¿Empieza el cambio en el Reino de España?

Padro Sánchez ya es Presidente del Gobierno del Reino de España. Aunque no sea en las mejores condiciones. No porque solo cuente con 85 diputados del PSOE, pues, si actúa bien, con diálogo y, sobre todo, voluntad política, podría contar hasta con los 180 votos parlamentarios de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes que lo han investido presidente. Las dificultades surgirán por gobernar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no son los suyos sino los del Partido Popular y de Ciudadanos. Unos PGE que, como botón de muestra, destacan por no hacer nada contra la pobreza y la desigualdad a pesar de que aumentan en el país y llevan camino de devenir crónicas, de haber venido para quedarse.

Lo ha denunciado la Alianza contra la Pobreza y la Desigualdad, organización que agrupa 400 entidades ciudadanas, de solidaridad, cooperación y defensoras de los derechos humanos. Según esa ONG, los presupuestos del Estado elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy para 2018 en modo alguno son suficientes para luchar en serio contra pobreza y desigualdad. No lo son por la negativa del gobierno del PP y también de Ciudadanos a aumentar las partidas presupuestarias de políticas sociales. Una situación agravada por no tomar medidas para aumentar la recaudación fiscal (especialmente de quienes más tienen), y porque no muestran voluntad política alguna de establecer una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Son unos PGE socialmente cortos a pesar de saber que casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza, de que las prestaciones por desempleo se reducen cada año tras año desde que Rajoy empezó a gobernar y que por tercer año consecutivo se rebajarán la inversión y gasto en sanidad, educación, atención a dependientes, protección social, igualdad de género y cooperación. El recorte social de los PGE es evidente, aunque el PP pretendiera que la inversión en políticas sociales ha aumentado en cifras absolutas. No es verdad. Los datos muestran que el gasto total respecto al PIB, la riqueza nacional anual, es el más bajo desde 2011, último año de gobierno de Zapatero e inicio del gobierno de Rajoy.

Informes sobre la verdadera situación económica y social del España reiteran que, aunque cifras macroeconómicas digan que España ha salido de la crisis económica,no es verdad porque persisten pobreza y desigualdad. Ambas provocadas sobre todo por las contra-reformas sociales del PP desde 2012, en tanto que las políticas de austeridad impuestas desde 2010 han empobrecido a la ciudadanía y aumentado la brecha entre ricos y pobres. De 2008 a 2015, la quinta parte de la población más pobre (20%) ha visto reducidos sus ingresos un 15%. ¿Qué recuperación es ésa?

Se podrá decir con razón que se sale de la crisis cuando la inmensa mayoría pueda llevar un vida digna. Más allá de la macro-economía, los siete ministerios económicos del gobierno de Sánchez han de afrontar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la gente. ¿Se modificará la reforma laboral del PP (que sin duda ha aumentado la precariedad y la pobreza de los trabajadores) en beneficio de la clase trabajadora? ¿Se hará algo útil contra la precariedad? ¿Aumentarán los salarios rebajados? ¿Se tumbará la contra-reforma de las pensiones del PP de 2013 que empobrecerá a los pensionistas desde 2019? ¿Se estableceran nuevas medidas fiscales para obtener más ingresos y poder abonar pensiones dignas? ¿Se implantarán impuestos a las corporaciones tecnológicas que suelen pagar muy pocos impuestos? Habrá que verlo.

¿Y qué hara el gobierno de Sánchez con las autopistas en quiebra, las radiales de Madrid? ¿Qué pérdidas asumirá el Gobierno por su responsabilidad patrimonial? ¿2.000? ¿5.000 millones de euros? Socializar pérdidas y beneficios solo para pocos parece ser la regla.

Entre tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que cumplirá el objetivo de déficit del 2,2% prometido a Bruselas. Desde el anterior gobierno del PP se daba por seguro que se cumpliría el déficit, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF) ha informado que podría haber una desviación de 5.000 millones de euros de lo calculado. Y el Banco de España y la AIReF han recordado que cumplir con el déficit supone obligaciones fiscales más exigentes. Lo malo es que esa exigencia fiscal se entiende siempre como reducción de gastos, no aumento de ingresos.

¿Acaso solo se puede cumplir con el déficit recortando? ¿Qué tal si aumentan los ingresos combatiendo el fraude fiscal? ¿O suprimiendo deducciones y subvenciones del impuesto de sociedades? Algo va mal cuando en 2008 se recaudaron por ese impuesto 44.800 millones de euros, pero en 2016 (teóricamente iniciada la recuperación) solo se recaudaron poco más de 21.000 millones. La crisis, se excusan, pero ¿no había recuperación? ¿Por qué el impuesto de sociedades se hunde? Sin olvidar que el hueco fiscal se da también porque las rentas del capital pagan bastante menos impuestos que las del trabajo.

