La salud no puede ser un negocio

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclamó a la Fiscalía General del Estado que paralizara en la región autónoma de Madrid el cobro de un 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa impuesta por el gobierno regional de Madrid del partido Popular. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen. Garantizar la sostenibilidad es el subterfugio falaz de todas las contrarreformas neoliberales que no son otra cosa que vulneración derechos. La otra excusa esgrimida por el gobierno regional es que se malgastan muchos medicamentos como indican varios estudios: casi la cuarta parte de españoles reconocen guardar cajas de medicinas en casa que ya no usan.

Pero hay otras medidas efectivas para un uso racional y efectivo de medicamentos, que nada tienen que ver con el afán recaudatorio de cobrar un euro por receta. Como utilizar fármacos en dosis unitarias que ajusten la terapia necesaria. Pero esa medida no gusta a la industria farmacéutica, a la que le importa un pimiento que se desechen toneladas de medicamentos, porque ellos los cobran se unen o desechen, y otras dosificaciones supondrían más costes de envasado.

Ya el Consejo de Estado consideró que podía ser inconstitucional el cobro de un euro por receta, tasa que se aplicaba desde hace meses en la autonomía de Cataluña, porque discrimina a la ciudadanía de la región de Madrid o Cataluña respecto a la de otras comunidades autónomas. Y, para rematar el despropósito, en lo que se refiere a la región de Madrid, las farmacias madrileñas no disponen de infraestructura informática adecuada para contabilizar el cobro de un euro por receta por cuenta de la administración regional.

En realidad, esa tasa forma parte de la consideración de la salud como negocio y no como derecho indiscutible. Para los neoliberales que desgobiernan, es además negocio con pingües beneficios. Será por eso que el gobierno del Partido Popular de la región de Madrid ha privatizado 6 hospitales y 27 centros de salud de atención primaria. Y, como estos neoliberales son tan tramposos, a la privatización la llaman “externalización” sanitaria.

Dicen que su plan de “externalización” permitirá aprovechar recursos y reducir costes. Pero la experiencia privatizadora en la comunidad autónoma de Valencia demuestra justamente lo contrario: disminución de calidad en la atención sanitaria y bastante más gasto. El coste de una cama en hospital privado es de 1.660 euros diarios, cuando en un hospital público solo es de 955 euros, según un estudio de sindicatos del sector sanitario. Y en Alemania, a la cabeza de las contrarreformas neoliberales de Europa, además de varios repagos sanitarios (volver a pagar quien ya ha pagado con sus impuestos), que ellos insisten en llamar copagos, no pueden presumir de que la privatización de hospitales públicos haya sido un éxito. Un estudio de la Munich School of Management deja muy claro que “los resultados empíricos muestran que los hospitales privados son menos eficientes en controlar costes que los públicos”. Otro estudio, publicado en Health Policies en 2012, concluye que “la evidencia de Alemania muestra que los hospitales privados no son más eficientes que los públicos”.

El otro argumento falaz para maquillar tales contrarreformas es que ya no hay suficiente dinero estatal para ofrecer una sanidad pública de calidad. Falso, como el profesor Vicenç Navarro explica: “De 2007 a 2011, las empresas declararon en España 851.933 millones de euros de beneficios, por los que tributaron 101.421 millones de euros: casi un 12% de tipo impositivo. Si hubieran pagado un 28% sobre beneficios (tipo impositivo medio según la Agencia Tributaria), sin tantas deducciones y elusiones que alegremente concede el gobierno, el Estado hubiera ingresado 141.000 millones de euros. La diferencia entre ambas recaudaciones (ingresada y que se hubiera podido ingresar) coincide con el volumen de recortes de gasto público (sanidad incluida) que los gobiernos imponen desde hace varios años a la ciudadanía española”. Y con este hecho demostrado, España continúa siendo el escaparate de Europa.

Pero la salud no es negocio ni puede serlo, porque es un derecho humano. Además, cobrar un euro por receta no resuelve nada y es una medida miserable. Por fortuna, también crece la objeción ciudadana a pagar ese euro, y, además, la justicia ha suspendido cautelarmente el cobro de ese euro por receta tanto en Cataluña como en Madrid, en tanto se dictamina si ese cobro es anticonstitucional. Que lo es.

Lo dicho, miserable, además de que esta tasa perjudica especialmente a los enfermos crónicos que precisan terapia continua y serán quienes más paguen.

