España a la cabeza de la UE por desigualdad

La Comisión Europea, es decir el gobierno de la Unión Europea, ha suspendido a España por su muy alta cota de desigualdad en ingresos de la ciudadanía. La sitúa a la cabeza de los países europeos más desiguales. Más desigual que Bulgaria, más que la agredida y destrozada Grecia y más desigual que Lituania.

Lamentablemente el problema de la desigualdad es general, aunque España se lleve la palma. Según informa la Unión Europea, un 30% de los ciudadanos europeos (casi un tercio) no han recuperado todavía los niveles de igualdad que había antes de que estallara la crisis en 2007 y se extendiera como mancha de aceite. Y España, pese a la cacareada recuperación proclamada por el gobierno Rajoy, sus voceros y tiralevitas, está en una de las peores situaciones europeas de desigualdad.

La Comisión Europea asegura que el Reino de España apenas ha rebajado el riesgo de pobreza y exclusión social y que las personas empobrecidas son demasiadas. Y destaca los pésimos resultados de España en reducir la desigualdad y la pobreza por la ausencia de políticas sociales que merezcan tal nombre.

Por eso el Reino de España es campeón en abandono escolar, en jóvenes que no estudian ni trabajan, jóvenes sin futuro (y por supuesto sin presente), en hombres y mujeres en riesgo de pobreza y exclusión, en pensiones insuficientes, en demasiadas personas con escaso nivel educativo… El Reino de España es el paraíso de la desigualdad en Europa.

Esa desigualdad se traduce en que casi 13 millones de personas en este país (y somos 46 millones) están en riesgo de pobreza o exclusión social. Así lo afirma el informe El Estado de la Pobreza. España 2017, documento con datos al día sobre el riesgo de pobreza o exclusión social según el indicador que utiliza la UE, AROPE (por sus siglas en inglés de riesgo de pobreza).

El índice AROPE se basa en la Tasa de Riesgo de Pobreza Relativa (ganancias económicas menores del 60% del ingreso nacional medio), Baja Intensidad del Empleo en Hogares (personas mayores de 18 años que solo consigan trabajar la quinta parte de posibilidades de empleo que necesitan en el último año) y Privación Material Severa, como no poder poner la calefacción, no poder pagar el alquiler mensual o no poder comer pollo dos veces por semana. La peor noticia del citado informe es que aumenta la privación material severa.

La cifra exacta en España de personas en riesgo de pobreza es 12.989.405. Casi 28% de la población total y cuatro puntos y medio por encima de la media europea del 23,4%. De esos casi 13 millones en riesgo de pobreza, un millón y medio de personas sufren pobreza severa. Lo que nos lleva a concluir que tal vez los datos macro-económicos de los que presume el gobierno hayan mejorado, pero la pobreza ha aumentado y los pobres no notan la recuperación en absoluto. Y no lo notan porque falla estrepitosamente la redistribución de la riqueza. Y la redistribución de riqueza ha de hacerse por medio de  un sistema justo, progresivo y suficiente de impuestos que proporccione al Estado los recursos suficientes para asegurar una vida mínimamente digna a la población. Ese es el camino.

Pero resulta que, según datos de Erostat de presión fiscal en la UE en 2015, España está casi siete puntos por debajo de la media de los 19 estados de la Zona Euro. Si el volumen de impuestos recaudados fueran los de esa media de presión fiscal, España recaudaría 58.000 millones de € anuales más y habría más justicia.

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Empleo y paro no son los que dice el gobierno del PP

Un reciente informe de la Comisión Europea sobre evolución social y empleo en Europa expone que la economía española se recupera, pero a un alto precio. Confirma que España sufre una tasa de desempleo del 19% y la consecuencia del altísimo desempleo y la precariedad que crece es que en España el 28,6% de población está en riesgo de pobreza y exclusión social. Como Letonia, Lituania o Grecia.

No ha sido fácil estar a la cola de lo social de la UE. Han tenido que perpetrarse reformas laborales; en realidad contra-reformas, porque reformar en buen castellano significa cambiar algo para mejorar, que no es el caso.

Las contra-reformas permiten, por ejemplo, que un médico de familia firme en once meses 50 contratos de trabajo. Que otro asalariado encadene desde hace diez años en Correos contratos de seis meses seguidos y despidos de seis meses. Que otro trabajador firme ocho contratos de cuatro meses en una universidad de Madrid. Trampas y más trampas que perjudican a los trabajadores. Sin olvidar que solo el 5% de los contratos son indefinidos y a jornada completa o, lo que es igual, el 95% de nuevos empleos no lo son.

