CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía

El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). Derecha sospechosa que es el Partido Popular, los presuntos centristas de Ciudadanos, el PNV (que consiguió su libra de carne y no la arriesga por tratado más o menos), la antigua CDC (sumergida en corrupción en Cataluña) y el PSOE, que dice ser de izquierdas.

¿PP y PSOE votaron juntos? No es primera vez. ¿Por qué creen que algunos analistas denominan lo de este Estado ‘régimen dinástico bipartidista del 78′?

Otrosí, en 2014, PP y PSOE impidieron que ese tratado con Canadá se sometiera a referéndum y decidiera la ciudadanía. Es más, cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, parte del grupo Socialistas y Demócratas de la Eurocámara desobedeció la línea oficial y votó contra el CETA. Pero los socialistas españoles votaron a favor como un solo hombre.

A destacar que el PSOE ha votado lo mismo que el Partido Popular Europeo y Ciudadanos tres de cada cuatro votaciones en el Europarlamento. Que no es poco. Y, según el diario digital Info-Libre, PSOE, Podemos y Ciudadanos votan lo mismo en el Congreso español 63 veces de cada 100. Esclarecedor de donde está realmente cada cual en el abanico político.

A la hora de evaluar los daños del CETA, hay que señalar que ese tratado no es solo un acuerdo con Canadá. En suelo canadiense hay filiales de casi todas las grandes empresas estadounidenses que, por ello, actúan como empresas de Canadá. Ergo, el CETA es también un tratado con EEUU. Esos Estados Unidos de Trump que se pasan por el forro la protección del medio ambiente, los derechos de la gente y la seguridad de los alimentos. Graves retrocesos políticos, plasmados en los presupuestos federales de Estados Unidos, recién presentados. Si finalmente se aprueba el CETA, Estados Unidos tendrá también patente de corso para intervenir en la política de la Unión Europea y la ciudadanía tendrá muchos más problemas.

Queda la pequeña esperanza de que algún país de los 27 que forman la UE no ratifique el CETA y entonces se pararía todo. Volverían a intentarlo, porque la voluntad de saqueo de la minoría rica global es inacabable, pero llevaría tiempo y quizás la ciudadanía europea pudiera organizarse mejor e impedir programas y políticas que violan sus derechos por sistema.

Los tratados bilaterales de comercio e inversión son medios de las corporaciones multinacionales para conseguir más y más beneficios. Con tales tratados, buscan sortear, evitar e incluso suprimir leyes de protección de derechos de la gente y de defensa del medio ambiente, por ejemplo. En los tratados bilaterales, los intereses de las multinacionales están muy por encima de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de los consumidores.

El primer riesgo severo del CETA vigente es rebajar peligrosamente las exigencias de las leyes europeas en derechos laborales, protección del medio ambiente, atención sanitaria general y seguridad saludable de alimentos. Se rebajarán derechos laborales porque Canadá y EEUU no aceptan los criterios de derechos de los trabajadores de la OIT. Pero no solo se rebajarán las garantías actuales, el CETA abrirá la puerta a suprimir normas y reglas que protegen a la ciudadanía y la naturaleza.

Si se impone el CETA, otra consecuencia nefasta serán los pretendidos tribunales de arbitraje entre empresas y Estados. Unos llamados tribunales (que no son más que tríos de abogados privados), al que solo podrán recurrir las empresas contra los Estados, pero no los Estados contra las empresas El ISDS (siglas en inglés) permite a las multinacionales demandar a los Estados por cantidades multimillonarias, si creen ver mermados o amenazados sus beneficios por actuaciones políticas y legislativas de los Estados. Como moratorias nucleares, protección del medio ambiente, cuidado de la salud colectiva, defensa de los derechos humanos de la gente…

El CETA y otros tratados bilaterales pueden ser el principio del fin de la democracia, porque vacían la capacidad legislativa y de gobierno de los Estados ante el temor a ser demandados. No podemos permitir que las multinacionales gobiernen el mundo.

Ante la emergencia social no es legítimo reducir el déficit

En España no se sabe quién será investido presidente de gobierno. Con un Congreso más plural, donde ya no es fácil formar mayorías absolutas, puede ser presidente el muy conservador Rajoy o el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recién convertido a la socialdemocracia clásica. Cualquiera de los dos podría ser Presidente, porque ninguno tiene fácil reunir la mayoría suficiente para ser investido.

