CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía

El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). Derecha sospechosa que es el Partido Popular, los presuntos centristas de Ciudadanos, el PNV (que consiguió su libra de carne y no la arriesga por tratado más o menos), la antigua CDC (sumergida en corrupción en Cataluña) y el PSOE, que dice ser de izquierdas.

¿PP y PSOE votaron juntos? No es primera vez. ¿Por qué creen que algunos analistas denominan lo de este Estado ‘régimen dinástico bipartidista del 78′?

Otrosí, en 2014, PP y PSOE impidieron que ese tratado con Canadá se sometiera a referéndum y decidiera la ciudadanía. Es más, cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, parte del grupo Socialistas y Demócratas de la Eurocámara desobedeció la línea oficial y votó contra el CETA. Pero los socialistas españoles votaron a favor como un solo hombre.

A destacar que el PSOE ha votado lo mismo que el Partido Popular Europeo y Ciudadanos tres de cada cuatro votaciones en el Europarlamento. Que no es poco. Y, según el diario digital Info-Libre, PSOE, Podemos y Ciudadanos votan lo mismo en el Congreso español 63 veces de cada 100. Esclarecedor de donde está realmente cada cual en el abanico político.

A la hora de evaluar los daños del CETA, hay que señalar que ese tratado no es solo un acuerdo con Canadá. En suelo canadiense hay filiales de casi todas las grandes empresas estadounidenses que, por ello, actúan como empresas de Canadá. Ergo, el CETA es también un tratado con EEUU. Esos Estados Unidos de Trump que se pasan por el forro la protección del medio ambiente, los derechos de la gente y la seguridad de los alimentos. Graves retrocesos políticos, plasmados en los presupuestos federales de Estados Unidos, recién presentados. Si finalmente se aprueba el CETA, Estados Unidos tendrá también patente de corso para intervenir en la política de la Unión Europea y la ciudadanía tendrá muchos más problemas.

Queda la pequeña esperanza de que algún país de los 27 que forman la UE no ratifique el CETA y entonces se pararía todo. Volverían a intentarlo, porque la voluntad de saqueo de la minoría rica global es inacabable, pero llevaría tiempo y quizás la ciudadanía europea pudiera organizarse mejor e impedir programas y políticas que violan sus derechos por sistema.

Los tratados bilaterales de comercio e inversión son medios de las corporaciones multinacionales para conseguir más y más beneficios. Con tales tratados, buscan sortear, evitar e incluso suprimir leyes de protección de derechos de la gente y de defensa del medio ambiente, por ejemplo. En los tratados bilaterales, los intereses de las multinacionales están muy por encima de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de los consumidores.

El primer riesgo severo del CETA vigente es rebajar peligrosamente las exigencias de las leyes europeas en derechos laborales, protección del medio ambiente, atención sanitaria general y seguridad saludable de alimentos. Se rebajarán derechos laborales porque Canadá y EEUU no aceptan los criterios de derechos de los trabajadores de la OIT. Pero no solo se rebajarán las garantías actuales, el CETA abrirá la puerta a suprimir normas y reglas que protegen a la ciudadanía y la naturaleza.

Si se impone el CETA, otra consecuencia nefasta serán los pretendidos tribunales de arbitraje entre empresas y Estados. Unos llamados tribunales (que no son más que tríos de abogados privados), al que solo podrán recurrir las empresas contra los Estados, pero no los Estados contra las empresas El ISDS (siglas en inglés) permite a las multinacionales demandar a los Estados por cantidades multimillonarias, si creen ver mermados o amenazados sus beneficios por actuaciones políticas y legislativas de los Estados. Como moratorias nucleares, protección del medio ambiente, cuidado de la salud colectiva, defensa de los derechos humanos de la gente…

El CETA y otros tratados bilaterales pueden ser el principio del fin de la democracia, porque vacían la capacidad legislativa y de gobierno de los Estados ante el temor a ser demandados. No podemos permitir que las multinacionales gobiernen el mundo.

Corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren

Rosa Jensen, que fue vicepresidenta del tribunal de Utrecht, aseguraba hace años que asistíamos al nacimiento de una enorme corrupción supranacional. Y el investigador financiero Denis Robert asegura que hablar hoy de corrupción sin ir más allá es quedarse corto, porque es el mismo sistema económico, el capitalismo financiarizado, el que está viciado de raíz.

Prueba de la extensión de la corrupción es que incluso corrompe su propia definición. La entidad más conocida contra la corrupción, Transparency International, se queda corta al definirla. Corrupción sería solo el abuso de un poder público con fines privados. Pero olvida (no de modo inocente) que, además de funcionarios públicos y políticos al servicio del Estado corruptos, los imprescindibles corruptores al otro lado de la ecuación son privados. Si hay corrupción en África, sudeste asiático y América Latina, por citar tres zonas con fama de gran corrupción, es porque en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea hay grandes empresas, presidentes de consejos de administración y consejeros delegados, grandes fortunas y corporaciones que quieren corromper a funcionarios públicos para obtener beneficios ilícitos. Para que haya corrompidos ha de haber corruptores.

Además, ¿quién osará negar que la supresión de reglas y normas de los movimientos de capital ha hecho más fácil la corrupción? Como asegura Rob Jenkins, profesor de la universidad de Londres, dicha liberalización de las economías (con sus privatizaciones masivas de lo público) ha hecho crecer el pago de comisiones ilícitas por empresas privadas que desean hacerse con parte del pastel público privatizado. Y ahí han sido las empresas privadas las que han tomado la iniciativa de corromper, de pagar comisiones ilegales por concesiones públicas.

Por eso dictadores de toda calaña y políticos profesionales de escasa credibilidad democrática abrieron cuentas y depósitos seguros y secretos donde acumular lo obtenido por su corrompida actuación. Pero para ello necesitaban la discreta y leal colaboración de honorables bancos privados.

Apuntado el calado del verdadero problema de la corrupción, recordemos conceptos básicos. Según el diccionario, corrupción es cohecho, soborno. Pero corrupción también es no pagar impuestos que se deben pagar. Como también es corrupción blanquear el dinero sucio que proporcionan los delitos (tráfico de drogas, de personas, de armas…) Y también lo es financiar ilegalmente partidos políticos a cambio de contratas de obra pública o servicios del Estado otorgados a empresas privadas. Algo de lo que tenemos amplio conocimiento en el Reino de España y en lo que parece estar especializado el gobernante Partido Popular. Pero no es el único, por supuesto; ahí está en Catalunya el caso de Convergencia Democrática que ha estado chupando el 3% de comisiones durante más de treinta años. Presuntamente, claro.

Entre unas y otras corrupciones, solo del campo del delito se blanquean al año de 600.000 millones de dólares a un billón. Así lo consideran tanto el FMI como la ONU. Pero son delincuentes, diría un observador ingenuo. Lo son, pero para blanquear tantísimo dinero, esos criminales necesitan a respetables banqueros, prestigiosos gabinetes de abogados y asesorías fiscales de campanillas, más los imprescindibles paraísos fiscales sin los que no hay blanqueo.

El movimiento social ATTAC define los paraísos fiscales como “países, islas o enclaves geográficos con regímenes jurídicos opacos y reglamentaciones fiscales muy laxas que ofrecen exanciones y beneficios tributarios muy atractivos para el capital financiero a extranjeros no residentes y a sociedades domiciliadas legalmente en el lugar, aunque solo sea con una dirección postal”. No ponen impuestos a los movimientos y operaciones financieras, mantienen una hermética oscuridad sobre esas operaciones y se niegan a facilitar información aunque la pida un ejército de jueces y fiscales. Por lo que cabe deducir que los paraísos fiscales son imprescindibles para blanquear y evadir. Pero no solo paraísos de palmeras y aguas transparentes en el Caribe. También neblinosos lugares como Gibraltar, isla de Man, city de Londres, Austria, Luxemburgo… que blanquean que es un primor en el corazón de Europa.

