Tribunales privados de arbitraje, un expolio

El Parlamento Europeo ha dado hace pocos días el visto bueno a un acuerdo de libre comercio e inversión de la Unión Europea con Singapur. Esos tratados bilaterales básicamente suprimen los aranceles y hasta aquí no entrañaría peligro un acuerdo contra el proteccionismo comercial. El problema grave para los Estados aparece porque esos tratados bilateales pretenden anular lo que sus redactores denominan ‘otras barreras no arancelarias’. ¿Qué barreras?

El peor, el más peligroso de los mecanismos que contiene un tratado blateral de inversión es una clausula por la que grandes empresas y corporaciones multinacionales pueden demandar a los gobiernos si consideran que sus leyes y normas, incluso comunicados informativos, perjudican sus beneficios de grandes empresas. Pueden demandar, pero no ante tribunales públicos legítimos que siempre ignoran, sino recurriendo a unos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje que solo son equipos de tres abogados privados de elevadísimos honorarios sin ninguna legitimidad democrática. Pero las partes los aceptan para arbitrar, dirán los defensores de tan equívoco método. Puede parecerlo, pero en realidad los Estados se ven forzados a aceptar esos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje pues, de otro modo, no hay inversión. El truco está en que, cuando un Estado firma uno de esos tratados para asegurar inversiones que permitan crear empleos, el tratado incluye siempre un llamado ‘método de resolución de controversias’ que permite a grandes empresas y corporaciones multinacionales demandar a Estados soberanos por cantidades multimillonarias cuando consideran que peligran sus beneficios y, para mayor desfachatez, no solo beneficios actuales sino también futuros posibles. Veamos botones de muestra de tal pillaje.

Miles de millones de indemnización

Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la multinacional petrolera Occidental. Un presunto tribunal formado por tres abogados privados decidió que el Estado cancelase el contrato con esa petrolera, porque no respetaba las normas de protección medioambiental incluidas en el contrato, era una expropiación y, por tanto, el Estado ecuatoriano debía indemnizar a la petrolera. La corporación Vattenfallal reclamó 3.700 millones de euros al Gobierno alemán porque, tras el desastre nuclear de Fukushima en Japón, ese gobierno, en evidente ejercicio de prevención y responsabilidad, cerró las plantas nucleares que la empresa sueca gestionaba. Philip Morris demandó a Uruguay por advertir en los paquetes de tabaco que fumar es malo para la salud. y Renco demandó a Perú por 800 millones de dólares porque el gobierno de ese país revocó su permiso para fundir metales por utilizar métodos muy contaminantes. Bear Creek demandó también a Perú por 1.200 millones de dólares porque el gobierno rescindió el contrato con esa multinacional minera por agredir el medio ambiente y por los asesinatos de indígenas en las protestas populares contra esa empresa. La empresa Veolia demandó a Egipto al considerarse perjudicada porque el gobierno aumentó el salario mínimo. Cecilia Olivet, investigadora de Transnational Institut, ha contado que, en la demanda de la empresa alemana Fraport contra el Estado filipino, el gobierno de Filipinas tuvo que gastar millones de dólares para pagar a sus abogados para afrontar la demanda. La cantidad pagada era equivalente al salario de un año de 12.500 profesores, la vacunación de casi cuatro millones de niños contra la tuberculosis, difteria, tétanos o polio o construir dos aeropuertos.

Tales inaceptables dictámenes y amenazas contra Estados soberanos no son política ficción. Son reales y han sido y son posibles por los llamados tribunales de arbitraje internacional que, con diversos nombres (ISDS ha sido uno de ellos) pretenden ser un modo de resolver conflictos entre empresas extranjeras inversoras y gobiernos en cuyo territorio se instalan, pero que en verdad más bien son otros modos de aumentar los beneficios de las multinacionales por medio de demandas.

Por otra parte, esos abogados privados de esos pretendido tribunales de arbitraje hacen tanto de acusadores como de testigos o árbitros que deciden la indemnización ¿Cómo asegurar ni la menor sombra de justicia cuando son juez y parte? Otrosí, muchos de esos presuntos árbitros además han sido miembros de consejos de administración de empresas demandantes, por lo que cualquier pretensión de que el arbitraje privado internacional tenga algo que ver con la justicia es un mal chiste. Sobre esos falsos tribunales, cabe recordar además que no han sido elegidos ni designados por ninguna entidad u organización democrática nacional ni internacional; no tienen nunca en cuenta las leyes nacionales ni el derecho internacional y casi siempre dictaminan a favor de las empresas. Sin olvidar también una regla jurídicamente inaceptable de esos arbitrajes: que los dictamenes de esos tribunales privados no se pueden recurrir ante instancia alguna privada, pública, nacional o internacional. Son inapelables. Como si los dictámenes los pronunciara dios.

