Afrontar deuda y déficit públicos con otros principios, en defensa de la ciudadanía

En España se negocian diversas propuestas de gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como Presidente de gobierno. Pero en una cuestión parecen pasar de puntillas. La deuda pública. Deuda vinculada estrechamente al techo de déficit público que impone la Unión Europea (UE), que insiste hay que recortar 11.000 millones de euros de los presupuestos del Estado. Una cuestión nada baladí, porque ese recorte supondría más desigualdad, menos respeto de derechos y más sufrimiento para el pueblo trabajador.

¿Qué propone Sánchez? Negociar más “flexibilidad” con Europa para cumplir el déficit. Que es no decir nada. Pues la cuestión real es ¿qué hacer con una deuda pública que le cuesta a España pagar este año 35.000 millones de euros?

El endeudamiento público creció mucho tras la crisis, en gran medida por el abultado rescate del sector bancario. Cuando la deuda privada de la banca devino pública por la descomunal ayuda estatal al sector financiero. ¿Qué hacer ahora ante la exigencia de recortes de la UE para reducir el déficit público? Para empezar, determinar la legitimidad de la deuda pública.

Según doctrina internacional aceptada, es ilegítima una deuda por privatizar servicios que eran públicos o por exceso de costes en la gestión privada. También, la deuda asumida por cubrir pérdidas de entidades financieras o grandes empresas. Asimismo la contraída por proyectos que no benefician a la mayoría de población y aquella cuyo pago de intereses sea excesivo, impidiendo el gasto social mínimo exigible. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Es el caso. Porque, aunque el gobierno del Partido Popular lo niegue, hubo gran rescate financiero en España. En la primera fase el Banco de España salvó a entidades financieras privadas que se iban de inmediato al garete. La deuda pública se disparó y el déficit aumentó mientras la UE perpetraba el Pacto de Estabilidad que ahoga a los países europeos del sur. Llegados aquí, cabe pensar que buena parte de deudas europeas son ilegítimas y es necesario recurrir a auditorías ciudadanas de la deuda para averiguarlo. Éric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), recuerda que el movimiento europeo ciudadano de auditoría de la deuda nació en Grecia en 2011 y a continuación se formó en España en plena movilización social de indignados del 15 M. Entonces se empezó a analizar la deuda de países europeos y a cuestionar su legitimidad. En España, por ejemplo, una auditoría ciudadana explicaría que la deuda de los bancos, generada por la devaluación de activos inmobiliarios, pasó de ser pura e irresponsable deuda privada de banca a pública ilegítima.

Una de las lecciones de lo ocurrido en Grecia es que el movimiento de auditoría ciudadana, que empezó muy bien, no creció ni se reforzó lo suficiente para poder presionar políticamente y lograr que la auditoría ciudadana de la deuda fuera obligatoria.

Ejemplo esclarecedor al respecto es el de Ecuador, cuyo gobierno promovió una auditoría ciudadana de la deuda pública en verano de 2007. Basándose en las conclusiones de la misma, el Gobierno anuló por ilegítima una parte de la deuda. Y el Estado economizó 7.000 millones de dólares que se dedicaron a gasto social. Pero en la vieja Europa aún pintan bastos.

En el Informe sobre Sostenibilidad Fiscal 2015, la Comisión Europea expone que al acabar 2015 la deuda española era 100,8% del PIB y en 2016 será 101,3%. Y apercibe del riesgo de que la deuda pública española a medio plazo no sea sostenible. Primero provocan miedo y luego agreden. Pues para afrontarlo, como no, propone “reformas que aumenten ingresos o reduzcan gastos públicos permanentemente”. ‘Reformas’ que sufrirán y pagarán los de siempre, por supuesto. El pueblo trabajador, la ciudadanía.

Ahora, como botón de muestra, la Comisión Europea acepta los presupuestos del Estado del Gobierno de izquierdas de Portugal del que han logrado un recorte de 845 millones de euros. Pero el comisario de Economía, Pierre Moscovici, amenaza que queda mucho por hacer, lo que no augura nada bueno para los portugueses. Por eso en Portugal, España y los otros países sometidos al dictadura de la deuda y del déficit, son imprescindibles actos unilaterales de gobiernos que defiendan los intereses de la mayoría ciudadana. Como hizo Ecuador. Y se hace necesario que se tiendan redes de los países europeos periféricos sometidos a esa dictadura. Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España podrían ponerse de acuerdo para liberarse del dogal del déficit y enfrentarse a la deuda pública desde otras posiciones. En defensa de los deerchos e intereses de la mayoría ciudadana.

