El caso Lagarde muestra la enorme corrupción de la política profesional

La directora del FMI, Christine Lagarde, ha sido hallada culpable de “negligencia” cuando era ministra de economía del gobierno francés con Sarkozy como Presidente. El dictamen es del Tribunal de Justicia de la República de Francia, corte especial para juzgar delitos de políticos y ex-políticos. Sorprendentemente ese tribunal ha dispensado a Lagarde de cumplir pena alguna. A pesar de que el delito reconocido supone cumplir hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa. El delito reconocido de negligencia (en realidad es prevaricación) se perpetró en la demanda del empresario Bernard Tapie (amigo de Sarkozy) al Estado francés por la confiscación gubernamental y venta de la marca Adidas. Lagarde aceptó la multimillonaria indemnización de 400 millones de euros a Tapie que dictaminó una comisión de arbitraje y no apeló. Aunque, como consta en el veredicto, los asesores de Lagarde le aconsejaron recurrir. Si lo hubiera hecho, la indemnización probablemente hubiera sido menor.

¿Qué razones adujo ese Tribunal especial para no imponer condena alguna a Lagarde? La “personalidad” y la “reputación internacional” de la juzgada. ¡Increíble! Para completar el despropósito, el FMI comunicó públicamente que renueva totalmente su confianza en Lagarde, a pesar de su condena (sin castigo) en Francia. Algo huele a podrido.

¿Qué sucedería si algunos famosísimos futbolistas (que han defraudado a Hacienda) recurren las sentencias o multas argumentando que también tienen “reputación internacional”? En serio, esa sentencia deja con el culo al aire no ya un doble rasero de la justicia sino la profunda corrupción de la democracia representativa. ¿Alguien duda de que la ley no sea igual para todos? No descubro América, pero es higiénico ser conscientes de esa innegable verdad, así como del lodazal en el que las minorías de poder, las élites, la clase dominante que diría Marx, han convertido el sistema democrático representativo que, desde hace décadas, ya es una plutocracia. El gobierno de los ricos. Trump ha sido elegido tras gastar una fortuna en la campaña electoral. Como tantos presidentes antes que él. Lagarde, Trump, los presidentes de Estados Unidos y muchos jerarcas de otros países tienen en común que todos tienen muchísimo dinero.

Continuando con el caso Lagarde y la postura del FMI, como en economía y política no hay casualidades, conviene recordar que la ONU, en una de sus conferencias para la prevención del crimen, celebrada en El Cairo, denunció que “la penetración de las mafias en la economía ha sido facilitada por los programas de ajuste estructural (léase recortes sociales y rebajas salariales) que los países endeudados se han visto obligados a aceptar para poder recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional”. A la postre, la economía mafiosa criminal está íntimamente ligada a la legal a través de la enorme industria del blanqueo de dinero sucio y negro. Según la ONU, la abundante actividad financiera especulativa del crimen organizado ha contribuido innegablemente a la aparición de crisis financieras y económicas en las últimas décadas.

El mecanismo es conocido. FMI, y Baco Mundial, entre otras entidades internacionales, imponen una austeridad implacable a los países en crisis. Las medidas provocan el cierre de empresas, recortes masivos de plantillas y desempleo en aumento. Y crece la economía sumergida, campo abonado para la economía criminal, cuyos beneficios vuelve a blanquear especulando en bolsas, mercados de capitales y banca en la sombra. Hasta la próxima crisis.

El emperramiento capitalista neoliberal se explica por talantes como los retratados por John Huston en el filme Cayo Largo. En un hotel de Florida coinciden un oficial, que regresa de Europa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gánster deportado que ha vuelto a Estados Unidos clandestinamente. El soldado pregunta de modo retórico, “¿qué quiere Rocco?” Y él mismo se responde: “Quiere más”. Rocco lo confirma: “Eso es, quiero más”. El oficial pregunta de nuevo: “¿Tendrá Rocco bastante alguna vez?” Y es Rocco quien contesta: “Nunca tengo bastante. Nunca”.

