No habría deuda si hubiera un sistema justo de impuestos

Ronald Reagan y Margaret Thatcher iniciaron hace tres décadas una sistemática rebaja de impuestos a los más ricos, personas y empresas. Desde entonces no ha cesado esa política de menos impuestos a los que más ganan y tienen. Y de menos impuestos se pasó a más endeudamiento de los estados. Por eso un político español pudo decir cargado de razón que “a los gobiernos les cuesta menos pedir prestado que subir los impuestos”. Aunque, para ser exacto, debería haber dicho que los gobiernos prefieren endeudarse antes que recuperar el sistema de impuestos más justo que había hace treinta años. No hay que molestar a los ricos.

La crisis de la deuda en Europa y sus feroces consecuencias sociales tienen todo que ver con el adelgazamiento progresivo de la fiscalidad (los impuestos) y con el fraude fiscal. Mucho más que con excesos o irresponsabilidad en el gasto público.

Como recuerda Sam Pizzigati, según el IRS (la agencia tributaria estadounidense), en 2008, quienes ganaron en Estados Unidos más de 200.000 dólares anuales pagaron al gobierno federal un tipo fiscal del 22% por sus ingresos. Bastante menos de lo que pagaban los estadounidenses más ricos hace 50 años. En 1961, quienes ganaban más de 27.000 dólares anuales (equivalentes a 200.000 dólares de hoy) pagaron un tipo de algo más del 31% de sus ingresos. Y los ingresos anuales por encima de 400.000 dólares al año (3 millones de hoy) pagaban un tipo fiscal del 91%. Hoy las rentas de más de 3 millones de dólares pagan un tipo del 35%.

En España, por ejemplo, según la legislación tributaria, las grandes empresas han de pagar un 30% por sus beneficios y un 25% las pequeñas y medianas. Pero apenas pagan un 10%. Enorme diferencia por la condescendencia del gobierno que permite deducciones y escapatorias legales que rebajan considerablemente lo que las empresas pagan al erario público. Las cifras de la Agencia Tributaria española muestran que las empresas eluden legalmente hasta dos tercios de los impuestos que les corresponden. Complacencia y complicidad gubernamentales con quienes más ganan y más tienen. Los más ricos deducen y reducen lo que han de pagar con diversas triquiñuelas legales. De hecho, las empresas pagan por beneficios menos que las familias, que aportan un 11,5% de su renta.

El resultado final es menos ingresos del Estado. Y eso sin contar con el fraude fiscal puro y duro.

Continuando con España, según un informe de Gestha (sindicato de técnicos de Hacienda) en 2005, último año con datos de fraude, éste fue de 88.617 millones de euros: 58.676 millones defraudados a la Agencia Tributaria y 29.941 a la Seguridad Social. Las grandes empresas defraudan casi el 75% del total mientras el 97% de empresas restante defraudan un 17%. Y a eso habría que sumar otras evasiones fiscales de ricos y muy ricos (fraude en plusvalías, arrendamientos, rentas del capital…). Si solo se evitara la mitad de fraude fiscal y se cobraran los impuestos correspondientes, España tendría un PIB como el de Reino Unido y superior a Italia. Y no tendría déficit público.

Rajoy, nuevo presidente de gobierno de España, pretende ahorrar el año que viene 16.500 millones de euros con recortes sociales, despidos, sangre, sudor y lágrimas. Gestha asegura que, si se redujera la economía sumergida española en 10 puntos, se recaudarían 38.500 millones de euros anuales. La economía sumergida en España supone 245.000 millones de euros: 23,3% del PIB español. Son muchos impuestos evadidos.

Pero es que quienes más ganan y poseen son los mimados por los gobiernos que comulgan con ruedas de molino neoliberales. Como recuerda Ana Flores, “en lugar de ponerse de acuerdo los gobiernos para domesticar al capital, el mundo más desarrollado decide dejarlo circular con absoluta libertad. Atraer dinero es la obsesión de los gobiernos y compiten entre sí bajando impuestos”.

Como denuncia Paul Krugman, lo peor de esta servidumbre de los gobiernos con quienes más tienen, es que “la exigencia de austeridad cada vez más radical (para poder pagar la deuda) ha fracasado como política económica, al agravar el problema del paro sin restaurar la confianza. Y una recesión europea parece más probable cada día”.

Hay que exigir y hacer auditorías de la deuda para poner fin a la hemorragia social que su pago genera. Y pelear para recuperar un sistema impositivo justo y redistributivo, contra las falsas tesis de la austeridad como camino y la limitación del déficit de deudas soberanas como objetivo por encima de todo. Por encima de todo solo han de estar la ciudadanía y sus derechos.