La impunidad erosiona la democracia

Víctimas de delitos, muchos jueces y los principales partidos políticos de la oposición exigen un cambio radical en la concesión de indultos en el Reino de España. La gota que ha colmado el vaso ha sido el perdón a un conductor “kamikaze” condenado a 13 años de cárcel por la muerte de una persona y heridas graves a otras. Porque demasiados delincuentes escapan a la justicia indultados por el gobierno, por no investigar corrupciones conocidas, por dilaciones en procesos penales incoados o por arbitrariedades penitenciarias.

Es significativo el caso Carromero. Condenado a cuatro años en Cuba por homicidio en accidente de tráfico, trasladado a España a cumplir condena, este político del Partido Popular ya está prácticamente libre por haberle aplicado con urgencia el tercer grado penitenciario, que sólo obliga a dormir en prisión. Quien escribe estas líneas fue ocho años voluntario en cárceles españolas y comprobó que la concesión del tercer grado penitenciario suele ser una carrera de obstáculos, difícil y lenta.

Como también chirría la historia de cuatro policías de Cataluña (mossos d’esquadra), condenados en firme por torturas a un detenido e indultados dos veces por el gobierno. La primera al ser firme la sentencia y la segunda cuando la Audiencia de Barcelona, en una resolución poco frecuente, a pesar del indulto, ordenó el ingreso en prisión de los torturadores por “razones de prevención, peligrosidad criminal, repulsa y alarma social”. Pero el gobierno ignoró el dictamen judicial e indultó por segunda vez a los verdugos.

Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona denunció que “el indulto es un medio del poder para perdonarse a sí mismo. En este caso, además, un ejercicio de cinismo porque se indultan por segunda vez”. Amnistía Internacional también ha denunciado que, en los últimos años, hay una tendencia creciente a indultar a agentes de policía torturadores. Y recordó que el Reino de España ha sido condenado en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar torturas denunciadas.

También indigna el caso de David Reboredo, que ingresó en prisión hace poco por trapichear con unos pocos gramos de heroína hace años. Pero el gobierno le niega el indulto, a pesar de que reúne las circunstancias para obtenerlo: rehabilitación completa y delito menor cometido hace años.

En cambio, al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado a seis meses de prisión y suspensión del ejercicio profesional por delitos continuados de falsa acusación y falsa denuncia, le fue canjeada esa condena por una multa de 144.000 euros; cantidad irrisoria para quien cobra nueve millones de euros anuales.

El actual poder ejecutivo concedió 468 indultos en los primeros once meses de gobierno. El Gobierno de Rajoy ha indultado, por ejemplo, a un alto cargo político y a un empresario de Cataluña, condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos. También a un alcalde y a tres concejales del Partido Popular, condenados por treintaiún delitos de prevaricación urbanística.

La lista de indultados que no debieron serlo es larga e indignante, porque algunos de esos indultados cometieron delitos graves. Pero la ley que regula esa medida de gracia (promulgada en 1870, por cierto) no obliga a argumentar las razones de los indultos y en la práctica suele ser una arbitrariedad. Además de una injusticia flagrante en demasiadas ocasiones. Por eso la asociación Jueces para la Democracia ha denunciado el creciente número de indultos a cargos públicos y policías, porque el indulto a se ha convertido en un instrumento con el que el poder se exculpa a sí mismo.

La inadmisible realidad es que los gobiernos de España han concedido numerosos indultos más que discutibles a banqueros, alcaldes, altos cargos políticos, grandes empresarios y policías condenados por torturas. Con esos indultos se ataca un principio esencial de la democracia: que la ley sea igual para todos. La práctica continuada de indultar a los propios, cofrades y correligionarios que han delinquido ahonda el vaciamiento de la democracia y la convierte en farsa. Porque la democracia es mucho más que votar cada cuatro años.

