Dos años de ley Mordaza en España, el autoritarismo se cierne sobre Europa

La ley de seguridad ciudadana española, motejada ley Mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron dos años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea. Un autoritarismo propiciado por la crisis y porque la minoría que detenta el poder económico la necesita para imponer sus políticas de austeridad y desguazar la democracia por medio de tratados bilaterales y bribonadas semejantes para aumentar sus beneficios incesantemente. Un autoritarismo presente en más países de la Unión, no solo España, de modo preocupante en Hungría, Bulgaria y Polonia y con retrocesos democráticos alarmantes en Reino Unido o Francia. La lucha antiterrorista (denominada hoy antiyijadista) ha sido además en los últimos años pretexto para hacer recular los derechos humanos de la ciudadanía.

Un comunicado público de Jueces y Juezas por la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, SOS Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas ha denunciado las graves consecuencias de esa ley para los derechos humanos de la gente. El comunicado acusa a la ley Mordaza de una buscada ambigüedad que deja a la ciudadanía indefensa ante la policía. Aún peor, al reducir las antaño faltas penales a infracciones administrativas, suprime la figura del juez como garante de derechos de la gente y son los agentes de policía, cual si fueran jueces, quienes tienen la potestad de determinar qué hechos son sancionables y multar por ello. En la práctica cotidiana, esa situación supone cercenar las libertades de expresión, manifestación y reunión.

Lo que en verdad ha sucedido en el Reino de España es que, al aplicarse los enormes grandes sociales exigidos por la Unión Europea para reducir el déficit público, la respuesta ciudadana ha sido movilizarse, organizarse y protestar llenando calles y plazas. El gobierno y las élites económicas se inquietaron y alarmaron ante el volumen e intensidad de esa protesta desde mediados de 2011 y se sacaron de la manga esa ley Mordaza para frenar las movilizaciones.

Con la ley Mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma. ¿Quién determina si hay falta de respeto o desobediencia a la policía? La misma policía. Esa arbitrariedad propició el año pasado que la policía impusiera casi 20.000 multas por pretendidas faltas de respeto a agentes de los Cuerpos de Seguridad y 12.000 más por desobediencia a la autoridad.

La ley Mordaza sanciona, por vía administrativa (que en realidad no permite defensa) y las multas pueden llegar a ser de 600.000 euros. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado con datos del Ministerio del Interior que se han puesto más de 285.000 multas por las que han recaudado más de 130 millones de euros pagados la ciudadanía multada. Además, Amnistía Internacional ha denunciado documentádamente el uso excesivo de la fuerza por la policía española contra manifestantes pacíficos y que muchos de esos manifestantes han sido acosados, golpeados, detenidos y enfrentados a multas e incluso a cargos penales. Mimbres de un nuevo autoritarismo.

Que la ley Mordaza era innecesaria es convicción de las asociaciones de jueces y de fiscales, además de sindicatos policiales. También catedráticos de derecho Constitucional y de derecho Penal la consideran claramente innecesaria. Que España no necesitaba ninguna nueva ley de seguridad ciudadana lo demuestra que es uno de los países europeos con las tasas de delincuencia más bajas. Además de que en las más de 4.000 manifestaciones que hubo en Madrid en 2014 (el año antes de la ley Mordaza) apenas hubo diez incidentes que no fueron graves, según fuentes de la misma policía.

La llamada ley Mordaza es un ataque sistemático a las libertades políticas ciudadanas y recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban su derechos.

La crisis económica y la imposición de austeridad más el indecente y manido recurso al terrorismo (real, pero que tiene otras respuestas) impulsan ese autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea y se infiltra solapado en los Estados.

De no frenar ese taimado autoritarismo que se extiende, la democracia puede llegar a ser solo un recuerdo.

