¿España 2017 o Chicago años 30?

Volviendo sobre la dicha cuestión catalana, es llamativo el análisis de la misma de Matthew Parish, abogado suizo estudioso de conflictos étnicos y nacionales que fue miembro del personal de mantenimiento de la paz de la ONU.

Matthew Parish relaciona el conflicto desatado desde el referendo del 1 de octubre en Cataluña con el pago catalán de impuestos que considera esencial para el gobierno del Partido Popular: le permite pagar los cuantiosos intereses de la enorme deuda pública. Deuda que ya suma un billón de euros. Y añade que “de persistir la incertidumbre sobre el futuro de Cataluña, espina dorsal económica y fiscal de España, el impago de bonos de deuda españoles podría tener efectos devastadores. La economía española es demasiado grande para quebrar y la UE no puede permitirse rescatar la cuarta economía de la eurozona”. Por eso han insistido en que las elecciones catalanes fueran cuanto antes. Para desbloquear la situación.

Más allá de cuanto exagere o yerre Parish, sí hay relación entre fiscalidad, deuda, corrupción y crisis catalana. Desde hace tiempo, Cataluña reclama un modelo fiscal semejante al de Euskadi y Navarra, denominados Territorios Históricos en la Constitución. Disponen éstos de agencias tributarias que recaudan los impuestos en su territorio autonómico y entregan al estado central una parte de lo recaudado. Esa parte se negocia cada varios años.

Eso quisiera Cataluña, pero nunca gobierno central alguno del PSOE o del PP ha mostrado el menor interés por atender esa reivindicación. Tal vez por eso Matthew Parish opina que el gobierno de Rajoy “utiliza los ingresos fiscales de Cataluña para financiar sus obligaciones de deuda pública y cualquier cesión de control fiscal a Cataluña u otro nuevo equilibrio fiscal entre Madrid y Barcelona suprimiría la facultad del gobierno de Madrid para sacar más provecho de los catalanes”.

¿Se hubiera resuelto el ‘conflicto catalán’ de negociar otra fiscalidad? Lo innegable es que el PP no parece estar siquiera dispuesto a considerarlo.

Sea como fuere, hay elecciones catalanas dentro de veinticuatro días y, según varios sondeos, los partidos catalanistas (que no solo los independentistas) obtendrán del 58% al 60% de votos. Eso son 78 escaños, cuando la mayoría absoluta del Parlament de Cataluya es de 68. Más que suficiente para formar un gobierno catalanista. Catalanista, que no independentista. Sobre todo ahora que varios dirigentes independentistas (Puigdemont, Mas, Tardá…) han expresado con mayor o menor claridad que quizás se precipitaron y que la independencia no parece por ahora el mejor camino para resolver los problemas de Cataluña.

Como han escrito Raventós y Búster, lo que parecía jugada maestra (artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre) es un error que puede dañar de modo irremediable la carrera política de Rajoy y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España en la primavera de 2018”. Unas elecciones cuyo resultado no favorecería al Partido Popular, vista la evolución del voto a ese partdio en los últimos meses. Un par de sondeos más recientes hablan de empate técnico entre ‘constitucionalistas’ y catalanistas que  el partido de Ada Colau desempataría. No se enteran.  Vista la errática actuación del PSOE de Sánchez, el PSC no puede permitirse el lujo de votar a un candidato del PP o de Ciudadanos como presidente de la Generalitat, porque podría prácticamente desaparecer de Cataluña. No hay ‘bloque constitucionalista’. Solo el deseo irredento de El País y La Razón, que han promovido esos sondeos, de que  la derecha española y españolista  gobierne Cataluña.

En cualquier caso, si quien desempata es el partido de Ada Colau, evidentemente no lo haría a favor del auto-denominado bloque constitucionalista (que solo son PP y Ciudadanos, por cierto).

