Tribunales privados de arbitraje, un expolio

El Parlamento Europeo ha dado hace pocos días el visto bueno a un acuerdo de libre comercio e inversión de la Unión Europea con Singapur. Esos tratados bilaterales básicamente suprimen los aranceles y hasta aquí no entrañaría peligro un acuerdo contra el proteccionismo comercial. El problema grave para los Estados aparece porque esos tratados bilateales pretenden anular lo que sus redactores denominan ‘otras barreras no arancelarias’. ¿Qué barreras?

El peor, el más peligroso de los mecanismos que contiene un tratado blateral de inversión es una clausula por la que grandes empresas y corporaciones multinacionales pueden demandar a los gobiernos si consideran que sus leyes y normas, incluso comunicados informativos, perjudican sus beneficios de grandes empresas. Pueden demandar, pero no ante tribunales públicos legítimos que siempre ignoran, sino recurriendo a unos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje que solo son equipos de tres abogados privados de elevadísimos honorarios sin ninguna legitimidad democrática. Pero las partes los aceptan para arbitrar, dirán los defensores de tan equívoco método. Puede parecerlo, pero en realidad los Estados se ven forzados a aceptar esos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje pues, de otro modo, no hay inversión. El truco está en que, cuando un Estado firma uno de esos tratados para asegurar inversiones que permitan crear empleos, el tratado incluye siempre un llamado ‘método de resolución de controversias’ que permite a grandes empresas y corporaciones multinacionales demandar a Estados soberanos por cantidades multimillonarias cuando consideran que peligran sus beneficios y, para mayor desfachatez, no solo beneficios actuales sino también futuros posibles. Veamos botones de muestra de tal pillaje.

Miles de millones de indemnización

Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la multinacional petrolera Occidental. Un presunto tribunal formado por tres abogados privados decidió que el Estado cancelase el contrato con esa petrolera, porque no respetaba las normas de protección medioambiental incluidas en el contrato, era una expropiación y, por tanto, el Estado ecuatoriano debía indemnizar a la petrolera. La corporación Vattenfallal reclamó 3.700 millones de euros al Gobierno alemán porque, tras el desastre nuclear de Fukushima en Japón, ese gobierno, en evidente ejercicio de prevención y responsabilidad, cerró las plantas nucleares que la empresa sueca gestionaba. Philip Morris demandó a Uruguay por advertir en los paquetes de tabaco que fumar es malo para la salud. y Renco demandó a Perú por 800 millones de dólares porque el gobierno de ese país revocó su permiso para fundir metales por utilizar métodos muy contaminantes. Bear Creek demandó también a Perú por 1.200 millones de dólares porque el gobierno rescindió el contrato con esa multinacional minera por agredir el medio ambiente y por los asesinatos de indígenas en las protestas populares contra esa empresa. La empresa Veolia demandó a Egipto al considerarse perjudicada porque el gobierno aumentó el salario mínimo. Cecilia Olivet, investigadora de Transnational Institut, ha contado que, en la demanda de la empresa alemana Fraport contra el Estado filipino, el gobierno de Filipinas tuvo que gastar millones de dólares para pagar a sus abogados para afrontar la demanda. La cantidad pagada era equivalente al salario de un año de 12.500 profesores, la vacunación de casi cuatro millones de niños contra la tuberculosis, difteria, tétanos o polio o construir dos aeropuertos.

Tales inaceptables dictámenes y amenazas contra Estados soberanos no son política ficción. Son reales y han sido y son posibles por los llamados tribunales de arbitraje internacional que, con diversos nombres (ISDS ha sido uno de ellos) pretenden ser un modo de resolver conflictos entre empresas extranjeras inversoras y gobiernos en cuyo territorio se instalan, pero que en verdad más bien son otros modos de aumentar los beneficios de las multinacionales por medio de demandas.

