Lo que de verdad nos deja el capitalismo

 

Casper Gutman, personaje de la novela El halcón maltés, de Dashiell Hammet, es un gángster de modales exquisitos, capaz de incitar al asesinato para conseguir una valiosísima estatua de un halcón esculpido en oro y piedras preciosas. Cuando un detective privado le pregunta qué derecho tiene sobre esa joya, Gutman responde: “Un objeto de tal valor pertenece indudablemente a quien lo coja”.

 

La inmoralidad de la respuesta coincide con la de la minoría que controla la economía. Lo que buscan es quedarse con todo y, para lograrlo, en los 80 tuvieron la desfachatez de pretender que no había alternativa al capitalismo, cuyo triunfo sobre el comunismo prometía estabilidad y desarrollo sin fin. Treinta años después sabemos que es falso y sabemos también lo que nos ha dejado en verdad el capitalismo realmente existente.

 

Nos ha dejado una crisis global económica, financiera, social y moral como nunca se ha visto. Y la destrucción del llamado estado de bienestar que, sin ser como para lanzar cohetes, era lo más próximo a un estado social que redistribuyera con alguna justicia parte de la riqueza.

 

El capitalismo nos deja la existencia impune de los paraísos fiscales. Perversa realidad, pues la evasión de impuestos masiva (imposible sin paraísos fiscales) reduce en los países pobres o empobrecidos del 30 al 40% de ingresos del Estado. Por lo mismo, la Unión Europea deja de ingresar anualmente 200.000 millones de euros y Estados Unidos 100.000 millones de dólares. Mientras el terrorismo mueve impunemente 500.000 millones de dólares que le permiten perpetrar violencias y crímenes, en tanto que el crimen organizado lava su dinero negro. Gracias a los paraísos.

 

Nos deja también este capitalismo realmente existente el hambre con visos de ser crónico. En 2007 solo especulaban en el mercado de derivados de alimentos básicos 13.000 millones de dólares, pero en 2008 ya lo hacían 320.000 millones de dólares, que contribuyen a subir indecentemente los precios de alimentos esenciales. Olivier de Schutter, relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, acusa directamente a los especuladores financieros de ser responsables de que no se acabe el hambre.

 

El capitalismo realmente existente nos deja el asalto sistemático a las tierras fértiles de África, América Latina y Asia por poderosos grupos capitalistas para producir de modo intensivo para exportar. Así expulsan al campesinado local que aseguraba cierta soberanía alimenticia en esos lugares. Nos deja por tanto el capitalismo, como denuncia Ziegler, estructuras económicas criminales que fabrican la masacre cotidiana del hambre; principal causa de muerte, más que guerras, enfermedades cardiovasculares o cáncer.

 

Este capitalismo realmente existente nos deja la arremetida contra el agua, pues se la quieren apropiar, y por cuyo derecho y uso hay que luchar ya con uñas y dientes.

 

Y nos deja una letal desigualdad creciente. Según Credit Suisse (nada sospechoso de izquierdismo), un muy minoritario 10% de población mundial posee el 85% de la riqueza del planeta y, un aún más reducido 1% de la población mundial es dueño del 43 % de la riqueza.

 

Finalmente nos deja el capitalismo un decorado de democracia. Una democracia vacía. Junto a la mayor violación sistemática conocida de derechos humanos.

 

Un legado a beneficio, honra y gloria de la minoría rica. De los llamados mercados, que no son anónimos sino la minoría misma. En realidad, unos 700 bancos, compañías de seguros y corporaciones industriales que controlan 43.000 empresas multinacionales, según han demostrado Stefano Battiston, James Glattfelder y Stefania Vitali. El 0,1%.

 

John Houston retrató el talante de la minoría rica en el filme Cayo Largo. En un hotel coinciden un soldado, que vuelve a casa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gángster deportado que vuelve a Estados Unidos clandestinamente para un negocio sucio. La proximidad de un huracán pone nerviosa a la gente y, en un enfrentamiento entre el gángster y el dueño del hotel, el soldado intenta pacificar con la pregunta, ¿qué quiere Rocco? Y él mismo responde: Quiere más. Rocco confirma: Eso es, quiero más. El soldado pregunta de nuevo: “¿alguna vez Rocco tendrá bastante?” Y contesta Rocco: “Nunca tengo bastante”.

 

Es lo que ocurre con quienes se apropian de la riqueza del mundo. Quieren más y nunca tienen bastante. Pero no podemos permitírselo. Porque nos va la vida, la justicia y la dignidad en ello.