Así es el capitalismo. Nunca tiene bastante. Y se pasan por el forro lo que haga falta en aras de sus ganancias, incluida la justicia. Hay que revertir la situación. Y que los y las Lagarde de este tiempo rindan cuentas y reparen.

Las multinacionales han de responder por sus crímenes contra la gente y el medio ambiente

La petrolera Chevron (entonces Texaco) vertió en 1972 y 1973 más de 68.000 millones de litros de agua contaminada tóxica en los bosques tropicales del Ecuador. No le pasó nada, a pesar de que esos bosques quedaron mortalmente heridos. Tampoco se indagó sobre la sospechosa multinacional Trafigura por el vertido de residuos tóxicos en 2006 en Costa de Marfil. Ni se investigó a la multinacional minera Anvil Mining, acusada de apoyar a la milicia que masacró a un centenar de civiles que se rebelaron en Kilwa, República Democrática del Congo, en 2014. Y no se hizo nada en 2010, tras explotar una plataforma petrolera de British Petroleum en la costa del Golfo con resultado de 11 personas muertas, desaparición de miles de aves, tortugas marinas, delfines y otros animales y la destrucción de medios de subsistencia.

Esos hechos, y otros muchos más protagonizaos por multinacionales, sabidos y bien documentados, muestran una impunidad generalizada de esas multinacionales que perpetran crímenes contra los derechos humanos y el medio ambiente. Crímenes como trabajo forzoso; tráfico de mujeres y niños; niños como cobayas en experimentos farmacéuticos; financiar y armar milicias asesinas para controlar un territorio minero; vertidos tóxicos en ríos, lagos y deltas; destrucción de ecosistemas; destrucción masiva de bosques…

Amnistía Internacional y la Mesa Internacional para Rendición de Cuentas de Empresas (ICAR por sus siglas en inglés) han documentado veinte ejemplos de actuaciones delictivas impunes de multinacionales. Pero en los últimos años multinacional alguna ha sido investigada ni ninguna cúpula directiva procesada por violar derechos humanos o atentar contra el medio ambiente.

Salvo raras excepciones, los gobiernos rehuyen enfrentarse a las multinacionales violadoras de derechos humanos. Nestlé, Auchan, Trafigura, Vinci, Coca-Cola, British Petroleum, Monsanto, Pfizer, Samsung, Tepco, Barklays, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, Glencore Xstrata, Lonmine en Sudáfrica, la española Hidralia Energía, Cocacola en Colombia… no tienen el menor temor de tener que responder por sus actuaciones que violan derechos o destruyen el medio ambiente.

Los leguleyos amantes de la letra pequeña arguyen que los gobiernos donde tienen sede las multinacionales no tienen competencias para actuar contra ellas. Pero no es cierto porque actuar contra las multinacionales es cuestión de voluntad política, que brilla por su ausencia. Y los gobiernos de países donde se violan derechos tampoco tienen esa voluntad por temor, debilidad o ser cómplices bien remunerados de las multinacionales. El resultado es la enorme impunidad de las multinacionales implicadas en crímenes contra derechos humanos.

Pero no contentas con violar sistemáticamente derechos en aras de sus obscenos beneficios, las multinacionales han desatado una ofensiva general contra la vida digna de la gente común y contra la misma democracia, a la que quieren vaciar de contenido. ¿Cómo? Con los tratados comerciales bilaterales como el CETA (entre Unión Europea y Canadá), el TTIP (entre Unión Europea y Estados Unidos), el TiSA sobre servicios públicos (entre docenas de estados) …

Ante ese saqueo de las multinacionales y perpetrar graves violaciones de derechos humanos y agresiones al medio ambiente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica y Ecuador, ha aprobado crear un instrumento internacional jurídico vinculante para procesar y condenar a las multinacionales (y a sus responsables) que violen derechos humanos donde establezcan filiales, centros de extracción y de producción.

