¿Reforma constitucional en España?

En plenas emociones desatadas por la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado octubre, Pedro Sánchez propuso a Mariano Rajoy crear una comisión del Congreso para reformar la Constitución y así prever y evitar otras crisis como la catalana.

De entrada parece buena noticia , pero… Siempre hay un pero. O más. Resulta que Rajoy y Pedro Sánchez han acordado señalar límites a la futura reforma constitucional en la comisión del Congreso de los Diputados. ¿Qué reforma es ésa que se recorta antes de empezar a hablar, antes incluso de constituirse esa comisión?

¿Esa comisión solo abordará reformas que afecten a la organización territorial? ¿Y hasta dónde? Lo peor es que Rajoy y Sánchez están de acuerdo en que de ningún modo la reforma constitucional pueda convertirse en un proceso constituyente. ¡Hasta ahí podíamos llegar! En cuanto a la posibilidad de referendos pactados en las comunidades autónomas (núcleo de la actual crisis política con Cataluña) no será abordada en esa comisión presuntamente reformista de la Constitución. Porque lo impedirán los votos de PP y PSOE.

¿Reforma constitucional? Sinceramente, está por ver incluso en la postura más optimista. Aunque, vistas las declaraciones de dirigentes del Partido Popular y algunas de la vieja y rancia guardia del PSOE, parece que todo quedará en juegos de espejos y sesiones de maquillaje. Como decía Giuseppe di Lampedusa, se cambia para que todo siga igual.

Qué poco le ha durado a Pedro Sánchez y a ‘su’ PSOE la voluntad de ser y actuar como gente de izquierdas de verdad. Aunque no dejen de adornar sus actos y mitines con la frase de que son la izquierda. Un viejo refrán en latín macarrónico asegura que excusatio non petita, accusatio manifesta; cuando te excusas mucho, en realidad te acusas. Cuando repites mucho algo es que no estás muy seguro de que sea.

El bipartidismo ha vuelto, aunque más complicado y retorcido que en el pasado. Ahí están Rajoy y Sánchez que ahora se entienden como ‘hombres de Estado’. A ver si alguien me define de una puñetera vez que quieren decir cuando dicen ‘hombre de Estado’.

En fin, nos toca sufrir una situación política mucho más peliaguda que hace unos meses para cambiar las cosas para bien. Algo que hemos de agradecer a la estupidez política de los dirigentes independentistas catalanes que sin la menor duda han contribuido a fortalecer el más rancio e irracional españolismo cuando parecía haber retrocedido. ¿Cómo pueden marcarse el farol de proclamar la independencia, luego envainarla, aceptar la aplicación del artículo 155 y añadir que la independencia no es la única vía para resolver los problemas de Cataluña?

Un servidor nunca ha sido independentista, sobre todo si la independencia la ha de conseguir la burguesía catalana (una de las más peligrosas de Iberia, vista la historia del siglo XX). Y aún menos si esa independencia pretendía lograrse con la participación de la CUP, que se define anticapitalista, pero va de la manita del PdeCat que si algo es sin dudarlo es precisamente muy partidario del capitalismo. Una CUP que participa en las elecciones del 21 de diciembre, aunque las considera ilegítimas. Seamos serios, participa en las elecciones porque no van a renunciar a los privilegios (incluidos los económicos) que supone lograr unos cuantos diputados. Por mucho que lo disfracen con frases rimbombantes de responsabilidad política.

Volviendo al Reino de España, ¿va a haber una reforma constitucional que merezca tal nombre? ¿Una reforma que abra un horizonte diferente en este reino que debería dejar de serlo? Harto difícil cuando la misma Constitución impone que “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Y el nuevo texto constitucional que se redactara también deberá ser aprobado por dos tercios de ambas Cámaras. Lo que, vistas las correlaciones de fuerzas y las vigentes (e injustas) leyes electorales, convierte en misión imposible reformar de verdad la Constitución de 1978. Especialmente visto el escaso entusiasmo del PSOE. No olviden que reformar significa ‘cambiar algo para innovarlo y mejorarlo’

Lo que podemos esperar son juegos de ilusionismo: nada por aquí, nada por allá. ¡Ale hop!

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El conflicto de Cataluña

El Consejo de Europa ha expresado que apuesta por el diálogo en el conflicto de Cataluña con el gobierno de Rajoy. Pero Rajoy, ni caso. El Consejo también ha condenado las cargas policiales del 1 de octubre pasado en Barcelona y otras poblaciones catalanas y ha señalado que las libertades de expresión y de reunión son incompatibles con la violencia de ese día en Cataluña, criticando la errónea y muy desproporcionada reacción del Gobierno español. Además, el Consejo de Europa ha expresado también su desacuerdo con aplicar el artículo 155 de la Constitución española, pues considera que encona el enfrentamiento existente.