Lo cierto es que los ingresos públicos flojean más cada año y la solución no es recortar, pues lo paga la gente con peor vida y más pobreza.No hay que reducir gasto sino aumentar los ingresos públicos. Según el informe “Shadow economy and tax evasion in the EU”, en 2009 el Estado español dejó de ingresar 72.700 millones de euros por evasión fiscal y por la economía sumergida; una ilícita economía que supone un 18 % del PIB. Una tendencia que ha ido a más.

Aunque tal vez la cuestión que más portadas acapare sobre lo que hace o deja de hacer el gobierno de Pedro Sánchez será la crisis con Catalunya. La nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que para superar esa crisis hay que reformar la Constitución como medida urgente, viable y deseable y así renovar el pacto territorial de España, en crisis pofunda. Batet no lo tiene fácil, visto el papel ultranacionalista español que asume Ciudadanos a sumar al rancio nacionalismo españolista del PP. A ambos partidos les preocupa más  ‘la unidad de España’, que la gente esté bien y lleve una vida digna y libre. Por cierto, lo de la unidad de España era una expresión que el dictador Franco convirtió no solo en lema propio sino en presunto pretexto para justificar la criminal rebelión contra el legítimo gobierno de la II República. Pero no hay justificación ue valga para los crímenes de guerra y de lesa humandad que Franco y la dictadura franquista perpetraron.

No está el horno para bollos para el gobierno de Sánchez, ciertamente, pero en pocas semanas (tras dos o tres consejos de ministras y ministros) veremos hasta donde está dispuesto el gobierno de Pedro Sáchez a presentar batalla y tener en cuenta los intereses de la gente y no los de los de siempre como ha hecho desde su fundación el Partido Popular. Y también el PSOE por cierto, desde hace cuarenta años. No olvidemos que durante décadas el PSOE ha sido un puntal del corrompido régimen bipartidista.

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Ciudadanos, la apuesta política del poder financiero y grandes empresas

Tras cerca de siete años de gobierno Rajoy, el legado del PP no es para que las clases trabajadoras echen cohetes. Para empezar, el gobierno entregó a la banca cientos de miles de millones de euros para rescatarla, con la crisis de fondo o como pretexto. Millones de los que más de 24.000 millones de euros nunca se recuperarán como ha reconocido el Banco de España.

O que aún haya tres millones y medio de parados, a los que hay que sumar una  tasa de precariedad laboral en España del 26% con su correspondiente reducción salarial. Y eso es más del doble que en la Unión Europea. Una realidad que empeora el hecho incontestable de que en el Reino de España un 15% de trabajadores son pobres a pesar de tener contrato y ser fijos.

Como ha escrito Miguel Gorospe, coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal en Madrid, en riguroso análisis de la supresión del impuesto de patrimonio en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Partido Popular y Ciudadanos enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres. Así es porque la eliminación del citado impuesto desde 2011 (como deducción del 100% del mismo) solo beneficia a un reducido 0,2% de población de la CAM. Unos 15.800 ricos. Por descontado, esa supresión fiscal no beneficia a las siempre inconcretadas ‘clases medias’, tan citadas como pretexto por Ciudadanos y PP. Lo cierto es que suprimir ese impuesto significa que la Comunidad Autónoma de Madrid deja de recaudar 800 millones de euros anuales, convertida parcialmente en paraíso fiscal en el territorio español en el que instalan su sede fiscal ricos de otras comuniddes autónomas.

Menos votantes del Partido Popular

Además del innegable perjuicio a la ciudadanía por la reforma laboral, la corrupción creciente de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular en todo el Estado, más la estupefacta inacción del gobierno Rajoy, cuestionado un día sí y otro también por feministas, pensionistas, estudiantes, sindicalistas, policías y otros grupos y sectores sociales, han reducido de modo notable la intención de voto al Partido Popular. Sin embargo, de acertar los sondeos, será peor el remedio que la enfermedad pues Ciudadanos aparece  como la organización política más votada.

Eso no se comprendería de no contar el llamado partido ‘naranja’ con el apoyo del poder económico del Reino de España que, además de considerable financiación, le proporciona el impagable apoyo de medios de comunicación, que, directa o indirectamente, están en manos del poder económico o controlan.

En pleno conflicto catalán, el 21 de diciembre pasado, Ciudadanos fue el partido más votado en las elecciones catalanas, aunque lejos de poder gobernar por no contar con los apoyos parlamentarios necesarios. Fue el más votado porque, en un paisaje de nacionalismo español exacerbado promovido por el PP, Ciudadanos atacó con ferocidad a los independentistas en su nuevo papel de partido más ‘constitucionalista’ del Reino. Aunque más preciso sería decir que Ciudadanos es un partido ‘unionista’ por la unidad de España. Expresión, por cierto, que consagró la dictadura franquista y que la definía.