 

 

La democracia, reducida y prostituida por el neoliberalismo

Más de la cuarta parte de ciudadanos del Reino de España son pobres y 700.000 hogares carecen de cualquier ingreso. El hambre llega a España. Los niños desnutridos ya se cuentan por decenas de miles; sólo en la desarrollada Barcelona, su ayuntamiento reconoce más de 2.600 niños desnutridos. Es una situación general de derechos sociales vulnerados.

¿Hablamos de violaciones de derechos sociales en la Unión Europea? Podemos enumerar el sufrimiento creciente de tantas gentes en Grecia, Portugal, Irlanda, Bulgaria, Rumanía, Italia… Incluso en la próspera (?) Alemania, más de cinco millones de trabajadores precisan ayuda social porque ganan tan poco que no les alcanza para vivir.

En Europa, retroceden también los derechos civiles; antes con el pretexto de la lucha antiterrorista y hoy para frenar el movimiento global de la ciudadanía indignada. Vamos hacia atrás. Porque nunca hay democracia de verdad si no se respetan los derechos de todos.

Y, por si fuera poco, ahora sabemos algo peor que el hecho de que la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) espíe a millones de personas en todo el mundo, incluidas Europa y los mismos Estados Unidos. The New York Times ha divulgado que once magistrados, nombrados a dedo, componen un Tribunal de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero, convertido sigilosamente en una especie de “Tribunal Supremo paralelo”. El gobierno de Estados Unidos ha creado un tribunal secreto que, con el paraguas de la lucha antiterrorista, aprueba clandestinamente medidas de “seguridad”, sin responder ante nadie, al margen de cualquier control democrático, para perseguir a quien amenace los intereses de Estados Unidos. Por no hablar de los drones (aviones teledirigidos no tripulados), que ya han asesinado más de 4.700 personas; teóricamente sospechosas de terrorismo, sin juicio ni defensa alguna, y civiles cercanos a esos “objetivos”. ¿Y la presunción de inocencia? ¿Y el derecho a juicio justo?

Ya lo profetizó tras el atentado del 11-S Sandra Day O’Connor, jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos: “Conoceremos las peores restricciones a nuestras libertades de toda nuestra historia”. Como así ha sido y así es.

Además, en ese escenario de agresiones sistemáticas a los derechos civiles y políticos, los Estados ceden poder a instituciones económicas internacionales sin legitimidad democrática alguna (FMI, OMC, CE…) que imponen recetas neoliberales. Con el objetivo de acabar con el estado dicho de bienestar y que la minoría rica sea aún más rica en un mundo cada vez más desigual.

Mientras el poder se concentra en pocas manos nada democráticas, empresas transnacionales, gran banca internacional, grandes especuladores y grandes fortunas promueven el asalto final contra los derechos económicos y sociales de la ciudadanía. Una agresión que no pueden justificar en nombre de la lucha contra el terrorismo, pero perpetran en el del equilibrio presupuestario y la presunta lucha contra el déficit público. Y así hacen retroceder a los países a la situación social de los años cincuenta.

Al ataque sistemático contra los derechos de la ciudadanía cabe añadir que la división de poderes, consustancial con el sistema democrático, se disuelve por la absoluta hegemonía del poder ejecutivo sobre el legislativo y judicial. Los parlamentos, subordinados a los gobiernos, en lugar de controlarlos solo aprueban las leyes que éstos deciden, en tanto que el poder judicial no contradice al gobierno, salvo de modo muy excepcional. Como ha escrito Eduardo Subirats, “el poder financiero del mundo se concentra en manos de un puñado de corporaciones (…) y el autoritarismo del Estado a su servicio se impone con la naturalidad de una voluntad divina”.

Los medios de comunicación rematan el panorama con la ocultación y manipulación de la información que la ciudadanía precisa, excluyendo hechos, contenidos y opiniones opositoras o divergentes. Propiedad de unos pocos, los medios ocultan o maquillan los problemas y niegan las canalladas, al tiempo que esconden a sus responsables, falseando la realidad.

El actual autoritarismo, camuflado como democracia formal reducida a un caro ritual electoral, es una violación sistemática de derechos de la ciudadanía. Porque fascismo es toda doctrina, sistema o práctica política que se pase los derechos humanos por el forro. Y eso ocurre hoy en Europa. El capitalismo neoliberal es incompatible con la democracia, porque no casa con su codicia. La democracia es, ante todo, un sistema ético de derechos, valores sociales y morales, en el que las personas ocupan el primer lugar. Y hoy, en Europa, las personas pintan cada vez menos.

