¿España 2017 o Chicago años 30?

Volviendo sobre la dicha cuestión catalana, es llamativo el análisis de la misma de Matthew Parish, abogado suizo estudioso de conflictos étnicos y nacionales que fue miembro del personal de mantenimiento de la paz de la ONU.

Matthew Parish relaciona el conflicto desatado desde el referendo del 1 de octubre en Cataluña con el pago catalán de impuestos que considera esencial para el gobierno del Partido Popular: le permite pagar los cuantiosos intereses de la enorme deuda pública. Deuda que ya suma un billón de euros. Y añade que “de persistir la incertidumbre sobre el futuro de Cataluña, espina dorsal económica y fiscal de España, el impago de bonos de deuda españoles podría tener efectos devastadores. La economía española es demasiado grande para quebrar y la UE no puede permitirse rescatar la cuarta economía de la eurozona”. Por eso han insistido en que las elecciones catalanes fueran cuanto antes. Para desbloquear la situación.

Más allá de cuanto exagere o yerre Parish, sí hay relación entre fiscalidad, deuda, corrupción y crisis catalana. Desde hace tiempo, Cataluña reclama un modelo fiscal semejante al de Euskadi y Navarra, denominados Territorios Históricos en la Constitución. Disponen éstos de agencias tributarias que recaudan los impuestos en su territorio autonómico y entregan al estado central una parte de lo recaudado. Esa parte se negocia cada varios años.

Eso quisiera Cataluña, pero nunca gobierno central alguno del PSOE o del PP ha mostrado el menor interés por atender esa reivindicación. Tal vez por eso Matthew Parish opina que el gobierno de Rajoy “utiliza los ingresos fiscales de Cataluña para financiar sus obligaciones de deuda pública y cualquier cesión de control fiscal a Cataluña u otro nuevo equilibrio fiscal entre Madrid y Barcelona suprimiría la facultad del gobierno de Madrid para sacar más provecho de los catalanes”.

¿Se hubiera resuelto el ‘conflicto catalán’ de negociar otra fiscalidad? Lo innegable es que el PP no parece estar siquiera dispuesto a considerarlo.

Sea como fuere, hay elecciones catalanas dentro de veinticuatro días y, según varios sondeos, los partidos catalanistas (que no solo los independentistas) obtendrán del 58% al 60% de votos. Eso son 78 escaños, cuando la mayoría absoluta del Parlament de Cataluya es de 68. Más que suficiente para formar un gobierno catalanista. Catalanista, que no independentista. Sobre todo ahora que varios dirigentes independentistas (Puigdemont, Mas, Tardá…) han expresado con mayor o menor claridad que quizás se precipitaron y que la independencia no parece por ahora el mejor camino para resolver los problemas de Cataluña.

Como han escrito Raventós y Búster, lo que parecía jugada maestra (artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre) es un error que puede dañar de modo irremediable la carrera política de Rajoy y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España en la primavera de 2018”. Unas elecciones cuyo resultado no favorecería al Partido Popular, vista la evolución del voto a ese partdio en los últimos meses. Un par de sondeos más recientes hablan de empate técnico entre ‘constitucionalistas’ y catalanistas que  el partido de Ada Colau desempataría. No se enteran.  Vista la errática actuación del PSOE de Sánchez, el PSC no puede permitirse el lujo de votar a un candidato del PP o de Ciudadanos como presidente de la Generalitat, porque podría prácticamente desaparecer de Cataluña. No hay ‘bloque constitucionalista’. Solo el deseo irredento de El País y La Razón, que han promovido esos sondeos, de que  la derecha española y españolista  gobierne Cataluña.

En cualquier caso, si quien desempata es el partido de Ada Colau, evidentemente no lo haría a favor del auto-denominado bloque constitucionalista (que solo son PP y Ciudadanos, por cierto).

En el centro del conflicto, en Cataluña, si se cumple la previsión electoral autonómica, el nuevo Govern tras el 21 de diciembre se parecerá bastante al que Rajoy destituyó y encarceló. Si es así, como parece probable, habrá que desfacer entonces muchos entuertos, no habrá duda alguna de que Rajoy ha fracasado con su postura autoritaria y cerrada, y se abriría un nuevo camino para empezar a resolver los muchos problemas de España, enquistada sin salida en el régimen bipartidista del 78.

