Los independentistas casus belli para la involución autoritaria del Partido Popular

La restricción de libertades en el Reino de España empieza a alcanzar cotas no imaginadas desde que gobierna de nuevo el PP. Antes fue la ley Mordaza y la contra-reforma del Código Penal. Hoy es el artículo 155 de la Constitución que aplican a Cataluña y que blanden como amenaza. El mantra para tapar su despotismo, su negativa al dialogo para resolver los problemas, es citar una y otra vez la legalidad constitucional y amenazar. Como los cristianos con el Biblia, los del PP usan la Constitución intocable e inmutable para un barrido o un fregado y para judicializar un conflicto político, el de Cataluña.

Enric Juliana ha explicado que el Gobierno no da órdenes directas a la judicatura, pero hay tal sintonía entre unos y otros que parecen estar conectadas las voluntades del gobierno y la Fiscalía. El señor Maza procesa por rebelión y sedición a los catalanes separatistas, aunque el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinara el 2 de diciembre de 2008 que no era competente para investigar la rebelión contra el Gobierno de Franco. Una demostrada rebelión.

Fue cuando el juez Baltasar Garzón quiso investigar la rebelión franquista y los crímenes de la dictadura que se formó después. El magistrado fue condenado por prevaricación, pero el Tribunal Supremo lo absolvió, aunque en la sentencia el Supremo también certificó que, como magistrado de la Audiencia Nacional, no era de su competencia investigar y juzgar delitos de rebelión. ¿Ahora sí?

José Manuel Maza participó en la elaboración de aquella sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a Garzón, pero presentó un voto particular donde sostenía que Garzón debía ser condenado por prevaricar al asumir una competencia (juzgar un delito de rebelión) que no le correspondía. Por lo visto hoy si se puede juzgar la rebelión de los separatistas catalanes que no es juzgar la rebelión armada del “General Franco”, como lo llamó Maza en su voto particular.

Nacho Escolar nos recuerda que “no hay una sola sentencia de la Audiencia Nacional, ningún precedente, ni un solo caso previo donde este tribunal haya tratado un delito de sedición o rebelión. Todas las sentencias sobre esos delitos (por ejemplo, contra los controladores aéreos en huelga) han sido firmadas por audiencias provinciales. Nunca antes había sido materia de la Audiencia Nacional. Nunca hasta hoy”. Curioso.

Visto lo visto, ¿alguien duda de que el gobierno Rajoy y el PP en pleno aprovechan la enorme torpeza y estupidez de los catalanes independentistas para crispar el escenario político y actuar con ‘contundencia a continuación?

El resultado final de esta crisis es una auténtica involución conservadora cuando nos las prometíamos tan felices tras las últimas elecciones en las que el PP perdió su mayoría absoluta y ver que el gobierno Rajoy perdía votaciones en el Congreso.

Alguien ha escrito que hay una referencia exterior próxima del modelo de Rajoy para rebajar la democracia: Erdogan en Turquía. El autócrata turco, que se presentó a las elecciones de su país como un conservador moderado (como Rajoy), en 2016 utilizó un oscuro y nunca bien explicado intento de golpe de estado militar para desatar una descomunal represión y derivar hacia un innegable régimen autoritario. Ocurrió precisamente tras varias movilizaciones ciudadanas multitudinarias que amenazaban con derribar su gobierno.

No de igual modo, pero sí lo recuerda, Rajoy se sacó de la manga la llamada ley Mordaza cuando aumentaron las movilizaciones ciudadanas al calor de la extensión del 15-M. Y hoy, la torpe, nada realista e irresponsable actuación del sector independentista de Cataluña ha sido para Rajoy como el golpe militar para Erdogan, anillo al dedo para aplicar el artículo 155 de la Constitución Española. La crisis de Estado provocada por el casus belli del independentismo catalán les permite franquistizar el Estado, podríamos decir, y volver a centralistas formas. Que se oiga de nuevo en estos días lo de ‘la unidad de España’ retrotrae al franquismo más auténtico que creíamos derrotado.

