Una amnistía fiscal anulada sin beneficio para la ciudadanía

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda del Reino de España en 2012. Buena noticia, porque pagar impuestos es fundamental para que un país funcione y no es de recibo la comprensión con los evasores de impuestos. La mala noticia es que esa anulación no se traduce en nada útil para la gente. No se sanciona a nadie ni se recuperan impuestos no pagados salvo apenas 1.200 millones de euros; mucho menos que los 2.500 millones de euros como mínimo que Hacienda pretendía recaudar con la amnistía. La pequeñez de lo finalmente recaudado contrasta con la enormidad de la corrupción que, segun la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España suma 90.000 millones de euros anuales. Muchísimos impuestos impagados.

A tener en cuenta que 705 personas, de los 32.000 evasores fiscales acogidos a esa amnistía, pudieran ser posibles blanqueadores de capitales. Esos cientos de amnistiados son políticos, altos funcionarios o familiares directos cuya riqueza, hasta ahora escondida, no se explica con sus ingresos ordinarios. Y, que se sepa, no se investigan posibles orígenes ilícitos de esas fortunas, aunque la lista de los 705 se ha enviado a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales para contrastarla con información habida y ver qué hacer. Eso, veamos si son capaces de investigar como se han hecho ricos esos defraudaores fiscales y llegar a las últimas consecuencias.

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la amnistía fiscal no tiene efecto sobre los evasores, pero sí desautoriza futuras amnistías fiscales. Próximos gobiernos no podrán aprobar amnistías fiscales por decreto ley, pero sí como ley ordinaria. Tampoco es una ganga.

Esa anulación por el Constitucional no ha sido por la injusticia de esa amnistía, sino por cuestión de forma. La normativa vigente prohíbe usar al decreto-ley si su contenido afecta “de forma relevante o sustancial” a deberes constitucionales. Como el “deber de todos de contribuir a sostener los gastos públicos”.

La anulación de la amnistía no supone tampoco más recursos públicos futuros. El sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) ha denunciado que Hacienda facilite amparo a evasores de impuestos, en un escenario de grave crisis económica, so pretexto de ingresos considerados imprescindibles, pero luego, chocolate del loro. Por que así el Estado abdica de su obligación de lograr que todos contribuyan a sostener los gastos públicos según ingresos.

GESTHA además ha pedido la dimisión del ministro de Hacienda, pues considera que Montoro no garantizó los principios de igualdad y progresividad fiscal que ordena la Constitución y no debe continuar. Los técnicos de Hacienda denuncian que lo recaudado en la amnistía es menos del 3% de la evasión fiscal total. O, de otro modo, el 97% de fortunas y beneficios se mantienen ocultos y también la evasión de impuestos correspondiente a casi 39.000 millones de euros ocultos y a buen recaudo. La amnistía fiscal no ha conseguido que aflorara buena parte de la riqueza escondida ni tampoco reducir la economía sumergida.

La nefasta alianza de corrupción y fraude fiscal causan un grave perjuicio al país, a sus gentes. Como ha escrito Paco Segura, lo temible de la corrupción no son los porcentajes de soborno (el conocido 3%) por adjudicar de modo fraudulento jugosos contratos públicos. Lo peor son las desmedidas inversiones públicas que la corrupción promueve para obras innecesarias que enriquecen a los empresarios amigos que den buenas comisiones. Y así el Reino de España deviene el país europeo con más kilómetros de autopistas y de AVE. Autopistas totalmente inútiles, como las radiales vacías que arrancan de Madrid y cuyo rescate costará a la ciudadanía unos 5.000 millones de euros como poco.

El Reino de España es también el país europeo con más aeropuertos de los que tres cuartas partes son deficitarios. Más la mayor capacidad portuaria sin utilizar: el 60% del total sin beneficio.