Pero al Eurogrupo le da igual quien gobierne. Su presidente, el holandés Jeroen Dijsselbloem (presunto socialdemócrata y uno de los dirigentes europeos más fanático partidario de la nefanda austeridad) ya ha apremiado perentorio que “el nuevo Gobierno deberá hacer más ajustes. España debe hacer más reformas”.

Ajustes y reformas. Sabemos lo que significa, porque hemos pagado muy caras las perpetradas hasta ahora. Dijsselbloem ha sentenciado también que “el desafío del próximo Gobierno es [reducir] el déficit”. Aserto rechazable, visto lo muy negativas que han sido para la gente la austeridad y reducción del déficit que se pretendía con ella. Porque la situación de España es de las peores de Europa. Aumento abrumador de contratos temporales (incluso de un solo día,) y a tiempo parcial,  desempleo juvenil galopante y pobreza laboral, como denuncia la OIT. Con tal panorama, el único desafío legítimo es acabar con la emergencia social y no mantener la dictadura del déficit. Reducir el déficit es en beneficio de los bancos (culpables de la crisis) que cobran pingües intereses de deuda pública, adquirida con los préstamos casi regalados del BCE. Como los bancos holandeses, franceses y alemanes. Quizás eso explique que el holandés Dijsselbloem sea tan idólatra de la reducción del déficit, porque proporciona liquidez para abonar los intereses a los bancos poseedores de deuda pública.

No es cuestión baladí. El Reino de España ha de pagar este 2016 unos 35.000 millones de euros en intereses. Pero si se reduce el déficit para abonarlos (en vez de buscar otras salidas como  moratorias, reestructuración, quita…), pagan el pato los de siempre: el pueblo trabajador. Y los responsables de esta crisis-estafa se van de rositas y además  hacen un gran negocio.

La situación es tan grave que “España tardará al menos diez años en volver a los niveles económicos y de empleo de antes de la crisis”, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En realidad ni eso, porque el empleo que se recupera y se jalea como si fuera la multiplicación de los panes y los peces es mayoritariamente de saldo. De pena. Un empleo que no asegura salir de la pobreza y con eso está dicho todo. El director de la OIT para España, Joaquín Nieto, insiste en que no hay recuperación social porque el empleo generado es precario y aumenta el número de trabajadores pobres. Personas con empleo que no llegan a fin de mes y precisan ayuda de alimentos que les proporcionan ONG o que no pueden encender la calefacción, por ejemplo.

La lucha contra la pobreza ha de ser, sin paliativos, el primer desafío a afrontar por el nuevo gobierno español. No el pago de intereses a los bancos ni, por tanto, la reducción del déficit.

Cuando las previsiones de la OIT para 2016 son más desempleo y más desigualdad, el desafío es combatirlos, no reducir el déficit como reclama el Eurogrupo. Por cierto, ese Eurogrupo no tiene legitimidad alguna para meterse en camisa de once varas enmendando la plana a ningún gobierno, pues no tiene ninguna competencia institucional asignada. Su naturaleza jurídica es más que discutible. En realidad solo es una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión con el euro como moneda que actúa como verdadero lobby en defensa de los intereses del sector financiero y  de las grandes coporaciones, como hemos visto que ha hecho contra  Grecia. Es un invento euroburocrático que va a su aire y nadie ha elegido. Una vez más esta Unión Europea no se muestra muy democrática sino más bien un montaje que mangonean unos pocos como en el dicho de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.

Tal sucede cuando el aumento descontrolado y obsceno de la desigualdad hace posible que ¡solo 62 personas! posean tanta riqueza como 3.600 millones, que es la mitad de la población mundial. Lo ha denunciado Oxfam Intermon en su documentado informe “Una economía al servicio del 1%”.

Según ese informe, en España 20 ricos poseen entre todos tanto dinero como un tercio de población. Es decir, algo más de docena y media de privilegiados tienen tanta riqueza como 15 millones de personas. Y en España también, un reducidísimo 1% de población concentra más riqueza que el 80% de ciudadanía más pobre, mientras un presidente de empresa del Ibex35 ingresa ya 158 veces el salario medio de un trabajador. En 2015, mientras el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó 15%, la riqueza del 99% de la población española se redujo un 15%. Obviamente, no es casualidad ni azar que coincidan ambos porcentajes.

