Impuestos injustos e insuficientes, enorme deuda pública y estado de bienestar menguante

Con la amenaza de otra crisis global (como recuerdan Argentina y Turquía con sus severos problemas económicos) y sacado Mariano Rajoy del ejecutivo por una moción de censura, los resultados de su gobierno no son, como se dice castizamente en Madrid, para echar cohetes. Para empezar, según el Banco de España el gobierno Rajoy consiguió que la deuda pública superara el billón de euros por primera vez en la historia reciente del país. Aún peor, que sobrepasará por primera vez en un siglo el equivalente del 100% del PIB, la riqueza nacional de un año. En junio, cuando la moción de censura expulsó al PP del gobierno del Reino, el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos debían (y deben) un billón con 163.000 millones de euros. Lo que significa que anualmente han de pagarse unos 30.000 millones de intereses.

Si la deuda pública es superior al PIB nacional, es más difícil devolver a los acreedores el dinero que han prestado y entonces, por la nefanda influencia de las instituciones internacionales neoliberales (FMI y Eurozona) se imponen medidas de austeridad y recortes sociales que, no solo perjudican a la mayoría de la gente, cuyos derechos sociales son pisoteados en tanto el estado de bienestar se va al garete, sino que también perjudican el crecimiento económico del país y lo reducen. De momento, España se salva más o menos a pesar de su enorme deuda pública, porque los tipos de interés son bajos. Por ahora.

Campeones en desigualdad

Tal vez el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados enmienden situación tan peligrosa sin hacérselo pagar a la gente. Situación que sería inaceptable pues, según el último Barómetro Social de España, las cosas no van tan bien como muchos medios informativos que comulgan las ruedas de molino de las recetas del neoliberalismo pretenden. A destacar, por ejemplo, que la distribución de la riqueza ha sido en el cercano 2016 mucho más desigual que en el ya lejano año 1994. Hasta tal punto que se ha multiplicado por dos la brecha entre quienes tienen más (que no son muchos, por cierto) y los que poseen poco o muy poco. Lo muestra, por ejemplo, que los salarios son mucho más bajos, pero no así las ganancias de las empresas que aumentan. Varios economistas y sociólogos dicen también que el Reino de España ha sufrido un gran retroceso social y por eso estamos a la cola de Europa en el reparto de riqueza. Tan a la cola que, según Eurostat (agencia de datos de la Unión Europea), solo están peor en desigualdad Rumanía, Lituania y Bulgaria. Lo que no deja de ser muy esclarecedor.

Más cifras aburridas, tal vez, pero significativas. Según la Encuesta Financiera de las Familias que elabora el Banco de España, la desigualdad entre hogares que tienen riqueza y quienes apenas tienen nada se ha multiplicado por dos ¡en sólo 12 años! Si en 2002 la mitad de hogares más ricos tenían un patrimonio medio 6 veces mayor que la mitad de hogares más pobres, ahora esa riqueza se ha multiplicado por 12. La mitad más rica del país ha aumentado su patrimonio medio un 29%, mientras la mitad más pobre ha perdido un 30% de lo poco que tenía, casi un tercio menos que antes. Una desigualdad indecente.

Indicador de esa situación es que el salario medio hasta 2016 ha perdido el 5% de poder adquisitivo y ha aumentado la desigualdad entre tramos salariales, no porque se paguen más salarios altos sino porque aumentan sin cesar quienes cobran sueldos inferiores al salario mínimo oficial (736 euros mensuales). En 1994, hace casi un cuarto de siglo, quienes cobraban menos que el salario mínimo eran unos 3 millones, pero hoy ya son 6 millones (el 34% de la población ocupada) quienes cobran salarios por debajo del Salario Mínimo. El doble que hace 24 años.

La pobreza severa, inaceptable

En España, los hogares en riesgo de pobreza son el 60% y un 30% son quienes soportan una pobreza severa. De 1994 a 2015 el riesgo de pobreza en España ha aumentado algo más de 3%, lo que significa que las personas en riesgo de pobreza ya son algo más de 10 millones en números absolutos . Este aumento es muy superior al de la Unión Europea. Y ¿a qué llamamos pobreza severa? Cuando una familia no puede cumplir o disfrutar de cuatro situaciones de estas nueve siguientes:

1. No poder ir de vacaciones una semana al año.

2. No poder comer carne, pollo o pescado cada dos días.

3. No poder mantener la vivienda a temperatura adecuada.

4. No poder pagara gastos imprevistos de 650 euros.

5. Retrasarse en pagar la hipoteca, alquiler o recibos de gas y luz…

6. No poder comprar un automóvil a plazos ni tampoco mantenerlo.

7. No poder tener y usar el teléfono.

8. No poder adquirir un televisor.

9. No poder tener una lavadora.

Pobreza severa es la que sufre la población con ingresos tan reducidos que es imposible llevar una vida digna. De 2007 a 2015 han aumentado más de un millón las personas que sufren pobreza severa hasta sumar 3 millones en toda España. Sólo Cantabria, Ceuta y Melilla han reducido su pobreza severa, pero ésta ha aumentado en el resto del país. Dicho de modo muy comprensible, en España, la población a la que le es muy difícil llegar a fin de mes ya es un 34% del total. Demasiada gente pues ese porcentaje son ¡16 millones de personas! Pero en tanto crecen en España la pobreza y la emergencia social , no lo hacen las políticas sociales y sí aumenta la exclusión social.