En ese horizonte de dilapidación se pasa de la corrupción a los recortes presupuestarios que afectan y mucho a la gente común. Agravado por el impuesto techo del déficit público. Se comprueba al ver que algunos años se ha invertido tanto en el AVE como recortado en sanidad y educación. Y así cuadran las cifras para la Unión Europea, pero perjudican a la gente. El Estado español es el que más porcentaje de PIB dedica a grandes infraestructuras y menos a protección social en la Unión Europea de los 15. Se cuadran los números a expensas de fastidiar a la ciudadanía.

No cabe celebrar una anulación del Constitucional que no beneficia a la gente ni hace avanzar hacia una fiscalidad justa, progresiva y suficiente.

Contra la deuda como modo de dominio, auditorias ciudadanas

Los países siempre se han endeudado, pero hoy la deuda pública es un medio de dominio de la minoría que controla economía y finanzas. Ya en los noventa se utilizó la deuda para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales, hoy la utilización torticera de la deuda amenaza a países de Europa y deteriora el estado de bienestar. La minoría utiliza deuda y control del déficit como cepos con la complicidad de gobiernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI.

Los países piden prestado a los bancos porque la recaudación estatal es insuficiente. Es así porque desde los ochenta del siglo XX grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones cada vez pagan menos impuestos, mientras bancos y fondos de inversión especulan con bonos de deuda pública e imponen una destructora austeridad.

Para oponerse a este nuevo autoritarismo, una veintena de asociaciones y movimientos laicos y católicos progresistas italianos crearon en Roma hace unos días el Comité para la Anulación de la Deuda Ilegítima de Italia (CADTM). Comité que se suma a los treinta y seis CADTM que hay en el mundo. Recordemos. En derecho internacional, deuda ilegítima es la que un gobierno ha contraído y utilizado al margen de la ciudadanía o contra ella. Y no se ha de pagar.

Anular una deuda o reestructurarla se hace desde Hammurabi, rey de Babilonia, hace más de 3.800 años. Más cerca, el Acuerdo de Deuda de Londres en 1954 reestructuró la deuda de Alemania con veintiséis países y anulo el 62%. Entre los que perdonaron deuda estaban España y Grecia. Pero la Alemania actual les impone austeridad sin concesiones. Sin embargo, la Historia muestra que reestructurar deudas o anularlas es una actuación necesaria y útil económicamente. La deuda ha devenido problema con la crisis, porque quienes dirigen le economía juegan sucio, manipulando la prima de riesgo de los bonos de deuda pública, por ejemplo.

En febrero de 2009, ante la gravedad del desastre económico, el G20 acordó en Londres dedicar un billón de dólares para ayudar a países con dificultades, acabar con la crisis, luchar contra los paraísos fiscales y controlar los bancos. Ningún propósito se ha cumplido.

La enorme cantidad de dinero que el G20 prometió no fue para ayudar a países con dificultades sino para salvar a los bancos que habían provocado el desastre financiero. Entre tanto los paraísos fiscales, cómplices de la evasión de impuestos que debilita a los Estados, campan impunes mientras bancos y mercados de capitales entran a saco en los países con la deuda como ariete y hacen tambalear sus economías.

Oponerse a la deuda o vivir sojuzgados por ella. Esa es la cuestión. En España, el pago de intereses supera los 30.000 millones de euros anuales. ¿Qué harán? ¿Más recortes de servicios? ¿Menos derechos? Una falacia neoliberal recurrente en Europa es que las deudas de los Estados aumentaron por exceso de gastos sociales. Falso. Las deudas de los Estados crecieron en Europa por culpa del tratado de Maastricht que prohíbe al Banco Central Europeo (BCE) prestar a los países de la Unión. Si el BCE hubiera prestado dinero a España al 1% de interés (como lo presta a la banca privada), la deuda pública española sería inferior al 20% del PIB, no el 100% actual. Esta Unión Europea fuerza a los Estados a financiarse con la banca privada cuyos préstamos son más caros que los del BCE. El tratado de Maastricht garantiza el negocio de la banca.

