Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho

Los abundantes privilegios fiscales y no fiscales de la Iglesia Católica en España preocupan y enfadan. En 2007, la Comisión Europea criticaba al gobierno español por las ventajas tributarias a inmuebles propiedad de la Iglesia. Pero antes, en 2005, la CE había pedido a España que modificara su Acuerdo con el Vaticano sobre Asuntos Económicos por ser ilegales las exenciones del IVA a la Iglesia. En otra ocasión, la Comisión ha pedido explicaciones de por qué la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ni el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI). Y hace poco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunció las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España porque “pueden ser ayudas estatales prohibidas“. Una historia interminable y sin explicaciones.

El artículo 16 de la Constitución Española deja claro que España es un estado aconfesional y ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Cooperación, no privilegios.

¿Por qué la Iglesia tiene en el Reino de España tantos beneficios fiscales y otros? No se explica porqué la Iglesia no paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de Sucesiones o Donaciones. O porque no paga el IBI como todo quisque. ¿Acaso porqué los inmuebles que no pagan IBI son lugares de culto? No, porque solo un 18% de propiedades inmobiliarias de la Iglesia se dedican al culto. El 82% restante no son lugares de culto… pero tampoco pagan IBI. Y, por no pagarlo, se dejan de recaudar 2.500 millones de euros cada año.

Y hablando de privilegios, desde hace años la Iglesia Católica española registra como propios viñedos, olivares, casas rectorales, atrios y solares que pertenecían desde tiempo a los pueblos, pero no se registraron burocráticamente. La Iglesia sí lo ha hecho. Y lo sigue haciendo por dos artículos de la Ley y Reglamento hipotecarios (que deberían ser derogados ya) por los que los obispos pueden registrar propiedades como si fueran funcionarios públicos. ¡¡Increíble!!

Ese privilegio fue mayor en 1998, cuando el Gobierno Aznar suprimió un artículo del reglamento hipotecario que hasta entonces impedía inmatricular (registrar propiedades a nombre de alguien) edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. Desde entonces la Iglesia inmatricula esos inmuebles a todo gas. En Navarra, ejemplo paradigmático, esas discretas inmatriculaciones han arrasado el territorio y cientos de templos parroquiales, ermitas y basílicas, más lo que tienen dentro, figuran como propiedades de la Iglesia Católica . También casas, almacenes, garajes, frontones y cementerios. Todo es inmatriculable. Es tal el volumen de esos registros de propiedad que hoy la Iglesia Católica posee en España más de 110.000 propiedades… que no pagan impuestos. Ermitas, por ejemplo, que nunca figuraron como propiedad de la Iglesia, además de que muy a menudo fueron construidos y levantados con el dinero, trabajo y esfuerzo de la gente de pueblos y comarcas.

En 2007, buscando el escritor navarro José Mª Esparza documentación para un libro de historia local, descubrió que la Iglesia había registrado a su nombre la parroquia de Santa María de Tafalla. Luego comprobó que había hecho lo mismo en San Pedro y con las iglesias de Artajona y Ujué. El Arzobispado llevaba años inmatriculando bienes comunes que, por la razón que fuera, estaban sin registrar, pero nadie se había enterado. Se constituyó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro para detener esas apropiaciones y, diez años después, las inmatriculaciones como problema y frenarlas ya son tarea de la ciudadanía. Muchos alcaldes han descubierto con sorpresa esas inmatriculaciones e intentan devolver al pueblo el patrimonio cultural e inmobiliario del que la Iglesia se ha apropiado.

Por su parte, la organización Europa Laica ha denunciado además en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica que “mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado da a la Iglesia católica, por subvenciones directas y exención de impuestos, más de 11.000 millones de euros anuales. Más del 1% del PIB”. Europa Laica denuncia también que “la Iglesia católica española se ha apropiado, en su historia, de gran parte del patrimonio que posee hoy por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento y complicidad del Estado”.

Urge, por tanto, arreglar tan injusto desaguisado y regular democráticamente la relación con la Iglesia. Sin privilegios.

Elusión fiscal en la Unión Europea, el enemigo en casa

Elusión fiscal es no pagar impuestos aprovechando agujeros y lagunas de leyes fiscales. También lo es aprovecharse de la falta de coordinación de los ministerios de Hacienda de la Unión Europea y de la innegable falta de voluntad política de acabar con la elusión de los gobiernos de la UE.

