La sombra del franquismo es alargada

Hace unos días, el Presidente Pedro Sánchez anunció que antes de acabar el verano se exhumarían y trasladarían los restos mortales de Francisco Franco al lugar que indicara su familia. Una antigua reivindicación de las gentes que aman la libertad para empezar a suprimir lo que resta de franquismo y sus nefastas herencias y huellas en este país. El Gobierno de Sánchez ya ha hablado al respecto con la familia del fallecido dictador y también con la jerarquía de la Iglesia Católica (gestora del mausoleo y basílica del Valle de los Caídos donde están los restos de Franco) para concretar su exhumación y traslado. Altos dignatarios de la Iglesia habían hecho saber públicamente que colaborarían en la exhumación y traslado de lo que quede del autócrata en el Valle de los Caídos.

Condenas de la ONU y del Consejo de Europa

Una medida deseada por muchos ciudadanos y ciudadanas, aunque persistan algunas opiniones contrarias minoritarias y necias (del latín, nescio, nescis, nescire, nescivi, nescitum: no saber, ignorar, desconocer) propias de partidarios, admiradores y nostálgicos del franquismo.

Al tiempo que se comunicaba la intención de trasladar los restos del dictador, Izquierda Unida registraba en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley que amplía la de memoria histórica democrática con medidas que van desde la ilegalización de cualquier asociación del tipo que sea que haga apología del franquismo o de Franco hasta multas y penas de cárcel por incumplir la ley de memoria histórica, además de establecer un censo oficial de víctimas de la dictadura franquista y un mapa de fosas comunes.

Hace 43 años falleció el dictador Franco, tras soportar la ciudadanía española 36 años de férreo autoritarismo y represión. Ahora, que llevarán sus restos a donde su familia indique, cabe recordar que en 1946, la ONU condenó el franquismo de modo tajante. Fue en San Francisco, Potsdam y Londres, ciudades en las que se reunió la asamblea general de los pueblos de las Naciones Unidas para crear la ONU. Las Naciones Unidas condenaron por unanimidad el régimen de Franco. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas concluyó sin el menor asomo de duda que en origen, naturaleza, estructura y actuación general, el régimen de Franco era un régimen fascista. La ONU aseguró que pruebas innegables demostraban que Franco fue, con Hitler y Mussolini, culpable de una conspiración de guerra contra los países que fueron agredidos por fascistas, nazis y franquistas y, tras la II Guerra Mundial, formaron las Naciones Unidas. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas afirmó que el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, no lo representaba ni lo representó nunca. Y sancionó al régimen franquista con la retirada de embajadores, embargos y otras medidas.

Intereses estratégicos contra derechos y justicia

Lamentablemente, los intereses de EEUU, presididos primero por el ex-jefe supremo de los ejércitos aliados en Europa durante la guerra mundial, general Dwight Eisehower, y después por Harry Truman, acabaron con el bloqueo al que la ONU había condenado a la España franquista por su evidente colaboración con al fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Pero EEUU prefirió considerar la dictadura franquista como aliada en su enfrentamiento con la Unión Soviética y estados satélites en la guerra fría que empezaba. Los intereses de EEUU primaron sobre el hecho de que la España de Franco fuera una dictadura implacable, condenada internacionalmente, que violaba sistemáticamente los derechos de la gente.

Una dictadura que hoy sabemos causó al menos 143.000 desaparecidos forzados, cuyos restos mortales siguen en las cunetas del país en unas 2.500 fosas comunes. España soporta así la vergüenza de ser el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados detrás de la Camboya del criminal Pol Pot y sus jémeres rojos. Además, según informe del Consejo de Europa, en los años cuarenta e incluso principios de los 50, los presos políticos fueron en la España de Franco extremadamente numerosos: unos 400.000, muchos de los cuales fueron forzados a trabajar en obras del franquismo. En 1940, “la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi“, asegura un informe del Consejo de Europa. A sumar además entre las víctimas de la dictadura los 220.000 exiliados que se fueron a Francia, México, Argentina y otros países de América Latina para poder vivir.

Cientos y cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, denuncia ese informe, sufrieron cárcel, malos tratos y torturas por luchar por la libertad y por la democracia y aún constan como delincuentes en los archivos de la Justicia española de la época franquista de un modo incomprensible, porque ningún gobierno de la época democrática desde 1976 ha tenido el valor y el coraje de anular las sentencias de la ilegítima y criminal dictadura franquista.

