después de la II Guerra Mundial, los beneficios de los capitalistas empiezan a bajar. Ahí empezó todo.

Esa reducción de ganancias en la inversión productiva en los países desarrollados lleva a una financiariación de la economía a partir de los setenta. Todo lo que hay u ocurre sobre la Tierra puede convertirse en activo financiero y, por tanto, ser vendido y comprado en los mercados financieros como producto financiero. Sin relación directa con la incertidumbre de la inversión productiva.

Además de esa financiarización galopante, como recuerda Harold Meyerson, “cuando se frena el aumento de beneficios en los años setenta, los ricos cambian los códigos fiscales, las reglas financieras y la negociación colectiva de los trabajadores para apropiarse de una porción sin precedentes de la renta nacional”. Pero no bastó. La corrupción, el fraude y la evasión fiscal se convirtieron en medios sistemáticos para conseguir esos beneficios que la inversión productiva ya no proporcionaba porque había llegado la sobreproducción para quedarse.
Por todo eso, acabar con la nefasta financiarización de la economía, el fraude y la corrupción institucionalizados no es cuestión de mayores controles a la banca, entidades financieras y grandes empresas. No basta en absoluto. Es el propio sistema el que está podrido, porque lleva en su ADN la trampa y finalmente la devastación. Le ocurre como al escorpión que pidió a una rana que lo llevara en su lomo a la otra orilla de un río caudaloso; en medio de la travesía el alacrán picó al batracio y ambos se ahogaron. Cuando la rana preguntó, mientras se hundían, por qué la había picado, si él también moriría, el escorpión espondió: es mi naturaleza.

Todo el capitalismo es depredador y muy peligroso. La única manera de evitar el desastre hacia el que vamos es eliminar el capitalismo, es decir, suprimir la propiedad privada de medios de producción, servicios y entidades financieras. Que no será fácil ni rápido, desde luego.

Austeridad, banca, Alemania y Grecia

Tras un baile de rumores, medias verdades y mentiras enteras sobre lo que ocurría o podía ocurrir entre la Unión Europea y la Grecia de Siryza, el ministro de Finanzas griego Varoufakis presentó al Eurogrupo una propuesta de reformas y decisiones para que su país continúe recibiendo ayuda financiera. Una propuesta, por cierto, que, aún no siendo satisfactoria del todo, no arroja al pueblo griego a los pies de los caballos como hasta ahora. La extensión del préstamo a Grecia durante cuatro meses más incluía la condición de que ésta aportara medidas que convencieran a los prestamistas internacionales, sobre todo a los bancos alemanes, de que no eludiría sus compromisos.

El gobierno de Siryza ha presentado esa lista y, como remarca el economista estadounidense Michel Hudson, está de acuerdo en equilibrar el presupuesto, pero desde otra perspectiva a la habida hasta ahora: en vez de rebajar las pensiones de los trabajadores, recaudará los miles de millones de impuestos atrasados de potentados griegos y desarticulará las trampas de los propietarios de bienes raíces que evaden impuestos. Por ejemplo.

La Unión Europea no ha tenido más remedio que considerar “bastante positiva” la lista de propuestas en la que destaca el plan contra el fraude fiscal, mejorar la recaudación tributaria, reformar la Administración para ahorrar gastos y que sea más eficaz, así como dar facilidades a empresarios deudores del estado griego para poder liquidar sus deudas tributarias o de cotizaciones sociales sin ahogarse. De momento, el gobierno griego acepta no aumentar ahora el salario mínimo, pero no permitirá nada contra las pensiones públicas. Un triunfo incompleto de Grecia sin duda, pero no es la aceptación de la ruina popular como consintió el anterior gobierno con el primer y segundo rescates.

Alemania ha sido la nota discordante al no considerar positiva las propuestas del gobierno griego. Como dice el economista alemán Fabian Lindner, Alemania pretende justificarse con la fábula de que los perezosos trabajadores griegos se aprovechan de los laboriosos alemanes, que han aplicado una responsable austeridad y así han superado la crisis. No es cierto. Olvidan que, más allá de la huera retórica de la austeridad, Alemania ha sobrellevado la crisis por las exportaciones a esos países del sur europeo que mira con tanta desconfianza, pero sobre todo no porque se haya apretado el cinturón, sino por la generosa ayuda gubernamental a empresas y bancos y un considerable paquete de fiscalidad estimulante más los generosos subsidios estatales para conservar los empleos.

