Reino de España, un estado general de corrupción

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, ex-presidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace un poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de éste de blanqueo, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato presuntamente blanqueó 31 millones de euros y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que fundó Rato, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de economía) como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas ‘élites’ que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España 1.378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70% de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular, pero no solo del Partido Popular.

El caso de los llamados Papeles de Bárcenas (extesorero del PP) es un sumario por apropiación inebida, en el que hay también presuntamente implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo.

Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el Partido Popular, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picado, pero el último sondeo aún le adjudica 33% de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, no hay empleos suficientes ni salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no solo para la minoría de siempre a costa de los demás.

¿En qué se equivocan grupos, movimientos, organizaciones sociales y políticas que quieren cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?

Una respuesta posible se remonta a la presuntamente modélica transición de la dictadura a la democracia. Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica en absoluto porque la pilotó buena parte de le gente que fue sostén de la dictadura franquista durante años. Dictadura de la que representante alguno nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crímenes perpetrados. Como no lo hacen tampoco sus herederos y sucesores, muchos cómodamente instalados en el PP que sostiene al gobierno.

Este cronista está convencido de que hasta que no se entierre muy hondo la más leve traza de franquismo, en tanto no nos desprendamos totalmente de toda sombra de la dictadura y sus protagonistas y cómplices principales no sean juzgados, rindan cuentas y se reparen daños, este país no avanzará nunca.

Heredero del franquismo

Alianza Popular (AP), partido previo al Partido Popular de Aznar y Rajoy, fue fundado por ex jerarcas franquistas. El programa de AP era la unidad de la patria, el orden público, la familia, la monarquía, la libre empresa (así llaman al capitalismo desaforado), la educación en manos de la Iglesia católica y la moral sexual reprimida. Como en las elecciones AP no conseguía votos ni para pipas, Fraga Iribarne, uno de sus fundadores y ministro de Información con Franco, impulsó un intenso maquillaje de la franquista AP. Y así, en un congreso de refundación en 1989, Alianza Popular pasó a llamarse Partido Popular. Mismos perros con diferentes collares. Pero antes, en octubre de 1976, el acto fundacional de Alianza Popular finalizó con todos los asistentes (cargos luego del PP) coreando en pié Franco, Franco, Franco. Esclarecedor.

Según la legalidad internacional que emana de la ONU, el franquismo fue ilegal por alzarse en armas contra el gobierno legítimo de la República. La Resolución 39 (I) de Naciones Unidas de 9 de febrero de 1946, aprobada por unanimidad por la Asamblea General, afirma que el régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español. Según la ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y contra la humanidad. Y, según la Resolución de la ONU de 2 de octubre de 1997, el franquismo violó sistemáticamente el derecho de las víctimas de la represión y de sus familiares. Y aún después, el 17 de marzo de 2006, la Comisión Permanente del Consejo de Europa aprobó unánime la condena de la dictadura franquista por “múltiples y graves violaciones” de derechos humanos perpetradas en España por la dictadura de 1939 a 1975. La condena afirma que “hay pruebas suficientes de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, cometidas por el régimen franquista, y asumir el pasado no es solo retirar símbolos de la dictadura de lugares públicos. Ha de haber un juicio del régimen franquista que desemboque en una condena sin ambigüedad”.

Las atrocidades del franquismo fueron perpetradas hasta los años cincuenta por el ejército golpista y Falange, y justificadas por la Iglesia Católica. Fue en verdad una estrategia de tierra quemada, un genocidio, y, a medida que en la guerra el ejército franquista conquistaba pueblos y ciudades, detenía a los republicanos y casi siempre los fusilaba. Es significativo que uno de los colectivos más perseguidos y asesinados por los franquistas fueran los maestros de escuela, impulsores de la lealtad a la República.

Alberto Garzón nos recordó que en este país hubo campos de concentración, miles de juicios sumarísimos y durante años fusilamientos diarios de quienes defendían la democracia. Y hoy hay unos 150.000 desaparecidos cuyos restos el gobierno del Partido Popular se niega a buscar y dificulta la búsqueda por sus familiares. España es el segundo país del mundo en desaparecidos forzados, solo superado por Camboya. Eso marca también al Partido Popular como heredero directo del franquismo.