Quienes detentan el poder económico y sus cómplices políticos recurren a la macro-economía para ocultar la cruda realidad. Pero la macro-economía no dice la verdad sobre la vida de la gente trabajadora al presumir de crecimiento económico. El crecimiento económico (como lo entiende el neoliberalismo) no supone empleo suficiente ni garantiza una vida digna a los asalariados.

Hay dos ejemplos históricos de crecimiento económico que no suponen justicia ni vida decente para la clase trabajadora ni para el campesinado: Brasil y México. Ambos países crecieron sin interrupción en el siglo pasado año tras año. Sin embargo, no desapareció la pobreza; ni siquiera se redujo de moto notable. Pero sí aumentó una obscena desigualdad.

En España, el gobierno del Partido Popular presume de crecimiento y pretende que el país se ha recuperado de la crisis. Pero no es así para la gente común que son millones de personas. A mediados de este año, por ejemplo, había en España 1.700.000 asalariados con contratos encadenados: un 10% de los trabajadores con empleo. Y el verano que acaba aportó el peor dato de empleo desde 2008: en agosto se destruyeron 46.400 empleos y la Seguridad Social perdió 180.000 cotizantes. También aumentaron los contratos temporales hasta el 27% y sabido es que esos contratos están mal pagados.

Sin embargo, semanas antes, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) provocaron una injustificada euforia en el gobierno del Partido Popular. El PP proclamó la recuperación económica, pero solo dos meses después la innegable realidad de un mercado laboral frágil e insuficiente fue evidente de nuevo.

No es cierto que se crea empleo cuando se trabajan muchas menos horas. En 2009, en España se trabajaron 654 millones de horas, pero en 2016, cuando en teoría la economía despegaba, solo se trabajaron 613. Y 41 millones de horas trabajadas menos equivalen a cinco millones de jornadas a tiempo completo menos. ¿Cómo pretenden que hay crecimiento cuando se trabajan tantos millones de horas menos?

Que haya más empleos no significa demasiado para la gente trabajadora, pues gran parte vive en la incertidumbre y no puede llevar un vida digna. Por eso a Cáritas y a los bancos de alimentos les crece el trabajo. Algunos empleos más significan poco si no mejora la vida de la gente .

No es solo cuestión de más empleos; hay que ver qué empleo y como se paga . En realidad, muchos ocupados son subempleados pues trabajan bastantes menos horas de las que necesitan para vivir con dignidad. Actualmente hay 1.940.000 personas subempleadas, tantas como a finales de 2008.

Como denuncia José A. Llosa, “hacer un discurso de recuperación económica sustentado sobre una tasa de paro (19%) que duplica con holgura la media europea ( 8,5%) parece un juego peligroso, máxime cuando, tal y como indican los últimos datos de FOESSA, el 70% de las familias españolas no ha percibido ninguna clase de mejoría respecto a su situación en la crisis”.

La actual situación laboral precaria, y por tanto social, es así porque los gobiernos del PP han creado las condiciones para que los trabajadores pierdan con la austeridad, los recortes y la contra-reforma laboral. En beneficio de la clase empresarial, sobre todo la que controla las multinacionales, el Ibex 35.

Salarios más bajos, menos prestaciones sociales que hace 10 años y una precariedad laboral que campa a sus anchas deterioran la vida de los trabajadores. Esa transferencia de rentas de abajo hacia arriba es la única recuperación económica. Solo para la clase empresarial.

En conclusión, el paro según la EPA no refleja la verdadera situación laboral del país. Excluye de la cifra des parados a los inmigrantes que han vuelto a sus países, a los trabajadores nacionales que emigran y a los desanimados que ya no buscan empleo, que hoy se calcula rondan los 800.000. Y eso sin contar además que el cómputo oficial  considera empleados a quienes la semana anterior a la encuesta ¡hayan trabajado una hora! Una realidad falseada.

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior puede afirmarse que en el Reino de España hay cuanto menos un 10% de parados más que lo que dice la EPA según fuentes de algunas organizaciones sociales. Para rematar el panorama laboral real, cabe añadir la demostrada pérdida de poder adquisitivo de los asalariados. Los funcionarios, por ejemplo, han perdido un 15% de poder adquisitivo con los gobiernos del Partido Popular y los pensionistas el 3,5% desde 2013.