Ciudadanos, un Podemos de derechas

Ciudadanos nació como Ciutadans en Cataluña en 2006, pero ya como Ciudadanos se presentó a las elecciones generales de 2008 en las que solo obtuvo poco más de 46.000 votos (0,18%). En las europeas de 2009, el resultado también fue  penoso, pero en las elecciones catalanas de 2012 pasó de 3 a 9 diputados en el Parlament de Cataluña y en 2014 obtuvo dos diputados en el Parlamento Europeo.

Un avance lento y moderado… hasta que a finales de junio de 2014, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en una conferencia en el Círculo de Empresarios de Madrid (una de las entidades más neoliberales del país) propuso crear”una especie de Podemos de derechas“. Pero ya estaba creado: Ciudadanos.

Podemos, un partido progresista recien fundado que decía recoger el espíritu del 15-M, había obtenido poco antes cinco eurodiputados y a Josep Oliu, que además de presidente del Sabadell es patrono de FEDEA (Fundación De Estudios de Economía Aplicada), le pareció una atractiva imagen política. Progresista en las formas y más de derechas que Maura en su actuación política.

Por cierto, FEDEA es un grupo de presión creado, financiado e impulsado por Banco Santander, BBVA, La Caixa (además del Sabadell), Iberdrola, Telefónica, Repsol, y otras grandes  empresas del Ibex 35. En fin, que Ciudadanos es el partido por el que apuesta la banca y las grandes empresas del Ibex.

En su esfuerzo por crear una imagen positiva de Ciudadanos, Albert Rivera se jacta de ser presidente del partido más democrático del Parlamento español. Pero no es cierto sino todo lo contrario. Así lo han testimoniado varios afiliados de Ciudadanos expulsados, removidos o ninguneados porque toparon con la dirección nacional o regional de ese partido. José Luis Cifuentes, candidato a la alcaldía de Alicante, dimitió por falta de democracia interna. En su carta de dimisión escribió que “con Franco también se llegó a votar, pero no por eso había democracia”. Jaime Trabuchelli, candidato a las primarias en Madrid, se fue de Ciudadanos porque era una“estafa a la sociedad“. Por su parte, Carolina Punset, que estuvo en la Ejecutiva de Ciudadanos, denunció maniobras oscuras y, en una entrevista a eldiario.es, afirmó que el congreso de Ciudadanos de 2017 enterró la pluralidad y la democracia interna, si alguna vez las hubo.

La falacia de no ser de derechas ni de izquierdas

Además, Ciudadanos pretende no ser de izquierdas ni de derechas. Muy original. Incluso hace suyas necedades como “izquierda y derecha son categorías vencidas por la realidad, y cualquier partido que se reclame novedoso tiene que superarlas“. Pero la política no es cuestión de modas e izquierda y derecha son términos que significan querer cambiar las cosas para bien de la mayoría o conservar lo injusto y desigual que hay. Izquierda es cuestionar el actual modelo socio-económico y derecha, afianzarlo. Pero izquierda y derecha no son conceptos superados. Esa pretendida superación de izquierda y derecha es la que pretende la gente de derechas. Y, aunque Ciudadanos diga ser de centro, es de derechas. Sin duda porque defiende los objetivos de cualquier derecha.

Se comprueba en sus propuestas de impuestos que coinciden con las de la fundación FAES de Aznar, guarida del más extremo neoliberalismo capitalista. Por ejemplo, la reforma del IRPF que propone Ciudadanos reduciría de modo considerable la recaudación del Estado y, por tanto, el gasto e inversión sociales. Además proponen más recursos públicos para el sector financiero. ¡Aún más! También proponen un IVA rebajado en artículos de lujo, grandes bienes y hostelería, y otro más alto en productos básicos, alimentos y medicinas. ¿Está claro al servicio de quien está Ciudadanos? Sin olvidar su propuesta de contrato laboral único que harían aún más fácil los despidos.

Además, Ciudadanos apoya la autoritaria ley Mordaza de 2015, que frena las movilizaciones ciudadanas y coarta la libertad de expresión. Y tiene una postura muy retrógrada ante la lacra de la violencia machista. Por ejemplo, propone eliminar del Código Penal la tipificación de delitos específicos de violencia de género. Y uno de sus dirigentes regionales, Carlos Pracht de Cantabria, al pedirle que se pronunciara sobre la violencia machista  no se le ocurrió otra cosa a decir que “las mujeres yihadistas y el aborto también son violencia“.

Algunas declaraciones del  líder máximo de Ciudadanos, dejan bien claro de que pie cojea el señor Rivera. Por ejemplo, que“llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y evitables.” O que  “para tener el derecho universal a la sanidad se necesita el permiso de residencia, y eso es lo que yo defiendo”, lo que deja sin un derecho esencial (la sanidad pública) a miles de inmigrantes. Y podríamos continuar citando propuestas y frases que dejan a Albert Rivera y a su partido Cudadanos con las vergüenzas políticas al aire.