Que por ahí van los tiros lo demuestra que destacados dirigentes del PP han blandido el artículo 155 de la Constitución Española como amenaza de regreso al centralismo en Euskadi y Navarra, pero también en Castilla-La Mancha. En esta comunidad autónoma ha sido Julián Gregorio, delegado del gobierno, quien ha dicho alto y claro que “García-Page (presidente de Castilla-La Mancha) pide a gritos el artículo 155 para que el Estado enmiende al Gobierno del PSOE y Podemos”. Más claro, agua.

Por su parte el ex-ministro Alfonso Alonso, líder del PP en el País Vasco, ha declarado sin que le tiemble un párpado que Euskadi puede llegar a “la misma situación, al mismo desafío y al mismo peligro que Cataluña por la combinación de nacionalismo en el poder, fuerzas radicales que justifican posiciones violentas, populistas de Podemos y la plataforma Gure Esku Dago, embrión de una Asamblea Nacional Vasca“. Ni ensayando a todas horas mentiría mejor.

También los conservadores navarros se han retratado al declarar su presidenta, Ana Beltrán, que “la actuación del Govern en Cataña se puede extrapolar a Navarra, pues ambos gobiernos pretenden que una minoría aplaste a la mayoría no nacionalista (…) y hay pruebas más que evidentes para pensar que el Gobierno foral, con la presidenta Uxue Barkos a la cabeza, quiere que Navarra desaparezca y se convierta en una provincia más del País Vasco“. Y siguen la falacias.

Se coge antes a uno del PP que a un cojo y es diáfano que esa reciente adoración del artículo 155 es la apuesta que no pueden ocultar (tal vez tampoco quieran) por el centralismo. Según el PP, el artículo 155 (que suprime la autonomía) es aplicable a cualquier entidad autónoma donde no gobierne el PP…  precisamente por no ser gobernada por el PP.

Estos días el PP ha celebrado el 40ª aniversario de su fundación, aunque el partido que se fundó esa fecha era Alianza Popular. Un partido ultraconservador y españolista creado por siete ex-ministros de Franco: Manuel Fraga, Silva Muñoz, López Rodó, Fernández de la Mora, Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente y Martínez Esteruelas, demócratas de toda la vida evidentemente. Un partido ultraconservador que por cierto se negó a participar en la redacción de la Constitución que hoy tanto mentan desde Rajoy al más modesto dirigente local, y que no la apoyó hasta última hora cuando propuso con desgana votar sí en el referendo de aprobación ciudadana.

No les quepa duda; vamos hacia atrás como los cangrejos, pues eso es el centralismo autoritario que nos preparan.

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Dos años de ley Mordaza en España, el autoritarismo se cierne sobre Europa

La ley de seguridad ciudadana española, motejada ley Mordaza por la ciudadanía, de la que hace unos días se cumplieron dos años de vigencia, es clara muestra del autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea. Un autoritarismo propiciado por la crisis y porque la minoría que detenta el poder económico la necesita para imponer sus políticas de austeridad y desguazar la democracia por medio de tratados bilaterales y bribonadas semejantes para aumentar sus beneficios incesantemente. Un autoritarismo presente en más países de la Unión, no solo España, de modo preocupante en Hungría, Bulgaria y Polonia y con retrocesos democráticos alarmantes en Reino Unido o Francia. La lucha antiterrorista (denominada hoy antiyijadista) ha sido además en los últimos años pretexto para hacer recular los derechos humanos de la ciudadanía.

Un comunicado público de Jueces y Juezas por la Democracia, la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, Greenpeace, SOS Racismo y la Federación de Sindicatos de Periodistas ha denunciado las graves consecuencias de esa ley para los derechos humanos de la gente. El comunicado acusa a la ley Mordaza de una buscada ambigüedad que deja a la ciudadanía indefensa ante la policía. Aún peor, al reducir las antaño faltas penales a infracciones administrativas, suprime la figura del juez como garante de derechos de la gente y son los agentes de policía, cual si fueran jueces, quienes tienen la potestad de determinar qué hechos son sancionables y multar por ello. En la práctica cotidiana, esa situación supone cercenar las libertades de expresión, manifestación y reunión.