Ese es el panorama real de empleo y paro.

El Gobierno de Rajoy ahorra a costa de los parados

El sindicato UGT ha denunciado que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE, antes INEM) no ha dejado de gastar más de 2.200 millones de euros del presupuesto asignado a ese servicio en 2016. Hecho inaceptable que desvela el verdadero interés del gobierno del Partido Popular por la situación de los millones de parados del país. Además, el SEPE ha tenido la osadía de presentar el hecho de no haber gastado ese dinero como mérito y buena gestión. ¿Qué bondad hay en que milones de parados tengan menos ayuda  en subsidios, formación o posibilidad de colocación? Pues eso significa esa cantidad no gastada.

Por si fuera poco, conocemos también los datos de la reducción de ayudas a los trabajadores sin empleo desde que gobierna el Partido Popular. Por obra y gracia del gobierno de Rajoy, el gasto del Estado en protección a desempleados ha bajado al mismo nivel del año 2007. Con el agravante de que actualmente hay 1.600.000 parados más que entonces. Resultado de esa rebaja es que la prestación media actual para desempleados es de 798 euros mensuales, cuando hace nueve años era de 978. Sin olvidar que hoy más de 1.700.000 parados no reciben ninguna ayuda del Estado. Ninguna.

Según datos oficiales, en diciembre de 2007, antes de que la economía entrara en recesión, el Estado dedicaba 1.407 millones a ayuda a desempleados con algo más de dos millones de parados registrados en el INEM, hoy SEPE. De los desempleados registrados poco más del 85% recibían entonces alguna ayuda o protección. Pero nueve años después, con presunta recuperación económica, el gasto en ayuda a parados es casi el mismo; solo 133 millones de euros más para ser exactos, pero los desempleados inscritos en el SEPE son unos cuatro millones, el doble que había entonces.

Aquí no caben retóricos brindis al sol a los que tan acostumbrados nos tiene el gobierno del Partido Popular. Los hechos demuestran el interés real del gobierno de Rajoy por la suerte, presente y futuro de la clase trabajadora sin empleo. Ninguno. Los parados sobreviven por la ayuda de organizaciones solidarias y porque la estructura familiar en este país es fuerte y generosa.

Lo cierto es que desde final de 2009, encadenados a una nefasta política de austeridad más la neurótica obsesión por reducit el déficit púiblico que imponen la Unión Europea y el FMI, el dinero para prestaciones para parados se ha recortado sin cesar, señalando que en 2013 el recorte fue brutal. Ese año, las ayudas a desempleados fueron un 13% menos que el año anterior, aunque los parados aumentaran sin cesar hasta llegar a ser seis millones.

Y todo este tiempo no ha cesado de rebajarse la cobertura de desempleo. El último día de 2016 de las 3.703.000 personas desempleadas inscritas en el SEPE, 1.718.000 parados (44%) no recibían ninguna ayuda del Estado. Demasiadas personas sin empleo, demasiadas personas sin ayuda.

Que no hay duda sobre la conducta cicatera y antisocial del gobierno del Partido Popular lo demuestra que el gasto en prestaciones a parados da como resultado que un desempleado español cobra como prestación el 61% de sus ingresos antes de estar en paro. Por debajo de la media de 16 países de la Unión Europea que es el 69%. En Luxemburgo, un trabajador en paro recibe el 87% de sus ingresos antes de quedarse sin empleo, en Dinamarca 84% y en Suiza 77%. Los parados de Reino Unido y Alemania (67% de su último salario) tienen otras ayudas como vivienda familiar o no pagar impuestos.

La actitud y actuación del Partido Popular con la clase trabajadora es cada vez más nefasta y a los hechos me remito. Pero es más patente cuando se comprueba otra actitud y actuación del gobierno de Rajoy con el sector bancario, por ejemplo. Sin ir más lajos, y son datos del Tribunal de Cuentas del Reino de España, el rescate del sistema bancario español ha costado a las arcas públicas españolas de 2009 a 2015 algo más de 60.000 millones de euros. Pero a los parados se les hurtan 2.200 millones, como se ha apuntado. Por eso sorprende que aún haya trabajadores que voten al Partido Popular. ¿Qué pasa en este país?

