Reino de España, un estado general de corrupción

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, ex-presidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace un poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de éste de blanqueo, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato presuntamente blanqueó 31 millones de euros y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que fundó Rato, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de economía) como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas ‘élites’ que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España 1.378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70% de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular, pero no solo del Partido Popular.

El caso de los llamados Papeles de Bárcenas (extesorero del PP) es un sumario por apropiación inebida, en el que hay también presuntamente implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo.

Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el Partido Popular, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picado, pero el último sondeo aún le adjudica 33% de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, no hay empleos suficientes ni salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no solo para la minoría de siempre a costa de los demás.

¿En qué se equivocan grupos, movimientos, organizaciones sociales y políticas que quieren cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?

Una respuesta posible se remonta a la presuntamente modélica transición de la dictadura a la democracia. Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica en absoluto porque la pilotó buena parte de le gente que fue sostén de la dictadura franquista durante años. Dictadura de la que representante alguno nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crímenes perpetrados. Como no lo hacen tampoco sus herederos y sucesores, muchos cómodamente instalados en el PP que sostiene al gobierno.

Este cronista está convencido de que hasta que no se entierre muy hondo la más leve traza de franquismo, en tanto no nos desprendamos totalmente de toda sombra de la dictadura y sus protagonistas y cómplices principales no sean juzgados, rindan cuentas y se reparen daños, este país no avanzará nunca.

Juzgar y condenar el franquismo, una asignatura pendiente

Los 150.000 desaparecidos en la guerra civil española y en la dictadura franquista constituyen el segundo genocidio del siglo XX después de la segunda guerra mundial, tras las feroces masacres de Camboya. La ONU ha vuelto a denunciar al gobierno español por esos desaparecidos.

Los topetazos del gobierno de España con la ONU vienen de antiguo. En 1946, la Asamblea General condenó el franquismo porque “el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista y no lo represental”. Entonces se retiraron los embajadores en España de casi todos los países y ésta no fue admitida en Naciones Unidas ni en ningún otro organismo internacional.

El 17 de marzo de 2006, otra instancia internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó de nuevo el franquismo, por haber “suficientes pruebas de numerosas y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen franquista. La evaluación del franquismo debe incluir una condena del mismo sin ambigüedades”.

Y hace unos días, el relator especial de la ONU sobre la dictadura franquista, Pablo de Greiff, presentó su informe sobre la misma y sus víctimas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe denuncia al Estado español por no resarcir a las víctimas de la guerra civil y dictadura y por no investigar los crímenes del franquismo.

El Gobierno español ha calificado el informe de erróneo e inexacto, pero sin aportar dato alguno, y lo ha hecho con una absurda y ridícula defensa de la Transición. El principal ‘argumento’ del gobierno del Partido Popular ha sido que el olvido y el perdón son la única vía para la “reconciliación”. ¡A estas alturas aún con esa basura! ¿Qué reconciliación puede haber con más de 150.000 hombres y mujeres desaparecidos por ser republicanos o de izquierdas?

Pablo de Greiff ha denunciado también al gobierno del Partido Popular por no ha cumplir las normas internacionales que obligan a España por la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Ambas firmadas y ratificadas por España.

El gobierno del Partido Popular, como hiciera el del PSOE de Zapatero, arguye que la Ley de Amnistía de 1937 impide juzgar a nadie por delitos cometidos durante la guerra civil o la dictadura. Pero no hay ley de amnistía que valga para los delitos de lesa humanidad, que no prescriben jamás, y son los perpetrados por la dictadura a juzgar. Y no pueden acogerse a amnistía alguna y se han de juzgar sí o sí porque así lo ordena el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, firmado y ratificado por el Reino de España.