Lo que en verdad ha sucedido en el Reino de España es que, al aplicarse los enormes grandes sociales exigidos por la Unión Europea para reducir el déficit público, la respuesta ciudadana ha sido movilizarse, organizarse y protestar llenando calles y plazas. El gobierno y las élites económicas se inquietaron y alarmaron ante el volumen e intensidad de esa protesta desde mediados de 2011 y se sacaron de la manga esa ley Mordaza para frenar las movilizaciones.

Con la ley Mordaza se han disparado las cuantiosas multas a ciudadanos pacíficos por cargos tan imprecisos e inconcretos como falta de respeto a la autoridad o desobediencia a la misma. ¿Quién determina si hay falta de respeto o desobediencia a la policía? La misma policía. Esa arbitrariedad propició el año pasado que la policía impusiera casi 20.000 multas por pretendidas faltas de respeto a agentes de los Cuerpos de Seguridad y 12.000 más por desobediencia a la autoridad.

La ley Mordaza sanciona, por vía administrativa (que en realidad no permite defensa) y las multas pueden llegar a ser de 600.000 euros. La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha denunciado con datos del Ministerio del Interior que se han puesto más de 285.000 multas por las que han recaudado más de 130 millones de euros pagados la ciudadanía multada. Además, Amnistía Internacional ha denunciado documentádamente el uso excesivo de la fuerza por la policía española contra manifestantes pacíficos y que muchos de esos manifestantes han sido acosados, golpeados, detenidos y enfrentados a multas e incluso a cargos penales. Mimbres de un nuevo autoritarismo.

Que la ley Mordaza era innecesaria es convicción de las asociaciones de jueces y de fiscales, además de sindicatos policiales. También catedráticos de derecho Constitucional y de derecho Penal la consideran claramente innecesaria. Que España no necesitaba ninguna nueva ley de seguridad ciudadana lo demuestra que es uno de los países europeos con las tasas de delincuencia más bajas. Además de que en las más de 4.000 manifestaciones que hubo en Madrid en 2014 (el año antes de la ley Mordaza) apenas hubo diez incidentes que no fueron graves, según fuentes de la misma policía.

La llamada ley Mordaza es un ataque sistemático a las libertades políticas ciudadanas y recuerda mucho la nefasta Ley de Orden Público de la dictadura franquista, cuya aplicación supuso años de cárcel para muchos ciudadanos y ciudadanas pacíficos que reivindicaban su derechos.

La crisis económica y la imposición de austeridad más el indecente y manido recurso al terrorismo (real, pero que tiene otras respuestas) impulsan ese autoritarismo que se cierne sobre la Unión Europea y se infiltra solapado en los Estados.

De no frenar ese taimado autoritarismo que se extiende, la democracia puede llegar a ser solo un recuerdo.

La España del PP es para los ricos, neoliberal y franquista

En el Reino de España, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la ilegal persistencia de monumentos que ensalzan el franquismo y “la violencia de la dictadura”, así como algunas declaraciones de políticos conservadores que injurian a víctimas del franquismo.

Ya véis, además de ser el país europeo más complaciente con la mal llamada austeridad que impone el neoliberalismo, España no deja de ser franquista. La España gobernada por el PP. No es un debate académico sino pura vulneración sistemática de derechos humanos. Unas conculcaciones de esos derechos que esta gente ha metido en nuevas leyes (como la ley ‘Mordaza’ y la reforma del código penal), que las corrompen y hacen más antidemocráticas. Además de ser el país con más desaparecidos forzados del mundo (140.000), tras la Camboya de los jemeres rojos. Y el Estado sin hacer nada. Sin olvidar que no se investiga, enjuicia ni condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad de la dictadura. Al revés, se ponen obstáculos a quienes sí los investigan. Crímenes que la ONU ya denunció en 1946, reiteró en 1997 y el Consejo de Europa condenó en marzo de 2006. No es, por tanto, debate académico sino política real.