Nuevos beneficios para las multinacionales

Actualmente podría haber unos pocos miles de tratados bilaterales que permiten recurrir a esos presuntos tribunales privados. ¿Para dirimir conflictos entre empresas y Estados? Para que las multinacionales consigan nuevos y mayores beneficios. Según el informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, el arbitraje internacional además ha creado una red de fondos de inversión, árbitros, abogados, empresas y demandantes, red que especula con producos financieros que son paquetes de demandas a estados convertidos en activos especulables.

Además de fallar casi siempre a favor de las empresas, los abogados de arbitraje internacional animan a las multinacionales a demandar a los gobiernos o amenazarlos con demandas para que cedan a sus pretensiones de no tomar medidas de protección ambiental, por ejemplo. Además, aseguran ser fácil que una multinacional logre un acuerdo ventajoso con un gobierno si lo amenaza antes con una demanda. Puro Corleone.

Quien tal vez haya retratado mejor la surrealista e indecente situación de los tribunales privados de arbitraje haya sido Juan Fernández Armesto, abogado español que fue árbitro internacional en alguna ocasión. A Fernández Armesto le sorprende que Estados soberanos acepten el arbitraje privado y se dé a tres particulares el poder de rechazar las actuaciones de un Gobierno, las decisiones de tribunales o las leyes y reglamentos de un Parlamento. Sin apelación posible.

Un desafío a los gobiernos democráticos

Como denuncia la red europea de ATTAC, movimiento social global por la justicia económica y fiscal, en Europa las grandes empresas han utilizado y utilizan estos tribunales privados para desafiar a los gobiernos que actúan en beneficio de la población. Los sistemas de arbitraje privados reducen el poder de diputados y gobiernos elegidos para cumplir mandatos y deberes con la ciudadanía. Con esos tribunales privados de arbitraje, multinacionales y grandes inversores , es decir, los super-ricos, amenazan los servicios públicos que garantizan los derechos de la ciudadanía, el acceso al agua y a la energía limpia. También peligran los derechos de los trabajadores, de los consumidores y la protección del medio ambiente.

Pero hace unos días, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que interpreta y aplica el Derecho de la UE, se ha pronunciado sobre una controversia entre la República Eslovaca y Achmea BV, una empresa de seguros holandesa. La sentencia del TJUE da la razón a Eslovaquia que denunció el fallo de un arbitraje privado contra la recuperación del sistema público de salud que había sido privatizado. El TJUE argumenta que recurrir a tribunales privados es incompatible con el Derecho de la Unión y ha anulado la resolución de ese arbitraje, que decía lo contrario, y reafirmado que el Derecho europeo prevalece, está por encima de los derechos nacionales y ningún texto, tratado o disposición de Estados miembros puede ir contra el derecho de la UE ni puede ignorar el bagaje jurídico comunitario que los países miembros aceptaron libremente al ingresar en la Unión Europea.

Ahora, los países europeos tendrán que aplicar esta interpretación legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sus leyes y ordenamientos, pudiendo ser declarados nulos todos los laudos de tribunales privados de arbitraje que no respeten la citada sentencia.

Aunque lamentablemente no afecta a multinacionales no europeas, en medio de tanto pillaje de multinacionales, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es un balón de oxígeno contra los pretendidos tribunales privados de arbitraje. Porque desde ahora, ninguna multinacional europea (como la holandesa Achmea BV) podrá demandar a un Estado europeo porque vulnera el derecho de la Unión Europea.

Sí se puede actuar contra los paraísos fiscales

En abril de 2005, ATTAC-España pidió al gobierno de Rodríguez Zapatero que estudiara como negar capacidad jurídica para actuar en territorio español a empresas relacionadas con paraísos fiscales. Como medida contra el fraude fiscal. Pero solo hubo la callada por respuesta.