El caso Lagarde muestra la enorme corrupción de la política profesional

La directora del FMI, Christine Lagarde, ha sido hallada culpable de “negligencia” cuando era ministra de economía del gobierno francés con Sarkozy como Presidente. El dictamen es del Tribunal de Justicia de la República de Francia, corte especial para juzgar delitos de políticos y ex-políticos. Sorprendentemente ese tribunal ha dispensado a Lagarde de cumplir pena alguna. A pesar de que el delito reconocido supone cumplir hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa. El delito reconocido de negligencia (en realidad es prevaricación) se perpetró en la demanda del empresario Bernard Tapie (amigo de Sarkozy) al Estado francés por la confiscación gubernamental y venta de la marca Adidas. Lagarde aceptó la multimillonaria indemnización de 400 millones de euros a Tapie que dictaminó una comisión de arbitraje y no apeló. Aunque, como consta en el veredicto, los asesores de Lagarde le aconsejaron recurrir. Si lo hubiera hecho, la indemnización probablemente hubiera sido menor.

¿Qué razones adujo ese Tribunal especial para no imponer condena alguna a Lagarde? La “personalidad” y la “reputación internacional” de la juzgada. ¡Increíble! Para completar el despropósito, el FMI comunicó públicamente que renueva totalmente su confianza en Lagarde, a pesar de su condena (sin castigo) en Francia. Algo huele a podrido.

¿Qué sucedería si algunos famosísimos futbolistas (que han defraudado a Hacienda) recurren las sentencias o multas argumentando que también tienen “reputación internacional”? En serio, esa sentencia deja con el culo al aire no ya un doble rasero de la justicia sino la profunda corrupción de la democracia representativa. ¿Alguien duda de que la ley no sea igual para todos? No descubro América, pero es higiénico ser conscientes de esa innegable verdad, así como del lodazal en el que las minorías de poder, las élites, la clase dominante que diría Marx, han convertido el sistema democrático representativo que, desde hace décadas, ya es una plutocracia. El gobierno de los ricos. Trump ha sido elegido tras gastar una fortuna en la campaña electoral. Como tantos presidentes antes que él. Lagarde, Trump, los presidentes de Estados Unidos y muchos jerarcas de otros países tienen en común que todos tienen muchísimo dinero.

Continuando con el caso Lagarde y la postura del FMI, como en economía y política no hay casualidades, conviene recordar que la ONU, en una de sus conferencias para la prevención del crimen, celebrada en El Cairo, denunció que “la penetración de las mafias en la economía ha sido facilitada por los programas de ajuste estructural (léase recortes sociales y rebajas salariales) que los países endeudados se han visto obligados a aceptar para poder recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional”. A la postre, la economía mafiosa criminal está íntimamente ligada a la legal a través de la enorme industria del blanqueo de dinero sucio y negro. Según la ONU, la abundante actividad financiera especulativa del crimen organizado ha contribuido innegablemente a la aparición de crisis financieras y económicas en las últimas décadas.

El mecanismo es conocido. FMI, y Baco Mundial, entre otras entidades internacionales, imponen una austeridad implacable a los países en crisis. Las medidas provocan el cierre de empresas, recortes masivos de plantillas y desempleo en aumento. Y crece la economía sumergida, campo abonado para la economía criminal, cuyos beneficios vuelve a blanquear especulando en bolsas, mercados de capitales y banca en la sombra. Hasta la próxima crisis.

El emperramiento capitalista neoliberal se explica por talantes como los retratados por John Huston en el filme Cayo Largo. En un hotel de Florida coinciden un oficial, que regresa de Europa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gánster deportado que ha vuelto a Estados Unidos clandestinamente. El soldado pregunta de modo retórico, “¿qué quiere Rocco?” Y él mismo se responde: “Quiere más”. Rocco lo confirma: “Eso es, quiero más”. El oficial pregunta de nuevo: “¿Tendrá Rocco bastante alguna vez?” Y es Rocco quien contesta: “Nunca tengo bastante. Nunca”.

Así es el capitalismo. Nunca tiene bastante. Y se pasan por el forro lo que haga falta en aras de sus ganancias, incluida la justicia. Hay que revertir la situación. Y que los y las Lagarde de este tiempo rindan cuentas y reparen.

No es cierto que salgamos de la crisis

En la pasada campaña electoral, PP y sus voceros pregonaron haber gobernado bien, que el paro disminuía gracias a sus ‘reformas’ y la economía iba viento en popa. Pero otra es la cruda realidad. Tal vez el PP y la ciudadanía vivan en dimensiones diferentes y no ven ni viven lo mismo.

