La ofensiva del poder económico-financiero contra la democracia

Los tratados de libre comercio, y en especial el TTIP (entre EEUU y la Unión Europea), son una seria amenaza para el pueblo trabajador. Ese TTIP supondrá, por ejemplo, una violación sistemática de derechos de los trabajadores, porque EEUU no acepta las reivindicaciones básicas de derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo y la armonización de normas negociada en el TTIP será a la baja. Se impondrá la postura estadounidense de no reconocer la mayoría de derechos laborales. Porque quienes negocian ese tratado consideran los derechos de los trabajadores “barreras” para el libre comercio.

Además, el TTIP prevé crear un “consejo de cooperación reglamentaria” que podrá determinar si los proyectos de ley de los gobiernos perjudican intereses de empresas transnacionales. Y hacerlos retirar, pasándose por el arco de triunfo la soberanía de los legítimos parlamentos que legislan. Además quieren crear unos pretendidos tribunales internacionales para conflictos entre inversores (grandes empresas, corporaciones transnacionales) y gobiernos. Pero hay trampa. Únicamente pueden demandar las empresas y esos ‘tribunales’ solo son tríos de abogados privados carísimos sin ningún mandato ni legalidad democráticos. Una mafia cerrada de hecho.

Por otros tratados bilaterales (que también establecen esos falsos medios de resolución de conflictos), tenemos un amplio conocimiento de como actúan esos falsos tribunales: dictando sentencias mil millonarias de indemnizaciones contra los Estados por pretendidos perjuicios a los beneficios de las empresas. Le pasó al gobierno de Uruguay, por ejemplo, demandado y sancionado por uno de esos falsos tribunales con una multa enorme por decretar que se informará en los paquetes de cigarrillos que el tabaco perjudica la salud.

Pero, como si el Tratado no fuera bastante amenaza, la Comisión Europea pretende crear una Unión de Mercados de Capitales. Para financiar empresas. Dicen. Mercados de capitales no son bancos ni tienen oficinas o sucursales en pueblos y ciudades. Son fondos de inversión, fondos buitre, fondos de pensiones, mercados de divisas, mercados de acciones, de bonos, aseguradoras… ¿Que pretende la Comisión?

Según un Libro Verde donde expone su plan, lo prioritario es “detectar y suprimir las barreras y obstáculos que dificultan la financiación de la inversión en la Unión”. ¡Alarma! Porque cuando la Comisión Europea suprime lo que cree impedimentos para la economía, al final lo paga la ciudadanía. Solo hay que repasar los últimos años de historia europea para comprobarlo.

Esa Unión de Mercados de Capitales significaría la completa financiarización de Europa. Es decir, que todo (tangible o intangible, con valor presente o futuro) se puede comprar y vender como producto financiero. Productos del trabajo y servicios transformados en activos financieros. Para especular. No olvidemos que el aumento del hambre en 2008 (con las muertes consiguientes) fue por la especulación con precios de alimentos básicos en los mercados de capitales.

La historia reciente demuestra cuán destructora ha sido la financiarización de la economía, porque va acompañada de la desregulación. Y ya sabemos cuánto cuesta la ausencia de reglas. Por cierto, en el Libro Verde de la Comisión, la regulación de la actividad financiera y el control de los mercados de capitales brillan por su ausencia, no se propone en lugar alguno regular y controlar capitales y transacciones financieras.

Esta crisis es consecuencia directa de la financiarización desregulada. Para los olvidadizos, empezó con una masiva titulización de activos (agrupación de activos financieros en un nuevo producto). Se les llamó títulos ‘tóxicos’ porque contenían préstamos hipotecarios incobrables, camuflados hábilmente en los títulos con otras deudas. ¿Resultado? La mayor crisis de la historia del capitalismo. Billones de euros aportados por los estados para salvar a la banca del hundimiento y pretexto para una austeridad criminal que ha empobrecido a más de medio mundo. Por eso saltan las alarmas al saber que la Comisión tiene como objetivo prioritario “fomentar la titulización de alta calidad” con esa Unión de Mercados de Capitales. ¿Qué otras burbujas no estallarán?

Si se crea la Unión de Mercados de Capitales, y no se impide la firma del TTIP, Europa retrocederá a la Edad Media política. Porque las soberanías nacionales se irán por el desagüe y la ciudadanía y los Parlamentos no pintarán nada. Los mercados decidirán más que nunca y la democracia se convertirá en ritual, liturgia. Atados de pies y manos Parlamentos y Gobiernos por el TTIP y la libérrima actuación de los mercados, unos pocos decidirán lo que a todos atañe en función de los intereses de esa minoría. Porque el poder económico y financiero no quiere que la ciudadanía haga valer sus derechos con los medios que la democracia proporciona. Porque va contra sus beneficios. Ya no recurren a golpes de estado violentos ni a dictaduras militares. De momento. Pero asaltan la democracia con el rodeo de los tratados y la financiarización total. Para vaciarla de contenido.