Hay peores males que no pagar la deuda

Como explica Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, la minoría rica tiene una agenda oculta para desmantelar el estado social y privatizar los servicios públicos para apoderarse de ellos; los servicios que garantizan el ejercicio de derechos sociales. Jerome Duval, experto en deuda externa, asegura que hoy en Europa, como antes en América Latina y África, la deuda es el modo de dominación de la minoría rica para lograr esos objetivos.

Como recuerda Vicenç Navarro, una falacia pretende justificar la impuesta prioridad de reducir el déficit público al precio que sea: que la deuda es una carga para nuestros hijos en el futuro. Falso. El futuro de hijos y nietos no depende de pagar o no la deuda; depende de la productividad y de la actividad económica; depende de la lucha contra la desigualdad. Y el dinero público dedicado hoy a educación, sanidad, bienestar social, investigación, infraestructuras y transporte no es gasto sino inversión. Por un futuro mejor.

Muchos economistas creen que no pagar la deuda pública de un país es algo fatal. Pero bastantes (cada vez, más) consideran hoy con razones que no pagar la deuda no es lo peor. Como dice Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda, hay algo peor que no pagar la deuda: que los ajustes para pagarla tengan terribles consecuencias sociales. Veamos algunos casos de bondad del impago de deuda.

Se cumplen diez años de la suspensión del pago de la deuda argentina. Rodríguez Saa, elegido Presidente para 90 días (mientras se convocaban elecciones presidenciales) lo fue solo siete por cuestiones ajenas a la economía, pero en ese tiempo tomó una decisión fundamental: suspendió los pagos de deuda pública. Estudiosos y analistas de la crisis consideran que fue el paso inicial y primordial para la recuperación de Argentina. El primer año fue duro, pero la economía mejoró enseguida y, desde 2002, todos los años (salvo dos) ha habido un crecimiento superior al 8%; el más rápido en Occidente en los últimos nueve años y con las tasas de crecimiento más altas del mundo, según el Center for Economic Policy Research de Washington.

En 2003 el presidente argentino elegido, Néstor Kirchner, comunicó al FMI que debía dejar crecer al país porque “los muertos no pagan deudas”. La deuda pública de Argentina era el 168% del PIB en 2002. En 2003, el gobierno Kirchner pactó otras obligaciones y tiempos de pago con FMI, Banco Mundial, el Interamericano de Desarrollo y otros. En 2004 la deuda externa argentina era de 178.000 millones de dólares. En 2005 hubo canje de bonos argentinos en suspensión de pagos desde 2001. Se consiguió el 75% de quita de deuda y Argentina propuso otra quita del 66% de 81.000 millones de dólares de origen privado e hizo frente a juicios promovidos por grandes propietarios de bonos. La mayoría de acreedores no cobró; en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia intentaron embargar activos argentinos en el exterior, pero estaban protegidos por convenios internacionales.

La historia de la reestructuración de deuda de Argentina se considera ejemplar porque hizo que la tercera economía latinoamericana creciera de nuevo y con ímpetu en los últimos años.

Argentina lleva once años sin pagar 6.241 millones de dólares que debe al Club de París (varios países acreedores agrupados) y partidos de izquierda más organizaciones de Derechos Humanos han solicitado al gobierno que precise qué deuda hay que pagar a ese Club y no pagarla sin completar antes la auditoría que determine el origen de la deuda, quiénes se beneficiaron y cuánto se ha pagado. Porque parte de esa deuda es de la dictadura militar: una deuda ilegítima. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Otro caso notable es el de Islandia. Los islandeses han rechazado en referéndum dos veces pagar 5.000 millones de dólares que prestaron Reino Unido y Dinamarca para tapar la quiebra de un banco islandés. Al dejar de pagar, Islandia creció 2,5% en 2011 y la tasa de paro se redujo 1,5 puntos.

Y en Ecuador, el Presidente Correa también decidió no pagar la deuda y se ahorraron 7.000 millones de dólares que se invirtieron en partidas sociales. Entre 2006 y 2011, lo dedicado a pagar la deuda pasó de 24% a 7% de los presupuestos del estado y los gastos sociales aumentaron del 12% al 25%. La deuda pública descendió a su nivel histórico más bajo en relación al PIB: 22% en 2011. Se aumentaron salarios y pensiones, mejoraron las condiciones de vida, paro y contratos precarios disminuyeron y decreció la pobreza. Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe), Ecuador es el segundo país latinoamericano que ha reducido más su pobreza: 9 puntos menos. En 2011, 650.000 personas salieron de la pobreza.

No pagar la deuda externa no es malo. Es una legítima y excelente opción.