Hace un año, Fernando Luengo nos recordaba, contra el coro laudatorio de economistas neoliberales, que no salíamos de la crisis. Aunque el producto interior bruto aumentara en 2014 un 1,4% y previsiones próximas apuntaran algún crecimiento. Pero endeble, ridículo. Aunque lo más importante, recordaba Luengo, es que la economía tal vez se movía (o arrastraba), pero la mayoría de población no se enteraba, no se recuperaba. El desempleo mantenía cotas históricas, casi todos los nuevos contratos son precarios y los salarios, bajos, muy bajos. Y nada ha cambiado para bien.

Es la trampa de las cifras macro-económicas, que poco tienen que ver con la realidad. Y ésta, implacable, muestra que la mayor parte de salarios se han estancado o disminuyen. Además de aparecer (y aumentar) los trabajadores pobres: los que no salen de la pobreza con empleo. Si se le puede llamar empleo. La precarización del empleo atribuible al PP ha provocado pobreza laboral generalizada. Según el Instituto Nacional de Estadística, algo más del 14% de trabajadores con empleo no superan el umbral de la pobreza. ¡Muy fuerte!

Las cifras de pobreza y desigualdad muestran que la presunta recuperación no llega a la gente. Porque la innegable realidad es que la crisis ha sido una ofensiva en toda regla de la minoría que detenta el poder económico contra la población. La ha empobrecido y privado de derechos esenciales, en exclusivo beneficio de las llamadas élites. El resto, música ambiental.

¿Qué ocurrió con los tres millones de empleos que el PP prometió? Agua de borrajas. Pero durante su gobierno sí se ha destruido el equivalente a 900.000 empleos, como documenta Enrique Negueruela. La Encuesta de Población Activa (EPA) oficial muestra que no hay recuperación real, como prueba que hoy se trabajen ¡33 millones de horas menos! La reforma laboral del PP ha destruido el equivalente a esos citados cientos de miles de puestos de trabajo a tiempo completo. Como demuestran esos millones de horas trabajadas menos. Además de que dos millones y medio de ocupados están subempleados en puestos de menor cualificación que la que poseen (cobrando menos, claro) o muchas menos horas de las necesarias para obtener un salario decente.

El paro bajó en mayo pasado casi 120.000 personas, dicen, pero fue la típica bajada primaveral, no por acción gubernamental alguna que fortalezca la economía productiva. Además de que los contratos indefinidos a jornada completa de los nuevos empleados no llegan a un ridículo 5%. Mientras el 92% (casi todos) son eventuales, temporales, precarios. Si eso es reducir el paro…

Y con tanto desempleado es vital saber qué ayudas reciben los parados, pues han de vivir. Y la cobertura a parados solo atiende al 53% de gentes sin trabajo. Es decir, un 47% de parados (casi la mitad) no recibe ayuda alguna.

Además de que son menos los desempleados que cobran prestación, menor es la que reciben, como documenta CCOO. En España hay casi dos millones de personas en paro excluidas del sistema de protección por desempleo (SEPE), según ese servicio, pero la EPA asegura que los desempleados sin ayuda son casi cuatro millones. El doble. Mucha gente. Los desempleados con subsidio apenas son la mitad de parados y las ayudas continúan bajando. El gasto para protección al desempleo en mayo bajó 10% respecto a 2015… y algo más del 40% respecto a 2012. Pero el paro de muy larga duración aumenta; según la EPA, ya es el 43%…

No hay motivo de alegría para la gente trabajadora ni esperanza de mejora en tiempo breve. La recuperación es una falacia. ¿Cuándo dejarán de mentir? Además de que lo que perpetra esta gente del PP va contra los principios y derechos propios de una sociedad civilizada y justa. Principios indiscutibles o reina la barbarie.

Principios como que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Que todo individuo tiene derecho a la vida. Y, para asegurar ese derecho a la vida, tiene derecho a la seguridad social y satisfacer sus derechos económicos. Por lo que toda persona tiene derecho a la protección contra el desempleo.

¿Qué parte de esos derechos no entienden esos neoliberales?