El nuevo informe de Naciones Unidas es claro: “Es importante y urgente que España asuma su responsabilidad y elabore una política integral por la verdad y justicia a las víctimas”. Y propone al gobierno del Partido Popular 42 medidas, dándole 90 días para concretar cómo aplicarlas. Como ha hecho hasta ahora, el gobierno solo niega la validez del informe, pero ahí se queda. El Partido Popular discrepa siempre de los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo. Pero no solo eso. También ha invalidado de hecho la Ley de Memoria Histórica, que ofrecía alguna reparación a las víctimas del franquismo, sin pasar por el Parlamento ni siquiera con un decreto ley sino por el miserable modo de no atribuirle financiación alguna para el cumplimiento de esa ley.

¿Por qué? Porque este gobierno y el partido que lo sustenta son hijos, sobrinos, nietos y parientes de franquistas de pro. No son sucesores sociológicos del franquismo, como apuntó algún periodista hace años, son los herederos puros y duros, incluso biológicos de, quienes armaron y mantuvieron una de las peores dictaduras que han asolado Europa. ¡Y tienen la desfachatez de ir de demócratas!

A los problemas que ocasiona la crisis, la austeridad, los recortes, el retroceso social… cabe sumar en España el espíritu y cultura franquistas del gobierno y del partido que lo sustenta. Y de algunos otros más, por cierto. Mientras no se elimine ese franquismo enquistado, tampoco habrá resolución económica y menos aún social.

De camino hacia el neofranquismo

¿Qué pensar de una condena de tres años de prisión a un ciudadano por haber estado en un piquete informativo de huelga? Les pasó a Carlos y a Carmen en Granada. Carlos salió hace unos días, tras una semana encarcelado, y Carmen no ha ingresado en prisión aún. Ambos han solicitado el indulto. Pero lo grave es que los hayan condenado por formar parte de un piquete. Mientras a Jaume Matas, el corrupto ex-presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares (España), le reducen la pena de seis años a nueve meses. El doble rasero los denuncia, los deja con las vergüenzas al aire.

Expedientes, diligencias, multas y juicios contra huelguistas y manifestantes, pero tolerancia para los delitos económicos que perpetra la minoría que detenta el poder (a cuyo servicio está el gobierno). Mientras otros países europeos establecen leyes sólidas contra la corrupción (sin ser un modelo), en España la reforma del Código Penal se olvida materialmente de la corrupción.

Aquellos días de huelga de 2012, cuando acusaron a Carlos y Carmen, los juristas Pisarello y Asens denunciaban que “los exasperados ataques gubernamentales, mediáticos y judiciales contra los huelguistas del 29 de marzo y el anuncio de medidas criminalizadoras de la protesta reflejan una indudable deriva autoritaria”. Hoy, esa deriva ha ido a más. Mucho más. Los desmanes de los últimos tiempos recuerdan demasiado la dictadura.

Que la situación es antidemocrática y en aumento lo demuestra que el gobierno viola derechos desde las propias leyes. Como la nueva legislación de Seguridad Ciudadana que completa la más represiva reforma del Código Penal. Más un mayor deterioro democrático por el uso excesivo de la fuerza y malos tratos y torturas por parte de agentes de policía. Amnistía Internacional ha condenado tanto uno como otros en varios informes. Para Amnistía, en España se tortura, pero es negado por el gobierno y la tortura queda impune. La organización ha denunciado y documentado numerosos casos de malos tratos y torturas en su informe “Sal en la herida” y un informe posterior de seguimiento. La suma de todo rememora demasiado el franquismo.

Que la impunidad de los torturadores parece una política gubernamental lo demostró el escandaloso caso del doble indulto a cuatro policías en Cataluña. Al conocerse la sentencia firme que los condenaba por torturas, el gobierno central los indultó. Pero el juez emitió un nuevo auto en el que mandaba ingresar en prisión de inmediato a los policías torturadores. ¡Y el gobierno vuelve a indultarlos! ¿No demuestra este caso una política concreta? El indulto a esos torturadores no fue un caso raro o aislado.

