Conflictos armados y cambio climático disparan de nuevo el hambre

Volvemos a denunciar que aumenta el hambre en el mundo. Tras unos años de avances contra el hambre, aunque lentos pero seguros, el último informe de la FAO (la agencia de la ONU para combatir el hambre y la desnutrición) denuncia que hoy hay en el mundo 38 millones de personas más que pasan hambre. El hambre ya afecta a 815 millones de personas, el 11% de población mundial. El hambre aumenta por primera vez en diez años.

El informe de la FAO apunta a los conflictos armados como causa de ese aumento, agravado por las consecuencias del cambio climático que ya no es solo un riesgo sino que está aquí.

El terrible diagnóstico de la FAO es que no se acabará con el hambre en 2030, como se había propuesto la ONU… salvo con cambios profundos que permitan redistribuir la riqueza y finalicen o se reduzcan los conflictos armados.

Muchas más personas pasan hambre hoy sobre todo en África subsahariana y grandes regiones del sur y Este de Asia, pero aún se sufre más hambre en las zonas con conflictos armados, agravado a menudo por sequías e inundaciones, consecuencia directa del cambio climático. Mirando el mapa del hambre, esa lacra inaceptable ha aumentado en Sudán del Sur, zona de guerra desde hace tiempo, pero también amenazan hambrunas en Nigeria, Somalia y Yemen, regiones también con violentos enfrentamientos armados.

La FAO denuncia que de los 815 millones de personas que hoy sufren hambre 490 millones,más de lamitad están en zonas de guerra.

En los últimos 25 años muchos países habían reducido el hambre y la desnutrición, pero esos avances se han frenado y retrocedido precisamente por la extensión de conflictos armados. La FAO indica que también han aumentado los refugiados y desplazados en sus propios países, que ahora son el doble, hasta 64 millones.

Actualmente hay nueve países con conflictos violentos con más de la décima parte de su población refugiada o desplazada. En Somalia y Sudán del Sur, más de la quinta parte de sus habitantes son personas desplazadas: gentes obligadas a abandonar sus hogares para conservar la vida, aunque no el país por ahora, alejándose de las zonas de mayor violencia.

En Siria, donde la lucha armada es muy violenta y los bombardeos son constantes e intensos, ha huido más de la mitad de sus habitantes, convirtiéndose en refugiados. Lo sabemos por las constantes portadas y titulares del drama continuo de refugiados rescatados en el Mediterráneo y el drama aún mayor de las personas que se arriesgan en frágiles e inseguras embarcaciones y mueren ahogados.

Lo peor de tan injusta e inaceptable situación es que los gobernantes de la Unión Europea han incumplido de modo vergonzoso el compromiso de acoger refugiados, además de haber dado un espectáculo lamentable con el regateo sobre los refugiados que los gobiernos europeos estaban dispuestos a acoger.

El gobierno de España es buena muestra de esa vergüenza. El 26 de septiembre de 2015 el gobierno del Partido Popular se comprometió a acoger a 17.330 refugiados. Dos años después, solo ha acogido a 1.488 personas refugiadas, apenas un 8% de lo comprometido. A este ritmo cicatero el gobierno de España tardaría casi 20 años en acoger a todos los refugiados a que se comprometió. Pero aunque cumplieran esos compromisos, es una minucia al lado de los más de 11 millones de sirios que han huido de la guerra, convertidos en refugiados.

Además, otro factor aumenta el hambre, incluso en regiones sin violencia. Sequías e inundaciones por el cambio climático arruinan cosechas, reducen el ganado y destruyen centros y zonas de producción. Días atrás hemos visto imágenes escalofriantes de los daños causados por los huracanes en el mar Caribe y sureste de EEUU. El resultado final es más hambre.

