Es imperativo reducir hasta acabar con la desigualdad

Campaña electoral en España. Momento para recordar el avance de la desigualdad. La ciudadanía ha de saber quiénes, que podrían gobernar, tienen voluntad política de combatirla. La desigualdad no es cuestión académica o de titulares. Es escenario y también causa del avance de la pobreza y exclusión social, mientras una minoría cada vez más reducida acumula un desmedido poder económico.

En España, 27% de quienes trabajan (más de la cuarta parte) están subempleados. Más dos millones. Trabajan menos de lo que necesitarían para recibir un salario digno. Más los casi cinco millones de desempleados “oficiales” ya son siete millones quienes viven (si se puede llamar vivir) con ingresos insuficientes e indignos. O sin ingresos.

En Madrid, una de cada cinco personas roza la pobreza o cae en ella. Más de millón y cuarto de madrileños. Así lo documenta el informe “Empobrecimiento y desigualdad social en la sociedad madrileña”, del sindicato CCOO. En el resto de España, según “Análisis y perspectivas 2016” informe de Foessa para Caritas, en los próximos años, aún con crecimiento económico, aumentará la exclusión social. Ya hay 720.000 hogares sin ingresos, cuando hace siete años solo eran 497.000. ¿De qué sirve crecer, si no se beneficia la gente?

La desigualdad borra fronteras de pobreza. Tener empleo hoy no garantiza dejar de ser pobre. Pero, al mismo tiempo y en el mismo espacio, los directivos de empresas del IBEX 35 tienen un salario medio anual de dos millones y medio de euros. Y, en el mundo, 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones. Según Oxfam Intermón, hace cinco años los súper-ricos eran 388, pero cada vez muchos menos tienen mucho más. Solo 62. Una grave amenaza.

Oxfam muestra además que esos 3.600 millones de población perdieron un billón de dólares de ingresos desde 2010. Al tiempo que los más ricos aumentaban su riqueza en medio billón. Es desigualdad en estado puro.

Edmundo Fayanás, profesor de Historia, escribe que el capitalismo necesita desigualdad para funcionar y generó desigualdad desde su inicio. Bernard de Mandeville en el siglo XVIII pretendía justificarlo al sostener que el interés individual, lujo y placer personales son imprescindibles para que la economía progrese. De otro modo, decía Mandeville, el capitalismo perdería su motivación principal: el beneficio personal. Pero quienes pueden atesorar riqueza y vivir en lujo y placer son muy pocos. Porque el capitalismo precisa desigualdad.

En los años ochenta del siglo pasado, Ronald Reagan, presidente de EEUU, sentó las bases de una enorme desigualdad con sus obscenas rebajas de impuestos a los ricos. A éstas siguieron las de Bush hijo y, desde entonces, EEUU es un país desigual, cada vez más desigual. Una quinta parte de su población (sesenta millones de personas) vive bien, pero el resto (unos 250 millones) sufre una escalada de graves carencias económicas y sociales. Bush pretendía que para crecer se debía favorecer a las élites y recortar ayudas a los pobres, por ser deficientes económicamente. La misma necedad que roznó Bernard de Mandeville tres siglos antes.

La riqueza mundial está en muy pocas manos. El 1% de la población mundial acapara casi la mitad de la riqueza y su patrimonio crece y crece. En EE UU máximos directivos y ejecutivos ganan 300 veces más que sus trabajadores. Pero en España, Felipe Benjumea, presidente de Abengoa, ganó 530 veces más que el salario medio de sus empleados. En Inditex, los 12 millones de euros que cobra su presidente, Pablo Isla, son 526 veces más que el salario medio de sus asalariados. En FCC, 454 veces; en BBVA, 451 veces; en Ferrovial, 239 veces; en Día, 213 veces…

La llamada clase media mengua con la crisis. Digo llamada porque se suele denominar clase media también a los asalariados con sueldos decentes. Clase trabajadora que puede vivir con dignidad y aceptable nivel de consumo. Pues bien, según estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, desde el inicio de la crisis a 2014, esa clase media en España se habría reducido en más de tres millones y medio de personas. Y no para estar mejor.

La desigualdad no cesa. Por desempleo, empleos precarios, trabajo temporal y a tiempo parcial. Más recortes sociales (en educación y sanidad públicas, en ayudas a desempleados, en políticas sociales…). Y volvemos al principio. ¿Qué partidos quieren de verdad reducir la grave amenaza de la desigualdad?