No es ajeno a esta situación estructural de injusticia y desigualdad un sistema fiscal muy regresivo, injusto e insuficiente, en el que quienes más tienen pagan muy poco y el capital y sus tejemanejes apenas paga nada. Sin olvidar la fuga constante, incesante, de dinero hacia los paraísos fiscales. La huida de capital desde España a esos paraísos aumentó un 2000% en 2014.

Por eso, las declaraciones de Dijsselbloem son un insulto. Es imprescindible que el pueblo trabajador se organice y se mueva a fondo para que el desafío sea resolver la grave emergencia social que hay, no el déficit. Diga lo que diga el Eurogrupo.

Breve balance de una lucha de clases que perdemos por ahora

Los resultados de las elecciones generales en España son prueba de la afirmación del tirular. Elecciones sin mayorías absolutas. Izquierda y derecha ocupan el Congreso a partes casi iguales, pero, con la que está cayendo, la izquierda debía haber arrasado. Pero no. Los nuevos partidos llamados emergentes (uno de izquierda moderada y otro de derecha pura aunque se vista de centro) obtienen diputados y los resultados no permiten pactos fáciles. En la izquierda, no, porque el PSOE, por ejemplo, reaviva su lado más españolista. No pactará con Podemos si mantiene su voluntad de convocar un referéndum en Cataluña para que su ciudadanía diga cual quiere sea su encaje con España.

El gran argumento del PSOE es que no aceptan nada contra la unidad de España. Como si una consulta al pueblo no fuera un ejercicio de democracia. Por cierto, eso de ‘unidad de España’, lo utilizó y repitió hasta la saciedad uno de los grandes genocidas europeos: el dictador Franco.

Los resultados electorales muestran también que el régimen del 78 (monarquía restaurada con formas democráticas) es una falacia. Se inventó para que nada cambiara en España. En parte con una ley electoral tramposa, injusta y poco democrática, que da nueve diputados a un partido con 600.000 votos y dos a otro con casi un millón.

Un diseño electoral para que las clases ricas formadas durante la dictadura franquista, que se sumaron a los aristócratas y terratenientes de siempre, controlaran la economía patria. Burguesía terrateniente, inmobiliaria, algo industrial y financiera que hoy se agrupa en el Ibex 35, las mayores empresas y corporaciones del Reino. Bloque capitalista que subió con entusiasmo al carro de la llamada crisis. Crisis que fue insensatez, timo y robo con premeditación y alevosía, y finalmente saqueo del pueblo trabajador. Aquí, en EEUU, resto de Europa y la Conchinchina. Puse lo cierto y comprobado es que el capital no tiene otra patria que sus ganancias, que siempre han de ser más.

Obsesionado por pillar más beneficios (que se resistían por sobre producción y otras cuestiones), en la primera década del siglo XXI el capital decide prestar a todo quisque para comprar viviendas. Beneficio por venta inmobiliaria… y beneficio por especular con las deudas para adquirir casas. Fueron las hipotecas sub prime, auténticas hipotecas basura. Préstamos hipotecarios sin la menor garantía de solvencia. Préstamos que jamás serían devueltos y cuyos intereses dejarían de abonarse al poco tiempo.

Esas hipotecas se ocultaron en títulos con otros productos financieros. Pero, como eran incobrables, los títulos devinieron activos tóxicos. Basura financiera que jamás daría beneficio ni se recuperaría el capital prestado. Los balances financieros se fueron al garete y se desató el pánico. Cundió el terror en las cúpulas bancarias, pero, tras breve tiempo de atrición y propósito de enmienda (hablaron de ‘refundar’ el capitalismo), pensaron que la ocasión la pintaban calva. Además de mendigar ayudas billonarias al Estado (para tapar pérdidas y agujeros y continuar ganando obscenamente), podían utilizar la crisis para que todo volviera a su estado ‘natural’. Fin del capitalismo ‘de rostro humano’ tras la II Guerra Mundial, fin del estado de bienestar y recuperar todo el poder. Además, ya no existía la URSS y nadie contrario al capital daba miedo. Beneficios y más beneficios… Y reducir la democracia a decorado y liturgia, porque, cuando es de verdad, se convierte en incordio.

