Reino de España, un estado general de corrupción

En el Reino de España no pasa mucho tiempo sin noticias de corrupción. Hace unos días la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, ex-presidente del gobierno autónomo de la región de Madrid, por presuntos delitos de corrupción y saqueo de fondos públicos. Y hace un poco más, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez que instruye causa contra el exministro de economía Rodrigo Rato de presuntos delitos de éste de blanqueo, fraude fiscal y corrupción.

Según ese informe, Rato presuntamente blanqueó 31 millones de euros y la UCO asegura que la empresa Cor Comunicación, que fundó Rato, fue “pensada y creada” para blanquear millones de euros. También el ministerio de Hacienda considera que Cor Comunicación se constituyó para actividades opacas deliberadas. Según informe de la Oficina Antifraude de Hacienda, casi todo el dinero blanqueado por Cor Comunicación procedía del pago de facturas de esa empresa de Rato a empresas privatizadas (en cuya privatización habría intervenido como ministro de economía) como Endesa, Paradores, Repsol, BBVA, Retevisión, Telefónica, Iberia, Aldeasa, Logista y Azucarera.

Las historias judiciales de Rodrigo Rato esclarecen de modo diáfano la actitud y actuación de las llamadas ‘élites’ que saquean a la ciudadanía sin escrúpulo alguno. Una parte de las cuales ha establecido un estado general de corrupción en este país en los últimos años. Que esa corrupción es un grave problema generalizado lo demuestra que en 2015 y 2016 hayan sido juzgadas en España 1.378 personas acusadas de delitos de corrupción, más del 70% de causas juzgadas acabaron con condenas y han sido condenadas 399 personas, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Las grandes corrupciones, conocidas y aireadas por la prensa, señalan la gravedad de ese tumor que deviene plaga. Como muestra, la Operación Púnica con la que políticos y empresarios organizaron una red para adjudicar servicios públicos y contratos a empresas privadas por jugosas comisiones ilegales. Esa red manejó adjudicaciones por 250 millones de euros. Una historia corrupta en la que hay presuntamente implicados dirigentes y cargos públicos del gobernante Partido Popular, pero no solo del Partido Popular.

El caso de los llamados Papeles de Bárcenas (extesorero del PP) es un sumario por apropiación inebida, en el que hay también presuntamente implicados altos cargos del partido del gobierno. Otra corrupción investigada, Gürtel, muestra una red de corrupción política, presuntamente vinculada al PP, con 187 acusados (de los que 74 son políticos) por fraude fiscal, soborno, blanqueo de capitales y tráfico de influencias…

En verdad, un panorama vomitivo.

Pero inquieta, aflige y alarma aún más que, a pesar de escándalos y delitos ampliamente difundidos por los medios, el Partido Popular, con más afectados e imputados que ninguna otra formación política, haya retrocedido poco electoralmente. Debería haber caído en picado, pero el último sondeo aún le adjudica 33% de intención de voto. ¿Tan mal está este país? ¿Tan débil es la exigencia ética en España? Porque lo peor es que, por activa o pasiva, directa o indirectamente, quien finalmente paga el pato de tanta corrupción es la gente de a pie, la gente común, el pueblo trabajador. Gente de la que bastantes votan al PP. Lo paga la gente con recortes de sus derechos sociales. Y con insuficiencia de fondos públicos para que el país avance, no hay empleos suficientes ni salarios dignos. Porque la recuperación, si es tal, ha de ser para todos, no solo para la minoría de siempre a costa de los demás.

¿En qué se equivocan grupos, movimientos, organizaciones sociales y políticas que quieren cambiar las cosas y mejorar de verdad este país?

Una respuesta posible se remonta a la presuntamente modélica transición de la dictadura a la democracia. Que no lo fue tanto ni tan calvo, ni fue modélica en absoluto porque la pilotó buena parte de le gente que fue sostén de la dictadura franquista durante años. Dictadura de la que representante alguno nunca se arrepintió ni pidió perdón por los crímenes perpetrados. Como no lo hacen tampoco sus herederos y sucesores, muchos cómodamente instalados en el PP que sostiene al gobierno.

Este cronista está convencido de que hasta que no se entierre muy hondo la más leve traza de franquismo, en tanto no nos desprendamos totalmente de toda sombra de la dictadura y sus protagonistas y cómplices principales no sean juzgados, rindan cuentas y se reparen daños, este país no avanzará nunca.

