Solo el crecimiento no asegura una vida digna a la mayoría

Se publicó la sentencia del juicio del caso Gürtel con muchos años de cárcel para casi todos los encausados. Además, la sentencia condena al PP como beneficiario de la corrupción. Esa condena más el encarcelamiento del que fuera ministro de Aznar, Eduardo Zaplana, ha sido la gota que ha colmnado la copa de la paciencia de la ciudadanía. Además ha puesto en un brete a Ciudadanos que ya no puede mirar a otro lado ante una corrupción generalizada, judicialmente ratificada, como ha hecho hasta ahora. Además, ha impulsado al PSOE a presentar una moción de censura contra Rajoy. El PSOE ha hecho saber que no busca ningún pacto con Ciudadanos, tampoco con los independentista, gobernará durante un tiempo para demostar que son posibles otras políticas y convocará elecciones. Pero está por ver.

La sorprendente respuesta de Rajoy, al conocer la decisión de presentar una moción de censura contra él ha sido pasmosa. Inenarrable. Rajoy ha osado decir, sin ruborizarse ni que le temblara un párpado, que “la moción de censura del PSOE va contra la estabilidad de España y perjudica la recuperación económica”. ¡Cuanto franquismo rezuman tan inauditas palabras! Es franquismo puro porque para Rajoy (como para Franco), no hay salvación fuera del franquismo. O del Partido Popular. ¡Menuda democracia es la del PP y su cúpula!

Hechos, no discursos

Pero contra ese discurso soberbio y triunfalista se imponen los hechos. Hechos y números obligan a aterrizar en la cruda realidad. Y la realidad implacable indica que tener un trabajo fijo en el Reino de España que gobierna el Partido Popular, por ejemplo, no asegura ahuyentar la pobreza. Por ejemplo. Y no lo asegura porque un 15% de trabajadores asalariados son pobres y viven como pobres.

España tiene el dudoso honor de ser el séptimo país del mundo con mayor proporción de trabajadores pobres, según uno de los últimos informes de la OCDE, la organización que reúne los 37 estados más desarrollados del mundo. Solo tienen más asalariados pobres China (la que más), India, Costa Rica, Brasil, Turquía y México. España es el único país europeo de la OCDE entre los primeros diez países con trabajadores pobres.

También denuncia la realidad que la cacareada recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los ricos que a los pobres en España, según Oxfam. Y eso recuerda dos casos clásicos en los que el crecimiento en un país no significa que las cosas vayan bien para su gente. Esos casos son Brasil y México. México creció durante décadas, pero ese crecimiento no supuso la desaparición de la pobreza, ni siquiera una reducción considerable de la misma. Según Unicef, en 2008 (cuando estalló la crisis), en México había casi 51 millones de pobres de una población de 114 millones de habitantes; la mitad. Pobres a los que sus ingresos no alcanzaban ni alcanzan para atender las necesidades básicas y vivir con dignidad.

Solo el crecimiento no asegura la vida digna

El caso de Brasil es más escandaloso si cabe, pues creció año tras año durante todo el siglo XX, pero su inmensa población no lo notó y Brasil se mantuvo entre los países con más pobres de América Latina. Hasta 1999, la extrema pobreza en Brasil rondaba el 26% de población y, aunque unos 28 millones de brasileños salieron de la pobreza de 2004 a 2014 (en los primeros años de la presidencia de Lula da Silva), en 2016 unos tres millones de brasileños cayeron de nuevo por debajo del umbral de la pobreza, haciendo buena la expresión de ser Brasil un país rico lleno de pobres.

Volviendo al Reino de España, el informe Premiar el trabajo, no la riqueza, elaborado por Oxfam Intermón, indica que el 10% de personas más ricas del país posee más riqueza que el 90% restante y que solo un 1% de la población española acapara la cuarta parte de la riqueza nacional. El informe muestra a España como tercer país más desigual de toda la Unión Europea y donde más ha crecido la desigualdad desde 2007. En cuanto a la cacareada recuperación económica, de poco sirve cuando los hechos indican que el disfrute de la renta nacional se ha reducido un 17% para los más desfavorecidos, lo que se traduce en una tasa de pobreza del 22% del total de población. Sin embargo los beneficios empresariales se dispararon hasta el 200%. El informe de Oxfam expone también que en España un trabajador con salario medio debería trabajar más de 29 años para lograr el mismo ingreso que consigue en un año alguien del sector más rico y, si la comparación se hace con el salario mínimo vigente, ese trabajador debería trabajar durante 71 años para conseguir lo mismo que alguien que esté en la parte alta de la lista de personas con más ingresos en un año.