En el centro del conflicto, en Cataluña, si se cumple la previsión electoral autonómica, el nuevo Govern tras el 21 de diciembre se parecerá bastante al que Rajoy destituyó y encarceló. Si es así, como parece probable, habrá que desfacer entonces muchos entuertos, no habrá duda alguna de que Rajoy ha fracasado con su postura autoritaria y cerrada, y se abriría un nuevo camino para empezar a resolver los muchos problemas de España, enquistada sin salida en el régimen bipartidista del 78.

Pues resulta que el llamado conflicto catalán es parte importante de la crisis de ese régimen del 78, que se va al garete por la austeridad impuesta durante media década, descoyuntado ahora y visto el truco por el desenfreno mediático propiciado por los excesos del gobierno Rajoy ante el 1 de octubre, que han dejado al régimen del 78 con las vergüenzas al aire.

Vergüenzas como las implacables conclusiones de la fiscal del caso Gürtel de financiación ilegal de campañas del PP; la corrupción por sistema que los diversos procesos en marcha airean y afectan a 900 cargos y miembros del PP; las cloacas fascistoides del régimen desveladas por la detención del comisario Villarejo, más las prácticas gangsteriles, como la intervención de Hacienda porque sí en el Ayuntamiento de Madrid, y el vergonzoso convenio con la industria farmacéutica. Con la máxima desfachatez, Hacienda obliga a las Comunidades Autónomas (si piden financiación extra) a comprometerse a enriquecer a las empresas que forman Farmaindustria adquiriendo sus medicamentos de marca y olvidándose de los medicamentos genéricos, más baratos y tan eficaces. Rigurosamente cierto.

Me llegan recuerdos intensos del Chicago de Al Capone en los años 30 del siglo XX.

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Lo que no se ve tras el conflicto entre gobierno PP e independentistas

Llevamos todo un trimestre con una agitación política y mediática que no cesa a propósito del conato (que en realidad no fue) de proclamar el señor Puigdemont, la independencia de Cataluña. Y ahí cabe alguna precisión que otra sobre la verdadera entidad del conflicto (que haberlo, haylo).

La crisis en Cataluña se ha utilizado también para que muchas noticias relevantes que tenían que haber alterado ánimos ciudadanos hayan pasado como si no hubieran sido. Por ejemplo, el final del juicio del caso Gürtel, en el que, según concluyó la fiscal anti-corrupción, Concepción Sabadell, “ha quedado abrumadora y plenamente acreditada la existencia de la caja B del PP” que financió al partido. Una caja B que acumulaba el importe de las comisiones ilícitas al Partido Popular por adjudicar obra pública y contratos también públicos

También caso Gürtel, poco ha destacado que el inspector-jefe, Manuel Morocho, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación de la trama Gürtel , haya declarado que hubo presiones y querellas contra la UDEF para frenar la investigación, que la financiación irregular del PP es “corrupción en estado puro” y que dirigentes como Mariano Rajoy cobraron sobresueldos en negro.

Sorprendentemente (o no) esa noticia no ha salido en las portadas del País, ni de ABC, ni de El Mundo, ni de La Razón ni, por supuesto, en los sumarios de los telediarios de TVE. Los titulares han sido mayoritariamente sobre y contra los independentistas catalanes.

Tampoco ha destacado la prensa que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las investigaciones contra el ex-vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero, por haber creado “sociedades en el extranjero para defraudar a la Hacienda Pública“.

Y no se ha visto bastante que Alberto Ruiz Gallardón está imputado por prevaricación y falsedad documental en el supuesto y delictivo “desvío de fondos” para comprar una filial latinoamericana del Canal Isabel II.

Entre otras cosas tampoco ha destacado de modo suficiente (que debiera) que el Gobierno Rajoy reduce por tercer año consecutivo la inversión en Sanidad, Educación y Protección Social, mientras la deuda pública alcanza el billón de euros. Tampoco se ha destacado que el gobierno Rajoy ha tirado a un cajón la muy necesaria ley de reforma hipotecaria que había de acabar con el aumento de desahucios injustos sin alternativa para la gente desahuciada.

