Unas elecciones que pudieron evitarse

Ya sucedió y Pedro Sánchez se salió con la suya: elecciones generales el 10 de noviembre. Aunque los resultados probablemente sean más o menos los mismos, si se mantiene la tendencia de intención de voto del último año que han expresado casi todas las encuestas. Si Sánchez no ha querido o no ha sido capaz de formar ahora un gobierno con Unidas Podemos, ¿por qué podría hacerlo en noviembre con resultados electorales muy parecidos a los actuales según los sondeos? ¿O tiene otros propósitos?

Volver de nuevo a las urnas es un desenlace que, no por anunciado, deja de ser inquietante. Son cuatro elecciones en cuatro años. Eso suena a inestabilidad? Pero el PSOE, que ha buscado y logrado que haya elecciones, osa decir que es Unidas Podemos quien aporta la inestabilidad.

Uno de los pecados de los creyentes monoteístas es “tomar el nombre de Dios en vano”. Hoy, metafóricamente cabría considerar políticamente “pecado” tomar el nombre del pueblo en vano y, aún más, pretender hablar en su nombre. Lo hizo en rueda de prensa Isabel Celaá, portavoz del gobierno en funciones de Sánchez, al decir que los ciudadanos “entenderán” las razones del PSOE al retirar la oferta de Gobierno de coalición a Podemos. “La ciudadanía -dijo- lo entiende y lo entenderá cada día más, porque a España no le interesa un Gobierno endeble, débil, poco conexo, que no aporta estabilidad”. Una descalificación muy dura del mismo Unidas Podemos del que hace unos meses, por ejemplo, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, afirmaba que “está claro” que Unidas Podemos es el “socio prioritario” del PSOE. ¿En qué quedamos. Todos los males o socio prioritario?

Pablo Iglesias, el coco

Sánchez no quería formar gobierno con Unidas Podemos. Tal parece al repasar los vergonzosos dos últimos meses de actividad política y declaraciones. ¿Se ha acobardado Sánchez ante los dueños de España (Ibex 35 y demás), nada dispuestos a aceptar la menor veleidad de izquierda de verdad? Desde junio de 2018, cuando Sánchez echó a Rajoy del gobierno, el PSOE ha repetido hasta la saciedad que son la izquierda. Sin embargo, no parece que Sánchez esté dispuesto a cambiar nada a fondo, si gobierna. Lo demuestra que no haya derogado la ley nefasta mordaza, ni parece que vaya a hacerlo, como tampoco ha suprimido la no menos nefasta reforma laboral del PP, causa directa documentada de la extensión de la precariedad, hasta ser plaga, del incesante aumento de la desigualdad así como del riesgo de exclusión social. Como tampoco han expresado Sánchez y su entorno voluntad alguna de controlar los abusivos precios de alquiler de viviendas que se han disparado en el último año.

¿Se ha arrugado Sánchez ante el poder económico y financiero patrio como le pasó a Zapatero? Aquel acoquinamiento en 2009 supuso los inaceptables recortes sociales que impusieron la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo para reducir el déficit. En realidad en beneficio de los bancos, grupos financieros y grandes empresas que Zapatero aplicó diligente.

Pedro Sánchez dice que PP, Ciudadanos y Unidas Podemos han bloqueado su investidura. Pero pudo ser investido acordando en septiembre con Unidas Podemos la misma oferta que le hizo en julio y que, erróneamente, Pablo Iglesias entonces no aceptó. Ahora, cuando Unidas Podemos propone volver a negociar esa oferta, desde el gobierno dicen que ya no vale. Una propuesta política ¿es como un yogur que excede la fecha de caducidad?

En el cruce de declaraciones, la vicepresidenta Carmen Calvo afirmó que no hubo acuerdo con Unidas Podemos porque querían a Iglesias en el Consejo de Ministros. No es cierto. El país vio en televisión como Iglesias declaraba que, si el problema era él, renunciaba a estar en el gobierno. Sin embargo, dirigiéndose a la bancada de Unidas Podemos, la vicepresidenta en funciones insistió en que “el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes. Ustedes han tenido un problema todo el tiempo: o su líder estaba en el gobierno o se rompía la baraja”. Faltó a la verdad.

Las malas compañías de Unidas Podemos

Tras dimes y diretes e intercambio de declaraciones, Sánchez está donde quería: a punto de meterse en campaña electoral para arañar algunos escaños más pues confía en que los últimos vuelcos erráticos de Ciudadanos den al PSOE votos de centro. Ese mítico lugar, como ironiza Nacho Escolar, donde se forman las grandes mayorías. Parece que los tiros van por ahí porque Sánchez declaró que tras las elecciones formará un Ejecutivo de “inspiración progresista” pero también de “moderación”, “serenidad” y “estabilidad”. Y, cuando en política se habla de “moderación”, se está diciendo que no se molestará a la minoría propietaria del país o muy poco. En lenguaje coloquial, los ricos. Eso es el centro que, en honor a la verdad, es una derecha civilizada, pero que defiende sobre todo los intereses del poder económico.

Sánchez se ha distanciado de Unidas Podemos porque porque la compañía de esos “radicales” impide que se le considere de centro. Pero Sánchez yerra porque Unidas Podemos es un partido socialdemócrata tan poco “comunista” como los laboristas británicos o socialdemócratas suecos. Otra cuestión es que sus propuestas políticas, como las de socialistas suecos o laboristas británicos, busquen mejorar la vida de la gente, que eso sí lo tienen. Pero el sistema no se toca. O sea que de revolución, nada de nada.

Para rematar el festival de desatinos, tras anunciar que habrá elecciones de nuevo, Sánchez pidió a los ciudadanos españoles que el 10 de noviembre al votar digan las cosas más claras, “para que las escuchen el resto de partidos”. Parece que “cosas claras” significa votar más al PSOE.