Pues resulta que el llamado conflicto catalán es parte importante de la crisis de ese régimen del 78, que se va al garete por la austeridad impuesta durante media década, descoyuntado ahora y visto el truco por el desenfreno mediático propiciado por los excesos del gobierno Rajoy ante el 1 de octubre, que han dejado al régimen del 78 con las vergüenzas al aire.

Vergüenzas como las implacables conclusiones de la fiscal del caso Gürtel de financiación ilegal de campañas del PP; la corrupción por sistema que los diversos procesos en marcha airean y afectan a 900 cargos y miembros del PP; las cloacas fascistoides del régimen desveladas por la detención del comisario Villarejo, más las prácticas gangsteriles, como la intervención de Hacienda porque sí en el Ayuntamiento de Madrid, y el vergonzoso convenio con la industria farmacéutica. Con la máxima desfachatez, Hacienda obliga a las Comunidades Autónomas (si piden financiación extra) a comprometerse a enriquecer a las empresas que forman Farmaindustria adquiriendo sus medicamentos de marca y olvidándose de los medicamentos genéricos, más baratos y tan eficaces. Rigurosamente cierto.

Me llegan recuerdos intensos del Chicago de Al Capone en los años 30 del siglo XX.

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Los independentistas casus belli para la involución autoritaria del Partido Popular

La restricción de libertades en el Reino de España empieza a alcanzar cotas no imaginadas desde que gobierna de nuevo el PP. Antes fue la ley Mordaza y la contra-reforma del Código Penal. Hoy es el artículo 155 de la Constitución que aplican a Cataluña y que blanden como amenaza. El mantra para tapar su despotismo, su negativa al dialogo para resolver los problemas, es citar una y otra vez la legalidad constitucional y amenazar. Como los cristianos con el Biblia, los del PP usan la Constitución intocable e inmutable para un barrido o un fregado y para judicializar un conflicto político, el de Cataluña.

Enric Juliana ha explicado que el Gobierno no da órdenes directas a la judicatura, pero hay tal sintonía entre unos y otros que parecen estar conectadas las voluntades del gobierno y la Fiscalía. El señor Maza procesa por rebelión y sedición a los catalanes separatistas, aunque el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determinara el 2 de diciembre de 2008 que no era competente para investigar la rebelión contra el Gobierno de Franco. Una demostrada rebelión.

Fue cuando el juez Baltasar Garzón quiso investigar la rebelión franquista y los crímenes de la dictadura que se formó después. El magistrado fue condenado por prevaricación, pero el Tribunal Supremo lo absolvió, aunque en la sentencia el Supremo también certificó que, como magistrado de la Audiencia Nacional, no era de su competencia investigar y juzgar delitos de rebelión. ¿Ahora sí?

José Manuel Maza participó en la elaboración de aquella sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a Garzón, pero presentó un voto particular donde sostenía que Garzón debía ser condenado por prevaricar al asumir una competencia (juzgar un delito de rebelión) que no le correspondía. Por lo visto hoy si se puede juzgar la rebelión de los separatistas catalanes que no es juzgar la rebelión armada del “General Franco”, como lo llamó Maza en su voto particular.

Nacho Escolar nos recuerda que “no hay una sola sentencia de la Audiencia Nacional, ningún precedente, ni un solo caso previo donde este tribunal haya tratado un delito de sedición o rebelión. Todas las sentencias sobre esos delitos (por ejemplo, contra los controladores aéreos en huelga) han sido firmadas por audiencias provinciales. Nunca antes había sido materia de la Audiencia Nacional. Nunca hasta hoy”. Curioso.

Visto lo visto, ¿alguien duda de que el gobierno Rajoy y el PP en pleno aprovechan la enorme torpeza y estupidez de los catalanes independentistas para crispar el escenario político y actuar con ‘contundencia a continuación?