Según varias estimaciones, los muertos por la dictadura franquista serían unos 150.000, pero podrían ser 400.000 si se incluyen las víctimas muertas en campos franquistas de concentración durante la guerra civil y primeros años de dictadura. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron mucho tiempo bajo el gobierno franquista y, de los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, fueron fusilados más de 190.000.

El franquismo fue una dictadura asesina que murió matando. El 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, fueron fusilados tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA político-militar. Apenas dos meses después, murió el dictador tras una larga y dolorosa agonía.

Es preciso juzgar la dictadura franquista

Además de la ONU, el 16 de marzo de 2006, el Consejo de Europa (organización que agrupa los 47 Estados de Europa, salvo Bielorrusia, Kazajistán y el Vaticano) también condenó por unanimidad las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a 1975“. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, España es la única democracia que no ha investigado nunca su terrorismo de Estado tras desaparecer la dictadura. A pesar de que, según el historiador británico Paul Preston, los crímenes políticos que perpetró Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler, aunque éste lo aventajó ampliamente en masacres raciales. Los crímenes del franquismo perpetrados por instituciones y personas franquistas fueron “una venganza ciega” según Preston.

Todo eso es agua pasada, oiréis que arguye una minoría que no quiere que se investiguen, juzguen ni castiguen los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista en la guerra civil y durante los treinta y seis años siguientes. Pero, contra la falsa razón de que hay que olvidar y cerrar heridas, siguiendo con el símil, las heridas que no se abren, se limpian y airean, se infectan y provocan la muerte. Hay que juzgar los crímenes del franquismo que, por ser de guerra y lesa humanidad, no prescriben según el derecho penal internacional.

Además es imprescindible anular los juicios y condenas de republicanos y democrátas en general perpetrados por tribunales franquistas y,por supuesto, procesar a quienes se rebelaron criminalmente contra la legítima República, provocaron la guerra civvil y crearon y sostuvieron la dictadura franquista. Todo ello es la gran asignatura pendiente de España y de su ciudadanía. En tanto no se aborde y resuelva, este país no levantará cabeza ni será una democracia completa digna de tal nombre.

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El conflicto de Cataluña

El Consejo de Europa ha expresado que apuesta por el diálogo en el conflicto de Cataluña con el gobierno de Rajoy. Pero Rajoy, ni caso. El Consejo también ha condenado las cargas policiales del 1 de octubre pasado en Barcelona y otras poblaciones catalanas y ha señalado que las libertades de expresión y de reunión son incompatibles con la violencia de ese día en Cataluña, criticando la errónea y muy desproporcionada reacción del Gobierno español. Además, el Consejo de Europa ha expresado también su desacuerdo con aplicar el artículo 155 de la Constitución española, pues considera que encona el enfrentamiento existente.

Pero Rajoy y los suyos se empecinan y no se apean de que el gobierno de la Generalitat catalana ha actuado ilegalmente. Como también Puigdemont se entesta en eufemismos y juegos de palabras para no decir con claridad que no había proclamado la independencia, lo que hubiera allanado una vía de dialogo.

A propósito de la crisis catalana cabe señalar que la legalidad, sin más matiz ni explicación, no es el objetivo de la democracia, como pretenden los voceros del PP. La legalidad es un medio para desarrollar la democracia, porque el fin de la democracia es la libertad, la justicia y el imperio de los derechos humanos. O no es democracia.

Alzar la bandera de la legalidad una y otra vez no resuelve el conflicto, como se ha comprobado. Pero lo cierto es que hay un gran conflicto político cuando cuarenta de cada cien catalanes y catalanas han votado querer separarse de España en el ilegal referendo del 1 de octubre. Como dijo muy lúcidamente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un problema político no se resuelve echando mano del Código Penal. Ni enviando diez mil policías y guardias civiles, cabe añadir. Aquí hay un problema político de envergadura, que además viene de lejos,y solo se resolverá hablando, dialogando, negociando… como ha reivindicado la ciudadanía en varias poblaciones españolas donde se manifestaron sin bandera alguna.

La legitimidad, que está por encima de la legalidad, es la cualidad de lo conforme con la justicia. Es lo justo y por eso puede haber y hay legalidades ilegítimas por injustas. Aquí cabe recordar la advertencia de Martin Luther King:No olvidemos nunca que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. Y fue un horror que también puede aplicarse a Mussolini, Franco o a cualquier otro dictador.

Lo legal no es siempre baremo del cumplimiento de los derechos humanos ni del desempeño de la justicia ni del respeto de las libertades, verdaderos fines de la democracia.