Una derecha peligrosa

En el Reino de España hay una derecha trícefala sin parangón en la Unión Europea. Una derecha sucesora y heredera del franquismo formada por el muy conservador Partido Popular, el equívocó Ciudadanos (que cuando nació simuló ser partido de ‘centro’ progresista) y el franquista Vox. Una derecha necia (de necio, nescire: ignorar, no saber) que defiende los intereses de la minoría rica. Así lo demuestra una de las primera decisiones del recién formado gobierno derechista andaluz: suprimir de hecho el impuesto de sucesiones. O, dicho de otro modo, regalar unos 400 millones de euros a los ricos que hereden en Andalucía; millones que las arcas públicas regionales dejarán de recaudar. Pero, como la regulación fiscal de las herencias es estatal y no regional, la trampa del gobierno andaluz conservador, para servir a sus señoritos ricos, ha sido conceder una bonificación que permite descontar el 99% del impuesto a pagar por heredar. Es decir que, de hecho, lo suprime. Al servicio de quien están lo demuestra que sa medida solo beneficia a unos 20.000 ciudadanos andaluces que hereden, la minoría poseedora de grandes patrimonios en una población de ocho millones y medio.

Faltar a la verdad

Además de defender los intereses de los ricos, el Partido Popular recurre de nuevo a la falacia de insinuar que hubo una conspiración contra el PP en el peor atentado terrorista de España: el 11-M. Pablo Casado ha osado decir que las víctimas merecen saber la “verdad”. ¿Qué verdad? La verdad es que tres años después de que la Audiencia Nacional condenara a los responsables de aquel atroz atentado, sin dejar el menor resquicio de duda al respecto, seguir con esa miserable falsedad es injuriar la memoria de las 192 personas que murieron en el atentado mas sangriento perpetrado en España.

Pero no ha de sorprender, porque el líder del PP falta a la verdad con frecuencia. Pretende haber conseguido el adelanto electoral porque el PP se opuso a los presupuestos del gobierno Sánchez y así forzó a éste a disolver el Congreso. Olvida Casado (o no sabe restar) que los presupuestos se hubieran aprobado, incluso con el voto en contra del PP y Ciudadanos, pero que quienes los tumbaron fueron los partidos independentistas catalanes al votar en contra. Casado insiste, sin aportar dato ni hecho alguno, que el gobierno de Sánchez ha firmado no se sabe qué secretos pactos con los partidos catalanes independentistas. Y también falta a la verdad al atribuir a la no demasiado nutrida concentración de las tres derechas en la Plaza Colón de Madrid el fin de la negociación del Gobierno español con el gobierno de Cataluña. Falso. Dos días antes de esa concentración, Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, anunció que se había roto el diálogo con los independentistas.

Propiciando el aumento del independnetismo

Casado sostiene también que el Gobierno “ha acercado los presos catalanes a la cárcel de Lledoners” como sospechosa concesión a los independentistas. Pero no ha sido el gobierno sino el juez instructor del caso del referendo del 1-0, Pablo Llarena, quien dictó una providencia que argumentaba que “no hay razón procesal que lleve la custodia de los procesados a un centro penitenciario concreto“. Tras el dictamen judicial, Instituciones Penitenciarias trasladó a los presos, aplicando la norma penitenciaria que indica que los encarcelados han de estar lo más cerca posible de su ambiente personal y familiar habitual .

Lo paradójico en este conflicto es que el independentismo catalán creció con el gobierno de Rajoy , teniendo el PP mayoría absoluta en el Congreso. Y, gobernando el PP, los independentistas han logrado tener mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña. Lo que invita a concluir que el mayor promotor de facto del aumento de independentistas en Cataluña pudiera ser el PP. Mirando fechas y porcentajes de independentistas, los partidarios de la independencia de Cataluña aumentaron exponencialmente tras el recurso del PP presentó al Tribunal Constitucionsal contra la reforma del Estatut de Catalunya (que el Congreso aprobó sin problemas) y la consiguiente sentencia del Tribunal recortando competencias de autogobierno entre las que, curiosamente, algunas están vigentes en los estatutos de autonomía de Valencia y Andalucía sin que nadie haya protestado y, menos aún, recurrido. Antes de esa sentencia, los partidarios de la independencia de Cataluña nunca consiguirieron superar el 10% cuanto más, pero hoy son del 45 al 48%. Parece claro quien habría provocado el aumento del independentismo.

Dialogo o represión, no hay otra

Sobre el conflicto catalán, The Economist ha criticado en editorial la decisión de PP y Ciudadanos de ir incluso más allá que el centralista y ultraderechista Vox. El semanario británico asegura que la política de represión y recorte del autogobierno (que eso es la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que reclaman con insistencia esos partidos) “aumentará los partidarios de la independencia”. La cuestión con datos y cifras es que si un 45% es independentista, algo habrá que hacer para buscar una solución política. ¿O acaso pretenden las derechas resolver la situación con control y represion constantes del 45% partidario de la independencia?

En Irlanda del Norte, tras años de matarse unos a otros, católicos y protestantes se sentaron a dialogar, a negociar. El resultado fue que acordaron gobernar conjuntamente ese país y que la violencia sistemática finalizara. Irlanda del Norte se nrmalizó. En el conflicto catalán se parte de mejor posición, más positiva, pues, por más que la Fiscalía pretenda, en el llamado juicio al Procés, que hubo rebelión porque hubo violencia, ha sido la propia Europa la que lo ha desmentido con argumentos jurídicos al negar la extradición de Carles Puigdemont, ex-presidente de la Generalitat de Catalunya, huido a Bruselas y arrestado en Alemania.

Y, siguiendo con la radiografía de la derecha hispánica, nos encontramos con un hecho inquietante que se refiere a la actuación política por la igualdad de mujeres y hombres. Vox ha pedido a la Junta de Andalucía datos de empresas, empleados y ONG que trabajan contra la violencia machista en esa comunidad autónoma. Vox pide información de los empleados que evalúan los casos de violencia de género y, aunque no reclama nombres porque el Parlamento andaluz no los puede faciltar por la vigente protección de datos, Vox exige perfil profesional, categoría laboral y número de colegiación de esos empleados. ¿Para qué quiere Vox esos datos?

¿Listas negras?