Pero Rajoy y los suyos se empecinan y no se apean de que el gobierno de la Generalitat catalana ha actuado ilegalmente. Como también Puigdemont se entesta en eufemismos y juegos de palabras para no decir con claridad que no había proclamado la independencia, lo que hubiera allanado una vía de dialogo.

A propósito de la crisis catalana cabe señalar que la legalidad, sin más matiz ni explicación, no es el objetivo de la democracia, como pretenden los voceros del PP. La legalidad es un medio para desarrollar la democracia, porque el fin de la democracia es la libertad, la justicia y el imperio de los derechos humanos. O no es democracia.

Alzar la bandera de la legalidad una y otra vez no resuelve el conflicto, como se ha comprobado. Pero lo cierto es que hay un gran conflicto político cuando cuarenta de cada cien catalanes y catalanas han votado querer separarse de España en el ilegal referendo del 1 de octubre. Como dijo muy lúcidamente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un problema político no se resuelve echando mano del Código Penal. Ni enviando diez mil policías y guardias civiles, cabe añadir. Aquí hay un problema político de envergadura, que además viene de lejos,y solo se resolverá hablando, dialogando, negociando… como ha reivindicado la ciudadanía en varias poblaciones españolas donde se manifestaron sin bandera alguna.

La legitimidad, que está por encima de la legalidad, es la cualidad de lo conforme con la justicia. Es lo justo y por eso puede haber y hay legalidades ilegítimas por injustas. Aquí cabe recordar la advertencia de Martin Luther King:No olvidemos nunca que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. Y fue un horror que también puede aplicarse a Mussolini, Franco o a cualquier otro dictador.

Lo legal no es siempre baremo del cumplimiento de los derechos humanos ni del desempeño de la justicia ni del respeto de las libertades, verdaderos fines de la democracia.

No defiendo la postura de Puigdemont y estoy contra su encastillamiento en realizar el referendo. Un referendo cuyo resultado, como ha dicho la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, no es aval suficiente para declarar la independencia. Porque, aunque convocar el referendo fuera legítimo, no se pudo desarrollar con normalidad ni garantías por la intervención violenta de la policía enviada por Rajoy y por el cierre de muchos colegios electorales. En Hospitalet, segunda ciudad de Cataluña con un cuarto de millón de habitantes, se pudieron constituir menos de la quinta parte de colegios electorales. Eso invalida cualquier resultado.

Hay leyes y acciones del Estado injustas y por tanto ilegítimas, por legales que sean, pero además, el cacareado respeto de la legalidad del gobierno de Rajoy no es cierto. Solo hay que recordar la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Reino de España por las ilegales devoluciones de inmigrantes “en caliente”, echando por tierra la pretensión del gobierno Rajoy de ser legales. Una ilegalidad que dura quince años. Para mas inri, el ministro de Interior sigue defendiendo las devoluciones “en caliente”. Le da igual la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Puede el PP presentarse como adalid de la legalidad? ¿Tiene el menor crédito? Primero negaban que hubiera expulsiones de inmigrantes “en caliente”. Luego reconocieron que “en casos puntuales” incumplían la ley y al fin, el gobierno Rajoy intentó darles cobertura legal llamándolas “rechazos en frontera”. Pretensión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desmontado.

Y, ya puestos, recordemos otras ilegalidades del Gobierno Rajoy y del partido que lo sostiene. Como las financiaciones ilegales de campañas electorales del Partido Popular. Según se ha publicado, en el año 2000 el Partido Popular financió ilegalmente la campaña electoral que le consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales. Y hace poco, ante los tribunales que juzgan casos de corrupción, funcionarios de Hacienda han ratificado como testigos que el Partido Popular financió ilegalmente también las elecciones municipales de 2003 1.

¿Qué respeto a la legalidad es ése?

Además, la Fiscalía Anticorrupción considera probado, en sus conclusiones en el juicio de la Gürtel, que el Partido Popular se lucró de forma ilegal en la financiación de actos electorales a cambio de adjudicaciones fraudulentas de contratos a empresas de la trama corrupta.

Por si fuera poco, desde 1978 se han descubierto en el Reino de España más de 175 redes de corrupción asociadas a partidos de gobierno; una corrupción que no afecta exclusivamente, pero sí de modo muy considerable, al Partido Popular, tanto que hay más de 900 cargos públicos imputados de ese partido.

La delictiva ilegalidad de la corrupción supone, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la Hacienda española deja de recaudar 45.000 millones de euros anuales que se pierde en las cloacas de la política para ir a parar a las cuentas corrientes de los corruptos, escondidas en paraísos fiscales.

¿Ése es el respeto a la legalidad exigido por Rajoy y el PP a Puigdemont?

En cuanto al dirigente nacionalista catalán, cabe recordarle que su partido también está hundido en la corrupción y les viene bien que se hable del referendo y de la respuesta del gobierno Rajoy, así los medios dejan de hablar de la corrupción de Convergencia y de la familia Pujol.