Durante tiempo ha parecido que los paraísos fiscales fueran intocables. Pero en los últimos tiempos se ha visto que se puede actuar contra ellos. Con éxito. Como ha hecho ATTAC-Francia. Ha conseguido que el banco francés BNP Paribas cierre sus filiales en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Se puede ir contra los paraísos fiscales, pero hay que querer. El problema es que los actuales gobiernos europeos, y los partidos que los sustentan, no tienen esa voluntad política. Se pueden tomar medidas que debiliten a los paraísos. Por ejemplo, que los gobiernos nieguen capacidad jurídica para actuar en territorio nacional a cualquier empresa relacionada con paraísos fiscales. También puede legislarse que el Estado y las entidades u organismos públicos no puedan contratar empresas con relación con paraísos fiscales.

Pero antes hay que elaborar una lista universal de paraísos fiscales. Esa lista ha de incluir cualquier territorio con secreto bancario, anonimato de titulares de cuentas, depósitos y transacciones pero, sobre todo, que establezcan impuestos reducidos o los supriman. Y con esa lista, pueden declararse ilegales en España, o mejor aún en la Unión Europea, las empresas-pantalla, que solo existen sobre el papel para facilitar la elusión, el fraude fiscal. También ha de presionarse en las instancias internacionales (OCDE, ONU, FMI…) para que los paraísos fiscales sean señalados públicamente y sancionados.

No hay impedimentos técnicos ni económicos para acabar con los paraísos fiscales. Solo se necesita voluntad política. El Nobel de economía, Joseph Stiglitz, propone crear registros públicos de beneficiarios y dueños reales de empresas, además de intercambiar información financiera y fiscal sin excusas entre todos los países y poder contrastar la base de datos de la Agencia Tributaria de un Estado con la de otro país. Además, las empresas deben presentar a los gobiernos un informe anual detallado de actividad, impuestos pagados y beneficios finales, país por país.

También se puede multar o ilegalizar a corporaciones, empresas, accionistas, directores de empresas en paraísos fiscales y de empresas-pantalla. E investigar a bancos, asesorías fiscales y gabinetes jurídicos intermediarios o asesores habituales de evasión y elusión fiscales. Otra medida urgente es proteger por ley a quienes filtren fraudes fiscales.

El economista Gabriel Zucman propone otras medidas factibles contra paraísos fiscales. Gravar transacciones financieras que salgan del país a una empresa-pantalla, depósito o fondo en Europa, EEUUs o cualquier estado del Pacífico o Caribe… con baja o nula tributación. Estados Unidos y Francia gravan transferencias desde su país a depósitos y cuentas en paraísos fiscales. Francia, por ejemplo, grava con un tipo de 50% las transferencias a Botsuana, Brunei, Guatemala, Marshall, Nauru, Jersey, Islas Vírgenes británicas y Bermudas.

Zucman reconoce que hoy aún es difícil gravar transferencias a los grandes centros financieros (Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo, Islas Caimán y Bahamas) y propone actuar sobre el comercio de esos países. En Suiza, por ejemplo, las exportaciones suponen el 50% de su PIB y también son muy importantes las exportaciones en Hong Kong, Singapur y Luxemburgo. Zucman propone imponer aranceles elevados a esas exportaciones mientras Suiza y esos otros paraísos-centros financieros mantengan el secreto bancario, establezcan tipos impositivos bajos y no colaboren de verdad en luchar contra el fraude fiscal.

Otra propuesta contra el fraude fiscal es crear un registro mundial de títulos financieros con nombres y apellidos de titulares; un catastro financiero, como ya hay en Suecia. Y una buena política sería formar una gran coalición de varios países contra los paraísos fiscales. Una alianza de Alemania, Francia, España, Italia, Grecia y Portugal, por ejemplo, tiene más posibilidades de obligar a Suiza o Hong Kong a facilitar información fiscal y a establecer impuestos justos y suficientes.

Sin presiones ni sanciones no avanzará la lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué los gobiernos no tienen la misma actitud contra la evasión y elusión fiscales que cuando luchan contra el terrorismo? Un fervor similar al antiterrorista sería perfecto para luchar con los paraísos fiscales. Y vencerlos, por supuesto.

Presos políticos de nuevo en España

Multas, malos tratos en las protestas, malos tratos a detenidos, uso excesivo de la fuerza e impunidad policial. En España, la política de austeridad y los recortes sociales han impulsado a cientos de miles a protestar en la calle. Porque violan sus derechos. Y el Gobierno responde con más violaciones de derechos.

ATTAC España ha denunciado la represión política del gobierno del Partido Popular en las protestas ciudadanas contra su política neoliberal. Una represión que “llega a extremos incompatibles con la democracia”.