No es cuestión de países, como pretenden muchos titulares. Como dice Michel Hudson, “lo que ocurre con Grecia es lucha de clases. No es Alemania contra Grecia, como repiten hasta el tedio los medios informativos, sino una verdadera guerra de los bancos contra el mundo del trabajo”. Y añade que no es cierto que el poder financiero quiera que Grecia equilibre su presupuesto sin más; lo que en verdad busca es que equilibre el presupuesto rebajando salarios y recortando pensiones. Por el contrario, Siryza propone equilibrar el presupuesto, que es necesario, haciendo que los ricos paguen lo que deben. Alemania, mejor dicho su élite económica y financiera, ha impuesto a Europa una estéril austeridad que ha convertido la crisis financiera de la eurozona en crisis vital europea que paga la ciudadanía. Pero no es cuestión nacional, porque el capital no tiene otra patria que la acumulación de beneficios, es que el desde hace tiempo inestable sector financiero se ha convertido en una auténtica fuerza de destrucción masiva, como escribió el Nobel Paul Krugman.

Así las cosas no habrá salida para Grecia, para Portugal, para España ni para Italia en tanto no se afronte el apalancamiento general, la inestabilidad camuflada, la despatrimonialización de la banca europea y la desregulación financiera que otorga patente de corso a la banca. Ya en 2011 el entonces profesor Yanis Varoufakis escribió que “la razón fundamental por la que Europa permitía una crisis de deuda, perfectamente evitable pero que engulliría a los países del sur europeo, era el lamentable estado de los bancos alemanes y la determinación del gobierno alemán de que nada permitiera conocer la precaria situación de esos bancos”. Porque, no nos engañemos, la banca no está tan bien como pretende.

Si estuviera hoy aquí don Quijote, a la vista de tal panorama, parafrasearía: ¡Con la banca hemos topado, amigo Sancho! El gran obstáculo para que Grecia y Europa en general se recuperen.

Esta Unión Europea, no

En 2005, aunque las ciudadanías de Francia y Holanda e Irlanda rechazaron una construcción europea poco democrática (al decir NO a la Constitución Europea), las constructores de la Europa neoliberal, cual cutres magos de feria, distrajeron con trucos, amagos y palabrería al respetable mientras daban el cambiazo. No habría Constitución Europea, pero sí Tratado de Lisboa que, para el caso, les servía igual.

Desde entonces comprobamos que esa Unión Europea ha castigado a la ciudadanía con una austeridad criminal mientras inyectaba millones de euros para salvar a una banca privada responsable de la crisis económica. Ha construido una fortaleza carísima contra los inmigrantes y desmontado derechos y garantías sociales que tanto han costado.

Esa Unión Europea se ha construido enterrando los principios de la democracia y erosionando la democracia misma. El Tratado de Lisboa, como la non nata Constitución europea, se coció en opacos comités. Ni Parlamentos nacionales ni Parlamento Europeo ni debate ciudadano. La euroclase política que hace y deshace al servicio de la minoría ha considerado y considera a la ciudadanía solo un decorado.

Y, para saber al servicio real de quien están, hemos conocido los oscuros enjuagues en Luxemburgo para que las grandes empresas apenas paguen impuestos. Da igual que Juncker (ex primer ministro de Luxemburgo, hoy presidente de la Comisión Europea) niegue tener que ver con esa arquitectura para eludir impuestos. Europa es tierra de elusión y evasión fiscal. O, lo que es igual, donde se quita a la ciudadanía lo que es suyo y a lo que tiene derecho. Pues, además de Luxemburgo y los paraísos fiscales europeos ‘tradicionales’ (Andorra, Gibraltar o las islas británicas del Canal de la Mancha) también son tales paraísos Irlanda, Holanda, Malta, Chipre, Austria o la City de Londres, donde las cabriolas, trampas financieras y atajos para que los ricos paguen menos impuestos son realidad incontestable. Hasta el propio Juncker reconoce el exceso de ingeniería fiscal en Europa. Y, sin retórica ni trampas semánticas, los paraísos fiscales son un modo de quedarse con lo que es de la ciudadanía, el dinero de impuestos que no se llegan a pagar.

Pero además, Juncker tiene un plan. Un proyecto para invertir más de 300.000 millones de euros y crear empleos. ¿No es maravilloso? Lo malo es que para que el capital privado invierta, se le regalan millones. Según nos ha contado Claudi Pérez, “el plan de Juncker supone la emisión de 60.000 millones en bonos garantizados por la Unión Europea para que las empresas financien sus proyectos”. Genial, más dinero para las empresas. ¿A cambio de qué? ¿Empleos? De momento, las primeras experiencias con esos milagrosos bonos (Castor en España y autopista Passante di Mestre en Italia) han sido un fiasco. En el primer caso, cancelar el proyecto por riesgo comprobado de terremotos en la extracción de gas por fractura hidráulica, pero pronto pago de mil y muchos millones de graciosa indemnización en tiempo récord a la empresa responsable de Castor. Y en el caso italiano mucho dinero de sobrecostes más una trama corrupta con un centenar de detenidos. Más de lo mismo en la vieja Europa: beneficios privados, pero socialización de pérdidas.