Hablando de la crisis, lo explicó con nitidez el especulador Warren Buffet (uno de los cinco hombres más ricos del mundo) a The Wall Street Journal: “Sí, es lucha de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que va ganando”. Y, para mostrar como ganan los ricos, Isabel Ortiz y Matthew Cummins investigaron lo que los poderosos han impuesto a la mayoría de población urbi et orbe con la excusa de afrontar la crisis. Austeridad, sí o sí. Que en román paladino es transferencia obscena a la minoría rica de las rentas y costes de satisfacer derechos de las clases trabajadoras. Recuerden a Grecia. O España.

En Revisión del Gasto Público y Medidas de Ajuste ambos investigadores documentan las consecuencias de esa política en 181 países del mundo. Se han rebajado los salarios en 97 países. Se han reducido o eliminado las ayudas a desempleados (y a los más pobres) en 100 países. En 94 estados han aumentado los impuestos indirectos al consumo (pagan igual pobres que ricos). Se han rebajado las pensiones en 86 países y se han recortado servicios y prestaciones de sistemas de salud también en 86. Se ha reducido la protección social en 80 países. El despido es más fácil, barato o gratuito en 40 países… Y sigue.

Más allá del sufrimiento, dolor y angustia que esas medidas han provocado y provocan, no han creado empleo aceptable (como no hicieron nunca) ni han recuperado una actividad económica decente. Y, por supuesto, no han mejorado un ápice la vida de la gente. Todo ha empeorado y crecen desigualdad y pobreza.

Pero el problema no acaba ahí. La guerra de los ricos contra la población sigue y hay que saber qué se cuece, qué nos preparan. Por ejemplo, una Unión Europea al acecho quiere más vueltas de tuerca en reforma laboral, pensiones y recortes presupuestarios. Para reducir el déficit, dicen, pero en verdad a mayor beneficio de las élites.

Son tiempos de desobediencia, son tiempos de resistencia.

Solo ganando elecciones no se cambian las cosas

En el Reino de España este último trimestre de 2015 será campaña electoral permanente, porque el 20 de diciembre habrá elecciones generales. Cargadas de interrogantes, por cierto. Al respecto he leído en algún lugar de Internet que en este país las encuestas detectan la recuperación del bipartidismo ante nuevas elecciones, luego llegan las elecciones y… el bipartidismo se hunde. Los resultados de las últimas elecciones europeas y los de las recientes municipales y autonómicas parecerían abonar esa convicción. Pero la situación no es tan optimista ni maravillosa como se sueña. El fin del bipartidismo no está tan cerca.

Aún con la máxima desconfianza hacia los sondeos electorales que se suelen hacer, algo hay que tenerlos en cuenta. Personalmente me interesan las tendencias que muestran, más que los porcentajes concretos y, en esa línea, la previsión de que el Partido Popular obtenga de 130 a 140 diputados según las últimas encuetas es muy preocupante. Es cierto que en las pasadas elecciones generales  el PP logró 187 escaños, pero 130 diputados continúan siendo demasiados para un partido que ha destrozado el país, ha mentido, ha faltado el respeto sistematicamente al pueblo trabajador  y ha propiciado el aumento de la precariedad, la desigualdad y la pobreza hasta unos extremos impensables.

Por su parte el PSOE, que empezó las reformas laborales que han provocado un mar de perecariedad y de trabajadores con empleo pero pobres, además de reformar la Constitución en pleno agosto para que fuera prioritario pagar los intereses de la deuda pública a los acreedores en las cuentas públicas españolas, conseguiría de 110 a 120 escaños según los sondeos.

En tanto PP y PSOE no bajen ostensiblemente del centenar de escaños es prematuro hablar del fin del bipartidismo. Otra cosa es que el próximo Congreso de los Diputados sea una cámara políticamente inestable en la que sea difícil armar mayorías absolutas para gobernar. Y eso es bueno para quienes quieren cambiar las cosas en el país, pero no es saludable soñar con la victoria de un bloque de izquierdas de unidad popular que ni siquiera se ha constituido. La primera condición pera cambiar las cosas es ser conscientes de dónde y cómo estamos.