Niños, jóvenes y mujeres en la pobreza

Más hechos. Los jóvenes que consiguen un empleo cobran un salario 33% menor que el que se percibía en 2008, mientras los contratos a tiempo parcial (con sueldo muy bajo) han crecido un 54% entre la gente joven. Así no hay quien planifique un futuro. En cuanto a las mujeres con un empleo hay que señalar que siete de cada diez personas con los salarios más bajos son mujeres: un 70%. Y, para rematar un panorama que nada tiene que ver con el triunfalismo del PP, casi dos millones y medio de niños están por debajo del umbral de la pobreza en España, tercer país de la Unión Europea en pobreza infantil, según Unicef, mientras el 38% de jóvenes del país vive por debajo del umbral de la pobreza.

Para más inri y que no quepa duda sobre la verdadera situación de la economía y de la gente en España, los datos de la Agencia Tributarua muestran que son los asalariados quienes aportan más al Estado porque el 83% de recaudación fiscal proviene del IVA el IRPF y otros impuestos pagados por los trabajadores.

Como asegura el refranero castellano, obras son amores y no buenas razones. No son los discursos ni las palabras sonoras lo que vale y nos sirve, sino lo que se hace de verdad y se consigue. Lo que sorprende es que, visto y sufrido el panorama descrito, no hayan sido corridos a gorrazos (metafóricamente hablando) el PP y el gobierno que sostiene con tanta desigualdad, pobreza, corrupción y opresión. Como hay y sufrimos.

 

 

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Corrupción en la Puerta del Sol

La emblemática Puerta del Sol de Madrid, kilómetro cero de las carreteras nacionales radiales del Reino de España, es uno de los espacios urbanos más significativos y conocidos de la capital del Estado. Ahí está, además, la sede del gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Una comunidad bastante agitada políticamente en los últimos años.Por eso algún medio informativo tituló no hace mucho que ‘la maldición de la corrupción persigue a los presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid‘. Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes han dimitido de la presidencia regional salpicados por irregularidades y casos de corrupción ya en causas judiciales.

Alberto Ruíz-Gallardón no dimitió, y agotó su mandato como presidente del gobierno regional de Madrid, pero siete años investigando corrupción han dado lugar a que un juez lo haya citado como imputado en la causa conocida como caso Lezo. Investigada por la Audiencia Nacional por presuntas malversación y apropiación indebida, entre otros delitos, en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II de la CAM. La Audiencia busca saber si se desviaron fondos públicos a cuentas particulares de miembros del Partido Popular (PP) del gobierno de la Comunidad de Madrid cuando el Canal de Isabel II compró la empresa colombiana Inassa. En seguimiento de esa causa, en noviembre del pasado año, la Audiencia Nacional ordenó decomisar el botín conseguido por esos delitos, oculto en Colombia: más de 5 millones de dólares depositados en cuentas de empresas presididas por testaferros.

Falsificar notas y hurtar cremas de belleza

Otros casos de corrupción en Madrid en proceso judicial son los conocidos como Gürtel y Púnica. Y el remate, que no ha esquilmado las arcas públicas, pero muy significativo, es la falsificación de notas de un máster que cursó Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos.

Gürtel y Púnica son corrupciones clásicas en las administraciones públicas: adjudicar ilícitamente obras y contratos públicos millonarios a empresas concretas (saltándose todas las reglas) a cambio de comisiones en efectivo que éstas abonan. Esas comisiones suelen ser el 3% del total de inversión en esos contratos y obras, y a menudo también cuantiosos sobrecostes posteriores.

