¿España 2017 o Chicago años 30?

Volviendo sobre la dicha cuestión catalana, es llamativo el análisis de la misma de Matthew Parish, abogado suizo estudioso de conflictos étnicos y nacionales que fue miembro del personal de mantenimiento de la paz de la ONU.

Matthew Parish relaciona el conflicto desatado desde el referendo del 1 de octubre en Cataluña con el pago catalán de impuestos que considera esencial para el gobierno del Partido Popular: le permite pagar los cuantiosos intereses de la enorme deuda pública. Deuda que ya suma un billón de euros. Y añade que “de persistir la incertidumbre sobre el futuro de Cataluña, espina dorsal económica y fiscal de España, el impago de bonos de deuda españoles podría tener efectos devastadores. La economía española es demasiado grande para quebrar y la UE no puede permitirse rescatar la cuarta economía de la eurozona”. Por eso han insistido en que las elecciones catalanes fueran cuanto antes. Para desbloquear la situación.

Más allá de cuanto exagere o yerre Parish, sí hay relación entre fiscalidad, deuda, corrupción y crisis catalana. Desde hace tiempo, Cataluña reclama un modelo fiscal semejante al de Euskadi y Navarra, denominados Territorios Históricos en la Constitución. Disponen éstos de agencias tributarias que recaudan los impuestos en su territorio autonómico y entregan al estado central una parte de lo recaudado. Esa parte se negocia cada varios años.

Eso quisiera Cataluña, pero nunca gobierno central alguno del PSOE o del PP ha mostrado el menor interés por atender esa reivindicación. Tal vez por eso Matthew Parish opina que el gobierno de Rajoy “utiliza los ingresos fiscales de Cataluña para financiar sus obligaciones de deuda pública y cualquier cesión de control fiscal a Cataluña u otro nuevo equilibrio fiscal entre Madrid y Barcelona suprimiría la facultad del gobierno de Madrid para sacar más provecho de los catalanes”.

¿Se hubiera resuelto el ‘conflicto catalán’ de negociar otra fiscalidad? Lo innegable es que el PP no parece estar siquiera dispuesto a considerarlo.

Sea como fuere, hay elecciones catalanas dentro de veinticuatro días y, según varios sondeos, los partidos catalanistas (que no solo los independentistas) obtendrán del 58% al 60% de votos. Eso son 78 escaños, cuando la mayoría absoluta del Parlament de Cataluya es de 68. Más que suficiente para formar un gobierno catalanista. Catalanista, que no independentista. Sobre todo ahora que varios dirigentes independentistas (Puigdemont, Mas, Tardá…) han expresado con mayor o menor claridad que quizás se precipitaron y que la independencia no parece por ahora el mejor camino para resolver los problemas de Cataluña.

Como han escrito Raventós y Búster, lo que parecía jugada maestra (artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre) es un error que puede dañar de modo irremediable la carrera política de Rajoy y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España en la primavera de 2018”. Unas elecciones cuyo resultado no favorecería al Partido Popular, vista la evolución del voto a ese partdio en los últimos meses. Un par de sondeos más recientes hablan de empate técnico entre ‘constitucionalistas’ y catalanistas que  el partido de Ada Colau desempataría. No se enteran.  Vista la errática actuación del PSOE de Sánchez, el PSC no puede permitirse el lujo de votar a un candidato del PP o de Ciudadanos como presidente de la Generalitat, porque podría prácticamente desaparecer de Cataluña. No hay ‘bloque constitucionalista’. Solo el deseo irredento de El País y La Razón, que han promovido esos sondeos, de que  la derecha española y españolista  gobierne Cataluña.

En cualquier caso, si quien desempata es el partido de Ada Colau, evidentemente no lo haría a favor del auto-denominado bloque constitucionalista (que solo son PP y Ciudadanos, por cierto).

En el centro del conflicto, en Cataluña, si se cumple la previsión electoral autonómica, el nuevo Govern tras el 21 de diciembre se parecerá bastante al que Rajoy destituyó y encarceló. Si es así, como parece probable, habrá que desfacer entonces muchos entuertos, no habrá duda alguna de que Rajoy ha fracasado con su postura autoritaria y cerrada, y se abriría un nuevo camino para empezar a resolver los muchos problemas de España, enquistada sin salida en el régimen bipartidista del 78.

Pues resulta que el llamado conflicto catalán es parte importante de la crisis de ese régimen del 78, que se va al garete por la austeridad impuesta durante media década, descoyuntado ahora y visto el truco por el desenfreno mediático propiciado por los excesos del gobierno Rajoy ante el 1 de octubre, que han dejado al régimen del 78 con las vergüenzas al aire.