Pero tal vez lo peor sea que ministros de Rajoy admitan que se podrían devolver competencias autonómicas al gobierno central en la comisión de reforma constitucional del Congreso. Esos ministros han propuesto una regresión autonómica como opción aceptable. Que por ahí van los tiros lo demuestra la declaración del ministro de Justicia, Catalá, al decir que “algunas políticas, que tuvieron sentido quizás en un momento inicial de consolidación del Estado de las autonomías, ahora manifiestan disfunciones disonantes“. Mientras la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, defiende que “se puede reformar en un sentido o en otro“. Lo que suena fatal y apesta a despótico.

Al final resultará que la derecha rancia, corrupta y autoritaria, directa heredera del franquismo, podría salirse con la suya: volver de facto a un repugnante escenario franquista.

Pero solo será si se lo permitimos.

En tal situación, ante las cercanas elecciones catalanas, hay que empezar por pedir a los independentistas de ERC que, tras haber fastidiado tantas cosas con su ausencia de realismo político, precipitación y pésimo cálculo, olviden la DUI y fantasías semejantes. El objetivo del 21 de diciembre ha de ser una mayoría parlamentaria en Cataluña, pero no independentista sino radicalmente democrática. Para vencer a los que se autodenominan ‘constitucionalistas‘ que no son más que la derecha de siempre que solo acepta el sistema democrático si mandan ellos.

Ese es el objetivo porque, entre otras razones , el enemigo de la ciudadanía y de la clase trabajadora catalana y de todo el Estado no es España sino la clase dominante española que, por cierto, todos estos años se ha dado el pico con la clase dominante catalana hasta noviembre de 2014.

¿En qué cabeza cabe un proceso político en el que van de la mano los muy neoliberales y austericidas recortadores de presupuestos sociales del PdeCAT (antes CiU) con los que dicen ser anticapitalistas de la CUP?

Ahora toca poner en apuros al régimen dinástico bipartidista del 78, que aún respira y puede hacer mucho daño. Y las elecciones al Parlament de Catalunya es un buen modo de hacerlo.

La Troika otra vez contra Grecia

Tras siete años de sufrimiento, brutal aumento de desigualdad y pobreza, la Troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y FMI) ataca de nuevo a Grecia. Sigue el saqueo del pueblo griego, ahora amenazado por un tercer rescate. El primer rescate de Grecia en 2010 en realidad rescató a bancos alemanes y franceses, pues gran parte de los 110.000 millones de euros facilitados por la Troika (a cambio de una austeridad violadora de derechos) fue para “cubrir necesidades financieras de mayo de 2010 a junio de 2013”. Esas necesidades eran el pago de intereses a bancos, sobre todo. Ahora un tercer rescate de Grecia no augura nada bueno para la gente.

En gran medida por un Parlamento y gobierno griegos dispuestos a tragar lo que impongan los bancos y el Eurogrupo. De nuevo cedió el primer ministro griego, Alexis Tsipras, en la reunión de 7 de abril del Eurogrupo. Otra vez el acuerdo impuesto por la Troika deteriora e hipoteca presente y futuro de los griegos. El tercer rescate busca recortar pensiones, vulnera derechos laborales, rebaja salarios y exige nuevas privatizaciones e impuestos a los más desfavorecidos.

Los acreedores, cuyos intereses defiende una Troika implacable, no cejan de exigir austeridad sin concesión alguna, aunque esta vez Tsipras ha osado decir en una entrevista televisiva que “no aplicaremos medidas si no hay solución para la deuda“. Se refiere a reestructurarla y quizás hacer un quita importante. ¿Plantar cara a la Troika? Si no lo hizo hace siete años con un referendo que le dio el 60% de apoyo ciudadano, ¿se atreverá ahora?

De momento el FMI pide más dureza en las que ellos llaman reformas pendientes. Que la Troika reaparezca aterra a los griegos, visto el precio pagado y el que temen pagar. Para la gente común es la imposibilidad de vida digna. Los pensionistas, que sostienen muchas familias, son víctimas prioritarias del nuevo rescate y, aunque seis de cada diez jubilados griegos ya cobran menos de 650 euros mensuales, los voraces acreedores exigen ‘reformar’ las pensiones. Ven el negocio de debilitar las pensiones públicas y promover las pensiones privadas, nada fiables, por cierto.