Peor aún es que los enormes beneficios y ahorros de las clases ricas por intereses de préstamos bancarios a Estados, rebaja salarial incesante y evasión de impuestos, son para especular, no para financiar economía productiva. Por cada dólar para economía productiva, la minoría dedica 60 a especular con productos financieros.

Ecuador tenía la mayor partida presupuestaria para deuda pública de Sudamérica. Un 40% de gasto estatal para pagar intereses, mientras gasto de sanidad y educación se reducía al 15%. El Presidente Correa impulsó una rigurosa auditoría de la deuda y, averiguadas las deudas ilegítimas, decidió no pagarlas. Así pudo dedicar más dinero a gasto social (que es respetar derechos) y productivo. Las auditorias ciudadanas de la deuda son un buen camino para que la deuda pública deje de ser un problema.

Pobreza y corrupción

En 2009 eran casi 11 millones y medio quienes sufrían pobreza en España, pero hoy son casi 1.800.000 personas pobres más que hace seis años, según informe sobre el estado de la pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN).

Vamos hacia atrás como los cangrejos y por eso ya hay cerca de catorce millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social de algo más de 46 millones y medio de habitantes en España. Mucha gente. Y aumentando.

Recordemos, según parámetros de la UE, que ser pobre es tener ingresos tan escasos que no alcanzan para una vida digna. Por eso numerosos comedores solidarios y entidades como Caritas han doblado y triplicado sus servicios para proporcionar con regularidad alimentos a la gente. Porque hay más gente de la que uno se imagina que pasa hambre. Ser pobre es también no poder pagar la hipoteca o alquiler todos los meses, nni la luz ni el gas porque el poco dinero que se ingresa se acaba enseguida. También es pobreza no poder comer carne, pollo o pescado tres veces a la semana porque no alcanza el dinero. Ni poder mantener en invierno la vivienda a temperatura adecuada. Ni poder tener teléfono, televisor o lavadora… Y, como dijo Ban Ki Mon, secretario general de la ONU, ser pobre también es no disponer de vivienda digna ni tener acceso a servicios de salud o que éstos sean limitados, ni poder acceder a una educación en condiciones y que las personas dependientes no reciban ayuda… Eso es pobreza.

Entre las razones de la creciente pobreza en países desarrollados como España está la nefasta política de austeridad impuesta que ha rebajado ostensiblemente el estado de bienestar. Más los vigentes sistemas de impuestos injustos, regresivos e insuficientes en indiscutible beneficio de las élites. Y, con la injusticia fiscal, la corrupción. Corrupción que en este país cuesta algo más de 87.000 millones de euros anuales según la Cámara Nacional de Mercados y Competencia; cifra confirmada por algunas universidades. Dinero desvalijado por corruptos que provocan una pobreza que aumenta entre nosotros.

En la vieja y desnortada Europa a final de 2015, según Eurostat, oficina estadística de la Unión Europea, había 119 millones de europeos pobres o en riesgo de exclusión social. Casi un 24% de población, casi la cuarta parte. El dato incluye a quienes están en riesgo de pobreza, sufren privaciones materiales severas o viven en familias con muy escaso empleo o ninguno. Según Eurostat, la pobreza ha disminuido algo, pero poco, muy poco, y la erradicación de la pobreza es lenta y desigual. Para muestra, tres países europeos donde más de un tercio de población es pobre o está en riesgo exclusión social: Bulgaria (41% de población en pobreza), Rumanía (37%) y Grecia (casi 36%).

¿Que dijo Ban Ki Mon? Que poco o recortado acceso a la salud y educación es pobreza. Pues bien, de Guindos, ministro de economía español en funciones , augura más pobreza cuando asegura que el próximo Gobierno recortará ¡26.000 millones de euros en dos años! Para reducir el déficit. Y sabemos por experiencia que los recortes significan peor atención sanitaria, peor educación, peores servicios sociales… Más pobreza.

