Un plan para rebajar derechos

Estos días circula por la Red la revelación de los abundantes privilegios de que gozan los políticos profesionales españoles. Escandaloso.

Y, si indagamos los ingresos de la mayoría de políticos profesionales (y también de cargos institucionales como el gobernador del banco central español), comprobaremos que los ingresos de quienes tienen mayor capacidad de decisión en los asuntos de todos son realmente jugosos. ¿Quién decía que Roma no paga a los traidores?

Quizás eso explique el tremendo servilismo de la mayoría de la clase política española, arrodillada ante la minoría privilegiada (la clase dominante), a la que sirven con una lealtad digna de mejor causa. Aunque para ser justos hay que añadirle la fervorosa colaboración de los responsables de la mayoría de medios informativos y otros especímenes similares para convencer a la población de la falacia de que las medidas que les arruinan la vida no solo son las mejores, sino las únicas. España es hoy arquetipo y paradigma de cómo la minoría privilegiada se enfrenta a la crisis controlando el Estado  en su exclusivo beneficio.

Son conocidos los recortes sociales que el gobierno de Zapatero ha perpetrado: reducción del salario de funcionarios, congelación de pensiones, reducir partidas sociales en los presupuestos del estado… Y hay agresiones que amenazan a la mayoría con reformas presuntamente necesarias para reducir el déficit y aumentar la competitividad. Una reforma laboral cuyo desarrollo supondrá que los convenios colectivos por sectores económicos harán tabla rasa de los derechos laborales conseguidos en medio siglo, obligando a negociar todo desde cero. Lo que significará perder muchos derechos. Y la reforma de las pensiones públicas impondrá más edad para jubilarse y un cálculo injusto que reducirá la cuantía de las pensiones de la mayoría.

La OCDE aplaude los planes neoliberales de Zapatero. Pero como la minoría privilegiada es inaciable, ésta propone a Zapatero que aumente el Impuesto de Valor añadido (IVA) e impuestos especiales: subir los impuestos que pagan todos y no distinguen entre pobres y ricos. Y, para que no haya dudas sobre a quien se sirve, la OCDE pide al gobierno español que rebaje las cotizaciones sociales que pagan los empresarios (las que nutren la Seguridad Social), y reduzca el impuesto sobre sociedades.

En mi ya larga vida no recuerdo tanta cara dura ni tanta desfachatez como la de estos días. Como en una película del Far West o de gángsters de Chicago años 30, todo para los que ya tienen mucho y casi nada para los demás.

En España, la economía la controlan unas 1.400 personas, según documentado estudio de los consejos de administración de bancos y grandes empresas del catedrático de economía Iago Santos. Y recordemos que, en el mundo, la minoría privilegiada, según Merrill Lynch y Capgemini, son 93.100 personas que poseen más de 30 millones de dólares (sin contar valor de primera vivienda, bienes consumibles y bienes coleccionables, entre otras excepciones). La suma de toda esa riqueza es tanta como el PIB de toda la Unión Europea. Merrill Lynch y Capgemini, además, prevén que, en 2013, los ricos serán mucho más ricos. Han convertido la crisis en un negocio beneficioso a costa de la ciudadanía.

En el otro extremo del arco (el más numeroso por otra parte), gran parte de la clase trabajadora y de las mal llamadas clases medias sufren y sufrirán más paro, precariedad y pobreza.  En España, por ejemplo, a día de hoy, una quinta parte de la población está bajo el umbral de la pobreza. Y en Estados Unidos, según datos de la Oficina Federal del Censo, casi 44 millones de estadounidenses vivían en 2009 bajo el umbral de la pobreza; uno de cada siete. El profesor de economía Juan Torres nos explica que el 1% de los estadounidenses más ricos obtuvo el 23,5% de los ingresos brutos del país en 2007, cuando en 1976 solo conseguía el 9% (La desigualdad de ingreso, Robert H. Frank). Y durante el gobierno de Bush, el 1% más rico de la población se apropió del 75% de la riqueza generada (David DeGraw, “The Economic Elite vs. People of the USA).

El plan para reducir e incluso eliminar los derechos de la ciudadanía y convertir economía y política en una jungla controlada por muy pocos está en marcha. Si lo permitimos los ciudadanos, claro.

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Hay que enhebrar de una vez el hilo en la aguja

Por un lado, la minoría privilegiada impone austeridades y reducciones del déficit a cualquier precio, más impunidad del mundo financiero, reformas laborales para debilitar a los trabajadores y servilismo de los gobiernos.