Aunque lo expuesto no sucede por destino fatal ni mala suerte. Esa devastación social tiene causas y responsables. El aumento obsceno de desigualdad, de pobreza y pobreza severa tiene mucho que ver con un sistema de impuestos injusto, regresivo e insuficiente que empuja al Estado a endeudarse.

Vuelta al siglo XIX

En román paladino, la persistencia de la desigualdad está directamente relacionada con que paguen menos quienes tienen más, pues eso supone menor recaudación del Estado y que éste no pueda atender las necesidades y derechos de la ciudadanía. Sin olvidar en el caso español la nefasta aportación de una empobrecedora reforma laboral que ha convertido en precaria a la mayor parte de la clase trabajadora. Como botón de muestra de esa precariedad depauperante, cabe citar que en España casi la mitad de horas extra trabajadas en el segundo trimestre de 2018 (44%) no se pagaron ni compensaron con tiempo libre, según informe del sindicato CCOO basado en datos del Instituto Nacional de Estadística. Por cierto, esas horas extras trabajadas y no pagadas equivalen a 74.000 empleos a tiempo completo. Vamos hacia atrás como los cangrejos y se imponen impunemente prácticas obscenas propias del siglo XIX.

Para que no quedé nada en el tintero, cabe rememorar también que, según informe del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) y la universidad Rovira i Virgili de Tarragona, la economía sumergida en España equivale a casi el 25% del PIB. Y eso significa que unos 290.000 millones de euros escapan cada año al control de Hacienda y de la Seguridad Social. Dicho de otro modo, esa economía sumergida es causa de que NO se ingresen en las arcas públicas más de 90.000 millones anuales de impuestos y cotizaciones sociales. La recaudación de las arcas estatales es insuficiente porque no hay la menor voluntad política de que deje de serlo.

Ya ven, a la que escarbamos en las razones de la desigualdad, todo se relaciona: impuestos, políticas sociales, pobreza y estado de bienestar menguante.

Afrontar deuda y déficit públicos con otros principios, en defensa de la ciudadanía

En España se negocian diversas propuestas de gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como Presidente de gobierno. Pero en una cuestión parecen pasar de puntillas. La deuda pública. Deuda vinculada estrechamente al techo de déficit público que impone la Unión Europea (UE), que insiste hay que recortar 11.000 millones de euros de los presupuestos del Estado. Una cuestión nada baladí, porque ese recorte supondría más desigualdad, menos respeto de derechos y más sufrimiento para el pueblo trabajador.

¿Qué propone Sánchez? Negociar más “flexibilidad” con Europa para cumplir el déficit. Que es no decir nada. Pues la cuestión real es ¿qué hacer con una deuda pública que le cuesta a España pagar este año 35.000 millones de euros?

El endeudamiento público creció mucho tras la crisis, en gran medida por el abultado rescate del sector bancario. Cuando la deuda privada de la banca devino pública por la descomunal ayuda estatal al sector financiero. ¿Qué hacer ahora ante la exigencia de recortes de la UE para reducir el déficit público? Para empezar, determinar la legitimidad de la deuda pública.

Según doctrina internacional aceptada, es ilegítima una deuda por privatizar servicios que eran públicos o por exceso de costes en la gestión privada. También, la deuda asumida por cubrir pérdidas de entidades financieras o grandes empresas. Asimismo la contraída por proyectos que no benefician a la mayoría de población y aquella cuyo pago de intereses sea excesivo, impidiendo el gasto social mínimo exigible. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Es el caso. Porque, aunque el gobierno del Partido Popular lo niegue, hubo gran rescate financiero en España. En la primera fase el Banco de España salvó a entidades financieras privadas que se iban de inmediato al garete. La deuda pública se disparó y el déficit aumentó mientras la UE perpetraba el Pacto de Estabilidad que ahoga a los países europeos del sur. Llegados aquí, cabe pensar que buena parte de deudas europeas son ilegítimas y es necesario recurrir a auditorías ciudadanas de la deuda para averiguarlo. Éric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), recuerda que el movimiento europeo ciudadano de auditoría de la deuda nació en Grecia en 2011 y a continuación se formó en España en plena movilización social de indignados del 15 M. Entonces se empezó a analizar la deuda de países europeos y a cuestionar su legitimidad. En España, por ejemplo, una auditoría ciudadana explicaría que la deuda de los bancos, generada por la devaluación de activos inmobiliarios, pasó de ser pura e irresponsable deuda privada de banca a pública ilegítima.

Una de las lecciones de lo ocurrido en Grecia es que el movimiento de auditoría ciudadana, que empezó muy bien, no creció ni se reforzó lo suficiente para poder presionar políticamente y lograr que la auditoría ciudadana de la deuda fuera obligatoria.

Ejemplo esclarecedor al respecto es el de Ecuador, cuyo gobierno promovió una auditoría ciudadana de la deuda pública en verano de 2007. Basándose en las conclusiones de la misma, el Gobierno anuló por ilegítima una parte de la deuda. Y el Estado economizó 7.000 millones de dólares que se dedicaron a gasto social. Pero en la vieja Europa aún pintan bastos.