Sin embargo, desmintiendo el titular mencionado, no hay maldición alguna en la Comunidad de Madrid. Solo corrupción. Por eso, más de cincuenta miembros de la dirección del PP madrileño y cargos públicos han sido imputados por esos delitos y han sido procesados tres secretarios generales del PP de la Comunidad Autónoma durante los últimos años ; Ignacio González, Francisco Granados y Ricardo Romero de Tejada.

El caso de Cifuentes es distinto porque dimitió como presidenta regional tras conocerse el vídeo de una cámara de seguridad que la mostraba hurtando cremas de belleza en una gran superficie comercial del barrio de Vallecas hace siete años. El vídeo se ha dado a conocer hace poco, tras más de un mes de declaraciones varias y forcejeos en los medios informativos por la falsificación de notas del máster que cursó la ya ex-presidenta en la Universidad Rey Juan Carlos. Un hecho que destapó y documentó el periódico digital eldiario.es, en una modélica muestra de riguroso periodismo de denuncia.

Sin embargo, aunque la causa de la dimisión no es presunta corrupción, Cifuentes sí fue relacionada con el citado caso Lezo en dos informes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil. Esos informes apuntaban a su presunta participación en la  adjudicación irregular del servicio de restaurante y cafetería de la sede de la Asamblea parlamentaria de Madrid cuando ella era su vicepresidenta.

Luchadora contra la corrupción obligada dimitir

El caso de Cristina Cifuentes es aún más notable porque ella se presentaba como luchadora contra la corrupción y tolerancia cero con la misma. Y, aunque es cierto que su gobierno aportó datos del caso Lezo, lo hizo cuando la Fiscalía Anticorrupción llevaba ya un año investigando la compra ruinosa de la colombiana Inassa por la empresa pública Canal Isabel II y ya había averiguado por donde iban los tiros.

Cristina Cifuentes ha dimitido como presidenta de la Comunidad de Madrid entre alborotos y falta de apoyos en su propio partido, lo que ella achaca a su postura contra la corrupción. Pero es cierto solo en parte, aunque sí parece ser que Cifuentes ha sido descabalgada de la presidencia regional por ‘fuego amigo’. ¿Cómo explicar de otro modo que una cinta de seguridad de una gran superficie comercial (que según la ley debía haber sido borrada hace años) aparezca en medio del rifirafe de las notas falsificadas del máster de Cifuentes? Al ser emitida por las televisiones la cinta con el hurto de cremas de belleza, con el consiguiente ruido mediático, el jefe del gobierno y Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ordenó hace unos días a Cristina Cifuentes por una intermediaria que dimitiera antes del mediodía de esa jornada. Además, Cifuentes ha dimitido como presidenta del PP de Madrid y también como diputada de la Asamblea de Madrid.

‘Tamayazo’, Gürtel, Púnica y Lezo

Retrociendo en ese sumidero de corrupción, el que fuera presidente de la CAM tras Esperanza Aguirre, Ignacio González, fue detenido por la Guardia Civil en abril de 2017, permaneció en prisión preventiva hasta noviembre de ese año y recuperó la libertad provisional tras abonar 400.000 euros de fianza . González está implicado en el caso Lezo por presunto desvío de fondos de la empresa pública Canal Isabel II cuando él la presidía, ocho años antes de ser elegido Presidente de la región de Madrid.

Por su parte, Esperanza Aguirre dimitió entre casos de corrupción (tramas Gürtel, Púnica y Lezo), tras el registro de la sede regional del PP para buscar pruebas de financiación ilegal del Partido Popular madrileño con dinero ilícito en efectivo de la llamada trama Púnica. Además, durante su presidencia se adjudicaron contratos de decenas de millones de euros a la red organizada por el empresario Francisco Correa a cambio de comisiones ilegales. Correa está procesado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental.

Por otra parte, no hay que olvidar que Esperanza Auirre fue elegida presidenta regional de Madrid por la traición de dos diputados socialistas (el llamado ‘tamayazo’) que se ausentaron de la Asamblea de Madrid en la votación a Rafael Simancas del PSOE como candidato a presidente de la región, impidiendo así que Simancas fuera elegido. Tras varios inútiles intentos de formar gobierno, se convocaron nuevas elecciones regionales en las que ganó el PP y Aguirre fue elegida presidenta.