Un informe del Parlamento Europeo expone las consecuencias del cambio climático desde hoy hasta 2035 y no es tranquilizador. Aumentarán los refugiados por las consecuencias del cambio climático y los fenómenos meteorológicos serán cada vez más extremos. El sur de Europa, sufrirá olas de calor cada vez más frecuentes y sequías prolongadas que provocarán una preocupante reducción de la agricultura, las costas se inundarán y habrá pérdidas considerables de biodiversidad. En el norte y centro de Europa habrá más crecidas en invierno y más desbordamientos de ríos que inundarán pueblos y ciudades, como hemos podido ver estos días en los noticiarios televisivos. Esas situaciones generan desastre, pobreza y necesidades vitales desatendidas. Y más hambre.

Que aumente el hambre es inaceptable, es un crimen. Como dijo Gandhi, el hambre es un insulto que humilla y deshumaniza, destruye el cuerpo y el espíritu: es la realidad más asesina que hay.

¿Hasta cuando gobiernos e instituciones globales vacilarán en afrontar la lucha contra el hambre con decisión y energía?

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España y Portugal, dos gobiernos muy diferentes ante la crisis

En Portugal, el gobierno de izquierdas, formado por el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloco d’Esquerdas, dice adios a la austeridad. A diferencia de lo que le pasa al PSOE en el Reino de España, el partido socialista portugués no ha olvidado el significado de la palabra ‘socialista’. Y en julio de 2015, el Gobierno portugués de coalición que preside Antonio Costa, descartó nuevas medidas de austeridad en una carta a la Comisión Europea: “No tenemos propuestas ni medidas adicionales de austeridad para 2016 ni para 2017“, dejo claro el ministerio portugués de Finanzas.

Finalmente, en 2016, tras dos presupuestos generales de la coalición de izquierdas, Portugal ha vuelto a crecer y ha rebajado el déficit fiscal al 2,1%, cuatro décimas menos que lo exigido por el implacable Eurogrupo. Pero lo más importante es que los portugueses han recuperado salarios, pensiones y empleo en cifras anteriores al inicio de la traída y llevada crisis. Con estímulos e impulso real a la economía productiva, negada la rigidez presupuestaria exigida por Alemania, Portugal levanta cabeza.

No ocurre lo mismo en el Reino de España que gobierna el partido Popular con la insustancial complicidad de Ciudadanos y los dubitativos movimientos de presunta oposición y abstenciones del PSOE. Porque lo que sucede en Madrid, Valencia, Andalucía y otras comunidades autónomas, por ejemplo, es que la ciudadanía espera mucho más tiempo que hace cuatro años para ser operados en quirófano. Y eso supone más riesgos. Y también muestra que algo va mal en Valencia, Granada, Málaga, Palma, Barcelona, Burgos, Madrid y otras ciudades, la formación de largas colas de miles de personas para recibir periódicamente paquetes de alimentos con aceite, arroz, leche, azúcar, pan, pasta, legumbres, zumo… Sin embargo, esas largas colas en grandes ciudades no las veréis nunca en los telediarios de ninguna televisión. Son las colas del hambre. Y del hambre no se habla.

Sin embargo, la cruda realidad muestra que la organización solidaria Banco de Alimentos, por ejemplo, solo en Madrid ha distribuido más de 20 millones de toneladas de alimentos para ayudar a unas 200.000 personas. Por tanto cabe concluir que hay hambre en España. Lo remacha un estudio de La Caixa sobre gente pobre en sus programas de ayuda. Según ese informe, 30.000 familias con niños pasan hambre en España y 60.000 menores de edad han pasado o pasan hambre con frecuencia. Comen muy poco durante el día y nunca cenan, al tiempo que más de 700.000 hogares en España no tienen ingreso alguno y sobreviven por solidaridad familiar y ciudadana. Hace siete años esos hogares sin ingresos eran menos de medio millón. Sin olvidar que un 15% de trabajadores, aún con un empleo y salario, son pobres. Pobres de verdad. Lo que incluye hacer cola cada equis tiempo para conseguir un paquete de alimentos y no pasar hambre. Alimentos que no proporciona el gobierno, sino la solidaridad ciudadana. Da igual que España ratificara en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Sociales, que reconoce el derecho de cualquier persona a no pasar hambre y tener la alimentación adecuada en cantidad y calidad. Da igual, porque lo de este gobierno es parloteo y brindis al sol, pero no tomar medidas para asegurar ese derecho y otros contra la pobreza y la desigualdad que genera más pobreza.