Vergüenzas como las implacables conclusiones de la fiscal del caso Gürtel de financiación ilegal de campañas del PP; la corrupción por sistema que los diversos procesos en marcha airean y afectan a 900 cargos y miembros del PP; las cloacas fascistoides del régimen desveladas por la detención del comisario Villarejo, más las prácticas gangsteriles, como la intervención de Hacienda porque sí en el Ayuntamiento de Madrid, y el vergonzoso convenio con la industria farmacéutica. Con la máxima desfachatez, Hacienda obliga a las Comunidades Autónomas (si piden financiación extra) a comprometerse a enriquecer a las empresas que forman Farmaindustria adquiriendo sus medicamentos de marca y olvidándose de los medicamentos genéricos, más baratos y tan eficaces. Rigurosamente cierto.

Me llegan recuerdos intensos del Chicago de Al Capone en los años 30 del siglo XX.

¿Reforma constitucional en España?

En plenas emociones desatadas por la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado octubre, Pedro Sánchez propuso a Mariano Rajoy crear una comisión del Congreso para reformar la Constitución y así prever y evitar otras crisis como la catalana.

De entrada parece buena noticia , pero… Siempre hay un pero. O más. Resulta que Rajoy y Pedro Sánchez han acordado señalar límites a la futura reforma constitucional en la comisión del Congreso de los Diputados. ¿Qué reforma es ésa que se recorta antes de empezar a hablar, antes incluso de constituirse esa comisión?

¿Esa comisión solo abordará reformas que afecten a la organización territorial? ¿Y hasta dónde? Lo peor es que Rajoy y Sánchez están de acuerdo en que de ningún modo la reforma constitucional pueda convertirse en un proceso constituyente. ¡Hasta ahí podíamos llegar! En cuanto a la posibilidad de referendos pactados en las comunidades autónomas (núcleo de la actual crisis política con Cataluña) no será abordada en esa comisión presuntamente reformista de la Constitución. Porque lo impedirán los votos de PP y PSOE.

¿Reforma constitucional? Sinceramente, está por ver incluso en la postura más optimista. Aunque, vistas las declaraciones de dirigentes del Partido Popular y algunas de la vieja y rancia guardia del PSOE, parece que todo quedará en juegos de espejos y sesiones de maquillaje. Como decía Giuseppe di Lampedusa, se cambia para que todo siga igual.

Qué poco le ha durado a Pedro Sánchez y a ‘su’ PSOE la voluntad de ser y actuar como gente de izquierdas de verdad. Aunque no dejen de adornar sus actos y mitines con la frase de que son la izquierda. Un viejo refrán en latín macarrónico asegura que excusatio non petita, accusatio manifesta; cuando te excusas mucho, en realidad te acusas. Cuando repites mucho algo es que no estás muy seguro de que sea.

El bipartidismo ha vuelto, aunque más complicado y retorcido que en el pasado. Ahí están Rajoy y Sánchez que ahora se entienden como ‘hombres de Estado’. A ver si alguien me define de una puñetera vez que quieren decir cuando dicen ‘hombre de Estado’.

En fin, nos toca sufrir una situación política mucho más peliaguda que hace unos meses para cambiar las cosas para bien. Algo que hemos de agradecer a la estupidez política de los dirigentes independentistas catalanes que sin la menor duda han contribuido a fortalecer el más rancio e irracional españolismo cuando parecía haber retrocedido. ¿Cómo pueden marcarse el farol de proclamar la independencia, luego envainarla, aceptar la aplicación del artículo 155 y añadir que la independencia no es la única vía para resolver los problemas de Cataluña?

Un servidor nunca ha sido independentista, sobre todo si la independencia la ha de conseguir la burguesía catalana (una de las más peligrosas de Iberia, vista la historia del siglo XX). Y aún menos si esa independencia pretendía lograrse con la participación de la CUP, que se define anticapitalista, pero va de la manita del PdeCat que si algo es sin dudarlo es precisamente muy partidario del capitalismo. Una CUP que participa en las elecciones del 21 de diciembre, aunque las considera ilegítimas. Seamos serios, participa en las elecciones porque no van a renunciar a los privilegios (incluidos los económicos) que supone lograr unos cuantos diputados. Por mucho que lo disfracen con frases rimbombantes de responsabilidad política.