Por otro, la inmensa mayoría de ciudadanos que necesita que se cree empleo, que no nos carguemos la Tierra, que disminuya la desigualdad, que se reparta la riqueza, por lo menos una parte…

Hay un claro enfrentamiento entre la minoría privilegiada y la inmensa mayoría ciudadana. La minoría defendiendo sus obscenos e ilegítimos intereses. Y la mayoría, su indiscutible justo derecho a una vida digna. Por eso, al encarar la crisis y sus consecuencias es preciso determinar si las personas y sus derechos son referente de las propuestas que pretenden resolver la maldita crisis. Quizás suene ingenuo, pero ¿acaso la Declaración Universal de Derechos Humanos es sólo un adorno? Por supuesto que no. Y no nos engañemos, no es el  objetivo: es el camino. Por eso la crisis y cómo resolverla es cuestión de derechos humanos. O no hay solución.

Así, Bill Mitchell, profesor de Teoría Económica de la universidad de Newcastle (Australia), denuncia que “los gobiernos del mundo, azuzados por financieros, FMI, OCDE y G20 van en estampida para ejecutar programas de austeridad y controlar déficits. Pero en toda la propaganda huera sobre austeridad se pierde de vista el verdadero problema. Porque miles de niños morirán como resultado de las necias políticas de austeridad fiscal, únicamente pensadas para satisfacer a las élites sociales ricas”.

O, como denuncia Intermón Oxfam, podríamos añadir también que diariamente uno de cada seis habitantes del mundo no sabrá si ese día comerá. O que en los países del euro ya hay más de 15 millones de desempleados. También que una de cada cuatro jubiladas españolas está condenada a la pobreza. Que… Suma y sigue. La crisis sin resolver es pisotear derechos humanos de millones de personas.

Pero, además de insolidaria e injusta, la minoría privilegiada es necia (del latín nescio, nescire, nescivi, nescitum: no saber, ignorar) y su codicia es estúpida (necia, falta de inteligencia), porque no se percatan de que sus recortes y austeridad de hoy es apostar por el desastre enseguida. Incluso el New York Times dice en un reciente editorial que “a ese súbito entusiasmo por la austeridad fiscal, especialmente en economías fuertes, le saldrá el tiro por la culata, condenando a Europa a muchos años de estancamiento o algo peor. Y Estados Unidos corre el mismo riesgo enorme. Los Demócratas han abandonado el estímulo económico y la creación de empleo por la verborrea contra el déficit”.

Costas Lapavitsas, investigador del Research on Money and Finance de Londres, ha diagnosticado que “todo conduce al viejo error de reducir el gasto público antes de que la economía se recupere. Ese resurgir conservador está directamente relacionado con los intereses financieros, los mismos que nos metieron en la crisis. Callaban cuando fueron rescatados por los estados, pero ahora dictan la política en Europa. Ese calvinismo tan alemán de la austeridad es muy peligroso y puede arrastrar a Europa a un estancamiento muy prolongado”.

Para acabar de rematar ese pésimo envite, resulta que el problema no es el déficit de los Estados; un déficit que, por cierto, los Gobiernos contrajeron para salvar a los bancos. Esos mismos bancos rescatados que, cómplices con los “mercados”, ahora mienten, siembran rumores, chantajean y especulan sin piedad. No permitáis que os engañen: el verdadero problema es la deuda de bancos de unos países con bancos de otros. Los bancos no se prestan entre sí, porque se deben mucho unos a otros y no se fían ni un pelo unos de otros. ¿Y que han hecho con ese dinero prestado que se deben unos a otros? Casi siempre especular. Y, como ahora no tienen liquidez, no hay crédito. Y sin crédito la economía real no funciona.

Por tanto, si además de explotadora, codiciosa e injusta, la minoría privilegiada es necia, no esperemos que los de arriba resuelvan la crisis. “Los de arriba” son gobiernos, instituciones económicas nacionales e internacionales más bancos y “mercados”, fundidos en un totum revolutum impresentable.

Somos nosotros (ciudadanos, asalariados, capas populares: la inmensa mayoría) quienes hemos de poner el hilo en la aguja. De momento, resistir, informarse, saber y debatir. Para no perder pie, para saber dónde estamos.

Y, cuanto antes, mejor que más tarde, volver al trabajo ciudadano colectivo, pasar de la resistencia a la acción. Sin dejar de ayudar a quienes estén peor que nosotros. Con imaginación, con decisión, con tenacidad y sin ira. Sin ninguna ira. Sin dejarnos llevar por emociones encontradas, que suelen ser pésimas consejeras.

O tomamos la iniciativa o no salimos de ésta.