A mayor abundancia, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció hace unas semanas al gobierno de España por ignorar olímpicamente las recomendaciones de obligado cumplimiento de esa organización en defensa de los derechos humanos de la gente. Como derogar de una vez por todas la ley española de Amnistía de 1977 que encubre de hecho a presuntos criminales de guerra y de lesa humanidad de la dictadura franquista e impide la reparación a las víctimas de la misma. Porque esa ley de Amnistía es una licencia de impunidad para no rendir cuentas por las desapariciones forzadas y otros crímenes en la guerra civil y durante la dictadura. El gobierno del Partido Popular ha respondido que actúa “según nuestra Constitución y nuestras leyes”. Pero es una mala respuesta. Hitler también actuaba según sus leyes.

Como Naciones Unidas condenó, el franquismo fascista se alzó en armas contra el legítimo gobierno de la República y la dictadura franquista perpetró sistemáticamente crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El historiador Paul Preston ha explicado al respecto que “los crímenes políticos que cometió Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler”.

Sin embargo sigue el encubrimiento de crímenes franquistas. El uno de julio de 2011, por ejemplo, PSOE y PP votaron juntos en el Congreso español oponiéndose ambos partidos a que fueran declaradas nulas las ilegítimas condenas a republicanos dictadas por tribunales franquistas. Y es que la España gobernada por el Partido Popular, con algunas complicidades más, apesta a franquismo, la dictadura totalitaria que devino autoritaria de la peor ralea y continuó criminal hasta el fin de sus días.

No lo olvidemos. Por eso fue condenada España por la Asamblea General del Consejo de Europa, por haber “pruebas suficientes de violaciones numerosas y graves de los Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista”. Es más, el informe reciente del Comité de Derechos Humanos de la ONU denuncia de nuevo la persistencia de torturas en España a detenidos bajo custodia policial, así como la concesión de indultos a policías condenados por torturas, como documentadamente ha denunciado varias veces Amnistía Internacional. Todo muy franquista. Ese Comité de derechos ha instado también al gobierno a rehacer la Ley de Seguridad Ciudadana (‘ley Mordaza’) por vulnerar los derechos de expresión, manifestación y reunión. En definitiva, la ONU pide hoy a España que respete los derechos de la ciudadanía de una vez. Democracia es bastante más que votar cada cuatro años.

Y sobre la postura del gobernante Partido Popular al respecto, Vicenç Navarro recuerda que éste “nunca ha condenado explícitamente el franquismo”, cuando la dictadura franquista ha sido “la mayor fuerza terrorista de España en el siglo XX, culpable del mayor número de asesinatos políticos que haya habido en la historia del país. El franquismo fue régimen de terror, de asesinatos políticos-insiste Navarro- y, por cada asesinato político de Mussolini, Franco perpetró 10.000”.

La ONU ha instado además al Estado español a investigar todas las violaciones de derechos humanos del franquismo, identificar a los culpables, juzgarlos, imponer penas según la gravedad de los crímenes perpetrados y ofrecer reparación a las víctimas o sus descendientes.

No es nostalgia de abuelo. Además de que en esta España neoliberal la gran banca ha ganado casi 8.000 millones, mientras más de la cuarta parte de población está en riesgo de pobreza y Rajoy dice estar “orgulloso” de Albiol (el racista del PP que fue alcalde de Badalona) y que “tiene las ideas claras“, entre otros males y vergüenzas, si España no investiga, resuelve y condena de una vez los crímenes y responsabilidades de la dictadura franquista y la dictadura no es condenada por todos sin fisuras, persistirá el hedor y corrupción franquistas. Y España nunca será una auténtica democracia.

El vaciado de la democracia, una exigencia neoliberal

Recortan presupuestos sociales, privatizan servicios públicos y amedrentan con la deuda como modo de dominio, como se comprueba con amplitud en el caso de Grecia. Además vacían la democracia, porque así lo exige ese saqueo neoliberal que es la vigente política de austeridad en la Unión Europea. Pero además, las élites que nos castigan tienen la obscena desfachatez de pretender ser defensores de la libertad. Sí, pero solo la del capital.