También hay que hacerle notar que algo más de dos millones de votantes de cinco millones y medio de ciudadanos con derecho a voto en Cataluña no pueden decidir la independencia en las condiciones muy irregulares del referendo. Pues no sabemos si los tres millones y medio que no votaron ese día no quisieron votar o no pudieron. Lo probable es que muchos no pudieron al no constituirse todos los colegios electorales por la intervención policial, más las continúas caídas de Internet que dificultaron o impidieron votar. En cualquier caso, no sabemos que hubieran votado ni siquiera si pensaban votar. En democracia de calidad, ese resultado no es suficiente y más aún si se trata de decidir cuestión tan trascendente como continuar a separarse.

Sin embargo, los datos globales de la votación, aunque no válidos electoralmente, sí indican una gran movilización ciudadana, una enorme desobediencia civil que debería hacer ver al gobierno de Rajoy y a quienes lo apoyan que hay un problema serio a resolver. Resolver, no enconar. Un problema que no se arregla con represión ni con emociones desatadas ni enarbolando banderas rojigualdas o cuatribarradas.

En este conflicto, el Partido Popular y el gobierno Rajoy destacan por su autoritaria, necia y malévola intransigencia. En tanto que al señor Puigdemont y los suyos cabe señalarles su falta de visión de la realidad más una irresponsable y errática actuación política. Su actuación no ha conseguido la independencia (en el caso de que fuera un objetivo para pelear por él, que considero que no), pero sí ha fortalecido el nacionalismo españolista, el peor. Y ese reforzamiento hace ahora más difícil cambiar las cosas en este país para lograr una democracia de calidad que, por cierto, no es el caso del vigente régimen dinástico bipartidista del 78 que con tanto afán defienden Rajoy, Rivera y también Pedro Sánchez.

A destacar que esta crisis ha desvelado que el PSOE de Pedro Sánchez no es la izquierda templada recuperada que en algún momento pudo parecer, sino que, con algunos retoques, vuelve por los fueros de González y Guerra, por el bipartidismo del 78 y por un evidente nacionalismo español que nada tiene que ver con el socialismo. No por casualidad The New York Times tituló “Victoria de los jóvenes nacionalistas” un reportaje de páginas centrales contando la mayoría absoluta conseguida por el PSOE de Felipe González el 28 de octubre de 1982.

Otrosí ¿qué pensar de que el PP elogie la “capacidad de Estado” de Pedro Sánchez por apoyar sin dudar la respuesta autoritaria del Gobierno Rajoy a Puigdemont? Insisto: Puigdemont yerra, no tiene razón y sus intereses son los de la burguesía catalana no los de la mayoría ciudadana, pero aplicar el artículo 155 de la Constitución española no es el camino para resolver los problemas con Cataluña.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha pedido a Rajoy y Puigdemont que no hagan nada que impida el diálogo y la mediación. Pero parece que ambos se encastillan en sus posiciones. ¿Saben?, la actitud de ambos políticos me recuerda a un par de tíos desafiándose a ver cual de los dos mea más lejos? Muy masculino, pero muy estúpido.

La ley de Amnistía española (vergüenza de la democracia) cumplió 40 años

Hace unos días se cumplió el cuarenta aniversario de la ley de Amnistía de 1977, auténtica vergüenza, cuando no escarnio, de la democracia española. Esa ley impide que prospere cualquier petición de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.

Así ha sido por la innegable voluntad del partido Popular, de su escudero político Ciudadanos y del PSOE, los tres han boicoteado cualquier intento de investigar y juzgar los crímenes del franquismo. La razón aducida es que hay que olvidar y no reabrir heridas. Olvidan que una herida cerrada sin limpiar se pudre, se infecta. Así como también olvidan que algunos países desarrollados de ‘nuestro entorno’ han emprendido y consumado procesos para borrar cualquier resto de las dictaduras que sufrieron. Así se ha hecho en Italia con el fascismo y Mussolini y en Alemania con Hitler y el nazismo.

El último rechazo a investigar crímenes franquistas fue en diciembre de 2016 cuando esos partidos rechazaron una proposición de ley de Unidos Podemos que añadía un artículo a esa ley según el cual la amnistía no era aplicable a delitos de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El Congreso ha rechazado otras dos veces derogar o modificar la Ley de Amnistía, siempre con los votos de PP y PSOE. Y también de Convergencia Democrática de Cataluña, por cierto, que hoy se llama PdeCat. Lo que ha motivado las denuncias de organismos internacionales.

Han denunciado a España por esa ley el Grupo contra Desapariciones Forzadas de la ONU, el Relator Especial de la ONU por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esta última organización dejó muy claro hace siete años, cuando juzgaron al juez Garzón por prevaricación, que “las autoridades españolas deben cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en vez de investigar a un magistrado que busca que se rindan cuentas por los crímenes del pasado“.