Francisco Serrano, presidente del grupo Vox en el parlamento andaluz, pretende, sin aportar dato alguno, que los empleados que trabajan para la Consejerías de Justicia e Igualdad contra la violencia machista no están cualificados y los acusa de elaborar informes ideológicos. Como le ocurre al buen burgués de la comedia de Moliére El burgués gentilhombre, que no sabía que él hablaba en prosa, Vox tampoco sabe que acusar de ‘ideológico’ un informe es absurdo. Pues, salvo que estés muerto, la actividad humana es ideologica. Así lo afirma la Real Academia de la Lengua Española que define ideología como conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época. ¿Acaso se puede actuar sin ideas? Tal vez la derecha sí, pero no el resto. ¿Qué busca Vox con esa petición de datos de la gente que trabaja contra la violencia machista? ¿Maccartismo español con listas negras? Sería muy grave y más aún cuando PP y Ciudadanos callan ante la petición de Vox.

Es evidente, notorio y más allá de cualquier duda que la española es una las peores derechas de Europa. Algo habrá qué hacer.

Un país desmemoriado

En el prólogo del libro El país de la desmemoria, quien fuera juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, escribe que hablar de lo que ha sucedido en este país es hacerlo real. Es el propósito del periodista sevillano Juan Miguel Baquero, autor del citado texto: contar graves y terribles verdades de dolor y muerte en este país desde 1936 a 1975, nunca abordadas oficialmente. Con este libro, Baquero hace suyas las reclamas y reivindicaciones de las víctimas de la rebelión militar franquista con la ayuda del fascismo italiano y del nazismo alemán, que se conoce como guerra civil española. Más las del largo período de feroz dictadura que siguió a aquélla. Reivindicaciones y derechos de las víctimas, nunca atendidas ni satisfechas, que se resumen en el trinomio verdad, justicia y reparación.

Masacres

El libro de Baquero empieza con un capítulo aterrador: ‘Ensayo para la barbarie’, en el que sin el menor eufemismo, con atroz claridad, cuenta la que se conoció como La Desbandá, la masacre de miles de civiles que huían de Málaga, tras su conquista por las tropas franquistas, por la carretera hacia Almería. Probablemente uno de los peores crimenes de guerra perpetrado por los franquistas. Masacreejecutada por la artillería pesada de los cruceros franquistas Canarias, Baleares y Almirante Cervera y las bombas arrojadas por aviones nazis y fascistas, en tanto la infantería italiana ametrallaba por tierra a los civiles inermes. Hubo más de 5.000 muertos y eran más de 200.000 refugiados (hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños) quienes huían aterrados y asediados por tierra, mar y aire. Una matanza fríamente premeditada contra el pueblo trabajador porque allí no había guerra, cuenta a Baquero un testigo nonagenario que lo sufrió siendo niño.

Hubo otras masacres con bombardeos de aviación nazi o fascista (Guernica, Barcelona, Xátiva…). Matanzas de civiles lejos del frente de guerra, escribe el autor, que demuestran la voluntad genocida del franquismo: aniquilar al adversario social y político. Esa voluntad terrorista (porque buscaba causar terror para disuadir de cualquier resistencia) causó en pocos años y mucho más allá del fin de la guerra civil, unos 115.000 desaparecidos forzados, cifra reconocida por entidades internacionales, cuyos cadáveres siguen enterrados anónimos en las más de 2.500 fosas comunes en cementerios y cunetas de todo el país. Una realidad execrable que hace de España el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados tras Camboya, que se lleva la palma, y muchas más víctimas que Chile y Argentina bajo sangrientas dictaduras militares.

Los capítulos de El país de la desmemoria apuntan a un texto intenso y esclarecedor. Y así, el autor aborda Ensayo para la barbarie, El genocidio fundacional del franquismo, Tierra sembrada de fosas comunes, Justicia contra impunidad, Mujer: del feminsimo la represión, Memoria LGTBI, Memoria viva… textos que dejan aterrado al lector. Carlos Slepoy, el abogado que presentó ante la justicia argentina por justicia universal una querella contra los crímenes de Franco y sus cómplices, asegura que en España hubo un genocidio, una persecución planificada contra un enorme sector de la sociedad española para hacerla desaparecer.

Una Comisión de la Verdad

Pablo de Greiff, relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, instó al Estado español a juzgar los crímenes del franquismo y a dejar sin efecto la ley de amnistía de 1977. Ese relator ha propuesto al gobierno de España que cree una entidad oficial independiente, una comisión de la Verdad, que averigúe y publique todo lo ocurrido en este país, desde 1936 hasta los años posteriores a la muerte del dictador, para esclarecer los crímenes del franquismo. Ejecuciones tras consejos de guerra, asesinatos extrajudiciales, depuraciones profesionales masivas, saqueo de bienes de los vencidos, robo sistemático de propiedades comunes, violaciones sistemáticas, torturas continuas, trabajo esclavo de miles y robo de bebés que, recuerda Baquero, son los crímenes que empezaron a perpetrarse con la rebelión militar de julio de 1936 y se prolongaron durante décadas y aún algunos más allá de la muerte del dictador.

Recordemos que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue una institución oficial creada por el gobierno de Sudáfrica, presidido por Nelson Mandela, para que hubiera justicia tras el fin del apartheid. Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos eran invitadas a explicar sus sufrimientos y los autores de los crímenes podían confesarlos en audiencias públicas. Tras escuchar testimonios y relatos, las víctimas decidían si se concedía impunidad a los autores de crímenes y violaciones de derechos humanos.

La Comisión de la Verdad nunca fue una institución judicial, sino un área de mediación entre víctimas y agresores. Presidió esa comisión el arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz en 1984, y su lema fue que “sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”. Propósito perfectamente aplicable a España. Esa Comisión permitió esclarecer desapariciones, asesinatos y otros muchos delitos que hubieran permanecido ocultos e hizo posible que las víctimas fueran reconocidas y se les otorgara reparación por su sufrimiento. La Comisión de la Verdad sudafricana ha sido modelo para otros países que han sufrido períodos de violencia, dictaduras o guerra civil.

La trampa

Pero en el Reino de España conocer y reconocer la verdad sobre la guerra civil y la dictadura que siguió tropieza una y otra vez con la trampa que oganizaron franquistas ‘reformistas’ que participaron en la Transión a la Democracia, para asegurar la impunidad del franquismo. Esa trampa es la ley de Amnistía de 1977. Todos los intentos de investigar los crímenes del franquismo han sido frenados, rechazados, alegando que esas investigaciones van contra esa ley de Amnistía del 77. Eso le ocurrió a Baltasar Garzón, cuando era magistrado de la Audiencia Nacional, que empezó a investigar los crímenes de la dictadura franquista, fue acusado, juzgado y apartado de la carrera judicial porque había contravenido esa ley. Y eso a pesar de que la ONU, el Consejo de Europa y organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rigth Watch, han denunciado una y otra vez que recurrir a la ley de Amnistía no es valido ni admisible jurídicamente.