Quienes se dedican a eludir impuestos profesionalmente (gabinetes jurídicos, asesorías fiscales…) dicen que la elusión es legal. Tal vez. Pero habrá que ahondar más en esa presunta legalidad. Si se violan los derechos de la ciudadanía, como se hace con la elusión, ¿qué valor tiene la legalidad? Como explicaba Martín Luther King, lo que hizo Hitler era legal. ¿La legalidad hitleriana justifica los crímenes nazis? Por supuesto que no. Entonces ¿por qué la ‘legalidad’ de la elusión fiscal ha de justificarla?

La elusión fiscal significa un gravísimo perjuicio para las arcas públicas; para la ciudadanía, cuyos derechos y servicios básicos ha de garantizar el Estado. Perjudicar a la gente, vulnerar sus derechos, es lesionar un bien jurídico y lesionar un bien jurídico debe ser considerado delito.

Google, Amazon, Microsoft, Mc Donald, Apple o corporaciones mineras eluden impuestos a lo grande. En 2011 Google montó una sociedad pantalla en las Bermudas, transfirió desde EEUU a esa empresa ficticia beneficios de 10.000 millones de dólares y eludió pagar 2.000 millones de impuestos.

Los beneficios de las multinacionales viajan de países desarrollados a paraísos fiscales, pero antes pasan por países más benévolos fiscalmente para ir desdibujando los beneficios hasta llegar a un paraíso fiscal donde simplemente no pagan impuestos. Cabe recordar ahora que 34 grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa de las 35 del exclusivo Ibex tienen 890 filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué las quieren si no es para eludir impuestos? Las transferencias que tejen las elusiones fiscales milmillonarias son posibles por una tropa de intermediarios, banqueros, contables, abogados, asesores fiscales… Habría que empezar a fijarse en esa gente “necesaria” para eludir.

Y tal vez deban establecerse nuevos tipos penales, porque la realidad que la Comisión Europea no niega es que la elusión hace perder de 50.000 a 70.000 millones de euros al año. Ahora, la Comisión Europea pretende afrontar la elusión fiscal con una directiva contra la “erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (BEPS por sus siglas en inglés). Pero esa directiva no propone sanción alguna por ayudar a que las multinacionales paguen menos impuestos, que es lo que ocurre. Además, las medidas propuestas no son obligatorias; dependen de la voluntad del gobierno de cada país. Nada que ver con la obligatoriedad de las directivas que imponen reducir el déficit.

¿Es creíble que Luxemburgo, Austria o Irlanda, que actúan como paraísos fiscales, vayan en serio contra la elusión fiscal? ¿O que lo haga Reino Unido, con sus paraísos fiscales en las islas del Canal y la City de Londres que blanquea millones con la compraventa de carísimos inmuebles de lujo?

La directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal es como tomar aspirina para aliviar el dolor de cabeza causado por un tumor, en vez de extirparlo. Y, para mayor bochorno, como no hay medida positiva de la UE que no se acompañe de algún párrafo o condición que la haga inútil, la directiva contra BEPS no se aplica a bancos ni a Sicav. Bancos y sociedades de inversión de capital variable transferirán beneficios donde les dé la gana para pagar menos impuestos.

Según el grupo los Verdes del Parlamento Europeo, Inditex, propietaria de la cadena de tiendas de moda Zara, eludió pagar 600 millones de euros de impuestos de 2011 a 2014 en Holanda, Irlanda y Suiza por un fino encaje de bolillos de ingeniería fiscal. Según el grupo ecologista, Inditex ha pagado solo 15% de impuestos en Holanda y 12% en Irlanda. Un regalo.

En 2014 Apple pagó un tipo impositivo de 0,001% (¡cinco milésimas de unidad!) como impuesto corporativo por los beneficios registrados en Irlanda. Según la Comisión Europea, el gobierno irlandés permitió que Apple no pagara 14.500 millones de dólares de impuestos que debería haber abonado. Además ha dictaminado que Bélgica había otorgado ventajas fiscales a 35 multinacionales para pagar muchos menos impuestos. Pero no hacen nada.