En fin, por más maquillaje y apariencia de renovación que proporcionen el marketing, la publicidad y la buena prensa cómplice de algunos medios, Ciudadanos es un partido de derechas. Muy de derechas. Pues aunque hablen tanto de clases medias (que nunca concretan ni definen), defienden los intereses de quienes más tienen y atesoran que en este Reino son poco más de 200.000 según el Informe Mundial de la Riqueza del año pasado, de la consultora Capgemini. Pero la población española es algo más de 46 millones de ciudadanas y ciudadanos y la humilde aritmética desvela al servicio de quien está el partido Ciudadanos. O contra quien están de hecho, que es la mayoría trabajadora o pensionista. Quien sirve a los ricos es de derechas.

Lo indudable es que quienes mandan de verdad en este reino (poder financiero, grandes empresas y grandes fortunas) han decidido no correr riesgo alguno. No quieren que, por la torpeza y podredumbre del actual partido de gobierno, pueda  gobernar este país una coalición democrática y progresista. Por eso apuestan por Ciudadanos, porque el PP ya no les sirve.

La ley de Amnistía española (vergüenza de la democracia) cumplió 40 años

Hace unos días se cumplió el cuarenta aniversario de la ley de Amnistía de 1977, auténtica vergüenza, cuando no escarnio, de la democracia española. Esa ley impide que prospere cualquier petición de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.

Así ha sido por la innegable voluntad del partido Popular, de su escudero político Ciudadanos y del PSOE, los tres han boicoteado cualquier intento de investigar y juzgar los crímenes del franquismo. La razón aducida es que hay que olvidar y no reabrir heridas. Olvidan que una herida cerrada sin limpiar se pudre, se infecta. Así como también olvidan que algunos países desarrollados de ‘nuestro entorno’ han emprendido y consumado procesos para borrar cualquier resto de las dictaduras que sufrieron. Así se ha hecho en Italia con el fascismo y Mussolini y en Alemania con Hitler y el nazismo.

El último rechazo a investigar crímenes franquistas fue en diciembre de 2016 cuando esos partidos rechazaron una proposición de ley de Unidos Podemos que añadía un artículo a esa ley según el cual la amnistía no era aplicable a delitos de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El Congreso ha rechazado otras dos veces derogar o modificar la Ley de Amnistía, siempre con los votos de PP y PSOE. Y también de Convergencia Democrática de Cataluña, por cierto, que hoy se llama PdeCat. Lo que ha motivado las denuncias de organismos internacionales.

Han denunciado a España por esa ley el Grupo contra Desapariciones Forzadas de la ONU, el Relator Especial de la ONU por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esta última organización dejó muy claro hace siete años, cuando juzgaron al juez Garzón por prevaricación, que “las autoridades españolas deben cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en vez de investigar a un magistrado que busca que se rindan cuentas por los crímenes del pasado“.

En 2006 se presentaron en España algo más de 114.000 denuncias de crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista de 1936 a 1951. Pero no se investigo ni uno siquiera. En 2008 se abrieron 47 causas por lo mismo, pero se recharon alegando la Ley de Amnistía. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la Ley de Amnistía es una ley de impunidad.

Pero esa ley del 77 aún es más antidemocrática cuando se comprueba que en las actas del debate para elaborar la ley nunca se consideró amnistiar a franquistas que hubieran perpetrado crímenes. El abogado Jaime Sartorius estuvo en la Comisión parlamentaria que elaboró la ley de Amnistía y asegura que nunca se menciona que la ley de amnistía fuera un borrón y cuenta nueva de delitos de los franquistas.

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha recordado que “fue la UCD de Suárez, otro partido heredero del franquismo, la que introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley cláusulas que no estaban en los borradores iniciales. Esas clausulas extendían la amnistía a los delitos cometidos por funcionarios de la dictadura y agentes de orden público contra los derechos de las personas. Pues ese no era el objetivo de la ley de Amnistía que buscaba vaciar las cárceles de ciudadanos y ciudadanas que habían luchado por las libertades contra la dictadura.

Tiempo después, víctimas de la dictadura, familiares de éstas y colectivos ciudadanos pidieron explicaciones y justicia por las actuaciones de los franquistas, pues no era inadmisible la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el terror a quienes se oponían a la dictadura. Pero nada consiguieron. La Ley de Amnistía se usó como escudo perfecto para impedir que los franquistas rindan cuentas por sus crímenes. No se puede investigar nada por la vigencia de la ley de Amnistía, convertida en medio de los poderes del Estado para rechazar toda petición de Justicia de las víctimas de la dictadura para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista. Crímenes como las ejecuciones de las últimas sentencias de muerte del franquismo en 1975 o los sucesos de Vitoria en 1976 cuando fueron asesinados cinco trabajadores en huelga.