Por otra parte, esos abogados privados de esos pretendido tribunales de arbitraje hacen tanto de acusadores como de testigos o árbitros que deciden la indemnización ¿Cómo asegurar ni la menor sombra de justicia cuando son juez y parte? Otrosí, muchos de esos presuntos árbitros además han sido miembros de consejos de administración de empresas demandantes, por lo que cualquier pretensión de que el arbitraje privado internacional tenga algo que ver con la justicia es un mal chiste. Sobre esos falsos tribunales, cabe recordar además que no han sido elegidos ni designados por ninguna entidad u organización democrática nacional ni internacional; no tienen nunca en cuenta las leyes nacionales ni el derecho internacional y casi siempre dictaminan a favor de las empresas. Sin olvidar también una regla jurídicamente inaceptable de esos arbitrajes: que los dictamenes de esos tribunales privados no se pueden recurrir ante instancia alguna privada, pública, nacional o internacional. Son inapelables. Como si los dictámenes los pronunciara dios.

Nuevos beneficios para las multinacionales

Actualmente podría haber unos pocos miles de tratados bilaterales que permiten recurrir a esos presuntos tribunales privados. ¿Para dirimir conflictos entre empresas y Estados? Para que las multinacionales consigan nuevos y mayores beneficios. Según el informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, el arbitraje internacional además ha creado una red de fondos de inversión, árbitros, abogados, empresas y demandantes, red que especula con producos financieros que son paquetes de demandas a estados convertidos en activos especulables.

Además de fallar casi siempre a favor de las empresas, los abogados de arbitraje internacional animan a las multinacionales a demandar a los gobiernos o amenazarlos con demandas para que cedan a sus pretensiones de no tomar medidas de protección ambiental, por ejemplo. Además, aseguran ser fácil que una multinacional logre un acuerdo ventajoso con un gobierno si lo amenaza antes con una demanda. Puro Corleone.

Quien tal vez haya retratado mejor la surrealista e indecente situación de los tribunales privados de arbitraje haya sido Juan Fernández Armesto, abogado español que fue árbitro internacional en alguna ocasión. A Fernández Armesto le sorprende que Estados soberanos acepten el arbitraje privado y se dé a tres particulares el poder de rechazar las actuaciones de un Gobierno, las decisiones de tribunales o las leyes y reglamentos de un Parlamento. Sin apelación posible.

Un desafío a los gobiernos democráticos

Como denuncia la red europea de ATTAC, movimiento social global por la justicia económica y fiscal, en Europa las grandes empresas han utilizado y utilizan estos tribunales privados para desafiar a los gobiernos que actúan en beneficio de la población. Los sistemas de arbitraje privados reducen el poder de diputados y gobiernos elegidos para cumplir mandatos y deberes con la ciudadanía. Con esos tribunales privados de arbitraje, multinacionales y grandes inversores , es decir, los super-ricos, amenazan los servicios públicos que garantizan los derechos de la ciudadanía, el acceso al agua y a la energía limpia. También peligran los derechos de los trabajadores, de los consumidores y la protección del medio ambiente.

Pero hace unos días, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que interpreta y aplica el Derecho de la UE, se ha pronunciado sobre una controversia entre la República Eslovaca y Achmea BV, una empresa de seguros holandesa. La sentencia del TJUE da la razón a Eslovaquia que denunció el fallo de un arbitraje privado contra la recuperación del sistema público de salud que había sido privatizado. El TJUE argumenta que recurrir a tribunales privados es incompatible con el Derecho de la Unión y ha anulado la resolución de ese arbitraje, que decía lo contrario, y reafirmado que el Derecho europeo prevalece, está por encima de los derechos nacionales y ningún texto, tratado o disposición de Estados miembros puede ir contra el derecho de la UE ni puede ignorar el bagaje jurídico comunitario que los países miembros aceptaron libremente al ingresar en la Unión Europea.

Ahora, los países europeos tendrán que aplicar esta interpretación legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sus leyes y ordenamientos, pudiendo ser declarados nulos todos los laudos de tribunales privados de arbitraje que no respeten la citada sentencia.

Aunque lamentablemente no afecta a multinacionales no europeas, en medio de tanto pillaje de multinacionales, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es un balón de oxígeno contra los pretendidos tribunales privados de arbitraje. Porque desde ahora, ninguna multinacional europea (como la holandesa Achmea BV) podrá demandar a un Estado europeo porque vulnera el derecho de la Unión Europea.

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Hay que frenar el tratado de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos

Cientos de miles de ciudadanos se han manifestado hace unos días por las calles y plazas de veintidós países europeos. Se movilizaban contra el tratado de inversión que negocian en secreto la Unión Europea y Estados Unidos, TTIP por sus siglas en inglés. La ciudadanía reclama que se olvide para siempre ese tratado. Que se entierre.