En el Reino de España, al inicio del movimiento ciudadano del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales ya denunciaron la persecución y criminalización de ese movimiento social. Represión, arbitrariedad policial, uso excesivo de fuerza, además de detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Esa situación, que empezó hace unos cuatro años, empeora. Hoy, los juzgados acumulan docenas de expedientes contra centenares de trabajadores y representantes sindicales por manifestarse o ir a la huelga. Además los fiscales piden cárcel para unas decenas de pacíficos ciudadanos y ciudadanas cuyo ‘delito’ ha sido protestar y oponerse a las políticas de austeridad. También hay trabajadores y trabajadoras que podrían entrar en prisión y alguno ya está encarcelado por ejercer sus derechos sindicales. Como en la dictadura franquista.

Democracia es más que votar cada cuatro años. Mucho más. Puede haber votaciones y, sin embargo, también autoritarismo. El autoritarismo del Partido Popular se manifiesta de modo especial en el sistemático desprecio de los derechos de la ciudadanía y en el recurso cada vez más frecuente de recurrir a la policía porra en mano contra la ciudadanía, como en el caso de los desahucios. El informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 2014 ya denunció con dureza la actuación del gobierno, así como el uso de la crisis como pretexto, para violar derechos fundamentales de la infancia, de la gente mayor y de las personas que dependen de otras. Por ejemplo. También constató la creciente criminalización de la ciudadanía que protesta.

Sin olvidar torturas y malos tratos a personas detenidas y bajo custodia policial. En España ha habido desde 2004 más de 6.600 casos de tortura y malos tratos policiales. Expertos en derechos humanos denuncian que el gobierno no toma medidas para evitar las torturas ni tampoco para castigarlas. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos de la ONU, ya denunció la falta de voluntad política del gobierno español para acabar con torturas y malos tratos a detenidos. Amnistía Internacional ha denunciado con detalle en tres informes numerosos casos de torturas en España desde 2007 y asegura que “además de malos tratos y torturas, hay impunidad para los torturadores”.

Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista en vivo y directo, el panorama huele cada vez más a fascismo rancio, a neofranquismo.

Más aún, una sesentena de catedráticos de Derecho Penal de más de treinta universidades públicas españolas han publicado un manifiesto muy crítico contra la reforma en marcha del Código Penal. También jueces, fiscales y abogados critican con dureza ese nuevo Código así como la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Coinciden todos en que el gobierno y sus agentes criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Jueces por la Democracia considera además que la reforma penal es ilegítima, porque los delitos del país muestran que no es necesaria. Según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. De lo que presume el ministro de Interior; el mismo que ha promovido la autoritaria reforma del Código Penal y la no menos fascistoide ‘ley mordaza’. Ergo este gobierno neoliberal autoritario del Partido Popular no  busca la seguridad de la gente común, sino la represión legalizada de la ciudadanía que se opone y resiste sus políticas de austeridad.

España sí es un caso paradigmático de autoritarismo, aunque no único. La clase dirigente política europea, al ya evidente servicio descarado del poder financiero, vacía la democracia. Ignoran olímpicamente a la ciudadanía y siguen con sus austeridades y saqueo haciendo oídos sordos a las clamorosas reivindidaciones ciudadanas.

No cabe duda de que los poderes europeos, gobiernos incluidos, no necesitan por ahora fascistas en escuadras de la porra para socavar el sistema democrático. Prescinden de la ciudadanía, violan sus derechos una y otra vez y la reprimen con dureza cuando resiste y protesta. Vacían la democracia porque la reducen a un decorado, una liturgia, una farsa.

Ese vaciado de la democracia conduce a Europa a un autoritarismo real y la convierte en un mal chiste. Porque la democracia no es una meta, sino el camino. O no hay democracia.

Una Ley Mordaza para acabar con el movimiento ciudadano

El Congreso ha aprobado la nueva ley de seguridad ciudadana. Motejada como Ley Mordaza, recuerda mucho a la franquista de Orden Público cuya aplicación reprimió ferozmente a la ciudadanía opuesta a la dictadura y, especialmente, al movimiento obrero.