Tenemos al enemigo en casa. Algo habrá que hacer.

Un sistema gangsteril

Un tal Luis de Miguel, ‘cerebro’ financiero de una de las mayores mafias de corrupción en el Reino de España (la trama Gürtel), presumió en el juicio contra los individuos de esa trama de haber logrado que la multinacional Alcampo no pagara impuestos durante 20 años, pese a sus considerables beneficios, gracias a sus planes de elusión. Fraude y elusión fiscales de grandes empresas son norma, no excepción. Suponen mucha menos recaudación para educación, sanidad, atención social; significa menos hospitales, menos escuelas, menos actuaciones sociales, menos apoyo al desempleo, más pobreza, más desigualdad…

No satisfechas con no pagar buena parte de impuestos, grandes empresas españolas consiguieron además considerables ayudas fiscales con el pretexto de su expansión internacional. Pero recién el Tribunal de Justicia Europeo anuló una sentencia favorable a esas empresas, justificando esa reducción fiscal.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor y corrupción van de la mano. La corrupción en España, por ejemplo, cuesta 90.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia. Casi 48.000 millones de euros perdidos son sobrecostes por ausencia de control del cumplimiento de contratas de administraciones públicas por empresas privadas. Las otras decenas de miles de millones son corrupción pura y dura, la de sobres y maletines bajo mano para pagar comisiones por adjudicar contratas públicas a empresas privadas. Corrupción que no cesa. Cada mes se destapan unos diez casos nuevos y, si en 2010 se arrestó a 389 presuntos corruptos en España, el año pasado fueron más de 2.400 los corruptores o corrompidos detenidos según el ministerio de Interior.

Otra prueba de inequívoca podredumbre del sistema es que aumentan las filiales de grandes empresas españolas en paraísos fiscales. ¿Para qué querrán las grandes empresas estar en esos  mal llamadas paraísos si no es para perpetrar tranquilamente el delito de no pagar impuestos? En 2013 y 2014, las filiales de grandes empresas del Ibex 35 en esas cloacas fiscales aumentaron un 10% hasta ser 891, según denuncia Oxfam Intermón en su informe ¿Beneficios para quién?

Para probar que la putrefacción es bastante general se ha sabido hace poco que el Banco de España escondió la morosidad bancaria que crecía al aumentar los créditos por la expansión de la burbuja inmobiliaria. Un Comité Técnico de Coordinación del Banco aleccionó a los inspectores de esta entidad reguladora para que fueran comprensivos y no pretendieran el total cumplimiento de la legalidad en la refinanciación de préstamos hipotecarios, por ejemplo.

Otrosí, en los últimos 15 años el flujo de dinero desde paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro y España no es una excepción. En 2015 el dinero de paraísos fiscales a España aumentó un 27% respecto al año anterior. Sin embargo, que aumente la inversión y beneficios en España por esa vía no ha incrementado los ingresos del Estado. Porque el gobierno determinó que los beneficios de empresas españolas en el extranjero casi no tributen aquí. Esa reducción de recaudación pública por evasión o elusión de impuestos es global. Según varios estudios, entre los que destaca el de Oxfam Intermón, la Unión Europea deja de recaudar cada año por evasión y elusión fiscales cientos de miles de millones de euros. Porque los gobiernos no se proponen de verdad acabar con la lacra del impago de impuestos. En realidad, lo favorecen y ahí están para demostrarlo los acuerdos secretos de algunos gobiernos europeos, como el de Luxemburgo, con  cientos de multinacionales.

No es cuestión baladí, pues en América Latina, por ejemplo, la delincuencia fiscal de grandes empresas cuesta más de 100.000 millones de dólares anuales a los países empobrecidos; esos que desde Occidente con increíble desfachatez denominan ‘países en desarrollo’. La recaudación evadida de gravar capitales (que los ricos latinoamericanos esconden en paraísos fiscales) sería suficiente para que más de 30 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Por su parte, África pierde 50.000 millones de dólares anuales por movimientos ilegales de capital y con esa  evasión de impuestos, por ejemplo, Chad tardará más de cien años en reducir 2/3 partes la mortalidad infantil en la infancia hasta cinco años, pero lo lograría en 12 si esos impuestos se pagaran cuando y cuanto se debe.