Así lo entiende el ex-ministro franquista Martín Villa que ha expresado su voluntad de declarar ante la Justicia argentina 1, rechazando parapetarse tras la ley Amnistía, reconociendo que ése es el objetivo de la misma, porque otros franquistas sí se acogen a ella para no responder ante la Justicia.

El rechazo sistemático del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos de investigar los crímenes del franquismo convierte esa ley de Amnistía en ley de punto final y blindaje protector de franquistas, como han denunciado organismos internacionales de derechos humanos.

Pero no esta todo perdido. El Ayuntamiento de Madrid se querellará contra los responsables de crímenes del franquismo en la ciudad. El equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena propondrá en breve una moción para que el Consistorio se persone como querellante ante la Justicia y se investiguen los crímenes franquistas en el municipio de Madrid. Madrid se une así a otras ciudades del cambio que también han denunciado crímenes de la dictadura franquista como Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Cádiz, Tarragona y Rivas que se han querellado o lo harán en breve contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

1 La jueza argentina María Servini investiga los crímenes del franquismo en aplicación de la Justicia Internacional, atendiendo numerosas denuncias de víctimas de la dictadura o familiares de éstas.

CETA, una amenaza verdadera para la ciudadanía

El Congreso de los Diputados del Reino de España rechazó este jueves la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Unidos Podemos al Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea (UE) y Canadá, (CETA, por sus siglas en inglés). Lo que es ratificar ese tratado bilateral con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDCAT (antigua CDC). Derecha sospechosa que es el Partido Popular, los presuntos centristas de Ciudadanos, el PNV (que consiguió su libra de carne y no la arriesga por tratado más o menos), la antigua CDC (sumergida en corrupción en Cataluña) y el PSOE, que dice ser de izquierdas.

¿PP y PSOE votaron juntos? No es primera vez. ¿Por qué creen que algunos analistas denominan lo de este Estado ‘régimen dinástico bipartidista del 78′?

Otrosí, en 2014, PP y PSOE impidieron que ese tratado con Canadá se sometiera a referéndum y decidiera la ciudadanía. Es más, cuando se votó el CETA en el Parlamento Europeo, parte del grupo Socialistas y Demócratas de la Eurocámara desobedeció la línea oficial y votó contra el CETA. Pero los socialistas españoles votaron a favor como un solo hombre.

A destacar que el PSOE ha votado lo mismo que el Partido Popular Europeo y Ciudadanos tres de cada cuatro votaciones en el Europarlamento. Que no es poco. Y, según el diario digital Info-Libre, PSOE, Podemos y Ciudadanos votan lo mismo en el Congreso español 63 veces de cada 100. Esclarecedor de donde está realmente cada cual en el abanico político.

A la hora de evaluar los daños del CETA, hay que señalar que ese tratado no es solo un acuerdo con Canadá. En suelo canadiense hay filiales de casi todas las grandes empresas estadounidenses que, por ello, actúan como empresas de Canadá. Ergo, el CETA es también un tratado con EEUU. Esos Estados Unidos de Trump que se pasan por el forro la protección del medio ambiente, los derechos de la gente y la seguridad de los alimentos. Graves retrocesos políticos, plasmados en los presupuestos federales de Estados Unidos, recién presentados. Si finalmente se aprueba el CETA, Estados Unidos tendrá también patente de corso para intervenir en la política de la Unión Europea y la ciudadanía tendrá muchos más problemas.

Queda la pequeña esperanza de que algún país de los 27 que forman la UE no ratifique el CETA y entonces se pararía todo. Volverían a intentarlo, porque la voluntad de saqueo de la minoría rica global es inacabable, pero llevaría tiempo y quizás la ciudadanía europea pudiera organizarse mejor e impedir programas y políticas que violan sus derechos por sistema.

Los tratados bilaterales de comercio e inversión son medios de las corporaciones multinacionales para conseguir más y más beneficios. Con tales tratados, buscan sortear, evitar e incluso suprimir leyes de protección de derechos de la gente y de defensa del medio ambiente, por ejemplo. En los tratados bilaterales, los intereses de las multinacionales están muy por encima de los derechos de los trabajadores, de la ciudadanía y de los consumidores.

El primer riesgo severo del CETA vigente es rebajar peligrosamente las exigencias de las leyes europeas en derechos laborales, protección del medio ambiente, atención sanitaria general y seguridad saludable de alimentos. Se rebajarán derechos laborales porque Canadá y EEUU no aceptan los criterios de derechos de los trabajadores de la OIT. Pero no solo se rebajarán las garantías actuales, el CETA abrirá la puerta a suprimir normas y reglas que protegen a la ciudadanía y la naturaleza.