Y, para que no haya duda de qué soporta la ciudadanía, el iniciado juicio por corrupción masiva del llamado caso Gürtel desvela una insolidaridad criminal y una vergonzosa y criminal apropiación indebida por la codicia rapaz de los corruptos y sus cómplices que ha despojado a la ciudadanía. Un tal Correa, creador de la trama delictiva corrupta, ha contado que muchas empresas y grandes constructoras (OHL, ACS y Dragados entre otras) financiaron al Partido Popular y sus campañas electorales con dinero negro a cambio de obtener contratos de Fomento, Medio Ambiente… Dinero negro y delictivas adjudicaciones de obras y servicios públicos, más fraude sistemático a la Seguridad Social y evasión de impuestos, suman esos 87.000 millones de euros robados al pueblo trabajador de este país. Los delitos de los corruptos, además de los fraudes citados, son cohecho (en la calle se llama soborno) y prevaricación (decidir un funcionario o político algo injusto a sabiendas). Quienes perpetran esos delitos roban lo que pertenece por derecho a la ciudadanía.

De disponer el Estado de esos 87.000 millones de euros saqueados por corruptos, sanidad, educación o atención a los dependientes y otros servicios sociales no habrían sufrido losenormes recortes presupuestarios sufridos y todo estaría mejor. De no haber sido robada esa enorme cifra por corruptos y cómplices, no se habría recortado el estado del bienestar.

Desigualdad, una amenaza creciente muy peligrosa

El economista Alejandro Inurrieta considera que la situación política europea (salida del Reino Unido de la Unión y avance electoral de partidos fascistas) ha librado a España de una multa milmillonaria por sobrepasar el déficit impuesto por la Unión Europea. Pero no cabe cantar victoria, porque esa condonación no sale gratis. España deberá recortar 10.000 millones de euros de los presupuestos estatales (aunque en verdad son 15.000) y estará en el punto de mira de los burócratas de Bruselas.

La constante rebaja de salarios desde hace años, la demostrada pérdida de valor adquisitivo de las clases trabajadoras y la exigencia europea de recortar gastos sociales para rebajar el déficit público aumentan y aumentarán la desigualdad en España. La brecha entre ricos y pobres crece y así, en España, un reducidísimo 1% de población (menos de medio millón de individuos) posee más riqueza que el 80% del país (37 millones de personas). En 2015, en España, el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó un 15%, mientras la riqueza del 99% de población (muchos millones) caía un 15%. Y no es casualidad, mientras los presidentes de empresas del IBEX35 cobren casi 160 veces el salario medio de un trabajador. Y medio millón de niños se quedan en España sin beca de comedor en verano, según denunció Educo. Por cierto, un tercio de la infancia española está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Pero, además, 40% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos sin recurrir a préstamos o pagos a plazos, según el Instituto Nacional de Estadística. Y, según Eurostat, quienes están en riesgo de pobreza en España (casi 29% de población) no pueden ir de vacaciones una semana al año; ni comer carne, pollo o pescado cada dos días; ni mantener la vivienda a temperatura adecuada en invierno; tampoco pueden tener teléfono, televisor ni lavadora y se retrasan habitualmente en pagar hipoteca o alquiler, el gas y la electricidad. Porque así se manifiesta la pobreza en España, pobreza que aumenta con la desigualdad. Desigualdad demostrada cuando 20 familias más ricas del país acumulan más patrimonio que 14 millones de personas corrientes. La desigualdad crece, pero no solo en España; también América Latina, Asia y África. Los datos implacables muestran que la desigualdad aumenta en todo el mundo.

En América Latina durante una década gobiernos progresistas se enfrentaron a la desigualdad y la redujeron. Pero el poder capitalista contraatacó y Argentina y el parlamento de Venezuela, por ejemplo, cayeron de nuevo en manos de los servidores de la minoría rica privilegiada, hacedores de desigualdad y pobreza, junto a Perú, Chile, Brasil… Branko Milanovic, economista estudioso de la desigualdad, asegura que ésta es un problema muy grave desde 1980. Precisamente cuando empezaron las rebajas de impuestos a los ricos y los recortes de gasto público social.