En 2006 se presentaron en España algo más de 114.000 denuncias de crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista de 1936 a 1951. Pero no se investigo ni uno siquiera. En 2008 se abrieron 47 causas por lo mismo, pero se recharon alegando la Ley de Amnistía. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la Ley de Amnistía es una ley de impunidad.

Pero esa ley del 77 aún es más antidemocrática cuando se comprueba que en las actas del debate para elaborar la ley nunca se consideró amnistiar a franquistas que hubieran perpetrado crímenes. El abogado Jaime Sartorius estuvo en la Comisión parlamentaria que elaboró la ley de Amnistía y asegura que nunca se menciona que la ley de amnistía fuera un borrón y cuenta nueva de delitos de los franquistas.

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha recordado que “fue la UCD de Suárez, otro partido heredero del franquismo, la que introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley cláusulas que no estaban en los borradores iniciales. Esas clausulas extendían la amnistía a los delitos cometidos por funcionarios de la dictadura y agentes de orden público contra los derechos de las personas. Pues ese no era el objetivo de la ley de Amnistía que buscaba vaciar las cárceles de ciudadanos y ciudadanas que habían luchado por las libertades contra la dictadura.

Tiempo después, víctimas de la dictadura, familiares de éstas y colectivos ciudadanos pidieron explicaciones y justicia por las actuaciones de los franquistas, pues no era inadmisible la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el terror a quienes se oponían a la dictadura. Pero nada consiguieron. La Ley de Amnistía se usó como escudo perfecto para impedir que los franquistas rindan cuentas por sus crímenes. No se puede investigar nada por la vigencia de la ley de Amnistía, convertida en medio de los poderes del Estado para rechazar toda petición de Justicia de las víctimas de la dictadura para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista. Crímenes como las ejecuciones de las últimas sentencias de muerte del franquismo en 1975 o los sucesos de Vitoria en 1976 cuando fueron asesinados cinco trabajadores en huelga.

Así lo entiende el ex-ministro franquista Martín Villa que ha expresado su voluntad de declarar ante la Justicia argentina 1, rechazando parapetarse tras la ley Amnistía, reconociendo que ése es el objetivo de la misma, porque otros franquistas sí se acogen a ella para no responder ante la Justicia.

El rechazo sistemático del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos de investigar los crímenes del franquismo convierte esa ley de Amnistía en ley de punto final y blindaje protector de franquistas, como han denunciado organismos internacionales de derechos humanos.

Pero no esta todo perdido. El Ayuntamiento de Madrid se querellará contra los responsables de crímenes del franquismo en la ciudad. El equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena propondrá en breve una moción para que el Consistorio se persone como querellante ante la Justicia y se investiguen los crímenes franquistas en el municipio de Madrid. Madrid se une así a otras ciudades del cambio que también han denunciado crímenes de la dictadura franquista como Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Cádiz, Tarragona y Rivas que se han querellado o lo harán en breve contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

1 La jueza argentina María Servini investiga los crímenes del franquismo en aplicación de la Justicia Internacional, atendiendo numerosas denuncias de víctimas de la dictadura o familiares de éstas.

CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía

El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). Derecha sospechosa que es el Partido Popular, los presuntos centristas de Ciudadanos, el PNV (que consiguió su libra de carne y no la arriesga por tratado más o menos), la antigua CDC (sumergida en corrupción en Cataluña) y el PSOE, que dice ser de izquierdas.

¿PP y PSOE votaron juntos? No es primera vez. ¿Por qué creen que algunos analistas denominan lo de este Estado ‘régimen dinástico bipartidista del 78′?

Otrosí, en 2014, PP y PSOE impidieron que ese tratado con Canadá se sometiera a referéndum y decidiera la ciudadanía. Es más, cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, parte del grupo Socialistas y Demócratas de la Eurocámara desobedeció la línea oficial y votó contra el CETA. Pero los socialistas españoles votaron a favor como un solo hombre.

A destacar que el PSOE ha votado lo mismo que el Partido Popular Europeo y Ciudadanos tres de cada cuatro votaciones en el Europarlamento. Que no es poco. Y, según el diario digital Info-Libre, PSOE, Podemos y Ciudadanos votan lo mismo en el Congreso español 63 veces de cada 100. Esclarecedor de donde está realmente cada cual en el abanico político.

A la hora de evaluar los daños del CETA, hay que señalar que ese tratado no es solo un acuerdo con Canadá. En suelo canadiense hay filiales de casi todas las grandes empresas estadounidenses que, por ello, actúan como empresas de Canadá. Ergo, el CETA es también un tratado con EEUU. Esos Estados Unidos de Trump que se pasan por el forro la protección del medio ambiente, los derechos de la gente y la seguridad de los alimentos. Graves retrocesos políticos, plasmados en los presupuestos federales de Estados Unidos, recién presentados. Si finalmente se aprueba el CETA, Estados Unidos tendrá también patente de corso para intervenir en la política de la Unión Europea y la ciudadanía tendrá muchos más problemas.