Abundando en la exigencia de retirarlo definitivamente, recordemos a modo de inventario algunas consecuencias del TTIP, si fuera firmado. Desaparición en la práctica del derecho de huelga, eliminación de negociación colectiva y, por supuesto, salarios cada vez más bajos y empleos más precarios. La feroz competencia sin control de las grandes empresas a las medianas y pequeñas provocaría que cierren miles de éstas y se destruyan un millón de empleos, según cálculos diversos.

Los servicios públicos de sanidad, educación pública, suministro de agua potable, gestión de residuos, transporte se convertirían en negocios privados en manos de grandes empresas. Y la igualación de normas de Estados Unidos y Europa se haría escogiendo las peores, además de impedir a los gobiernos cualquier política social.

En el ansia de privatizar todo lo público, las pensiones de la seguridad social se reducirían en beneficio de las pensiones privadas hasta que los asalariados crean que han de contratarlas para conseguir una pensión aceptable. Sin olvidar que esas pensiones privadas (rentas de inversiones de grandes fondos) dependen de las veleidades de la especulación financiera. Los pensionistas privados holandeses, por ejemplo, lo han comprobado para mal a partir de 2009 por la crisis.

En agricultura, las grandes corporaciones multinacionales controlarán las semillas y la producción de alimentos, eliminando explotaciones agrarias medias, pequeñas y desapareciendo la agricultura familiar en beneficio de las perjudiciales grandes explotaciones agrarias industriales que, además, impiden el equilibrio ecológico. Y, por supuesto, habrá vía libre para los productos transgénicos. También desaparecerán las normas de seguridad de alimentos y en nuestros supermercados se venderán pollos lavados con cloro o terneras engordadas con hormonas.

El cambio climático será mayor amenaza aún porque, fruto de la desregulación campante, no habrá el menor control real de las emisiones de dióxido de carbono. Por descontado, la fractura hidráulica (fracking), muy perjudicial método de extracción de petróleo a miles de metros de profundidad, se extenderá por Europa y habrá más riesgo de terremotos así como la segura contaminación de aguas subterráneas, vitales en las zonas secas.

Y, por supuesto, se suprimirán los escasos controles que pudiera haber aún para frenar algo la especulación financiera desatada, olvidando de forma criminal, pero también estúpida, que la crisis que sufrimos, y de la que no acabamos de salir, estalló por el descontrol del sector financiero y la ausencia de regulación.

Pero aún hay más, como la creación del llamado Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). El ISDS sencillamente convierte la democracia en un decorado.

Consiste tal engendro en unos pretendidos tribunales de arbitraje internacional, que no son tales sino tres caros abogados privados, que resolverán las demandas que presenten empresas y corporaciones cuando crean que el Estado perjudica sus beneficios actuales o futuros por las medidas que tome el gobierno. Medidas para atender necesidades de la ciudadanía, satisfacer sus derecho,s garantizar la seguridad de los alimentos o proteger el medio ambiente. A esos abogados no los elegirá ciudadanía alguna ni los controlará ninguna institución democrática. Y, todavía peor, sus fallos serán inapelables.

Sabemos cómo funcionan esos falsos tribunales porque esos mismos inventos de arbitraje figuran en otros tratados bilaterales de inversión. Por ejemplo, la República de Uruguay fue condenada a pagar a Philip Morris 1.467millones de dólares. La tabacalera demandó al gobierno porque éste mandó poner en las cajetillas de tabaco que fumar perjudica la salud.

El fraude de las demandas de multinacionales (porque fraude o estafa es) se convertiría en un freno real de la acción de los gobiernos porque, ante la amenaza de reclamaciones multimillonarias por proteger los derechos de la gente y la naturaleza, muchos gobiernos tendrán la tentación de no tocar esas cuestiones. Y la soberanía ciudadana electoral será inútil porque de hecho mandarán las multinacionales con sus demandas y presiones.

Es obvio que hay que frenar el TTIP. Que desaparezca. En 1998 ya se paralizó la firma de un precedente casi tan maligno, el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) por la movilización ciudadana global. Y podemos volver a hacerlo.