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Contra la deuda como modo de dominio, auditorias ciudadanas

Los países siempre se han endeudado, pero hoy la deuda pública es un medio de dominio de la minoría que controla economía y finanzas. Ya en los noventa se utilizó la deuda para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, hoy la utilización torticera de la deuda amenaza a países de Europa y deteriora el estado de bienestar. La minoría utiliza deuda y control del déficit como cepos con la complicidad de gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI.

Los países piden prestado a los bancos porque la recaudación estatal es insuficiente. Es así porque desde los ochenta del siglo XX grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones cada vez pagan menos impuestos, mientras bancos y fondos de inversión especulan con bonos de deuda pública e imponen una destructora austeridad.

Para oponerse a este nuevo autoritarismo, una veintena de asociaciones y movimientos laicos y católicos progresistas italianos crearon en Roma hace unos días el Comité para la Anulación de la Deuda Ilegítima de Italia (CADTM). Comité que se suma a los treinta y seis CADTM que hay en el mundo. Recordemos. En derecho internacional, deuda ilegítima es la que un gobierno ha contraído y utilizado al margen de la ciudadanía o contra ella. Y no se ha de pagar.

Anular una deuda o reestructurarla se hace desde Hammurabi, rey de Babilonia, hace más de 3.800 años. Más cerca, el Acuerdo de Deuda de Londres en 1954 reestructuró la deuda de Alemania con veintiséis países y anulo el 62%. Entre los que perdonaron deuda estaban España y Grecia. Pero la Alemania actual les impone austeridad sin concesiones. Sin embargo, la Historia muestra que reestructurar deudas o anularlas es una actuación necesaria y útil económicamente. La deuda ha devenido problema con la crisis, porque quienes dirigen le economía juegan sucio, manipulando la prima de riesgo de los bonos de deuda pública, por ejemplo.

En febrero de 2009, ante la gravedad del desastre económico, el G20 acordó en Londres dedicar un billón de dólares para ayudar a países con dificultades, acabar con la crisis, luchar contra los paraísos fiscales y controlar los bancos. Ningún propósito se ha cumplido.

La enorme cantidad de dinero que el G20 prometió no fue para ayudar a países con dificultades sino para salvar a los bancos que habían provocado el desastre financiero. Entre tanto los paraísos fiscales, cómplices de la evasión de impuestos que debilita a los Estados, campan impunes mientras bancos y mercados de capitales entran a saco en los países con la deuda como ariete y hacen tambalear sus economías.

Oponerse a la deuda o vivir sojuzgados por ella. Esa es la cuestión. En España, el pago de intereses supera los 30.000 millones de euros anuales. ¿Qué harán? ¿Más recortes de servicios? ¿Menos derechos? Una falacia neoliberal recurrente en Europa es que las deudas de los Estados aumentaron por exceso de gastos sociales. Falso. Las deudas de los Estados crecieron en Europa por culpa del tratado de Maastricht que prohíbe al Banco Central Europeo (BCE) prestar a los países de la Unión. Si el BCE hubiera prestado dinero a España al 1% de interés (como lo presta a la banca privada), la deuda pública española sería inferior al 20% del PIB, no el 100% actual. Esta Unión Europea fuerza a los Estados a financiarse con la banca privada cuyos préstamos son más caros que los del BCE. El tratado de Maastricht garantiza el negocio de la banca.

Peor aún es que los enormes beneficios y ahorros de las clases ricas por intereses de préstamos bancarios a Estados, rebaja salarial incesante y evasión de impuestos, son para especular, no para financiar economía productiva. Por cada dólar para economía productiva, la minoría dedica 60 a especular con productos financieros.

Ecuador tenía la mayor partida presupuestaria para deuda pública de Sudamérica. Un 40% de gasto estatal para pagar intereses, mientras gasto de sanidad y educación se reducía al 15%. El Presidente Correa impulsó una rigurosa auditoría de la deuda y, averiguadas las deudas ilegítimas, decidió no pagarlas. Así pudo dedicar más dinero a gasto social (que es respetar derechos) y productivo. Las auditorias ciudadanas de la deuda son un buen camino para que la deuda pública deje de ser un problema.