Esther López y Alberto Garzón, jóvenes diputada y diputado de Izquierda Unida, denunciaron hace un tiempo que “la falta de respeto por los principios democráticos de los gobernantes, unida a su mediocridad y afán por imponer sus planes como sea, son causas de que sólo sepan actuar con represión policial (…). No hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar lo de “corrimos delante de los grises”, pues muchos de los que nacimos tras la muerte de Franco lo hemos tenido que hacer (…) Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando emergimos en la primavera valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General, nos criminalizan por poner nuestro cuerpo de trinchera ante un desahucio, y nos criminalizan y la policía nos identifica por reunirnos en un parque público como el Retiro para debatir sobre política”.

Para quienes sí corrimos ante los ‘grises’, el panorama que se extiende y asienta desde hace tres años, por obra y gracia del gobierno del Partido Popular, nos retrotrae a escenarios de juventud. Porque hay una innegable relación entre como gobierna España el Partido Popular y la dictadura que reprimió, explotó y hundió este país durante casi cuatro décadas.

En el incremento exponencial de la represión de la ciudadanía, hay un hecho esclarecedor. La Audiencia Nacional imputó hace un par de años a ocho miembros de la plataforma ‘Rodea el Congreso’ que llamaba a manifestarse cerca del Congreso de los Diputados. ¡Pero antes de la manifestación! El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, acusó al Gobierno de criminalizar la protesta y de ser insólito imputar a personas por hechos que aún no se habían producido. Si eso no es netamente dictatorial…

La llamada Ley Mordaza ahonda en el resurgimiento franquista. Con esa ley , el concepto de seguridad ciudadana pasa a ser el franquista “orden público”, y convierte en infracciones graves las movilizaciones y otras legítimas protestas, al tiempo que concede patente de corso a la policía. Como en tiempos de la dictadura franquista.

Más aún. Con la reforma del Consejo General de Poder Judicial que el PP perpetra, la Justicia queda estrechamente ligada a ese partido y la separación de poderes ya no existe y se va por el desagüe. Por eso, quienes hoy tienen más de cuarenta años recordarán fácilmente que todo se parece cada vez más a aquella dictadura franquista.

El hoy piadoso ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha tenido la osadía de retar a los abundantes críticos de esa ley: “Quiero que alguien de los que la critica me diga un derecho o libertad que esta ley restringe respecto a la ley vigente“. ¿Porque no lee las recientes declaraciones del director de Amnistía Internacional de España? Esteban Beltrán asegura que “es verdaderamente lamentable que este Proyecto de Ley siga adelante. La libertad de reunión, información y expresión son derechos humanos que los Estados deben proteger (…) Con esta Ley no se protege la protesta en España sino todo lo contrario: se castiga la disconformidad”.

Es más, desde hace unos años, Amnistía Internacional ha expresado en varios informes su preocupación por el uso de fuerza excesiva por las fuerzas policiales al dispersar a manifestantes pacíficos. Si al ministro Fernández le parece que Amnistía Internacional no tiene autoridad para indicar qué derechos son vulnerados, tiene un grave problema de percepción y comprensión de la realidad.

En fin, las innecesarias nuevas leyes represivas del gobierno solo buscan acabar con la resistencia ciudadana pacífica contra su política de austeridad, recortes, vulneración de derechos y vaciado de la democracia. ¿Por qué esas contrarreformas, si España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa? ¿Por qué una nueva ley de Seguridad ciudadana cuando en 2013 hubo en España más de 6.000 manifestaciones y en 2014 casi otras tantas y ningún problema de orden público digno de reseñar? Porque esa nueva ley Mordaza nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Pretende cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar el país. Como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos”. Hay que reaccionar.

