Afrontar deuda y déficit públicos con otros principios, en defensa de la ciudadanía

En España se negocian diversas propuestas de gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como Presidente de gobierno. Pero en una cuestión parecen pasar de puntillas. La deuda pública. Deuda vinculada estrechamente al techo de déficit público que impone la Unión Europea (UE), que insiste hay que recortar 11.000 millones de euros de los presupuestos del Estado. Una cuestión nada baladí, porque ese recorte supondría más desigualdad, menos respeto de derechos y más sufrimiento para el pueblo trabajador.

¿Qué propone Sánchez? Negociar más “flexibilidad” con Europa para cumplir el déficit. Que es no decir nada. Pues la cuestión real es ¿qué hacer con una deuda pública que le cuesta a España pagar este año 35.000 millones de euros?

El endeudamiento público creció mucho tras la crisis, en gran medida por el abultado rescate del sector bancario. Cuando la deuda privada de la banca devino pública por la descomunal ayuda estatal al sector financiero. ¿Qué hacer ahora ante la exigencia de recortes de la UE para reducir el déficit público? Para empezar, determinar la legitimidad de la deuda pública.

Según doctrina internacional aceptada, es ilegítima una deuda por privatizar servicios que eran públicos o por exceso de costes en la gestión privada. También, la deuda asumida por cubrir pérdidas de entidades financieras o grandes empresas. Asimismo la contraída por proyectos que no benefician a la mayoría de población y aquella cuyo pago de intereses sea excesivo, impidiendo el gasto social mínimo exigible. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Es el caso. Porque, aunque el gobierno del Partido Popular lo niegue, hubo gran rescate financiero en España. En la primera fase el Banco de España salvó a entidades financieras privadas que se iban de inmediato al garete. La deuda pública se disparó y el déficit aumentó mientras la UE perpetraba el Pacto de Estabilidad que ahoga a los países europeos del sur. Llegados aquí, cabe pensar que buena parte de deudas europeas son ilegítimas y es necesario recurrir a auditorías ciudadanas de la deuda para averiguarlo. Éric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), recuerda que el movimiento europeo ciudadano de auditoría de la deuda nació en Grecia en 2011 y a continuación se formó en España en plena movilización social de indignados del 15 M. Entonces se empezó a analizar la deuda de países europeos y a cuestionar su legitimidad. En España, por ejemplo, una auditoría ciudadana explicaría que la deuda de los bancos, generada por la devaluación de activos inmobiliarios, pasó de ser pura e irresponsable deuda privada de banca a pública ilegítima.

Una de las lecciones de lo ocurrido en Grecia es que el movimiento de auditoría ciudadana, que empezó muy bien, no creció ni se reforzó lo suficiente para poder presionar políticamente y lograr que la auditoría ciudadana de la deuda fuera obligatoria.

Ejemplo esclarecedor al respecto es el de Ecuador, cuyo gobierno promovió una auditoría ciudadana de la deuda pública en verano de 2007. Basándose en las conclusiones de la misma, el Gobierno anuló por ilegítima una parte de la deuda. Y el Estado economizó 7.000 millones de dólares que se dedicaron a gasto social. Pero en la vieja Europa aún pintan bastos.

En el Informe sobre Sostenibilidad Fiscal 2015, la Comisión Europea expone que al acabar 2015 la deuda española era 100,8% del PIB y en 2016 será 101,3%. Y apercibe del riesgo de que la deuda pública española a medio plazo no sea sostenible. Primero provocan miedo y luego agreden. Pues para afrontarlo, como no, propone “reformas que aumenten ingresos o reduzcan gastos públicos permanentemente”. ‘Reformas’ que sufrirán y pagarán los de siempre, por supuesto. El pueblo trabajador, la ciudadanía.

Ahora, como botón de muestra, la Comisión Europea acepta los presupuestos del Estado del Gobierno de izquierdas de Portugal del que han logrado un recorte de 845 millones de euros. Pero el comisario de Economía, Pierre Moscovici, amenaza que queda mucho por hacer, lo que no augura nada bueno para los portugueses. Por eso en Portugal, España y los otros países sometidos al dictadura de la deuda y del déficit, son imprescindibles actos unilaterales de gobiernos que defiendan los intereses de la mayoría ciudadana. Como hizo Ecuador. Y se hace necesario que se tiendan redes de los países europeos periféricos sometidos a esa dictadura. Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España podrían ponerse de acuerdo para liberarse del dogal del déficit y enfrentarse a la deuda pública desde otras posiciones. En defensa de los deerchos e intereses de la mayoría ciudadana.