Solo son un par de muestras de esta Unión Europea. Y un toque más local. Con el desastre innegable del paro y aumento del trabajo precario en el Reino de España, la Unión Europea pide al gobierno más recortes presupuestarios y reformas para cumplir con el déficit de 2015. Y a Rajoy le ha faltado tiempo para garantizar que perpetrará todas las reformas que le pidan. Lo que ellos llaman reformas.

Entonces ¿qué hacemos con esta Europa que actúa contra los intereses de la clase trabajadora y ciudadanía en general? Antoni Domenech propone democratizarla: “Nuestra tarea es democratizar de verdad el Estado. Las repúblicas democráticas que el movimiento obrero trajo a Europa tras la I Guerra Mundial fueron truncadas por el fascismo y el estalinismo. Y las constituciones políticas de los estados de bienestar tras la II Guerra Mundial son menos democráticas que las constituciones tras la primera guerra mundial. La República Federal Alemana es menos democrática que la República de Weimar y la monarquía española, mucho menos democrática que la II República”.

Esa es nuestra tarea, democratizar Europa. Otra Unión Europea.

La salida de la crisis, un cuento chino

Noticias del Reino de España muestran como los desmanes neoliberales y la putrefacción económica (intímamente relacionados unos y otra) se han enseñoreado del escenario. Por ejemplo, la evasión fiscal del otrora admirado e indiscutible ex-presidente del gobierno autónomo de Cataluña, Jordi Pujol; el crecimiento del patrimonio de grandes fortunas con la que está cayendo y el capitalismo de favores y ventajista con ases en la manga. Veamos.

Pujol dio a conocer hace unas semanas que no había declarado la que dijo era herencia de su padre sino que la depositó en un paraíso fiscal durante más de treinta años, sin hallar nunca el momento de declararla. Por otra parte, no ha sorprendido que los pocos cientos de españoles miles que poseen un millón de euros (y los menos centenares que poseen más de 30) hayan incrementado su patrimonio casi un 10% de enero a junio de 2014. Mientras la muerte de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, ha sido ocasión de elogios medidos y desmedidos, pero también recordatorio de presuntas irregularidades del sector financiero apenas olvidadas. Sospechas que motivaron al ex directivo de la banca Banif, Manuel Puerto Ducet, decir que Botín era “de profesión´, impune”. El libro de Puerto, en el hace tal afirmación, muestra al fallecido como líder de la oligarquía financiera que impone la voluntad de ésta al gobierno y al Banco de España.

Así las cosas, la crisis sirve, cuanto menos, para desvelar indicios y hechos de la merienda de negros que es la economía del reino. Capitalismo de amiguetes, como lo calificó el profesor Antoni Doménech. Capitalismo que cuajó en la dictadura franquista protagonizado por unas cuantas familias pegadas al régimen. Y ahí siguen. Capitalismo de favores, subvenciones y contratos públicos, de chalaneos y corrupciones varias. Más una clase política que mira hacia otro lado en el mejor de los casos. Juan Torres López lo resume al decir que “grupos de auténticos ladrones financieros llevan decenios enriqueciéndose a costa de engañar a los demás y quedarse con los recursos públicos”. Corrupción con mayúsculas.

Tanto es así que la Comisión Europea, que no se caracteriza por su progresismo crítico, señala al reino de España como el segundo país más corrupto de la Unión. No es de extrañar, pues, que la reducida minoría oligárquica, que se beneficia obscenamente apalancada en el extremo rico de la desigualdad, aumente su patrimonio. Además de las ayudas públicas estatales, desregulaciones financieras, desregulaciones económicas y laborales que convierten la actividad económica en una especie de jungla, no es menor la complacencia de Hacienda con las grandes fortunas y corporaciones.

Según denuncia GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda) una y otra vez, en España hay una economía sumergida de 253.000 millones de euros. Como poco. Y las perdidas del Estado por cotizaciones e impuestos no abonados suman 90.000 millones. GESTHA explica que, de esa enorme cantidad defraudada, el 72% corresponde a grandes fortunas y corporaciones. Así aumentan los ricos su patrimonio sin esfuerzo ni talento: no pagando impuestos. O pagando mucho menos por la descarada y legal, pero nociva, elusión fiscal. Elusión existente (modos y maneras de pagar menos legalmente) porque gobiernos y mayorías parlamentarias así lo quieren, pero no así la ciudadanía.

Además de que la minoría rica aumenta su patrimonio por obra y gracia de la llamada devaluación interna. En román paladino, congelar o rebajar salarios existentes o pagar salarios-basura a nuevos contratados, además de convertir el trabajo en una realidad cada vez más precaria.