En el Informe sobre Sostenibilidad Fiscal 2015, la Comisión Europea expone que al acabar 2015 la deuda española era 100,8% del PIB y en 2016 será 101,3%. Y apercibe del riesgo de que la deuda pública española a medio plazo no sea sostenible. Primero provocan miedo y luego agreden. Pues para afrontarlo, como no, propone “reformas que aumenten ingresos o reduzcan gastos públicos permanentemente”. ‘Reformas’ que sufrirán y pagarán los de siempre, por supuesto. El pueblo trabajador, la ciudadanía.

Ahora, como botón de muestra, la Comisión Europea acepta los presupuestos del Estado del Gobierno de izquierdas de Portugal del que han logrado un recorte de 845 millones de euros. Pero el comisario de Economía, Pierre Moscovici, amenaza que queda mucho por hacer, lo que no augura nada bueno para los portugueses. Por eso en Portugal, España y los otros países sometidos al dictadura de la deuda y del déficit, son imprescindibles actos unilaterales de gobiernos que defiendan los intereses de la mayoría ciudadana. Como hizo Ecuador. Y se hace necesario que se tiendan redes de los países europeos periféricos sometidos a esa dictadura. Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España podrían ponerse de acuerdo para liberarse del dogal del déficit y enfrentarse a la deuda pública desde otras posiciones. En defensa de los deerchos e intereses de la mayoría ciudadana.

Otra vez las sospechosas y oscuras agencias de rating

El Ayuntamiento de Madrid no se endeudará más y por eso no ha renovado los contratos con las agencias de calificación de solvencia crediticia Standard & Poor’s y Fitch. Sabia decisión. Por otra parte, en pleno conflicto político entre los gobiernos de Cataluña y España, la agencia de calificación Moody’s rebaja la solvencia financiera del gobierno catalán de estable a negativa. Segunda vez en pocos meses. La primera, tras conocerse los resultados de las pasadas elecciones catalanas que dieron mayoría parlamentaria (aunque no en votos) a los grupos independentistas. Calificaciones que huelen a motivos políticos. Y como las calificaciones de esas agencias parecen ser requisito para vender bonos de deuda, por ejemplo, toca repasar qué son en verdad y, sobre todo, en qué se han convertido.

Vaya por delante que la calificación de solvencia crediticia es un oligopolio formado por tres agencias: Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch que ocupan el 90% del sector. Las agencias de calificación de solvencia o de rating, publican listas con notas de mayor o menor solvencia de países, bancos y empresas, que son sus clientes y pretenden vender bonos de deuda para financiarse. La calificación indica, en teoría, si los clientes de esas agencias podrán pagar o no sus deudas.

La calificación de solvencia debiera ser fruto de rigurosos estudios, pero desde 2008 hay graves sospechas de no ser así y sobre la integridad y fiabilidad de esas agencias. Por cierto, ni una siquiera olió la crisis que venía. Como para confiar. Además de graves errores anteriores. ¿Errores? Al gigante energético Enron de EEUU le dieran buena nota de solvencia cuatro días antes de que la empresa se declarara en bancarrota. También el gigante financiero Lehman Brothers obtuvo buena calificación… el mismo día en que se hundía.

La Comisión Europea les exigió que actuaran con rigor y responsabilidad. Y el FMI acusó a Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s de contribuir a la inestabilidad financiera con sus abusos. Incluso el órgano supervisor de la bolsa de EEUU, la Comisión del Mercado de Valores (SEC), estudió demandarlas. También son consideradas poco fiables por el Parlamento Europeo y el G-20. Y el Congreso de EEUU las señaló directamente como culpables de la crisis. ¿Exageración?

Esas agencias calificaron muy solventes títulos de deuda que incluían hipotecas-basura, basura por incobrables. La alta calificación que las agencias dieron a esos títulos provocó que se vendieran como rosquillas. Pero pronto se supo que muchos bancos caerían en bancarrota pues poseían muchos títulos contaminados… que no valían nada. Los balances se fueron al garete y estalló la crisis.

¿Por qué no son fiables las agencias de rating? El economista García Montalvo explica que «si una agencia califica unos activos financieros y esa calificación no agrada a la empresa que los pone a la venta, puede decidir no pagar o irse, así que a la agencia le interesa dar la mejor calificación«. Y William J. Harrington, vicepresidente de Moody’s durante años, tras irse de esa agencia, reveló algunas prácticas muy dudosas. En un informe de 78 páginas enviado a la SEC, Harrington explicó que Moody’s incentivaba a los analistas responsables de las calificaciones de solvencia para que fueran altas y los clientes no se fueran a otras agencias. Ni honrado ni fiable. Pero hay más. Moody’s calificó la solvencia de la multinacional alemana de seguros Hannover Rück, que no era cliente suya ni había solicitado calificación alguna, y le envió una carta pidiendo que pagaran sus calificaciones. Hannover se negó y Moody’s le rebajó la solvencia durante años, sin dejar de pedirle, carta tras carta, que pagara sus servicios… nunca solicitados. Moody’s llegó a rebajar la solvencia de Hannover Rüsk a bono basura y esa empresa perdió 175 millones de dólares. Cuando se amenaza y se pretende obligar a alguien a actuar de modo concreto en beneficio de quien amenaza, se comete un delito de extorsión. ¿Ocurrió eso entre Moody’s y Hannover Rück?