Evasión de impuestos, trato fiscal de favor, favor y ayuda a delincuentes (los que provocaron la crisis), corrupción a mansalva, desposesión de la ciudadanía… Definitivamente éste es un sistema gangsteril. Y hay que enfrentarse a él, problema a problema, delito a delito.

Pensiones públicas, un derecho indiscutible

En España, las élites quieren tomar al asalto las pensiones públicas. Mucho dinero que consideran ha de ser suyo. Y, con la excusa de ser sostenibles, deterioran el sistema, descapitalizan la seguridad social y saquean el Fondo de Reserva de las pensiones públicas. Por eso el gobierno de Rajoy mete mano a ese Fondo. Otra vez. Casi 9.000 millones de euros.

Creado en 2000 para situaciones extraordinarias y poder pagar las pensiones, el Fondo tenía 67.000 millones de euros en 2011. Pero Rajoy ya ha metido mano tres veces, quitando más de 41.000 millones de euros. Esta vez a hurtadillas, para que no se hablara en campaña electoral.

Por su parte, los economistas de guardia del régimen monárquico del 78 (hasta hace poco bipartidista), proclaman que la Seguridad Social pierde cotizantes (por paro, bajos salarios y menor recaudación), el Fondo de Reserva estará vacío en 2018 y pregonan que las pensiones públicas no son ‘sostenibles’. Según el Pacto de Toledo las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones públicas y ya no alcanzan -dicen. Pero ¿por qué han de financiarse las pensiones con cotizaciones? Hablamos de derechos. Y, para atender derechos, el Estado establece impuestos que recauda. Lo del Pacto de Toledo estuvo bien, pero en pleno saqueo neoliberal, los derechos de la gente han de estar por encima de todo. No caer en la trampa de la sostenibilidad y dejar de rasgarse las vestiduras porque las cotizaciones disminuyen. Hay impuestos. Fraude fiscal a combatir, por ejemplo, y elusión fiscal de grandes empresas a eliminar.

¿No son sostenibles las pensiones públicas españolas? Según Eurostat, son de las más baratas de Europa. El gasto español en pensiones públicas fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante, cuando la media europea fue 2.769 euros por ciudadano, 3.295 en Italia, en Alemania 3.421 euros y 3.658 en Francia. Solo alcanzando la media europea de gasto, las pensiones públicas serían como rocas.

Pero no hay esa voluntad política y en 2013, el gobierno del PP encargó a un Comité de Expertos en Pensiones un informe sobre esperanza de vida y pensiones públicas. Los presuntos ‘expertos’ sentenciaron que las pensiones públicas eran insostenibles. Y propusieron reducir su cuantía y que la gente se jubile más tarde. Según Vicenç Navarro, las propuestas de ese Comité fueron las más brutales de la Unión Europea en recortes de pensiones públicas.

Partiendo de esos nada fiables ‘expertos’, el gobierno del PP urde un nuevo modelo de pensiones públicas para 2019. Aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, desvincular el aumento de las pensiones del IPC, ligarlo a la marcha de la economía y calcular la pensión según esperanza de vida. Más esperanza de vida, menos pensión. El problema parece ser, según los ‘expertos’, que hoy la gente vive más. Habrá que retroceder a la Edad Media…

Pero indigna tanta invocación a la muy sospechosa sostenibilidad. Porque la única que interesa de verdad es la de la Tierra, de la naturaleza y uso de recursos, porque la de las pensiones, por ejemplo, solo es pretexto que maquilla la indecente codicia de unos pocos. ¿Alguien cuestionaría en serio si la Guardia Civil es sostenible? Las pensiones públicas no son cuestión económica sino de derechos. ¡Derechos! Pues, de no ser así, apaga y vámonos porque esto es una farsa repugnante. Las personas tienen derecho a llevar una vida digna, y las pensiones públicas han de asegurarla. Una realidad lejana para más de la mitad de pensionistas en España (casi 5 millones), que viven bajo el umbral de la pobreza.

Hasta el saqueo neoliberal con la excusa de la crisis, las pensiones públicas no fueron problema, pero ahora salen con el espantajo de la sostenibilidad porque hay negocio para la minoría rica. Pero los derechos de la gente han de ir por delante. Sí o sí. Si las cotizaciones no alcanzan, las pensiones se financian con impuestos justos, progresivos y suficientes. Que el Estado puede.