Este régimen monárquico bipartidista apesta cada vez más a franquismo

María Servini, jueza instructora de la querella en Argentina por crímenes del franquismo, ha ordenado, por aplicación de la justicia universal, la detención de 20 presuntos criminales franquistas de lesa humanidad . Ocho eran ministros durante la dictadura, responsables de las últimas sentencias de muerte del franquismo o del asesinato de cinco trabajadores y más de cien heridos en la ciudad vasca de Vitoria. Dos peticiones anteriores de extradición de sendos torturadores fueron rechazadas por la Audiencia Nacional. ¿Que pasará con esta nueva petición de extradición? No parece que sea atendida, pues, como denuncia Tomás F. Ruiz, incluso “aunque el PSOE gobernara en un futuro próximo, no entregaría a la justicia argentina a esos veinte acusados de crímenes. Gozan de una impunidad previamente pactada”.

Todos los gobiernos de España desde 1977 han respetado el obsceno pacto de silencio de los crímenes del franquismo. Por eso aún hay 150.000 desaparecidos por la Guerra Civil y la represión franquista posterior. “En España se oculta uno de los peores genocidios del siglo XX – ha denunciado el abogado Carlos Slepoy, promotor de la querella por los crímenes del franquismo-. Se habla de la Guerra Civil como enfrentamiento entre hermanos, pero fue un plan frío y premeditado para eliminar a los sectores de sociedad española opuestos a la dictadura franquista.”

En 1946, la Asamblea General de la ONU declaró que, “el Gobierno fascista de Franco fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias fascista y nazi y no representa al pueblo español”. Y el más cercano 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó otra vez el régimen franquista por sistemáticas violaciones de derechos en España de 1939 a 1975, porque “hay suficientes pruebas de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, perpetradas por el régimen franquista.”

Pero el franquismo no desaparece. En una España con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, según informe del propio Ministerio del Interior, que hace de este país “uno de los más seguros de Europa”; en un país donde en un par de años ha habido miles de manifestaciones sin incidentes graves (salvo unos pocos causados por provocadores), el Partido Popular decide reformar el Código Penal y saca de la chistera una innecesaria y represora ley de Seguridad Ciudadana a la que la sabiduría ciudadana ha bautizado como Ley Mordaza.

La nueva normativa supone que manifestarse en transportes y alterar su funcionamiento se castigue con multas de 30.001 a 600.000 euros. Que organizar manifestaciones donde haya incidentes (y los incidentes son fáciles de provocar) puede costar un año de prisión. Que impedir un desahucio cueste 30.000 euros de multa. Que manifestarse en una oficina bancaria cueste 6 años de prisión. Que la policía pueda disolver movilizaciones solo por sospechas, sin más. Que vigilantes de empresas de seguridad privada puedan controlar el orden público. Y que la resistencia pasiva no violenta se castigue con multas de 30.000 euros. Gandhi lo tendría crudo en esta España neofranquista. Lo hubieran arruinado a multas.

Carlos Martínez ha denunciado que “ya no hay presunción de inocencia, porque la simple acusación de un policía convertirá en culpables a los ciudadanos. Y los provocadores infiltrados lograrán que quienes convoquen una manifestación pacífica o participen en ella puedan ser condenados. Los grupos informativos en huelgas, directamente a la cárcel. Los pacíficos escraches podrán ser delito con suma facilidad. Pintar un graffiti será delito de daños…”

A los viejos del lugar, todo esto nos recuerda mucho la dictadura franquista. Las nuevas leyes son una pérdida clara de derechos, porque limitan todas las libertades para liquidar la protesta social y ciudadana. Como en la dictadura. La ley Mordaza, la reforma del Código Penal y la ley de Seguridad Privada apestan a franquismo. Tal vez porque los actuales gobernantes y mandatarios del Reino de España tienen nostalgia de lo que hacían sin cortapisas en la dictadura sus abuelos, padres, tíos y suegros.

Y, si alguien aún duda de que este país continúa siendo bastante franquista, sepa que el Regimiento de Caballería Acorazada Lusitania 8 se ha entrenado con material antidisturbios para “contención y control de masas civiles“. Como en las pasadas dictaduras latinoamericanas.