Queda la pequeña esperanza de que algún país de los 27 que forman la UE no ratifique el CETA y entonces se pararía todo. Volverían a intentarlo, porque la voluntad de saqueo de la minoría rica global es inacabable, pero llevaría tiempo y quizás la ciudadanía europea pudiera organizarse mejor e impedir programas y políticas que violan sus derechos por sistema.

Los tratados bilaterales de comercio e inversión son medios de las corporaciones multinacionales para conseguir más y más beneficios. Con tales tratados, buscan sortear, evitar e incluso suprimir leyes de protección de derechos de la gente y de defensa del medio ambiente, por ejemplo. En los tratados bilaterales, los intereses de las multinacionales están muy por encima de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de los consumidores.

El primer riesgo severo del CETA vigente es rebajar peligrosamente las exigencias de las leyes europeas en derechos laborales, protección del medio ambiente, atención sanitaria general y seguridad saludable de alimentos. Se rebajarán derechos laborales porque Canadá y EEUU no aceptan los criterios de derechos de los trabajadores de la OIT. Pero no solo se rebajarán las garantías actuales, el CETA abrirá la puerta a suprimir normas y reglas que protegen a la ciudadanía y la naturaleza.

Si se impone el CETA, otra consecuencia nefasta serán los pretendidos tribunales de arbitraje entre empresas y Estados. Unos llamados tribunales (que no son más que tríos de abogados privados), al que solo podrán recurrir las empresas contra los Estados, pero no los Estados contra las empresas El ISDS (siglas en inglés) permite a las multinacionales demandar a los Estados por cantidades multimillonarias, si creen ver mermados o amenazados sus beneficios por actuaciones políticas y legislativas de los Estados. Como moratorias nucleares, protección del medio ambiente, cuidado de la salud colectiva, defensa de los derechos humanos de la gente…

El CETA y otros tratados bilaterales pueden ser el principio del fin de la democracia, porque vacían la capacidad legislativa y de gobierno de los Estados ante el temor a ser demandados. No podemos permitir que las multinacionales gobiernen el mundo.

Ante la emergencia social no es legítimo reducir el déficit

En España no se sabe quién será investido presidente de gobierno. Con un Congreso más plural, donde ya no es fácil formar mayorías absolutas, puede ser presidente el muy conservador Rajoy o el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recién convertido a la socialdemocracia clásica. Cualquiera de los dos podría ser Presidente, porque ninguno tiene fácil reunir la mayoría suficiente para ser investido.

Pero al Eurogrupo le da igual quien gobierne. Su presidente, el holandés Jeroen Dijsselbloem (presunto socialdemócrata y uno de los dirigentes europeos más fanático partidario de la nefanda austeridad) ya ha apremiado perentorio que “el nuevo Gobierno deberá hacer más ajustes. España debe hacer más reformas”.

Ajustes y reformas. Sabemos lo que significa, porque hemos pagado muy caras las perpetradas hasta ahora. Dijsselbloem ha sentenciado también que “el desafío del próximo Gobierno es [reducir] el déficit”. Aserto rechazable, visto lo muy negativas que han sido para la gente la austeridad y reducción del déficit que se pretendía con ella. Porque la situación de España es de las peores de Europa. Aumento abrumador de contratos temporales (incluso de un solo día,) y a tiempo parcial,  desempleo juvenil galopante y pobreza laboral, como denuncia la OIT. Con tal panorama, el único desafío legítimo es acabar con la emergencia social y no mantener la dictadura del déficit. Reducir el déficit es en beneficio de los bancos (culpables de la crisis) que cobran pingües intereses de deuda pública, adquirida con los préstamos casi regalados del BCE. Como los bancos holandeses, franceses y alemanes. Quizás eso explique que el holandés Dijsselbloem sea tan idólatra de la reducción del déficit, porque proporciona liquidez para abonar los intereses a los bancos poseedores de deuda pública.

No es cuestión baladí. El Reino de España ha de pagar este 2016 unos 35.000 millones de euros en intereses. Pero si se reduce el déficit para abonarlos (en vez de buscar otras salidas como  moratorias, reestructuración, quita…), pagan el pato los de siempre: el pueblo trabajador. Y los responsables de esta crisis-estafa se van de rositas y además  hacen un gran negocio.