En tal escenario, Mérkel y Rajoy se han jurado austeridad eterna, mientras la OCDE pide al presidente español que continúe perpetrando lo que llaman reformas. Es decir, más recortes de derechos económicos y sociales de la gente común, mientras los parados continúan siendo seis millones, hogares con todos sus miembros desempleados ya son casi dos y más de un millón de parados no tiene ingreso alguno. Y la ciudadanía en riesgo de pobreza ya es un 27% de la población.

¿Alguien cree que con estos mimbres, con esas gentes que nos mangonean, saldremos de ésta ?

Sin impuestos justos no hay democracia

Un ataque en toda regla contra los derechos de las clases trabajadoras en occidente fue la obscena rebaja de impuestos a los más ricos en Estados Unidos y Reino Unido. En 1932 en EEUU, el máximo tipo impositivo que pagaban quienes más tenían y ganaban era 63%. Y durante la II Guerra Mundial, grandes empresas y fortunas llegaron a pagar un tipo del 90% de beneficios. Tras la victoria sobre el nazismo y el Japón militarista, la presión fiscal disminuyó, pero aún era proporcionada a rentas altas y beneficios obtenidos: más del 63%. En nuestros días, Warren Buffet, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, explicaba en plena crisis que él sólo pagaba en EEUU 17,5% de impuestos, cuando sus empleados pagaban mucho más proporcionalmente sobre lo que ganan.

La falacia neoliberal de que rebajar impuestos a los ricos asegura la inversión y el crecimiento destruyó una fiscalidad más justa. En los ochenta, Reagan y Thacher perpetraron la nueva injusticia fiscal en EEUU y el Reino Unido. Una política que se extendió como mancha de aceite por Europa. Sin embargo, para The Wall Street Journal, nada sospechoso de ser antisistema, el enorme beneficio para las rentas superiores que supuso rebajar impuestos a los super-ricos no mejoró el país y, en el inicio del siglo XXI, “condujo al peor periodo de creación de empleo en la historia reciente de EEUU”.

¿Una buena economía necesita recortes de impuestos?, se preguntaba entonces el Nobel Paul Krugman. Y respondía que no, de ninguna manera. En realidad, la democracia está ligada a los impuestos. Y cómo se reparten. Lo que es un inmejorable termómetro de la salud de una democracia. Si hay democracia, se pagan impuestos, justos, progresivos y suficientes. Si no, es menos democracia.

En España, los ricos también pagan pocos impuestos, como reiteran la organización de Inspectores de Hacienda y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). Y proporcionan datos de que en este país el impuesto de la renta (IRPF) supone cerca de la mitad de ingresos del Estado. Y el 84% de ese impuesto lo abonan los asalariados. Sin embargo, la recaudación del estado disminuye, porque el capital, banca, grandes empresas y fortunas no pagan lo que deberían. Bien por una legislación complaciente con los ricos y los grandes o por pura evasión fiscal. Según Hervé Falciani, el ex empleado de un banco suizo que reveló una larga lista de evasores de impuestos, 200.000 millones de euros propiedad de españoles están escondidos en depósitos y cuentas corrientes en Suiza. Casi una quinta parte del PIB español.

Es inconcebible salir de la crisis sin una reforma fiscal profunda, ambiciosa, progresiva y suficiente. Una reforma fiscal de verdad. Y así topamos con la paradoja de que una auténtica reforma fiscal es irrenunciable, pero solo es posible tras lograr una profunda transformación política de España.

El Gobierno creó hace unos meses una comisión de “expertos” para que proponga recomendaciones para la reforma fiscal que piensa aprobar en 2014. Pero el trabajo de tales “expertos” será una argucia similar al timo que perpetraron los “expertos” en pensiones. Ofrecieron al Gobierno pretextos de una insostenibilidad inexistente para que hiciera lo que le diera la gana con las pensiones públicas. Por tanto, no es osado avanzar que en la reforma que perpetrará el Partido Popular, aumentarán los impuestos que nada tienen que ver con la progresividad de ingresos y beneficios. Y crecerán especialmente los tributos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales; esos que pagan en igual proporción ricos y pobres. Por supuesto, el gobierno conservador y sus aliados ocasionales en el Parlamento mantendrán lejos del pago justo de impuestos al capital y a los beneficios de la especulación. Porque es lo que defienden y para eso están donde están.

Y es que lo que no harán los partidos mayoritarios ni otros que comulgan con este sistema será aprobar una reforma fiscal, no ya que haga pagar a los ricos lo que deben, sino que suponga la propuesta diferente que se necesita. Como calcular el presupuesto según las necesidades ciudadanas y satisfacción de derechos, así como la oferta de servicios públicos irrenunciables, y determinar entonces la progresividad de impuestos precisa para atender ese presupuesto. Lo que se denomina suficiencia fiscal.

Habrá que empezar a luchar por una verdadera reforma fiscal, que no es cuestión de “expertos” sino exigencia política de la ciudadanía.