¿Y qué hacer ante un paro del 30% según los sindicatos? El nuevo rescate exige facilitar los despidos colectivos y suspender los convenios sectoriales. Más paro porque, aunque se crearan empleos, habrá más precariedad, desigualdad y pobreza, como ha sucedido estos siete años. Y encima los insaciables acreedores han hecho la lista de empresas e instalaciones públicas a saquear, perdón a privatizar, como el aeropuerto de Atenas y 40 centrales eléctricas estatales.

La Troika insiste en que esas medidas son para que Grecia cumpla como deudora, sin apuros, pretendiendo la simpleza de que las deudas son intocables y simplemente se han de pagar. Como si no hubiera habido multitud de reestructuraciones de deuda y quitas desde los tempos de Hammurabí hace 3.800 años. En el enfrentamiento de Alemania contra Grecia por la deuda, que es cuestión de fondo, la Troika olvida además que en 1953 diecinueve estados, entre ellos Grecia y España, perdonaron a Alemania la mitad de su deuda. Más aún, por un generoso acuerdo, Alemania Occidental pagaba intereses de su deuda solo con superávit comercial mensual, además esos pagos nunca serían más del 3% del importe de las exportaciones alemanas. Así la deuda no pesó en la economía, Alemania se recuperó y creció.

Rebajar la deuda de la derrotada Alemania fue decisión política de los vencedores en la II Guerra Mundial, sobre todo de EEUU. Declarada la guerra fría por el presidente Truman en un discurso de marzo de 1947, EEUU decidió que necesitaba una Alemania Federal fuerte en la frontera con Checoeslovaquia, Alemania Democrática y demás países del área soviética.

Años después, continuó la promoción económica de Alemania con la creación del euro, que beneficia sobre todo a ese país. Entonces se aplicaron tipos de interés muy reducidos para que Portugal, España y Grecia, sobre todo, pudieran pedir préstamos a Alemania y así poder comprar sus productos exportados, alimentar una burbuja inmobiliaria nacional e impulsar entonces el crecimiento de Alemania ya reunificada.

Constatado lo anterior, cabe calificar de obscena la actuación con Grecia del Eurogrupo, de Alemania y de la Troika. Ni los gángsteres de los años 20 y 30 del siglo pasado en Chicago fueron tan amorales.

Gobiernos y bancos centrales usan un doble rasero indecente

Ante el debate de los Presupuestos Generales del Estado, en España medios informativos hablan de ‘techo de gasto’. En román paladín significa que se dedicará menos dinero a partidas sociales, que la gente necesita para asegurar sus derechos a la sanidad, a la educación, a la protección social… Y en Oviedo hubo el I Encuentro Municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes, que reunió a más de 700 concejales, alcaldes y diputados regionales.

Ambos hechos tienen que ver con cuentas públicas, ayudas, deuda, déficit e ingresos. En Oviedo acordaron cuestionar las deudas ilegítimas de los ayuntamientos para poder anularlas y financiar servicios esenciales para la ciudadanía. Porque se va mucho dinero en pagar intereses de deudas ilegítimas. Mientras el gobierno del Partido Popular agobia a municipios y comunidades autónomas exigiendo reducir el déficit.

El acoso gubernamental se concretó con un Plan de Pago a Proveedores de Ayuntamientos y un Fondo de Liquidez Autonómico. Pero no son medios para ayudar a municipios y autonomías. Se beneficia la banca porque, cuando ayuntamientos y autonomías piden préstamos para pagar a creedores o disponer de liquidez, los intereses que les imponen los bancos son 26 veces los que el Banco Central Europeo (BCE) aplica a esos mismos bancos. De que pasta está hecho fiscalmente este gobierno del Partido Popular lo muestra que el ministro de Hacienda Montoro amenazara con medidas punitivas al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, por reducir 1.074 millones la deuda municipal de Madrid y aumentar el gasto social casi 27 % con los intereses ahorrados.