También es denunciable el uso excesivo de la fuerza por la policía contra la ciudadanía que protesta, como ha hecho también Amnistía Internacional en varios informes. Aparte de que la Red ofrece cuantiosas e innegables imágenes de excesos policiales en concentraciones y manifestaciones ciudadanas, así como en desalojos de viviendas a los que se oponen pacíficamente ciudadanos solidarios con los desahuciados.

En fin, las nuevas leyes represivas del gobierno no sólo son innecesarias, sino que buscan acabar con la pacífica resistencia ciudadana a su política de austeridad, recortes y vulneración de derechos. Es así porque resulta que España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa y no precisa mayor respuesta coercitiva. Es más, el ministerio del Interior no disimuló su satisfacción al anunciar recientemente en rueda de prensa las cifras de delincuencia del año pasado y mostrar que la tasa de delincuencia en España es una de las más bajas de Europa desde hace años.

¿Por qué entonces una nueva ley de seguridad ciudadana? Aún se entiende menos cuando el propio ministro de Interior declaró que en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y ningún problema de orden público digno de reseñar. ¿Por qué? Porque la nueva ley de seguridad ciudadana nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Y lo que busca es cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar las cosas a mejor.

Así es porque, como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos fundamentales. Y la reforma del Código Penal es innecesaria, y por tanto ilegítima, porque crea un nuevo tipo de delincuente: el disidente político”.

Lo dicho, el panorama expuesto recuerda cada vez más el franquismo que creíamos desaparecido. Pero no.

Luchar por la democracia

Quienes controlan la economía amenazan la vida digna de la mayoría ciudadana. Perpetran su agresión, su saqueo, por medio de leales siervos como gobiernos, grandes medios de comunicación e instituciones económicas internacionales. Nadie puede dudar ya de que la minoría rica, la clase dominante, ha condenado y condena a millones de personas a la pobreza, la incertidumbre y la angustia en un ataque sistemático contra los derechos humanos de la ciudadanía. Los derechos cuyo disfrute garantizan la dignidad, la vida.

¿Qué hacer? No confiar en milagros, por supuesto, y saber que esta lucha será larga y dura. Además de enfrentarse a la austeridad, los recortes, la destrucción de lo público, el paro, la precariedad, los desahucios… no hay que descuidar ni un instante la lucha por recuperar la democracia. Aunque es más exacto decir que hemos de luchar por una democracia de verdad. No el remedo de democracia con que nos engañan y oprimen. Porque, junto al saqueo y violación de derechos, nos llevan a pasos agigantados a un sistema dictatorial, maquillado como democracia ritual, pero vacía de contenido.

En el Reino de España, la muy franquista Ley de Seguridad Ciudadana, que el gobierno de Rajoy pretende imponer, recuerda mucho la legislación de aquella dictadura franquista que institucionalizaba el miedo y la represión. Ésta del PP es una ley para convertir la protesta ciudadana en delito. Muy franquista. Tanto es así que el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, denuncia que la nueva ley de Seguridad Ciudana viola los derechos de reunión y manifestación. Porque la libertad de “expresar el desacuerdo con las medidas de un Gobierno” ha de ser respetada y protegida por la justicia. Y aquí no es así sino todo lo contrario.

Y aún hay más. Hace unas semanas, el Consejo de Europa publicó un informe sobre derechos humanos en España donde alertaba sobre el “desmesurado” uso de la fuerza por la policía contra la ciuddanía que se manifesta contra la austeridad. Y denunciaba la impunidad de los policías que maltratan y torturan a detenidos. Llueve sobre mojado. Y por eso, el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Comisión de Estudios, ha denunciado que el proyecto de reforma de Código Penal del PP va más lejos que Franco y Primo de Rivera, que nunca introdujeron la pena de cadena perpetua que ahora el PP impone. Una pena inadmisible, porque va contra la reinserción del preso. En su artículo 25, la Constitución manda que el fin principal de las penas de privación de libertad es precisamente la reinserción.