El abogado Jaime Sartorius, que formó parte de la Comisión parlamentaria que elaboró esa ley, ha asegurado de palabra y por escrito que en el debate parlamentario nunca se dijo que la ley de amnistía fuera borrón y cuenta nueva de los delitos del franquismo. Y Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, recordó que fue la UCD de Suárez (otro partido heredero del franquismo), la que coló al final de la tramitación parlamentaria proposiciones que nunca estuvieron en el texto acordado de esa ley. Clausulas que extendían la amnistía a los delitos contra las personas cometidos por funcionarios de la dictadura y por agentes de orden público. O, lo que es lo mismo, la impunidad para los crímenes de la dictadura y sus responables. Cuando ése no era en modo alguno el objetivo de la ley de Amnistía que lo que se proponía era vaciar las cárceles de personas presas por haber luchado por las libertades contra la dictadura franquista.

Con tanta trampa y engaño, este país necesita con urgencia una Comisión de la Verdad que se ponga en marcha cuanto antes para reconocer lo que ha sucedido, juzgar los crimenes del franquismo y ofrecer reparación a las decenas de miles de víctimas, tal como ordena el derecho internacional. El libro El país de la desmemoria de Juan Miguel Baquero es un buen punto de partida.

Tribunales privados de arbitraje, un expolio

El Parlamento Europeo ha dado hace pocos días el visto bueno a un acuerdo de libre comercio e inversión de la Unión Europea con Singapur. Esos tratados bilaterales básicamente suprimen los aranceles y hasta aquí no entrañaría peligro un acuerdo contra el proteccionismo comercial. El problema grave para los Estados aparece porque esos tratados bilateales pretenden anular lo que sus redactores denominan ‘otras barreras no arancelarias’. ¿Qué barreras?

El peor, el más peligroso de los mecanismos que contiene un tratado blateral de inversión es una clausula por la que grandes empresas y corporaciones multinacionales pueden demandar a los gobiernos si consideran que sus leyes y normas, incluso comunicados informativos, perjudican sus beneficios de grandes empresas. Pueden demandar, pero no ante tribunales públicos legítimos que siempre ignoran, sino recurriendo a unos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje que solo son equipos de tres abogados privados de elevadísimos honorarios sin ninguna legitimidad democrática. Pero las partes los aceptan para arbitrar, dirán los defensores de tan equívoco método. Puede parecerlo, pero en realidad los Estados se ven forzados a aceptar esos pretendidos ‘tribunales’ internacionales de arbitraje pues, de otro modo, no hay inversión. El truco está en que, cuando un Estado firma uno de esos tratados para asegurar inversiones que permitan crear empleos, el tratado incluye siempre un llamado ‘método de resolución de controversias’ que permite a grandes empresas y corporaciones multinacionales demandar a Estados soberanos por cantidades multimillonarias cuando consideran que peligran sus beneficios y, para mayor desfachatez, no solo beneficios actuales sino también futuros posibles. Veamos botones de muestra de tal pillaje.

Miles de millones de indemnización

Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la multinacional petrolera Occidental. Un presunto tribunal formado por tres abogados privados decidió que el Estado cancelase el contrato con esa petrolera, porque no respetaba las normas de protección medioambiental incluidas en el contrato, era una expropiación y, por tanto, el Estado ecuatoriano debía indemnizar a la petrolera. La corporación Vattenfallal reclamó 3.700 millones de euros al Gobierno alemán porque, tras el desastre nuclear de Fukushima en Japón, ese gobierno, en evidente ejercicio de prevención y responsabilidad, cerró las plantas nucleares que la empresa sueca gestionaba. Philip Morris demandó a Uruguay por advertir en los paquetes de tabaco que fumar es malo para la salud. y Renco demandó a Perú por 800 millones de dólares porque el gobierno de ese país revocó su permiso para fundir metales por utilizar métodos muy contaminantes. Bear Creek demandó también a Perú por 1.200 millones de dólares porque el gobierno rescindió el contrato con esa multinacional minera por agredir el medio ambiente y por los asesinatos de indígenas en las protestas populares contra esa empresa. La empresa Veolia demandó a Egipto al considerarse perjudicada porque el gobierno aumentó el salario mínimo. Cecilia Olivet, investigadora de Transnational Institut, ha contado que, en la demanda de la empresa alemana Fraport contra el Estado filipino, el gobierno de Filipinas tuvo que gastar millones de dólares para pagar a sus abogados para afrontar la demanda. La cantidad pagada era equivalente al salario de un año de 12.500 profesores, la vacunación de casi cuatro millones de niños contra la tuberculosis, difteria, tétanos o polio o construir dos aeropuertos.

Tales inaceptables dictámenes y amenazas contra Estados soberanos no son política ficción. Son reales y han sido y son posibles por los llamados tribunales de arbitraje internacional que, con diversos nombres (ISDS ha sido uno de ellos) pretenden ser un modo de resolver conflictos entre empresas extranjeras inversoras y gobiernos en cuyo territorio se instalan, pero que en verdad más bien son otros modos de aumentar los beneficios de las multinacionales por medio de demandas.

Por otra parte, esos abogados privados de esos pretendido tribunales de arbitraje hacen tanto de acusadores como de testigos o árbitros que deciden la indemnización ¿Cómo asegurar ni la menor sombra de justicia cuando son juez y parte? Otrosí, muchos de esos presuntos árbitros además han sido miembros de consejos de administración de empresas demandantes, por lo que cualquier pretensión de que el arbitraje privado internacional tenga algo que ver con la justicia es un mal chiste. Sobre esos falsos tribunales, cabe recordar además que no han sido elegidos ni designados por ninguna entidad u organización democrática nacional ni internacional; no tienen nunca en cuenta las leyes nacionales ni el derecho internacional y casi siempre dictaminan a favor de las empresas. Sin olvidar también una regla jurídicamente inaceptable de esos arbitrajes: que los dictamenes de esos tribunales privados no se pueden recurrir ante instancia alguna privada, pública, nacional o internacional. Son inapelables. Como si los dictámenes los pronunciara dios.