Mientras tanto, el BCE dedica grandes sumas a compras de bonos de deuda. Algo que se repite desde el inicio de la llamada crisis. Por supuesto, los principales beneficiados han sido los bancos, pero ahora el BCE da un paso más y compra bonos corporativos, deuda de grandes empresas; de hecho préstamos baratos a las corporaciones.

Aunque no se desvelan oficialmente esas empresas, el Observatorio Corporativo de Europa ha revelado que esas compras de bonos benefician a empresas petroleras, de gas, fabricantes de automóviles, fabricantes de coches de lujo, constructores de autopistas, productores de champán y fabricantes de juegos de azar. Empresas como Shell, Repsol, BMW, Daimler AG, Renault, Fiat y Ferrari, por ejemplo. Incluso Volkswagen, con sus reiteradas falsificaciones de emisión de gases invernadero de sus automóviles. No solo no les multan sino que les prestan.

Otras corporaciones beneficiadas son Estonio Eesti Energia (mina estadounidense de arenas bituminosas, la energía más sucia), Ryanair (infame por su desprecio de derechos laborales), Gas Natural (que corta luz y calefacción cuando la gente se retrasa en el pago), la italiana ENEL (que construye presas en América del Sur que dañarán esas tierras) y Thales, que fabrica misiles. Vistas las empresas favorecidas, el BCE en realidad apoya a empresas que contribuyen al cambio climático.

El Programa de Compras de Valores Corporativos del BCE ya había concedido a varias corporaciones en cinco meses 46.000 millones de euros comprando bonos de deuda. Y comprará 125.000 millones de euros más el próximo año. Suma considerable, inaccesible a las Pymes, por cierto. Porque al BCE no le da la gana.

Mientras tanto, la evasión y elusión de impuestos, que restan necesarios ingresos públicos, campan a sus anchas en España, en Europa. Tras saber que grandes corporaciones (Apple, Google…) han dejado de pagar un montón de dinero de impuestos que deberían, Amancio Ortega, el hombre más rico de España, ha logrado que sus empresas no paguen de 2011 a 2014 en varios países en los que actúan casi seiscientos millones de euros. Gracias a ingeniería financiera contable, según informe de los Verdes del Parlamento Europeo. Zara, por ejemplo, eludió pagar más de 218 millones en España

Y eso sucede cuando el FMI, inasequible a la razón y a la justicia, pide a España que revise el gasto en Educación y Sanidad; es decir, que recorte esas partidas y, además, que suba los IVA reducidos de productos necesarios. Es el mismo FMI cuyos análisis y medidas durante 30 años agudizaron las crisis en vez de frenarlas. Así lo afirma Olivier Blanchard, que fue economista jefe de la entidad, en el informe “Errores de pronóstico de crecimiento y multiplicadores fiscales” que, si no lo han quitado, está en la web del FMI. Pero ellos, a lo suyo: recortar gastos, rebajar inversiones sociales y subir impuestos indirectos, los más injustos.  En una palabra, impulsando crisis.

Contra la deuda como modo de dominio, auditorias ciudadanas

Los países siempre se han endeudado, pero hoy la deuda pública es un medio de dominio de la minoría que controla economía y finanzas. Ya en los noventa se utilizó la deuda para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, hoy la utilización torticera de la deuda amenaza a países de Europa y deteriora el estado de bienestar. La minoría utiliza deuda y control del déficit como cepos con la complicidad de gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI.

Los países piden prestado a los bancos porque la recaudación estatal es insuficiente. Es así porque desde los ochenta del siglo XX grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones cada vez pagan menos impuestos, mientras bancos y fondos de inversión especulan con bonos de deuda pública e imponen una destructora austeridad.

