Los independentistas casus belli para la involución autoritaria del Partido Popular

La restricción de libertades en el Reino de España empieza a alcanzar cotas no imaginadas desde que gobierna de nuevo el PP. Antes fue la ley Mordaza y la contra-reforma del Código Penal. Hoy es el artículo 155 de la Constitución que aplican a Cataluña y que blanden como amenaza. El mantra para tapar su despotismo, su negativa al dialogo para resolver los problemas, es citar una y otra vez la legalidad constitucional y amenazar. Como los cristianos con el Biblia, los del PP usan la Constitución intocable e inmutable para un barrido o un fregado y para judicializar un conflicto político, el de Cataluña.

Enric Juliana ha explicado que el Gobierno no da órdenes directas a la judicatura, pero hay tal sintonía entre unos y otros que parecen estar conectadas las voluntades del gobierno y la Fiscalía. El señor Maza procesa por rebelión y sedición a los catalanes separatistas, aunque el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinara el 2 de diciembre de 2008 que no era competente para investigar la rebelión contra el Gobierno de Franco. Una demostrada rebelión.

Fue cuando el juez Baltasar Garzón quiso investigar la rebelión franquista y los crímenes de la dictadura que se formó después. El magistrado fue condenado por prevaricación, pero el Tribunal Supremo lo absolvió, aunque en la sentencia el Supremo también certificó que, como magistrado de la Audiencia Nacional, no era de su competencia investigar y juzgar delitos de rebelión. ¿Ahora sí?

José Manuel Maza participó en la elaboración de aquella sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a Garzón, pero presentó un voto particular donde sostenía que Garzón debía ser condenado por prevaricar al asumir una competencia (juzgar un delito de rebelión) que no le correspondía. Por lo visto hoy si se puede juzgar la rebelión de los separatistas catalanes que no es juzgar la rebelión armada del “General Franco”, como lo llamó Maza en su voto particular.

Nacho Escolar nos recuerda que “no hay una sola sentencia de la Audiencia Nacional, ningún precedente, ni un solo caso previo donde este tribunal haya tratado un delito de sedición o rebelión. Todas las sentencias sobre esos delitos (por ejemplo, contra los controladores aéreos en huelga) han sido firmadas por audiencias provinciales. Nunca antes había sido materia de la Audiencia Nacional. Nunca hasta hoy”. Curioso.

Visto lo visto, ¿alguien duda de que el gobierno Rajoy y el PP en pleno aprovechan la enorme torpeza y estupidez de los catalanes independentistas para crispar el escenario político y actuar con ‘contundencia a continuación?

El resultado final de esta crisis es una auténtica involución conservadora cuando nos las prometíamos tan felices tras las últimas elecciones en las que el PP perdió su mayoría absoluta y ver que el gobierno Rajoy perdía votaciones en el Congreso.

Alguien ha escrito que hay una referencia exterior próxima del modelo de Rajoy para rebajar la democracia: Erdogan en Turquía. El autócrata turco, que se presentó a las elecciones de su país como un conservador moderado (como Rajoy), en 2016 utilizó un oscuro y nunca bien explicado intento de golpe de estado militar para desatar una descomunal represión y derivar hacia un innegable régimen autoritario. Ocurrió precisamente tras varias movilizaciones ciudadanas multitudinarias que amenazaban con derribar su gobierno.

No de igual modo, pero sí lo recuerda, Rajoy se sacó de la manga la llamada ley Mordaza cuando aumentaron las movilizaciones ciudadanas al calor de la extensión del 15-M. Y hoy, la torpe, nada realista e irresponsable actuación del sector independentista de Cataluña ha sido para Rajoy como el golpe militar para Erdogan, anillo al dedo para aplicar el artículo 155 de la Constitución Española. La crisis de Estado provocada por el casus belli del independentismo catalán les permite franquistizar el Estado, podríamos decir, y volver a centralistas formas. Que se oiga de nuevo en estos días lo de ‘la unidad de España’ retrotrae al franquismo más auténtico que creíamos derrotado.