Contra política de austeridad, auditoría de deudas públicas

Recortes presupuestarios, restricciones sociales, menor protección social, peor atención sanitaria, peor educación, rebaja de salarios, despidos, precariedad… Todo por la deuda.

En Europa, pagar la deuda y sus intereses se ha convertido en terreno sagrado. Con tremendos costes sociales. De nada ha servido introducir en las constituciones que pagar la deuda es prioritario para cualquier gobierno. Ni tampoco imponer planes de austeridad con recortes de gasto público para que los gobiernos tengan liquidez para pagar sus deudas y las de bancos privados. El poder financiero quiere más. Nunca tiene bastante.

Los “mercados”, capitaneados por Goldman Sachs y con la ayuda torticera de las agencias de rating, atacan el euro y a la Unión Europea. Como dicen en las películas de gangsters, no es nada personal; solo son negocios. Enormes beneficios para los especuladores de la deuda. Y sube la prima de riesgo de la eurozona, incluso la de Francia. Hasta Alemania ve como aumentan los intereses a pagar por sus bonos. La deuda deviene hidra de siete cabezas que amenaza con dejar muy mal parada a Europa. Y, de rebote, llevar al mundo a una crisis económica crónica.

¿Qué diablos pasa con la deuda? Preguntémonos qué tipo de deudas son las que alimentan ese baile de los malditos en Europa. Porque evidentemente no todas las deudas son aceptables; las hay ilegítimas u odiosas.

En derecho internacional, ilegítima u odiosa es la deuda pública contraída contra los intereses de la ciudadanía. Aquella cuyos fondos se emplean para fines inaceptables, como adquirir medios y armas para reprimir a la población. O contraída para fines muy discutibles, como comprar navíos de guerra, submarinos, cazabombarderos y helicópteros de combate. Eso ha hecho el gobierno griego comprando armamento a Francia y Alemania, cuando su deuda ya era enorme. Deudas ilegítimas, contraídas a espaldas de la ciudadanía, contra sus derechos, deteriorando o destruyendo el medio ambiente. Esas deudas no se pagan. Y antes, auditarlas.

Una auditoría de la deuda debe analizar el contexto social del país que contrae la deuda; averiguar quien la firmó, para qué es el préstamo, cómo han evolucionado los tipos de interés, qué supone el pago de la deuda en el PIB, si ha habido condiciones para conceder el préstamo (como exigir privatizaciones de empresas y servicios públicos)… Así se averigua si la deuda es legítima o no.

Las auditorías no son nuevas. Empezaron en los ochenta del siglo XX, cuando la deuda ahogaba a países de África y América Latina. Y con las auditorías, la respuesta política.

En 2002, Argentina dejó de pagar su deuda contra toda regla y costumbre. Los “expertos” le auguraron todo tipo de males, sin embargo, no pagar la deuda fue clave para la recuperación del país. Entre 2007 y 2008, el gobierno de Ecuador presidido por Rafael Correa, tras una rigurosa auditoría, canceló deudas ilegítimas contraídas por entidades públicas con bancos privados. Se ahorraron 300 millones de dólares, que se utilizaron para mejorar la sanidad pública, la educación y crear puestos de trabajo. En noviembre de 2008, Ecuador decidió suspender el reembolso de deuda que vencía en 2012 y 2030, porque la auditoría de la deuda concluyó que era eminentemente especulativa y fuente de pérdida de capacidad soberana del estado.

En Asia, a finales de los noventa, mientras Tailandia e Indonesia se hundían estranguladas por sus deudas y agravada la situación económica por la austeridad impuesta por el FMI, Malasia ignoró olímpicamente las recetas neoliberales de austeridad y sorteó con fortuna la crisis que destrozaba a sus vecinos.

Ante el fracaso de las políticas neoliberales austeras impuestas para pagar la deuda, en Grecia, intelectuales, parlamentarios, y organizaciones ciudadanas han creado una plataforma por la auditoría de la deuda. En Francia, asociaciones y organizaciones sociales y ciudadanas se preparan para auditar la deuda. En Túnez y en Irlanda, las organizaciones ciudadanas trabajan en esa misma línea. En España, ATTAC y otras entidades cívicas reivindican no reconocer ni pagar deuda alguna de la eurozona y hacer una auditoría de todas esas deudas nacionales para determinar su legitimidad y actuar en consecuencia.

Las auditorías de la deuda, y anularla cuando sea el caso, son un derecho democrático tan esencial como el derecho a la información. Son medios de participación ciudadana, de aportación de transparencia y de control democrático de la conducta de los poderes públicos. Por fortuna, ante la cronificación de la crisis, crece el movimiento europeo por la auditoria de las deudas.