Contra la propuesta de Ecuador y Sudáfrica se presentó otra de Noruega, Rusia, Argentina y Ghana, con el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, que proponía prolongar tres años el actual grupo de trabajo de empresas y derechos humanos. Para que todo siga igual. Para que las multinacionales hagan lo que les dé la gana.

La Unión Europea y Estados Unidos, tan democráticos, han advertido que no aceptarán la actuación de ese instrumento jurídico vinculante, si se llega a crear. La pretendida justificación de actuación tan fascista es que no hay que poner trabas a los inversores extranjeros porque generan crecimiento, riqueza y empleo. Pero, como diría Groucho Marx, y dos huevos duros. Porque eso es falso, como la tozuda realidad nos desvela día tras día.

Para afrontar el saqueo de los tratados bilaterales en Europa y América del norte se prepara un otoño de resistencia ciudadana. Pero habrá que organizar la defensa de la inviolabilidad de los derechos humanos y acabar con la impunidad de las multinacionales, restaurando el principio de que quien la hace, la paga.

La salida de la crisis, un cuento chino

Noticias del Reino de España muestran como los desmanes neoliberales y la putrefacción económica (intímamente relacionados unos y otra) se han enseñoreado del escenario. Por ejemplo, la evasión fiscal del otrora admirado e indiscutible ex-presidente del gobierno autónomo de Cataluña, Jordi Pujol; el crecimiento del patrimonio de grandes fortunas con la que está cayendo y el capitalismo de favores y ventajista con ases en la manga. Veamos.

Pujol dio a conocer hace unas semanas que no había declarado la que dijo era herencia de su padre sino que la depositó en un paraíso fiscal durante más de treinta años, sin hallar nunca el momento de declararla. Por otra parte, no ha sorprendido que los pocos cientos de españoles miles que poseen un millón de euros (y los menos centenares que poseen más de 30) hayan incrementado su patrimonio casi un 10% de enero a junio de 2014. Mientras la muerte de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, ha sido ocasión de elogios medidos y desmedidos, pero también recordatorio de presuntas irregularidades del sector financiero apenas olvidadas. Sospechas que motivaron al ex directivo de la banca Banif, Manuel Puerto Ducet, decir que Botín era “de profesión´, impune”. El libro de Puerto, en el hace tal afirmación, muestra al fallecido como líder de la oligarquía financiera que impone la voluntad de ésta al gobierno y al Banco de España.

Así las cosas, la crisis sirve, cuanto menos, para desvelar indicios y hechos de la merienda de negros que es la economía del reino. Capitalismo de amiguetes, como lo calificó el profesor Antoni Doménech. Capitalismo que cuajó en la dictadura franquista protagonizado por unas cuantas familias pegadas al régimen. Y ahí siguen. Capitalismo de favores, subvenciones y contratos públicos, de chalaneos y corrupciones varias. Más una clase política que mira hacia otro lado en el mejor de los casos. Juan Torres López lo resume al decir que “grupos de auténticos ladrones financieros llevan decenios enriqueciéndose a costa de engañar a los demás y quedarse con los recursos públicos”. Corrupción con mayúsculas.

Tanto es así que la Comisión Europea, que no se caracteriza por su progresismo crítico, señala al reino de España como el segundo país más corrupto de la Unión. No es de extrañar, pues, que la reducida minoría oligárquica, que se beneficia obscenamente apalancada en el extremo rico de la desigualdad, aumente su patrimonio. Además de las ayudas públicas estatales, desregulaciones financieras, desregulaciones económicas y laborales que convierten la actividad económica en una especie de jungla, no es menor la complacencia de Hacienda con las grandes fortunas y corporaciones.