Sin embargo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, pretende que salimos de la crisis. ¿Con estos hechos, con esos datos? Vivir para ver. Tan falaz visión nada tiene que ver con la auténtica recuperación de derechos del pueblo trabajador, que sería superar la crisis de verdad. Como han empezado a hacer en Portugal. Pero no  es salir de la crisis que solo se recupere la minoría, las élites económicas y financieras, cuyos beneficios e intereses defienden Rajoy, su gobierno y su partido con tanto ardor.

A modo de didáctico ejemplo, ¿cómo explicar que aumenten tanto los turistas en España (y los ingresos por turismo) cuando no crece un ápice el empleo en el sector ni mejoran los salarios de sus trabajadores? Solo crecen los beneficios de la minoría propietaria del sector turístico. Pero eso no es recuperación. La recuperación es de todos o no hay recuperación. Si no crece el empleo ni aumentan los salarios ni se restauran derechos laborales, estamos otra vez ante una transferencia de rentas del pueblo trabajador a la minoría rica. Y eso en modo alguno es superar la crisis. Eso en buen castellano es saqueo.

Continúa el saqueo

Mariano Rajoy, presidente en funciones en España, fue al G20 y osó denunciar los populismos de izquierda como enemigos del crecimiento y la estabilidad económica. Olvidando ahora que habría mucho que hablar de crecimiento y qué crecimiento, sorprende la desfachatez de quien preside uno de los partidos más corrompidos de Europa. Sin entrar en detalles, recordemos casos de corrupción que los medios bautizan como Púnica, tarjetas black, Gürtel, caso Rato, Papeles de Bárcenas, Bankia…

El Partido Popular (PP)  afronta este inicio de curso varios procesos judiciales con altos cargos del partido como acusados. Seis alcaldes madrileños, presidente de Diputación de León, alto cargo del Gobierno de Murcia, ex-alcalde de Cartagena, casi todos los concejales del ayuntamiento de Valencia… Además está imputado como partido por cobro de dinero negro y presunta financiación ilegal de obras de reforma de su sede nacional.

Eso sí desestabiliza. El remate de corrupción fue designar al ex-ministro Soria (dimitido tras descubrirse su vinculación con paraísos fiscales) candidato a director ejecutivo del Banco Mundial. La presión ciudadana hizo retirar esa candidatura. Escandaloso proponer un posible elusor fiscal para el Banco Mundial, uno de cuyos objetivos es combatir la pobreza. Y en la otra cara de la moneda, la austeridad. Manuel Lago analiza con datos oficiales los recortes de gasto público perpetrados de 2009 a 2015. Algunas partidas aumentaron casi 48.000 millones de euros, pero se recortaron casi 80.000 millones de euros en políticas sociales.

Creció el gasto en pensiones, pero por el desbocado aumento de jubilaciones anticipadas. La crisis económica fue perfecta excusa para que muchos empresarios prejubilaran en masa a sus empleados veteranos… para sustituirlos por trabajadores con salarios más bajos y peores condiciones laborales. Pero las empresas no pagaron esas prejubilaciones rentables para sus capitalistas propietarios. Pagó el Estado. Y así aumentó la partida de pensiones, pero no mejoraron los pensionistas. Al contrario, las reformas perpetradas por el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy empobrecen a pensionistas actuales y futuros. Otro gasto que crece es el pago de intereses de deuda pública. Del 52 % al 99% del PIB. También aumentaron las ayudas públicas a empresas de energía que crecieron un 469 %. Sí, 469%.