La gestión no es neutral, es ideología e intereses

El capitalismo neoliberal es una gigantesca estafa mundial. Según el profesor James Crotty, la crisis es además la última fase del esfuerzo de décadas de la minoría rica (de la reducida, pero poderosa clase dominante) para destruir la modesta socialdemocracia y el capitalismo algo regulado y controlado que empezó en Estados Unidos en los años treinta y cuarenta y luego continuó en Europa. Hasta los ochenta, cuando personajes tan nefastos como Margaret Thatcher se sacaron de la manga la suprema falacia neoliberal: There is no alternative; no hay alternativa. Y empezó el saqueo o, más académicamente, la transferencia de rentas del trabajo al capital. Rebajas salvajes de impuestos a los ricos y muy ricos, eliminación de reglas y controles del capital, secreto y opacidad financieros como dogmas, desprotección de la clase trabajadora, privatización de lo estatal…

Pero no tienen bastante, porque, además, delinquen. Un pilar del poder financiero mundial, Deutsche Bank, es investigado por fraude fiscal y una estafadora apropiación de impuestos. Compraban certificados de emisión de dióxido de carbono fuera de Alemania sin pagar IVA; los vendían en el país y cobraban ese impuesto, pero no lo transferían a la Hacienda alemana.  Certificados que se vendían y compraban una y otra vez en Alemania, finalmente salían del país y se vendían de nuevo. Sin pagar impuestos. Un delito conocido como el fraude carrusel del IVA.

¿Qué tiene que ver ese delito perpetrado por altos directivos financieros alemanes con la crisis y el ataque a los derechos de la ciudadanía? Todo, porque demuestra que nada los frena para ganar más. Mientras pretenden que se trata de gestionar bien la economía, de buena gerencia. Pero la codicia desatada que los lleva a delinquir muestra lo que en realidad busca la minoría rica. Beneficios y más beneficios.

Como explica Eric Calcagno, una de las trampas del neoliberalismo ha sido camuflar la política y las decisiones económicas como una cuestión de gerencia, de gestión. ¿Cuántas veces no habremos oído o leído que la ciudadanía solo necesita una buena gestión del país? Incluso han inventado un estúpido neologismo, gobernanza, para sustituir gobierno y gobernar, y así alejarlo del territorio de la política. Según los neoliberales y sus siervos, solo se trata de administrar y administrar no es cuestionable.

Como si no hubiera diferentes proyectos de país; como si no existieran objetivos como mayor equidad, eliminar la pobreza o qué y cómo producir para respetar la Tierra. Pretenden que solo hay gestión, cifras macro-económicas, equilibrio fiscal, apertura comercial y poco más. Ya no hay ideas, proyectos ni ideología. ¿Cómo no ha de haberlos? ¿Gestión sin contenido? ¿Qué se gestiona? Les pasa como al burgués gentilhombre de Molière, quien en su inefable necedad ignoraba que hablaba en prosa. ¿Cómo no va a haber ideología si pensamos?

Y, como escribe Carlos Martínez de la organización ATTAC, “si no nos lanzamos a la lucha de las ideas, caeremos en un simple debate económico técnico, pero no iremos a la raíz del problema para resolverlo”.

Pues ahora, urge en Europa una refundación ciudadana, precisamente en Europa porque la Unión Europea se ha deconstruido como vía rápida para la mundialización neoliberal, como analiza Rafael Poch. Hay que reconquistar lo que los dirigentes políticos europeos han entregado al poder financiero en los últimos treinta años. Hay que combatir esa mundialización neoliberal con una desmundialización ciudadana que devuelva todo lo arrebatado a la política, a la ciudadanía, como propone Bernard Cassen.

¿Cómo? Con una gran alianza ciudadana, remacha Poch; un gran encuentro de trabajadores, empleados, subproletarios, emigrantes, desempleados, jóvenes sin futuro, jubilados estafados, artistas e intelectuales, más grupos religiosos y asociaciones cívicas para quienes la crisis y sus consecuencias son intolerables ética y moralmente.

La razón del empecinamiento suicida neoliberal que es la crisis se explica de modo diáfano en el filme Cayo Largo de John Huston. En un hotel de los cayos de Florida coinciden un soldado, que regresa de Europa tras la guerra mundial, y Johny Rocco, un gánster deportado que ha vuelto clandestinamente a Estados Unidos para un negocio sucio. El soldado pregunta “¿qué quiere Rocco?” Y responde él mismo: “Quiere más”. Rocco remacha: “Eso es, quiero más”. Y el soldado pregunta de nuevo: “¿Alguna vez Rocco tendrá bastante?” Y Rocco contesta: “Nunca, nunca tengo bastante”.

Es lo que pasa con el capitalismo neoliberal: nunca tiene bastante. Caiga quien caiga. Ha de haber desmundialización y refundación ciudadana, porque es necesaria. Y no seamos pesimistas. Como cuenta El Roto: “Oscurece, por lo tanto amanecerá”.