Volviendo al Reino de España, ¿va a haber una reforma constitucional que merezca tal nombre? ¿Una reforma que abra un horizonte diferente en este reino que debería dejar de serlo? Harto difícil cuando la misma Constitución impone que “cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Y el nuevo texto constitucional que se redactara también deberá ser aprobado por dos tercios de ambas Cámaras. Lo que, vistas las correlaciones de fuerzas y las vigentes (e injustas) leyes electorales, convierte en misión imposible reformar de verdad la Constitución de 1978. Especialmente visto el escaso entusiasmo del PSOE. No olviden que reformar significa ‘cambiar algo para innovarlo y mejorarlo’

Lo que podemos esperar son juegos de ilusionismo: nada por aquí, nada por allá. ¡Ale hop!

Lo que no se ve tras el conflicto entre gobierno PP e independentistas

Llevamos todo un trimestre con una agitación política y mediática que no cesa a propósito del conato (que en realidad no fue) de proclamar el señor Puigdemont, la independencia de Cataluña. Y ahí cabe alguna precisión que otra sobre la verdadera entidad del conflicto (que haberlo, haylo).

La crisis en Cataluña se ha utilizado también para que muchas noticias relevantes que tenían que haber alterado ánimos ciudadanos hayan pasado como si no hubieran sido. Por ejemplo, el final del juicio del caso Gürtel, en el que, según concluyó la fiscal anti-corrupción, Concepción Sabadell, “ha quedado abrumadora y plenamente acreditada la existencia de la caja B del PP” que financió al partido. Una caja B que acumulaba el importe de las comisiones ilícitas al Partido Popular por adjudicar obra pública y contratos también públicos

También caso Gürtel, poco ha destacado que el inspector-jefe, Manuel Morocho, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel , haya declarado que hubo presiones y querellas contra la UDEF para frenar la investigación, que la financiación irregular del PP es “corrupción en estado puro” y que dirigentes como Mariano Rajoy cobraron sobresueldos en negro.

Sorprendentemente (o no) esa noticia no ha salido en las portadas del País, ni de ABC, ni de El Mundo, ni de La Razón ni, por supuesto, en los sumarios de los telediarios de TVE. Los titulares han sido mayoritariamente sobre y contra los independentistas catalanes.

Tampoco ha destacado la prensa que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el ex-vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero, por haber creado “sociedades en el extranjero para defraudar a la Hacienda Pública“.

Y no se ha visto bastante que Alberto Ruiz Gallardón está imputado por prevaricación y falsedad documental en el supuesto y delictivo “desvío de fondos” para comprar una filial latinoamericana del Canal Isabel II.

Entre otras cosas tampoco ha destacado de modo suficiente (que debiera) que el Gobierno Rajoy reduce por tercer año consecutivo la inversión en Sanidad, Educación y Protección Social, mientras la deuda pública alcanza el billón de euros. Tampoco se ha destacado que el gobierno Rajoy ha tirado a un cajón la muy necesaria ley de reforma hipotecaria que había de acabar con el aumento de desahucios injustos sin alternativa para la gente desahuciada.

Pero tal vez lo peor sea que ministros de Rajoy admitan que se podrían devolver competencias autonómicas al gobierno central en la comisión de reforma constitucional del Congreso. Esos ministros han propuesto una regresión autonómica como opción aceptable. Que por ahí van los tiros lo demuestra la declaración del ministro de Justicia, Catalá, al decir que “algunas políticas, que tuvieron sentido quizás en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, ahora manifiestan disfunciones disonantes“. Mientras la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, defiende que “se puede reformar en un sentido o en otro“. Lo que suena fatal y apesta a despótico.

Al final resultará que la derecha rancia, corrupta y autoritaria, directa heredera del franquismo, podría salirse con la suya: volver de facto a un repugnante escenario franquista.

Pero solo será si se lo permitimos.

En tal situación, ante las cercanas elecciones catalanas, hay que empezar por pedir a los independentistas de ERC que, tras haber fastidiado tantas cosas con su ausencia de realismo político, precipitación y pésimo cálculo, olviden la DUI y fantasías semejantes. El objetivo del 21 de diciembre ha de ser una mayoría parlamentaria en Cataluña, pero no independentista sino radicalmente democrática. Para vencer a los que se autodenominan ‘constitucionalistas‘ que no son más que la derecha de siempre que solo acepta el sistema democrático si mandan ellos.

Ese es el objetivo porque, entre otras razones , el enemigo de la ciudadanía y de la clase trabajadora catalana y de todo el Estado no es España sino la clase dominante española que, por cierto, todos estos años se ha dado el pico con la clase dominante catalana hasta noviembre de 2014.

¿En qué cabeza cabe un proceso político en el que van de la mano los muy neoliberales y austericidas recortadores de presupuestos sociales del PdeCAT (antes CiU) con los que dicen ser anticapitalistas de la CUP?