La directiva de secretos comerciales, un paso más hacia el autoritarismo en la Unión Europea

La Unión Europea ha aprobado una Directiva de Protección de Secretos Comerciales que asegura la opacidad absoluta de las empresas. Podrán perpetrar cualquier irregularidad o maquinación sin temor a que puedan ser desveladas. Casi una cincuentena de entidades sociales y cívicas europeas y globales han denunciado esa norma que define tan amplia y ambiguamente los secretos comerciales que cualquier información interna de una empresa se puede considerar como tal.

Según la directiva, las empresas podrán “demandar a cualquiera que adquiera, utilice o publique cualquier información o documento que se pueda considerar secreto comercial”. La directiva no pretende proteger del espionaje industrial, con lo que la quieren justificar. En la Unión ya hay normas y métodos contra ese espionaje y el robo de ideas. La verdad es que la directiva busca impedir la filtración de datos y hechos que revelen actuaciones y conductas irregulares y delictivas de empresas.

La directiva limita y reduce claramente el derecho a la información al establecer que solo acepta la revelación de prácticas ilegales y delitos si se hace a las autoridades gubernamentales o judiciales. Pero serán perseguidos quienes desvelen esas ilegalidades a medios de comunicación. ¿Cuántas canalladas se hubieran ignorado si trampas, irregularidades y chanchullos perpetrados por directivos y cúpulas empresariales no hubiesen sido difundidos por los medios de comunicación?

Organizaciones sociales y cívicas denuncian que esta directiva vulnera derechos fundamentales de expresión y a la información. Porque la ambigua definición de secretos comerciales permite que una empresa blinde cualquier cosa como “secreto comercial”. ¿Hubieran visto la luz los ‘Papeles de Panamá con esta directiva?

Más indecente aún es que la directiva haya sido elaborada por unos pocos sujetos vinculados a grupos profesionales de presión y bufetes de abogados de lujo a las órdenes de federaciones y asociaciones empresariales europeas y globales. Gentes privadas que encarnan intereses privados han hecho redactar una directiva europea para reprimir a quienes desvelen irregularidades y trampas de empresas.

Es obvio que para esta Unión Europea los intereses económicos están por encima de los derechos. Y no puede ser. La libertad de expresión del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho a investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación por cualquier medio. ¿Qué parte del artículo no entienden los mandatarios de esta UE?

Prohibir la filtración de chanchullos y anomalías empresariales a medios informativos es asegurar la impunidad de las empresas al poder considerarlos ‘secreto comercial’, porque la mayoría de actuaciones delictivas de grandes empresas y corporaciones se han conocido y podido perseguir al ser aireadas por los medios informativos.

La eurodiputada conservadora Constance le Grip dijo en el Parlamento Europeo que la directiva protege “de la manera más clara posible” el trabajo de periodistas y sus fuentes. Pero es falso. Es un cheque en blanco disfrazado de ‘secreto comercial’ para grandes empresas y corporaciones, porque impide la revelación pública de sus manejos sucios.

La Federación Europea de Periodistas considera que la directiva viola la libertad de expresión y es un ataque directo al periodismo de investigación, una de cuyas misiones es destapar delitos e irregularidades de grandes empresas. Y la Federación de Sindicatos de Periodistas la califica como “atentado contra la información”, cuando luz y taquígrafos, transparencia e información, son imprescindibles para que haya democracia de verdad.

Si sumamos esta directiva represora a la pretensión de la UE de aprobar un tratado bilateral con EEUU (el TTIP que dejará inválidos e impotentes a parlamentos y gobiernos); si añadimos el trato a los refugiados que vulnera sus derechos; si tenemos en cuenta que se toman muchas decisiones importantes en la UE sin procedimientos democráticos… cabe concluir que esta UE es cada vez más oligárquica, más autoritaria.