Y, para rematar el viaje a territorio totalitario, la también nueva ley de Seguridad Privada del PP permitirá a los vigilantes de seguridad privada patrullar por las calles de las ciudades; tarea hasta ahora reservada a policías nacionales o municipales. Además, los seguratas (como se designan popularmente los agentes privados de seguridad) podrán controlar espacios públicos, pedir carnés y comprobar identidades, hacer registros e incluso detener ciudadanos. Como los inaceptables cuerpos paramilitares en una dictadura bananera.

Más aún. Contra todo derecho, el ministerio del Interior creará un archivo de infractores. Y la misma ambigüedad del término ‘infractores’ otorga a esa amenaza un tufo de dictadura que  se carga de una tacada la presunción de inocencia y las garantías procesales, como elementos básicos de la democracia. Además serán tratados y castigados como delincuentes quienes defrauden a la Seguridad Social y consigan una prestación a la que no tiene derecho. Los que defrauden por valor de 50.000 euros (por ejemplo, quien cobre ilegalmente un subsidio de 600 euros durante siete u ocho años) puede ser condenado a ¡seis años de cárcel! Pero para que un fraude a Hacienda sea delito sancionable con prisión, se ha de defraudar más del doble: 120.000 euros. Sin olvidar los 80.000 millones de fraude fiscal en España y que nadie pague por ello.

Cabe recordar ahora que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, aseguró hace poco que “su partido no consentirá que España quede en manos de personas que siempre protestan, pero nunca proponen absolutamente nada”. Una proclamación pública que suena a invitación al golpe de estado o, cuanto menos, al pucherazo electoral. Porque lo que dice Cospedal es que si ganara las elecciones un frente amplio de partidos de izquierda, movimiento ciudadano, asambleas del 15M… el PP no les permitiría gobernar. Aparte de la falsedad de lo de “nunca proponen nada”, porque la ciudadanía que protesta, el movimiento ciudadano, las plataformas cívicas de todo tipo, las asambleas del 15M… proponen medidas y alternativas para sustituir este sistema injusto y predador.

El peligro autoritario es real. Y contra el autoritarismo solo vale luchar por la democracia. La democracia de verdad, participativa, no un decorado que la simule.

El franquismo que permanece , un agravante de la crisis-saqueo

 

La crisis no es sólo un saqueo, descarada transferencia de rentas de las clases trabajadores a la minoría rica; es también un ataque organizado contra la democracia, un vaciado de la misma. Por eso una característica del Reino de España, la permanencia del franquismo, es un peligroso agravante.

 

No solo por el severo deterioro de libertades civiles, derechos cívicos y políticos; que también. Tampoco por el hecho incontestable de que, por ejemplo, en Madrid haya aún más de doscientos espacios públicos con nombres franquistas. Calles, plazas y otros lugares públicos ostentan nombres directamente vinculados a la feroz dictadura franquista. Tampoco porque la inminente ley contra el aborto del gobierno del Partido Popular sea más autoritaria y restrictiva que las de las muy católicas Polonia e Italia.

 

El permanente franquismo es un agravante peligroso del fracasado modelo productivo. Un modelo que se inició en los 60 sobre el ladrillo y sigue a pesar de su fracaso. Domenech, Buster y Raventós han escrito con muy buena puntería que, en España, la actual “corrupción sistemática echa sus raíces en el capitalismo oligopólico de amiguetes en el que se transformó la estructura de poder empresarial del franquismo con las privatizaciones de la Transición”.

 

Buen indicador de esa corrupción es que los tribunales españoles investigan hoy 1.661 casos de corrupción política y financiera, al tiempo que más de 300 políticos profesionales están imputados por presunta corrupción. Aunque solo cuatro estén en la cárcel. Y ningún empresario o banquero, la otra parte del tándem. Pues para que haya corrupción son necesarios corrompido y corruptor. Otra línea directa del franquismo también.