Más de lo mismo en una Europa hacia el desastre

El gobierno de Mario Monti, otrora muy alto directivo de la sospechosa banca Goldman Sachs, perpetra duros ajustes en Italia para ahorrar 30.000 millones de euro. Ajustes que curiosamente no afectan a las grandes fortunas, grandes empresas ni bancos. Aunque, de cara a la galería, se doblen las tasas por coches de lujo, yates y aviones privados. Calderilla.

Ni hablar de impuestos por beneficios del capital ni de aumentar el IRPF a los grandes ingresos, pero sí aumenta el IVA y todos los italianos pagarán un impuesto por su vivienda. Pero la Iglesia se librará de pagar 2.500 millones de euros por ese impuesto inmobiliario.

En España, el Gobierno de Zapatero indulta al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado por un delito deacusación falsa. Mientras el Estado rescata otro banco con 1.000 millones de euros en capital y 2.000 millones de crédito.

Y van… Hasta hoy, el Estado español ha pagado ¡230.000 millones de euros! para rescatar bancos y cajas de ahorro.

Los pocos de arriba provocan la crisis, pero quien paga es la ciudadanía, porque el dinero que los rescata es el de sus impuestos. Y ahora además esa ciudadanía aún paga más por culpa de la austeridad presupuestaria para reducir el déficit. Porque esa austeridad deteriora la sanidad, la educación, deja sin trabajo a empleados públicos, congela las pensiones…

Como explican Ann Pettifor y Douglas Coe, “la crisis se presenta como si fuera de deuda pública, pero no lo es. Es una crisis causada por el sistema bancario privado sin normas ni control. Los dirigentes de la Unión Europea dicen que la deuda pública es la causante de la crisis del euro, pero la crisis existe por la bancarrota del sistema financiero privado y el probable estallido por las deudas impagables que los bancos privados han contraído durante treinta años”. No es la deuda pública, sino la privada de los bancos la que hunde la economía.

Pero, además de esa responsabilidad de los bancos, esta crisis del euro no existiría sin la actuación sucia de las agencias de rating. Por cierto, esas agencias están ligadas por propiedad de paquetes de acciones a las grandes entidades y otros poderes financieros que son precisamente las que especulan con las deudas públicas y con ello obtienen jugosos beneficios.

Esas mismas agencias de calificación que otorgaban la máxima solvencia a Lehman Brothers el día antes de que quebrara. Ya lo habían hecho antes al otorgar máxima solvencia a los títulos con hipotecas-basura. Más otras actuaciones oscuras, cuando no algo peor, al mejorar la calificación de solvencia de empresas si éstas pagaban.

Unas agencias que, tal como actúan, recuerdan las sociedades mafiosas contra inmigrantes italianos e irlandeses en Nueva York de principios del XX; unas mafias en ciernes que cobraban “protección” a los comerciantes modestos… Esa “protección” aseguraba a los comerciantes que no les destrozarían los locales de sus negocios.

En línea similar, el BCE envió el pasado agosto sendas cartas al presidente del gobierno español y al primer ministro italiano advirtiéndoles que, si querían que el BCE comprara deuda soberana de sus países, debían rebajar los salarios.

¿A qué les suena?

Lo cierto es que si continúa en Europa la idolatría de la austeridad implacable contra el déficit, el desastre esta garantizado. Mario Soares y Federico Mayor Zaragoza han escrito que “tras el fiasco del rescate de los bancos, es necesario inyectar fondos para obras públicas e incentivos para la producción, además de escalonar en el tiempo la reducción del déficit”. Y Paul Krugman remacha en la misma línea que “el auténtico problema es el gasto reducido en Europa. Y los intentos de arreglar las cosas exigiendo una austeridad cada vez más severa empeoran la situación”.

Pero Merkel y Sarkozy, inaccesibles al desaliento, han diseñado una Europa que solo viva para controlar el déficit. Con castigos para los países que no respeten el déficit máximo del 3%, en tanto que los tribunales constitucionales de los diversos países europeos vigilen que los presupuestos nacionales cumplan el nuevo tratado aprobado para conseguir un déficit cero en 2016.

Nada de preocuparse por los derechos vulnerados de la ciudadanía. Y menos aún por recuperar un sistema de impuestos justos y progresivos que asegurarían los ingresos del estado para que no hubiera necesidad de endeudarse. Lo único que importa a los dirigentes europeos es rebajar el maldito déficit. En la práctica, los beneficios de los “mercados”.

Como propone la asociación ciudadana ATTAC, es hora de luchar por el cierre del casino financiero, de trabajar para desarmar bancos y otras entidades financieras especuladoras con normas, con reglas y, si es necesario, con la aplicación del código penal. Es tiempo de luchar contra el fraude fiscal, de prohibir los productos financieros de alto riesgo, de frenar de una vez la especulación financiera a corto plazo.