El franquismo fue un sistema totalitario que devino autoritario y continuó siendo criminal en el último tramo de su nefasta existencia. En nuestros días, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU exigen investigar los crímenes franquistas. Amnistía y la ONU exigen también derogar la ley de amnistía de 1977 que exculpó a los franquistas criminales de guerra y de lesa humanidad, algunos hoy o hasta hace un tiempo cargos públicos, catedráticos, empresarios…

El franquismo no fue una dictadura que acabara con la muerte del dictador”, escribió el investigador Alfredo Grimaldos, “sino una estructura de poder que se integró en la monarquía” y por eso no hubo cambios del aparato político y administrativo de la dictadura. Políticos franquistas dirigieron también la transición. Dirigentes franquistas de la policía, judicatura y ejército continuaron en sus puestos o ascendieron en el escalafón y los jueces del fascista Tribunal de Orden Público pasaron a ser magistrados de instituciones judiciales de la democracia. Incluso los torturadores de la Brigada Político-Social continuaron en sus cargos de la policía.

Y, si aún hay quien dude de lo que afirma el título, recuerde que la llamada Ley Mordaza y la reforma el Código Penal, ambas perpetradas por el Partido Popular, convierten al disidente político y a quien protesta en delincuentes. Características definitorias de los regímenes de Mussolini y Hitler, por ejemplo.

Los pueblos de España tienen una asignatura pendiente: borrar hasta el último resto de franquismo.

El vaciado de la democracia, una exigencia neoliberal

Recortan presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda como modo de dominio, como se comprueba con amplitud en el caso de Grecia. Además vacían la democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente política de austeridad en la Unión Europea. Pero además, las élites que nos castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la libertad. Sí, pero solo la del capital.

En el Reino de España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión, arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos cuatro años, empeora. Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga. Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en prisión y alguno ya está encarcelado por ejercer sus derechos sindicales. Como en la dictadura franquista.

Democracia es más que votar cada cuatro años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo, también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía porra en mano contra la ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que dependen de otras. Por ejemplo. También constató la creciente criminalización de la ciudadanía que protesta.

Sin olvidar torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En España ha habido desde 2004 más de 6.600 casos de tortura y malos tratos policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos de la ONU, ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con detalle en tres informes numerosos casos de torturas en España desde 2007 y asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los torturadores”.

Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y directo, el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.

Más aún, una sesentena de catedráticos de Derecho Penal de más de treinta universidades públicas españolas han publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código así como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Coinciden todos en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. De lo que presume el ministro de Interior; el mismo que ha promovido la autoritaria reforma del Código Penal y la no menos fascistoide ‘ley mordaza’. Ergo este gobierno neoliberal autoritario del Partido Popular no  busca la seguridad de la gente común, sino la represión legalizada de la ciudadanía que se opone y resiste sus políticas de austeridad.

España sí es un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único. La clase dirigente política europea, al ya evidente servicio descarado del poder financiero, vacía la democracia. Ignoran olímpicamente a la ciudadanía y siguen con sus austeridades y saqueo haciendo oídos sordos a las clamorosas reivindidaciones ciudadanas.

No cabe duda de que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas en escuadras de la porra para socavar el sistema democrático. Prescinden de la ciudadanía, violan sus derechos una y otra vez y la reprimen con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.

Ese vaciado de la democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay democracia.

Este régimen monárquico bipartidista apesta cada vez más a franquismo

María Servini, jueza instructora de la querella en Argentina por crímenes del franquismo, ha ordenado, por aplicación de la justicia universal, la detención de 20 presuntos criminales franquistas de lesa humanidad . Ocho eran ministros durante la dictadura, responsables de las últimas sentencias de muerte del franquismo o del asesinato de cinco trabajadores y más de cien heridos en la ciudad vasca de Vitoria. Dos peticiones anteriores de extradición de sendos torturadores fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. ¿Que pasará con esta nueva petición de extradición? No parece que sea atendida, pues, como denuncia Tomás F. Ruiz, incluso “aunque el PSOE gobernara en un futuro próximo, no entregaría a la justicia argentina a esos veinte acusados de crímenes. Gozan de una impunidad previamente pactada”.