Que por ahí van los tiros lo demuestra que destacados dirigentes del PP han blandido el artículo 155 de la Constitución Española como amenaza de regreso al centralismo en Euskadi y Navarra, pero también en Castilla-La Mancha. En esta comunidad autónoma ha sido Julián Gregorio, delegado del gobierno, quien ha dicho alto y claro que “García-Page (presidente de Castilla-La Mancha) pide a gritos el artículo 155 para que el Estado enmiende al Gobierno del PSOE y Podemos». Más claro, agua.

Por su parte el ex-ministro Alfonso Alonso, líder del PP en el País Vasco, ha declarado sin que le tiemble un párpado que Euskadi puede llegar a «la misma situación, al mismo desafío y al mismo peligro que Cataluña por la combinación de nacionalismo en el poder, fuerzas radicales que justifican posiciones violentas, populistas de Podemos y la plataforma Gure Esku Dago, embrión de una Asamblea Nacional Vasca«. Ni ensayando a todas horas mentiría mejor.

También los conservadores navarros se han retratado al declarar su presidenta, Ana Beltrán, que «la actuación del Govern en Cataña se puede extrapolar a Navarra, pues ambos gobiernos pretenden que una minoría aplaste a la mayoría no nacionalista (…) y hay pruebas más que evidentes para pensar que el Gobierno foral, con la presidenta Uxue Barkos a la cabeza, quiere que Navarra desaparezca y se convierta en una provincia más del País Vasco«. Y siguen la falacias.

Se coge antes a uno del PP que a un cojo y es diáfano que esa reciente adoración del artículo 155 es la apuesta que no pueden ocultar (tal vez tampoco quieran) por el centralismo. Según el PP, el artículo 155 (que suprime la autonomía) es aplicable a cualquier entidad autónoma donde no gobierne el PP…  precisamente por no ser gobernada por el PP.

Estos días el PP ha celebrado el 40ª aniversario de su fundación, aunque el partido que se fundó esa fecha era Alianza Popular. Un partido ultraconservador y españolista creado por siete ex-ministros de Franco: Manuel Fraga, Silva Muñoz, López Rodó, Fernández de la Mora, Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente y Martínez Esteruelas, demócratas de toda la vida evidentemente. Un partido ultraconservador que por cierto se negó a participar en la redacción de la Constitución que hoy tanto mentan desde Rajoy al más modesto dirigente local, y que no la apoyó hasta última hora cuando propuso con desgana votar sí en el referendo de aprobación ciudadana.

No les quepa duda; vamos hacia atrás como los cangrejos, pues eso es el centralismo autoritario que nos preparan.

El conflicto de Cataluña

El Consejo de Europa ha expresado que apuesta por el diálogo en el conflicto de Cataluña con el gobierno de Rajoy. Pero Rajoy, ni caso. El Consejo también ha condenado las cargas policiales del 1 de octubre pasado en Barcelona y otras poblaciones catalanas y ha señalado que las libertades de expresión y de reunión son incompatibles con la violencia de ese día en Cataluña, criticando la errónea y muy desproporcionada reacción del Gobierno español. Además, el Consejo de Europa ha expresado también su desacuerdo con aplicar el artículo 155 de la Constitución española, pues considera que encona el enfrentamiento existente.

Pero Rajoy y los suyos se empecinan y no se apean de que el gobierno de la Generalitat catalana ha actuado ilegalmente. Como también Puigdemont se entesta en eufemismos y juegos de palabras para no decir con claridad que no había proclamado la independencia, lo que hubiera allanado una vía de dialogo.

A propósito de la crisis catalana cabe señalar que la legalidad, sin más matiz ni explicación, no es el objetivo de la democracia, como pretenden los voceros del PP. La legalidad es un medio para desarrollar la democracia, porque el fin de la democracia es la libertad, la justicia y el imperio de los derechos humanos. O no es democracia.

Alzar la bandera de la legalidad una y otra vez no resuelve el conflicto, como se ha comprobado. Pero lo cierto es que hay un gran conflicto político cuando cuarenta de cada cien catalanes y catalanas han votado querer separarse de España en el ilegal referendo del 1 de octubre. Como dijo muy lúcidamente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un problema político no se resuelve echando mano del Código Penal. Ni enviando diez mil policías y guardias civiles, cabe añadir. Aquí hay un problema político de envergadura, que además viene de lejos,y solo se resolverá hablando, dialogando, negociando… como ha reivindicado la ciudadanía en varias poblaciones españolas donde se manifestaron sin bandera alguna.