Pero recortaron gasto público sin tapujos en transporte, desempleo, vivienda, educación, salud, familia e infancia, apoyo al sector primario y servicios culturales. En lo que beneficia a la gente común se rebajaron casi ochenta mil millones. Menos y peores servicios de educación, becas, sanidad, ayuda al desempleo… Recortes que violan los derechos de la gente común, pero benefician a grandes empresas (energía, banca, enseñanza privada, empresas privadas sanitarias…)

El resultado de recortes y bajos salarios es más pobreza laboral. Según el INE casi 15% de trabajadores está en el umbral de la pobreza. Mientras el Gobierno del PP cacarea que la economía crece y crea empleo, la tercera parte de la ciudadanía sufre la peor época de su vida. Los parados de larga duración, quienes buscan empleo desde hace tres años o más, aumentan año tras año y el 45% de desempleados no recibe ayuda alguna por estar en paro. Así lo quiere el gobierno del PP que rebajó 15% la ayuda a parados en los presupuestos de 2015, por ejemplo. ¿Sorprende entonces que 700.000 familias en paro no reciban ninguna ayuda pública?

Ha vuelto el hambre a esta España que gobierna el PP. En Barcelona, Caritas ha abierto siete nuevos centros para distribuir alimentos que se suman a las docenas de iglesias que reparten comida. La ayuda de Caritas, Cruz Roja y bancos de alimentos más la familiar evitan una vergonzosa hecatombe social.

Este escrito se titula ‘el saqueo continúa’ porque, insatisfecho con los recortes perpetrados, el gobierno del PP insta a cerrar empresas municipales de servicios públicos a pesar de no tener déficit sino superávit (0,5% de media). Quieren privatizarlas para convertirlas en negocios privados. No olviden que un alto dirigente del PP reconoció hace tiempo (y está publicado) que estaba en política ‘para forrarse’. Por no olvidar tampoco que el rescate bancario fue indecentemente costoso para la ciudadanía y, para compensar, recortaron educación, sanidad, ayuda al desempleo, cultura, ciencia…

Y siguen los recortes. Lamentablemente, no solo en España. El capitalismo neoliberal, que tan ferozmente encarnan corporaciones, grandes empresas, banca, mercados de capitales y tratados bilaterales de inversión, recorta, privatiza, vacía la democracia y saquea el mundo de América a Australia, desvalijando de paso Europa, África y Asia. O los frenamos o acaban con nosotros.

La desigualdad creciente indica que algo va francamente mal

En España, tras las elecciones municipales de hace un mes, los nuevos gobiernos locales del cambio ya trabajan para la gente común. Para empezar, encuentros con cúpulas bancarias para frenar desahucios y planes de emergencia social para dar de comer a niños que han acabado el curso y ya no disponen de comedor escolar. Entre otras medidas. Pero al mismo tiempo, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, insiste en que las ‘reformas’ que ha perpetrado su gobierno ya dan sus frutos. Reformas que son retrocesos sociales en servil aplicación de la austeridad y recortes sociales que imponen la Unión Europea, BCE y FMI. Y añade Rajoy con la boca pequeña que “hay mucha gente a la que todavía no han llegado los efectos de esta política económica, pero llegarán”.

No se sabe si es cinismo sin más o la peor ceguera; la del ciego que no quiere ver. O tal vez pretenda engatusar a los dos millones y medio de ciudadanos que han dejado de votar a su partido en las recientes elecciones. Porque la cruda y documentada realidad es que desigualdad y pobreza crecen a marchas forzadas en el Reino de España. La gente lo sabe porque lo sufre.

El año pasado fue el quinto consecutivo en el que disminuyeron los ingresos de las familias en ese país, cuya capacidad de consumo (o demanda, si prefieren) “esta casi agotada” según explica Marcos Peña, presidente del Consejo Económico Social, órgano consultivo del Estado. Porque la capacidad de demanda o consumo es hoy de supervivencia, ha remachado.