Según denuncia GESTHA (Sindicato de Técnicos de Hacienda) una y otra vez, en España hay una economía sumergida de 253.000 millones de euros. Como poco. Y las perdidas del Estado por cotizaciones e impuestos no abonados suman 90.000 millones. GESTHA explica que, de esa enorme cantidad defraudada, el 72% corresponde a grandes fortunas y corporaciones. Así aumentan los ricos su patrimonio sin esfuerzo ni talento: no pagando impuestos. O pagando mucho menos por la descarada y legal, pero nociva, elusión fiscal. Elusión existente (modos y maneras de pagar menos legalmente) porque gobiernos y mayorías parlamentarias así lo quieren, pero no así la ciudadanía.

Además de que la minoría rica aumenta su patrimonio por obra y gracia de la llamada devaluación interna. En román paladino, congelar o rebajar salarios existentes o pagar salarios-basura a nuevos contratados, además de convertir el trabajo en una realidad cada vez más precaria.

En tal escenario, Mérkel y Rajoy se han jurado austeridad eterna, mientras la OCDE pide al presidente español que continúe perpetrando lo que llaman reformas. Es decir, más recortes de derechos económicos y sociales de la gente común, mientras los parados continúan siendo seis millones, hogares con todos sus miembros desempleados ya son casi dos y más de un millón de parados no tiene ingreso alguno. Y la ciudadanía en riesgo de pobreza ya es un 27% de la población.

¿Alguien cree que con estos mimbres, con esas gentes que nos mangonean, saldremos de ésta ?

Contra los paraísos fiscales, obras son amores y no buenas razones, que solo son palabrería

Desde los más de setenta de paraísos fiscales existentes en el mundo se opera economicamente sin desvelar jamás los titulares de empresas, fortunas o fondos de inversión que en ellos se esconden. Para evadir impuestos, ocultar patrimonio o blanquear el dinero más negro que haya, por supuesto.

La crisis y el fraude fiscal de grandes fortunas, multinacionales y corporaciones han aumentado el negocio de los paraísos fiscales. Como asegura Juan Hernández Vigueras con rotundidad, los activos financieros han crecido con la crisis en los paraísos. Aumentaron más del 2% en 2011 y, según Tax Justice Network, en esos paraísos ya se ocultan de 28 a 32 billones de dólares. La cuarta parte de la riqueza mundial.

Mientras las grandes fortunas personales, corporativas o empresariales evaden impuestos por medio de los paraísos, en Europa la ciudadanía paga más y soporta recortes, disminución de rentas salariales y violación de derechos sociales por la crisis. Esa misma crisis que FMI, BCE y Comisión Europea pretenden afrontar con una austeridad suicida y criminal. Y, gracias los paraísos fiscales que engordan su negocio, la ciudadanía de Europa paga por el aumento del fraude fiscal que resta ingresos a los estados.

Evadir impuestos con los paraísos es coser y cantar. En 2011, por ejemplo, Google montó una sociedad pantalla en Bermudas, transfirió a esa empresa ficticia casi 10.000 millones de dólares y evadió así el pago de 2.000. Práctica habitual de multinacionales con filiales en paraísos. En España, por ejemplo, 30 grandes empresas de las 35 del Ibex tienen sucursales en paraísos fiscales, cuando en 2009, solo 18 tenían delegaciones en tales lugares. Hoy, buena parte de grandes empresas del mundo tienen sucursales o empresas asociadas en paraísos fiscales. Son sus aliados estratégicos, porque han optado por la evasión fiscal para aumentar beneficios. Por eso les va tan bien a los paraísos en la crisis y tan mal a la ciudadanía. De modo análogo a la materia, que ni se crea ni destruye, solo se transforma, el dinero es un todo y cuando una minoría defrauda lo que debería abonar a hacienda, lo paga la mayoría. De un modo u otro.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha desvelado nombres y apellidos de 130.000 personas multimillonarias que ocultan sus fortunas obscenas en paraísos fiscales. En Alemania, la revista Focus ha denunciado también que más de 100.000 ricos de ese país usan paraísos fiscales para evadir impuestos. Pero hay más, muchos más defraudadores fiscales. Gracias a los paraísos.