Ahora toca poner en apuros al régimen dinástico bipartidista del 78, que aún respira y puede hacer mucho daño. Y las elecciones al Parlament de Catalunya es un buen modo de hacerlo.

Cosas a tener en cuenta tras la declaración independentista para ‘desconectarse’ de España

El Parlamento de Cataluña inició el 9 de noviembre la ‘desconexión’ de España . La resolución que la puso en marcha fue aprobada por los 72 diputados de la coalición Junts pel si y de la CUP, pero votaron en contra los 63 de Catalunya si es pot, PSC, Ciudatadans y Partido Popular. Y, por la tarde, Mas hizo su discurso para optar a la investidura, pero, si la CUP es consecuente, Mas no será elegido presidente de la Generalitat de Cataluña. Más allá del cabildeo politiquero, que tanto gusta a la mayoría de periodistas (no es mi caso), quiero destacar algunos datos y aspectos del llamado ‘conflicto catalán’. En lenguaje coloquial, apuntar quien es quien y de que pie cojean algunos actores de ese dicho conflicto.

Lo chocante del dicurso del Mas de los recortes sociales es que estuvo teñido de pinceladas socialdemócratas. Para convencer a la CUP, claro. Con sorpresa en el tendido, Mas presentó a los diputados un programa de gobierno con un plan de emergencia social, renta garantizada de ciudadanía y protección del derecho a la vivienda. Curisos porque la actual renta mínim garantizada es de las más cicateras del Reino de España. Además Artur Mas proclamó, como si se lo creyera, que sus objetivos son hacer “un país más justo y equitativo” y con “más transparencia y mejores prácticas públicas“. Sí, sí, lo dijo, que no lo he soñado.

Porque es el mismo Mas que hace solo cinco años conseguía la presidencia del gobierno de Cataluña asegurando que gobernaría como Merkel en Alemania o Cameron en Reino Unido. Estados ambos en los que la desigualdad y la pobreza han crecido. Es el mismo Mas (no un clon) que hace pocos años aseguraba que tenía que hacer recortes de presupuestos sociales “porque no hay otra alternativa y hay que podar el árbol para que crezca más fuerte“. La vieja y maloliente promesa de que antes hay que hacer crecer la tarta para poder repartirla. Pero nunca se reparte ni un rábano. Un Mas, por cierto, convertido también al independentismo desde finales de 2011, aunque no mucho antes definiera el independentismo como algo ‘”oxidado”.

Y con tal mascara y artificio Mas se reinventa para parecer el único capaz de liderar un Govern independentista ¡de centro-izquierda! ¡Vivir para ver! Por supuesto, las carencias y problemas que sufre la ciudadanía catalana son por culpa del gobierno de Madrid. Y, sin dejar de atribuir a Madrid (el gobierno central) las canalladas perpetradas en perjuicio de la ciudadanía catalana, no cabe olvidar el quizás lento, pero imparable deterioro social de la gente de Cataluña en los años de gobierno de Mas y antes de Pujol.

Sin el menor resquicio de duda, el gobierno de Reino de España que dirige Rajoy tiene mucho que ver con la situación con problemas de catalanes y catalanas hoy. Pero Más parece olvidar cuantas veces Convergencia Democrática de Cataluña, su partido, ha votado junto al Partido Popular para imponer una austeridad y recortes que han dañado severamente la sanidad, educación y servicios sociales públicos en España y en Cataluña. Y, sin duda también, esas medidas han aumentado la desigualdad y la pobreza en Cataluña como no se conocía desde tiempos tras la llamada guerra civil que en verdad fue un genocidio contra la ciudadanía republicana.

Como botón de muestra de su vocación de recortar, Mas olvida también que fue el primero en imponer el pago de un euro por receta, antes de que lo hiciera el gobierno central. Como también omite que una organizada corrupción multimillonaria acompaña a los gobiernos de Convergencia Democrática desde que se hizo con la Generalitat hace más de tres décadas. Y ahora, acaso por arte de magia, CDC y Artur Mas son independentistas e incluso algo socialdemócratas, además de prometer limpieza, transparencia y buenas prácticas políticas. Pero hay quien tiene memoria y sabe que han sido la encarnación de lo contrario.

Tal vez, como Saulo de Tarso camino de Damasco, Artur Mas y CDC han caído del caballo y una luz celestial los ha iluminado para convertirse al independentismo y al centro izquierda. Por diez votos. Los de los diputados de la CUP en el Parlamento de Cataluña. Porque, sin esos votos, Mas no puede ser presidente de la Generalitat. Por cierto, la CUP debería pensar con calma si continúan aliados con CDC en el procés y si continuarán mezclando churras con merinas; es decir, intereses de la burguesía catalana con los del pueblo trabajador catalán, en un proyecto de independencia que, de hacerse realidad, será dominado por las llamadas cuatrocientas familias que controlan la economía de Cataluña desde que los ‘nacionales’ de Franco entraron en Barcelona. ¿O cree de verdad la CUP que CDC dejará de representar y defender los intereses de la burguesía catalana que siempre ha defendido con absoluta dedicación? Deberían recordar que los intereses de las que ahora se llaman élites y los de las clases populares no solo no son los mismos: son opuestos.