También Amnistía Internacional ha denunciado que el Gobierno “utiliza todos los medios a su alcance para limitar la libertad de expresión y la protesta pacífica (…) “El Gobierno ha reducido el respeto de los derechos humanos en España, el derecho de reunión pacífica, de asociación y expresión, y los rebaja en contra de las normas de derechos humanos y obligaciones internacionales que España ha firmado y ratificado”. Normas que obligan. Amnistía denuncia síntomas “muy preocupantes” de represión de derechos y libertades fundamentales, hasta el punto de que la organización defensora de derechos humanos teme que España se sume a las tendencias autoritarias de Turquía, Ucrania o Rusia.

Uso excesivo de la fuerza policial, multas a manifestantes en aumento, identificaciones masivas e injustificadas en las concentraciones, intentos de estigmatizar los movimientos sociales, malos tratos a detenidos, uso arbitrario de material antidisturbios, endurecimiento de la legislación reguladora del derecho a la protesta…

Según escribe Pedro Oliver, se perpetran tres tipos de represión. ‘Legal’, la de la policía en la calle. ‘Burocrática’, que busca intimidar a los movimientos sociales con multas y trabas legales para ejercer los derechos de reunión y expresión. Y ‘sucia’, oscura, con infiltración de agentes policiales en los movimientos sociales, en teoría para ‘prevenir’ manifestaciones violentas, pero en realidad para desacreditar a los activistas sociales ante la opinión pública y justificar la violencia policial.

En los dos últimos años se han impuesto más de 1.100 multas, pero es más grave el encarcelamiento de manifestantes pacíficos identificados de forma aleatoria por la policía. En España se va a la cárcel por participar en manifestaciones pacíficas o formar piquetes informativos de huelga. “No se pueden consentir. No podemos consentir que manifestantes pacíficos paguen un alto precio por ejercer sus derechos humanos”, insiste Amnistía Internacional.

Por su parte, ATTAC España argumenta que “los jueces no pueden escudarse en que han de hacer cumplir la ley, pues disponen de margen para aplicarla y se muestran especialmente duros con el pueblo mientras todo son facilidades para los poderosos”. Lo cierto y comprobado es que hay impunidad entre los poderosos, policías y aparato del gobierno y del Partido Popular. Si hay alguna condena, el gobierno popular indulta veloz sin el menor recato a policías torturadores, políticos y banqueros corruptos, homicidas amigos de altos cargos del PP y evasores o defraudadores de impuestos.

ATTAC España considera presas y presos políticos a los ciudadanos y ciudadanas detenidos y encarcelados por protestar o informar sobre huelgas. Y pide a Amnistía Internacional que los considere y acoja como presos y presas de conciencia, como hace con sindicalistas y manifestantes de otros países, encarcelados por leyes injustas.

El jueves, 19 de junio, el nuevo rey de España, Felipe VI, asumió la Jefatura del Estado en un prolongado ceremonial desde la mañana hasta primera hora de la tarde. El centro de Madrid había sido tomado por 7.000 policías y guardias civiles, de los que más de 2.000 eran antidisturbios, 120 francotiradores tomaron los tejados de la zona central de la capital y se cerraron once aparcamientos públicos, además de cerrar también varias estaciones de metro. El gobierno prohibió la exhibición de banderas y símbolos republicanos y durante toda la jornada también se prohibieron las manifestaciones por la República. Por la tarde, la policía cargó contra un millar de republicanos que se concentraron pacíficamente en la Puerta del Sol y detuvo a tres ciudadanos. Aires de tiempos pasados que creíamos haber superado. En su primer discurso como Jefe de Estado, Felipe VI dijo que en España cabíamos todos, que caben todas las formas de sentirse español. Pero no es cierto. En absoluto. Este es un país rendido a los intereses de una minoría que lo domina desde hace décadas; en realidad, siglos.

Dice Juan Carlos Monedero que “la minoría dominante tiene miedo a la gente porque sabe el poder que tienen los más sobre los menos. Les aterra que se reúnan quienes dicen basta, porque son muchos. Porque revolución no es violencia sino una movilización masiva de conciencias. Por eso reprimen.” Lo mismo ha expresado con lucidez y humor El Roto en una ilustración. Un hombre enardecido clama: “¡No dejéis que salgan a la calle, no sea que se den cuenta de los muchos que son“.

Por eso hay presos políticos de nuevo en el Reino de España.