Este sistema ha perdido toda legitimidad

Sostiene el economista chileno Max Neef que la economía neoliberal mata a más gente que todos los ejércitos del mundo juntos. Pero, además de violarse el fundamental derecho a la vida, se perpetran de modo sistemático muchas más violaciones de otros derechos. Derecho al trabajo, a salario digno, a vida digna, a vivienda adecuada, a educación, a asistencia médica, a seguro de desempleo… Violaciones que son delitos, pero un hipócrita doble rasero considera mayor crimen robar a una persona con una navaja que condenar a la pobreza, al hambre y a la enfermedad a cientos, miles o cientos de miles.

En 2011, Lourdes Beneria y Carmen Sarasúa definieron el crimen económico como una acción inhumana de carácter económico que causa graves sufrimientos a una población civil. Y lo asociaron al crimen contra la humanidad, que el Tribunal Penal Internacional define como “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Fue entonces cuando se conoció la responsabilidad criminal de grandes empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers y bancos y aseguradoras en la gravísima crisis financiera que estalló en 2008 con terribles consecuencias para el mundo.

Cinco años después la situación es peor. La pretendida respuesta a la crisis financiera se ha transformado en una auténtica ofensiva de la élite económica contra el resto de la humanidad. En ese terrible escenario, la ONU ha aprobado elaborar un tratado vinculante para vigilar el respeto de los derechos humanos por las multinacionales.

El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Derechos Humanos por veinte votos a favor, catorce en contra y trece abstenciones. De los catorce votos opuestos, seis son de Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Países que presumen de defensores de los derechos humanos, pero que ahora ya sabemos que defienden los intereses de las multinacionales y no los derechos. Tal vez el de libertad de expresión que les encanta, porque ellos lo usan con sus medios falaces.

En ese panorama, documentos revelados por Wikileaks muestran las intenciones de las grandes potencias con el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés) que se negocia en secreto entre Estados Unidos y cincuenta países. Acuerdo que, de firmarse, decapitaría la capacidad de los Estados para regular, vigilar y controlar la inversión extranjera y facilitaría el saqueo de los bienes comunes y servicios públicos por las multinacionales. Ese TISA se negocia al mismo tiempo que el Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica entre Estados Unidos y once países costeros del océano Pacífico. También en esos tratados se busca impedir que el Estado regule y controle la actuación de las multinacionales y así asegurarles el pillaje.

La Internacional de Servicios Públicos, organización que agrupa a 650 sindicatos de 148 países, ha advertido de que, si se firma el TISA, “se pondrá en peligro la salud, la educación, el suministro de agua y otros muchos servicios públicos, al dar vía libre a las multinacionales en cualquiera de los países firmantes”. Y, si se acuerda el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, será el acta de defunción de la democracia, porque el mecanismo regulador de conflictos entre inversores y estados que propone tal tratado es una patente de corso para que las multinacionales hagan su agosto con cantidades multimillonarias obtenidos en espúreas demandas y, además, impidan gobernar a los gobiernos en defensa de sus ciudadanías.

Las multinacionales nos amenazan con violaciones masivas de derechos con la infame complicidad de muchos gobiernos. Si el derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente, a la libertad de pensamiento y de religión, a la libertad de opinión y expresión son sagrados y su violación provoca rechazo y genera respuesta penal, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando se violan derechos económicos y sociales? Más aún cuando los tratados indicados amenazan con provocar un grave aumento global de sufrimiento colectivo.

Gobiernos y voceros al servicio de las élites arguyen, para justificar sus desmanes, que ellos son la legalidad. Y aquí cabe citar a Martin Luther King cuando recordaba que lo que hizo Hitler en Alemania era legal. Porque no es cuestión de legalidad sino de justicia y legitimidad. Y la mayoría de los actuales gobiernos han perdido toda legitimidad. Y como la democracia se ha convertido en un decorado, en una farsa ritual las más de las veces, la ciudadanía no solo tiene el derecho sino el deber de desobedecer, de rebelarse. O no lo contamos.

Un tratado depredador el que negocian EEUU y la Unión Europea

En Bruselas se negocia un Tratado de Libre Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta hace poco, en secreto. En realidad, una patente de corso para grandes empresas y corporaciones, gran banca y fondos de inversión. El sueño de Al Capone: conseguir beneficios sin norma, regla ni control. Son muchos los daños y males que sufriría la ciudadanía con ese Tratado, pero citamos dos: extensión del fracking y resolución de controversias entre inversores y estados.