De qué hablo cuando escribo que éste es un sistema perverso, desigual y tramposo

Ajustes, recortes sociales, reducción de gasto público y reformas “estructurales”. ¡Qué peligro! Única receta del FMI, OCDE, Banco Central Europeo, Comisión Europea y Bancos centrales nacionales para afrontar los graves problemas que la crisis trae a Europa. Medidas que perjudican a la mayoría de ciudadanos. Pero de verdadera reforma del sector financiero, ni hablamos. Y a quienes más tienen, ni tocarlos.

El catedrático de economía Juan Torres escribe que ahora hay que aumentar los impuestos de las rentas del capital y de la actividad bancaria, especialmente las procedentes de la especulación. Por ejemplo, suprimiendo desgravaciones fiscales injustas que benefician a las rentas más elevadas. Mejor que los recortes.

¿Cuánto ahorra, por ejemplo, el gobierno español con recortes que perjudican a millones de ciudadanos? 15.000 millones de euros. ¿Cuánto aportarían quienes más tienen si pagaran impuestos sin privilegios, atajos ni favores?  40.000 millones de euros. Por ejemplo, restaurar el suprimido impuesto español sobre patrimonio recaudaría más de 2.200 millones de euros; congelar las pensiones españolas sólo ahorra 1.500 millones. Y en el resto de Europa, por el estilo.

Pero ningún gobierno europeo se propone establecer un sistema de impuestos más justo. A los ricos no se les molesta y, si llegan a pagar algo de más, poco y por poco tiempo. Y tampoco nadie propone recortes legítimos y necesarios como reducir gastos superfluos, ostentosos y protocolarios, recorte del gasto militar, supresión de subvenciones por amiguismo o sintonía ideológica, supresión de asesores de dudosa necesidad, recortar (en España, por ejemplo) lo mucho que el Estado dona graciosamente a la Iglesia Católica…

Las medidas propuestas por el gobierno (español, pero también otros) son más de lo mismo: mantener los privilegios de quienes provocaron la crisis”, según Juan Torres.

Y, como remate, el Fondo Monetario Internacional exige más: abaratar el despido de los trabajadores, “flexibilidad” salarial y una “fuerte y rápida reforma del sistema de pensiones”. ¡Que paguen los que menos tienen!

¿Qué significan esos recortes y propuestas del FMI, bancos centrales, Comisión Europea, OCDE y demás leales gendarmes de los intereses de la minoría privilegiada? Cientos de millones de ciudadanos lo van a pasar mal, muy mal. Eso significa.

Pero ellos erre que erre, aunque las recetas neoliberales del FMI causaran el hundimiento de Argentina (sin clase media en meses), provocaran la ruina de países centroamericanos e incrementaran el empobrecimiento de países africanos. Ellos a lo suyo y que el mundo reviente.

Pero, qué curioso, quienes imponen recortes y ajustes como “única” salida no se aplican la receta. Los funcionarios del FMI no pagan impuestos por sus sueldos, un contable de esa equívoca entidad cobra 90.000 dólares anuales y un jefe de departamento cobra entre 150.000 y 300.000 dólares anuales limpios más ayuda a la vivienda. Y pueden jubilarse a los 50 años con una reducida disminución de la pensión.

En la OCDE, el salario de un director es de 132.000 euros anuales. El presidente del Banco Central de Alemania, el pasado año, cobró 350.000 euros y, el vicepresidente, 300.000 euros. El gobernador del Banco Central de Bélgica cobra más de medio millón de euros anuales, el gobernador del Banco Central de España, unos 200.000 euros y el sueldo anual de Trichet, presidente del Banco Central Europeo, es de 350.000 euros más prestaciones sociales y aportaciones al seguro médico, además de vivir en una casa propiedad del banco que no le cuesta un euro. Los fieles servidores de la minoría privilegiada están por encima de los mandamientos neoliberales que imponen.

Con los recortes y ajustes propuestos por FMI, Comisión Europea y demás contubernio neoliberal, retrocedemos a principio del siglo XX. ¡Se tiran por la borda logros y avances sociales conseguidos con sangre, sudor y lágrimas! Logros que proporcionaron a los ciudadanos europeos cierto estado de justicia. Y olvidémonos ya del engañador equívoco del “estado del bienestar” por inexacto y tramposo. Las palabras nunca son gratuitas ni inocentes. El bienestar puede reducirse y no pasa nada. Pero la justicia siempre es exigible. Pasemos del falaz ‘estado de bienestar’ a un legítimo estado de justicia.

¿Entienden por qué cuando escribo, escribo que éste es un sistema perverso, desigual y tramposo?