¿Que significa de otro modo la despótica respuesta del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, de que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos” ante el contundente NO del pueblo griego al modo de afrontar la deuda del país? Si democracia es gobierno del pueblo, puede haber las decisiones que sean, siempre que la ciudadanía así lo acuerde.

Mussolini y Franco estarían muy contentos con la deriva de esta Unió Europea, si vivieran.

Plan B alternativo para construir una Europa democrática

El movimiento contra la austeridad presupuestaria cuajó en Europa tras la humillación a Grecia. Una despótica Troika condenó al pueblo griego a la pobreza, incertidumbre y sufrimiento, en tanto seguían los ataques contra el estado social en Europa del Sur con el pretexto de reducir el déficit público. Meses después nacen en Europa propuestas de confluencia de movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y políticas contra la austeridad criminal que impone esta Unión Europea (UE).

Muy oportuno, porque, tras el triunfo del No a la austeridad en el referéndum griego, el nada fiable presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sentenció inapelable que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”. Y así destapó con una nitidez indiscutible la Europa autoritaria. La de la élite gobernante al servicio de la minoría que detenta el poder económico y financiero. Para el presidente de la Comisión los tratados que conforman esta UE son como Dios. Pero hoy, el resultado comprobado de esta Europa bajo la dictadura neoliberal es que los tratados han logrado que los ricos sean más ricos, crezca la desigualdad y aumenten los pobres que son más pobres. Lo peor es que esta Unión utiliza la crisis  para desposeer sistemáticamente a las clases trabajadoras europeas en beneficio del poder económico y financiero. Por medio de sistemáticas rebajas salariales y empeoramiento de las condiciones laborales más brutales recortes sociales de los presupuestos de los Estados, que significan violaciones permanentes de derechos del pueblo trabajador.

Son tres las iniciativas que busca construir una alternativa contra la criminal austeridad de esta Unión Europea: Por un Plan B en Europa, Austerexit y Democracy in Europe Movement 2025 (Diem25). ¿Se organiza por fin la oposición y resistencia europeas contra esta Unión? Veremos. Sus proyectos buscan en primera instancia eliminar el destructor Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno y acabar con el chantaje permanente a los gobiernos nacionales. Sin embargo, no todos quienes están contra la desintegradora austeridad ponen en cuestión el sistema económico que hace posible esta Europa. ¿Es posible cambiar Europa sin cuestionar ni erosionar el capitalismo?

Hay además dos posturas políticas diferentes de esta oposición que parece nacer con ganas de organizarse y crecer. Terminar con el euro y sus estructuras. O democratizar Europa, sin que mantener el euro o no sea prioritario. ¿Será esa diferencia como ocurre en la fábula de Samaniego en la que dos conejos discuten si les perseguían galgos o podencos hasta que los perros los sorprendieron despistados y los devoraron?

Desde luego nada será posible si la ciudadanía no sale a las calles. Cambiar esta Unión Europea no es cuestión de camarillas ni de líderes iluminados. Nada se logrará si organizaciones y movimientos sociales, ciudadanos y políticos no se convierten (metafóricamente) en tropas de asalto por una revolución democrática que construya una nueva Europa. Se podría empezar creando una red de municipios rebeldes y desobedientes y actuar en conjunto, así como trabajar con paciencia y tesón para que los sindicatos europeos se pongan en marcha, abandonen el papel secundario de buen rollito de los últimos años y recuperen la combatividad propia de sindicatos de clase y dejen de ser actores de reparto, extras o figurantes del sistema.

Una primera acción común mostraría la solidez del movimiento de oposición a esta Unión Europea. Por eso, el 28 de mayo, aniversario de la Comuna de París, se ha convocado una gran movilización por otra Europa en más de cien ciudades europeas. El éxito de esta movilización medirá en parte la fuerza del movimiento que nace para romper la actual arquitectura europea.