Estos neoliberales siempre recortan el gasto y no se proponen aumentar ingresos, porque es lo que conviene a sus ‘señoritos’. No son de fiar. No les crean una palabra. Casi todos vinculados a la banca y a empresas de seguros, que, casualmente, obtendrían beneficios cuantiosos si las pensiones públicas se fueran al garete y la gente común se viera forzada a suscribir pensiones privadas.

No es cuestión de sostenibilidad sino de derechos.

Trucos y trampas concedidos a quienes más tienen para pagar menos impuestos

Los Papeles de Panamá provocan que un día tras otro se averigüe que personajes y personajillos tienen o han tenido empresas en ese paraíso fiscal centroamericano. Hablamos de fraude fiscal. ¿Para que querría nadie montar una sociedad en un paraíso fiscal si no es para no pagar impuestos?

Lo que periódicos y noticiarios televisivos no cuentan es que, siendo nefasto y muy perjudicial el volumen de impuestos evadidos, otra peligrosa vía de agua reduce los recursos del Estado. La elusión fiscal. Actuaciones y trucos legales para rebajar los impuestos a pagar. Completamente legales. Es decir, la legalidad ya no protege los intereses de la ciudadanía.

Una muestra indecente de elusión fiscal ha sido denunciada por el economista Manuel Lagos en un documentado estudio que expone como la rebaja real del impuesto de sociedades es causa principal de la pobreza recaudatoria en el Reino de España. En 2008 empezó el desequilibrio de las cuentas del estado, la llamada crisis fiscal española. El Estado no ingresa suficiente dinero  por los impuestos, pero los gastos corrientes e inversiones crecen en buena lógica. Pero, para entender esa dicha crisis fiscal, además hay que contar el cuantioso pago de elevados intereses de la deuda pública. Unos 30.000 millones de euros anuales en el caso del Reino de España. Entonces se recurre a rebajar el gasto público con los nefastos recortes, pero absurdamente no se busca aumentar los ingresos con una reforma fiscal progresiva, justa y suficiente, por ejemplo. Se les ve el plumero.

Una razón muy importante de la menor recaudación estatal es la rebaja de ingresos por el impuesto de sociedades, el que debería gravar los beneficios de las empresas. En 2006, todos los impuestos recaudados sumaron 183.000 millones de euros. Pero cinco años después, se ingresaron solo 158.000. Unos 25.000 millones menos. En 2006, el impuesto de sociedades aportó 40.000 millones de euros, pero en 2011 ya solo fueron 13.000. ¡27.000 millones menos! ¿Es o no responsable de la precariedad de las cuentas públicas el menor pago del impuesto de sociedades ?

Una respuesta incierta y simplista pretende que hay menos beneficios por la crisis y, por tanto, se reducen los impuestos que los gravan. No va por ahí. Más bien los beneficios de empresas y la base imponible para cuantificar el impuesto a pagar son demasiado diferentes. La base imponible debería responder al resultado veraz de lo que se gana para que las empresas tributaran por beneficios reales. Pero no es así. Los beneficios reales de grandes empresas son reducidos con la llamada ‘contabilidad imaginativa’ y la ‘ingeniería fiscal’. Hasta que la base imponible resultante es mucho menor que los beneficios y, como se paga según la base imponible, se paga mucho menos.

Unos datos lo dejarán claro.

En 2006, antes de la llamada crisis, las empresas españolas obtuvieron beneficios de casi 210.000 millones de euros. Tras las correcciones, ajustes y compensaciones que la ley fiscal permite, la base imponible descendió a 179.000 millones de euros. Pero esa base aún era el 85% de los beneficios. Sin embargo en 2010 unos beneficios de casi 157.000 millones de euros parieron por arte de birlibirloque una muy disminuida base imponible de 76.000 millones. Menos de la mitad de beneficios. Si en 2006 los beneficios que no pagaban impuesto eran 30.000 millones de euros, en 2009 ya eran más de 82.000 millones de euros. Casi el triple. Si a eso añadimos las trampas de las grandes multinacionales (algunas son españolas) que declaran gastos o ingresos en éste o aquel país, según donde paguen aún menos, el resultado es que las grandes empresas pagan muy poco respecto a lo que ganan.