De la deteriorada situación de gran parte de la ciudadanía española da fe, por ejemplo, que el 42% de usuarios pase apuros para pagar el recibo de la luz, además de otras estrecheces. Como no poner la calefacción en invierno o a menor temperatura para gastar menos. Así lo indica un estudio de la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

Y, si atendemos al derecho a vivienda digna (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 47 de la Constitución española), cientos de miles de personas han visto vulnerado ese derecho en España, como denuncia Amnistía Internacional en su documentado informe “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”. ¿Quién se perjudica y quien se beneficia en tal situación injusta? Solo son algunas muestras, porque la brecha entre pobres y ricos tiene muchas caras. Bastantes más.

Incluso el FMI advirtió hace un tiempo que España es el país europeo donde crecen más las diferencias entre pobres y ricos. Pero ahora es la OCDE la que constata que este país es donde más aumenta la desigualdad. Y, mientras en el Reino de España la pobreza aumenta en más de un millón de personas y ya afecta al 27% de población (según Red Europea contra la Pobreza), el informe anual de riqueza en el mundo de Capgemini indica que aquí la gente con gran patrimonio ha aumentado unas cincuenta mil personas en siete años. Son 178.000 ricos. La crisis y la política económica presuntamente en contra los han enriquecido. Pero el país está habitado por 46 millones y medio de personas y solo se benefician de verdad de esas políticas un minúsculo 0,04 %.

Junto al mezquino porcentaje de nuevos ricos, quienes sufren privaciones materiales severas han crecido un 28%, al tiempo que se duplican las personas que viven en hogares sin empleo alguno o insuficiente. Y muy escasos ingresos, cuando los hay. El resultado es que casi 13 millones de ciudadanos viven en riesgo de pobreza; algo más del 27% de población. Y otro hecho muy alarmante. En España tener empleo no garantiza una vida digna: casi el 12% de personas pobres tienen trabajo remunerado, pero no salen de la pobreza. Algo que tal vez tenga que ver con que el 19% de la población del Reino de España posee el 56% de la riqueza del país, y el 81% se reparten también desigualmente el 44%, según el Global Whealth Report de Credit Suisse. O que en 2016, según informe del mismísimo Foro de Davos, un 1% de población, el más rico de la Tierra, acumulará tanta riqueza como el restante 99% del planeta.

Algo va francamente mal.

Eurogrupo y Grecia, un conflicto de fondo

Desde hace meses, muchos medios de comunicación y voces del FMI, Banco Central Europeo (BCE) y Eurogrupo (reunión de ministros de economía y finanzas de la Unión Europea) moldean de modo torticero una visión nada veraz de las negociaciones del Gobierno griego con el Eurogrupo a propósito del pago de la deuda de Grecia. Voceros del Eurogrupo y FMI han dicho y reiterado cuan mal van las negociaciones, atribuyen a Grecia la responsabilidad del posible fracaso de las mismas y dicen no ver próximo acuerdo alguno.

Aumentan la presión y el acoso a Grecia y se intoxica la opinión pública con informaciones incompletas, textos manipulados y baile de titulares. ¿Preparan el ambiente para dejar caer a Grecia? Lo sorprendente, en este totum revolutum mediático, es el olvido sistemático de que los problemas financieros y la desorbitada deuda de Grecia son clara consecuencia de la actuación de los anteriores gobiernos griegos con la complicidad de BCE y FMI, que miraron a otro lado cuando debían supervisar, controlar y evitar males mayores.

¿No fueron gobiernos griegos, conservador y socialdemócrata (muy partidarios de esta Europa de finanzas y capital), quienes falsearon las cuentas públicas griegas, con la ayuda de esa oscura banca Goldman Sachs, para que Grecia pudiera ingresar en la zona euro? Que no quepa ni sombra de duda de que, más allá de cifras y qué necesita Grecia hoy o el mes que viene, el conflicto entre el Eurogrupo y el gobierno de Grecia es esencialmente político, además de caracterizarse por una desvergüenza intolerable.