Estar en política para forrarse

Los hechos de presunta corrupción en la Comunidad Autónoma de Madrid (y antes en la de Valencia), gobernando en ambas el partido Popular (aunque hoy ya no gobierna en Valencia), son atribuidos una clase política que no se sabe a ciencia cierta si expolia para gobernar o gobierna para desvalijar.  Para comprender mejor ese panorma, es esclarecedor que un dirigente político, que mandó en el PP de la Comunidad Valenciana y luego fue ministro en Madrid, Eduardo Zaplana, dijera en conversación grabada por la policía: Tengo que hacerme rico porque estoy arruinado. O que Vicente Sanz, entonces secretario general del PP de Valencia, dijera “estoy en política para forrarme“.

No hay maldición alguna en la Puerta del Sol sino codicia de demasiados políticos profesionales. No es cuestión académica que podamos ovidar porque al final la ciudadanía paga la corrupción. En el caso de la CAM, la corrupción, según estiman algunas ONG, supone la pérdida de unos 200.000 millones de euros. ¿Cuantas escuelas, centros de salud, más médicos y personal sanitario, atención a dependientes y apoyo social deja de haber por no tener esos cientos de miles de millones de euros que la corrupción se ha tragado? Si la ciudadanía paga la corrupción y la paga cara , ¿por qué aún hay gente que vota a los corruptos?

Urge recuperar en España una democracia sin rebajas ni autoritarismos

En los últimos días ha ocupado portadas y sumarios de medios informativos el escándalo de las notas falsificadas en la concesión de un máster universitario a la presidenta del gobierno autónomo de la región de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo publicado, más allá de falsear notas y otras irregulariades destapadas que han engrosado esa bola de nieve, como han denunciado algunos medios, el caldo de cultivo de tan impropia actuación podría ser que ese instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizaba el máster engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico, llegó a hacer convalidaciones en grupo, retocar calificaciones y falsificar firmas, como ha demostrado la documentación aportada por el periódico digital eldiario.es, el que más a fondo ha denunciado ese escándalo.

El partido Popular quería tener su propia universidad y ésa fue la Rey Juan Carlos. Como han denunciado algunos profesores y alumnos de la misma, ésta se habría convertido en área de colocación para dirigentes del PP tras tener que dejar algún cargo público. Un dato esclarecedor al respecto es que el número de profesores visitantes (figura flexible que permite dar clases en una universidad sin pasar por oposiciones o ser profesor titular) suele ser cuanto más un 1% del cuerpo docente, pero en la Rey Juan Carlos ese porcentaje asciende al 25%.

Parece haberse cumplido el refrán de que cuando el río suena, agua lleva y la URJC ha suspendido al responsable del máster que dice haber hecho la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, y expedientado también a la funcionaria que cambió sus notas, además de plantearse retirar el máster a Cifuentes.

El escándalo de los notables atribuidos a Cristina Cifuentes en dos asignaturas del máster, sin siquiera haberse examinado como ha informado eldiario.es, no sorprende demasiado, porque el Partido Popular y los gobiernos que sostiene (central o regionales) nos han acostumbrado a portadas de los medios informativos por sus diversas presuntas corrupciones, algunas ya demostradas. Tanto es así que hoy hay un millar de cargos públicos y dirigentes de diversos rangos del PP acusados, procesados o incluso ya condenados en inacabables causas por corrupción.

La desvergüenza de un máster otorgado sin haber asistido ni un solo día a clase ni haber podido mostrar nunca el trabajo de fin de máster, estalla unas cuantas semanas después de que Guardia Civil, fiscales y jueces de instruccción hicieran público, tras la investigación de los casos Gúrtel, Púnica y derivados, que el Partido Popular ha financiado ilegalmente campañas electorales desde hace décadas.

Por lo publicado, esa financiación ilegal habría utilizado el viejo método de conseguir dinero contante y sonante de empresarios por adjudicarles obras y contratos públicos por comisiones del 3% del total adjudicado ilegalmente. Tal financiación habría pagado actos electorales de las elecciones generales que ganó Aznar en el año 2000, Francisco Camps las regionales de la comuidad autónoma de Valencia y Rita Barberá las del ayuntamiento de esa capital.