Las elecciones europeas de 2014 sí mostraron el indiscutible inicio de la crisis del régimen monárquico bipartidista del 78. Pero fue el inicio de una crisis, no la liquidación. Hay que ser conscientes de que acabar con el bipartidismo no es tarea fácil. Al sistema capitalista en general y al neoliberal austericida en concreto les va de perlas el bipartidismo y por eso hay bipartidismo en muchos países. Pero el adversario a derrotar no es exactamente el bipartidismo, que ha sido el medio, la herramienta.

En el Reino de España lo que hay que sustituir de abajo a arriba es el régimen monárquico del 78 que, con larga cambiada, nos enjaretó el tocomocho de la transición modélica a la democracia. Y treinta y pico años después comprobamos que buena parte es espejismo, truco de ilusionista o mañas de prestidigitador. Como explica el constitucionalista Pérez Royo, “lo que se restauró en 1978 no fue la democracia con forma monárquica  parlamentaria. Lo que se restauró fue la monarquía con formas parlamentarias”. Que no es lo mismo. Por eso esta democracia cojea. Y mucho.

Dice también Pérez Royo que, puesto que el objetivo real era la restauración monárquica, se diseñó a su servicio y mayor gloria una democracia blanda sin riesgos. Lo que se comprueba en la “continuidad en las constituciones de 1845, 1876 y 1978, vigentes durante casi toda la historia constitucional de España, presididas las tres por la desconfianza hacia el protagonismo de la ciudadanía”.

Los hechos muestran que centrarse solo en la política electoral no basta, como parecen hacer algunos adanistas recién llegados a la acción política. Por importantes que sean las elecciones, no habrá verdadera victoria política que permita cambiar las cosas y construir una democracia de verdad en tanto no se logre la victoria cultural que indica Gramsci.

Porque no estamos cerca de esa victoria cultural, porque no hay convicción democrática mayoritaria en todas las mentes ni mayoría absoluta de los valores democráticos y republicanos en la conciencia de la gente, los protagonistas del bipartidismo se recuperan electoralmente. Lentamente, pero se recuperan hasta ser preocupante. Y la gran esperanza que parecía Podemos parece haberse estancado en un techo del 14% de votos. Y con el 14% de votos no se cambia un país. Un país con tres cuartas partes de clase trabajadora en el que una nutrida mayoría de esa clase se considera clase media tiene los valores de quienes los explotan y saquean. Y así hay bipartidismo para rato.

Pero, ¿acaso no indica el fin del bipartidismo el triunfo de la candidaturas municipales unitarias en capitales de provincias e incluso en alguna autonomía? No ha sido el fin del bipartidismo sino la apertura de una crisis. Aparte de que hay que ahondar mucho más en la unidad popular que no puede ser sólo electoral. En Madrid, por ejemplo, la victoria de la candidatura Ahora Madrid fue posible en gran medida por un trabajo tenaz de aterrizaje en los barrios de trabajadores para explicarse y escuchar a los vecinos, a la gente. Para reducir la habitual abstención de los barrios obreros, porque la abstención en los distritos de clase trabajadora ha propiciado no pocos triunfos de la derecha.

Hace unos años se extendió la expresión “paso de política” que concretaba lo que los analistas cursis y editorialistas poco rigurosos denominan ‘desafección de la política’.  Y abundó la gente que decía pasar de la política, ingenuos y desconocedores de que la política nunca pasa de ellos.

La cruda realidad es que para cambiar las cosas no basta con ganar elecciones. Disculpen la obviedad, pero para cambiar las cosas hay que construir poder popular y organizar la movilización ciudadana para, en el caso del Reino de España, oponerse al régimen monárquico neoliberal y ofrecer una alternativa sólida. Pues sólo con poder social un gobierno de unidad popular podrá poner a las personas y sus derechos por encima de todo.

El camino del cambio verdadero es largo y la primera condición para trabajar por el cambio es saber que ese camino es prolongado y lento.

La abdicación de Juan Carlos I, una renuncia para intentar salvar los muebles.

El presidente del gobierno y el rey anunciaron sucesivamente, el martes 2 de junio por la mañana, que Juan Carlos I abdica en su hijo Felipe.

Decisión sin duda parte de un plan para intentar recuperar la lozanía del régimen monárquico bipartidista del 78. Pero también síntoma del inicio del fin del mismo. Si la ciudadanía se pone las pilas, se organiza mejor y va en la misma dirección, claro.