Otra vuelta de tuerca. Las agencias de rating, base del vigente sistema neoliberal de deuda (estrechamente ligado a la austeridad presupuestaria que sufrimos todos) no son fiables. Nada. ¿Para qué esas agencias? Toca suprimirlas y sustituirlas por entidades profesionales honradas, fiables y rigurosas. Que no sean negocio sino servicio. ¿Ingenuo?  Quizás. Pero ceder, no resistir, es el desastre

Cuando despertó, la banca todavía estaba allí

Cuando las portadas exponen día sí y otro también la grave situación de Grecia y se conoce la conducta propia de macarras de los gobiernos de la eurozona con ese país, conviene recordar que en el origen de todo está la banca. Privada, por supuesto. Tres conclusiones surgen del estudio de la llamada crisis global. Que la banca privada no quebró gracias a las enormes ayudas públicas recibidas. Que  finalmente esa factura la pagó (aún la paga) la gente común con austeridad impuesta y menos derechos. Y que esa banca salvada por lo público no ha hecho nada para que la economía remontara. Salvo enriquecer más a sus directivos. Y ya son ocho años de incertidumbre y economía frenada, mientras crecen desigualdad y pobreza.

El primer socorro al sector financiero fue en otoño de 2008 en EEUU. Nada menos que 250.000 millones de dólares para recapitalizar bancos, medio billón en avales a empresas en crisis, otro medio billón para comprar hipotecas basura y medio billón más para salvar planes privados de pensiones; es decir, para salvar a las empresas privadas aseguradoras (en realidad fondos de inversión especuladora) que hacen negocio con tales planes.

Por su parte, la Unión Europea prestó más de un billón de euros a cientos de bancos europeos hasta febrero de 2012 al 1% de interés. Para salvarlos de la quiebra. Más otros 2 billones de inyección de capital y garantías publicas a la banca. Y hoy los préstamos muy baratos del BCE a bancos continúan.

¿Por qué? Como denunció Ignacio Ramonet, “el poder pasó de los gobiernos a una legión de banqueros tramposos y a los especuladores de Bolsa”, que trafican con cantidades tan enormes que son indecentes. Casi 7 billones de euros en deuda pública de la eurozona, por ejemplo. Sin control ni regulación. Especuladores y banqueros dominan así el cotarro económico y financiero. Por eso, aunque se saben las causas de la crisis que fue una estafa y devino saqueo organizado de bienes, rentas y derechos de la gente común, no se han reglamentado los mercados ni controlado la banca. Ni se intenta. Mandan ellos.

Y entre tanto, como recuerda Andreu Missé por ejemplo, “para una parte significativa de la población española las condiciones de vida no cesan de deteriorarse. Mientras el gobierno proclama eufórico que la economía crece, que se han creado muchos empleos y las exportaciones aumentan, un tercio de la ciudadanía vive el peor momento de su vida. Más de 15 millones de personas y en aumento. Como lo prueba que Caritas, Cruz Roja y los bancos de alimentos tengan que repartir cientos de miles de comidas para paliar el hambre. Una situación inaceptable que puede prolongarse una década, denuncia Caritas.

Un informe que cita Missé, Pobre y bajo presión: el impacto social de la consolidación fiscal en Europa de Zsolt Darvas y Olga Tschekassin, concluye que “los mayores desafíos de Europa hoy son la pobreza, el desempleo y la polarización que deteriora la vida de los ciudadanos”. Es así, sobre todo, porque “el rescate bancario fue muy costoso, limitó recursos fiscales para otros objetivos, perjudicó seriamente la economía y deterioró las condiciones sociales en Europa”.

Que la banca privada está ahí y es sin duda uno de los mayores problemas de la gente común lo remacha Stefan Steinberg. Cita Steinberg el informe El ajuste de la Zona Euro, un trabajo a medias, elaborado por el banco de inversión JP Morgan Chase, publicado a finales de mayo de 2013. Reclama tal documento derogar las constituciones democráticas de algunos países europeos y ser sustituidas ¡por regímenes autoritarios!

Las críticas más fascistas del documento van contra los gobiernos que tardaron en aplicar las medidas de austeridad: Grecia, Portugal, España e Italia. Países en crisis de deuda y, según la delirante opinión de los autores del informe de JP Morgan Chase, cuyos sistemas políticos tienen un fuerte sesgo socialista (??). Por ello y para evitar una revolución social, la banca JP Morgan propone que los gobiernos capitalistas de Europa instauren cuanto antes regímenes dictatoriales en esos países. Increíble, pero no es ficción.

Es evidente que el principal enemigo de la ciudadanía es la banca. Ya lo profetizó Thomas Jefferson hace doscientos trece años: “Los bancos son más peligrosos para nuestras libertades que ejércitos listos para el combate. Los bancos privarán a la gente de toda posesión hasta el día en que despierten sin casa, sin techo”.

La banca privada sigue ahí.

Un régimen de opresión y saqueo llamado deuda

Medios de comunicación, portavoces gubernamentales y servidores de la élite económica en España pregonan el peligro de la cuantiosa deuda pública y la culpable responsabilidad colectiva en la misma: la estúpida falacia de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Tan es así que un Gobierno pretendidamente socialista reformó con alevosía la Constitución, sagrada e intocable para otras cuestiones, con un artículo 135 que proclama que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública (…) se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. ¡En la Constitución!

El endeudamiento público no ha sido por vivir por encima de nuestras posibilidades sino utilizado por el poder financiero para saquear recursos públicos. Pero el adormecedor mantra repetido una y otra vez es la relación de la deuda pública con la crisis. Y por eso presionan para reducirla con recortes sociales y más recortes. Pero la deuda pública no es causa de la crisis. En años anteriores a la misma, la deuda pública española era de las más bajas de Europa.