 

Por eso sólo un 4,5% de contribuyentes declara a Hacienda más de 60.000 euros anuales. Por eso hay una economía sumergida del 25% del PIB, (una pérdida de recaudación por IVA de más de punto y medio respecto a la media de la Unión Europea). Por eso un tercio o más de billetes de 500 euros están en España, que ocupa el lugar 30 de corrupción de la lista de Transparencia Internacional, tras Chipre y Botswana.

 

Hay un sello inequívocamente franquista (cuando los poderes políticos estaban en indecente totum revolutum) en la reciente decisión de la Fiscalía de no investigar los contratos del ministerio de Fomento con los generosos empresarios donantes del gobernante Partido Popular. Porque esa investigación es impertinente, dijo el fiscal. ¿Impertinente? ¿Que molesta con sus exigencias? ¿Que se comporta con insolencia y descaro? ¿Inoportuna, indiscreta? Que eso significa sobre todo el vocablo impertinente.

 

Sorprende que, cuando una parte notable de ingresos públicos se van por la cloaca de la sistemática corrupción, no se quiera averiguar por donde se van y a beneficio de quien desaparecen. Como también lleva el sello del nunca expulsado del todo franquismo que en los primeros meses de gobierno Rajoy, éste gobernara con más de 30 decretos-ley.

 

Y, como recuerda Juan Luis Gallego, es muy franquista que en los últimos tiempos se dispare el más rancio y ridículo patriotismo que práctica por sistema el odio contra el contrario. Patriotismo que se opone con ferocidad y malas artes “a la integración de los inmigrantes, al laicismo, a la bioética, al matrimonio homosexual, al pacifismo, a la igualdad de mujeres y hombres, a la discriminación positiva en favor de la mujer…”.

 

Como dijo hace poco Carmen Negrín, nieta del que fuera presidente de gobierno republicano Juan Negrín, “el franquismo nunca se ha ido: se ha transformado, se ha adaptado y está muy presente en toda la sociedad española”. Hasta el muy conservador Financial Times ha publicado que los dirigentes del Partido Popular “no han acabado su viaje desde sus orígenes franquistas a un centro-derecha moderno”.

 

A quienes crean que no hay para tanto, recuerden, como ha dicho el historiador Paul Preston, que en el bando que se rebeló contra la legítima República, el bando franquista, “había un plan de exterminio” de todos quienes no estuvieran de acuerdo con ellos. ¿Qué tiene que ver hoy? Pues que realmente son mala gente, pintiparados para aplicar sin vacilar la doctrina del shock que nos explicó Naomí Klein.

 

El franquismo que no acabamos de echar es grave obstáculo para que la ciudadanía de España se libere de la crisis-saqueo.

Algo habrá que hacer.

El enemigo principal

En un blog, cuyo nombre no recuerdo, leo este apasionado aserto: “España solucionaría sus problemas si […] abandonara esos vicios políticos y morales que la convierten en una dictadura sucia de partidos políticos y de políticos“. Tremendo. ¿Dictadura de políticos? No exactamente. Una democracia descafeinada, vaciada, de decorado, sí, pero ¿dictadura…?

A quien tal afirma le sugiero que averigüe lo que ocurría en concreto en el período de tiempo que va de 1939 a 1976. Probablemente comprobaría en sus carnes el empleo alegre del término dictadura. Mi reflexión no pretende defender a los políticos profesionales, nada más lejos de mi ánimo, sino centrar quien es el verdadero enemigo de la ciudadanía y sus derechos porque, si no lo sabemos, difícilmente superaremos esta situación que nos oprime. Las palabras han de usarse con rigor o se contribuye a la corrupción general del lenguaje que, mira por donde, es una de las armas preferidas de quienes nos saquean y violan nuestros derechos.