La legitimidad, que está por encima de la legalidad, es la cualidad de lo conforme con la justicia. Es lo justo y por eso puede haber y hay legalidades ilegítimas por injustas. Aquí cabe recordar la advertencia de Martin Luther King: “No olvidemos nunca que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. Y fue un horror que también puede aplicarse a Mussolini, Franco o a cualquier otro dictador.

Lo legal no es siempre baremo del cumplimiento de los derechos humanos ni del desempeño de la justicia ni del respeto de las libertades, verdaderos fines de la democracia.

No defiendo la postura de Puigdemont y estoy contra su encastillamiento en realizar el referendo. Un referendo cuyo resultado, como ha dicho la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, no es aval suficiente para declarar la independencia. Porque, aunque convocar el referendo fuera legítimo, no se pudo desarrollar con normalidad ni garantías por la intervención violenta de la policía enviada por Rajoy y por el cierre de muchos colegios electorales. En Hospitalet, segunda ciudad de Cataluña con un cuarto de millón de habitantes, se pudieron constituir menos de la quinta parte de colegios electorales. Eso invalida cualquier resultado.

Hay leyes y acciones del Estado injustas y por tanto ilegítimas, por legales que sean, pero además, el cacareado respeto de la legalidad del gobierno de Rajoy no es cierto. Solo hay que recordar la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Reino de España por las ilegales devoluciones de inmigrantes “en caliente”, echando por tierra la pretensión del gobierno Rajoy de ser legales. Una ilegalidad que dura quince años. Para mas inri, el ministro de Interior sigue defendiendo las devoluciones “en caliente”. Le da igual la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Puede el PP presentarse como adalid de la legalidad? ¿Tiene el menor crédito? Primero negaban que hubiera expulsiones de inmigrantes “en caliente”. Luego reconocieron que «en casos puntuales» incumplían la ley y al fin, el gobierno Rajoy intentó darles cobertura legal llamándolas «rechazos en frontera”. Pretensión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desmontado.

Y, ya puestos, recordemos otras ilegalidades del Gobierno Rajoy y del partido que lo sostiene. Como las financiaciones ilegales de campañas electorales del Partido Popular. Según se ha publicado, en el año 2000 el Partido Popular financió ilegalmente la campaña electoral que le consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales. Y hace poco, ante los tribunales que juzgan casos de corrupción, funcionarios de Hacienda han ratificado como testigos que el Partido Popular financió ilegalmente también las elecciones municipales de 2003 ¹.

¿Qué respeto a la legalidad es ése?

Además, la Fiscalía Anticorrupción considera probado, en sus conclusiones en el juicio de la Gürtel, que el Partido Popular se lucró de forma ilegal en la financiación de actos electorales a cambio de adjudicaciones fraudulentas de contratos a empresas de la trama corrupta.

Por si fuera poco, desde 1978 se han descubierto en el Reino de España más de 175 redes de corrupción asociadas a partidos de gobierno; una corrupción que no afecta exclusivamente, pero sí de modo muy considerable, al Partido Popular, tanto que hay más de 900 cargos públicos imputados de ese partido.

La delictiva ilegalidad de la corrupción supone, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la Hacienda española deja de recaudar 45.000 millones de euros anuales que se pierde en las cloacas de la política para ir a parar a las cuentas corrientes de los corruptos, escondidas en paraísos fiscales.

¿Ése es el respeto a la legalidad exigido por Rajoy y el PP a Puigdemont?

En cuanto al dirigente nacionalista catalán, cabe recordarle que su partido también está hundido en la corrupción y les viene bien que se hable del referendo y de la respuesta del gobierno Rajoy, así los medios dejan de hablar de la corrupción de Convergencia y de la familia Pujol.