Nuevos beneficios para las multinacionales

Actualmente podría haber unos pocos miles de tratados bilaterales que permiten recurrir a esos presuntos tribunales privados. ¿Para dirimir conflictos entre empresas y Estados? Para que las multinacionales consigan nuevos y mayores beneficios. Según el informe “Cuando la injusticia es negocio” de Pia Eberhardt y Cecilia Olivet, el arbitraje internacional además ha creado una red de fondos de inversión, árbitros, abogados, empresas y demandantes, red que especula con producos financieros que son paquetes de demandas a estados convertidos en activos especulables.

Además de fallar casi siempre a favor de las empresas, los abogados de arbitraje internacional animan a las multinacionales a demandar a los gobiernos o amenazarlos con demandas para que cedan a sus pretensiones de no tomar medidas de protección ambiental, por ejemplo. Además, aseguran ser fácil que una multinacional logre un acuerdo ventajoso con un gobierno si lo amenaza antes con una demanda. Puro Corleone.

Quien tal vez haya retratado mejor la surrealista e indecente situación de los tribunales privados de arbitraje haya sido Juan Fernández Armesto, abogado español que fue árbitro internacional en alguna ocasión. A Fernández Armesto le sorprende que Estados soberanos acepten el arbitraje privado y se dé a tres particulares el poder de rechazar las actuaciones de un Gobierno, las decisiones de tribunales o las leyes y reglamentos de un Parlamento. Sin apelación posible.

Un desafío a los gobiernos democráticos

Como denuncia la red europea de ATTAC, movimiento social global por la justicia económica y fiscal, en Europa las grandes empresas han utilizado y utilizan estos tribunales privados para desafiar a los gobiernos que actúan en beneficio de la población. Los sistemas de arbitraje privados reducen el poder de diputados y gobiernos elegidos para cumplir mandatos y deberes con la ciudadanía. Con esos tribunales privados de arbitraje, multinacionales y grandes inversores , es decir, los super-ricos, amenazan los servicios públicos que garantizan los derechos de la ciudadanía, el acceso al agua y a la energía limpia. También peligran los derechos de los trabajadores, de los consumidores y la protección del medio ambiente.

Pero hace unos días, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que interpreta y aplica el Derecho de la UE, se ha pronunciado sobre una controversia entre la República Eslovaca y Achmea BV, una empresa de seguros holandesa. La sentencia del TJUE da la razón a Eslovaquia que denunció el fallo de un arbitraje privado contra la recuperación del sistema público de salud que había sido privatizado. El TJUE argumenta que recurrir a tribunales privados es incompatible con el Derecho de la Unión y ha anulado la resolución de ese arbitraje, que decía lo contrario, y reafirmado que el Derecho europeo prevalece, está por encima de los derechos nacionales y ningún texto, tratado o disposición de Estados miembros puede ir contra el derecho de la UE ni puede ignorar el bagaje jurídico comunitario que los países miembros aceptaron libremente al ingresar en la Unión Europea.

Ahora, los países europeos tendrán que aplicar esta interpretación legal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sus leyes y ordenamientos, pudiendo ser declarados nulos todos los laudos de tribunales privados de arbitraje que no respeten la citada sentencia.

Aunque lamentablemente no afecta a multinacionales no europeas, en medio de tanto pillaje de multinacionales, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo es un balón de oxígeno contra los pretendidos tribunales privados de arbitraje. Porque desde ahora, ninguna multinacional europea (como la holandesa Achmea BV) podrá demandar a un Estado europeo porque vulnera el derecho de la Unión Europea.

Llueve sobre mojado en la justicia española

Algunos hechos y dictámenes judiciales siembran dudas sobre la justicia en España. ¿Es la propia de un Estado democrático con separación de poderes e independencia judicial? Para empezar a responder cuestión tan preocupante cabe referirse a la reciente decisión del Tribunal Supremo de hacer recaer el impuesto sobre las hipotecas sobre los hipotecados y no a los bancos prestamistas. Una marcha atrás del Supremo que se ha desdicho de su primer dictamen: que ese impuesto debía pagarlo la banca. Tal viraje difícil de comprender ha provocado que el sábado 10 de octubre haya habido en España más de cincuenta concentraciones ciudadanas desde A Coruña a Málaga, desde Gijón a Sevilla y desde Girona a Huelva con el sarcástico lema de ‘gana la banca’. Esas cívicas concentraciones protestaban contra la citada decisión del Supremo que en finalmente hizo recaer el impuesto que grava los préstamos hipotecarios en los ciudadanos solicitantes del préstamo, no en los bancos. Juristas y entidades jurídicas no ligadas a la banca manifiestan que, según la regulación de ese impuesto, aplicando el principio fiscal de progresividad, el que establece que paga más quien más tiene y menos el que de menos dispone, los receptores del préstamo no deben pagar el impuesto.

Por otra parte, el pasado mes de abril, una recientemente creada Asociación Atenas de Juristas por los derechos civiles se querelló contra todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por un presunto delito continuado de prevaricación por la “ejecución de un plan tendente a alterar la garantía de imparcialidad y la independencia judicial” (…) para el que “propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y postura ideológica” (…) para “garantizarse el enjuiciamiento con magistrados afines al Partido Popular” en las causas de corrupción que afectan a sus dirigentes.

No fue un juicio justo

Y en tercer lugar cabe destacar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha sentenciado que Arnaldo Otegi, coordinador de Euskal Herria Bildu, no tuvo un juicio justo en el llamado caso Bateragune, el intento de reconstruir el ilegalizado Herri Batasuna en el País Vasco. Otegi y otros cuatro dirigentes nacionalistas vascos recurrieron al tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la “parcialidad” de Ángela Murillo, magistrada de la Audiencia Nacional y presidenta de la sala que los condenó.