La deuda pública ha crecido por una política fiscal regresiva al servicio de la élite económica y por un gigantesco y continuo fraude fiscal de grandes empresas y capitales. Más el cuantioso rescate de una banca privada potencialmente quebrada. España es modélica en el saqueo que es convertir deudas privadas en deuda pública.

Conviene recordar ahora que en los 70 del siglo pasado arrancó la nueva versión del capitalismo que llamamos ‘financiarización’. Reducir a producto financiero especulativo cualquier valor, bien o servicio que pueda ser vendido y comprado, hoy o mañana. Mientras se extiende el uso y abuso del apalancamiento: endeudarse hasta las cejas para especular mucho más allá del patrimonio habido.

El endeudamiento se convirtió en motor principal de una economía de humo. Se creó dinero de la nada, porque la gran banca daba abundantes créditos baratos, sobre todo a los estados y, en una década, la deuda pública se multiplicó por siete.

¿Irresponsabilidad económico-financiera? No. Nuevo régimen para aumentar los beneficios de la élite económica que el marxismo denomina “clase dominante”. La deuda ya es un régimen que “el poder financiero utiliza para saquear los recursos públicos y atacar los derechos humanos”, denuncia Maria Lucia Fattorelli, auditora fiscal e impulsora del movimiento ciudadano global de auditoría de la deuda.

Por medio de organismos internacionales nada democráticos (FMI, BCE, OMC u OCDE), el régimen de la deuda impone ajustes presupuestarios, contra-reformas fiscales, laborales, de pensiones públicas, de control de inflación, “ingeniería financiera” y cambio de leyes nacionales en beneficio del sector financiero y de la prioridad del pago de la deuda. Mientras, los grandes medios de “información” ocultan, manipulan y desinforman sobre la realidad económica y financiera y maquillan sus graves consecuencias sociales.

Así pretenden ocultar la responsabilidad de la banca privada en la crisis financiera. Y luego FMI, BCE y OCDE presionan para asegurar la transferencia de recursos públicos a los bancos privados responsables de esta poliédrica crisis. Porque la élite económica logró enormes beneficios con el creciente endeudamiento que hinchó las burbujas inmobiliaria y financiera e hizo imparable la crisis.

De todo se tiene cumplida experiencia en el Reino de España. Como denuncian Gerardo Pisarello y Jaume Asens, “cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de retraso de la edad de jubilación, cada recorte de derechos sociales se ha presentado como imprescindible para pagar las deudas y obtener más fondos”.

La deuda pública era apenas 40% del PIB en 2006 y hoy es 96%. ¿Por qué tal aumento? Por un generoso rescate bancario. Lo último es que el Gobierno regala 40.000 millones de euros a la banca privada por activos fiscales diferidos. Es evidente que aumentar en cinco años casi un 60% el volumen de la deuda pública respecto al PIB no ha sido por estímulos para que la economía real se recupere ni para satisfacer los derechos sociales de la ciudadanía.

¿Hasta dónde llegarán los explotadores del régimen de la deuda? Hasta donde les dejemos, pues son insaciables. Una primera respuesta son las auditorías ciudadanas de la deuda pública. Para determinar su origen, conocer quiénes son poseedores de deuda y cuánta. Y qué parte es ilegítima. Extender el conocimiento de esos hechos y no pagar deuda pública hasta averiguar cuánta es ilegítima. Eso para empezar.

Hay peores males que no pagar la deuda

Como explica Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, la minoría rica tiene una agenda oculta para desmantelar el estado social y privatizar los servicios públicos para apoderarse de ellos; los servicios que garantizan el ejercicio de derechos sociales. Jerome Duval, experto en deuda externa, asegura que hoy en Europa, como antes en América Latina y África, la deuda es el modo de dominación de la minoría rica para lograr esos objetivos.

Como recuerda Vicenç Navarro, una falacia pretende justificar la impuesta prioridad de reducir el déficit público al precio que sea: que la deuda es una carga para nuestros hijos en el futuro. Falso. El futuro de hijos y nietos no depende de pagar o no la deuda; depende de la productividad y de la actividad económica; depende de la lucha contra la desigualdad. Y el dinero público dedicado hoy a educación, sanidad, bienestar social, investigación, infraestructuras y transporte no es gasto sino inversión. Por un futuro mejor.

Muchos economistas creen que no pagar la deuda pública de un país es algo fatal. Pero bastantes (cada vez, más) consideran hoy con razones que no pagar la deuda no es lo peor. Como dice Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda, hay algo peor que no pagar la deuda: que los ajustes para pagarla tengan terribles consecuencias sociales. Veamos algunos casos de bondad del impago de deuda.

Se cumplen diez años de la suspensión del pago de la deuda argentina. Rodríguez Saa, elegido Presidente para 90 días (mientras se convocaban elecciones presidenciales) lo fue solo siete por cuestiones ajenas a la economía, pero en ese tiempo tomó una decisión fundamental: suspendió los pagos de deuda pública. Estudiosos y analistas de la crisis consideran que fue el paso inicial y primordial para la recuperación de Argentina. El primer año fue duro, pero la economía mejoró enseguida y, desde 2002, todos los años (salvo dos) ha habido un crecimiento superior al 8%; el más rápido en Occidente en los últimos nueve años y con las tasas de crecimiento más altas del mundo, según el Center for Economic Policy Research de Washington.