Pero todo es posible por el intocable secreto bancario y la oscuridad de las transacciones financieras. En fin, a pesar de la complejidad de la cuestión, queda claro y cristalino que corrupción, crimen organizado y paraísos fiscales viajan en el mismo tren.

La independencia no parece ser la cuestión

Cataluña ha elegido nuevo parlamento autonómico. Para los líderes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tales elecciones en realidad eran un plebiscito para decidir sobre la independencia de Cataluña. Plebiscito es una consulta que los poderes públicos hacen al electorado para que por voto directo apruebe o rechace una propuesta política concreta.

Pues bien, si era un plebiscito, Artur Mas y compañía lo han perdido. Han conseguido  62 escaños, pero la mayoría absoluta parlamentaria en Cataluña es 68. Y no han ganado el plebiscito porque los partidarios de la independencia de Junts pel Sí (CDC y ERC) más las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) que van por su cuenta suman el 48,01% de votantes, mientras quienes no están por la independencia son una ajustada mayoría de 51,99%.

Desde una ética de mera decencia política, Mas, Junqueras, Romeva y compañía han de reconocer que no han ganado, por poco, desde luego, pero en cualquier caso esos resultados no son mandato alguno de la ciudadanía para proclamar unilateralmente que Cataluña sea independiente.

No soy independentista, pero no tengo nada contra los independentistas; incluso tengo buenos amigos y los hay en mi familia, pero sí estoy contra lo que representan algunos independentistas. Me refiero a CDC y ERC. No me fío ni un pelo.

Recuerdo que en las primeras elecciones autonómicas de Catalunya en 1980 hubo empate técnico entre la derecha de Jordi Pujol y sus aliados y la izquierda formada por PSC (entonces bastante más a la izquierda que el de ahora) y PSUC (comunistas). Pero ERC entregó la presidencia de la Generalitat de Catalunya a Jordi Pujol con los votos de sus catorce diputados electos. A pesar de decirse Esquerra (izquierda) y de reivindicarse como tal aupó a la derecha que gobernó, esquilmó y esquilma Cataluña desde hace más de dos décadas.

¿Y que pensar de Artur Mas quien, en una entrevista en 2002, rechazaba la independencia de Cataluña de España, porque “el concepto de independencia lo veo anticuado y un poco oxidado”?

¿De dónde el entusiasmo actual de Mas por la independencia? ¿Cayó del caballo camino de Damasco? ¿ O quedó obnubilado porque el 11 de septiembre de 2011 se manifestaron por la independencia de Cataluña más de un millón de ciudadanos, sorprendiendo incluso a las organizaciones de la sociedad civil convocantes? ¿Pensó entonces Artur Mas que la ocasión la pintaban calva?

Lo cierto es que se subió al carro del independentismo y dijo ponerse al frente. Sin embargo, como han escrito Raventós, Búster y Domènech, “auparse a la ola popular independentista que irrumpió con fuerza en septiembre de 2011 no le permitió a Mas contener el desgaste político por sus políticas de austeridad y recortes y perdió muchos escaños en las elecciones autonómicas catalanas catorce meses después”. ¿Busca Mas conservar el sillón presidencial con su reciente identidad independentista? Reciente porque trece años, como dice el tango, no son nada.
Siempre ha habido independentistas en Cataluña, pero nunca tantos. Ni de lejos. Pero desde 2011, el nacionalismo catalán moviliza en Barcelona en la Diada (día nacional de Cataluña), a cientos de miles de manifestantes (en realidad, millones). Sin duda la llamada crisis que la gente común ha pagado con recortes, rebajas de salario, y violaciones de sus derechos tiene mucho que ver con este auge del independentismo.

Por cierto, la fiesta nacional catalana sorprendentemente conmemora una derrota: la ocupación de Barcelona por las tropas de Felipe V y, con la ocupación, el fin de la monarquía confederal de los Austria en España en 1714 para dar paso al absolutismo centralista de los Borbones.