En esta crisis-austeridad-saqueo que oprime a la ciudadanía, los políticos no son el principal y aún menos el único enemigo, como se oye a todas horas por todas partes. Por supuesto tienen una responsabilidad enorme en lo que pasa, porque muchos han traicionado a los ciudadanos que los eligió y en ellos delegó el poder que en democracia solo posee legítimamente la ciudadanía.

El enemigo principal es el poder económico-financiero. La banca, las grandes compañías aseguradoras, los fondos de inversión, los fondos de riesgo y de pensiones, las grandes empresas, corporaciones industriales, petro-químicas, farmacéuticas, grandes fortunas… Ellos son el enemigo principal. Muy pocos, por cierto, respecto al total de la humanidad.

Son los que actúan, presionan, compran conciencias, manipulan, desinforman, estafan, especulan, sobornan, reprimen, provocan guerras y las mantienen… No directamente, claro. Poseen todo el dinero del mundo para corromper, ordenar, impulsar y dirigir a diversos actores a su indiscutible servicio que son quienes ejecutan las felonías citadas. Agentes del poder económico y financiero como gobernantes, diputados, alcaldes de grandes ciudades, directores de medios de comunicación, abogados de campanillas, directivos de entidades internacionales, cúpulas militares…

¿Por qué el poder económico y financiero es el enemigo principal? Porque no solo busca aumentar sus beneficios a costa de los trabajadores, de la ciudadanía, sino que pretende retroceder a la clase trabajadora y a la ciudadanía en general al primer tercio del siglo XX. No como efecto colateral, sino como objetivo. Los políticos, algunos políticos, tal vez muchos políticos, son cómplices necesarios a su servicio, pero no son los máximos responsables del saqueo.

Esta historia empezó en los setenta, cuando la reducida minoría rica (la clase dominante, según Marx), al comprobar la disminución de beneficios tras cuatro décadas de vacas gordas, decidió enterrar el pacto social de ese tiempo y pasar a la acción para que las cosas volvieran al orden que les convenía: la hegemonía indiscutible de la clase rica y el control y subyugamiento de las clases trabajadoras. Una decisión de la minoría rica acelerada, como recuerda Josep Fontana, por el auge espectacular de los movimientos populares, de los sindicatos obreros, por la radicalización de las luchas de los trabajadores (mayo del 68 en Francia, otoño caliente en Italia. “Cordobazo” del 69 en Argentina…), del anti-colonialismo, del anti-imperialismo…

El inicio concreto, previo a la ofensiva, tal vez fue en 1970 o 71, cuando la Cámara de Comercio de EEUU (una de las organizaciones de clase dominante más poderosas) encargó un informe sobre la situación de lo que ellos llaman economía de mercado o de libre empresa y nosotros, sencillamente capitalismo. Les interesaba conocer la aceptación del capitalismo y la adhesión al mismo por parte de la gente común en EEUU. En unas sesenta páginas el informe alertaba sobre el aumento del izquierdismo y de los enemigos de la “libre empresa” (universitarios, profesores, artistas, sindicalistas…) y recomendaba a los líderes del capitalismo pasar al ataque en tres frentes: educación, medios de información y política. Visto lo sucedido desde entonces, está claro que la élite de la “economía de mercado” hizo suyas las recomendaciones del informe.

La ofensiva empezó en serio con Ronald Reagan en EEUU y Margaret Thacher en Gran Bretaña. Una acometida que se inició con el ataque sistemático a los sindicatos hasta debilitarlos o incluso dejarlos en estado vegetativo, al tiempo que gobernaban con descaro a favor de los ricos, reduciendo sus impuestos escandalosamente, por ejemplo. Esa política se extendió como mancha de aceite en los años sucesivos por Europa y países anglosajones. El resto de países, el entonces llamado Tercer Mundo, sufría las agresiones sistemáticas del FMI y Banco Mundial en forma de privatizaciones y otras “reformas estructurales” exigidas sine qua non para poder recibir préstamos internacionales con tales condiciones que ponían a los países deudores a los pies de los caballos de los países acreedores.