Los medios cacarean que esos descubrimientos forzarán al intercambio de información fiscal entre países contra los evasores de impuestos. Y citan que el paraíso fiscal Luxemburgo acepta flexibilizar el secreto bancario y proporcionar información fiscal sobre depósitos de extranjeros en sus bancos. Sólo flexibilizar. Pero en otro paraíso fiscal europeo, Austria, su ministra de finanzas asegura que “luchará como una leona por mantener el secreto bancario”. Que es precisamente la madre del cordero.

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, por su parte, dice que las investigaciones citadas “refuerzan la necesidad de presionar la evasión fiscal internacionalmente”. Y a su portavoz, Martin Kotthaus, le parecería mucho mejor que saber el nombre de los defraudadores que se persiguiera a esos evasores de impuestos. ¿De quien hablan? ¿Acaso no ha de perseguirlos el Estado?

Parloteo. Es la táctica de las élites en la cuestión sobre qué hacer con los paraísos fiscales. ¿Acaso no dijeron en el G20 de 2009 en Londres que regularían el sector financiero? ¿Que la era de los paraísos tocaba a su fin? Pero solo fueron palabras, porque no decidieron ni hicieron nada. Nada.

¿Pero no han sido implacables FMI y Unión Europea al imponer la austeridad? Pues bien, cuando veamos la cuarta parte de voluntad política utilizada para implantar la austeridad fiscal en alguna actuación contra los paraísos fiscales, entonces creeremos que quieren poner de verdad algún límite a esos estados delictivos que son los paraísos. Para convencernos podrían hacer algo con los paraísos en Europa que los tienen más a mano. Gibraltar, islas Guernsey y Jersey en el canal de la Mancha, Malta, isla de Man, Liechtenstein, Austria, Mónaco, San Marino… O el Vaticano que, según Réseau Voltaire, es una de las diez principales plazas financieras utilizadas para blanquear dinero sucio, por delante de Bahamas, Suiza o Liechtenstein.

Si no se toman medidas drásticas contra el secreto bancario y la opacidad financiera (pues eso es ir contra los paraísos fiscales y lo demás son cantos de sirena), nada se resolverá. El fraude fiscal se eternizará y sus terribles consecuencias.

Obras son amores y no buenas razones. Y hasta hoy no se ha hecho ni propuesto nada de nada contra paraísos fiscales que cuestione mínimamente la existencia y actuación impune de esas plazas de secreto, fraude fiscal y blanqueo.

La impunidad erosiona la democracia

Víctimas de delitos, muchos jueces y los principales partidos políticos de la oposición exigen un cambio radical en la concesión de indultos en el Reino de España. La gota que ha colmado el vaso ha sido el perdón a un conductor “kamikaze” condenado a 13 años de cárcel por la muerte de una persona y heridas graves a otras. Porque demasiados delincuentes escapan a la justicia indultados por el gobierno, por no investigar corrupciones conocidas, por dilaciones en procesos penales incoados o por arbitrariedades penitenciarias.

Es significativo el caso Carromero. Condenado a cuatro años en Cuba por homicidio en accidente de tráfico, trasladado a España a cumplir condena, este político del Partido Popular ya está prácticamente libre por haberle aplicado con urgencia el tercer grado penitenciario, que sólo obliga a dormir en prisión. Quien escribe estas líneas fue ocho años voluntario en cárceles españolas y comprobó que la concesión del tercer grado penitenciario suele ser una carrera de obstáculos, difícil y lenta.

Como también chirría la historia de cuatro policías de Cataluña (mossos d’esquadra), condenados en firme por torturas a un detenido e indultados dos veces por el gobierno. La primera al ser firme la sentencia y la segunda cuando la Audiencia de Barcelona, en una resolución poco frecuente, a pesar del indulto, ordenó el ingreso en prisión de los torturadores por “razones de prevención, peligrosidad criminal, repulsa y alarma social”. Pero el gobierno ignoró el dictamen judicial e indultó por segunda vez a los verdugos.

Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona denunció que “el indulto es un medio del poder para perdonarse a sí mismo. En este caso, además, un ejercicio de cinismo porque se indultan por segunda vez”. Amnistía Internacional también ha denunciado que, en los últimos años, hay una tendencia creciente a indultar a agentes de policía torturadores. Y recordó que el Reino de España ha sido condenado en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar torturas denunciadas.

También indigna el caso de David Reboredo, que ingresó en prisión hace poco por trapichear con unos pocos gramos de heroína hace años. Pero el gobierno le niega el indulto, a pesar de que reúne las circunstancias para obtenerlo: rehabilitación completa y delito menor cometido hace años.

En cambio, al vicepresidente y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado a seis meses de prisión y suspensión del ejercicio profesional por delitos continuados de falsa acusación y falsa denuncia, le fue canjeada esa condena por una multa de 144.000 euros; cantidad irrisoria para quien cobra nueve millones de euros anuales.

El actual poder ejecutivo concedió 468 indultos en los primeros once meses de gobierno. El Gobierno de Rajoy ha indultado, por ejemplo, a un alto cargo político y a un empresario de Cataluña, condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos. También a un alcalde y a tres concejales del Partido Popular, condenados por treintaiún delitos de prevaricación urbanística.

La lista de indultados que no debieron serlo es larga e indignante, porque algunos de esos indultados cometieron delitos graves. Pero la ley que regula esa medida de gracia (promulgada en 1870, por cierto) no obliga a argumentar las razones de los indultos y en la práctica suele ser una arbitrariedad. Además de una injusticia flagrante en demasiadas ocasiones. Por eso la asociación Jueces para la Democracia ha denunciado el creciente número de indultos a cargos públicos y policías, porque el indulto a se ha convertido en un instrumento con el que el poder se exculpa a sí mismo.

La inadmisible realidad es que los gobiernos de España han concedido numerosos indultos más que discutibles a banqueros, alcaldes, altos cargos políticos, grandes empresarios y policías condenados por torturas. Con esos indultos se ataca un principio esencial de la democracia: que la ley sea igual para todos. La práctica continuada de indultar a los propios, cofrades y correligionarios que han delinquido ahonda el vaciamiento de la democracia y la convierte en farsa. Porque la democracia es mucho más que votar cada cuatro años.

Un mundo criminalmente corrupto y desigual

Una reciente querella contra el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, denuncia que desvió ilícitamente 27 millones de dólares para blanquearlos con la compra de seis viviendas y tres plazas de garaje en España. Un informe del Senado de Estados Unidos indica que una cuenta de Guinea Ecuatorial en el banco Riggs ascendía a 700 millones de dólares por pagos de petróleo guineano y que el banco ayudó a Obiang a crear empresas-fantasma y abrir cuentas a su nombre y colocar parte de ese dinero.

Françoise Desset, juez decana de delitos financieros de París, ha admitido una denuncia de Transparencia Internacional, organización contra la corrupción que acusa a jefes de Estado africanos de enriquecimiento ilícito, abuso de confianza y apropiación de fondos públicos. Pide que se investiguen las fortunas acumuladas en Francia por Omar Bongo, presidente de Gabón, y Denis Sassou-Nguesso, presidente de República de Congo. Un informe de la policía francesa desvela que grandes viviendas de lujo en las zonas más caras de París, así como una flota de automóviles de lujo, son propiedad de esos presidentes.

Al otro lado del océano, Álvaro Colom, presidente de Guatemala, parece implicado en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. “Si ven este vídeo significa que he sido asesinado”, grabó este abogado guatemalteco, muerto hace poco. Rosenberg  señala al presidente Colom y a otras personas como responsables de su muerte, relacionada con corrupción en el Banco de Desarrollo Agrícola, el segundo más grande de Guatemala.

En Oriente, el ex presidente surcoreano Roh Moo-hyun, implicado en una  corrupción millonaria, se ha arrojado por un precipicio cerca de su domicilio. 