Todos los gobiernos de España desde 1977 han respetado el obsceno pacto de silencio de los crímenes del franquismo. Por eso aún hay 150.000 desaparecidos por la Guerra Civil y la represión franquista posterior. “En España se oculta uno de los peores genocidios del siglo XX – ha denunciado el abogado Carlos Slepoy, promotor de la querella por los crímenes del franquismo-. Se habla de la Guerra Civil como enfrentamiento entre hermanos, pero fue un plan frío y premeditado para eliminar a los sectores de sociedad española opuestos a la dictadura franquista.”

En 1946, la Asamblea General de la ONU declaró que, “el Gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias fascista y nazi y no representa al pueblo español”. Y el más cercano 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó otra vez el régimen franquista por sistemáticas violaciones de derechos en España de 1939 a 1975, porque “hay suficientes pruebas de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista.”

Pero el franquismo no desaparece. En una España con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, según informe del propio Ministerio del Interior, que hace de este país “uno de los más seguros de Europa”; en un país donde en un par de años ha habido miles de manifestaciones sin incidentes graves (salvo unos pocos causados por provocadores), el Partido Popular decide reformar el Código Penal y saca de la chistera una innecesaria y represora ley de Seguridad Ciudadana a la que la sabiduría ciudadana ha bautizado como Ley Mordaza.

La nueva normativa supone que manifestarse en transportes y alterar su funcionamiento se castigue con multas de 30.001 a 600.000 euros. Que organizar manifestaciones donde haya incidentes (y los incidentes son fáciles de provocar) puede costar un año de prisión. Que impedir un desahucio cueste 30.000 euros de multa. Que manifestarse en una oficina bancaria cueste 6 años de prisión. Que la policía pueda disolver movilizaciones solo por sospechas, sin más. Que vigilantes de empresas de seguridad privada puedan controlar el orden público. Y que la resistencia pasiva no violenta se castigue con multas de 30.000 euros. Gandhi lo tendría crudo en esta España neofranquista. Lo hubieran arruinado a multas.

Carlos Martínez ha denunciado que “ya no hay presunción de inocencia, porque la simple acusación de un policía convertirá en culpables a los ciudadanos. Y los provocadores infiltrados lograrán que quienes convoquen una manifestación pacífica o participen en ella puedan ser condenados. Los grupos informativos en huelgas, directamente a la cárcel. Los pacíficos escraches podrán ser delito con suma facilidad. Pintar un graffiti será delito de daños…”

A los viejos del lugar, todo esto nos recuerda mucho la dictadura franquista. Las nuevas leyes son una pérdida clara de derechos, porque limitan todas las libertades para liquidar la protesta social y ciudadana. Como en la dictadura. La ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la ley de Seguridad Privada apestan a franquismo. Tal vez porque los actuales gobernantes y mandatarios del Reino de España tienen nostalgia de lo que hacían sin cortapisas en la dictadura sus abuelos, padres, tíos y suegros.

Y, si alguien aún duda de que este país continúa siendo bastante franquista, sepa que el Regimiento de Caballería Acorazada Lusitania 8 se ha entrenado con material antidisturbios para “contención y control de masas civiles“. Como en las pasadas dictaduras latinoamericanas.

Juzgar y condenar el franquismo, una asignatura pendiente

Los 150.000 desaparecidos en la guerra civil española y en la dictadura franquista constituyen el segundo genocidio del siglo XX después de la segunda guerra mundial, tras las feroces masacres de Camboya. La ONU ha vuelto a denunciar al gobierno español por esos desaparecidos.

Los topetazos del gobierno de España con la ONU vienen de antiguo. En 1946, la Asamblea General condenó el franquismo porque “el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista y no lo represental”. Entonces se retiraron los embajadores en España de casi todos los países y ésta no fue admitida en Naciones Unidas ni en ningún otro organismo internacional.

El 17 de marzo de 2006, otra instancia internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó de nuevo el franquismo, por haber “suficientes pruebas de numerosas y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen franquista. La evaluación del franquismo debe incluir una condena del mismo sin ambigüedades”.