El TEDH sostiene que la desconfianza de Otegi hacia la juez Murillo estaba “objetivamente justificada”, pues dos meses antes el Tribunal Supremo había aceptado recusar a esa magistrada en otro caso que también juzgaba a Arnaldo Otegi. En marzo de 2010, la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, presidida por Ángela Murillo, condenó a Otegi a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. El dirigente vasco había recusado a esa magistrada, el Supremo aceptó recusarla, el juicio se repitió y, con otros magistrados, la misma Sala de la Audiencia Nacional absolvió a Otegi .

Por otra parte, el Grupo de Estados Contra la Corrupción y el Crimen Organizado (GRECO), que depende del Consejo de Europa, ha enviado al Gobierno de España en cuatro ocasiones denuncias y advertencias por la “total parcialidad de los altos estamentos de la Justicia española designados por un órgano tan politizado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.

En su Informe sobre prevención de la corrupción con parlamentarios, jueces y fiscales, el GRECO reclamó a España ya en enero de 2014 que evaluara “el marco legislativo que rige el CGPJ y sus efectos sobre la independencia de este órgano”, y que “se estipularan por ley los criterios objetivos y requisitos de evaluación para nombrar altos cargos de la judicatura como presidentes de las Audiencias Provinciales, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y garantizaran que esos nombramientos no ponen en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso”.

Dar la callada por respuesta

Tres años después, en octubre de 2016, el GRECO, en su Informe de Cumplimiento, lamentaba que España no hubiera aplicado ni una sola de las recomendaciones hechas al gobierno, denunciando como “globalmente insatisfactorio” el comportamiento del gobierno español para garantizar la independencia de la Justicia.

Y una reciente y grave cuestión: el Tribunal Supremo juzgará en breve por rebelión y sedición a nueve líderes independentistas catalanes en prisión preventiva desde hace un año. El delito de rebelión, que el Código Penal describe como alzamiento con violencia para conseguir objetivos políticos, se castiga con 30 años de prisión.

El 1 de octubre de 2017, fecha de un referendo ilegal convocado por el gobierno de Cataluña, hubo concentraciones y manifestaciones masivas y pacíficas que la Fiscalía considera alzamiento con violencia, a pesar de que la única violencia que hubo fue la de algunos agentes de fuerzas de seguridad del Estado para impedir que se votara en algunas localidades de Cataluña.

Al respecto es esclarecedor el auto emitido por la Audiencia Provincial de Barcelona que asegura que los agentes de la Guardia Civil “golpearon a ciudadanos sin finalidad aparente” el 1 de octubre de 2017 en un colegio electoral de Sant Joan de Vilatorrada de la provincia de Barcelona. Los hechos a los que se refiere el auto son el intento de votación en el referendo ilegal convocado por el gobierno catalán en el Instituto de Enseñanza Secundaria Quercus, convertido en colegio electoral, y la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en ese lugar para impedir la votación. Resultaron heridas por las cargas policiales 14 personas.

Los magistrados cuestionan que fuera necesario usar la fuerza para impedir la votación porque el referendo había sido suspendido por el Tribunal Constitucional y, por tanto, ya no tenía efectos jurídicos ni otras consecuencias. Si la Policía Nacional y la Guardia Civil hubieran dejado votar no hubiera pasado nada, como así sucedió en los lugares en los que sí hubo votaciones.

Un delito imaginario

Volviendo al juicio a los dirigentes independentistas catalanes, Javier Pérez Royo, profesor de Derecho Constitucional, escribió ya hace meses que, “el delito de rebelión que el Juez Instructor contra los independentistas ve en la actuación de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya firmaron también más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión que figura en la orden europea de un juez que pidió a Alemania la extradición del anterior presidente del gobierno catalán, exiliado a ese país, es un delito imaginario, afirma Pérez Royo, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

Por su parte, los abogados defensores de los independentistas acusados han denunciado además las dificultades para conocer el sumario y también que el juicio debería celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues los hechos a juzgar sucedieron allí. Además los letrados denuncian que se les ha negado aportar más de 300 pruebas, documentos y testimonios, y censuran la falta de imparcialidad de los jueces, pues ellos fueron quienes admitieron a trámite la querella de la Fiscalía y por ello su actuación podría estar viciada.

Los independentistas catalanes acusados serán juzgados por rebelión, delito que en su día rechazó el Tribunal del estado federado alemán de Schleswig-Holstein al negar la extradición de Puigdemont, anterior presidente del gobierno catalán.

Visto lo anterior, no cabe duda de que en el Reino de España hay una situación preocupante en la administración de justicia. Inquietante porque una justicia independiente e imparcial es requisito imprescindible de un país democrático. ¿Lo es en el Reino de España?

Derecha, mentiras y golpe de estado

Algunos medios calentaron el ambiente político estos días con declaraciones de la derecha sobre la preparación de un golpe estado por los independentistas con complicidades del gobierno de Sánchez. Sin contraste ni prueba alguna, claro. A la acusación directa o solapada de golpe de estado, perpetrada por una de las derechas más inmorales de Europa, la del Reino de España, respondió Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Irritado por las intervenciones de esa derecha, que calificaban de golpe de Estado lo sucedido en Cataluña el 1 de octubre, respondió que “aquí no ha habido ningún golpe de Estado, porque el concepto mismo de golpe de Estado implica fuerza y coacción, y todo el proceso catalán ha sido pacífico”.

Para la derecha españolista todo lo que no concuerda con su visión centralista y carpetovetónica de España es un golpe de estado o algo similar. Aunque nada tenga que ver con la realidad política, el PP agita el espantajo del golpe de estado porque le ayuda a crispar la vida política y eso le conviene para tapar sus propias miserias. En el colmo del delirio, Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de ser “partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España“. Un golpe, por cierto, del que no hay siquiera el menor indicio, como sí los hubo de conspiraciones, por ejemplo, inmediatamente después de proclamarse la República en 1931.

Golpe de Estado, por fortuna fracasado, sí fue el perpetrado el 23 de febrero de 1981 en grado de tentativa por el general golpista Milans del Bosch que sacó durante horas los tanques a la calle en Valencia, mientras un grupo de guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, ocupaban metralletas y pistolas en mano el Congreso de los Diputados y secuestraban durante horas a diputados y diputadas.