Últimamente voceros conservadores presumen del aumento de recaudación de algunos impuestos, como presunto signo de recuperación. Pero, aunque mienten tanto como respiran, no pueden ocultar que, por ejemplo, el Impuesto de Sociedades en 2014 recaudó menos que en 2013. Mucho menos. ¿Lo lógico no hubiera sido lo contrario? Pero es así por la generosidad del gobierno del PP (y antes del PSOE) con las grandes empresas, edidente al cobrarles el impuesto de sociedades. O no cobrarlo.

Que hay un trato de favor descarado a favor de las grandes empresas (que no son las que proporcionan más puestos de trabajo) lo muestra la diferente reacción de los países de la eurozona ante el peligroso tratado bilateral que negocian en secreto EEUU y la Unión Europea (TTIP).

Aunque no están en contra, ha habido desconfianzas en Francia, reticencias en Alemania, dudas en Italia, oposición en Portugal… ¿Y en España? Al gobierno del Partido Popular, el TTIP le parece de perlas. Ninguna disconformidad, ninguna queja y sí una defensa entusiasta de firmarlo cuanto ya, cuanto antes. ¿Por qué? Un TTIP vigente sería una patente de corso para que las empresas hicieran de su capa un sayo y se saltarán controles y regulaciones a porrillo. Esas mismas empresas grandes por las que este gobierno conservador y neoliberal tiene especial debilidad y mucha dedicación para servirlos.

Ya lo explicaron Marx y Engels hace 168 años. Los partidos conservadores como el PP (que hoy se presentan como ‘de centro’) y las políticas de derechas que perpetran defienden mayoritariamente los intereses y beneficios del capital, de grandes empresarios y banqueros. El Reino de España es una buena demostración de esa innegable realidad.

La deuda, mucho más que un negocio especulativo

En España de 2010 a 2015 se recortaron casi 19.000 millones de euros en Sanidad y Educación.  Cediendo a las imposiciones de la Unión Europea. Pagados por la ciudadanía con derechos insatisfechos y vulnerados. Recortes para pagar deuda pública y reducir el déficit presupuestario.

Si crear deuda es negocio de la banca, mejor si es pública. Para la banca. El actual sistema de deuda es sospechoso y letal. En diez años, por ejemplo, América Latina pasó de una deuda pública de 440.000 millones de dólares a otra de 800.000 millones. Casi el doble. Según Naciones Unidas, América Latina pagó de 1982 a 1990 cuatro veces su deuda y, tras dieciséis años de pagar, su deuda era el triple de la de 1982. Un negocio de fábula para los acreedores.

A medida que avanzaba la ofensiva neoliberal, y con ella la constante rebaja de impuestos a los ricos y grandes empresas, aumentó de modo insoportable la deuda pública. En Europa fue exponencialmente desde el Tratado de Maastricht que prohíbe a los bancos centrales prestar a los estados miembros. Reducidos los ingresos estatales por rebajas fiscales a los ricos, los gobiernos piden préstamos a la banca privada que los da a interés considerable. Pero si esa deuda pública hubiera sido financiada por bancos centrales con los mismos tipos de interés con los que prestan generosamente a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima.

Ya le tocó a Europa, pero la deuda ha sido poderosa palanca para forzar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, despedir funcionarios, privatizar lo público, rebajar salarios… Como denuncia Eric Toussaint, “con complicidad de los gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI, el sector financiero, responsable innegable de la crisis, especula con las deudas de los Estados y exige implacable su reembolso imponiendo una austeridad salvaje”. En Europa. El caso de Grecia es esclarecedor. Si te mueves, no sales en la foto.

Utilizar la deuda para dominar es antiguo. Como cuenta el historiador Eugene Rogan en Los árabes, hace casi ciento cincuenta años, Jair al-Din, dimitido presidente del Gran Consejo de Túnez por negarse a solicitar el primer préstamo de su país a un banco extranjero, denunciaba con amargura que, tras la concesión del préstamo, las exigencias de los acreedores llevaron a Túnez a la bancarrota: “El gobierno entró en la ruinosa senda de pedir prestado para pagar préstamos y en menos de siete años, Túnez, que nunca debió nada, sufrió la abrumadora carga de millones de piastras de deuda”. Además de ser forzado a ceder la soberanía a una comisión financiera internacional que supervisaba la economía tunecina para asegurar el pago de intereses. Ocurrió lo mismo en Egipto y también le pasó por ese tiempo al gobierno central del Imperio Otomano. La ruina por deuda.