Si se impone el CETA, otra consecuencia nefasta serán los pretendidos tribunales de arbitraje entre empresas y Estados. Unos llamados tribunales (que no son más que tríos de abogados privados), al que solo podrán recurrir las empresas contra los Estados, pero no los Estados contra las empresas El ISDS (siglas en inglés) permite a las multinacionales demandar a los Estados por cantidades multimillonarias, si creen ver mermados o amenazados sus beneficios por actuaciones políticas y legislativas de los Estados. Como moratorias nucleares, protección del medio ambiente, cuidado de la salud colectiva, defensa de los derechos humanos de la gente…

El CETA y otros tratados bilaterales pueden ser el principio del fin de la democracia, porque vacían la capacidad legislativa y de gobierno de los Estados ante el temor a ser demandados. No podemos permitir que las multinacionales gobiernen el mundo.

Debacle socialista, victoria conservadora e indignación ciudadana

Quien siembre vientos, recoge tempestades. Eso le ha ocurrido al PSOE en España en las elecciones. Tema aparentemente local, pero en realidad un espejo en el que se reflejan muchos países europeos.

El brusco golpe de timón de 180º del gobierno de Zapatero en 2009, poniendo el Estado al servicio descarado de la minoría rica privilegiada, es causa del rechazo al PSOE por parte del electorado, así como del aumento de votos blancos y nulos.

Viene de lejos, aunque la ciudadanía lo ha sabido con cuenta gotas gobierno tras gobierno. Y esa ciudadanía ha decidido que para gobernar como la derecha está la derecha. La degeneración del PSOE tiene además aire de recochineo: neoliberalismo implacable y presumir de política social. A los hechos me remito, que están al alcance de todos en los archivos on line de los medios informativos.

Hace un cuarto de siglo, empezaron los primeros envites de gobiernos socialistas contra derechos económicos y sociales de la ciudadanía; derechos que, por cierto, son tan inalienables como los civiles y políticos. Fue la reconversión industrial que dejó miles de parados en la cuneta; después ajustes para que la Comunidad Económica Europea aprobara al ingreso de España en el Mercado Común, más tarde más ajustes para formar parte de los países del euro… Hasta la crisis.

¿Era necesario? Probablemente algunas medidas sí,  pero de otro modo. No cargando los costes sobre las espaldas más vulnerables y débiles. Porque mucho antes de la crisis, España, con un 20,8 % de personas viviendo con ingresos inferiores al 60% de la media nacional, tenía y tiene una de las tasas de pobreza más altas de Europa.

Y esto viene a que, como documenta Vicenç Navarro, en este país, las rentas del trabajo han descendido del 72% de la riqueza nacional al 61% entre 1993 y 2005. Y en ese mismo periodo se redujo también el gasto público social por habitante, porque los recursos del Estado fueron destinados a reducir el déficit público y equilibrar el presupuesto estatal a costa de aumentar el déficit social. España, tras treinta años en democracia, continúa a la cola de Europa en inversión social. Aunque la vieja Europa también ha puesto la marcha atrás y las rentas del capital aumentaron a costa de reducir las rentas del trabajo, que del 70% de renta nacional en 1992 descendieron al 62% en 2005.

¿Cómo conciliar la masiva indignación ciudadana, sobre todo de jóvenes, con el triunfo electoral del muy conservador y neoliberal Partido Popular?

Una clave la proporciona la periodista Irene Lozano, quien recién escribió que “afirmar que la derrota del PSOE se debe a la crisis encierra una de las contradicciones políticas más gloriosas de las últimas décadas. Crisis provocada por la codicia financiera y la burbuja inmobiliaria (sendos fracasos del mercado) que debería haber desembocado en deslegitimación de los postulados neoliberales, un discurso que explicara las causas de la crisis y señalara a los responsables (…). Pero ha ocurrido lo contrario: los mercados han renovado sus ímpetus al asumir los gobernantes con toda naturalidad sus exigencias”.

Y no quieren saber nada de estos políticos profesionales, además de que quien ha gobernado estos años ha sido el PSOE, que, como explica el profesor Díaz-Salazar, “desde 1982, no solo se ha derechizado él mismo sino que también ha derechizado la sociedad española. Parte del voto al Partido Popular es de quienes creen que el original es mejor que la copia”.