El resultado final de esta crisis es una auténtica involución conservadora cuando nos las prometíamos tan felices tras las últimas elecciones en las que el PP perdió su mayoría absoluta y ver que el gobierno Rajoy perdía votaciones en el Congreso.

Alguien ha escrito que hay una referencia exterior próxima del modelo de Rajoy para rebajar la democracia: Erdogan en Turquía. El autócrata turco, que se presentó a las elecciones de su país como un conservador moderado (como Rajoy), en 2016 utilizó un oscuro y nunca bien explicado intento de golpe de estado militar para desatar una descomunal represión y derivar hacia un innegable régimen autoritario. Ocurrió precisamente tras varias movilizaciones ciudadanas multitudinarias que amenazaban con derribar su gobierno.

No de igual modo, pero sí lo recuerda, Rajoy se sacó de la manga la llamada ley Mordaza cuando aumentaron las movilizaciones ciudadanas al calor de la extensión del 15-M. Y hoy, la torpe, nada realista e irresponsable actuación del sector independentista de Cataluña ha sido para Rajoy como el golpe militar para Erdogan, anillo al dedo para aplicar el artículo 155 de la Constitución Española. La crisis de Estado provocada por el casus belli del independentismo catalán les permite franquistizar el Estado, podríamos decir, y volver a centralistas formas. Que se oiga de nuevo en estos días lo de ‘la unidad de España’ retrotrae al franquismo más auténtico que creíamos derrotado.

Que por ahí van los tiros lo demuestra que destacados dirigentes del PP han blandido el artículo 155 de la Constitución Española como amenaza de regreso al centralismo en Euskadi y Navarra, pero también en Castilla-La Mancha. En esta comunidad autónoma ha sido Julián Gregorio, delegado del gobierno, quien ha dicho alto y claro que “García-Page (presidente de Castilla-La Mancha) pide a gritos el artículo 155 para que el Estado enmiende al Gobierno del PSOE y Podemos”. Más claro, agua.

Por su parte el ex-ministro Alfonso Alonso, líder del PP en el País Vasco, ha declarado sin que le tiemble un párpado que Euskadi puede llegar a “la misma situación, al mismo desafío y al mismo peligro que Cataluña por la combinación de nacionalismo en el poder, fuerzas radicales que justifican posiciones violentas, populistas de Podemos y la plataforma Gure Esku Dago, embrión de una Asamblea Nacional Vasca“. Ni ensayando a todas horas mentiría mejor.

También los conservadores navarros se han retratado al declarar su presidenta, Ana Beltrán, que “la actuación del Govern en Cataña se puede extrapolar a Navarra, pues ambos gobiernos pretenden que una minoría aplaste a la mayoría no nacionalista (…) y hay pruebas más que evidentes para pensar que el Gobierno foral, con la presidenta Uxue Barkos a la cabeza, quiere que Navarra desaparezca y se convierta en una provincia más del País Vasco“. Y siguen la falacias.

Se coge antes a uno del PP que a un cojo y es diáfano que esa reciente adoración del artículo 155 es la apuesta que no pueden ocultar (tal vez tampoco quieran) por el centralismo. Según el PP, el artículo 155 (que suprime la autonomía) es aplicable a cualquier entidad autónoma donde no gobierne el PP…  precisamente por no ser gobernada por el PP.

Estos días el PP ha celebrado el 40ª aniversario de su fundación, aunque el partido que se fundó esa fecha era Alianza Popular. Un partido ultraconservador y españolista creado por siete ex-ministros de Franco: Manuel Fraga, Silva Muñoz, López Rodó, Fernández de la Mora, Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente y Martínez Esteruelas, demócratas de toda la vida evidentemente. Un partido ultraconservador que por cierto se negó a participar en la redacción de la Constitución que hoy tanto mentan desde Rajoy al más modesto dirigente local, y que no la apoyó hasta última hora cuando propuso con desgana votar sí en el referendo de aprobación ciudadana.

No les quepa duda; vamos hacia atrás como los cangrejos, pues eso es el centralismo autoritario que nos preparan.

Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho

Los abundantes privilegios fiscales y no fiscales de la Iglesia Católica en España preocupan y enfadan. En 2007, la Comisión Europea criticaba al gobierno español por las ventajas tributarias a inmuebles propiedad de la Iglesia. Pero antes, en 2005, la CE había pedido a España que modificara su Acuerdo con el Vaticano sobre Asuntos Económicos por ser ilegales las exenciones del IVA a la Iglesia. En otra ocasión, la Comisión ha pedido explicaciones de por qué la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ni el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI). Y hace poco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunció las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España porque “pueden ser ayudas estatales prohibidas“. Una historia interminable y sin explicaciones.

El artículo 16 de la Constitución Española deja claro que España es un estado aconfesional y ninguna confesión tendrá carácter estatal, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Cooperación, no privilegios.

¿Por qué la Iglesia tiene en el Reino de España tantos beneficios fiscales y otros? No se explica porqué la Iglesia no paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de Sucesiones o Donaciones. O porque no paga el IBI como todo quisque. ¿Acaso porqué los inmuebles que no pagan IBI son lugares de culto? No, porque solo un 18% de propiedades inmobiliarias de la Iglesia se dedican al culto. El 82% restante no son lugares de culto… pero tampoco pagan IBI. Y, por no pagarlo, se dejan de recaudar 2.500 millones de euros cada año.

Y hablando de privilegios, desde hace años la Iglesia Católica española registra como propios viñedos, olivares, casas rectorales, atrios y solares que pertenecían desde tiempo a los pueblos, pero no se registraron burocráticamente. La Iglesia sí lo ha hecho. Y lo sigue haciendo por dos artículos de la Ley y Reglamento hipotecarios (que deberían ser derogados ya) por los que los obispos pueden registrar propiedades como si fueran funcionarios públicos. ¡¡Increíble!!

Ese privilegio fue mayor en 1998, cuando el Gobierno Aznar suprimió un artículo del reglamento hipotecario que hasta entonces impedía inmatricular (registrar propiedades a nombre de alguien) edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas. Desde entonces la Iglesia inmatricula esos inmuebles a todo gas. En Navarra, ejemplo paradigmático, esas discretas inmatriculaciones han arrasado el territorio y cientos de templos parroquiales, ermitas y basílicas, más lo que tienen dentro, figuran como propiedades de la Iglesia Católica . También casas, almacenes, garajes, frontones y cementerios. Todo es inmatriculable. Es tal el volumen de esos registros de propiedad que hoy la Iglesia Católica posee en España más de 110.000 propiedades… que no pagan impuestos. Ermitas, por ejemplo, que nunca figuraron como propiedad de la Iglesia, además de que muy a menudo fueron construidos y levantados con el dinero, trabajo y esfuerzo de la gente de pueblos y comarcas.

En 2007, buscando el escritor navarro José Mª Esparza documentación para un libro de historia local, descubrió que la Iglesia había registrado a su nombre la parroquia de Santa María de Tafalla. Luego comprobó que había hecho lo mismo en San Pedro y con las iglesias de Artajona y Ujué. El Arzobispado llevaba años inmatriculando bienes comunes que, por la razón que fuera, estaban sin registrar, pero nadie se había enterado. Se constituyó la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro para detener esas apropiaciones y, diez años después, las inmatriculaciones como problema y frenarlas ya son tarea de la ciudadanía. Muchos alcaldes han descubierto con sorpresa esas inmatriculaciones e intentan devolver al pueblo el patrimonio cultural e inmobiliario del que la Iglesia se ha apropiado.

Por su parte, la organización Europa Laica ha denunciado además en su informe Opacidad y Financiación de la Iglesia Católica que “mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios públicos, el Estado da a la Iglesia católica, por subvenciones directas y exención de impuestos, más de 11.000 millones de euros anuales. Más del 1% del PIB”. Europa Laica denuncia también que “la Iglesia católica española se ha apropiado, en su historia, de gran parte del patrimonio que posee hoy por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento y complicidad del Estado”.

Urge, por tanto, arreglar tan injusto desaguisado y regular democráticamente la relación con la Iglesia. Sin privilegios.