Es tiempo de construir el proyecto de otra Europa, no de reformas cosméticas. No habrá más justicia ni mas democracia en Europa sin desobedecer las reglas de juego de esta UE hasta eliminarlas. No habrá cambio sin desobedecer ni quebrar la política al servicio del poder financiero. No habrá otra Europa sin cuestionar el sistema capitalista, sobre el que se asienta esta Unión, para construir otro sistema.

El Plan B avanzará si se desobedecen tratados y techos de déficit. Y para logralo es preciso que la gente se mueva. Lo sintetiza Alberto San Juan cuando asegura que “sin movilización en las calles ningún partido cambiará nada. Es tiempo de volver a las plazas”. Esta UE no se arregla con reformas. Porque no es reformable. Es imposible gobernar a favor de la ciudadanía con los tratados y normas de esta Unión. Se necesita una revolución que ha de ser no violenta y democrática radical. Vía difícil, costosa y acaso lenta, pero nunca imposible. ¿Acaso no ha habido cambios en la Historia?

Y no nos confundamos. No es un problema de España contra Alemania o al revés. Es el pueblo trabajador europeo de todos los países miembros contra las élites políticas y económicas que lo explotan. Por eso es momento de tejer alianzas y redes contra la austeridad en España, Italia, Grecia, Portugal… Y sumar más y más para que crezca la desobediencia contra la dictadura de las élites.

Cuando despertó, la banca todavía estaba allí

Cuando las portadas exponen día sí y otro también la grave situación de Grecia y se conoce la conducta propia de macarras de los gobiernos de la eurozona con ese país, conviene recordar que en el origen de todo está la banca. Privada, por supuesto. Tres conclusiones surgen del estudio de la llamada crisis global. Que la banca privada no quebró gracias a las enormes ayudas públicas recibidas. Que  finalmente esa factura la pagó (aún la paga) la gente común con austeridad impuesta y menos derechos. Y que esa banca salvada por lo público no ha hecho nada para que la economía remontara. Salvo enriquecer más a sus directivos. Y ya son ocho años de incertidumbre y economía frenada, mientras crecen desigualdad y pobreza.

El primer socorro al sector financiero fue en otoño de 2008 en EEUU. Nada menos que 250.000 millones de dólares para recapitalizar bancos, medio billón en avales a empresas en crisis, otro medio billón para comprar hipotecas basura y medio billón más para salvar planes privados de pensiones; es decir, para salvar a las empresas privadas aseguradoras (en realidad fondos de inversión especuladora) que hacen negocio con tales planes.

Por su parte, la Unión Europea prestó más de un billón de euros a cientos de bancos europeos hasta febrero de 2012 al 1% de interés. Para salvarlos de la quiebra. Más otros 2 billones de inyección de capital y garantías publicas a la banca. Y hoy los préstamos muy baratos del BCE a bancos continúan.

¿Por qué? Como denunció Ignacio Ramonet, “el poder pasó de los gobiernos a una legión de banqueros tramposos y a los especuladores de Bolsa”, que trafican con cantidades tan enormes que son indecentes. Casi 7 billones de euros en deuda pública de la eurozona, por ejemplo. Sin control ni regulación. Especuladores y banqueros dominan así el cotarro económico y financiero. Por eso, aunque se saben las causas de la crisis que fue una estafa y devino saqueo organizado de bienes, rentas y derechos de la gente común, no se han reglamentado los mercados ni controlado la banca. Ni se intenta. Mandan ellos.

Y entre tanto, como recuerda Andreu Missé por ejemplo, “para una parte significativa de la población española las condiciones de vida no cesan de deteriorarse. Mientras el gobierno proclama eufórico que la economía crece, que se han creado muchos empleos y las exportaciones aumentan, un tercio de la ciudadanía vive el peor momento de su vida. Más de 15 millones de personas y en aumento. Como lo prueba que Caritas, Cruz Roja y los bancos de alimentos tengan que repartir cientos de miles de comidas para paliar el hambre. Una situación inaceptable que puede prolongarse una década, denuncia Caritas.