También hay que hacerle notar que algo más de dos millones de votantes de cinco millones y medio de ciudadanos con derecho a voto en Cataluña no pueden decidir la independencia en las condiciones muy irregulares del referendo. Pues no sabemos si los tres millones y medio que no votaron ese día no quisieron votar o no pudieron. Lo probable es que muchos no pudieron al no constituirse todos los colegios electorales por la intervención policial, más las continúas caídas de Internet que dificultaron o impidieron votar. En cualquier caso, no sabemos que hubieran votado ni siquiera si pensaban votar. En democracia de calidad, ese resultado no es suficiente y más aún si se trata de decidir cuestión tan trascendente como continuar a separarse.

Sin embargo, los datos globales de la votación, aunque no válidos electoralmente, sí indican una gran movilización ciudadana, una enorme desobediencia civil que debería hacer ver al gobierno de Rajoy y a quienes lo apoyan que hay un problema serio a resolver. Resolver, no enconar. Un problema que no se arregla con represión ni con emociones desatadas ni enarbolando banderas rojigualdas o cuatribarradas.

En este conflicto, el Partido Popular y el gobierno Rajoy destacan por su autoritaria, necia y malévola intransigencia. En tanto que al señor Puigdemont y los suyos cabe señalarles su falta de visión de la realidad más una irresponsable y errática actuación política. Su actuación no ha conseguido la independencia (en el caso de que fuera un objetivo para pelear por él, que considero que no), pero sí ha fortalecido el nacionalismo españolista, el peor. Y ese reforzamiento hace ahora más difícil cambiar las cosas en este país para lograr una democracia de calidad que, por cierto, no es el caso del vigente régimen dinástico bipartidista del 78 que con tanto afán defienden Rajoy, Rivera y también Pedro Sánchez.

A destacar que esta crisis ha desvelado que el PSOE de Pedro Sánchez no es la izquierda templada recuperada que en algún momento pudo parecer, sino que, con algunos retoques, vuelve por los fueros de González y Guerra, por el bipartidismo del 78 y por un evidente nacionalismo español que nada tiene que ver con el socialismo. No por casualidad The New York Times tituló “Victoria de los jóvenes nacionalistas” un reportaje de páginas centrales contando la mayoría absoluta conseguida por el PSOE de Felipe González el 28 de octubre de 1982.

Otrosí ¿qué pensar de que el PP elogie la «capacidad de Estado» de Pedro Sánchez por apoyar sin dudar la respuesta autoritaria del Gobierno Rajoy a Puigdemont? Insisto: Puigdemont yerra, no tiene razón y sus intereses son los de la burguesía catalana no los de la mayoría ciudadana, pero aplicar el artículo 155 de la Constitución española no es el camino para resolver los problemas con Cataluña.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha pedido a Rajoy y Puigdemont que no hagan nada que impida el diálogo y la mediación. Pero parece que ambos se encastillan en sus posiciones. ¿Saben?, la actitud de ambos políticos me recuerda a un par de tíos desafiándose a ver cual de los dos mea más lejos? Muy masculino, pero muy estúpido.

1 http://cadenaser.com/ser/2017/09/18/tribunales/1505739891_384087.html

La ley de Amnistía española (vergüenza de la democracia) cumplió 40 años

Hace unos días se cumplió el cuarenta aniversario de la ley de Amnistía de 1977, auténtica vergüenza, cuando no escarnio, de la democracia española. Esa ley impide que prospere cualquier petición de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.

Así ha sido por la innegable voluntad del partido Popular, de su escudero político Ciudadanos y del PSOE, los tres han boicoteado cualquier intento de investigar y juzgar los crímenes del franquismo. La razón aducida es que hay que olvidar y no reabrir heridas. Olvidan que una herida cerrada sin limpiar se pudre, se infecta. Así como también olvidan que algunos países desarrollados de ‘nuestro entorno’ han emprendido y consumado procesos para borrar cualquier resto de las dictaduras que sufrieron. Así se ha hecho en Italia con el fascismo y Mussolini y en Alemania con Hitler y el nazismo.

El último rechazo a investigar crímenes franquistas fue en diciembre de 2016 cuando esos partidos rechazaron una proposición de ley de Unidos Podemos que añadía un artículo a esa ley según el cual la amnistía no era aplicable a delitos de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El Congreso ha rechazado otras dos veces derogar o modificar la Ley de Amnistía, siempre con los votos de PP y PSOE. Y también de Convergencia Democrática de Cataluña, por cierto, que hoy se llama PdeCat. Lo que ha motivado las denuncias de organismos internacionales.