Tal vez uno sea muy antiguo por creer que la sociedad se divide en clases con intereses opuestos, pero no hay que recurrir a Marx para mostrarlo cuando hasta uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Buffet, afirma convencido que “hay lucha de clases y es la mía, la de los ricos, la que va ganando” como dijo a un periodista de The Wall Street Journal al principio de la mal llamada crisis, que en realidad es una estafa financiera convertida en saqueo al pueblo trabajador.

Los hombres y mujeres de la CUP deberían reflexionar que significa la independencia de Cataluña del estado español sin la menor independencia respecto a la burguesía catalana ni del poderoso y peligroso sector financiero catalán. Deberían repasar procesos más o menos nacionalistas e interclasistas habidos que acabaron dominados por quienes controlaban y poseían de hecho la economía. Y ante las dudas sobre quien se lleva el gato al agua en esos escenarios interclasistas, conviene leer El Gatopardo de Lampedusa para comprender que el estrato social que Marx denominó burguesía (y ahora llaman élites) es un transformista excelente, siempre dispuesto a cambiar algo para que nada cambie en realidad.

Y también es recomendable visitar la hemeroteca y comprobar que en décadas de gobierno de CDC (la coalición con Unió Democrática no es relevante), el beneficiario indiscutible de sus gobiernos ha sido la burgesía catalana que, por cierto, no le ha hecho ascos al estado español y ha apoyado claramente al gobierno del hoy aparente enemigo, el españolista Partido Popular.

Acaso lo sucedido sea que, especialmente cabreada la gente por el corte de mangas que fue la sentencia del Tribunal Constitucional que se cargó la reforma del Estatuto de Autonomía, se inclinó hacia la independencia de Cataluña como respuesta a sus problemas. Y, ante la visible eclosión del independentismo en la impresionante y masiva manifestación de la Diada de 2011, Mas y compañía cayeron del caballo camino de Damasco y se volvieron independentistas velozmente.

Da igual que finalmente el Parlamento de Cataluña elija a Raúl Romeva u otro como presidente en vez de a Mas, como ha propuesto la CUP. Mientras Convergencia sea el partido hegemónico de Junts pel si, el gobierno de Cataluña defenderá los intereses de la minoría rica. No es cuestión de personas. La cuestión es si se gobierna a favor del pueblo tabajador o de la minoría que controla y posee la economía.

Uno ya es muy mayor para creer en milagros y menos en conversiones fulminantes. Por eso, una independencia interclasista es más de lo mismo. Por un lado, la minoría poseedora de riqueza y sus siervos controlando las cosas en su beneficio. Y por otro, la mayoría, el pueblo trabajador, pasándolo regular, mal o muy mal y quizás una minoría de gente común que no esté mal del todo para usarlos como pantalla y simular que las cosas cambian y van bien.

Pero no es así, nunca ha sido así. Además, en tanto la Comisión Europea y su aparato euroburocrático se erijan como poder autoritario de la cada vez más antidemocrática Unión Europea de facto, al descarado servicio del sector financiero y de las grandes corporaciones, ¿de qué independencia hablamos? Sin olvidar que solo con el apoyo del 48% de la población votante, frente al 52% que prefiere otras formas de relación con España mejor que la independencia o ésta no por declaración unilateral, no parece muy legítimo ni inteligente arrancar un proceso independentista. Y aquí cabe recordar que, tras conocer el resultado de las pasadas elecciones catalanas, el portavoz de la CUP, Antonio Baños, dijo alto y claro a los medios que no habían ganado el referéndum y, por tanto, no cabía la declaración unilateral de independencia. ¿Lo han olvidado? ¿Lo han olvidado todos, incluido Rajoy y el nefato partido Popular, cuando no lo han utilizado de modo visible?

Al final será cierto lo que empieza a correr por los mentideros de enterados o que se creen enterados. Que todos juegan de farol y que, en verdad, lo que se busca no es la independencia próxima por un lado ni rodear y expulsar a los políticos independentistas por otro sino marear la perdiz y poder enrocarse cada uno en lo suyo, tal vez a la espera de un milagro, amén de beneficios electorales inmediatos. Y, como dijo ese hombre con pinta de niño que es Iñigo Errejón, Rajoy resultó ser el mejor director de campaña electoral de Mas y aliados y Mas el mejor director electoral de Rajoy y los suyos.