Ese plan existe, impulsado especialmente por los poderes económicos y financieros del país (el verdadero poder) para revivir y fortalecer el régimen. De ese plan forma parte un gobierno de coalición de PP y PSOE del que se habla mucho en los mentideros de Madrid y que Felipe González pidió explícitamente hace unos días. ¿Por qué ahora? Porque están asustados o, cuanto menos, muy preocupados porque se les acumulan los problemas.

A la cuestión de Cataluña se suma que los vascos ahora también harán una cadena humana a lo largo de su país para reivindicar el derecho a decidir y, por los indicios, tiene pinta de que será tan masiva como lo fue la catalana. Y eso unos centralistas, demócratas a la violeta, como quienes sostienen este régimen, no lo pueden aceptar. Por no hablar de que la Comisión Europea y el FMI insisten en reclamar ‘más ‘reformas’. Y, sabido es, que las dichas ‘reformas’ significan violar derechos, perjudicar a la ciudadanía, que bastante perjudicada está. Y al gobierno no le apetece enfrentarse a una ciudadanía cada vez más cabreada, más resistente.

Pero lo que les ha alarmado más es que se han pegado un morrón electoral considerable, tanto PSOE como PP, en las europeas. Y la izquierda, que está contra este régimen, ha aumentado notablemente sus votos. Más la aparición de un fenómeno social y político que preocupa mucho a la clase política y a la clase dominante: Podemos. Un jovencísimo partido que en solo cuatro meses y sin apenas dinero ha logrado 1.250.000 votos.

Tal vez por eso, voceros oficiosos de grandes empresas y grandes fortunas han aceptado aparecer en la arena mediática para intervenir sin antifaz. En principio sobre la cuestión catalana, pidiendo diálogo entre los partidos del régimen bipartidista y los apoyos nacionalistas periféricos del mismo (CiU y PNV). Pero ¿ocho días después de las europeas Juan Carlos de Borbón abdica? ¿De verdad alguien cree que es coincidencia o casualidad? Hasta un monárquico confeso y militante, como el ex-director de ABC, José A. Zarzalejos, reconoce que la abdicación es ““un instrumento de saneamiento y continuidad de la institución monárquica”. Por supuesto que cabildeaban hace tiempo sobre la abdicación con el sueño de una segunda transición, pero los resultados electorales europeos han abierto la caja de los truenos.

Que todo es un decorado, una apariencia, una farsa, lo muestra el hecho (que publica El Confidencial) de que, en ese escenario, solo faltaba que Rajoy telefoneara a Rubalcaba, tras conocerse los resultados de las europeas, para pedirle que continuara al frente del PSOE. Según El Confidencial Digital, le dijo “te necesito, eres imprescindible para la estabilidad de España“. Sin comentarios.

Sin duda, durante las próximas semanas, los medios que apoyan el régimen bibartidista monárquico (que son los más potentes y la mayoría de los tradicionales, con especial entusiasmo de las televisiones) intentarán llenarnos  la cabeza con la bondad de la monarquía, monarquía o caos…  Disponen de hitos informativos que aprovecharán a fondo para endilgarnos la biografía edulcorada y teñida de aires épicos de Juan Carlos I, su (presunto) papel en salvar la democracia, la vida de Felipe…  Y luego, el trámite parlamentario para aprobar la ley orgánica que permita la coronación de Felipe VI. La ceremonia de asunción de la Jefatura del Estado… Todo para intentar recuperar la popularidad perdida.

La segunda parte de esta historia es que, ocho o nueve horas después del anuncio de la abdicación, se atestaron de ciudadanía la mayoría de plazas del país, exigiendo el fin de la monarquía y un referéndum por la III República. Convocados por Izquierda Unida, Podemos, Equo, Esquerra Republicana y múltiples colectivos sociales, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao,Valencia, Zaragoza, Alicante, Burgos, Salamanca, Tarragona, Palma de Mallorca, Badajoz, Vigo, Granada, Girona, Santander, Murcia… pintaron sus plazas de rojo, amarillo y morado por una nueva República.

Tal vez estemos en el principio del fin del régimen bipartidista monárquico. No será fácil pero, como se proclamaba en las plazas del 15 M, podemos conseguirlo.