En Grecia, el primer ministro conservador, Costas Karamanlis, evitó convocar elecciones anticipadas al impedir por pocos votos que se levantara la inmunidad al diputado y ex ministro de su partido, Aristóteles Pavlides, acusado de exigir comisiones para conceder un servicio de transbordadores.

En España, la Fiscalía Anticorrupción ha experimentado un incremento espectacular del 100% en investigaciones por corrupción inmobiliaria, financiación ilegal de partidos, sobornos y estafas respecto al año anterior.

En Italia, el Tribunal de Milán ha condenado al abogado David Mills a cuatro años de cárcel por corrupción. Según la sentencia, Mills mintió a los jueces para proteger a Silvio Berlusconi, y le ayudó y también a Fininvest (consorcio mediático y financiero de Berlusconi) a burlar las leyes italianas. Berlusconi sobornó con 600.000 dólares al abogado británico y éste cometió “falso testimonio” para “proporcionar impunidad a Berlusconi y al grupo Fininvest”. El Tribunal considera probado que Mills permitió a Berlusconi “mantener ingentes beneficios” en paraísos fiscales y “burlar abiertamente” las leyes italianas de medios de comunicación.

Berlusconi se ha librado -de momento- por la ley Alfano (que garantiza inmunidad a cuatro altos cargos del Estado), que se apresuró a hacer aprobar con su mayoría absoluta cuando vio las cosas mal.

Y en 2007 y 2008, nos encontramos con los millonarios escándalos Enron, World Com y otros en Estados Unidos, más Eurostat en la Unión Europea. Y en Alemania, casi todas las grandes corporaciones empresariales (Siemens, Daimler Chrysler, Volkswagen, Scherin, BMW, Henkel y Degusta…) pasan por el banquillo de los acusados por cajas ocultas, dinero negro, sobornos, engaño organizado, chanchullos y manipulaciones contables.

Según Transparencia Internacional, el 60% de los países suspende en ausencia de corrupción y casi ochenta de las 180 naciones incluidas en su informe anual puntúan menos de tres en una escala de honradez política y económica de 0 a 10.

No es una cuestión académica. Como asegura Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España, “se mantiene la relación entre corrupción y pobreza”. Y en el informe de Transparencia encontramos: “En los países pobres, los niveles de corrupción significan la diferencia entre la vida o la muerte, si está en juego dinero para hospitales o agua potable. (…) Los altos niveles de corrupción y pobreza en muchas sociedades del mundo son un desastre humanitario intolerable”. 

Cabe concluir que este mundo capitalista (aún neoliberal) es un mundo corrupto y criminalmente desigual. 

Habrá que hacer algo.

Lo peor de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena, decía Ghandi. Y Martin Luther King añadía: “No me duelen los actos de la gente mala; me duele la indiferencia de la gente buena”.

Algunos se quitan la careta

Cinco años de cárcel para el magistrado que ordene un pinchazo telefónico,  cinco para quien ejecute el pinchazo y cinco para quien lo filtre y para los periodistas que publiquen algo de lo que se haya dicho en ese pinchazo. Ésa es la esencia de la ley que Silvio Berlusconi ha hecho aprobar. Quién se salvó de la cárcel por delitos económicos y soborno en su anterior mandato (por una ley que aprobó gracias a su mayoría absoluta, que hacía inmunes a ciertos altos cargos), ahora prohíbe a jueces y fiscales que intervengan los teléfonos de sospechosos de delitos, excepto terrorismo y mafia. Berlusconi busca sin disimulos evitar los pinchazos telefónicos en investigaciones sobre estafas, corrupción, prevaricación, sobornos y extorsión y, por tanto, la ley despenaliza de hecho unos cuantos delitos económicos. O dicho desde otro ángulo, es una patente de inmunidad para los delincuentes económicos, los de traje, cuello y corbata. ¿Por qué será?