La situación es tan grave que “España tardará al menos diez años en volver a los niveles económicos y de empleo de antes de la crisis”, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En realidad ni eso, porque el empleo que se recupera y se jalea como si fuera la multiplicación de los panes y los peces es mayoritariamente de saldo. De pena. Un empleo que no asegura salir de la pobreza y con eso está dicho todo. El director de la OIT para España, Joaquín Nieto, insiste en que no hay recuperación social porque el empleo generado es precario y aumenta el número de trabajadores pobres. Personas con empleo que no llegan a fin de mes y precisan ayuda de alimentos que les proporcionan ONG o que no pueden encender la calefacción, por ejemplo.

La lucha contra la pobreza ha de ser, sin paliativos, el primer desafío a afrontar por el nuevo gobierno español. No el pago de intereses a los bancos ni, por tanto, la reducción del déficit.

Cuando las previsiones de la OIT para 2016 son más desempleo y más desigualdad, el desafío es combatirlos, no reducir el déficit como reclama el Eurogrupo. Por cierto, ese Eurogrupo no tiene legitimidad alguna para meterse en camisa de once varas enmendando la plana a ningún gobierno, pues no tiene ninguna competencia institucional asignada. Su naturaleza jurídica es más que discutible. En realidad solo es una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión con el euro como moneda que actúa como verdadero lobby en defensa de los intereses del sector financiero y  de las grandes coporaciones, como hemos visto que ha hecho contra  Grecia. Es un invento euroburocrático que va a su aire y nadie ha elegido. Una vez más esta Unión Europea no se muestra muy democrática sino más bien un montaje que mangonean unos pocos como en el dicho de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.

Tal sucede cuando el aumento descontrolado y obsceno de la desigualdad hace posible que ¡solo 62 personas! posean tanta riqueza como 3.600 millones, que es la mitad de la población mundial. Lo ha denunciado Oxfam Intermon en su documentado informe “Una economía al servicio del 1%”.

Según ese informe, en España 20 ricos poseen entre todos tanto dinero como un tercio de población. Es decir, algo más de docena y media de privilegiados tienen tanta riqueza como 15 millones de personas. Y en España también, un reducidísimo 1% de población concentra más riqueza que el 80% de ciudadanía más pobre, mientras un presidente de empresa del Ibex35 ingresa ya 158 veces el salario medio de un trabajador. En 2015, mientras el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó 15%, la riqueza del 99% de la población española se redujo un 15%. Obviamente, no es casualidad ni azar que coincidan ambos porcentajes.

No es ajeno a esta situación estructural de injusticia y desigualdad un sistema fiscal muy regresivo, injusto e insuficiente, en el que quienes más tienen pagan muy poco y el capital y sus tejemanejes apenas paga nada. Sin olvidar la fuga constante, incesante, de dinero hacia los paraísos fiscales. La huida de capital desde España a esos paraísos aumentó un 2000% en 2014.

Por eso, las declaraciones de Dijsselbloem son un insulto. Es imprescindible que el pueblo trabajador se organice y se mueva a fondo para que el desafío sea resolver la grave emergencia social que hay, no el déficit. Diga lo que diga el Eurogrupo.

Breve balance de una lucha de clases que perdemos por ahora

Los resultados de las elecciones generales en España son prueba de la afirmación del tirular. Elecciones sin mayorías absolutas. Izquierda y derecha ocupan el Congreso a partes casi iguales, pero, con la que está cayendo, la izquierda debía haber arrasado. Pero no. Los nuevos partidos llamados emergentes (uno de izquierda moderada y otro de derecha pura aunque se vista de centro) obtienen diputados y los resultados no permiten pactos fáciles. En la izquierda, no, porque el PSOE, por ejemplo, reaviva su lado más españolista. No pactará con Podemos si mantiene su voluntad de convocar un referéndum en Cataluña para que su ciudadanía diga cual quiere sea su encaje con España.

El gran argumento del PSOE es que no aceptan nada contra la unidad de España. Como si una consulta al pueblo no fuera un ejercicio de democracia. Por cierto, eso de ‘unidad de España’, lo utilizó y repitió hasta la saciedad uno de los grandes genocidas europeos: el dictador Franco.

Los resultados electorales muestran también que el régimen del 78 (monarquía restaurada con formas democráticas) es una falacia. Se inventó para que nada cambiara en España. En parte con una ley electoral tramposa, injusta y poco democrática, que da nueve diputados a un partido con 600.000 votos y dos a otro con casi un millón.

Un diseño electoral para que las clases ricas formadas durante la dictadura franquista, que se sumaron a los aristócratas y terratenientes de siempre, controlaran la economía patria. Burguesía terrateniente, inmobiliaria, algo industrial y financiera que hoy se agrupa en el Ibex 35, las mayores empresas y corporaciones del Reino. Bloque capitalista que subió con entusiasmo al carro de la llamada crisis. Crisis que fue insensatez, timo y robo con premeditación y alevosía, y finalmente saqueo del pueblo trabajador. Aquí, en EEUU, resto de Europa y la Conchinchina. Puse lo cierto y comprobado es que el capital no tiene otra patria que sus ganancias, que siempre han de ser más.