Tiene razón Jürgen Habermas cuando reitera que en Europa desmantelan la democracia . Hasta que la gente común consiga cada vez más poder para cambiar la situación y que sus derechos y necesidades sean la prioridad. Se puede. Más crudo lo tenían con el régimen absoluto y fue expulsado.

Nuestros derechos contra su legalidad

Christine Lagarde, directora del FMI, defiende los recortes sociales en España e Italia. No es nuevo. Lo indignante es que elogia a sus gobiernos porque han “reestructurado sus mercados laborales a pesar de intrincados intereses y férreas tendencias culturales”. Tiene la desfachatez de llamar “férreas tendencias culturales” a los derechos de la ciudadanía.

Para rematar tal miserable despropósito, dice Lagarde que la economía mundial es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar” con decisiones correctas en medidas estructurales. Con contrareformas. Pretende que el intento de justicia, de cierta distribución de riqueza, mal llamado estado de bienestar, es una “adicción”. Para Lagarde cobrar una pensión, por ejemplo, es como esnifar cocaína o chutarse heroína.

Hace 4.000 años alguien grabó un criptograma en Egipto que decía “he hecho al hombre igual a su prójimo y no he ordenado que los hombres cometan injusticia”. Religiosidad aparte, tal vez el primer texto en la lucha por la justicia, por el imperio de los derechos humanos. Desde entonces se ha recorrido un largo camino, difícil, lento, doloroso y lleno de contradicciones. Hasta 1948.

El 10 de diciembre, la Asamblea General de la recién creada ONU aprobaba sin ningún voto en contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una Declaración que no son solo principios, sino fuente de derecho internacional, que se ha desarrollado desde entonces y, como ley, obliga.

Más aún, todas las constituciones de los países de la Unión Europea recogen esos derechos sin excepciones. Por ejemplo, recogen el contenido del artículo 25 de la Declaración que proclama la “adicción”, según Lagarde, del derecho a una pensión que asegure un nivel de vida adecuado.

Viene a cuento, porque las pensiones públicas son hoy objeto de un descomunal ataque por parte de la minoría rica de la que Lagarde forma parte. Una minoría que no quiere que haya dinero público para pensiones también públicas, pues pretenden sustituir el sistema público por otro de pensiones privadas. Para especular. En el reino de España las pensiones públicas suponen 117.000 millones de euros anuales. Y quieren apropiarse (indebidamente) de ese pastel.

Y puesto que es cuestión de codicia y saqueo, no cabe entrar en el falso debate de la sostenibilidad de las pensiones públicas. Aportemos datos y hechos que demuestren que la insostenibilidad de las pensiones públicas es un cuento chino. Pero no caigamos en la trampa de debatir si habrá bastantes ocupados para paga pensiones de jubilados. Un planteamiento falaz, tramposo y estúpido. Hay que proclamar sin resquicio de duda que cobrar una pensión es un derecho, no sujeto a presuntos debates técnicos. Como no es admisible someter a debate el derecho a la vida, a no sufrir tortura o a no ser sometido a esclavitud. Porque todos los derechos son igualmente respetables.

El derecho se respeta, se satisface y no hay cuestión técnica ni pretexto de sostenibilidad que valga. Sobre todo cuando hay dinero más que suficiente. Lo hay, pero se lo quedan ilegítimamente unos pocos. Solo hay que recuperar la fiscalidad anterior a los años ochenta, cuando quienes más tienen y atesoran pagaban más impuestos. Impuestos justos.

La cuestión no es si las pensiones son sostenibles, como tampoco si es sostenible la sanidad y educación públicas. La cuestión es si la minoría rica continuará con su latrocinio descarado por medio de gobiernos desleales a su servicio que esgrimen la crisis y la deuda como pretexto. Por su parte, la ciudadanía se ha de convencer del todo de que su postura, su lucha, es por los derechos que le arrebatan. Y los derechos se consiguen y se respetan, no se debaten. La legitimidad ciudadana es tan plena que le permite enfrentarse a la ilegítima legalidad de la minoría y sus cómplices.

Y sobre bondad y exigencia del respeto de la legalidad, cabe recordar que hay diversas legalidades. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Pinochet, Videla… establecieron legalidades, por supuesto. Pero no eran respetables.

La ciudadanía parte de la más indiscutible legitimidad contra la estafa y el saqueo: sus derechos. Y, cuando el miedo cambie de bando, convertirá su legitimidad en legalidad. En un país, un continente, un mundo más decente y justo. Una legalidad digna de ser respetada.