El Tratado busca horadar el suelo sin cortapisas ni molestas normas de protección del medio ambiente y la salud ciudadana. El fracking o fractura hidráulica es una técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo. Se perfora un pozo vertical y se inyecta a presión agua con arena y productos químicos para fracturar las rocas subterráneas que contienen gas o petróleo y favorecer su salida al exterior. Pero los productos usados son tóxicos y cancerígenos, además de dejar el subsuelo en condiciones irrecuperables y contaminar las aguas subterráneas. Con el Tratado, el fracking se extendería como una plaga por toda Europa.

Y la Resolución de Conflictos entre Inversor y Estado da todas las ventajas a las grandes empresas e inhabilita de hecho las leyes europeas en beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente. Con tribunales de arbitraje privados, que no son verdaderos tribunales, corporaciones y grandes empresas podrán demandar compensaciones multimillonarias por pretendidas pérdidas al aplicarse leyes nacionales o europeas. La empresa Vattenffal demandó al gobierno alemán por 3.700 millones de euros cuando éste decidió desmantelar sus plantas nucleares tras el accidente de Fukushima. Y Philip Morris demandó a Uruguay en 2010 por 2.000 millones de dólares por su campaña anti-tabaco, alegando violación del tratado bilateral entre Uruguay y Suiza. ¿Violación? Uruguay había logrado reducir el consumo de tabaco en el país por lo que recibió un premio de la Organización Mundial de la Salud. Pero Philip Morris dijo que eso perjudicaba sus intereses y demandó al Estado uruguayo.
Incluso el FMI reconoce que la resolución de conflictos entre inversores y Estado limita gravemente la capacidad de los Estados y debilita a los gobiernos para decidir lo necesario para los países. Pero se negocia.

Por otra parte, el Tratado se vende como solución a la crisis, pues dicen que aumentará el PIB un 1% y se crearán millones de puestos de trabajo. Falso. Un estudio de la propia Comisión Europea calcula que el crecimiento europeo solo será un 0,1%, y la competencia estadounidense perjudicará a los sectores agrícola, carne, fertilizantes, azúcar y metal. Y se destruirán millones de puestos de trabajo.

Susan George ha denunciado que el Tratado elimina los controles de regulación social y medioambiental; las normas que protegen a trabajadores y trabajadoras, a consumidores y a la naturaleza. Normas que las grandes corporaciones consideran obstáculos a eliminar porque se interponen en el aumento de sus beneficios.

Pero el Tratado no perjudica solo a la ciudadanía europea. Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL-CIO), el sindicato más poderoso de ese país, ha denunciado que “esos acuerdos de comercio dejan en manos de las grandes empresas la política económica de Estados Unidos y buscan rebajar salarios al trasladar los empleos al extranjero”. Trumka asegura que el Tratado con la Unión Europea sigue el modelo erróneo del que firmaron EEUU, México y Canadá (NAFTA, en inglés). “Tras veinte años del NAFTA, sabemos que sus consecuencias son muy negativas”. Y, según Susan George, “el NAFTA provocó la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, considerables bajadas salariales en Estados Unidos y trabajo semi-esclavo en México. Pero enormes beneficios para las élites empresariales”.

Trumka denuncia también que lo que busca este Tratado no son acuerdos comerciales, sino rebajar la protección del trabajador y del consumidor, así como reducir la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

Priman los intereses privados sobre el bien común. Pero se ha constituido en Europa una respuesta: el Mandato de Comercio Alternativo, una alianza de más de cincuenta organizaciones de consumidores, defensores de derechos humanos, del medio ambiente, de comercio justo, agricultores, sindicatos y agencias de desarrollo. Una alternativa al Tratado donde las personas y el medio ambiente estén siempre por encima de los beneficios e intereses de las grandes corporaciones.

No es fácil, pero hay que detener ese Tratado y establecer el Mandato de Comercio Alternativo. Por el bien de todos.

La democracia, reducida y prostituida por el neoliberalismo

Más de la cuarta parte de ciudadanos del Reino de España son pobres y 700.000 hogares carecen de cualquier ingreso. El hambre llega a España. Los niños desnutridos ya se cuentan por decenas de miles; sólo en la desarrollada Barcelona, su ayuntamiento reconoce más de 2.600 niños desnutridos. Es una situación general de derechos sociales vulnerados.