En 2003 el presidente argentino elegido, Néstor Kirchner, comunicó al FMI que debía dejar crecer al país porque “los muertos no pagan deudas». La deuda pública de Argentina era el 168% del PIB en 2002. En 2003, el gobierno Kirchner pactó otras obligaciones y tiempos de pago con FMI, Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo y otros. En 2004 la deuda externa argentina era de 178.000 millones de dólares. En 2005 hubo canje de bonos argentinos en suspensión de pagos desde 2001. Se consiguió el 75% de quita de deuda y Argentina propuso otra quita del 66% de 81.000 millones de dólares de origen privado e hizo frente a juicios promovidos por grandes propietarios de bonos. La mayoría de acreedores no cobró; en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia intentaron embargar activos argentinos en el exterior, pero estaban protegidos por convenios internacionales.

La historia de la reestructuración de deuda de Argentina se considera ejemplar porque hizo que la tercera economía latinoamericana creciera de nuevo y con ímpetu en los últimos años.

Argentina lleva once años sin pagar 6.241 millones de dólares que debe al Club de París (varios países acreedores agrupados) y partidos de izquierda más organizaciones de Derechos Humanos han solicitado al gobierno que precise qué deuda hay que pagar a ese Club y no pagarla sin completar antes la auditoría que determine el origen de la deuda, quiénes se beneficiaron y cuánto se ha pagado. Porque parte de esa deuda es de la dictadura militar: una deuda ilegítima. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Otro caso notable es el de Islandia. Los islandeses han rechazado en referéndum dos veces pagar 5.000 millones de dólares que prestaron Reino Unido y Dinamarca para tapar la quiebra de un banco islandés. Al dejar de pagar, Islandia creció 2,5% en 2011 y la tasa de paro se redujo 1,5 puntos.

Y en Ecuador, el Presidente Correa también decidió no pagar la deuda y se ahorraron 7.000 millones de dólares que se invirtieron en partidas sociales. Entre 2006 y 2011, lo dedicado a pagar la deuda pasó de 24% a 7% de los presupuestos del estado y los gastos sociales aumentaron del 12% al 25%. La deuda pública descendió a su nivel histórico más bajo en relación al PIB: 22% en 2011. Se aumentaron salarios y pensiones, mejoraron las condiciones de vida, paro y contratos precarios disminuyeron y decreció la pobreza. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe), Ecuador es el segundo país latinoamericano que ha reducido más su pobreza: 9 puntos menos. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.

No pagar la deuda externa no es malo. Es una legítima y excelente opción.

Las oscuras y nada fiables agencias de calificación

¿Por qué la Unión Europea no pone coto a las actuaciones de las oscuras agencias de rating que atacan Europa? ¿Por qué la casta política europea solo gime y se lamenta, pero no reacciona? A estas alturas deberían saber que no pueden comprarles jamás un coche usado, parafraseando el dicho popular, porque no son nada fiables. Nada. Y lo han demostrado ampliamente.
Esas agencias ocupan las portadas de Europa desde hace meses con titulares como “Rebajan la calificación al fondo de rescate de la UE; las agencias rebajan la calificación de España e Italia; amenazan con rebajar la calificación de España si no se aprueba pronto la reforma laboral; las agencias dan un hachazo a los países del euro…”. El resultado es un severo agravamiento de la denominada crisis de la eurozona. Y lo más grave, sin fundamentos dignos de tal nombre. Puro chantaje.
En teoría, Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s indican la seriedad y solvencia económica de grandes empresas y estados que emiten títulos o bonos de deuda. En teoría también, sus calificaciones asesoran a los grandes inversores que compran esos títulos, bonos u otros productos de deuda para que sepan si les costará cobrar o no los intereses y recuperar el capital invertido. En teoría.
Pero lo cierto es que, como asesoras de solvencia económica, esas agencias de rating son un desastre, al otorgar la máxima calificación de solvencia a empresas que han quebrado 48 horas después. La banca Lehman Brothers, por ejemplo, se hundió irremisiblemente con la máxima calificación otorgada por esas agencias. Tampoco vieron venir ni de lejos la crisis de 1997 que sacudió los países del sudeste asiático; en 2001, cuatro días antes de la quiebra de la poderosa estadounidense Enron, aún le otorgaban una calificación de solvencia muy positiva, y menos aún se enteraron de la toxicidad de las hipotecas basura hasta que les explotaron en los morros y desataron la peor crisis económica en un siglo. Y no  se percataron de que los títulos de deuda griegos no eran fiables, considerándolos inversiones de primer orden hasta el último minuto. ¿Cuántos ejemplos más son necesarios para dejar claro que no hacen nada bien su teórico trabajo?
Podemos concluir por tanto que esas agencias son incompetentes e incapacitadas, por lo menos. Pero hay más. William J. Harrington, que fue vicepresidente de Moody’s, elaboró un informe de denuncia de 78 páginas que envió a la SEC (autoridad que vigila el mundo de la bolsa y las inversiones financieras en EEUU). En dicho informe explica con pelos y señales  que Moody’s impone a los analistas que den a los clientes de la agencia las calificaciones positivas que quieran, para que evitar que se vayan a otras agencias. Y Yuri Yoshizawa, director de Derivados de Moody’s, declaró ante la Subcomisión financiera del Senado de EEUU que en la empresa había compraventa de calificaciones. Es decir, además, prostituidos.
En realidad, como denuncia el filósofo Bernard-Henri Lévy, las tres agencias de rating son un inaceptable oligopolio en la calificación de solvencia de las inversiones financieras. Pero además esas agencias son incompetentes y deshonestas como se ha podido ver. Corruptas también, como denuncia el catedrático de economía Albert Recio. Por esas razones, en España, Italia y otros países europeos se han presentado querellas criminales contra las nefastas actuaciones de las agencias de rating. En Italia, agentes de la policía contra delitos fiscales han registrado recientemente las oficinas de Standard & Poor’s y Moody’s en Milán en busca de documentación sobre sus muy discutibles y oscuras decisiones. ¡Aleluya! Esperemos que cunda el ejemplo.
Las agencias de rating con sus calificaciones a la baja torpedean sin ningún rigor ni análisis digno de tal nombre la credibilidad y solvencia de empresas y estados. El resultado inicial, en el caso de los estados, es que suben los intereses de los títulos y bonos de deuda soberana. Así crecen los beneficios de bancos y grandes fondos que son los que compran deuda pública. Pero resulta que hay una estrecha relación entre los accionistas de agencias de rating, bancos y grandes fondos de inversión, mezclados todos como en una melé de rugby. Algo huele a muy podrido en el reino de esas agencias.
Porque lo cierto es que las agencias de rating son juez y parte; incapaces, deshonestas, incompetentes y oscuras… Habrá que enfrentarse a esas agencias y cuanto antes, mejor. Y como el gobierno no se decide a enviarles la Guardia Civil, tendrá que ser la ciudadanía la que haga algo, porque las chorizadas de las agencias de rating nos afectan y mucho