No es preciso insistir en el volumen y gravedad de la corrupción (que afecta al PP y sus gobiernos, pero de ningún de modo exclusivamente) por ser un tema harto conocido. Pero sí cabe señalar que el deterioro de la vigente democracia (obra del régimen político surgido de la Constitución de 1978) ha aumentado, por ejemplo, con ataques contra la libertad de expresión por la llamada Ley Mordaza, aprobada el 30 de marzo de 2015. ¿Por qué recordar ahora la ley Mordaza? Porque aunque corrupción es soborno y cohecho, también es perversión según el Dicionario de la Lengua española. Y esa ley Mordaza, denunciada por Amnistía Internacional, y Jueces y Juezas por la Democracia y profesores de derecho penal, ha corrompido la normal vida democrática de este Reino y provocado situaciones tan kafkianas como meter en la cárcel a raperos y escritores de tuits por palabras escritas o dichas, no por verdaderos delitos, mientras juzgados y condenados por corrupción (Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, por ejemplo), no van por ahora a la cárcel y, como Urdangarín) puede vivir en Suiza gozando de libertad, con las únicas condiciones de presentarse ente el juez una vez al mes y deber comunicar si sale de Europa.

Si estuviera entre nosotros don Quijote, hoy parafrasearía “con la ley Mordaza hemos topado, amigo Sancho”. Como será esa ley Mordaza que un editorial del estadounidense diario The New York Times instó a la Comisión Europea a condenar esa ley, basándose en el informe del relator de Naciones Unidas para derechos humanos, quien también pidió a los legisladores españoles que derogaran esa ley.

Pero ahí está, autoritaria e intocable la ley Mordaza, al tiempo que aumentan las sentencias por delitos que no son tales en países democráricos, pero que encierran a los procesados en la cárcel con penas que no son precisamente leves. Y eso es corromper la democracia. Aunque aún más preocupante sea el encarcelamiento desde hace medio año de dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

Sobre el delito de rebelión, del que se acusa kafkianamente a dirigentes catalanes independentistas para justificar su prisión, cabe recordar que, según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Y no ha habido ningún alzamiento violento en Cataluña, ni siquiera violencia digna de ese nombre. Al respecto vale la pena reproducir las palabras del profesor de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo: “El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de la euro orden del juez instructor es un delito imaginario, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

No hay duda de que en los últimos años, al tiempo que la llamada crisis empeoraba la vida de la ciudadanía española, ha habido un innegable avance del autoritarismo, de agresiones contra las libertades, como la de expresión. Sin embargo renace alguna espranza tras la confortadora sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea, que ha condenando al Reino de España por imponer una pena de carcel de dos años a unos jóvenes que quemaron fotos del Rey. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión ha afirmado sin el menor resquicio de duda que esa acción fue un ejercicio de libertad de expresión. Si la máxima autoridad judicial europea en derechos dice que quemar una fotografía del Rey es libertad de expresión, ¿qué hacen en la cárcel raperos y tuiteros por haber dicho o escrito da igual qué? Como tampoco hay rebelión que valga en la actuación de los independentisas catalanes encarcelados o imputados. Por eso tampoco puede seguir la actuación injusta y prepotente del gobierno Rajoy y de otros poderes polícos. Una actuación que erosiona y deteriora día tras día el sistema democrático.

Urge recuperar en España una democracia, digna de tal nombre, sin rebajas ni la menor interpretación autoritaria.

 

Partido Popular, conflicto catalán y legalidad

En el conflicto desatado por la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y los sucesos consecuentes, tal vez la palabra que se haya oído con mayor insistencia haya sido: legalidad.

Rajoy, miembros de su gobierno y dirigentes del Partido Popular no han cesado de denunciar a los independentistas catalanes y reclamar como prodigioso abracadabra su retorno a la legalidad. El cúmulo de declaraciones, exigencias, peticiones y amenazas se resume en todo con la legalidad, nada sin la legalidad.

Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de legalidad?

El diccionario de la lengua española define la legalidad como “cualidad de lo que es conforme a la ley“, explicación muy esclarecedora. Por tanto, la cúpula del PP, con Rajoy a la cabeza, al citar tanto la legalidad, pide a los independentistas que actúen conforme a la ley. Veamos un poco más a fondo.