Han denunciado a España por esa ley el Grupo contra Desapariciones Forzadas de la ONU, el Relator Especial de la ONU por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esta última organización dejó muy claro hace siete años, cuando juzgaron al juez Garzón por prevaricación, que «las autoridades españolas deben cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en vez de investigar a un magistrado que busca que se rindan cuentas por los crímenes del pasado«.

En 2006 se presentaron en España algo más de 114.000 denuncias de crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista de 1936 a 1951. Pero no se investigo ni uno siquiera. En 2008 se abrieron 47 causas por lo mismo, pero se recharon alegando la Ley de Amnistía. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la Ley de Amnistía es una ley de impunidad.

Pero esa ley del 77 aún es más antidemocrática cuando se comprueba que en las actas del debate para elaborar la ley nunca se consideró amnistiar a franquistas que hubieran perpetrado crímenes. El abogado Jaime Sartorius estuvo en la Comisión parlamentaria que elaboró la ley de Amnistía y asegura que nunca se menciona que la ley de amnistía fuera un borrón y cuenta nueva de delitos de los franquistas.

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha recordado que «fue la UCD de Suárez, otro partido heredero del franquismo, la que introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley cláusulas que no estaban en los borradores iniciales. Esas clausulas extendían la amnistía a los delitos cometidos por funcionarios de la dictadura y agentes de orden público contra los derechos de las personas. Pues ese no era el objetivo de la ley de Amnistía que buscaba vaciar las cárceles de ciudadanos y ciudadanas que habían luchado por las libertades contra la dictadura.

Tiempo después, víctimas de la dictadura, familiares de éstas y colectivos ciudadanos pidieron explicaciones y justicia por las actuaciones de los franquistas, pues no era inadmisible la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el terror a quienes se oponían a la dictadura. Pero nada consiguieron. La Ley de Amnistía se usó como escudo perfecto para impedir que los franquistas rindan cuentas por sus crímenes. No se puede investigar nada por la vigencia de la ley de Amnistía, convertida en medio de los poderes del Estado para rechazar toda petición de Justicia de las víctimas de la dictadura para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista. Crímenes como las ejecuciones de las últimas sentencias de muerte del franquismo en 1975 o los sucesos de Vitoria en 1976 cuando fueron asesinados cinco trabajadores en huelga.

Así lo entiende el ex-ministro franquista Martín Villa que ha expresado su voluntad de declarar ante la Justicia argentina ¹, rechazando parapetarse tras la ley Amnistía, reconociendo que ése es el objetivo de la misma, porque otros franquistas sí se acogen a ella para no responder ante la Justicia.

El rechazo sistemático del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos de investigar los crímenes del franquismo convierte esa ley de Amnistía en ley de punto final y blindaje protector de franquistas, como han denunciado organismos internacionales de derechos humanos.

Pero no esta todo perdido. El Ayuntamiento de Madrid se querellará contra los responsables de crímenes del franquismo en la ciudad. El equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena propondrá en breve una moción para que el Consistorio se persone como querellante ante la Justicia y se investiguen los crímenes franquistas en el municipio de Madrid. Madrid se une así a otras ciudades del cambio que también han denunciado crímenes de la dictadura franquista como Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Cádiz, Tarragona y Rivas que se han querellado o lo harán en breve contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

1 La jueza argentina María Servini investiga los crímenes del franquismo en aplicación de la Justicia Internacional, atendiendo numerosas denuncias de víctimas de la dictadura o familiares de éstas.

Conflictos armados y cambio climático disparan de nuevo el hambre

Volvemos a denunciar que aumenta el hambre en el mundo. Tras unos años de avances contra el hambre, aunque lentos pero seguros, el último informe de la FAO (la agencia de la ONU para combatir el hambre y la desnutrición) denuncia que hoy hay en el mundo 38 millones de personas más que pasan hambre. El hambre ya afecta a 815 millones de personas, el 11% de población mundial. El hambre aumenta por primera vez en diez años.

El informe de la FAO apunta a los conflictos armados como causa de ese aumento, agravado por las consecuencias del cambio climático que ya no es solo un riesgo sino que está aquí.