Austeridad, evasión fiscal y democracia auténtica

La austeridad que hoy se impone tiene gravísimas consecuencias. Más desempleo y más pobreza, más enfermedades y más suicidios. La austeridad mata, como titula David Sucker un concienzudo estudio al respecto. Cabe hurgar por tanto el origen y responsables de la malhadada austeridad.

La austeridad se cuece cuando la minoría rica comprueba que se acaban las vacas gordas. Años setenta. Grandes empresarios, banca y grandes fortunas ven reducirse sus beneficios. Ni siquiera la explotación de países empobrecidos evita la merma. Entonces se empezó a rebajar impuestos a los ricos, mientras el fraude fiscal devenía endémico y la economía se financiarizaba. No producir bienes y servicios, sino pura especulación financiera; por cada dólar invertido en economía real, 60 en pura especulación. La economía se convierte en un casino.

 

El proceso se acelera en 2008 cuando se hunde Lehman Brothers, “intoxicado” hasta las cejas. Su balance, pura filfa y humo, pues buena parte de activos eran deudas que jamás se cobrarían; hipotecas-basura “titulizadas”, camufladas. Hipotecas-basura que los diez mayores bancos de inversión vendieron, engañando a todo el mundo, con la calificación de muy seguras y rentables por las oscuras agencias de rating. Es la crisis.

 

El sistema financiero se tambaleó y los gobiernos acudieron raudos a inyectar muchísimo dinero para salvarlo. Los estados se endeudaron para ayudar a la banca y entonces surgieron trileros, timadores de toco mocho y de la estampita vociferando que el déficit público era inaceptable y se imponía la austeridad. Naturalmente para que los estados ahorraran y pudieran pagar intereses de deuda pública a la banca; deuda que habían comprado con barato dinero público del Banco Central Europeo. Y los gobiernos ahorraron a costa de la mayoría. En beneficio de la minoría rica.

 

¿Cuántos forman esa minoría que se beneficia de la austeridad y la supresión de derechos? Según el Informe anual de Riqueza en el Mundo 2013 de RBC Wealth Management y Capgemini, en España hay 144.600 poseedores de más un millón de dólares y en EEUU, tres millones y tres cuartos de millón. En todo el mundo, 12 millones. Un ridículo 0,17% de población contra 7.000 millones de personas.

 

Minoría no solo codiciosa y especuladora, sino también delincuente. Manipulan tipos, estafan a clientes, ocultan riesgos, se lucran con información privilegiada… y, especialmente, evaden impuestos. Pagan poquísimos impuestos, pero les parece demasiado. Y esconden sus fortunas.

 

Quienes evaden impuestos precisan blanquear su sucio dinero. Gracias a los paraísos fiscales y a buena parte de la banca. El barrio financiero de Londres (la City), por ejemplo, es el mayor lavadero de dinero negro del mundo. El blanqueo hace sorprendentes compañeros de cama, pues tanto necesita blanquear dinero sucio quien especula con fondo de inversión y no quiere pagar un duro de impuestos como el narcotraficante que vende cocaína. Como muestra, la actuación del banco británico HSBC. Según el Senado de los Estados Unidos, HSBC aceptó que criminales del mundo usaran sus servicios para blanquear ingentes cantidades de dinero del narcotráfico. También blanqueó Standard Chartered… Y otros muchos.

 

El agujero de impuestos evadidos alcanza el billón de dólares: más que los presupuestos de 176 países. Si ese billón se abonara, se acabaría con la pobreza, se doblarían las energías limpias y todos los niños del mundo estarían escolarizados.

 

Por el contrario, las crisis de las últimas décadas, y sobre todo esta crisis, han empobrecido a millones, provocado hambrunas y hecho sufrir a miles de millones. Y, según Naciones Unidas, la especulación con dinero blanqueado del crimen organizado ha contribuido a agravar las crisis financieras y económicas de las últimas décadas. Porque, como denuncia también la ONU, “la penetración de los sindicatos del crimen en las finanzas fue facilitada por los programas de ajuste estructural impuestos a los países endeudados para poder acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional”. Más claro…

 

La evasión de impuestos es delito muy grave, porque en democracia evadir impuestos es robar a la ciudadanía. Es así porque los impuestos justos, progresivos y suficientes son condición indiscutible de la democracia de verdad. Pues no hay libertad ni justicia sin asegurar la independencia material que garantiza una vida digna a toda la ciudadanía. Y eso se logra con una fiscalidad justa que permite al estado redistribuir la riqueza, ofrecer servicios públicos esenciales y protección social.