la ciudadanía y l Unión Europea

Treinta mil tunecinos y libios llegaron a Lampedusa. Francia e Italia se enzarzaron sobre quién cargaba con ellos, pero enseguida resolvieron su enfrentamiento proponiendo restablecer controles fronterizos en Europa y al diablo la libre circulación de personas. Todo para cerrar el paso a los inmigrantes. A Alemania le faltó tiempo para apoyar la propuesta franco-italiana, mientras Dinamarca aprovechaba la ocasión y decidía reinstaurar controles fronterizos con Alemania y Suecia por acuerdo del gobierno conservador y el xenófobo Partido Popular Danés para evitar que se cuelen por la frontera alemana ciudadanos de Bulgaria y Rumanía, aunque formen parte de la Unión Europea.

Esos 30.000 africanos del norte, que huían de la guerra civil libia, han sido pretexto para zanjar la libre circulación de personas en la Unión Europea. Aunque no es la primera vez que Europa se enfrenta a una crisis similar. En 1995, 600.000 refugiados de la guerra de Yugoslavia fueron acogidos sin problemas por la Unión Europea, como ha recordado recientemente el profesor Ignacio Torreblanca. En década y media, la Europa solidaria se ha convertido en un carcamal egoísta y cobarde. Y es que la maldita crisis ha desatado el ‘sálvese quien pueda’ en todos los terrenos. La crisis estalló y la solidaridad europea se fue a hacer gárgaras. Veamos también lo de Grecia, por ejemplo.

El primer rescate griego fracasa y ahora se propone un segundo rescate; Grecia estaría negociando con la Unión y el FMI un préstamo adicional de 50.000 a 60.000 millones de euros. Porque las feroces condiciones impuestas a Grecia por sus “socios” europeos han ahogado la economía griega. Pero este segundo presunto rescate también costará a los griegos un ojo de la cara. Y, entre tanto, la Unión Europea aprovecha y presiona a Grecia para que, además de perpetrar más medidas de austeridad presupuestaria y social hasta 2015, privatice totalmente las empresas de servicios públicos. Entre ellas dos compañías de agua potable y tres de energía, y que lo haga antes del próximo abono de ayuda financiera. Un buen bocado para unas pocas y pecadoras manos privadas.

¿Quién pagará el desaguisado griego? ¿La banca que compra deuda griega con interés desmesurado para hacer un negocio redondo o los ciudadanos? En una de las últimas emisiones de deuda griega había casi más inversores-especuladores que bonos a la venta, a pesar de que las tramposas agencias de rating insinúan que son “basura”. Y es que el dictatorial poder financiero sabe que hará un enorme negocio con la ruina social y económica de la ciudadanía griega. Porque, a la postre, parte del dinero de los rescates irá a parar a sus bolsillos de un modo u otro.

Hace ocho años, el canciller alemán Schröeder, refiriéndose al Tratado constitucional europeo que entonces se aprobaba, aseguró ser necesarios dolorosos sacrificios para obtener buenos resultados a medio y largo plazo en la nueva Europa. La manida tesis de que el pastel ha de crecer para repartirlo. Y es cierto que se han hecho grandes sacrificios, pero siempre por parte de los mismos. Asalariados, funcionarios, empleados públicos, trabajadores autónomos, pequeños empresarios, campesinos, pequeños comerciantes, desempleados, inmigrantes, jóvenes, siempre las mujeres y los pobres sin más apelativos. Porque en Europa hay 80 millones de pobres. Pero el pastel nunca llega a repartirse y quienes sacan tajada de que el pastel crezca siempre son los mismos. Y en época de crisis, ni te cuento. Pocos, privilegiados y amorales. Obscenos, como escribe la socióloga Eulàlia Solé.