La salud no puede ser un negocio

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclamó a la Fiscalía General del Estado que paralizara en la región autónoma de Madrid el cobro de un 1 euro por receta médica dispensada. Una tasa impuesta por el gobierno regional de Madrid del partido Popular. Para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, dicen. Garantizar la sostenibilidad es el subterfugio falaz de todas las contrarreformas neoliberales que no son otra cosa que vulneración derechos. La otra excusa esgrimida por el gobierno regional es que se malgastan muchos medicamentos como indican varios estudios: casi la cuarta parte de españoles reconocen guardar cajas de medicinas en casa que ya no usan.

Pero hay otras medidas efectivas para un uso racional y efectivo de medicamentos, que nada tienen que ver con el afán recaudatorio de cobrar un euro por receta. Como utilizar fármacos en dosis unitarias que ajusten la terapia necesaria. Pero esa medida no gusta a la industria farmacéutica, a la que le importa un pimiento que se desechen toneladas de medicamentos, porque ellos los cobran se unen o desechen, y otras dosificaciones supondrían más costes de envasado.

Ya el Consejo de Estado consideró que podía ser inconstitucional el cobro de un euro por receta, tasa que se aplicaba desde hace meses en la autonomía de Cataluña, porque discrimina a la ciudadanía de la región de Madrid o Cataluña respecto a la de otras comunidades autónomas. Y, para rematar el despropósito, en lo que se refiere a la región de Madrid, las farmacias madrileñas no disponen de infraestructura informática adecuada para contabilizar el cobro de un euro por receta por cuenta de la administración regional.

En realidad, esa tasa forma parte de la consideración de la salud como negocio y no como derecho indiscutible. Para los neoliberales que desgobiernan, es además negocio con pingües beneficios. Será por eso que el gobierno del Partido Popular de la región de Madrid ha privatizado 6 hospitales y 27 centros de salud de atención primaria. Y, como estos neoliberales son tan tramposos, a la privatización la llaman “externalización” sanitaria.

Dicen que su plan de “externalización” permitirá aprovechar recursos y reducir costes. Pero la experiencia privatizadora en la comunidad autónoma de Valencia demuestra justamente lo contrario: disminución de calidad en la atención sanitaria y bastante más gasto. El coste de una cama en hospital privado es de 1.660 euros diarios, cuando en un hospital público solo es de 955 euros, según un estudio de sindicatos del sector sanitario. Y en Alemania, a la cabeza de las contrarreformas neoliberales de Europa, además de varios repagos sanitarios (volver a pagar quien ya ha pagado con sus impuestos), que ellos insisten en llamar copagos, no pueden presumir de que la privatización de hospitales públicos haya sido un éxito. Un estudio de la Munich School of Management deja muy claro que “los resultados empíricos muestran que los hospitales privados son menos eficientes en controlar costes que los públicos”. Otro estudio, publicado en Health Policies en 2012, concluye que “la evidencia de Alemania muestra que los hospitales privados no son más eficientes que los públicos”.

El otro argumento falaz para maquillar tales contrarreformas es que ya no hay suficiente dinero estatal para ofrecer una sanidad pública de calidad. Falso, como el profesor Vicenç Navarro explica: “De 2007 a 2011, las empresas declararon en España 851.933 millones de euros de beneficios, por los que tributaron 101.421 millones de euros: casi un 12% de tipo impositivo. Si hubieran pagado un 28% sobre beneficios (tipo impositivo medio según la Agencia Tributaria), sin tantas deducciones y elusiones que alegremente concede el gobierno, el Estado hubiera ingresado 141.000 millones de euros. La diferencia entre ambas recaudaciones (ingresada y que se hubiera podido ingresar) coincide con el volumen de recortes de gasto público (sanidad incluida) que los gobiernos imponen desde hace varios años a la ciudadanía española”. Y con este hecho demostrado, España continúa siendo el escaparate de Europa.

Pero la salud no es negocio ni puede serlo, porque es un derecho humano. Además, cobrar un euro por receta no resuelve nada y es una medida miserable. Por fortuna, también crece la objeción ciudadana a pagar ese euro, y, además, la justicia ha suspendido cautelarmente el cobro de ese euro por receta tanto en Cataluña como en Madrid, en tanto se dictamina si ese cobro es anticonstitucional. Que lo es.

Lo dicho, miserable, además de que esta tasa perjudica especialmente a los enfermos crónicos que precisan terapia continua y serán quienes más paguen.