El curioso hallazgo del golpe de estado sin violencia armada

En el ceremonial de confusión que la derecha impulsa, y de modo especial el Partido Popular, un dirigente del PP, Javier Maroto, ha osado decir desde las más absoluta de las ignorancias o algo peor que “los golpes de Estado, desgraciadamente hoy no se dan con tanques o sables como en el siglo pasado sino que se pueden dar en los parlamentos“. Si la realidad no coincide con lo que les interesa (que un golpe de estado puede darse sin violencia armada), cambian el significado de las palabras que definen esa realidad (el golpe de estado en este caso) hasta que encaje en lo que les conviene para sus oscuros planes. Por supuesto ese tal Maroto no aportó ni un solo caso de los pretendidos golpes llevados a cabo por un Parlamento. Porque lo cierto es sencillamente que hay golpe de estado cuando hay una clara amenaza directa e inmediata de violencia armada. Es una condición sine qua non.

En la descripción del golpe de estado de Edward Luttwak, ejércitos, fuerzas de seguridad y milicias o grupos armados son protagonistas, porque pueden usar la fuerza física y encarcelar a quienes se oponen a sus planes con la amenaza de las armas, aunque no se lleguen utilizar.

¿Golpe de estado utilizando un Parlamento, según Maroto que es según el PP? ¿Cómo si los independentistas catalanes tienen una reducida presencia en el Congreso? ¿O desde el Parlament de Catalunya? Imposible, porque en el Reino de España, los gobiernos autonómicos, incluida la Generalitat, forman parte del Estado, pero en posición subordinada al Gobierno central y a otros poderes estatales y, por tanto, sin posibilidad alguna de tomar el control del Estado ni de obligar a la judicatura a certificar sus decisiones como bien ha explicado Iñigo Sáenz de Ugarte, quien recuerda además que el carácter violento de un golpe de estado es un ingrediente imprescindible y que la sola amenaza de usar la fuerza armada, por quien está en disposición de hacerlo, es suficiente.

¿Dónde había amenaza de violencia armada en la manifestación de setiembre ante la Conselleria de Economía mientras era registrada por mandato judicial por agentes de la Guardia Civil? Esa inexistente violencia amenazadora, que no se ha mostrado ni documentado, es una de las razones para acusar de rebelión a algunos independentistas. La única violencia conocida (y ésta sí está documentada) es la de algunos agentes de fuerzas de seguridad del estado para impedir el acceso a algunos colegios electorales en el ilegal referéndum del 1 de octubre.

Metáforas para no respetar la verdad

PP y Ciudadanos, y la Fiscalía por supuesto, pretenden que hubo violencia ese 1 de octubre para justificar la acusación de rebelión contra los independentistas juzgados en breve. Políticos del PP y Ciudadanos acusan a los independentistas catalanes de montar un golpe de Estado con el procés. ¿Cómo? ¿Y cómo iban a conseguir el poder? Un año después no ha cambiado nada en el reparto de poder del Estado y, por si hubiera dudas al respecto, conviene recordar que el tribunal alemán, que resolvió la petición de extradición de Puigdemont, detenido en Alemania, no pudo descubrir violencia alguna y por eso denegó la entrega de Puigdemont a España. Tal vez por esa inequívoca sentencia que niega que hubiera violencia por parte de los independentistas, algún genio de la derecha se ha sacado de la manga que hubo “violencia institucional” ejercida por el Govern y el Parlament de 2015 a 2017. ¡Por favor, que alguien explique como se come eso!

Cuando se decide sin base ni fundamento que la violencia no tiene por qué ser física ni armada, es fácil ver violencia, no real sino como mala metáfora, donde te dé la gana. Esa pésima metáfora llevaría a ver golpes de estado en todas las situaciones de desobediencia civil y actuaciones disidentes. Pero desobediencia civil pacífica y disidencia cívica no son rebelión ni golpe de estado. Según esos genios defensores de que hay golpes de estado sin violencia física, Gandhi sería responsable de un golpe de estado permanente en la India, aunque sus acciones, que nunca negó que eran desobediencia civil, fueran precisamente no violentas.

En el fondo del conflicto con Catalunya o en Catalunya está el franquista mito de la unidad de España que ignora con mala fe que España existe desde 1714 como entidad política unida. Antes estaban la Corona de Castilla y la Corona de Aragón (en la que estaba federado el condado de Barcelona que fue Cataluña con el paso del tiempo). Hacia 1640 Portugal y Cataluña se rebelaron y alzaron en armas contra Castilla, cada uno por su cuenta, pero no contra España que no existía como entidad política. Portugal venció y se independizó, pero Catalunya, no. ¿Piensan Casado y el PP reclamar a Portugal que retorne a la unidad de España?

Este cronista no es independentista ni lo ha sido y considera que los pueblos de España han de continuar juntos, pero en democracia auténtica libre, no cuajada de franquistas en todo el Estado ni contaminada por la designación del Jefe de Estado anterior por un dictador implacable cual fue Franco. En todo caso, el problema con Cataluña, creado en gran medida por un PP sin freno moral alguno, que ha maniobrado y manipulado para obtener réditos electorales, no se resuelve con represión, juicios ni cárcel, medidas muy queridas por autoritarios y totalitarios, sean franquistas, fascistas, nazis o los actuales criptofranquistas empotrados en el PP y en ocasiones en Ciudadanos.

Si no hay diálogo e inteligencia, no saldremos de este atolladero.

El Tribunal Supremo reconoce errores en la administración de justicia en crímenes machistas

Han pasado quince años desde que Felipe Rascón asesinase a su hija de siete años y se suicidara después en una visita del sistema establecido por un juez. Antes había habido reiteradas denuncias por violencia machista por la ex-esposa, Àngela González, y finalmente divorcio. El juez estableció un régimen de visitas a Andrea, la hija de los divorciados, y durante dos años Felipe Rascón vio a su hija en el lugar fijado por el juez, supervisado por un equipo de servicios sociales. Pero el juez modificó el régimen de visitas y permitió que Rascón pudiera llevarse a la niña y estuviera con ella a solas donde quisiera sin supervisión alguna, aunque los servicios sociales nunca dieron su visto bueno al régimen de visitas abierto. Pocos encuentros después de ese cambio, el 25 de abril de 2003, Felipe Rascón asesinó con dos disparos a su hija Andrea y luego se suicidó. Fue en la localidad de Arroyomolinos de la provincia de Madrid.