Y hace unos días, el relator especial de la ONU sobre la dictadura franquista, Pablo de Greiff, presentó su informe sobre la misma y sus víctimas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe denuncia al Estado español por no resarcir a las víctimas de la guerra civil y dictadura y por no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno español ha calificado el informe de erróneo e inexacto, pero sin aportar dato alguno, y lo ha hecho con una absurda y ridícula defensa de la Transición. El principal ‘argumento’ del gobierno del Partido Popular ha sido que el olvido y el perdón son la única vía para la “reconciliación”. ¡A estas alturas aún con esa basura! ¿Qué reconciliación puede haber con más de 150.000 hombres y mujeres desaparecidos por ser republicanos o de izquierdas?

Pablo de Greiff ha denunciado también al gobierno del Partido Popular por no ha cumplir las normas internacionales que obligan a España por la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Ambas firmadas y ratificadas por España.

El gobierno del Partido Popular, como hiciera el del PSOE de Zapatero, arguye que la Ley de Amnistía de 1937 impide juzgar a nadie por delitos cometidos durante la guerra civil o la dictadura. Pero no hay ley de amnistía que valga para los delitos de lesa humanidad, que no prescriben jamás, y son los perpetrados por la dictadura a juzgar. Y no pueden acogerse a amnistía alguna y se han de juzgar sí o sí porque así lo ordena el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, firmado y ratificado por el Reino de España.

El nuevo informe de Naciones Unidas es claro: “Es importante y urgente que España asuma su responsabilidad y elabore una política integral por la verdad y justicia a las víctimas”. Y propone al gobierno del Partido Popular 42 medidas, dándole 90 días para concretar cómo aplicarlas. Como ha hecho hasta ahora, el gobierno solo niega la validez del informe, pero ahí se queda. El Partido Popular discrepa siempre de los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo. Pero no solo eso. También ha invalidado de hecho la Ley de Memoria Histórica, que ofrecía alguna reparación a las víctimas del franquismo, sin pasar por el Parlamento ni siquiera con un decreto ley sino por el miserable modo de no atribuirle financiación alguna para el cumplimiento de esa ley.

¿Por qué? Porque este gobierno y el partido que lo sustenta son hijos, sobrinos, nietos y parientes de franquistas de pro. No son sucesores sociológicos del franquismo, como apuntó algún periodista hace años, son los herederos puros y duros, incluso biológicos de, quienes armaron y mantuvieron una de las peores dictaduras que han asolado Europa. ¡Y tienen la desfachatez de ir de demócratas!

A los problemas que ocasiona la crisis, la austeridad, los recortes, el retroceso social… cabe sumar en España el espíritu y cultura franquistas del gobierno y del partido que lo sustenta. Y de algunos otros más, por cierto. Mientras no se elimine ese franquismo enquistado, tampoco habrá resolución económica y menos aún social.

De camino hacia el neofranquismo

¿Qué pensar de una condena de tres años de prisión a un ciudadano por haber estado en un piquete informativo de huelga? Les pasó a Carlos y a Carmen en Granada. Carlos salió hace unos días, tras una semana encarcelado, y Carmen no ha ingresado en prisión aún. Ambos han solicitado el indulto. Pero lo grave es que los hayan condenado por formar parte de un piquete. Mientras a Jaume Matas, el corrupto ex-presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (España), le reducen la pena de seis años a nueve meses. El doble rasero los denuncia, los deja con las vergüenzas al aire.

Expedientes, diligencias, multas y juicios contra huelguistas y manifestantes, pero tolerancia para los delitos económicos que perpetra la minoría que detenta el poder (a cuyo servicio está el gobierno). Mientras otros países europeos establecen leyes sólidas contra la corrupción (sin ser un modelo), en España la reforma del Código Penal se olvida materialmente de la corrupción.

Aquellos días de huelga de 2012, cuando acusaron a Carlos y Carmen, los juristas Pisarello y Asens denunciaban que “los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del 29 de marzo y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria”. Hoy, esa deriva ha ido a más. Mucho más. Los desmanes de los últimos tiempos recuerdan demasiado la dictadura.