Obsesionado por pillar más beneficios (que se resistían por sobre producción y otras cuestiones), en la primera década del siglo XXI el capital decide prestar a todo quisque para comprar viviendas. Beneficio por venta inmobiliaria… y beneficio por especular con las deudas para adquirir casas. Fueron las hipotecas sub prime, auténticas hipotecas basura. Préstamos hipotecarios sin la menor garantía de solvencia. Préstamos que jamás serían devueltos y cuyos intereses dejarían de abonarse al poco tiempo.

Esas hipotecas se ocultaron en títulos con otros productos financieros. Pero, como eran incobrables, los títulos devinieron activos tóxicos. Basura financiera que jamás daría beneficio ni se recuperaría el capital prestado. Los balances financieros se fueron al garete y se desató el pánico. Cundió el terror en las cúpulas bancarias, pero, tras breve tiempo de atrición y propósito de enmienda (hablaron de ‘refundar’ el capitalismo), pensaron que la ocasión la pintaban calva. Además de mendigar ayudas billonarias al Estado (para tapar pérdidas y agujeros y continuar ganando obscenamente), podían utilizar la crisis para que todo volviera a su estado ‘natural’. Fin del capitalismo ‘de rostro humano’ tras la II Guerra Mundial, fin del estado de bienestar y recuperar todo el poder. Además, ya no existía la URSS y nadie contrario al capital daba miedo. Beneficios y más beneficios… Y reducir la democracia a decorado y liturgia, porque, cuando es de verdad, se convierte en incordio.

Hablando de la crisis, lo explicó con nitidez el especulador Warren Buffet (uno de los cinco hombres más ricos del mundo) a The Wall Street Journal: “Sí, es lucha de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que va ganando”. Y, para mostrar como ganan los ricos, Isabel Ortiz y Matthew Cummins investigaron lo que los poderosos han impuesto a la mayoría de población urbi et orbe con la excusa de afrontar la crisis. Austeridad, sí o sí. Que en román paladino es transferencia obscena a la minoría rica de las rentas y costes de satisfacer derechos de las clases trabajadoras. Recuerden a Grecia. O España.

En Revisión del Gasto Público y Medidas de Ajuste ambos investigadores documentan las consecuencias de esa política en 181 países del mundo. Se han rebajado los salarios en 97 países. Se han reducido o eliminado las ayudas a desempleados (y a los más pobres) en 100 países. En 94 estados han aumentado los impuestos indirectos al consumo (pagan igual pobres que ricos). Se han rebajado las pensiones en 86 países y se han recortado servicios y prestaciones de sistemas de salud también en 86. Se ha reducido la protección social en 80 países. El despido es más fácil, barato o gratuito en 40 países… Y sigue.

Más allá del sufrimiento, dolor y angustia que esas medidas han provocado y provocan, no han creado empleo aceptable (como no hicieron nunca) ni han recuperado una actividad económica decente. Y, por supuesto, no han mejorado un ápice la vida de la gente. Todo ha empeorado y crecen desigualdad y pobreza.

Pero el problema no acaba ahí. La guerra de los ricos contra la población sigue y hay que saber qué se cuece, qué nos preparan. Por ejemplo, una Unión Europea al acecho quiere más vueltas de tuerca en reforma laboral, pensiones y recortes presupuestarios. Para reducir el déficit, dicen, pero en verdad a mayor beneficio de las élites.

Son tiempos de desobediencia, son tiempos de resistencia.

Solo ganando elecciones no se cambian las cosas

En el Reino de España este último trimestre de 2015 será campaña electoral permanente, porque el 20 de diciembre habrá elecciones generales. Cargadas de interrogantes, por cierto. Al respecto he leído en algún lugar de Internet que en este país las encuestas detectan la recuperación del bipartidismo ante nuevas elecciones, luego llegan las elecciones y… el bipartidismo se hunde. Los resultados de las últimas elecciones europeas y los de las recientes municipales y autonómicas parecerían abonar esa convicción. Pero la situación no es tan optimista ni maravillosa como se sueña. El fin del bipartidismo no está tan cerca.

Aún con la máxima desconfianza hacia los sondeos electorales que se suelen hacer, algo hay que tenerlos en cuenta. Personalmente me interesan las tendencias que muestran, más que los porcentajes concretos y, en esa línea, la previsión de que el Partido Popular obtenga de 130 a 140 diputados según las últimas encuetas es muy preocupante. Es cierto que en las pasadas elecciones generales  el PP logró 187 escaños, pero 130 diputados continúan siendo demasiados para un partido que ha destrozado el país, ha mentido, ha faltado el respeto sistematicamente al pueblo trabajador  y ha propiciado el aumento de la precariedad, la desigualdad y la pobreza hasta unos extremos impensables.