Un informe que cita Missé, Pobre y bajo presión: el impacto social de la consolidación fiscal en Europa de Zsolt Darvas y Olga Tschekassin, concluye que “los mayores desafíos de Europa hoy son la pobreza, el desempleo y la polarización que deteriora la vida de los ciudadanos”. Es así, sobre todo, porque “el rescate bancario fue muy costoso, limitó recursos fiscales para otros objetivos, perjudicó seriamente la economía y deterioró las condiciones sociales en Europa”.

Que la banca privada está ahí y es sin duda uno de los mayores problemas de la gente común lo remacha Stefan Steinberg. Cita Steinberg el informe El ajuste de la Zona Euro, un trabajo a medias, elaborado por el banco de inversión JP Morgan Chase, publicado a finales de mayo de 2013. Reclama tal documento derogar las constituciones democráticas de algunos países europeos y ser sustituidas ¡por regímenes autoritarios!

Las críticas más fascistas del documento van contra los gobiernos que tardaron en aplicar las medidas de austeridad: Grecia, Portugal, España e Italia. Países en crisis de deuda y, según la delirante opinión de los autores del informe de JP Morgan Chase, cuyos sistemas políticos tienen un fuerte sesgo socialista (??). Por ello y para evitar una revolución social, la banca JP Morgan propone que los gobiernos capitalistas de Europa instauren cuanto antes regímenes dictatoriales en esos países. Increíble, pero no es ficción.

Es evidente que el principal enemigo de la ciudadanía es la banca. Ya lo profetizó Thomas Jefferson hace doscientos trece años: “Los bancos son más peligrosos para nuestras libertades que ejércitos listos para el combate. Los bancos privarán a la gente de toda posesión hasta el día en que despierten sin casa, sin techo”.

La banca privada sigue ahí.

La ofensiva del poder económico-financiero contra la democracia

Los tratados de libre comercio, y en especial el TTIP (entre EEUU y la Unión Europea), son una seria amenaza para el pueblo trabajador. Ese TTIP supondrá, por ejemplo, una violación sistemática de derechos de los trabajadores, porque EEUU no acepta las reivindicaciones básicas de derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo y la armonización de normas negociada en el TTIP será a la baja. Se impondrá la postura estadounidense de no reconocer la mayoría de derechos laborales. Porque quienes negocian ese tratado consideran los derechos de los trabajadores “barreras” para el libre comercio.

Además, el TTIP prevé crear un “consejo de cooperación reglamentaria” que podrá determinar si los proyectos de ley de los gobiernos perjudican intereses de empresas transnacionales. Y hacerlos retirar, pasándose por el arco de triunfo la soberanía de los legítimos parlamentos que legislan. Además quieren crear unos pretendidos tribunales internacionales para conflictos entre inversores (grandes empresas, corporaciones transnacionales) y gobiernos. Pero hay trampa. Únicamente pueden demandar las empresas y esos ‘tribunales’ solo son tríos de abogados privados carísimos sin ningún mandato ni legalidad democráticos. Una mafia cerrada de hecho.

Por otros tratados bilaterales (que también establecen esos falsos medios de resolución de conflictos), tenemos un amplio conocimiento de como actúan esos falsos tribunales: dictando sentencias mil millonarias de indemnizaciones contra los Estados por pretendidos perjuicios a los beneficios de las empresas. Le pasó al gobierno de Uruguay, por ejemplo, demandado y sancionado por uno de esos falsos tribunales con una multa enorme por decretar que se informará en los paquetes de cigarrillos que el tabaco perjudica la salud.

Pero, como si el Tratado no fuera bastante amenaza, la Comisión Europea pretende crear una Unión de Mercados de Capitales. Para financiar empresas. Dicen. Mercados de capitales no son bancos ni tienen oficinas o sucursales en pueblos y ciudades. Son fondos de inversión, fondos buitre, fondos de pensiones, mercados de divisas, mercados de acciones, de bonos, aseguradoras… ¿Que pretende la Comisión?