Según el informe de riqueza global de Crèdit Suisse, no llegan a 39 millones (0.5% de población) los multimillonarios y billonarios que poseen algo más de la tercera parte de todos los activos financieros del mundo. Solo 39 millones entre 7.200 millones de habitantes. Mientras el 90% de población mundial apenas accede a la quinta parte de la riqueza global. La desigualdad muy alta en el mundo, cuenta Milanovic, aumenta a pasos agigantados en países ricos (EEUU, Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia…) y los llamados en desarollo o emergentes (Rusia, China, India, Sudáfrica…)

Tras la crisis de 1929, reformas y controles del capital e impuestos justos y progresivos propiciaron que la riqueza se distribuyera con mayor equidad. Pero desde los ochenta del siglo XX, los capitalistas vuelven a las andadas y la desigualdad aumenta sin cesar. Cuando estalló el colapso financiero de 2008, los estados solo ayudaron (y muy generosamente) al 1% más rico, no a la gente corriente, que es mayoría. La economía real se frenó (y ahí sigue) mientras la cuarta parte de población mundial ve empobrecer su vida.

¿Quieren saber que es desigualdad? Que sólo 62 personas (los pasajeros de un autobús) posean la misma riqueza que la mitad de la población mundial, que son 3.700 millones de personas. Lo denuncia Oxfam en su informe Una economía al servicio del 1%. Hace cinco años esos súper-ricos eran 388 personas. Pero cada vez son menos, poseen más riqueza y tienen más poder, mucho más poder.

Habrá que hacer algo, porque, con la que está cayendo, la Unión Europea insiste en que el nuevo gobierno del Reino de España deberá hacer más recortes para no superar el déficit impuesto del 3%. Da igual que aumenten injusticia y pobreza. Ellos no lo van a notar.

 

Continúa el saqueo

Mariano Rajoy, presidente en funciones en España, fue al G20 y osó denunciar los populismos de izquierda como enemigos del crecimiento y la estabilidad económica. Olvidando ahora que habría mucho que hablar de crecimiento y qué crecimiento, sorprende la desfachatez de quien preside uno de los partidos más corrompidos de Europa. Sin entrar en detalles, recordemos casos de corrupción que los medios bautizan como Púnica, tarjetas black, Gürtel, caso Rato, Papeles de Bárcenas, Bankia…

El Partido Popular (PP)  afronta este inicio de curso varios procesos judiciales con altos cargos del partido como acusados. Seis alcaldes madrileños, presidente de Diputación de León, alto cargo del Gobierno de Murcia, ex-alcalde de Cartagena, casi todos los concejales del ayuntamiento de Valencia… Además está imputado como partido por cobro de dinero negro y presunta financiación ilegal de obras de reforma de su sede nacional.

Eso sí desestabiliza. El remate de corrupción fue designar al ex-ministro Soria (dimitido tras descubrirse su vinculación con paraísos fiscales) candidato a director ejecutivo del Banco Mundial. La presión ciudadana hizo retirar esa candidatura. Escandaloso proponer un posible elusor fiscal para el Banco Mundial, uno de cuyos objetivos es combatir la pobreza. Y en la otra cara de la moneda, la austeridad. Manuel Lago analiza con datos oficiales los recortes de gasto público perpetrados de 2009 a 2015. Algunas partidas aumentaron casi 48.000 millones de euros, pero se recortaron casi 80.000 millones de euros en políticas sociales.