La desfachatez llega a cotas inauditas cuando se insinúa que el Eurogrupo se niega a reestructurar la deuda griega porque el 80% de la misma es con el BCE y la eurozona, y reestructurarla supondría pérdidas para los contribuyentes europeos (preferimos llamarlos ciudadanos), incluidos los de países más pobres que Grecia. ¿Desde cuando les ha interesado de verdad la suerte de la gente común? Y, ya puestos, ¿por qué no hablamos de cuánto ha costado y cuesta a los contribuyentes europeos el rescate de la banca?

Intoxicaron la campaña electoral griega del pasado enero con amenazas y chantajes, augurando todo tipo de desgracias para Grecia si triunfaba Syriza, pero no pudieron evitar que el pueblo trabajador lo eligiera para gobernar. Ahora intentan que Syriza fracase, porque no pueden permitir que el Gobierno griego de izquierda tenga éxito, no sea que consiga aún mayor apoyo de la ciudadanía. El Eurogrupo no quiere en absoluto que una Grecia gobernada por la izquierda se salga con la suya y habrá un nuevo camino para afrontar los problemas.

Por eso exigen acelerar las reformas exigidas. ¿Reformas? En España sabemos muy bien qué significan sus reformas. Esas reformas han traído creciente precariedad laboral más desigualdad y pobreza no vistas desde hace décadas. Esas reformas han hecho posible que en el Reino de España haya gente que pasa hambre y que la única comida de muchos niños sea la del mediodía en la escuela y las vacaciones escolares se conviertan en problema, porque en casa no hay para comer todos los días. Por desgracia, no es el único problema que la dichosa austeridad causa.

Sin embargo, quienes defienden los intereses de los poderosos acreedores exigen al Gobierno griego una reforma laboral con despidos masivos, recortes de pensiones y bajo salario mínimo. ¿Cómo se puede exigir eso cuando la austeridad impuesta ha arruinado la vida de millones de griegos? A la minoría que manda en Europa le importa un rábano la gente y, además, no puede permitir que Syriza triunfe. Porque teme que su modo de gobernar, cambiando las cosas y pensando en la mayoría de la gente, cunda en Europa. Es obvio que el Eurogrupo desvela obscenamente al servicio de quién está. Al de esa minoría que se suele decir es el 1% de la población.

Y ahora cabe finalizar recordando que, además, una parte de la deuda griega es ilegítima. Como la contraída para comprar buques de guerra, submarinos y helicópteros de combate a Francia y Alemania… en tiempos de crisis y austeridad. Y la deuda ilegítima, contraída contra los intereses del pueblo trabajador, no debe ser pagada.

Austeridad y crímenes económicos contra la humanidad

Con una enorme deuda ilegítima, que no ha contraído la ciudadanía, y la corrupción campando a sus anchas, en España (también en Europa con cifras diversas), millones de personas no tienen empleo, hay 1.800.000 hogares en los que todos están sin trabajo y miles y miles de familias han perdido su casa. Demasiada juventud emigra para tener empleos precarios y no cesan de recortar presupuestos de salud, educación y ayudas sociales. La minoría rica se lleva impunemente el dinero a los paraísos fiscales y el gobierno regala decenas de miles de millones a una banca que no da créditos y que, a pesar del dinero recibido, no se aleja convincentemente de  la insolvencia .

Este panorama es el de una violación sistemática de derechos que empobrece más y más a la ciudadanía. Crecen la incertidumbre, angustia y sufrimiento, la ciudadanía se moviliza, protesta y el gobierno la criminaliza. La minoría rica utiliza la crisis que ha provocado para apoderarse de las rentas de la clase trabajadora y suprime libertades. Porque a este sistema corrompido le sobran los derechos de la ciudadanía.