Y, para que se sepa también de que pie cojea quien este escrito suscribe, aún  archiconvencido de que Cataluña es una nación y tene derecho a ser tratada como tal, nunca me ha parecido la independencia de Cataluña la solución de nada, aunque considero sin atisbo de duda que el llamado ‘derecho a decidir’ es esencial en democracia. Qué significa que el pueblo trabajador diga lo qué quiere y cómo lo quiere sobre la forma de estado, relaciones con otros países o entidades políticas, política económica, como ha de ser la sanidad, la educación… ¿Acaso eso no es decidir?  Que la ciudadanía decida ¿solo ha der ser para indicar quienes son representantes políticos en el parlamento? ¿Cómo negar el derecho a decidir sobre todo lo que afecta a la gente, incluida la dependencia o independencia políticas? Si hay democracia, claro. Tal vez este escenario político que perpetró la nada modélica Transición no es más que una democracia limitada.  Y, si está limitada, ¿es en verdad una democracia?

Por otra parte, no me parece que en este mundo profunda y estructuralmente desigual e injusto la independencia política resuelva los graves problemas que soportamos, como los resolvió en parte en algunos lugares en el siglo XX. Por supuesto que no. Pero si uno cree que el derecho a decidir es indiscutible en democracia hay que preguntar a la ciudadanía si quiere o no independizarse, en el caso que nos ocupa. Derecho indiscutible de todas las ciudadanías es decidir en lo que les afecta. Por eso, si la ciudadanía de la Rioja o Murcia, por ejemplo, decidiera que quiere independizarse, me parecería tan legítimo como optar por continuar formando parte de España.

Lo de la democracia, cuando se toma en serio y sin aguarla ni disimulos, lleva muy lejos.

La independencia no parece ser la cuestión

Cataluña ha elegido nuevo parlamento autonómico. Para los líderes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tales elecciones en realidad eran un plebiscito para decidir sobre la independencia de Cataluña. Plebiscito es una consulta que los poderes públicos hacen al electorado para que por voto directo apruebe o rechace una propuesta política concreta.

Pues bien, si era un plebiscito, Artur Mas y compañía lo han perdido. Han conseguido  62 escaños, pero la mayoría absoluta parlamentaria en Cataluña es 68. Y no han ganado el plebiscito porque los partidarios de la independencia de Junts pel Sí (CDC y ERC) más las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) que van por su cuenta suman el 48,01% de votantes, mientras quienes no están por la independencia son una ajustada mayoría de 51,99%.

Desde una ética de mera decencia política, Mas, Junqueras, Romeva y compañía han de reconocer que no han ganado, por poco, desde luego, pero en cualquier caso esos resultados no son mandato alguno de la ciudadanía para proclamar unilateralmente que Cataluña sea independiente.

No soy independentista, pero no tengo nada contra los independentistas; incluso tengo buenos amigos y los hay en mi familia, pero sí estoy contra lo que representan algunos independentistas. Me refiero a CDC y ERC. No me fío ni un pelo.

Recuerdo que en las primeras elecciones autonómicas de Catalunya en 1980 hubo empate técnico entre la derecha de Jordi Pujol y sus aliados y la izquierda formada por PSC (entonces bastante más a la izquierda que el de ahora) y PSUC (comunistas). Pero ERC entregó la presidencia de la Generalitat de Catalunya a Jordi Pujol con los votos de sus catorce diputados electos. A pesar de decirse Esquerra (izquierda) y de reivindicarse como tal aupó a la derecha que gobernó, esquilmó y esquilma Cataluña desde hace más de dos décadas.

¿Y que pensar de Artur Mas quien, en una entrevista en 2002, rechazaba la independencia de Cataluña de España, porque “el concepto de independencia lo veo anticuado y un poco oxidado”?

¿De dónde el entusiasmo actual de Mas por la independencia? ¿Cayó del caballo camino de Damasco? ¿ O quedó obnubilado porque el 11 de septiembre de 2011 se manifestaron por la independencia de Cataluña más de un millón de ciudadanos, sorprendiendo incluso a las organizaciones de la sociedad civil convocantes? ¿Pensó entonces Artur Mas que la ocasión la pintaban calva?