Creció el gasto en pensiones, pero por el desbocado aumento de jubilaciones anticipadas. La crisis económica fue perfecta excusa para que muchos empresarios prejubilaran en masa a sus empleados veteranos… para sustituirlos por trabajadores con salarios más bajos y peores condiciones laborales. Pero las empresas no pagaron esas prejubilaciones rentables para sus capitalistas propietarios. Pagó el Estado. Y así aumentó la partida de pensiones, pero no mejoraron los pensionistas. Al contrario, las reformas perpetradas por el PSOE de Zapatero y el PP de Rajoy empobrecen a pensionistas actuales y futuros. Otro gasto que crece es el pago de intereses de deuda pública. Del 52 % al 99% del PIB. También aumentaron las ayudas públicas a empresas de energía que crecieron un 469 %. Sí, 469%.

Pero recortaron gasto público sin tapujos en transporte, desempleo, vivienda, educación, salud, familia e infancia, apoyo al sector primario y servicios culturales. En lo que beneficia a la gente común se rebajaron casi ochenta mil millones. Menos y peores servicios de educación, becas, sanidad, ayuda al desempleo… Recortes que violan los derechos de la gente común, pero benefician a grandes empresas (energía, banca, enseñanza privada, empresas privadas sanitarias…)

El resultado de recortes y bajos salarios es más pobreza laboral. Según el INE casi 15% de trabajadores está en el umbral de la pobreza. Mientras el Gobierno del PP cacarea que la economía crece y crea empleo, la tercera parte de la ciudadanía sufre la peor época de su vida. Los parados de larga duración, quienes buscan empleo desde hace tres años o más, aumentan año tras año y el 45% de desempleados no recibe ayuda alguna por estar en paro. Así lo quiere el gobierno del PP que rebajó 15% la ayuda a parados en los presupuestos de 2015, por ejemplo. ¿Sorprende entonces que 700.000 familias en paro no reciban ninguna ayuda pública?

Ha vuelto el hambre a esta España que gobierna el PP. En Barcelona, Caritas ha abierto siete nuevos centros para distribuir alimentos que se suman a las docenas de iglesias que reparten comida. La ayuda de Caritas, Cruz Roja y bancos de alimentos más la familiar evitan una vergonzosa hecatombe social.

Este escrito se titula ‘el saqueo continúa’ porque, insatisfecho con los recortes perpetrados, el gobierno del PP insta a cerrar empresas municipales de servicios públicos a pesar de no tener déficit sino superávit (0,5% de media). Quieren privatizarlas para convertirlas en negocios privados. No olviden que un alto dirigente del PP reconoció hace tiempo (y está publicado) que estaba en política ‘para forrarse’. Por no olvidar tampoco que el rescate bancario fue indecentemente costoso para la ciudadanía y, para compensar, recortaron educación, sanidad, ayuda al desempleo, cultura, ciencia…

Y siguen los recortes. Lamentablemente, no solo en España. El capitalismo neoliberal, que tan ferozmente encarnan corporaciones, grandes empresas, banca, mercados de capitales y tratados bilaterales de inversión, recorta, privatiza, vacía la democracia y saquea el mundo de América a Australia, desvalijando de paso Europa, África y Asia. O los frenamos o acaban con nosotros.

Es imperativo reducir hasta acabar con la desigualdad

Campaña electoral en España. Momento para recordar el avance de la desigualdad. La ciudadanía ha de saber quiénes, que podrían gobernar, tienen voluntad política de combatirla. La desigualdad no es cuestión académica o de titulares. Es escenario y también causa del avance de la pobreza y exclusión social, mientras una minoría cada vez más reducida acumula un desmedido poder económico.

En España, 27% de quienes trabajan (más de la cuarta parte) están subempleados. Más dos millones. Trabajan menos de lo que necesitarían para recibir un salario digno. Más los casi cinco millones de desempleados “oficiales” ya son siete millones quienes viven (si se puede llamar vivir) con ingresos insuficientes e indignos. O sin ingresos.