Más allá del hecho innegable de que la ley (toda ley, cualquier ley) no es monolítica sino interpretable (y por eso hay abogados, fiscales, jueces, varias instancias y recursos ante éstas), la legalidad, actuar conforme a ley, lo abarca todo y obliga a todos. No caben excepciones ni afecta solo a una parte de la actuación política, social o económica. Pero según las muy abundantes declaraciones de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular, en el Reino de España parece que solo estarían fuera de la legalidad los independentistas catalanes. Sin embargo, tal aserto se desmiente ante el agitado panorama político y socio-económico real.

¿Cuántas situaciones, hechos y actuaciones no “conformes a ley” se dan en este Reino, además de los perpetrados por independentistas catalanes?

A modo de esclarecedor paradigma, ¿es conforme a ley que tantos cargos públicos del PP hayan adjudicado presuntamente obras y contratos públicos a empresarios, que a su vez han donado cuantiosas cantidades de euros en efectivo con las que se han financiado actos de campañas electorales del PP? Según el analista Gustavo Buster “actualmente están imputados cuatro exministros, seis expresidentes de comunidades autónomas, cinco expresidentes de Diputación, cinco parlamentarios nacionales, 18 consejeros de comunidades autónomas, tres extesoreros nacionales del partido, y hasta 800 concejales y cargos menores del PP, de un total de 1800 cargos públicos investigados“. Esclarecedor.

¿Es conforme a ley pagar en negro regularmente a altos cargos del Partido Popular tal como mostraron los papeles manuscritos de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP ? En el actual clima de pedir cuentas a los independentistas catalanes ¿no cabría exigir también a cargos públicos y dirigentes políticos del PP, no solo que “vuelvan a la legalidad” (y los corruptos devuelvan el dinero ilícito sustraído) sino que asuman las responsabilidades políticas por haber permitido tal desbarajuste de corrupción, dimitan y acepten las sanciones que les correspondan?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a la ley que el ministro de Interior ignore la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegales las “expulsiones en caliente” de refugiados y otros migrantes y declaré públicamente que no la cumplirá?

Y, ya metidos en harina, ¿es conforme a ley que el PP financiara de forma ilegal la campaña de las elecciones generales del año 2000, (dirigida por Rajoy, por cierto) que dio a José María Aznar la mayoría absoluta como se documentó y denunció entonces medios de comunicación?

¿Respeta la legalidad la presunta abundante financiación bajo mano y en efectivo de varias campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana a cambio de contratos y obras públicas como se ha testificado en procesos por corrupción y han ratificado los técnicos de Hacienda?

Incluso la Fiscalía Anti-Corrupción pidió la condena del PP por lucrarse de una financiación delictiva. ¿Son conforme a ley los nuevos chanchullos, enjuagues y corrupción que se descubren en las investigaciones judiciales en marcha (caso Lezo, Canal Isabel II…)?

¿Es conforme a ley que el gobierno de Rajoy oculte a la ciudadanía los multimillonarios sobrecostes de grandes obras pagadas por el Gobierno de España, sobrecostes conocidos hoy en los juicios de corrupción de los casos Gürtel y Taula ?

En otro orden de cosas, ¿es conforme a ley que el gobierno del PP de España no cumpla las once recomendaciones del Consejo de Europa para luchar contra la corrupción ni muestre indicios siquiera de que vaya a hacerlo? No es una cuestión menor, pues la corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones de euros al año según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Cuánto no mejorarían los servicios a la ciudadanía, la atención a los desfavorecidos, la disminución de la pobreza, la ayuda a los parados (que disminuye) y un largo etcétera con unos presupuestos generales del Estado que ingresaran unos cuantos miles de millones de euros más?

Hay más hechos y situaciones, no conformes a ley, protagonizados por cargos del PP y entonces cabe preguntar: ¿cuánta desfachatez más piensa mostrar el PP, que no cesa de reivindicar la legalidad al hablar de Cataluña? Aquí se cumple del todo lo de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

No estoy nada de acuerdo con los independentistas catalanes. Pero eso no quita que la hipócrita y cínica conducta del PP en el conflicto catalán despoje a los populares de cualquier credibilidad al mentar la legalidad.