Lo cierto es que se subió al carro del independentismo y dijo ponerse al frente. Sin embargo, como han escrito Raventós, Búster y Domènech, “auparse a la ola popular independentista que irrumpió con fuerza en septiembre de 2011 no le permitió a Mas contener el desgaste político por sus políticas de austeridad y recortes y perdió muchos escaños en las elecciones autonómicas catalanas catorce meses después”. ¿Busca Mas conservar el sillón presidencial con su reciente identidad independentista? Reciente porque trece años, como dice el tango, no son nada.
Siempre ha habido independentistas en Cataluña, pero nunca tantos. Ni de lejos. Pero desde 2011, el nacionalismo catalán moviliza en Barcelona en la Diada (día nacional de Cataluña), a cientos de miles de manifestantes (en realidad, millones). Sin duda la llamada crisis que la gente común ha pagado con recortes, rebajas de salario, y violaciones de sus derechos tiene mucho que ver con este auge del independentismo.

Por cierto, la fiesta nacional catalana sorprendentemente conmemora una derrota: la ocupación de Barcelona por las tropas de Felipe V y, con la ocupación, el fin de la monarquía confederal de los Austria en España en 1714 para dar paso al absolutismo centralista de los Borbones.

Según los sondeos más fiables, casi el 80% de población catalana es partidaria del derecho a decidir, de la autodeterminación, y estas elecciones catalanas han mostrado además que el 48% es partidario de independizarse de España. Sin embargo, quienes muestran no ser partidarios de la independencia suman el 52%. Dos cifras a tener en cuenta por todas las partes en el conflicto catalán. No parece sensato y eficiente que se pretenda declarar la independencia con 48% de votos. Pero aún menos no tener en cuenta que el 48% quiere independizarse. Puede haber otras vías de solución y hay que explorarlas. Y hablar. Hablar hasta quedarse afónicos.

Otrosí conviene recordar que hay ahí una poderosa burguesía catalana que casi nunca aparece en los medios, pero están ahí y con mucho poder. Y, aunque unos pocos integrantes de esa élite se han pronunciado contra la independencia, se subirían al carro si ésta arrancara.

Pero lo que no están dispuestos a cambiar es el sistema mismo, por supuesto. Un sistema que nos saquea. Ni tampoco quieren prescindir de las políticas austeras ni de la llamada devaluación interna que, en plata, es la rebaja salarial. Con Cataluña independiente o no. Entonces, ¿para qué sirve una independencia con CDC y ERC al frente que aseguraría el poder de esa burguesía?

Felix Millet, destacado miembro de esa burguesía catalana e ilustre imputado por varios delitos económicos, sostiene que “en Cataluña somos unas 400 familias, no muchas más, que nos encontramos en todas partes. Núcleos familiares y mismas empresas familiares“. Porque ellos controlan la economía de Cataluña… y buena parte de la de España.

Una independencia liderada por Mas consolidaría definitivamente la hegemonía de esa élite. Pues la única independencia deseable es la del pueblo trabajador respecto a esa gente. Que dejen de meter mano en nuestras vidas y en nuestros bolsillos. Porque, como recuerda Esther Vivas, “Convergència ha privatizado el servicio de empleo catalán, se ha opuesto a remunicipalizar la mayor empresa de aguas de Cataluña, ha recortado millones de euros en sanidad y educación e impuso que la gente pagara un euro por receta, antes que Rajoy. Ese es el verdadero Mas”. Y otras innúmeras tropelías austericidas en lo que Mas y Rajoy están plenamente de acuerdo, porque ambos son fervientes partidarios de las políticas de austeridad y de los recortes. A  los hechos de los últimos años me remito.
Por esas razones, la CUP ha insistido en que no investirá a Artur Mas presidente de la Generalitat y descarta, además, una declaración unilateral de independencia “porque no se ha ganado el plebiscito“, según ha declarado su cabeza de lista, Antoni Baños.

La izquierda independentista ha asegurado que no ha cambiado nada desde la campaña electoral porque no han dicho nada para pactar votos. “Esto no va de proyectos nominales, va de plantear desobediencia concreta a legislación concreta que va contra los intereses sociales y económicos de Cataluña”, ha dicho Anna Gabriel, quien matiza que no investirán a una persona, sea del partido que sea, vinculada a la corrupción, los recortes y las privatizaciones.

Por un lado está la gente común, que quiere decidir y casi la mitad de esos quiere la independencia. Y por otro, la élite económica catalana, cuyos intereses representan Mas y Convergencia desde hace muchos años. ¿Independencia con Mas al frente? No, gracias. ¿Independencia en una Europa controlada con mano de hierro por el totalitario Eurogrupo y amenazada por el TTIP (tratado de libre inversión entre EEUU y la UE) que vaciará de contenido las constituciones y leyes europeas? Suena a chiste?