Según los sondeos más fiables, casi el 80% de población catalana es partidaria del derecho a decidir, de la autodeterminación, y estas elecciones catalanas han mostrado además que el 48% es partidario de independizarse de España. Sin embargo, quienes muestran no ser partidarios de la independencia suman el 52%. Dos cifras a tener en cuenta por todas las partes en el conflicto catalán. No parece sensato y eficiente que se pretenda declarar la independencia con 48% de votos. Pero aún menos no tener en cuenta que el 48% quiere independizarse. Puede haber otras vías de solución y hay que explorarlas. Y hablar. Hablar hasta quedarse afónicos.

Otrosí conviene recordar que hay ahí una poderosa burguesía catalana que casi nunca aparece en los medios, pero están ahí y con mucho poder. Y, aunque unos pocos integrantes de esa élite se han pronunciado contra la independencia, se subirían al carro si ésta arrancara.

Pero lo que no están dispuestos a cambiar es el sistema mismo, por supuesto. Un sistema que nos saquea. Ni tampoco quieren prescindir de las políticas austeras ni de la llamada devaluación interna que, en plata, es la rebaja salarial. Con Cataluña independiente o no. Entonces, ¿para qué sirve una independencia con CDC y ERC al frente que aseguraría el poder de esa burguesía?

Felix Millet, destacado miembro de esa burguesía catalana e ilustre imputado por varios delitos económicos, sostiene que “en Cataluña somos unas 400 familias, no muchas más, que nos encontramos en todas partes. Núcleos familiares y mismas empresas familiares“. Porque ellos controlan la economía de Cataluña… y buena parte de la de España.

Una independencia liderada por Mas consolidaría definitivamente la hegemonía de esa élite. Pues la única independencia deseable es la del pueblo trabajador respecto a esa gente. Que dejen de meter mano en nuestras vidas y en nuestros bolsillos. Porque, como recuerda Esther Vivas, “Convergència ha privatizado el servicio de empleo catalán, se ha opuesto a remunicipalizar la mayor empresa de aguas de Cataluña, ha recortado millones de euros en sanidad y educación e impuso que la gente pagara un euro por receta, antes que Rajoy. Ese es el verdadero Mas”. Y otras innúmeras tropelías austericidas en lo que Mas y Rajoy están plenamente de acuerdo, porque ambos son fervientes partidarios de las políticas de austeridad y de los recortes. A  los hechos de los últimos años me remito.
Por esas razones, la CUP ha insistido en que no investirá a Artur Mas presidente de la Generalitat y descarta, además, una declaración unilateral de independencia “porque no se ha ganado el plebiscito“, según ha declarado su cabeza de lista, Antoni Baños.

La izquierda independentista ha asegurado que no ha cambiado nada desde la campaña electoral porque no han dicho nada para pactar votos. “Esto no va de proyectos nominales, va de plantear desobediencia concreta a legislación concreta que va contra los intereses sociales y económicos de Cataluña”, ha dicho Anna Gabriel, quien matiza que no investirán a una persona, sea del partido que sea, vinculada a la corrupción, los recortes y las privatizaciones.

Por un lado está la gente común, que quiere decidir y casi la mitad de esos quiere la independencia. Y por otro, la élite económica catalana, cuyos intereses representan Mas y Convergencia desde hace muchos años. ¿Independencia con Mas al frente? No, gracias. ¿Independencia en una Europa controlada con mano de hierro por el totalitario Eurogrupo y amenazada por el TTIP (tratado de libre inversión entre EEUU y la UE) que vaciará de contenido las constituciones y leyes europeas? Suena a chiste?

La cuestión no es independencia o no, aunque para un catalán progresista sea grande la tentación de independizarse del neofranquismo, nacional-catolicista españolista del Partido Popular que contamina España. Lo necesario es que el pueblo trabajador recupere la justicia y sus derechos, tan violados. Y eso significa otro sistema. Con independencia o no. Cueste lo que cueste. Que costará.