Sí además, como denunció Ignacio Ramonet, el llamado “Cuarto Poder” ha desaparecido fagocitado por el poder económico y financiero, sabemos que buena parte de la ciudadanía no dispone de información fiable sobre quién es quién en la arena política. Porque marean a la ciudadanía con clichés que difunden los medios de persuasión (no de información), que agitan emociones y sentimientos en amores y desencuentros, pero no razones, hechos ni argumentos. Igual que si las elecciones fueran la liga de fútbol, reino de emociones, sentimientos y transferencias psicológicas, pero no territorio de propuestas, argumentos y razones. Y parte de la ciudadanía, cabreada e indignada, ha reaccionado emocionalmente y, al castigar con toda justicia al PSOE, vota a los conservadores.

La protesta encauzada, la Spanish Revolution, solo ha empezado y hay mucho trabajo por hacer para hacer fértiles protesta e indignación.

En cualquier caso, como decía El Roto en una de sus últimas ilustraciones: “Oscurece, por lo tanto amanecerá”.

Precisamente. Porque, tal como se repitió los últimos días de acampadas de protestas en tantas ciudades españolas, lo importante empezó el día después de las elecciones.

Pan y circo

En el siglo I, en tiempo del imperio romano, el poeta Juvenal escribió en una de sus obras la expresión panem et circenses: pan y juegos del circo. Frase peyorativa que ironiza la práctica de los emperadores romanos que, para mantener tranquila a la población y ocultar sus canalladas, proporcionaban al pueblo alimento y diversión gratis: regalaban al populacho trigo, panes y entradas para los juegos del circo (circenses); carreras de cuadrigas, luchas de gladiadores y otros. Así mantenían al pueblo distraído y alejado de la política. En nuestros días, para referirse a tal práctica gubernamental, antes se decía “pan y toros” y, durante la dictadura franquista, “pan y fútbol”.

Hoy, los antiguos juegos circenses son mucho más variados. Fútbol, bodas reales, televisión basura, estupideces varias de presuntos famosos que no hacen ni han hecho nunca nada que valga la pena pero llenan horas de programación televisiva en permanente ejercicio de mal gusto, impudicia y analfabetismo funcional…

A diferencia del tiempo del imperio romano, hoy nadie regala trigo ni pan; no se da nada, más bien se recorta, se quita, mientras una situación injusta global y delictiva hace que las gentes pierdan el empleo y no puedan ganarse el pan, símbolo de mínima vida digna.

Mientras más de dos mil millones de personas (un tercio del planeta) seguían por televisión la boda del heredero de la Corona británica William y la ciudadana Kate, el gobierno del conservador Cameron continuaba con su programa de recortes sociales, pero aceptaba pagar la enorme factura por esa boda. Al mismo tiempo, FMI y Unión Europea imponían fuertes recortes sociales a Portugal para poder recibir el rescate financiero, como reducir pensiones, disminuir prestaciones por desempleo a la mitad y recortar el gasto en educación y sanidad. También acogotan a Irlanda y Grecia y extorsionan a España para que vulnere más derechos humanos sociales y económicos de ciudadanos, de los que casi cinco millones están en el paro. En España también, la multinacional Telefónica despedirá al 20% de su plantilla,  aunque en 2010 obtuvo más de 10.000 millones de euros de beneficio. Un récord.

En España, una mujer que ronda la cuarentena, cuyo único presunto mérito es que estuvo casada con un torero mediocre, ocupa las pantallas televisivas con honorarios de ejecutivo de multinacional y, para más inri, es nombrada “princesa del pueblo” por las nutridas masas consumidoras de televisión basura. En otro punto del arco mediático, los partidos que enfrentaron al Real Madrid y al Barça en cuartos de final de la Liga de Campeones europea dieron pie a horas y horas televisivas, dando vueltas sobre la rivalidad entre ambos equipos y sus entrenadores. Nada. Pero el público está entretenido.

Panem et circenses (perdón, hoy sólo circenses): Despistar, distraer para mantener a la ciudadanía alejada de sus intereses reales. Pues de eso se trata, de convertirnos de nuevo en súbditos, como en el ancienne régime antes de la democracia.

Pero somos ciudadanos, no súbditos. Súbdito es el natural de un país sujeto a la autoridad de quien detenta el poder con la obligación inevitable de obedecerle. Sin derechos. Ciudadano es la persona que tiene derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Derechos. E interviene en el gobierno del país. Debería. Y esto no es un ejercicio académico; es el corazón mismo de la democracia. O no hay democracia.

Pues bien, todo el entramado consumista mediático equivalente a los romanos juegos de circo, armazón que oculta o anestesia, que fomenta irracionales pasiones futbolísticas, que programa basura televisiva… persigue un objetivo evidente: impedir que la ciudadanía tome conciencia de lo que ocurre, que ignore que violan sus derechos y, sobre todo, que toda la fuerza y energía que dedicaría a defender sus derechos la diluya en las falaces pasiones por fútbol, bodas reales y otros juegos circenses de nuestro tiempo.