Partidos en la oposición, asociaciones de jueces, fiscales y abogados se oponen a tal ley, incluso la xenófoba Liga del Norte, socia de Berlusconi, ha puesto reservas.

Berlusconi, en su anterior mandato como primer ministro de Italia, tuvo pinchazos telefónicos, ordenados por fiscales o magistrados, que dieron lugar a procesos judiciales de los que finalmente se libró por mangoneos legislativos gracias a su mayoría absoluta. Para justificarse dice que esta nueva ley anti-pinchazos declara la guerra a un sistema “que no deja vivir en paz a los ciudadanos”. ¡No se puede tener mayor desfachatez! Con Berlusconi, la impunidad alcanza su máxima cota, el sistema democrático se resiente gravemente y se camina hacia una especie de plutocracia gangsteril.

Según ha contado el diario La Repúbblica, Berlusconi “tiene pesadillas con los pinchazos telefónicos y todos los días preguntaba si la ley estaba ya lista”. Los medios informativos que no son de su propiedad han señalado que el principal beneficiario de la ley es él mismo, puesto que está siendo investigado por corrupción en el llamado caso Saccá (un alto directivo de la televisión pública italiana -RAI) justamente partir de un pinchazo telefónico que grabaron a Berlusconi procurando ‘convencer’ al tal Sacca que empleara a determinadas actrices amigas  del primer ministro. Otro procedimiento judicial en el que está implicado don Silvio es el caso Mills, en el que el primer ministro está acusado de corrupción judicial por haber sobornado en 1997 y 1998 al abogado inglés David Mills.

¿Les gustan las películas de gangsters americanos de los años treinta?  En muchas se observa un proceso curioso El ‘capo’ gangster se enriquece y se hace poderoso y, cuando llega a cierta cima de poder y riqueza, le entran unas ganas irresistibles de ser honorable. Procura vestir con elegancia, asiste a la opera, hace donaciones benéficas y evita por todos los medios a su alcance que nadie recuerde su pasado. A esos hombres peligrosos, el deseo de honorabilidad les perdía. A Berlusconi, no. Por eso no disimula ni un pelo actuaciones tan zafias y groseras como aprobar leyes que le eviten directamente tener que comparecer ante los tribunales.

Por otra parte, no es tan sorprendente, puesto que Berlusconi es digno representante del nefasto sistema nefasto que sufrimos, el capitalismo neoliberal. Este escribidor hace años que sostiene que la versión neoliberal del capitalismo es en esencia un sistema gangsteril en el que prima por encima de todo la ley de la jungla como método, el beneficio incesante y en imparable aumento como objetivo, y la ausencia o máxima reducción de normas y controles (desregulación) como escenario. Esos mimbres del sistema conducen inexorablemente a la ocultación, el engaño, la falsedad… y lo que haga falta.  

Una escena de Cayo Largo, película dirigida por John Houston, puede considerarse un retrato fiel del capitalismo neoliberal. Johny Rocco, un gangster deportado que ha regresado clandestinamente a EEUU para un negocio sucio, responde a la pregunta que le hace un soldado que regresa de la II Guerra Mundial, con el que coincide en un hotel de Florida, aislados en medio de una tormenta: “¿Qué quiere Rocco?” El propio soldado responde: “Quiere más”. Y Rocco confirma: “Eso es, quiero más, más”. Y el soldado pregunta de nuevo: “¿Alguna vez Rocco tendrá bastante?” Y entonces Rocco contesta: “Nunca, nunca tengo bastante”.

Ésa es la moral del gangster, la moral del capitalismo neoliberal. Ésa parece ser la moral de Berlusconi y socios, máxime cuando se han quitado la careta y con toda frescura se allanan a sí mismos el camino para hacer lo que les de la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. ¡Ah! y Lucio Berlusconi prepara una segunda ley, el llamado Escudo Anti Procesos, que congelará todos los juicios que impliquen a autoridades del Estado. ¡Qué morro!