En los antecedentes del atroz crimen cabe destacar que la madre, Ángela González, había denunciado docenas de veces a su ex-marido por malos tratos, amenazas e intento de secuestro de la pequeña Andrea. Pero nunca hubo juicio alguna de esas denuncias. ¿Qué razones se esgrimieron por parte de la Justicia para no juzgar al denunciado maltratador?

La Convención de la ONU contra Toda Discriminación de la Mujer condenó a España

Tras el asesinato de la niña Andrea, la madre solicitó amparo justa compensación al Tribunal Constitucional, pero éste negó que la Justicia tuviese que asumir parte de la responsabilidad patrimonial por la muerte de la pequeña. El Constitucional no aceptó la petición pues consideró que el caso no tenía especial trascendencia constitucional y expresó en su dictamen que “lamentando profundamente el fatal desenlace, en el supuesto que nos ocupa no se aprecia que hubiese un funcionamiento anormal de la administración de Justicia”.

Sorprendente, vistos los resultados.

En el año 2014, la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmada y ratificada por España, condenó al Estado español por el asesinato de la pequeña Andrea. La CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dictaminó que España había violado derechos fundamentales tanto de la madre Ángela González como de su hija Andrea y pedía, entre otras medidas, “una reparación adecuada y una indemnización integral proporcional” a la gravedad de los hechos. También exigía una investigación exhaustiva e imparcial para averiguar los fallos del funcionamiento de la Justicia y repararlos. Además exhortaba a que se tuvieran en cuenta los antecedentes de violencia machista al otorgar custodias y visitas a los hijos, no solo en el caso de Andrea. También pedía una formación obligatoria en materia de violencia de género para jueces y otros operadores jurídicos.

El tiempo pasó y Ángela González siguió su batalla por consegir justicia hasta que la cuestión llegó al Tribunal Supremo español. Antes, cuando la ONU condenó a España, el Gobierno de Mariano Rajoy había declarado que los dictámenes de la ONU no eran vinculantes para España y por tanto no tenía porque acatarlos. Pero eso no es cierto en absoluto. El Tribunal Supremo de España recién ha sentenciado que hay responsabilidad del Estado en la desprotección que sufrieron Ángela González y su hija Andrea y lo obliga a indemnizar a la madre con 600.000 euros.

La ley de Naciones Unidas obliga sin excusa alguna

La sentencia es muy importante porque sienta jurisprudencia y doctrina, va mucho más allá del caso concreto y deja muy clara la obligatoriedad del Reino de España de acatar las propuestas y recomendaciones de los comités de Naciones Unidas, así como de los tratados de derecho internacional firmados y ratificados por España.

Gobierno del PP y Ministerio Fiscal alegaron ante el Tribunal Supremo que en la Justicia española no hay un procedimiento para aplicar los dictámenes de Naciones Unidas y éstos no pueden anular sentencias dictadas por la justicia Española. Pero una vez más eso no es cierto. El Tribunal Supremo indica que los dictámenes de la CEDAW son vinculantes y de cumplimiento obligado, puesto que el Estado español firmó esa Convención en la que se indica que “los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente convención“.

La sentencia del alto tribunal español ratifica además, más allá del caso del asesinato de Andrea, la necesidad de que la Justicia adopte medidas adecuadas y eficaces que tengan en cuenta los antecedentes de violencia machista al concretar derechos de custodia y visitas de los hijos, para no arriesgar la seguridad de los menores.

El Supremo recuerda que el artículo 96 de la Constitución española reconoce como parte de la legislación nacional toda la normativa internacional firmada y ratificada por el gobierno y publicada en el Boletín Oficial del Estado, además de que el artículo 10.2 de la Constitución indica explícitamente que “las normas de derechos fundamentales se interpretan y aplican según la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre esa materia”.

Es decir, y sin posibilidad de interpretaciones torticeras, tratados y convenciones de la ONU son de obligado cumplimiento. ¿Es preciso elaborar leyes y normas nacionales para aplicarlos correcta y eficazmente? Pues se elaboran. Pero aún hay más, porque la sentencia del Supremo no se refiere solo al cumplimiento del dictamen de la CEDAW en el caso Ángela Gonzalez, sino que todas las propuestas de cualquier convenio internacional y de todos los comités de derechos humanos de la ONU obligan. Por tanto, no valen excusas de mal pagador de no haber un modo tal o cual para aplicar los acuerdos y convenciones de la ONU. Si no lo hay, tiene que haberlo y pronto para cumplir la legalidad internacional.

¿Hasta cuándo?

Al respecto de la legalidad, cabe recordar que el otoño pasado, alrededor del 1 de octubre, estalló el conflicto entre la Generalitat de Catalunya y el gobierno del PP. Entonces los dirigentes del PP se hartaron de reivindicar la legalidad y no se cansaron de repetir que el peor delito de los independentistas había sido actuar contra la legalidad… Pero no hay dos legalidades, una que me conviene y cito y otra que me paso por el arco de triunfo con la pretensión de que no obliga, como la condena de la CEDAW, por ejemplo. Pues lo cierto es que la condena del Reino de España por la ONU en 2014 ha sido ratificada y aumentada por sentencia del Tribunal Supremo.

Esa sentencia del Supremo reconoce que el Estado español se equivocó en el caso de Ángela González y su hija Andrea y que los errores cometidos “provocaron lesiones y daños que no tenían porque soportar. Hubo desprotección y clara situación de discriminación durante años antes y después de la muerte de la hija“. Imponer una indemnización de 600.000 euros reconoce esa falta de diligencia de la justicia y la obligatoriedad de cumplir las otras propuestas de la CEDAW.

Pero cuatro años después del dictamen de la CEDAW, la mayoría de medidas dictadas aún no se aplican. Y el pacto de Estado contra al violencia de género, aprobado en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, contiene avances, pero aún no se ha concretado en medidas concretas.

¿Qué se espera? No hay que olvidar que en el interín no cesan los malos trato a mujeres por hombres ni los feminicidios, casi uno por semana.

Parafraseando a Ciceron podríamos gritar ¿hasta cuándo se abusará de la paciencia de la ciudadanía en la lucha que no arranca del todo contra los asesinatos machistas?