Austeridad fiscal para asegurar que los grandes acreedores cobren. Recortes de gasto público y social para pagar los intereses de la deuda. Una deuda pública que crece sin cesar. Menos derechos laborales. Rebaja de salarios. Libertad total para la minoría rica. Más privatizaciones. Desigualdad, pobreza, represión. Millones que sufren. Ese es el escenario que hoy sufren las clases trabajadoras, la ciudadanía en general.

Según el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, crimen contra la humanidad es “cualquier actuación que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil“.

Se entiende habitualmente que tales crímenes son las deportaciones y asesinatos sistemáticos masivos, por ejemplo. Sí, pero ¿acaso las gravísimas consecuencias de la austeridad (teóricamente para afrontar la crisis) no son fruto de una actuación generalizada que desprecia a millones de civiles? Es justo empezar a hablar de crímenes económicos contra la humanidad.

Da igual que haya o no intención expresa. ¿Quién demuestra la intención? Pero los hechos sí son incontestables. Desde hace años hay muchas más personas que sufren, se empobrecen, pasan hambre, enferman, mueren… Cientos de millones. La situación económica se pudre y cierto reparto de la riqueza es un vago recuerdo.

En los 90, las políticas de ‘ajuste estructural’, que imponían el FMI y el Banco Mundial, acarrearon gravísimos costes sociales a la población de África, América Latina, Asia y Europa del Este. ¿Qué son ‘gravísimos costes sociales’ sino pobreza, desigualdad insultante, hambre, más enfermedad, más dolor y sufrimientos masivos? ¿Sufrimiento, pobreza, desigualdad y hambre no son tales si los generan la política del FMI, la banca, grandes empresas y gobiernos al servicio de la minoría? Claro que sí.

Hoy también sufren los ‘costes sociales’ de la austeridad en beneficio de esa minoría las clases trabajadoras de países desarrollados. ‘Costes sociales’ son menos derechos, pérdida de trabajo y vivienda, mientras millones y millones de familias ven amenazada su dignidad y supervivencia como inaceptable consecuencia del saqueo y trasvase de rentas de abajo hacia arriba que es la crisis.

¿No hay responsables? Los ‘mercados’, dicen. Los ‘mercados’ que imponen políticas y actuaciones económicas concretas para asegurar sus beneficios. Caiga quien caiga. Pero los ‘mercados’, como denunció Julio Anguita, tienen nombres y apellidos. No son entes incorpóreos ni ectoplasmas. Son entidades, empresas, instituciones, corporaciones, bancos, fondos buitre, grupos de presión… Que no funcionan y actúan por generación espontánea sino por individuos que deciden, eligen, actúan…

Es hora de llamar a las cosas por su nombre. Esas actuaciones y políticas concretas que causan tantos males a la población civil han de ser consideradas crímenes económicos contra la humanidad y como tales deben ser juzgados. Y procesar a sus autores intelectuales, ejecutores y cómplices necesarios. Porque esa austeridad impuesta no es solo un medio de acumular capital por la minoría sino el andamiaje de intereses que permite perpetrar crímenes contra la humanidad.

Shoshana Zuboff, antigua profesora de Harvard Business School, sostiene que el hecho de que los responsables de la crisis nieguen el daño provocado por sus acciones hace evidente la irresponsabilidad con que acumulan sumas millonarias. Zuboff argumenta que no es admisible culpar solo al sistema, como no lo habría sido culpar de los crímenes nazis a las ideas nazis y no a quienes los cometieron.

¿Frenar el cambio climático en el capitalismo?

Noticiero televisivo. Lluvias torrenciales en Estados Unidos. Una calle se hunde y arrastra docenas de automóviles, aceras, vía del tren… En segundos desaparece una manzana entera de la calle 26 de Baltimore. Solo una muestra. Las consecuencias del cambio climático están ahí. Subida del nivel del mar, océanos más ácidos, sequías e inundaciones dejan sus huellas terribles en todo el planeta. Incluso un reciente informe de la Casa Blanca reconoce las tremendas consecuencias del calentamiento en su territorio, pero nada propone. Tal vez porque Estados Unidos es el segundo país del mundo, tras China, que emite más gases de efecto invernadero. Y esos gases son responsables del cambio climático.