El autoritarismo, lógica secuela del capitalismo neoliberal

Cerca de quinientas detenciones y un millar de multas administrativas perpetró el gobierno de España desde el inicio del 15 M hasta mediados del año pasado. Hoy, la apuesta contra la protesta ha subido. Los juzgados acumulan más de 80 expedientes contra 260 trabajadores y representantes sindicales por participar en manifestaciones y huelgas y los fiscales piden cárcel para 40 ciudadanos y ciudadanas. Ya hay trabajadores y trabajadoras a punto de entrar en prisión o ya encarcelados por haber participado en una huelga. Un doloroso recuerdo de la dictadura franquista cuando ejercer el derecho de huelga era un delito.

Es una primera y evidente prueba de la deriva autoritaria del gobierno del Partido Popular. Otra es recurrir al decreto-ley como modo de gobernar. La palma se la lleva lo que los medios denominan el decretazo. Casi doscientos folios que modifican 25 leyes con el consabido pretexto de “medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia”. Sin pasar por el Parlamento, hurtando el debate, sin discusión de enmiendas, de puntillas, a espaldas de la ciudadanía.

Pero el antidemocrático autoritarismo que el partido del gobierno lleva en su adn se manifiesta en la progresiva violación de derechos humanos en España. Y aquí cabe recordar el último informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa de hace pocos meses. Un informe que, lisa y llanamente, puso en entredicho la actuación gubernamental. Denunció con dureza que la crisis es pretexto para recortar y violar derechos fundamentales de la infancia, gente mayor y personas que dependen de otras, constató el aumento esponencial de la represión y la sistemática criminalización de la protesta ciudadana que se alza contra los recortes presupuestarios y sus graves consecuencias para la población.

La ONU también denuncia la práctica habitual de detención incomunicada (que incita a malos tratos), la tortura a detenidos por agentes policiales, la impunidad de los policías torturadores, indultar a torturadores condenados, uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, malos tratos a inmigrantes irregulares internados y cuando son expulsados (además, ilegalmente) y criminalizar a manifestantes pacíficos con las fascistoides reformas del Código Penal y la ley de Seguridad Ciudadana.

Actuaciones gubernamentales que crean una situación política incompatible con la legalidad internacional de la ONU y con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque una acción de gobierno jamás puede ser vulnerar sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Algo propio de una dictadura.

En democracia, el Estado es responsable de acabar con la pobreza, que es lisa y llanamente la imposibilidad de vivir una existencia digna. Pero desde que empezó la presunta respuesta a la crisis, los gobiernos neoliberales europeos vulneran el derecho básico a una vida digna.

Como ha escrito Vicenç Navarro, “todas las salidas de las crisis del capitalismo han requerido una redistribución de la riqueza hacia el mundo del trabajo”. Y Nouriel Roubini (el economista que vio venir la crisis) asegura que “no es posible una constante absorción de las rentas del trabajo por el capital, sin provocar una falta de demanda. Eso ocurre hoy. Porque el salario del trabajador es el motor del consumo“. Y Marx ya explicó que “la causa final de toda crisis siempre es la pobreza y el limitado consumo de las masas”.

Visto lo que ocurre, es obvio que la élite económica no renuncia a apropiarse de las rentas del trabajo, porque esa apropiación es su beneficio. Y, por tanto, la pretendida superación de la crisis mantendrá, e incluso aumentará, el empobrecimiento de la ciudadanía global. El empobrecimiento origina la protesta y la movilización ciudadanas; los gobiernos neoliberales (al servicio de la élite económica) reprimen la protesta y violan cada vez más derechos, ahora también civiles y políticos; la ciudadanía reacciona más aún y se organiza; los gobiernos aumentan la represión y la violación de derechos…

La marcha hacia gobiernos autoritarios puros y duros está servida porque es el lógico fruto de la acumulación de capital por desposesión de las clases trabajadoras. Pues un mundo en el que se respeten los derechos humanos de todos en todas partes es incompatible con el capitalismo. El capitalismo es incompatible con la democracia.

El envite está claro. Mundo ciudadano de derechos y justicia (con otro sistema por supuesto) o uno autoritario camino a la perdición.