¿Qué hay tras la implacable dictadura de reducir el déficit e imponer recortes? Negocio seguro y fácil para la banca, por supuesto, más fraude y elusión fiscales. Y fiscalidades muy regresivas que son parte del negocio. En plata, quienes tienen más y más atesoran pagan muy pocos impuestos. O no pagan. Si el Estado no llega, que se endeude.

The New York Times denuncia que unos pocos estadounidenses muy ricos negocia en privado constantemente con el Servicio de Impuestos Internos federal para reducirlos. Esa presión clandestina permanente ha creado de hecho un sistema fiscal privado, solo al alcance de unos pocos miles. Curiosamente, son quienes más aportan a candidatos de campañas electorales.  Cuando Bill Clinton fue elegido presidente, los 400 ciudadanos más ricos de EEUU pagaban un 27% de sus ingresos en impuestos federales. Pero en 2012, esa cantidad ya era menos del 17%. Y Paul Krugman denuncia la actual injusticia y regresividad de la fiscalidad estadounidense al recordar que en los años 60, el 0,01% más rico pagaba un impuesto sobre la renta de más del 70%.

La democracia no lo es sin impuestos progresivos, justos y suficientes, que incluyan gravámenes y tasas al capital y a la especulación financiera. Pues no puede haber libertad sin existencia material garantizada y, de no acabar con el atraco del déficit, deuda pública y austeridad ni redistribuir la riqueza con impuestos justos, progresivos y suficientes, no hay vida libre posible. Ni democracia. Además, no pagar la deuda o pagar solo parte, que es lo exigible y justo, es práctica tan antigua como la humanidad. Las primeras anulaciones y reestructuraciones de deuda se hicieron en tiempos de Hammurabí. Hace tres mil años. Un ejemplo a seguir.

No es lo que dicen que son, sino a quien benefician al gobernar

Elecciones municipales y regionales en el Reino de España. ¿Cuántos votos tendrán los dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos y cuantos perderán Partido Popular y PSOE, soportes de la monarquía bipartidista? Podemos, presentado como extrema izquierda y Ciudadanos como centro político por medios y políticos conservadores. No es cierto en un caso ni en el otro.

Más allá de como los califiquen los adversarios, la auto ubicación de los partidos en el espectro político es un disparate: casi todos dicen ser de “centro”, que debe estar más concurrido que el Metro a hora punta. Incluso el neofranquista Partido Popular dice ser de centro. Pero, ¿cómo diablos se define y describe el centro político más allá del maquillaje de la moderación que reclaman cansinamente? Cuando los partidos se definen de verdad políticamente es cuando gobiernan y muestran a favor de quien lo hacen.

Bill Cinton, por ejemplo, pretendía ser de centro en Estados Unidos, pero como presidente dio el primer paso para desregular el sector financiero y dejarlo sin control, propiciando que generara la crisis de 2008 que ha empobrecido al mundo. Clinton favoreció los intereses del reducido pero poderoso sector financiero, en detrimento de gran parte de la ciudadanía.

Son las actuaciones políticas las que retratan a los partidos. Un partido está más o menos a la derecha, aunque se diga de centro, según la fiscalidad que proponga, por ejemplo. Qué impuestos a pagar, quien paga más y quien menos. Cuanto más a la derecha, más se rebajan los impuestos a los más ricos. Y más se hace recaer la recaudación fiscal sobre quienes menos tienen, pero son más controlables por sus nóminas y el consumo básico.

Por eso sorprende que un partido que dice ser de centro como Ciudadanos coincida tanto con el Partido Popular en fiscalidad. Mientras FAES (fundación del PP para crear opinión) propone ir reduciendo los tramos de IRPF y que solo sean tres a medio plazo, Ciudadanos dice que hay que reducir directamente los tramos a tres. Pero cuantos menos tramos haya, más regresivos e injustos son los impuestos, ¿no?