¿Hablamos de violaciones de derechos sociales en la Unión Europea? Podemos enumerar el sufrimiento creciente de tantas gentes en Grecia, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Italia… Incluso en la próspera (?) Alemania, más de cinco millones de trabajadores precisan ayuda social porque ganan tan poco que no les alcanza para vivir.

En Europa, retroceden también los derechos civiles; antes con el pretexto de la lucha antiterrorista y hoy para frenar el movimiento global de la ciudadanía indignada. Vamos hacia atrás. Porque nunca hay democracia de verdad si no se respetan los derechos de todos.

Y, por si fuera poco, ahora sabemos algo peor que el hecho de que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) espíe a millones de personas en todo el mundo, incluidas Europa y los mismos Estados Unidos. The New York Times ha divulgado que once magistrados, nombrados a dedo, componen un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero, convertido sigilosamente en una especie de “Tribunal Supremo paralelo”. El gobierno de Estados Unidos ha creado un tribunal secreto que, con el paraguas de la lucha antiterrorista, aprueba clandestinamente medidas de “seguridad”, sin responder ante nadie, al margen de cualquier control democrático, para perseguir a quien amenace los intereses de Estados Unidos. Por no hablar de los drones (aviones teledirigidos no tripulados), que ya han asesinado más de 4.700 personas; teóricamente sospechosas de terrorismo, sin juicio ni defensa alguna, y civiles cercanos a esos “objetivos”. ¿Y la presunción de inocencia? ¿Y el derecho a juicio justo?

Ya lo profetizó tras el atentado del 11-S Sandra Day O’Connor, jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos: “Conoceremos las peores restricciones a nuestras libertades de toda nuestra historia”. Como así ha sido y así es.

Además, en ese escenario de agresiones sistemáticas a los derechos civiles y políticos, los Estados ceden poder a instituciones económicas internacionales sin legitimidad democrática alguna (FMI, OMC, CE…) que imponen recetas neoliberales. Con el objetivo de acabar con el estado dicho de bienestar y que la minoría rica sea aún más rica en un mundo cada vez más desigual.

Mientras el poder se concentra en pocas manos nada democráticas, empresas transnacionales, gran banca internacional, grandes especuladores y grandes fortunas promueven el asalto final contra los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Una agresión que no pueden justificar en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero perpetran en el del equilibrio presupuestario y la presunta lucha contra el déficit público. Y así hacen retroceder a los países a la situación social de los años cincuenta.

Al ataque sistemático contra los derechos de la ciudadanía cabe añadir que la división de poderes, consustancial con el sistema democrático, se disuelve por la absoluta hegemonía del poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial. Los parlamentos, subordinados a los gobiernos, en lugar de controlarlos solo aprueban las leyes que éstos deciden, en tanto que el poder judicial no contradice al gobierno, salvo de modo muy excepcional. Como ha escrito Eduardo Subirats, “el poder financiero del mundo se concentra en manos de un puñado de corporaciones (…) y el autoritarismo del Estado a su servicio se impone con la naturalidad de una voluntad divina”.

Los medios de comunicación rematan el panorama con la ocultación y manipulación de la información que la ciudadanía precisa, excluyendo hechos, contenidos y opiniones opositoras o divergentes. Propiedad de unos pocos, los medios ocultan o maquillan los problemas y niegan las canalladas, al tiempo que esconden a sus responsables, falseando la realidad.

El actual autoritarismo, camuflado como democracia formal reducida a un caro ritual electoral, es una violación sistemática de derechos de la ciudadanía. Porque fascismo es toda doctrina, sistema o práctica política que se pase los derechos humanos por el forro. Y eso ocurre hoy en Europa. El capitalismo neoliberal es incompatible con la democracia, porque no casa con su codicia. La democracia es, ante todo, un sistema ético de derechos, valores sociales y morales, en el que las personas ocupan el primer lugar. Y hoy, en Europa, las personas pintan cada vez menos.

Tiene razón Jürgen Habermas cuando reitera que en Europa desmantelan la democracia . Hasta que la gente común consiga cada vez más poder para cambiar la situación y que sus derechos y necesidades sean la prioridad. Se puede. Más crudo lo tenían con el régimen absoluto y fue expulsado.