No hay nuevo ciclo económico que valga con una deuda impagable

En España aburren desde púlpitos, portavocías y tribunas del Gobierno, y del partido Popular que lo apoya, con la proclamación de la epifanía de un nuevo ciclo económico. Todo por un par de apuntes económicos, como cierta estabilidad de la prima de riesgo y que los fondos buitres compran barato deuda y propiedades inmobiliarias. Algo no nesariamente bueno sino lo contrario.  Pero no se ve ni de lejos que mejore la economía. Ni la vida de la gente. Más allá del ruido mediático y de las declaraciones triunfalistas (que suenan como jaculatorias), nada muestra que haya un nuevo ciclo económico positivo.

El presunto nuevo ciclo es un ejercicio de ocultación y manipulación de lo que pasa. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No me referiré al paro crónico ni a la pobreza ni a la desigualdad crecientes para mostrar que no hay nuevo ciclo alguno. Pero sí recordaré la situación real de la deuda. Se habla poco de la deuda, ¿por qué será?

¿Se puede hablar de nuevo ciclo económico positivo con una deuda pública y privada que sumadas son ya un 378% del Producto Interior Bruto? Porque ése es el volumen de toda la deuda, según el informe de Mc Kinsey Global que estudia la evolución de la deuda en las diez principales economías desarrolladas. Más de tres billones a devolver. Y sus intereses.

Al detallar la deuda, también es difícilmente aceptable ese etéreo nuevo ciclo prometido con una deuda pública que hoy es casi el 113% del PIB, según datos recientes del Banco de España. Y menos verosímil al comprobar que la deuda privada es ya el 265% del PIB, si la aritmética no engaña. Tal vez sí haya un nuevo ciclo, pero no esperanzador; más bien cargado de nubarrones y con mucho plomo en el ala.

De 2000 a 2008 hubo un endeudamiento privado muy rápido y creciente en España. Se endeudaron empresas, bancos y también familias, aunque éstas, mucho menos. Un ascendente endeudamiento de empresas y bancos muy ligado a la burbuja inmobiliaria que finalmente estalló.

Pero a partir de 2008, es el Estado el que se endeuda a gran velocidad. Sobre todo, porque acude al rescate de bancos y cajas de ahorros, muy tocados por el desinflamiento de la dicha burbuja inmobiliaria. Hoy se debe cuatro veces y media lo que el estado debía en 1989, según recuerda Juan Torres. Y, con el rescate del sector financiero por el Estado, se inicia esa infamia de socializar las pérdidas de bancos y cajas para salvarlos de la quiebra. Porque los miles de millones que evitan que la banca quiebre y se hunda salen de la tributación ciudadana. Hay algunos factores más en la amenaza de debacle bancaria, como el choriceo puro y duro de muchos directivos y ejecutivos, pero la burbuja inmobiliaria y financiera son clave para entender lo ocurrido.

Lo perverso es que, tras el estallido de la crisis, que es un saqueo de los bienes comunes de la ciudadanía, se recurre de modo permanente al endeudamiento. No para satisfacer las necesidades legítimas de la ciudadanía. Ni para invertir en economía real que reduzca el desempleo. Se recurre al endeudamiento para tapar agujeros. Agujeros del sector financiero, sobre todo. Sin embargo, no hay créditos para pequeñas y medianas empresas ni para las familias. Apenas.

¿Nuevo ciclo? Los vencimientos de la deuda y el pago de intereses condicionan al más pintado y no hay ciclo nuevo ni recuperación que valga sin enfrentar el grave problema de la deuda; no solo la pública. Incluso economistas ortodoxos son partidarios de reestructurar las deudas. Porque, a día de hoy, el conjunto de deuda privada y pública es impagable. Una reestructuración qué puede aplazar pagos, negociar quitas, reducir intereses… Y no pagar las partes ilegítimas en el caso de la deuda pública.

La Alemania destrozada de la II Guerra Mundial empezó el despegue económico cuando los países acreedores, entre ellos Grecia, curiosamente, le condonaron parte de la deuda y facilitaron el pago del resto. Y en nuestros días, Ecuador y Argentina iniciaron un desarrollo fértil cuando forzaron nuevas condiciones para el pago de la deuda. O dejaron de pagarla.

Hay que hacer algo con la deuda o no se recuperará una actividad económica eficiente. Afrontar la deuda es un objetivo de lucha ciudadana.