FAES del Partido Popular propone en el impuesto de sociedades eliminar deducciones… para finalmente rebajar el tipo nominal al 25% o incluso al 20%. Y Ciudadanos dice que hay que establecer un nuevo tipo de impuesto de sociedades… del 20%. Para el PP el impuesto sobre el patrimonio ha de ser eliminado y Ciudadanos dice que ha de ser de tipos muy bajos y solo para patrimonios de más de un millón de euros…

La propuesta de fiscalidad de Ciudadanos recuerda mucho la del Partido Popular, además de sonar a lo de siempre de la derecha española: bajar un poco los impuestos sobre la renta y camuflar las rebajas de verdad a las rentas del capital, grandes empresas y corporaciones. Y que los impuestos indirectos, como el IVA, sean una gran fuente recaudatoria.

En los ochenta, Ronald Reagan y Margaret Thatcher empezaron a rebajar los impuestos a los ricos y pronto tuvieron seguidores en occidente. Pretendían que rebajar impuestos impulsa el crecimiento porque, si pagan menos impuestos quienes son más ricos invierten lo que ahorran en impuestos, la economía crece y se crea empleo.

Pero eso nunca ha sido verdad. En estos años de crisis, la minoría rica se ha enriquecido aún más y ha pagado menos impuestos (aparte de los que ha evadido), pero la economía sigue estancada. En Estados Unidos, por ejemplo, los ricos y súper-ricos pagaron de 1942 a 1944 ¡un 94% de tipo impositivo! Y, tras la guerra y hasta los setenta, 63% o más. Pero esos altos impuestos a los ricos no supusieron retroceso económico alguno. Al revés.

¿A quién beneficia un gobierno y a quién perjudica con su política económica y fiscal? Tras tres años y pico de gobierno del PP, crece una desigualdad muy preocupante y la pobreza alcanza cotas desconocidas hace tiempo, como atestigua el informe FOESSA de Cáritas, mientras los ricos aumentan 67% sus ganancias. Hasta los obispos denuncian que la situación es inaceptable. Según FOESSA, un 40% de españoles vive en la precariedad y casi una cuarta parte ya sufre exclusión, pero aún moderada.

Ya sabemos a favor de quien gobierna el Partido Popular y, por tanto, también aquellos cuyas políticas fiscales son semejantes. Más allá de como se auto califiquen.

P.S. Ya escrito y publicado este artículo, mi amigo, colega y compañero de profesión Siscu Bages me envía un artículo que ha escrito y publicado sobre Ciudadanos. No resisto reproducirlo, convenientemente traducido al castellano:

“Necesitamos una especie de Podemos de derechas”. Así de claro fue Josep Oliu, presidente del Banco de Sabadell, al final de una conferencia que dio en el Círculo de Empresarios de Madrid, el pasado 25 de junio. No ha pasado un año y ya tiene lo que quería: Ciudadanos.

Algunos atribuyen el veloz éxito de Ciudadanos a las excelentes dotes comunicativas de su líder, Albert Rivera, en las tertulias televisivas a las que ha sido invitado. Tal vez, pero cabe señalar que hay un puñado de excelentes tertulianos que no son invitados  un día sí y otro también a los platós de las televisiones.

Había candidato, pero no había ideología,porque Ciudadanos nació en Cataluña como Ciutadans y lo hizo para atacar a los independentistas de derechas o izquierdas. Sin programa político definido había que improvisar un programa económico y se fichó a toda prisa el economista Luis Garicano. El 8 de febrero, Garicano anunciaba que se había afliado al partido por el que suspiraba Oliu.

Los banqueros son banqueros y tienen dinero, por tanto a Rivera y a Ciudadanos no les faltará. Si ha paseado usted por la  versión de la Feria de Abril en Cataluña habrá comprobado cuál era la caseta más lujosa.

Ciudadans despertaba simpatías entre quienes no quieren la independencia de Cataluña. Pero los que no quieren la independencia de Cataluña y son de izquierdas creen que a Rivera y compañía se les ve el plumero.

Ahora convendría saber cómo y en qué cantidad, en dinero y promesas, se ha forjado este juguete que tan contentos tienen a nuestros banqueros.