Según un Libro Verde donde expone su plan, lo prioritario es “detectar y suprimir las barreras y obstáculos que dificultan la financiación de la inversión en la Unión”. ¡Alarma! Porque cuando la Comisión Europea suprime lo que cree impedimentos para la economía, al final lo paga la ciudadanía. Solo hay que repasar los últimos años de historia europea para comprobarlo.

Esa Unión de Mercados de Capitales significaría la completa financiarización de Europa. Es decir, que todo (tangible o intangible, con valor presente o futuro) se puede comprar y vender como producto financiero. Productos del trabajo y servicios transformados en activos financieros. Para especular. No olvidemos que el aumento del hambre en 2008 (con las muertes consiguientes) fue por la especulación con precios de alimentos básicos en los mercados de capitales.

La historia reciente demuestra cuán destructora ha sido la financiarización de la economía, porque va acompañada de la desregulación. Y ya sabemos cuánto cuesta la ausencia de reglas. Por cierto, en el Libro Verde de la Comisión, la regulación de la actividad financiera y el control de los mercados de capitales brillan por su ausencia, no se propone en lugar alguno regular y controlar capitales y transacciones financieras.

Esta crisis es consecuencia directa de la financiarización desregulada. Para los olvidadizos, empezó con una masiva titulización de activos (agrupación de activos financieros en un nuevo producto). Se les llamó títulos ‘tóxicos’ porque contenían préstamos hipotecarios incobrables, camuflados hábilmente en los títulos con otras deudas. ¿Resultado? La mayor crisis de la historia del capitalismo. Billones de euros aportados por los estados para salvar a la banca del hundimiento y pretexto para una austeridad criminal que ha empobrecido a más de medio mundo. Por eso saltan las alarmas al saber que la Comisión tiene como objetivo prioritario “fomentar la titulización de alta calidad” con esa Unión de Mercados de Capitales. ¿Qué otras burbujas no estallarán?

Si se crea la Unión de Mercados de Capitales, y no se impide la firma del TTIP, Europa retrocederá a la Edad Media política. Porque las soberanías nacionales se irán por el desagüe y la ciudadanía y los Parlamentos no pintarán nada. Los mercados decidirán más que nunca y la democracia se convertirá en ritual, liturgia. Atados de pies y manos Parlamentos y Gobiernos por el TTIP y la libérrima actuación de los mercados, unos pocos decidirán lo que a todos atañe en función de los intereses de esa minoría. Porque el poder económico y financiero no quiere que la ciudadanía haga valer sus derechos con los medios que la democracia proporciona. Porque va contra sus beneficios. Ya no recurren a golpes de estado violentos ni a dictaduras militares. De momento. Pero asaltan la democracia con el rodeo de los tratados y la financiarización total. Para vaciarla de contenido.

Y para que no haya duda alguna al respecto, recuerdo aquí que en mayo de 2013 un informe de la poderosa banca de inversión JP Morgan Chase reclamaba derogar las Constituciones Democráticas que se aprobaron tras la Segunda Guerra Mundial en algunos países europeos e imponer regímenes autoritarios en su lugar.

Democracia y poder económico y financiero son directamente incompatibles. Algo tendremos que hacer.

Hay que impedir el tratado entre EEUU y Europa

Se ha conocido una arbitrariedad fascistoide de la Comisión Europea con los diputados del Europarlamento y el tratado libre comercio e inversión (TTIP) que negocian muy en secreto la Unión Europea y Estados Unidos. ¡La UE sólo permite a los eurodiputados leer dos horas el texto negociado del tratado! Para mayor desgracia, prohíbe a los europarlamentarios hablar con nadie del mismo. El corto tiempo de lectura del oscuro tratado ha de ser en una sala segura, sin grabadoras, magnetófonos ni otros dispositivos electrónicos. Ni siquiera papel y bolígrafo y bajo vigilancia. No sabemos si los vigilantes van armados, pero sí que los legítimos representantes de ciudadanos y ciudadanas europeos reciben el trato de sospechosos de un delito.