Y para que no haya duda alguna al respecto, recuerdo aquí que en mayo de 2013 un informe de la poderosa banca de inversión JP Morgan Chase reclamaba derogar las Constituciones Democráticas que se aprobaron tras la Segunda Guerra Mundial en algunos países europeos e imponer regímenes autoritarios en su lugar.

Democracia y poder económico y financiero son directamente incompatibles. Algo tendremos que hacer.

Un régimen de opresión y saqueo llamado deuda

Medios de comunicación, portavoces gubernamentales y servidores de la élite económica en España pregonan el peligro de la cuantiosa deuda pública y la culpable responsabilidad colectiva en la misma: la estúpida falacia de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Tan es así que un Gobierno pretendidamente socialista reformó con alevosía la Constitución, sagrada e intocable para otras cuestiones, con un artículo 135 que proclama que “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública (…) se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. ¡En la Constitución!

El endeudamiento público no ha sido por vivir por encima de nuestras posibilidades sino utilizado por el poder financiero para saquear recursos públicos. Pero el adormecedor mantra repetido una y otra vez es la relación de la deuda pública con la crisis. Y por eso presionan para reducirla con recortes sociales y más recortes. Pero la deuda pública no es causa de la crisis. En años anteriores a la misma, la deuda pública española era de las más bajas de Europa.

La deuda pública ha crecido por una política fiscal regresiva al servicio de la élite económica y por un gigantesco y continuo fraude fiscal de grandes empresas y capitales. Más el cuantioso rescate de una banca privada potencialmente quebrada. España es modélica en el saqueo que es convertir deudas privadas en deuda pública.

Conviene recordar ahora que en los 70 del siglo pasado arrancó la nueva versión del capitalismo que llamamos ‘financiarización’. Reducir a producto financiero especulativo cualquier valor, bien o servicio que pueda ser vendido y comprado, hoy o mañana. Mientras se extiende el uso y abuso del apalancamiento: endeudarse hasta las cejas para especular mucho más allá del patrimonio habido.

El endeudamiento se convirtió en motor principal de una economía de humo. Se creó dinero de la nada, porque la gran banca daba abundantes créditos baratos, sobre todo a los estados y, en una década, la deuda pública se multiplicó por siete.

¿Irresponsabilidad económico-financiera? No. Nuevo régimen para aumentar los beneficios de la élite económica que el marxismo denomina “clase dominante”. La deuda ya es un régimen que “el poder financiero utiliza para saquear los recursos públicos y atacar los derechos humanos”, denuncia Maria Lucia Fattorelli, auditora fiscal e impulsora del movimiento ciudadano global de auditoría de la deuda.

Por medio de organismos internacionales nada democráticos (FMI, BCE, OMC u OCDE), el régimen de la deuda impone ajustes presupuestarios, contra-reformas fiscales, laborales, de pensiones públicas, de control de inflación, “ingeniería financiera” y cambio de leyes nacionales en beneficio del sector financiero y de la prioridad del pago de la deuda. Mientras, los grandes medios de “información” ocultan, manipulan y desinforman sobre la realidad económica y financiera y maquillan sus graves consecuencias sociales.

Así pretenden ocultar la responsabilidad de la banca privada en la crisis financiera. Y luego FMI, BCE y OCDE presionan para asegurar la transferencia de recursos públicos a los bancos privados responsables de esta poliédrica crisis. Porque la élite económica logró enormes beneficios con el creciente endeudamiento que hinchó las burbujas inmobiliaria y financiera e hizo imparable la crisis.

De todo se tiene cumplida experiencia en el Reino de España. Como denuncian Gerardo Pisarello y Jaume Asens, “cada nueva contrarreforma laboral, cada propuesta de retraso de la edad de jubilación, cada recorte de derechos sociales se ha presentado como imprescindible para pagar las deudas y obtener más fondos”.

La deuda pública era apenas 40% del PIB en 2006 y hoy es 96%. ¿Por qué tal aumento? Por un generoso rescate bancario. Lo último es que el Gobierno regala 40.000 millones de euros a la banca privada por activos fiscales diferidos. Es evidente que aumentar en cinco años casi un 60% el volumen de la deuda pública respecto al PIB no ha sido por estímulos para que la economía real se recupere ni para satisfacer los derechos sociales de la ciudadanía.

¿Hasta dónde llegarán los explotadores del régimen de la deuda? Hasta donde les dejemos, pues son insaciables. Una primera respuesta son las auditorías ciudadanas de la deuda pública. Para determinar su origen, conocer quiénes son poseedores de deuda y cuánta. Y qué parte es ilegítima. Extender el conocimiento de esos hechos y no pagar deuda pública hasta averiguar cuánta es ilegítima. Eso para empezar.