No hay dos modos de entender la legalidad. No actuar conforme a ley es quebrantar la ley. Bien sea convocando un referéndum ilegal, saqueando las arcas del estado o haciendo un corte de manga a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Si elaboráramos una lista de partidos que han gobernado e infringido la legalidad, el PP estaría ahí y acaso no en los últimos lugares. Por eso sería de agradecer que dejen de citar y citar el respeto a la legalidad, algo en lo que no tienen práctica ni costumbre.

Reino de España, un estado general de corrupción

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, ex-presidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace un poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de éste de blanqueo, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato presuntamente blanqueó 31 millones de euros y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que fundó Rato, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de economía) como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas ‘élites’ que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España 1.378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70% de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular, pero no solo del Partido Popular.

El caso de los llamados Papeles de Bárcenas (extesorero del PP) es un sumario por apropiación inebida, en el que hay también presuntamente implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo.

Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el Partido Popular, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picado, pero el último sondeo aún le adjudica 33% de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, no hay empleos suficientes ni salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no solo para la minoría de siempre a costa de los demás.

¿En qué se equivocan grupos, movimientos, organizaciones sociales y políticas que quieren cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?

Una respuesta posible se remonta a la presuntamente modélica transición de la dictadura a la democracia. Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica en absoluto porque la pilotó buena parte de le gente que fue sostén de la dictadura franquista durante años. Dictadura de la que representante alguno nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crímenes perpetrados. Como no lo hacen tampoco sus herederos y sucesores, muchos cómodamente instalados en el PP que sostiene al gobierno.

Este cronista está convencido de que hasta que no se entierre muy hondo la más leve traza de franquismo, en tanto no nos desprendamos totalmente de toda sombra de la dictadura y sus protagonistas y cómplices principales no sean juzgados, rindan cuentas y se reparen daños, este país no avanzará nunca.

Un sistema gangsteril

Un tal Luis de Miguel, ‘cerebro’ financiero de una de las mayores mafias de corrupción en el Reino de España (la trama Gürtel), presumió en el juicio contra los individuos de esa trama de haber logrado que la multinacional Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, pese a sus considerables beneficios, gracias a sus planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen mucha menos recaudación para educación, sanidad, atención social; significa menos hospitales, menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos apoyo al desempleo, más pobreza, más desigualdad…

No satisfechas con no pagar buena parte de impuestos, grandes empresas españolas consiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su expansión internacional. Pero recién el Tribunal de Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y corrupción van de la mano. La corrupción en España, por ejemplo, cuesta 90.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Casi 48.000 millones de euros perdidos son sobrecostes por ausencia de control del cumplimiento de contratas de administraciones públicas por empresas privadas. Las otras decenas de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar comisiones por adjudicar contratas públicas a empresas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes se destapan unos diez casos nuevos y, si en 2010 se arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año pasado fueron más de 2.400 los corruptores o corrompidos detenidos según el ministerio de Interior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del sistema es que aumentan las filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué querrán las grandes empresas estar en esos  mal llamadas paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales de grandes empresas del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron un 10% hasta ser 891, según denuncia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para quién?

Para probar que la putrefacción es bastante general se ha sabido hace poco que el Banco de España escondió la morosidad bancaria que crecía al aumentar los créditos por la expansión de la burbuja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordinación del Banco aleccionó a los inspectores de esta entidad reguladora para que fueran comprensivos y no pretendieran el total cumplimiento de la legalidad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, por ejemplo.

Otrosí, en los últimos 15 años el flujo de dinero desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y España no es una excepción. En 2015 el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27% respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado. Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con  cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes empresas cuesta más de 100.000 millones de dólares anuales a los países empobrecidos; esos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan ‘países en desarrollo’. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50.000 millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa  evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de cien años en reducir 2/3 partes la mortalidad infantil en la infancia hasta cinco años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril. Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

Pobreza y corrupción

En 2009 eran casi 11 millones y medio quienes sufrían pobreza en España, pero hoy son casi 1.800.000 personas pobres más que hace seis años, según informe sobre el estado de la pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN).