Cuando despertó, la banca todavía estaba allí

Cuando las portadas exponen día sí y otro también la grave situación de Grecia y se conoce la conducta propia de macarras de los gobiernos de la eurozona con ese país, conviene recordar que en el origen de todo está la banca. Privada, por supuesto. Tres conclusiones surgen del estudio de la llamada crisis global. Que la banca privada no quebró gracias a las enormes ayudas públicas recibidas. Que  finalmente esa factura la pagó (aún la paga) la gente común con austeridad impuesta y menos derechos. Y que esa banca salvada por lo público no ha hecho nada para que la economía remontara. Salvo enriquecer más a sus directivos. Y ya son ocho años de incertidumbre y economía frenada, mientras crecen desigualdad y pobreza.

El primer socorro al sector financiero fue en otoño de 2008 en EEUU. Nada menos que 250.000 millones de dólares para recapitalizar bancos, medio billón en avales a empresas en crisis, otro medio billón para comprar hipotecas basura y medio billón más para salvar planes privados de pensiones; es decir, para salvar a las empresas privadas aseguradoras (en realidad fondos de inversión especuladora) que hacen negocio con tales planes.

Por su parte, la Unión Europea prestó más de un billón de euros a cientos de bancos europeos hasta febrero de 2012 al 1% de interés. Para salvarlos de la quiebra. Más otros 2 billones de inyección de capital y garantías publicas a la banca. Y hoy los préstamos muy baratos del BCE a bancos continúan.

¿Por qué? Como denunció Ignacio Ramonet, “el poder pasó de los gobiernos a una legión de banqueros tramposos y a los especuladores de Bolsa”, que trafican con cantidades tan enormes que son indecentes. Casi 7 billones de euros en deuda pública de la eurozona, por ejemplo. Sin control ni regulación. Especuladores y banqueros dominan así el cotarro económico y financiero. Por eso, aunque se saben las causas de la crisis que fue una estafa y devino saqueo organizado de bienes, rentas y derechos de la gente común, no se han reglamentado los mercados ni controlado la banca. Ni se intenta. Mandan ellos.

Y entre tanto, como recuerda Andreu Missé por ejemplo, “para una parte significativa de la población española las condiciones de vida no cesan de deteriorarse. Mientras el gobierno proclama eufórico que la economía crece, que se han creado muchos empleos y las exportaciones aumentan, un tercio de la ciudadanía vive el peor momento de su vida. Más de 15 millones de personas y en aumento. Como lo prueba que Caritas, Cruz Roja y los bancos de alimentos tengan que repartir cientos de miles de comidas para paliar el hambre. Una situación inaceptable que puede prolongarse una década, denuncia Caritas.

Un informe que cita Missé, Pobre y bajo presión: el impacto social de la consolidación fiscal en Europa de Zsolt Darvas y Olga Tschekassin, concluye que “los mayores desafíos de Europa hoy son la pobreza, el desempleo y la polarización que deteriora la vida de los ciudadanos”. Es así, sobre todo, porque “el rescate bancario fue muy costoso, limitó recursos fiscales para otros objetivos, perjudicó seriamente la economía y deterioró las condiciones sociales en Europa”.

Que la banca privada está ahí y es sin duda uno de los mayores problemas de la gente común lo remacha Stefan Steinberg. Cita Steinberg el informe El ajuste de la Zona Euro, un trabajo a medias, elaborado por el banco de inversión JP Morgan Chase, publicado a finales de mayo de 2013. Reclama tal documento derogar las constituciones democráticas de algunos países europeos y ser sustituidas ¡por regímenes autoritarios!

Las críticas más fascistas del documento van contra los gobiernos que tardaron en aplicar las medidas de austeridad: Grecia, Portugal, España e Italia. Países en crisis de deuda y, según la delirante opinión de los autores del informe de JP Morgan Chase, cuyos sistemas políticos tienen un fuerte sesgo socialista (??). Por ello y para evitar una revolución social, la banca JP Morgan propone que los gobiernos capitalistas de Europa instauren cuanto antes regímenes dictatoriales en esos países. Increíble, pero no es ficción.

Es evidente que el principal enemigo de la ciudadanía es la banca. Ya lo profetizó Thomas Jefferson hace doscientos trece años: “Los bancos son más peligrosos para nuestras libertades que ejércitos listos para el combate. Los bancos privarán a la gente de toda posesión hasta el día en que despierten sin casa, sin techo”.

La banca privada sigue ahí.