Es hora de rebelarse. Una rebelión no violenta, pero rebelión ciudadana al fin. Una rebelión contra la dictadura del poder financiero.

Plantar cara al poder financiero

La crisis de la deuda en Europa y sus perpetradores (Comisión Europea, Merkel y Sarkozy, gobiernos, BCE, FMI y los “mercados”) hacen y deshacen sin tener jamás en cuenta las necesidades y derechos de la ciudadanía, que, no obstante, proclaman y celebran todas las constituciones vigentes nacionales, normativas y acuerdos internacionales. Una obviedad que hay que recordar.

En la infame realidad que perpetran los “mercados”, la Alemania que exige austeridad radical y recortes sociales (llamadas “reformas”) aumenta 4.000 millones de euros su déficit y su deuda pública ya es el 82% del PIB (más del 60% del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea). En esa realidad nada virtual, Portugal hará un primer pago de 34.000 millones de euros por un préstamo de 78.000 millones, mientras la OCDE rebaja drásticamente las previsiones para 2012, asegurando, por ejemplo, que el PIB francés solo crecerá un 0,3% el año próximo (si crece) y aumentará el desempleo… ¡La relación de desastres es tan larga!

Pero la locura propuesta por los “mercados” y sus diligentes siervos (gobiernos y entidades internacionales financieras) es reducir aun más el gasto público, proponiendo, por ejemplo, sustituir uno de cada dos funcionarios que se jubilen y reducir la duración y frecuencia de las hospitalizaciones necesarias, por ejemplo. Ahorrar, no importa a qué precio.

Grecia, cada vez peor al igual que Portugal, ambas en recesión por la feroz austeridad impuesta, mientras los especuladores atacan una y otra vez las deudas soberanas de España, Austria, Francia y lo que se tercie, las agencias de rating maniobran con sus maniobras de trilero al servicio de los especuladores y en Europa ya hay 23 millones de desempleados y 80 millones de pobres. Y habrá más si no se impide.

¿Qué ocurrirá cuando se compruebe que tanta austeridad, tantos sacrificios, tanto dolor y sufrimiento no acaban con la crisis ni relanzan la actividad económica? De momento, Francia y Alemania negocian por su cuenta otro nuevo Pacto de Estabilidad que buscará el déficit cero para 2016. La nueva receta mágica ofreceráayuda permanente del Banco Central Europeo a los estados de la Unión a cambio del estricto control de los déficits nacionales así como aceptar la inexorable vigilancia de los presupuestos nacionales para que no se pasen ni un pelo en políticas sociales y de redistribución de la riqueza.El nuevo pacto ofrecerá a los estados cierta estabilidad e intereses bajos de sus deudas soberanas a cambio de apretar aún más las tuercas a los ciudadanos. Pues bien, frente a esa adoración del becerro de oro del control presupuestario del déficit y la austeridad fiscal a rajatabla, una legión de economistas que no están a sueldo de la banca, inluidos los premios Nobel de economía Stiglitz y Krugman, repiten una y otra vez que la austeridad es la mejor receta para generar más desempleo, impedir la actividad económica real y asegurar la recesión. Cuando lo que hay que hacer es estimular el crecimiento económico con dinero público, que vuelva a funcionar una banca pública, volver a sistemas de impuestos progresivos, prohibir los hedge funds(fondos de alto riesgo), poner coto a los desmanes de la especulación a corto plazo, implantar un impuesto disuasorio sobre las transacciones financieras y combatir ferozmente los paraísos fiscales que hacen posible la corrupción sistemática, el fraude fiscal y la evasión de capitales.


Lo demás es música celestial en el mejor de los casos. Porque la crisis de la deuda en Europa es un golpe de Estado del poder financiero. Y frente a ese golpe hay que actuar como ha hecho Ecuador, por ejemplo. Ecuador aprobará una ley que declarará fraudulentas las hipotecas adquiridas por ecuatorianos inmigrantes en España, pues consideran que esos deudas hipotecarias carecen de legalidad y se han logrado con engaño. Entienden los legisladores ecuatorianos que esas hipotecas fueron fraudulentas y violan el derecho humano a una vivienda digna.

Es solo una actuación, pero es el camino y hay mucho que hacer. Y para no errar, hay que actuar con el referente del respeto de los derechos humanos, de los legítimos intereses de la gran mayoría, no de la codicia suicida de los “mercados”. Y pasar de la protesta  (que ha de continuar) a hacer política. En los parlamentos cuando se pueda, pero siempre en la vida y en las calles. Para empezar a frenar al poder financiero con propuestas concretas de salidas y soluciones. Y hacerlo retroceder.