Para oponerse a este nuevo autoritarismo, una veintena de asociaciones y movimientos laicos y católicos progresistas italianos crearon en Roma hace unos días el Comité para la Anulación de la Deuda Ilegítima de Italia (CADTM). Comité que se suma a los treinta y seis CADTM que hay en el mundo. Recordemos. En derecho internacional, deuda ilegítima es la que un gobierno ha contraído y utilizado al margen de la ciudadanía o contra ella. Y no se ha de pagar.

Anular una deuda o reestructurarla se hace desde Hammurabi, rey de Babilonia, hace más de 3.800 años. Más cerca, el Acuerdo de Deuda de Londres en 1954 reestructuró la deuda de Alemania con veintiséis países y anulo el 62%. Entre los que perdonaron deuda estaban España y Grecia. Pero la Alemania actual les impone austeridad sin concesiones. Sin embargo, la Historia muestra que reestructurar deudas o anularlas es una actuación necesaria y útil económicamente. La deuda ha devenido problema con la crisis, porque quienes dirigen le economía juegan sucio, manipulando la prima de riesgo de los bonos de deuda pública, por ejemplo.

En febrero de 2009, ante la gravedad del desastre económico, el G20 acordó en Londres dedicar un billón de dólares para ayudar a países con dificultades, acabar con la crisis, luchar contra los paraísos fiscales y controlar los bancos. Ningún propósito se ha cumplido.

La enorme cantidad de dinero que el G20 prometió no fue para ayudar a países con dificultades sino para salvar a los bancos que habían provocado el desastre financiero. Entre tanto los paraísos fiscales, cómplices de la evasión de impuestos que debilita a los Estados, campan impunes mientras bancos y mercados de capitales entran a saco en los países con la deuda como ariete y hacen tambalear sus economías.

Oponerse a la deuda o vivir sojuzgados por ella. Esa es la cuestión. En España, el pago de intereses supera los 30.000 millones de euros anuales. ¿Qué harán? ¿Más recortes de servicios? ¿Menos derechos? Una falacia neoliberal recurrente en Europa es que las deudas de los Estados aumentaron por exceso de gastos sociales. Falso. Las deudas de los Estados crecieron en Europa por culpa del tratado de Maastricht que prohíbe al Banco Central Europeo (BCE) prestar a los países de la Unión. Si el BCE hubiera prestado dinero a España al 1% de interés (como lo presta a la banca privada), la deuda pública española sería inferior al 20% del PIB, no el 100% actual. Esta Unión Europea fuerza a los Estados a financiarse con la banca privada cuyos préstamos son más caros que los del BCE. El tratado de Maastricht garantiza el negocio de la banca.

Peor aún es que los enormes beneficios y ahorros de las clases ricas por intereses de préstamos bancarios a Estados, rebaja salarial incesante y evasión de impuestos, son para especular, no para financiar economía productiva. Por cada dólar para economía productiva, la minoría dedica 60 a especular con productos financieros.

Ecuador tenía la mayor partida presupuestaria para deuda pública de Sudamérica. Un 40% de gasto estatal para pagar intereses, mientras gasto de sanidad y educación se reducía al 15%. El Presidente Correa impulsó una rigurosa auditoría de la deuda y, averiguadas las deudas ilegítimas, decidió no pagarlas. Así pudo dedicar más dinero a gasto social (que es respetar derechos) y productivo. Las auditorias ciudadanas de la deuda son un buen camino para que la deuda pública deje de ser un problema.

Sigue el saqueo y quieren enterrar la democracia en la Unión Europea

Miles y miles de griegos protestan en las calles y van a la huelga en defensa de sus derechos. Da igual. El Parlamento griego aprueba la reforma de las pensiones. La pensión mínima para quienes hayan cotizado 20 años, 384 euros y 346 para quienes hayan trabajado menos de 15 años. ¿Quién puede vivir con esa miseria? Casi la mitad de pensionistas griegos recibe una pensión inferior a 665 euros, por debajo del umbral de pobreza señalado por la Unión Europea (UE). Y además la reforma rebaja las pensiones actuales del 2% al 50% y las futuras del 5% al 12%. El primer ministro griego Tsipras encima tiene la desfachatez de decir que así preservan el estado de bienestar. ¡Cuánto ha decepcionado Siryza!