La cuestión no es independencia o no, aunque para un catalán progresista sea grande la tentación de independizarse del neofranquismo, nacional-catolicista españolista del Partido Popular que contamina España. Lo necesario es que el pueblo trabajador recupere la justicia y sus derechos, tan violados. Y eso significa otro sistema. Con independencia o no. Cueste lo que cueste. Que costará.

La salud no puede ser un negocio

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclamó a la Fiscalía General del Estado que paralizara en la región autónoma de Madrid el cobro de un 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa impuesta por el gobierno regional de Madrid del partido Popular. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen. Garantizar la sostenibilidad es el subterfugio falaz de todas las contrarreformas neoliberales que no son otra cosa que vulneración derechos. La otra excusa esgrimida por el gobierno regional es que se malgastan muchos medicamentos como indican varios estudios: casi la cuarta parte de españoles reconocen guardar cajas de medicinas en casa que ya no usan.

Pero hay otras medidas efectivas para un uso racional y efectivo de medicamentos, que nada tienen que ver con el afán recaudatorio de cobrar un euro por receta. Como utilizar fármacos en dosis unitarias que ajusten la terapia necesaria. Pero esa medida no gusta a la industria farmacéutica, a la que le importa un pimiento que se desechen toneladas de medicamentos, porque ellos los cobran se unen o desechen, y otras dosificaciones supondrían más costes de envasado.

Ya el Consejo de Estado consideró que podía ser inconstitucional el cobro de un euro por receta, tasa que se aplicaba desde hace meses en la autonomía de Cataluña, porque discrimina a la ciudadanía de la región de Madrid o Cataluña respecto a la de otras comunidades autónomas. Y, para rematar el despropósito, en lo que se refiere a la región de Madrid, las farmacias madrileñas no disponen de infraestructura informática adecuada para contabilizar el cobro de un euro por receta por cuenta de la administración regional.

En realidad, esa tasa forma parte de la consideración de la salud como negocio y no como derecho indiscutible. Para los neoliberales que desgobiernan, es además negocio con pingües beneficios. Será por eso que el gobierno del Partido Popular de la región de Madrid ha privatizado 6 hospitales y 27 centros de salud de atención primaria. Y, como estos neoliberales son tan tramposos, a la privatización la llaman “externalización” sanitaria.

Dicen que su plan de “externalización” permitirá aprovechar recursos y reducir costes. Pero la experiencia privatizadora en la comunidad autónoma de Valencia demuestra justamente lo contrario: disminución de calidad en la atención sanitaria y bastante más gasto. El coste de una cama en hospital privado es de 1.660 euros diarios, cuando en un hospital público solo es de 955 euros, según un estudio de sindicatos del sector sanitario. Y en Alemania, a la cabeza de las contrarreformas neoliberales de Europa, además de varios repagos sanitarios (volver a pagar quien ya ha pagado con sus impuestos), que ellos insisten en llamar copagos, no pueden presumir de que la privatización de hospitales públicos haya sido un éxito. Un estudio de la Munich School of Management deja muy claro que “los resultados empíricos muestran que los hospitales privados son menos eficientes en controlar costes que los públicos”. Otro estudio, publicado en Health Policies en 2012, concluye que “la evidencia de Alemania muestra que los hospitales privados no son más eficientes que los públicos”.

El otro argumento falaz para maquillar tales contrarreformas es que ya no hay suficiente dinero estatal para ofrecer una sanidad pública de calidad. Falso, como el profesor Vicenç Navarro explica: “De 2007 a 2011, las empresas declararon en España 851.933 millones de euros de beneficios, por los que tributaron 101.421 millones de euros: casi un 12% de tipo impositivo. Si hubieran pagado un 28% sobre beneficios (tipo impositivo medio según la Agencia Tributaria), sin tantas deducciones y elusiones que alegremente concede el gobierno, el Estado hubiera ingresado 141.000 millones de euros. La diferencia entre ambas recaudaciones (ingresada y que se hubiera podido ingresar) coincide con el volumen de recortes de gasto público (sanidad incluida) que los gobiernos imponen desde hace varios años a la ciudadanía española”. Y con este hecho demostrado, España continúa siendo el escaparate de Europa.

Pero la salud no es negocio ni puede serlo, porque es un derecho humano. Además, cobrar un euro por receta no resuelve nada y es una medida miserable. Por fortuna, también crece la objeción ciudadana a pagar ese euro, y, además, la justicia ha suspendido cautelarmente el cobro de ese euro por receta tanto en Cataluña como en Madrid, en tanto se dictamina si ese cobro es anticonstitucional. Que lo es.

Lo dicho, miserable, además de que esta tasa perjudica especialmente a los enfermos crónicos que precisan terapia continua y serán quienes más paguen.