La guinda la puso Bill Clintón al otorgar patente de corso a la banca al legislar que los bancos de inversión pudieran actuar como bancos comerciales y otros regalos y mercedes. El capital se movía ya con absoluta libertad, eliminada cualquier norma, regla o control.

En ese amenazador escenario para la ciudadanía, los políticos profesionales jugaron un papel muy importante, porque perpetraron leyes de “liberalización”, privatización y otras bribonadas que han instaurado la actual crisis, estafa y saqueo. Pero esos políticos han actuado por encargo, no son los autores principales. Tal vez excepto parcialmente en EEUU donde las famosas puertas giratorias entre política y economía-negocios-empresas generan que miembros de la minoría rica devengan políticos. Porque la estructura de poder en EEUU (con un coste prohibitivo de las campañas electorales) convierte los cargos públicos elegibles en misión imposible de no poseer sólidas fortunas. Pero, en general, no es el caso de España ni de Europa, donde las puertas giratorias son una indecente y privilegiada vía para enriquecerse políticos desleales que hasta serlo nunca habían comido caliente, como decía sarcástica mi abuela Flora.

La cuestión no es ya si los políticos son así o asá (los dioses me libren de defenderlos). La cuestión esencial es que este sistema apenas democrático está contra la ciudadanía en aras de los intereses de una reducida minoría. Esa minoría que constituye el poder económico y financiero ha reducido la democracia a un vacuo ritual electoral y ha logrado que los parlamentos tengan escaso poder real. Quien decide son FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo, OMC… claramente a su servicio. Y contra esa minoría  hay que luchar prioritariamente.

Esa es la cuestión y no despotricar sin cesar contra los políticos, eficaz maniobra de distracción por otra parte para que los verdaderos responsables del saqueo permanezcan en el anonimato y no sean objetivo de la ciudadanía. Y, como objetivo político, ya dijo hace años Julio Anguita que los mercados (es decir, el poder financiero) tienen nombre y apellidos. Battiston, Glattfelder y Vitali han elaborado un riguroso informe sobre las relaciones de poder y cruces de miles de empresas y consejos de adminsitración de todo el mundo y han concluido que la economía está en manos de 737 grandes bancos, compañías aseguradoras, fondos de inversión, fondos de riesgo, fondos de pensiones, grandes empresas y corporaciones industriales y otras que controlan el 80% de las empresas transnacionales más poderosas. En el Reino de España, por ejemplo, 1.400 personas gestionan el 80% del PIB nacional. Y en Cataluña se dice desde siempre que la economía de ese país está dominada por 400 familias.

Quienes constituyen el poder económico y financiero son el enemigo principal, incluso quienes hacen generosas donaciones para las causas que sean. No lo olvidemos. Y son el enemigo porque así lo  quieren. Luego podemos fijarnos en los cómplices necesarios, cómplices sin más, encubridores y otros contribuyentes a la estafa y saqueo que nos deja sin presente ni futuro, que algunos se empeñan en llamar crisis.

La dictadura financiera

Los ‘mercados’ hacen lo que les da la gana impunemente, hundiendo a quien sea mientras obtienen obscenos beneficios. Los ‘mercados’, por cierto, no son una entidad supraterrenal, no son una ‘mano invisible’: tienen nombres y apellidos. Y muy a menudo cuentas corrientes opacas en paraísos fiscales. Es la dictadura financiera. Dictadura camuflada, maquillada, disfrazada y travestida para aparentar ser natural, necesaria e inevitable. No lo es y es dictadura.

Carlos Berzosa nos ha recordado recientemente un texto de “Contra la tercera vía” , de Alex Callinicos, en el que varios economistas asesores del presidente Clinton le informan de que lo urgente no es hacer las reformas económicas de su programa electoral, sino disminuir el déficit público para calmar a los mercados. Clinton, muy cabreado, pregunta: “¿El éxito del programa y de mi reelección depende de la Reserva Federal y de un puñado de mercaderes de bonos?” Y nadie se lo negó.