Desde hace años, muchas zonas de la Tierra son castigadas por temibles huracanes, destructoras tormentas tropicales, diluvios, sequías letales, inmensos incendios incontrolables por la tremenda sequedad ambiental, mientras avanza la desertización y se reducen los polos. El Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU (GIECC) ha concretado las consecuencias de éste en su quinta valoración sobre calentamiento global. Y son para echarse a temblar.

Desaparición de medios de sustento en zonas costeras y pequeños Estados insulares por tempestades, inundaciones y aumento del nivel del mar. Riesgos graves para la salud y desaparición de medios de sustento de grupos urbanos por inundaciones en el interior. Destrucción de infraestructuras y servicios vitales (agua, electricidad, sanidad y protección social) por fenómenos meteorológicos extremos. Más mortandad y enfermedades en períodos de calor extremo. Más hambre por destrucción de sistemas de alimentación. Pérdida de recursos y sustento en zonas rurales por reducción grave de agua potable y de riego. Pérdida de bienes y servicios en comunidades costeras y de pescadores en los trópicos, en el Ártico…

El informe ratifica que, en los últimos 40 años, ha crecido la emisión de gases de efecto invernadero. De 2000 a 2010 ha aumentado mucho más que en los treinta años anteriores. Y Rajendra Pachauri, presidente del GIECC, alerta de que “si no se adoptan medidas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, el cambio climático avanzará y la estabilidad social quedará muy amenazada. El cambio climático propiciará conflictos violentos, guerras civiles y violencia entre comunidades”.

Unas amenazas cercanas y reales que tienen que ver con la libérrima y desregulada actuación de las élites económicas durante décadas para aumentar beneficios. Algo inherente al capitalismo. La única salida para frenar el cambio climático es reducir de verdad la emisión de gases de efecto invernadero. Pero para afrontar el cambio climático, los autores del informe proponen más de lo que ya ha fracasado: colaboración público-privada, préstamos, pago de servicios ambientales, aumento de precio de los recursos naturales, impuestos y subsidios, normas y reglamentos, reparto del riesgo y mecanismos de transferencia. Medidas aplicadas algunas desde 1992, tras la conferencia de Río, que no han detenido el cambio climático y sí aumentado la desigualdad. Y es que no se ataca de raíz la dependencia del petróleo, la madre del cordero de la emisión de gases de efecto invernadero.
¿Por qué vamos hacia un suicidio colectivo? Porque los países capitalistas más contaminantes (incluida China como capitalista, aunque sea de Estado) impiden un acuerdo mundial obligatorio para frenar en serio el cambio climático.

¿Es posible contener el aumento de temperatura global a 2º? El GIECC dice que sí, si se toman pronto medidas. Transformaciones tecnológicas y cambios reales de conducta individual y colectiva. Solo posibles con cambios políticos y grandes inversiones.

Contener el aumento de temperatura de la Tierra a 2º (más allá de la que las consecuencias son mucho más graves) significa reducir la emisión de gases de efecto invernadero de 40% a 70 % respecto a la emisión total de 2010. Para empezar. En España, ante la propuesta de un mercado de intercambio de emisiones, como presunto modo de reducción de emisión de esos gases, un empresario respondía entusiasmado que, si había negocio, se podía hablar. Y esa es la cuestión, que no puede haber negocio alguno si de verdad se quiere frenar el cambio climático. Precisa un cambio profundo, un mundo muy lejano a nuestro mundo actual. Y es posible, por difícil que se vea.

Afrontar el cambio climático es cuestión de vida o muerte: continuar la Historia humana o desaparecer como los dinosaurios. Y con el capitalismo (incluso el más “humano y justo” al estilo Roosevelt de Thomas Piketty y compañía) no se frena el cambio climático. Como es imposible que un zorro sea buen guardián de un gallinero.