¿Qué oscuros secretos esconde la Comisión Europea para tomar tantas precauciones que impidan conocer por la ciudadanía el muy reservado Tratado entre Estados Unidos y la Unión?

Quizás porque conocer los hechos, datos y detalles del escondido Tratado supondría que la gente averiguara lo que supone de verdad para europeos y europeas. Conocer esos pactos y convenios permitiría a la ciudadanía saber los males que nos aquejarán si se firma el TTIP. Males coincidentes probablemente con los efectos del Tratado que señala un estudio de impacto del mismo elaborado por la Universidad Tufts de Boston y la Organización Internacional del Trabajo.

Según ese informe, el TTIP destruirá 600.000 empleos en Europa en diez años y provocará la caída del PIB hasta un 2% en los países más desarrollados. Más la pérdida demostrada del poder adquisitivo de las familias, una vida peor para millones de ciudadanos y la disminución de la recaudación fiscal de los Estados hasta un 0,64% del PIB al reducirse empleos y salarios. Además, el TTIP abrirá en Europa la puerta al peligroso fracking, como ocurrió en Canadá.

El fracking o fractura es el método de obtención de petróleo alojado en rocas del subsuelo profundo por perforación e inyección de agua a presión con productos químicos tóxicos a miles de metros de profundidad. Ya se ha demostrado que el contamina las aguas subterráneas y las de superficie, además de causar pequeños terremotos. Asimismo, se sabe que las sustancias químicas tóxicas utilizadas son muy dañinas para la salud al contaminar las aguas y el aire, pues provocan problemas de piel, en la vista y el sistema digestivo, además de causar problemas respiratorios, migrañas continuas, náuseas, alergias e incluso generar cáncer. El fracking es definitivamente muy peligroso sin contar que es estúpidamente caro para obtener petróleo. Pero hay más.

Otro peligro evidente del TTIP es el procedimiento para resolver conflictos entre inversores y estados (ISDS por sus siglas en inglés). Un conjunto de normas que coloca a los gobiernos a los pies de los caballos y los hace muy vulnerables ante las más que posibles demandas multimillonarias de empresas y corporaciones. Corporaciones y empresas podrán demandar a los estados si consideran que las medidas gubernamentales y leyes nacionales pueden perjudicar sus intereses. Simplemente si les parece. Hay precedentes de otros tratados bilaterales de inversión por los que algunos gobiernos han pagado fortunas por esas demandas. La Comisión Europea hizo una consulta pública sobre tal mecanismo y el 95% de los ciudadanos europeos encuestados rechazó frontalmente el ISDS. Pero la Comisión no hace ni caso a esos resultados, a la voluntad ciudadana.

Organizaciones cívicas, sociales y políticas europeas, así como grupos del Europarlamento, han denunciado que el ISDS supondría una peligrosa pérdida de soberanía de los Estados por verse obligados a cambiar leyes nacionales aprobadas democráticamente para cumplir sentencias favorables a grandes empresas y corporaciones. Sentencias interesadas dictadas por pretendidos tribunales internacionales de arbitraje que, no nos engañemos, solo son oscuros tríos de carísimos abogados privados. Hay que reconocer que la mafia no saqueaba mejor en el Chicago de Al Capone de los años 30.

La oposición al TTIP ha de crecer hasta paralizarlo y arrojarlo al olvido. Es posible. Hace unos años, la movilización ciudadana frenó e hizo desaparecer un nefasto Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que daba a las empresas todos los derechos y privilegios y apenas deberes. El AMI tenía que ser el marco obligatorio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero las intensas protestas mundiales de 1998 contra el AMI paralizaron el acuerdo.

Hay que frenar e impedir el TTIP. Porque se puede.