Gentes amorales, guiadas por una codicia obscena, gentes que nadie ha elegido jamás y nunca se han sometido al veredicto de las urnas, corrompen impunemente la economía. Inductores, ejecutores, cómplices necesarios y encubridores. Son los especuladores, evasores de impuestos, bancos y otras entidades financieras, grandes corporaciones, dirigentes de entidades económico-financieras internacionales… Con la inestimable colaboración de gobiernos serviles más los dueños y dirigentes de los medios llamados informativos… La minoría privilegiada.

Ike Eisenhower, en su último discurso a la nación como presidente, advirtió que “debemos guardarnos del complejo industrial militar. No debemos permitir jamás que el peso de su influencia ponga en peligro nuestras libertades ni nuestra democracia”.

Sustituyan ‘complejo militar industrial’ por tinglado económico-financiero y tendrán el diagnóstico de nuestros días. La dictadura financiera.

Da igual, por ejemplo, que índices económicos de España apunten a la recuperación (según sus neoliberales esquemas); las agencias de calificación rebajan la calidad de la deuda española. Porque sólo interesa especular y ganar ingentes cantidades de dinero al margen de la economía real. Lo demás, decorado.

Nadie los ha elegido ni ratificado, no tienen jamás en cuenta los derechos de la gente, invaden y contaminan los poderes del estado, son responsables del aumento de la pobreza, de más hambre en el mundo, de tantas miles de muertes que no tenían que ser, de que miles de millones no tengan nada, forzados a vivir sin dignidad. Y nadie les pide cuentas.

¿Qué ocurrirá en Grecia si los propios griegos no ponen freno a la receta neoliberal forzada por el FMI y la Unión Europea? Acaso reduzcan la deuda pública, pero maldita la gracia cuando la mayoría de los ciudadanos griegos estará mucho peor, con una vida mucho más difícil. Y detrás ya va España. El gobierno dicho socialista perpetra el mayor recorte social de la historia contemporánea española: rebaja del 5%  del sueldo de los funcionarios, congelación de pensiones, recorte de gasto farmacéutico, recorte en inversión de infraestructuras (por tanto, menos empleo), recorte de ayuda al desarrollo de países empobrecidos… Pero a los que más tienen, ni tocarlos. Los ricos continuarán invirtiendo en el paraíso fiscal de las SICAV: Sociedad de Inversión de Capital Variable (empresas de inversión muy queridas por personas con grandes capitales, que sólo pagan un 1% de impuesto). No parecen medidas propias de quien dice ser socialista.

Porque lo que interesa es la suerte de la mayoría de la gente. No que los tramposos mercados estén tranquilos y especulen a su antojo. El diagnóstico fiable de un país es cómo está y vive la mayoría de sus ciudadanos. El resto es farfolla.

Y, como nos recuerda el profesor Juan Torres, “lo que ha provocado la situación de Grecia (aparte de la política neoliberal impuesta por la Unión Europea) ha sido la corrupción protagonizada por los gobiernos griegos conservadores. Y que quienes hicieron trampas (en delictivo chalaneo con bancos de inversión para obtener ganancias ocultando la deuda griega real) son quienes defienden las políticas neoliberales”. Las de los recortes sociales.

Ojo avizor porque, como advierte la Confederación Europea de Sindicatos, los recortes de gastos sociales y rebajas salariales de hoy en Grecia y España son las políticas que se impondrán pronto en toda Europa… Si no se impide.

Durante el nazismo alemán, fascismo italiano, franquismo español, dictadura de Pinochet o de los militares argentinos, surgieron grupos de resistencia, de oposición frontal contra esas dictaduras por la democracia. Por la libertad y por la justicia. Hoy hay que hacer lo mismo contra la dictadura financiera.