Capitalismo de amiguetes y corrupción institucionalizada

Rodrigo Rato, que fuera poderoso vicepresidente económico de Aznar, fue arrestado durante horas, registrados su despacho y domicilio exhaustivamente por la Agencia Tributaria y acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El encontronazo de Rato con la justicia no es nuevo en su familia. Su padre, Ramón Rato, fue condenado en 1967 a tres años de prisión, por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios, por evadir dinero a Suiza. También se condenó al hermano de Rodrigo, Ramón Rato Figaredo, a dos años de prisión y a su tío Faustino a multa de 5 millones de pesetas por complicidad.

Más allá de la significación del personaje o de que el espectáculo mediático de su detención responda a una guerra interna del Partido Popular, el hecho es grave porque ratifica que la corrupción es ilimitada. Presunta, por supuesto. No son unos cuantos casos extraordinarios ni tampoco casos aislados: es que el sistema está podrido. Doménech, Raventós y Búster explican que  “la naturaleza institucional de la corrupción tiene sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó el poder empresarial heredado del franquismo con las privatizaciones de la Transición”. Y eso son palabras mayores, porque las políticas económicas de la Transición y corrupciones derivadas generaron un bloque formado por grandes empresas del Ibex 35 y parte de las cúpulas de PP y PSOE, convertido tal bloque en cártel favorecedor de la corrupción. Por eso hay que buscar el origen de la corrupción en las descomunales privatizaciones de un potente sector público, perpetradas en la pretendidamente modélica Transición con la consiguiente formación de poderosos oligopolios. Iniciadas sin dudarlo por Felipe González al frente de gobiernos del PSOE y continuadas con entusiasmo por los gobiernos de Aznar.

Un nada claro sistema de concesión de contratos públicos multimillonarios, esa estructura de multinacionales montadas a partir de sólidas empresas públicas privatizadas, más una política económica y fiscal que han dado y dan una posición dominante y privilegiada a grandes empresas del Ibex 35 son la base de la corrupción. En ese escenario de privatizaciones desatadas cuajó el capitalismo oligopólico de amiguetes que hizo nacer una nueva minoría rica y privilegiada que controla buena parte de la economía del Reino de España. Minoría que copó el Ibex 35 y se sumó como clase dominante a los restos de la aristocracia terrateniente (que esquilma la Extremadura y Andalucía rurales desde hace siglos), a grandes accionistas bancarios, altos cargos financieros y grandes propietarios de la industria.

Ese capitalismo corruptor y corrompido ha hecho nacer y crecer una economía sumergida de la cuarta parte del PIB y también que más de un tercio de billetes de 500 euros que se mueven por Europa lo hagan en España. Maletines con cientos de miles o millones de euros para enjuagues y sobornos. O apuntes contables y movimientos financieros ocultos de cuentas opacas en paraísos fiscales. Lo que coloca a este Reino en el nada admirable puesto 37 en la lista de Transparencia Internacional, tras Taiwán, Chipre o Botswana, más corrompidos que este Reino, y con 60 de índice de percepción de corrupción, a mucha distancia de 100 que es cuando no hay corrupción. Porque esa poca transparencia que indica el puesto 37 significa que hay mucha corrupción. Corrupción rentable, por cierto, porque la minoría que controla la economía ha visto crecer últimamente sus beneficios un 67%.

Y mientras la minoría rica privilegiada se enriquece aún más (tanto ‘legalmente’ con políticas austeras de saqueo y recortes sociales, como delictivamente con la corrupción), crecen de forma escandalosa el empleo precario y los trabajadores con empleo pero que siguen siendo pobres. Crecen desigualdad y pobreza, porque, por ejemplo, de enero a marzo de este año se destruyeron 114.000 puestos de trabajo y hoy aún hay 5.444.600 de parados, 71.000 más que en diciembre de 2011, cuando el PP ocupó al gobierno. Así lo asegura sin dudarlo la última Encuesta de Población Activa (EPA) que envía al traste la fábula de la recuperación y los juegos malabares con los datos de inscritos en el paro y quienes abandonan tal registro, juegos con los que pretenden que se crea empleo.

La corrupción no atañe solo a unos pocos casos, tampoco es una cuestión privada ni aislada de los corruptos, como repiten hasta el tedio portavoces del Partido Popular y del gobierno. Ni es solo cuestión penal. La corrupción es estructural y un letal problema económico, social, político e institucional por ser parte del sistema. Y puede acabar destruyendo este país. A sus gentes, seguro. Y, para acabar con esa corrupción, ya institucionalizada, hay que cambiar el sistema político y económico. De raíz.