Como ha escrito Noam Chomsky, “mientras el grueso de la población se mantenga pasiva, entregada al consumismo y apática, los poderosos del mundo podrán seguir haciendo lo que les plazca, y a los que sobrevivan a eso no les quedará sino contemplar un resultado catastrófico”.

Consigna para los próximos mil años: Ciudadanos y ciudadanas, no súbditos.

Somos mayoría absoluta y los dueños de la soberanía

Al mismo tiempo que las revueltas árabes, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, crece un movimiento sindical y ciudadano de protesta. El gobernador republicano, Scott Walker, pretendía eliminar el derecho de negociación colectiva de los trabajadores públicos: sólo mejoras salariales y encima con el límite de la inflación estatal. Los trabajadores públicos ocuparon el Congreso de Wisconsin para evitar la aprobación de la ley y los sindicatos convocaron a manifestaciones solidarias en varias ciudades, que congregaron a decenas de miles de ciudadanos. Un sondeo de The New York Times indica que el 60% de la población del país apoya a los trabajadores públicos. Algo se mueve.

El veterano progresista Ralph Nader cree que la próxima rebelión ciudadana podría ser en Estados Unidos. La protesta de Wisconsin es mucho más que una reclamación sindical. Es defender la libertad y justicia logradas por los trabajadores contra la reaccionaria pretensión de desmontar el estado de derecho y bienestar. Da igual que aduzcan combatir el déficit. Es un pretexto soez. Lo de Wisconsin es un ataque en toda regla contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos por parte del conglomerado financiero y corporativo empresarial, que tiene en el partido Republicano estadounidense al mejor defensor de sus intereses. Ataque que intentarán propagar por todos los Estados Unidos, mutilando gravemente el sistema democrático.

Jeffrey Sommers, profesor de Stockholm School of Economics, cree que “este movimiento es diferente, no tiene portavoces; la gente se organizó, tomó decisiones, actuó y sus acciones dieron resultado. A estudiantes, profesores y otros empleados públicos se unieron policías y bomberos. Los policías ofrecieron café a los manifestantes encerrados en el Capitolio”. Acaso esta vez sea diferente; sí.

¿Y la vieja Europa? Bien, gracias. Como si no pasara nada, salvo…

Conocemos la respuesta ciudadana de Islandia. El gobierno neoliberal dimitió acorralado por las protestas ciudadanas, que forzaron un referéndum sobre el pago de la deuda de los bancos, y más del 90% de ciudadanos decidió que no habría dinero público para la banca. Ignacio Escolar ha escrito al respecto que “los islandeses se negaron a socializar pérdidas y dejaron que la banca quebrase. Islandia ahora crece y el año que viene su presupuesto público tendrá superávit: su situación económica es bastante mejor que la de países como Grecia o Irlanda”.

En Grecia, muchos ciudadanos se niegan a pagar peajes, tasas hospitalarias y billetes de transporte público que, por cierto, han aumentado un 40%. Cunde la desobediencia civil económica.

En Francia, la creciente desigualdad propicia una irritación social que aumenta. Una desigualdad que ocasiona que un tercio de franceses vivan peor que el año pasado y no puedan pagar la calefacción este invierno. Una encuesta de L’Humanité Dimanche indicó que más de la mitad de franceses desea una revuelta popular, aunque el mismo porcentaje cree que hoy no son capaces de hacerla. Pero Rafael Poch ha señalado con lucidez que “la actual aparente indiferencia y quietud europeas pueden transformarse en grandes turbulencias, si no se cambia la actual política. La política de austeridad, los recortes sociales, el aumento del paro y la subida de la factura de la luz aumentan la sensación de estafa”. Y el Nobel de economía Stiglitz recuerda que “el neoliberalismo es una doctrina política, nunca respaldada por la teoría económica ni por la experiencia histórica, que sirve a determinados intereses”.

Porque la política neoliberal (hoy enarbolada contra el déficit) no es más que “una verdadera revolución de los ricos contra los pobres, de los mercados contra la soberanía cívica”, como ha escrito Luis García Montero. Sin olvidar, como desvela Daniel Raventòs, que “los ‘mercados’ son falaz eufemismo para designar a las grandes empresas transnacionales, los grandes grupos bancarios y los grandes especuladores”. Es decir, grandes delincuentes de guante blanco, si no se hubieran derogado las normas económicas y penales anteriores a la contra reforma neoliberal iniciada a finales de los ochenta.

En última instancia, tanto en Estados Unidos como en Europa, es urgente interiorizar la propuesta del Nobel de la Paz, Sam Daley-Harris: “Dejar de pensar que no hay soluciones, que no importa lo que hagamos o que la solución no depende de nosotros. Y dejar de actuar en solitario”. En África del Norte lo han tenido en cuenta y les va bien.

A fin de cuentas, trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas, somos mayoría absoluta en el mundo. Y dueños del poder político y de la soberanía.