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…

Rebajar el déficit, un arma política arrojadiza

En 2015 el déficit público de España fue 5% del PIB, más del 3% exigido por Europa. En 2016 el Partido Popular prevé que sea 3,6% (mucho para Europa) y en 2017 la Comisión exigirá no pasar del 2,5% y, para lograrlo, habría más recortes.

¿Por ese 5% ha iniciado la Comisión Europea (CE) procedimiento contra España por exceso de déficit? No. Rajoy escribió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la CE concedió una tregua temporal hasta julio del procedimiento por exceso de déficit. Y posponer también la posible multa de 22.000 millones de euros. Pero esa comprensión no le fue concedida a Grecia. Tal conducta reafirma el viejo dicho de que perro no come perro o el más vulgar de que entre bomberos no se pisan la manguera. La derecha no joroba a la derecha y la graciosa concesión de la muy conservadora Comisión Europea permite al derechista Partido Popular entrar en campaña electoral sin la espada de Damocles de una multa multimillonaria. Hasta julio, hasta saber los resultados electorales. Conocido el color del nuevo gobierno, Bruselas decidirá si lo ayuda o se enfrenta. Si forma gobierno el PP no habrá problemas para la Comisión. Pero sí para la gente común, porque habrá recortes a porrillo para rebajar el déficit.

El señalado procedimiento por déficit excesivo empieza si la Comisión detecta un país miembro con déficit superior al 3%. Consulta al Consejo Europeo (28 jefes de Estado o de Gobierno de países miembros) quien hace recomendaciones al gobierno incumplidor. Recomendaciones a desarrollar en medio año como máximo pues, de no ser así, la Comisión puede multar al país, además de otras injerencias en el gobierno y parlamento nacionales. España y Portugal están a merced de iniciar ese procedimiento por sobrepasar el déficit, a expensas de que el Consejo decida qué hacer a principios de julio. Tras las elecciones españolas.

Para España, la respuesta de la Comisión ha sido comprensión y buen rollito, retrasando el procedimiento por déficit excesivo. Pero Portugal, gobernada por un frente de izquierdas, será obligado a aplicar nuevas ‘medidas’ (recortes que paga la ciudadanía) bajo amenaza de multa. Así lo galleó Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea: Portugal tendrá que aplicar “medidas adicionales” para cumplir con la meta de déficit. Sí o sí.

Por su parte, Francia tiene déficit ‘excesivo’ de 3,5%, pero la Comisión no exigirá reducirlo. Le basta la reforma laboral perpetrada por el gobierno de Hollande y Manuel Valls. Y hará la vista gorda a que el déficit se reduzca solo al 3,4%. Desposeer más a la clase trabajadora, como la reforma laboral de Hollande implica, ya beneficia a las élites.

¿Y Grecia? Machacada. A pesar de lograr con enormes sacrificios un superávit primario (ya ingresa más que gasta, deuda aparte), esas cifras se convierten en elevado déficit… por la burrada de intereses a pagar a sus implacables acreedores (BCE y FMI entre ellos). Intereses de deuda pública que el internacional Comité de la Verdad de la Deuda Pública de Grecia determinó ser ilegítima en muy gran parte y, por tanto, no abonable.

Volviendo a España, pintan bastos. Según los resultados de las elecciones generales, la Unión Europea será comprensiva con el exceso de déficit o exigirá inmediatos y cuantiosos recortes de gasto público para rebajarlo. Lo ha dado a entender urbi et orbe el Comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovin: “En España, salga el Gobierno que salga, no hay margen para el cumplimento del déficit”. Pero el trato no será el mismo si ese gobierno es de derechas o izquierdas.

De donde se deduce que Unidos Podemos y confluencias de izquierda (si el PSOE no defrauda una vez más), que pudieran formar gobierno, deben aprestarse a una dura batalla. La Unión Europea amenazará, presionará y exigirá recortes, por tanto mejor no se duerman en los laureles. Recuerden a Grecia. Y que programen ya, contando con la calle y la gente, qué hacer para evitar o frenar el chantaje que perpetrará la Comisión a un gobierno progresista. ¿Qué tal si además empezamos a ponernos de acuerdo España, Portugal, Grecia e Italia para actuaciones comunes?

¿Reducir el déficit? Sí, pero no en el gasto, porque así lo paga siempre el pueblo trabajador. Mejor reducirlo con más ingresos. Porque usar el déficit recortando gasto como arma arrojadiza es el negocio de los conservadores que mangonean Europa. Para que nada cambie.