La pretendida reforma (reformar es modificar algo para mejorarlo y aquí nada mejora) provocará el sufrimiento de millones de personas. Porque en Grecia más de la mitad de hogares dependen de una pensión. ¿Qué les queda tras la ‘reforma’? Tanta iniquidad para que Grecia ahorre 5.400 millones de euros anuales. Lo exige la UE.

La prioridad no es la gente, sino pagar la deuda. Como explica Ernesto Ruiz Ureta, “en los países europeos pagar los intereses de la deuda pública es una de las partidas más importantes de los presupuestos generales del Estado, esquilmando así la posibilidad de dedicar recursos a sanidad, educación y prestaciones sociales e impidiendo mejorar ”.

Tal vez por eso el Papa Francisco recién se preguntaba qué le ha pasado a Europa y sueña con una Europa que socorra al pobre y a quien necesita refugio, donde ser inmigrante no sea delito y los derechos humanos no sean solo un recuerdo.

Es necesaria otra Europa que cambie especulación, corrupción, fraude fiscal y deuda por una economía para las personas. Pero quienes detentan el poder no van por ahí. No solo en Grecia. En España amenazan más recortes de miles de millones. Y en Francia crece el movimiento ‘debout la nuit’ contra los destructores recortes neoliberales que el gobierno presuntamente socialista de Hollande y Valls quiere imponer. Medidas como las del derechista partido Popular español. En beneficio de pocos.

Lo obsceno es que se perjudica a millones de personas para que los acreedores cobren los intereses del dinero prestado. Dinero prestado para rescatar a bancos, por cierto, no en beneficio de la gente. El resto de la retórica son pretextos baratos. Nada que ver con la tozuda realidad. Sus beneficios por encima de los derechos de la ciudadanía.

En los últimos años el poder económico y político de la UE aprovecha la crisis torticeramente para perpetrar una ofensiva que desposea de derechos y rentas sociales a la ciudadanía. Recortes y más recortes, privatización de servicios públicos, pérdida de derechos sociales y laborales, tibieza o algo peor ante el fraude fiscal que erosiona el estado de bienestar… Solo les falta privatizar el aire en ese ataque sistemático contra libertades y derechos.

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad han sido los sayones que han obligado a pasar por las horcas caudinas a los países endeudados. En algún caso, como el de España, hasta cambiar la Constitución para asegurar el pago de intereses.

La situación es mala, pues en los últimos años ha aumentado el poder del sector financiero y de la alta burocracia a su servicio. A la chita callando han construido un armazón de toma de decisiones ajeno a todo procedimiento democrático, prescindiendo del voto ciudadano y relegando los legítimos intereses del pueblo trabajador al furgón de cola.

La crisis no es por desgracia ni por azar. Es fruto de la codicia desbocada de unos pocos que, pasado un primer momento de pánico, vieron que esa crisis podía ser una vía para saquear a la ciudadanía. Y, recortando o suprimiendo derechos y servicios públicos, han crecido de modo obsceno las fortunas de una reducida minoría.

Pero no tienen bastante y, para detener la reacción ciudadana, pretenden enterrar la democracia. En eso están. ¿Por qué, de otro modo, el oscuro Junckers, presidente de la Comisión Europea, aseguraba sin rubor alguno que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”? Porque nunca les ha interesado la democracia (que, por cierto, significa ‘gobierno del pueblo’), pero ahora están netamente en contra.

De nosotros, ciudadanía, depende que no se salgan con la suya.

Sigue el atropello de la Unión Europea a la ciudadanía con la austeridad

La organización global CADTM (Comité Ciudadano para Anular la Deuda del Tercer Mundo) demostró en los años 90 que la deuda pública del Tercer Mundo era ilegítima e ilegal y, por tanto, inaceptable. Hoy en la Unión Europea la deuda es un arma letal en manos del poder financiero a través de sus esbirros euroburócratas y, mientras la Unión concede a España un año o quizás dos para reducir su déficit público, machaca implacable a Grecia.