El terrible diagnóstico de la FAO es que no se acabará con el hambre en 2030, como se había propuesto la ONU… salvo con cambios profundos que permitan redistribuir la riqueza y finalicen o se reduzcan los conflictos armados.

Muchas más personas pasan hambre hoy sobre todo en África subsahariana y grandes regiones del sur y Este de Asia, pero aún se sufre más hambre en las zonas con conflictos armados, agravado a menudo por sequías e inundaciones, consecuencia directa del cambio climático. Mirando el mapa del hambre, esa lacra inaceptable ha aumentado en Sudán del Sur, zona de guerra desde hace tiempo, pero también amenazan hambrunas en Nigeria, Somalia y Yemen, regiones también con violentos enfrentamientos armados.

La FAO denuncia que de los 815 millones de personas que hoy sufren hambre 490 millones,más de lamitad están en zonas de guerra.

En los últimos 25 años muchos países habían reducido el hambre y la desnutrición, pero esos avances se han frenado y retrocedido precisamente por la extensión de conflictos armados. La FAO indica que también han aumentado los refugiados y desplazados en sus propios países, que ahora son el doble, hasta 64 millones.

Actualmente hay nueve países con conflictos violentos con más de la décima parte de su población refugiada o desplazada. En Somalia y Sudán del Sur, más de la quinta parte de sus habitantes son personas desplazadas: gentes obligadas a abandonar sus hogares para conservar la vida, aunque no el país por ahora, alejándose de las zonas de mayor violencia.

En Siria, donde la lucha armada es muy violenta y los bombardeos son constantes e intensos, ha huido más de la mitad de sus habitantes, convirtiéndose en refugiados. Lo sabemos por las constantes portadas y titulares del drama continuo de refugiados rescatados en el Mediterráneo y el drama aún mayor de las personas que se arriesgan en frágiles e inseguras embarcaciones y mueren ahogados.

Lo peor de tan injusta e inaceptable situación es que los gobernantes de la Unión Europea han incumplido de modo vergonzoso el compromiso de acoger refugiados, además de haber dado un espectáculo lamentable con el regateo sobre los refugiados que los gobiernos europeos estaban dispuestos a acoger.

El gobierno de España es buena muestra de esa vergüenza. El 26 de septiembre de 2015 el gobierno del Partido Popular se comprometió a acoger a 17.330 refugiados. Dos años después, solo ha acogido a 1.488 personas refugiadas, apenas un 8% de lo comprometido. A este ritmo cicatero el gobierno de España tardaría casi 20 años en acoger a todos los refugiados a que se comprometió. Pero aunque cumplieran esos compromisos, es una minucia al lado de los más de 11 millones de sirios que han huido de la guerra, convertidos en refugiados.

Además, otro factor aumenta el hambre, incluso en regiones sin violencia. Sequías e inundaciones por el cambio climático arruinan cosechas, reducen el ganado y destruyen centros y zonas de producción. Días atrás hemos visto imágenes escalofriantes de los daños causados por los huracanes en el mar Caribe y sureste de EEUU. El resultado final es más hambre.

Un informe del Parlamento Europeo expone las consecuencias del cambio climático desde hoy hasta 2035 y no es tranquilizador. Aumentarán los refugiados por las consecuencias del cambio climático y los fenómenos meteorológicos serán cada vez más extremos. El sur de Europa, sufrirá olas de calor cada vez más frecuentes y sequías prolongadas que provocarán una preocupante reducción de la agricultura, las costas se inundarán y habrá pérdidas considerables de biodiversidad. En el norte y centro de Europa habrá más crecidas en invierno y más desbordamientos de ríos que inundarán pueblos y ciudades, como hemos podido ver estos días en los noticiarios televisivos. Esas situaciones generan desastre, pobreza y necesidades vitales desatendidas. Y más hambre.

Que aumente el hambre es inaceptable, es un crimen. Como dijo Gandhi, el hambre es un insulto que humilla y deshumaniza, destruye el cuerpo y el espíritu: es la realidad más asesina que hay.

¿Hasta cuando gobiernos e instituciones globales vacilarán en afrontar la lucha contra el hambre con decisión y energía?