Gobiernos ilegítimos y ciudadanía

En España, Rajoy prometió no abaratar el despido, pero lo ha abaratado; además, deja desprotegidos del todo a los trabajadores. ¿Quieren saber la verdad sobre la “elogiada” reforma laboral española? La revela la publicidad de una empresa que organiza seminarios para empresarios. Su jubiloso anuncio dice: “Saque para su empresa el máximo partido a la Reforma Laboral de 2012. ¿Despido más barato? Ahora sí que sí. Despidos colectivos solo por decisión del empresario. Reducción de salarios, por fin una posibilidad real. Despidos objetivos por causas económicas, fáciles de justificar…” Literal. No es broma.

Rajoy aseguró que no subiría impuestos, pero enseguida aumentó el impuesto sobre la renta y subirá el IVA. Rebaja el presupuesto para medidas contra el desempleo y las ayudas para acceder a la vivienda. Se congela el sueldo de los funcionarios, se recortan los presupuestos de sanidad y educación, expulsan de la Sanidad pública a inmigrantes y jóvenes en paro de más de 26 años, suben las tasas universitarias, menos dinero para becas, 34% menos para investigación… Y además “liberalizarán” servicios, infraestructuras y transportes. Es decir, privatizarán o entregarán lo que es de todos a la minoría de siempre a precio de saldo. El colmo ha sido que el presidente español haya reconocido que “si tengo que subir el IVA, lo subiré aunque haya dicho que no lo iba a hacer”. ¡Increíble!

Lo único importante es reducir el déficit, hacer reformas “estructurales” (retrocesos sociales y violación masiva de derechos) y ayudar al sector financiero. A la ciudadanía, que le den morcilla.
El Partido Popular ha incumplido por completo el programa electoral que “vendió” en campaña. Pero no es el único. Y, en democracia, un programa electoral es un contrato con la ciudadanía.
El incumplimiento del programa electoral y la ocultación de qué hace y piensa hacer este gobierno lo aparta de parámetros democráticos y lo priva de cualquier legitimidad.

La democracia no es ni puede ser un ritual de mercadotecnia. Se vota para delegar el poder de la ciudadanía a representantes que, a su vez, eligen un ejecutivo. Y este ha de cumplir su compromiso electoral sobre la base del respeto de los derechos de la ciudadanía. No hay otra.

Por supuesto no es solo un problema español. No recordaremos qué ocurre en Grecia, Portugal, Italia o Irlanda para demostrarlo; solo una declaración a The Wall Street Journal de Draghi, presidente del BCE, que deja muy claro de que palo va esta gente y sus intenciones reales: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados”. Una auténtica declaración de guerra.

Ni soberanía, ni constituciones, ni parlamentos, ni derechos, ni democracia. Solo mercados con sus obscenos beneficios. Como dice Ignacio Ramonet, en la Unión Europea hoy no existe voluntad alguna de enfrentarse a los mercados. No solo es mediocridad e incompetencia de los gobiernos, que también, sino servidumbre a esos mercados. En Europa se gobierna para servir a los intereses de los bancos de inversión, compañías aseguradoras, fondos de pensión, fondos especulativos de alto riesgo, grandes corporaciones y grandes fortunas. Esos son los mercados.

Europa era la región donde el salvajismo del capitalismo se frenaba y atemperaba con las políticas sociales del llamado estado de bienestar. Pero los mercados han decidido que eso se acabó. Y se pasan por el arco de triunfo soberanías, parlamentos y la democracia misma con la servil complicidad de gobiernos y la de los grandes partidos que los sostienen.

En tal situación de agresión contra la ciudadanía, esos gobiernos pierden toda legitimidad. Y, ante gobiernos sin legitimidad que violan derechos solo cabe resistencia ciudadana no violenta y desobediencia civil. E insumisión ante los nefastos acuerdos intergubernamentales que han impedido construir la Europa de la ciudadanía y de los pueblos desde el tratado de Maastrich de 1992 hasta el de Lisboa de 2009.

¿O dejan otro camino?

A merced de gobiernos sin legitimidad

Un informe de la OCDE advierte de que, a finales de 2012, los países del G-20 (los más industrializados) tendrán más de 40 millones de parados. En España, 270.000 familias han perdido su vivienda desde finales de 2008 por desahucios hipotecarios. Solo en el primer trimestre de 2012, 16.000 familias se quedaron sin casa. Hasta un millón de familias más pueden entrar en la vorágine del procedimiento legal, desahucio y a la calle.