Ningún país de la Unión puede siquiera dudar de la política de austeridad, reducción del déficit público y religioso pago de la deuda. Ni soñar con moratorias, reestructuraciones o quitas. Aunque las políticas de austeridad y pago de deuda supongan frenazo económico, crecimiento ridículo, más paro o trabajo precario, desigualdad obscena y más pobreza.

Grecia tiene superávit primario, porque ingresa más por impuestos que lo que gasta en pagar a funcionarios y financiar políticas. Pero tiene déficit final, porque ese superávit se lo come el pago de intereses de la deuda. Si pagará menos intereses, no tendría déficit. O si el interés a pagar fuera tan bajo como el que el BCE concede generoso a la banca por inyectarle millonadas de liquidez.

¿Que Grecia tenga déficit por abonar intereses mueve a sus ‘acreedores’ a ofrecer un pago más llevadero? Evidentemente, no. Y además exigen ‘reformas’. Que en román paladino significa que una amplia mayoría de la ciudadanía griega verá vulnerados sus derechos y lo pasará peor. Los principales acreedores de Grecia, por cierto, son FMI, BCE y eurozona. Tienen casi el 80% de la deuda griega.

Hablando de déficit, cabe señalar que España tiene déficit primario, porque lo recaudado con impuestos es menos que lo que gasta. Más 30.000 millones de euros de pago anual de intereses de deuda. El déficit español es considerable y su deuda, mayestática.

¿Por qué ese diferente trato con Grecia y España? Porque el gobernante Partido Popular (como el gobernante PSOE con Zapatero) no cuestionan la política de austeridad de la Unión Europea. Grecia lo hizo y, aunque luego cedió, ha sido atropellada para escarmiento de terceros. Ahora el FMI pide más ‘progresos’ para que los acreedores (que son ellos) concedan un tercer rescate. Sin más ‘reformas’ no hay rescate.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha remachado que solo habrá acuerdo de acreedores’ (ellos) y Gobierno griego si éste hace las reformas pendientes. Y cuando los burócratas de la UE o del FMI piden ‘reformas’, la gente común ha de apretarse el cinturón. Para que no suene a extorsión (que es lo que es), Moscovici hace un brindis al sol y dice que “se necesita un paquete de reformas creíbles, económicamente adaptadas, financieramente sostenibles y socialmente justas”. Increíble la desfachatez de esos euroburócratas.

Muy comprensiva, esa ‘troika’ reconoce la dificultad de “grandes reformas fiscales y de las pensiones” que el gobierno griego ha de hacer sí o sí. Las de las pensiones se traducirán en pensiones aún más reducidas y más dificultades para obtenerlas. Y las ‘grandes reformas fiscales ‘ supondrán que quienes más tienen paguen mucho menos de lo que deberían. Quien pagará más será el pueblo trabajador, mientras el capital pagará impuestos de chiste por sus rentas. Si paga.

Austeridad, rebaja del déficit, recortes presupuestarios, reducción de pensiones y demás obscenidades… lo paga el pueblo trabajador. Millones de griegos en estado crónico de incertidumbre y amenazados por la pobreza. No se merecen eso. Harvey tiene razón cuando explica que, además de la explotación de siempre por la que la minoría dominante se queda con el beneficio del esfuerzo del pueblo trabajador, hoy además le arrebata lo conseguido tras siglos de lucha: servicios públicos, derechos humanos sociales y económicos, dignidad…

La buena noticia es que la austeridad presupuestaria empieza a considerarse delictiva. En España, un fiscal ha acusado de homicidio imprudente a dos altos cargos de la consejería de sanidad del gobierno autónomo de Galicia. Por no proporcionar medicamentos contra la hepatitis C que evitaría la muerte. Fármacos negados por “razones presupuestarias”.

Por cierto, ahora recordemos que el informe de la auditoría de la Comisión Especial de la deuda griega demostró que gran parte de esa deuda es inmoral, ilegítima e ilegal. Y recomendó no pagar varios tramos de la misma.