Que la situación es antidemocrática y en aumento lo demuestra que el gobierno viola derechos desde las propias leyes. Como la nueva legislación de Seguridad Ciudadana que completa la más represiva reforma del Código Penal. Más un mayor deterioro democrático por el uso excesivo de la fuerza y malos tratos y torturas por parte de agentes de policía. Amnistía Internacional ha condenado tanto uno como otros en varios informes. Para Amnistía, en España se tortura, pero es negado por el gobierno y la tortura queda impune. La organización ha denunciado y documentado numerosos casos de malos tratos y torturas en su informe “Sal en la herida” y un informe posterior de seguimiento. La suma de todo rememora demasiado el franquismo.

Que la impunidad de los torturadores parece una política gubernamental lo demostró el escandaloso caso del doble indulto a cuatro policías en Cataluña. Al conocerse la sentencia firme que los condenaba por torturas, el gobierno central los indultó. Pero el juez emitió un nuevo auto en el que mandaba ingresar en prisión de inmediato a los policías torturadores. ¡Y el gobierno vuelve a indultarlos! ¿No demuestra este caso una política concreta? El indulto a esos torturadores no fue un caso raro o aislado.

También es denunciable el uso excesivo de la fuerza por la policía contra la ciudadanía que protesta, como ha hecho también Amnistía Internacional en varios informes. Aparte de que la Red ofrece cuantiosas e innegables imágenes de excesos policiales en concentraciones y manifestaciones ciudadanas, así como en desalojos de viviendas a los que se oponen pacíficamente ciudadanos solidarios con los desahuciados.

En fin, las nuevas leyes represivas del gobierno no sólo son innecesarias, sino que buscan acabar con la pacífica resistencia ciudadana a su política de austeridad, recortes y vulneración de derechos. Es así porque resulta que España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y no precisa mayor respuesta coercitiva. Es más, el ministerio del Interior no disimuló su satisfacción al anunciar recientemente en rueda de prensa las cifras de delincuencia del año pasado y mostrar que la tasa de delincuencia en España es una de las más bajas de Europa desde hace años.

¿Por qué entonces una nueva ley de seguridad ciudadana? Aún se entiende menos cuando el propio ministro de Interior declaró que en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y ningún problema de orden público digno de reseñar. ¿Por qué? Porque la nueva ley de seguridad ciudadana nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Y lo que busca es cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar las cosas a mejor.

Así es porque, como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos fundamentales. Y la reforma del Código Penal es innecesaria, y por tanto ilegítima, porque crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político”.

Lo dicho, el panorama expuesto recuerda cada vez más el franquismo que creíamos desaparecido. Pero no.

Porque decimos que nos llevan a un régimen autoritario

 

Hechos. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas exigió al Estado español que investigará de una vez los cientos de miles de desapariciones forzadas del franquismo. Porque son 133.000 desaparecidos, según Amnistía Internacional y Naciones Unidas. España es el segundo país del mundo en desaparecidos forzados tras la Camboya de los jemeres rojos. Mucho más que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay juntos bajo las dictaduras militares.

Hechos. La ONU también reclamó procesar a los responsables del franquismo de desapariciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero el Gobierno Rajoy ha hecho oídos sordos (como hizo el del PSOE) y las víctimas de la dictadura franquista han tenido que ir a Argentina para encontrar justicia, bajo la tutela de la jurisdicción universal para los crímenes de guerra proclamada por la legislación internacional.

Más hechos. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos, ha criticado la falta de voluntad política para acabar en España con torturas y malos tratos a detenidos por policías. Amnistía Internacional ha denunciado torturas y malos tratos en España desde 2007 en tres completos y rigurosos informes. Y asegura que “no sólo hay malos tratos y torturas, sino impunidad de los torturadores”.

Todo huele a autoritarismo, pero aún hay más desmanes. Un nuevo Código Penal y una Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno Rajoy que jueces, fiscales, catedráticos de Derecho, abogados, oposición y movimientos sociales critican con dureza. Porque criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Incluso el Consejo del Poder Judicial lamenta que este Gobierno supere a Franco y Primo de Rivera, pues va más lejos que esos dictadores, que nunca introdujeron la cadena perpetua en el sistema penitenciario. Y el PP sí lo hace, aunque la maquillé denominándola “prisión permanente revisable”.