En Madrid, una de cada cinco personas roza la pobreza o cae en ella. Más de millón y cuarto de madrileños. Así lo documenta el informe “Empobrecimiento y desigualdad social en la sociedad madrileña”, del sindicato CCOO. En el resto de España, según “Análisis y perspectivas 2016” informe de Foessa para Caritas, en los próximos años, aún con crecimiento económico, aumentará la exclusión social. Ya hay 720.000 hogares sin ingresos, cuando hace siete años solo eran 497.000. ¿De qué sirve crecer, si no se beneficia la gente?

La desigualdad borra fronteras de pobreza. Tener empleo hoy no garantiza dejar de ser pobre. Pero, al mismo tiempo y en el mismo espacio, los directivos de empresas del IBEX 35 tienen un salario medio anual de dos millones y medio de euros. Y, en el mundo, 62 personas poseen la misma riqueza que 3.600 millones. Según Oxfam Intermón, hace cinco años los súper-ricos eran 388, pero cada vez muchos menos tienen mucho más. Solo 62. Una grave amenaza.

Oxfam muestra además que esos 3.600 millones de población perdieron un billón de dólares de ingresos desde 2010. Al tiempo que los más ricos aumentaban su riqueza en medio billón. Es desigualdad en estado puro.

Edmundo Fayanás, profesor de Historia, escribe que el capitalismo necesita desigualdad para funcionar y generó desigualdad desde su inicio. Bernard de Mandeville en el siglo XVIII pretendía justificarlo al sostener que el interés individual, lujo y placer personales son imprescindibles para que la economía progrese. De otro modo, decía Mandeville, el capitalismo perdería su motivación principal: el beneficio personal. Pero quienes pueden atesorar riqueza y vivir en lujo y placer son muy pocos. Porque el capitalismo precisa desigualdad.

En los años ochenta del siglo pasado, Ronald Reagan, presidente de EEUU, sentó las bases de una enorme desigualdad con sus obscenas rebajas de impuestos a los ricos. A éstas siguieron las de Bush hijo y, desde entonces, EEUU es un país desigual, cada vez más desigual. Una quinta parte de su población (sesenta millones de personas) vive bien, pero el resto (unos 250 millones) sufre una escalada de graves carencias económicas y sociales. Bush pretendía que para crecer se debía favorecer a las élites y recortar ayudas a los pobres, por ser deficientes económicamente. La misma necedad que roznó Bernard de Mandeville tres siglos antes.

La riqueza mundial está en muy pocas manos. El 1% de la población mundial acapara casi la mitad de la riqueza y su patrimonio crece y crece. En EE UU máximos directivos y ejecutivos ganan 300 veces más que sus trabajadores. Pero en España, Felipe Benjumea, presidente de Abengoa, ganó 530 veces más que el salario medio de sus empleados. En Inditex, los 12 millones de euros que cobra su presidente, Pablo Isla, son 526 veces más que el salario medio de sus asalariados. En FCC, 454 veces; en BBVA, 451 veces; en Ferrovial, 239 veces; en Día, 213 veces…

La llamada clase media mengua con la crisis. Digo llamada porque se suele denominar clase media también a los asalariados con sueldos decentes. Clase trabajadora que puede vivir con dignidad y aceptable nivel de consumo. Pues bien, según estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, desde el inicio de la crisis a 2014, esa clase media en España se habría reducido en más de tres millones y medio de personas. Y no para estar mejor.

La desigualdad no cesa. Por desempleo, empleos precarios, trabajo temporal y a tiempo parcial. Más recortes sociales (en educación y sanidad públicas, en ayudas a desempleados, en políticas sociales…). Y volvemos al principio. ¿Qué partidos quieren de verdad reducir la grave amenaza de la desigualdad?