El cierre de hospitales, supresión de urgencias médicas, tardanzas inacabables para pruebas diagnósticas, suspensión de intervenciones quirúrgicas, rebaja de sueldos de médicos y enfermería son noticias muy frecuentes en Europa.

En Italia, Reino Unido, Francia… se recorta considerablemente el número de profesores de enseñanza pública así como los fondos para la universidad, mientras se aumentan exageradamente las tasas universitarias. Tras la rebaja de costes, se busca desarbolar la enseñanza pública, especialmente la universitaria, para hacer desaparecer la educación independiente y crítica, sustituyéndola por otra patriotera, acrítica y conformista. Como denuncia Josep Fontana, “hay motivos para temer que aprovechan la crisis para una contrarreforma de la educación en la que sólo sea gratuita una enseñanza elemental para formar peonaje, mientras la formación superior se reserva a quienes puedan costear tasas elevadas”.

Stiglitz insiste que también “se pretende debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel del Gobierno mientras se dejan determinados intereses tan poco afectados como sea posible”. Los de la banca, por ejemplo.

Y Juan Torres recuerda que los resultados de una auditoria en la Reserva Federal (banco central de Estados Unidos), hecha por el Government Accountability Office, desvela que entre 2007 y 2010, la Reserva Federal concedió préstamos secretos a grandes empresas y entidades financieras por valor de 16 billones de dólares, al 0,25% de interés (prácticamente regalados), mientras esos mismos bancos prestaban dinero a países como Grecia al 7%. Muchas empresas y bancos que recibieron tan monumental regalo fueron las que provocaron la crisis de las hipotecas basura (Goldman Sachs, Citibank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America, Bear Stearns, Pacific Management Investment Co. (PIMCO), Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Scotiabank, Barclays Capital, Bank of Scotland, Deutsche Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Dexia, Bayerische Landesbank, Dresdner Bank, Santander, BBVA, Commerzbank…). Recibieron graciosamente una cantidad obscenamente multimillonaria que les permitió tapar los agujeros de sus errores y especulaciones y les proporcionaron recursos gratis para hacer un gran negocio comprando deuda de los estados, a los que ahora chantajean. Billones de dólares gratis mientras se negaban créditos a las empresas que crean empleo y a los ciudadanos consumidores.

Andrew Levine ha explicado que “el progreso hacia la igualdad (iniciado tras la segunda guerra mundial) ha quedado totalmente suspendido y el nivel de una vida digna ha disminuido. Los beneficios crecen y los ricos se hacen más ricos mientras los salarios permanecen congelados y aumentan paro y pobreza”.

Lo que nos lleva a concluir con Gerardo Pisarello que, “desde hace dos siglos, cuando se violan derechos, y las vías institucionales para reclamar esos derechos están bloqueadas, la resistencia civil es la última garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación de la democracia”. Resistencia civil, desobediencia civil.

La arbitrariedad y poca vergüneza de los gobiernos europeos, que agreden sistemáticamente los derechos de la ciudadanía, nos muestran a quién sirven de verdad. La respuesta a la crisis ha borrado la legitimidad de muchas estructuras gubernamentales en las economías capitalistas, según Alejandro Nadal; el colapso económico y social como única respuesta, remacha Nadal, ha devenido crisis de legitimidad política de los gobiernos, que han dado cantidades astronómicas de recursos públicos para rescatar a los bancos y otros agentes privados que provocaron la crisis y ahora pasan la factura a la ciudadanía.

¿Se puede considerar legítimos esos gobiernos?

Por supuesto que no. El respeto y promoción de los derechos de las personas son la base y esencia de toda legalidad democrática y esos derechos son pisoteados diariamente por los gobiernos. Y la legitimidad es la capacidad y derecho para ejercer una labor o función. Esa capacidad y derecho han sido dilapidados por los gobiernos europeos al ponerse al servicio de esa minoría que es el poder financiero. La democracia va mucho más allá del acto electoral. La legitimidad de un gobierno arranca de la elección democrática, pero solo se mantiene con la fidelidad al programa propuesto y con el servicio indiscutible a la ciudadanía. O se pierde legitimidad.