Hace ocho años, en medio del entusiasmo de la clase política europea por aprobar la neoliberal constitución de la Unión, Oskar Lafontaine acusó a los mandatarios europeos de desmantelar el Estado social y de hacer retroceder a Europa al siglo XIX. Con la crisis, los recortes de logros y derechos sociales y económicos que se han perpetrado y perpetran para salir de la crisis y recortar déficits públicos devienen sello de esta nueva y penosa Europa. Triunfo descarado de un neoliberalismo que supone más pobreza, más corrupción, más desigualdad y más sufrimiento. Además de la disolución de la solidaridad y el entierro de la vocación de defender los derechos humanos.

Esta es la provecta y codiciosa Europa. Perdón, la provecta y codiciosa minoría privilegiada que controla una Unión Europea que no interesa a la ciudadanía en absoluto. Porque esa Unión se ha convertido en la enemiga de sus intereses, de sus derechos.

De qué hablo cuando escribo que éste es un sistema perverso, desigual y tramposo

Ajustes, recortes sociales, reducción de gasto público y reformas “estructurales”. ¡Qué peligro! Única receta del FMI, OCDE, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Bancos centrales nacionales para afrontar los graves problemas que la crisis trae a Europa. Medidas que perjudican a la mayoría de ciudadanos. Pero de verdadera reforma del sector financiero, ni hablamos. Y a quienes más tienen, ni tocarlos.

El catedrático de economía Juan Torres escribe que ahora hay que aumentar los impuestos de las rentas del capital y de la actividad bancaria, especialmente las procedentes de la especulación. Por ejemplo, suprimiendo desgravaciones fiscales injustas que benefician a las rentas más elevadas. Mejor que los recortes.

¿Cuánto ahorra, por ejemplo, el gobierno español con recortes que perjudican a millones de ciudadanos? 15.000 millones de euros. ¿Cuánto aportarían quienes más tienen si pagaran impuestos sin privilegios, atajos ni favores?  40.000 millones de euros. Por ejemplo, restaurar el suprimido impuesto español sobre patrimonio recaudaría más de 2.200 millones de euros; congelar las pensiones españolas sólo ahorra 1.500 millones. Y en el resto de Europa, por el estilo.

Pero ningún gobierno europeo se propone establecer un sistema de impuestos más justo. A los ricos no se les molesta y, si llegan a pagar algo de más, poco y por poco tiempo. Y tampoco nadie propone recortes legítimos y necesarios como reducir gastos superfluos, ostentosos y protocolarios, recorte del gasto militar, supresión de subvenciones por amiguismo o sintonía ideológica, supresión de asesores de dudosa necesidad, recortar (en España, por ejemplo) lo mucho que el Estado dona graciosamente a la Iglesia Católica…

“Las medidas propuestas por el gobierno (español, pero también otros) son más de lo mismo: mantener los privilegios de quienes provocaron la crisis”, según Juan Torres.

Y, como remate, el Fondo Monetario Internacional exige más: abaratar el despido de los trabajadores, “flexibilidad” salarial y una “fuerte y rápida reforma del sistema de pensiones”. ¡Que paguen los que menos tienen!

¿Qué significan esos recortes y propuestas del FMI, bancos centrales, Comisión Europea, OCDE y demás leales gendarmes de los intereses de la minoría privilegiada? Cientos de millones de ciudadanos lo van a pasar mal, muy mal. Eso significa.

Pero ellos erre que erre, aunque las recetas neoliberales del FMI causaran el hundimiento de Argentina (sin clase media en meses), provocaran la ruina de países centroamericanos e incrementaran el empobrecimiento de países africanos. Ellos a lo suyo y que el mundo reviente.

Pero, qué curioso, quienes imponen recortes y ajustes como “única” salida no se aplican la receta. Los funcionarios del FMI no pagan impuestos por sus sueldos, un contable de esa equívoca entidad cobra 90.000 dólares anuales y un jefe de departamento cobra entre 150.000 y 300.000 dólares anuales limpios más ayuda a la vivienda. Y pueden jubilarse a los 50 años con una reducida disminución de la pensión.

En la OCDE, el salario de un director es de 132.000 euros anuales. El presidente del Banco Central de Alemania, el pasado año, cobró 350.000 euros y, el vicepresidente, 300.000 euros. El gobernador del Banco Central de Bélgica cobra más de medio millón de euros anuales, el gobernador del Banco Central de España, unos 200.000 euros y el sueldo anual de Trichet, presidente del Banco Central Europeo, es de 350.000 euros más prestaciones sociales y aportaciones al seguro médico, además de vivir en una casa propiedad del banco que no le cuesta un euro. Los fieles servidores de la minoría privilegiada están por encima de los mandamientos neoliberales que imponen.

Con los recortes y ajustes propuestos por FMI, Comisión Europea y demás contubernio neoliberal, retrocedemos a principio del siglo XX. ¡Se tiran por la borda logros y avances sociales conseguidos con sangre, sudor y lágrimas! Logros que proporcionaron a los ciudadanos europeos cierto estado de justicia. Y olvidémonos ya del engañador equívoco del “estado del bienestar” por inexacto y tramposo. Las palabras nunca son gratuitas ni inocentes. El bienestar puede reducirse y no pasa nada. Pero la justicia siempre es exigible. Pasemos del falaz ‘estado de bienestar’ a un legítimo estado de justicia.

¿Entienden por qué cuando escribo, escribo que éste es un sistema perverso, desigual y tramposo?