El tope de déficit público erosiona y desfigura la democracia

Recordemos que en 2015 el déficit público en España se excedió, según canones de la Comisión Europea, hasta el 5% del PIB y en 2017 ésta exigirá que sea solo 2,5%. Para mantenerlo, el menor de recorte supondría 5.000 millones menos de gasto público. Así las cosas, en julio la Comisión Europea quizás inicie procedimiento por déficit excesivo contra España y Portugal. Francia se opone a sanciones, Italia tampoco quiere multas e incluso Alemania duda. Veremos. Los resultados electorales del 26 J en España serán decisivos para la postura de la Comisión y Consejo europeos. Si gana la izquierda en España, podría darse una traslación de la agresión a Grecia, una nueva versión del machacamiento del gobierno griego.

Pero más o menos déficit público no puede plantearse como lo hace la Comisión Europea. En los últimos años, varios economistas de prestigio, entre ellos premios Nobel de Economía (Stiglitz y Krugman), han denunciado el fracaso de la austeridad emprendida por la Unión Europea. Fracaso demostrado por el hecho incontestable de que la crisis no está superada, el crecimiento es patético y han aumentado hasta límites obscenos la desigualdad y la pobreza. Sin descartar además que estalle otra crisis financiera.

Ese fracaso descalifica la limitación de déficit que la Comisión y Consejo europeos exigen, así como las rebajas y recortes presupuestarios derivados. Pero, además, ahora toca averiguar cuan legítimas o no son las deudas públicas europeas. Deudas contraídas por los dirigentes sin tener prioritariamente en cuenta los intereses de la ciudadanía, pero sí los del poder financiero.

La deuda ilegítima fue definida por Alexander Nahum Sack, jurista y profesor de derecho ruso, y aceptada en el Derecho Internacional. Según Sack, si un gobierno contrae una deuda, para mayor fuerza de su régimen, olvidando a la población, esa deuda es ilegítima y la nación no ha de pagarla. Y son ilegítimas siempre las deudas contraídas sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población.

Las deudas, o parte, de varios países europeos se contrajeron y crecieron por la corta recaudación de las arcas públicas. Si el sistema fiscal no es equitativo y justo, endeudarse el Estado pierde legitimidad. Pues el gasto e inversión pública suficientes son imprescindibles para aliviar la situación de quienes sufren desde hace años los peores efectos de la crisis y corregir las crecientes desigualdades. Además de funcionar de nuevo la economía real.

Con escasez recaudatoria por elusión fiscal complaciente y evasión de impuestos tolerada, el Estado tiene menos recursos para cumplir sus obligaciones con la población. Es cuando el endeudamiento que suple las fuentes de recaudación y financiación habituales deviene ilegítimo. Porque el verdadero beneficiario del endeudamiento es el sector financiero, no el pueblo.

Cuanto más crezca la convicción de que parte de la deuda pública es ilegítima, antes habrá el estado de opinión necesario para presionar y reestructurar la deudas públicas. Reestructuración beneficiosa para la mayoría de población, pues reduciría el agobio del alto pago anual de intereses y permitiría mayor financiación para políticas sociales. En el Reino de España, la deuda pública ya supera el 100% del PIB y supone grandes partidas presupuestarias para pagar los intereses anuales de la deuda pública. En 2014 se pagaron unos 34.000 millones de euros de intereses. Cantidad en aumento desde 2008. El pago de intereses es la única partida presupuestaria que no se recorta.

En definitiva, la exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit público es una intransigencia obscena para que algunos grandes bancos más BCE y FMI continúen con el jugoso negocio de la deuda pública para sus tenedores.

Pero la posible respuesta oficial de procedimiento por exceso de déficit público de España y Portugal coloca a la Comisión Europea en situación incómoda. Algunos estados miembros no ven bien que haya sanciones ni multas millonarias, que además nunca ha habido. Sin embargo, la Comisión, en su tozuda mantenella i no enmendalla, no se contenta ya con fijar índices máximos de déficit y estudia limitar el gasto desde Bruselas. La Comisión fijaría qué volumen de gasto público social acepta en los presupuestos generales de tal o cual país, pasándose por el arco del triunfo a parlamentos y gobiernos nacionales.

Si eso es democracia…