Vamos hacia atrás como los cangrejos y por eso ya hay cerca de catorce millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de algo más de 46 millones y medio de habitantes en España. Mucha gente. Y aumentando.

Recordemos, según parámetros de la UE, que ser pobre es tener ingresos tan escasos que no alcanzan para una vida digna. Por eso numerosos comedores solidarios y entidades como Caritas han doblado y triplicado sus servicios para proporcionar con regularidad alimentos a la gente. Porque hay más gente de la que uno se imagina que pasa hambre. Ser pobre es también no poder pagar la hipoteca o alquiler todos los meses, nni la luz ni el gas porque el poco dinero que se ingresa se acaba enseguida. También es pobreza no poder comer carne, pollo o pescado tres veces a la semana porque no alcanza el dinero. Ni poder mantener en invierno la vivienda a temperatura adecuada. Ni poder tener teléfono, televisor o lavadora… Y, como dijo Ban Ki Mon, secretario general de la ONU, ser pobre también es no disponer de vivienda digna ni tener acceso a servicios de salud o que éstos sean limitados, ni poder acceder a una educación en condiciones y que las personas dependientes no reciban ayuda… Eso es pobreza.

Entre las razones de la creciente pobreza en países desarrollados como España está la nefasta política de austeridad impuesta que ha rebajado ostensiblemente el estado de bienestar. Más los vigentes sistemas de impuestos injustos, regresivos e insuficientes en indiscutible beneficio de las élites. Y, con la injusticia fiscal, la corrupción. Corrupción que en este país cuesta algo más de 87.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia; cifra confirmada por algunas universidades. Dinero desvalijado por corruptos que provocan una pobreza que aumenta entre nosotros.

En la vieja y desnortada Europa a final de 2015, según Eurostat, oficina estadística de la Unión Europea, había 119 millones de europeos pobres o en riesgo de exclusión social. Casi un 24% de población, casi la cuarta parte. El dato incluye a quienes están en riesgo de pobreza, sufren privaciones materiales severas o viven en familias con muy escaso empleo o ninguno. Según Eurostat, la pobreza ha disminuido algo, pero poco, muy poco, y la erradicación de la pobreza es lenta y desigual. Para muestra, tres países europeos donde más de un tercio de población es pobre o está en riesgo exclusión social: Bulgaria (41% de población en pobreza), Rumanía (37%) y Grecia (casi 36%).

¿Que dijo Ban Ki Mon? Que poco o recortado acceso a la salud y educación es pobreza. Pues bien, de Guindos, ministro de economía español en funciones , augura más pobreza cuando asegura que el próximo Gobierno recortará ¡26.000 millones de euros en dos años! Para reducir el déficit. Y sabemos por experiencia que los recortes significan peor atención sanitaria, peor educación, peores servicios sociales… Más pobreza.

Y, para que no haya duda de qué soporta la ciudadanía, el iniciado juicio por corrupción masiva del llamado caso Gürtel desvela una insolidaridad criminal y una vergonzosa y criminal apropiación indebida por la codicia rapaz de los corruptos y sus cómplices que ha despojado a la ciudadanía. Un tal Correa, creador de la trama delictiva corrupta, ha contado que muchas empresas y grandes constructoras (OHL, ACS y Dragados entre otras) financiaron al Partido Popular y sus campañas electorales con dinero negro a cambio de obtener contratos de Fomento, Medio Ambiente… Dinero negro y delictivas adjudicaciones de obras y servicios públicos, más fraude sistemático a la Seguridad Social y evasión de impuestos, suman esos 87.000 millones de euros robados al pueblo trabajador de este país. Los delitos de los corruptos, además de los fraudes citados, son cohecho (en la calle se llama soborno) y prevaricación (decidir un funcionario o político algo injusto a sabiendas). Quienes perpetran esos delitos roban lo que pertenece por derecho a la ciudadanía.

De disponer el Estado de esos 87.000 millones de euros saqueados por corruptos, sanidad, educación o atención a los dependientes y otros servicios sociales no habrían sufrido losenormes recortes presupuestarios sufridos y todo estaría mejor. De no haber sido robada esa enorme cifra por corruptos y cómplices, no se habría recortado el estado del bienestar.