Por su parte el PSOE, que empezó las reformas laborales que han provocado un mar de perecariedad y de trabajadores con empleo pero pobres, además de reformar la Constitución en pleno agosto para que fuera prioritario pagar los intereses de la deuda pública a los acreedores en las cuentas públicas españolas, conseguiría de 110 a 120 escaños según los sondeos.

En tanto PP y PSOE no bajen ostensiblemente del centenar de escaños es prematuro hablar del fin del bipartidismo. Otra cosa es que el próximo Congreso de los Diputados sea una cámara políticamente inestable en la que sea difícil armar mayorías absolutas para gobernar. Y eso es bueno para quienes quieren cambiar las cosas en el país, pero no es saludable soñar con la victoria de un bloque de izquierdas de unidad popular que ni siquiera se ha constituido. La primera condición pera cambiar las cosas es ser conscientes de dónde y cómo estamos.

Las elecciones europeas de 2014 sí mostraron el indiscutible inicio de la crisis del régimen monárquico bipartidista del 78. Pero fue el inicio de una crisis, no la liquidación. Hay que ser conscientes de que acabar con el bipartidismo no es tarea fácil. Al sistema capitalista en general y al neoliberal austericida en concreto les va de perlas el bipartidismo y por eso hay bipartidismo en muchos países. Pero el adversario a derrotar no es exactamente el bipartidismo, que ha sido el medio, la herramienta.

En el Reino de España lo que hay que sustituir de abajo a arriba es el régimen monárquico del 78 que, con larga cambiada, nos enjaretó el tocomocho de la transición modélica a la democracia. Y treinta y pico años después comprobamos que buena parte es espejismo, truco de ilusionista o mañas de prestidigitador. Como explica el constitucionalista Pérez Royo, “lo que se restauró en 1978 no fue la democracia con forma monárquica  parlamentaria. Lo que se restauró fue la monarquía con formas parlamentarias”. Que no es lo mismo. Por eso esta democracia cojea. Y mucho.

Dice también Pérez Royo que, puesto que el objetivo real era la restauración monárquica, se diseñó a su servicio y mayor gloria una democracia blanda sin riesgos. Lo que se comprueba en la “continuidad en las constituciones de 1845, 1876 y 1978, vigentes durante casi toda la historia constitucional de España, presididas las tres por la desconfianza hacia el protagonismo de la ciudadanía”.

Los hechos muestran que centrarse solo en la política electoral no basta, como parecen hacer algunos adanistas recién llegados a la acción política. Por importantes que sean las elecciones, no habrá verdadera victoria política que permita cambiar las cosas y construir una democracia de verdad en tanto no se logre la victoria cultural que indica Gramsci.

Porque no estamos cerca de esa victoria cultural, porque no hay convicción democrática mayoritaria en todas las mentes ni mayoría absoluta de los valores democráticos y republicanos en la conciencia de la gente, los protagonistas del bipartidismo se recuperan electoralmente. Lentamente, pero se recuperan hasta ser preocupante. Y la gran esperanza que parecía Podemos parece haberse estancado en un techo del 14% de votos. Y con el 14% de votos no se cambia un país. Un país con tres cuartas partes de clase trabajadora en el que una nutrida mayoría de esa clase se considera clase media tiene los valores de quienes los explotan y saquean. Y así hay bipartidismo para rato.

Pero, ¿acaso no indica el fin del bipartidismo el triunfo de la candidaturas municipales unitarias en capitales de provincias e incluso en alguna autonomía? No ha sido el fin del bipartidismo sino la apertura de una crisis. Aparte de que hay que ahondar mucho más en la unidad popular que no puede ser sólo electoral. En Madrid, por ejemplo, la victoria de la candidatura Ahora Madrid fue posible en gran medida por un trabajo tenaz de aterrizaje en los barrios de trabajadores para explicarse y escuchar a los vecinos, a la gente. Para reducir la habitual abstención de los barrios obreros, porque la abstención en los distritos de clase trabajadora ha propiciado no pocos triunfos de la derecha.

Hace unos años se extendió la expresión “paso de política” que concretaba lo que los analistas cursis y editorialistas poco rigurosos denominan ‘desafección de la política’.  Y abundó la gente que decía pasar de la política, ingenuos y desconocedores de que la política nunca pasa de ellos.

La cruda realidad es que para cambiar las cosas no basta con ganar elecciones. Disculpen la obviedad, pero para cambiar las cosas hay que construir poder popular y organizar la movilización ciudadana para, en el caso del Reino de España, oponerse al régimen monárquico neoliberal y ofrecer una alternativa sólida. Pues sólo con poder social un gobierno de unidad popular podrá poner a las personas y sus derechos por encima de todo.

El camino del cambio verdadero es largo y la primera condición para trabajar por el cambio es saber que ese camino es prolongado y lento.