Para Jueces por la Democracia, esa reforma penal propuesta es ilegítima, porque la realidad de los delitos en el país no pide aumentar las conductas a castigar ni las penas. Las tasas de delitos disminuyen desde hace más de 10 años y, según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. Esta reforma es ilegítima por innecesaria y por crear un nuevo delincuente: el disidente político. Y eso solo ocurre en los regímenes autoritarios. Incluso desde la conservadora Asociación de Jueces Francisco de Vitoria sostienen que las propuestas de reforma penal “atentan contra derechos fundamentales de las personas, criminalizan conductas sociales y tienen un contenido marcadamente ideológico y político

Avanza el autoritarismo cuando destacados dirigentes del PP, como Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, afirma que la ley es muy permisiva con los derechos de reunión y manifestación. Y quiere “modularla”. ¿Permisiva? ¿Modularla? Quieren hacer ilegal la protesta ciudadana para reprimirla a placer. Como hizo la dictadura franquista.

Pero no solo de represión viven los autoritarios. Defienden a capa y espada sus intereses de clase. Según el fiscal Anticorrupción Luzón, en el nuevo Código Penal no hay voluntad política de acabar con la corrupción. La reforma -denuncia- creará amplios y peligrosos espacios de impunidad y será más difícil combatir la delincuencia organizada y la corrupción.

Si añadimos que la Fiscalía actúa para librar al PP de delitos por su caja B, se opone a que Rajoy declare en el caso Bárcenas, no investiga la destrucción de los discos duros del imputado ex-tesorero Bárcenas y se querella contra el juez Silva que envió a prisión al ex-presidente de Caja Madrid (muy amigo de Aznar), el escenario resultante es el propio de un régimen autoritario y bananero.

La minoría económica que tiene el poder provocó la crisis. Pasado el susto inicial, decidió que era buena ocasión para cargarse el llamado estado de bienestar y convirtió la crisis en saqueo. Con el pretexto de la falsamente necesaria austeridad. Pero la gente reaccionó. Y la minoría empezó a vaciar la democracia, ya muy tocada. Se pasaron por el arco de triunfo la soberanía de los países, colocaron a sus tecnócratas en los gobiernos y forzaron a tirar por el retrete los compromisos electorales. Y gobernó la Troika. Mientras tanto se violaban y violan derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de la gran mayoría ciudadana. Pero como la gente no se quedó quieta (aunque aún no ha reaccionado cuanto se debiera), ahora toca represión.

En esas estamos. No solo en España. En toda Europa cuecen habas represivas. También en Alemania. Parte de la ciudad de Hamburgo ha sido puesto en estado de excepción para que la policía, identifique, registre y detenga cuando quiera. Así responden las autoridades a la magna protesta ciudadana contra el cierre de un centro cultural. Por ejemplo.

La hoja de ruta es diáfana, según denuncia la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas. El objetivo del Gobierno, en nombre de la clase económica dominante a la que sirve, es el control férreo de la sociedad con la progresiva supresión de libertades y derechos hasta un estado autoritario de facto en el que prime el control, la vigilancia y la represión. Mientras la minoritaria clase dominante financia un aparato mediático, ideológico, jurídico, y social para simular que actúa por interés general y no de clase.

Pero cuando aumenta la protesta y la desobediencia civiles, el paso siguiente es ya quirúrgico. Se recortan libertades y derechos ley en mano para amedrentar a la ciudadanía disidente y frenar o reducir la protesta. Y el estado autoritario está más cerca con el pretexto de la paz social. Hay datos que lo demuestran. En los Presupuestos Generales del Estado del Reino de España para 2014, por ejemplo, la partida para seguridad ciudadana ha aumentado un 1,8% (5.264 millones €), cuando en los otros Ministerios se ha reducido el gasto 4,7% de media.

Es diáfano. Con la contra-reforma del Código Penal, la de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada (100.000 seguratas podrán identificar, registrar y detener), la futura Ley de Huelga que recortará ese derecho y la Ley de Tasas (que impide el acceso universal a la justicia porque sale caro), se pretende acabar con la protesta ciudadana. Y al mismo tiempo crear un marco de impunidad que convierta en letra muerta las garantías constitucionales de ciudadanos y ciudadanas y establecer de hecho un estado autoritario, jurídicamente justificado. Pero ilegítimo, claro.

El reto ahora es lograr que una mayoría ciudadana pierda el miedo. Para que las cosas cambien.