No defiendo la postura de Puigdemont y estoy contra su encastillamiento en realizar el referendo. Un referendo cuyo resultado, como ha dicho la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, no es aval suficiente para declarar la independencia. Porque, aunque convocar el referendo fuera legítimo, no se pudo desarrollar con normalidad ni garantías por la intervención violenta de la policía enviada por Rajoy y por el cierre de muchos colegios electorales. En Hospitalet, segunda ciudad de Cataluña con un cuarto de millón de habitantes, se pudieron constituir menos de la quinta parte de colegios electorales. Eso invalida cualquier resultado.

Hay leyes y acciones del Estado injustas y por tanto ilegítimas, por legales que sean, pero además, el cacareado respeto de la legalidad del gobierno de Rajoy no es cierto. Solo hay que recordar la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Reino de España por las ilegales devoluciones de inmigrantes “en caliente”, echando por tierra la pretensión del gobierno Rajoy de ser legales. Una ilegalidad que dura quince años. Para mas inri, el ministro de Interior sigue defendiendo las devoluciones “en caliente”. Le da igual la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Puede el PP presentarse como adalid de la legalidad? ¿Tiene el menor crédito? Primero negaban que hubiera expulsiones de inmigrantes “en caliente”. Luego reconocieron que “en casos puntuales” incumplían la ley y al fin, el gobierno Rajoy intentó darles cobertura legal llamándolas “rechazos en frontera”. Pretensión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desmontado.

Y, ya puestos, recordemos otras ilegalidades del Gobierno Rajoy y del partido que lo sostiene. Como las financiaciones ilegales de campañas electorales del Partido Popular. Según se ha publicado, en el año 2000 el Partido Popular financió ilegalmente la campaña electoral que le consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales. Y hace poco, ante los tribunales que juzgan casos de corrupción, funcionarios de Hacienda han ratificado como testigos que el Partido Popular financió ilegalmente también las elecciones municipales de 2003 1.

¿Qué respeto a la legalidad es ése?

Además, la Fiscalía Anticorrupción considera probado, en sus conclusiones en el juicio de la Gürtel, que el Partido Popular se lucró de forma ilegal en la financiación de actos electorales a cambio de adjudicaciones fraudulentas de contratos a empresas de la trama corrupta.

Por si fuera poco, desde 1978 se han descubierto en el Reino de España más de 175 redes de corrupción asociadas a partidos de gobierno; una corrupción que no afecta exclusivamente, pero sí de modo muy considerable, al Partido Popular, tanto que hay más de 900 cargos públicos imputados de ese partido.

La delictiva ilegalidad de la corrupción supone, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la Hacienda española deja de recaudar 45.000 millones de euros anuales que se pierde en las cloacas de la política para ir a parar a las cuentas corrientes de los corruptos, escondidas en paraísos fiscales.

¿Ése es el respeto a la legalidad exigido por Rajoy y el PP a Puigdemont?

En cuanto al dirigente nacionalista catalán, cabe recordarle que su partido también está hundido en la corrupción y les viene bien que se hable del referendo y de la respuesta del gobierno Rajoy, así los medios dejan de hablar de la corrupción de Convergencia y de la familia Pujol.

También hay que hacerle notar que algo más de dos millones de votantes de cinco millones y medio de ciudadanos con derecho a voto en Cataluña no pueden decidir la independencia en las condiciones muy irregulares del referendo. Pues no sabemos si los tres millones y medio que no votaron ese día no quisieron votar o no pudieron. Lo probable es que muchos no pudieron al no constituirse todos los colegios electorales por la intervención policial, más las continúas caídas de Internet que dificultaron o impidieron votar. En cualquier caso, no sabemos que hubieran votado ni siquiera si pensaban votar. En democracia de calidad, ese resultado no es suficiente y más aún si se trata de decidir cuestión tan trascendente como continuar a separarse.

Sin embargo, los datos globales de la votación, aunque no válidos electoralmente, sí indican una gran movilización ciudadana, una enorme desobediencia civil que debería hacer ver al gobierno de Rajoy y a quienes lo apoyan que hay un problema serio a resolver. Resolver, no enconar. Un problema que no se arregla con represión ni con emociones desatadas ni enarbolando banderas rojigualdas o cuatribarradas.

En este conflicto, el Partido Popular y el gobierno Rajoy destacan por su autoritaria, necia y malévola intransigencia. En tanto que al señor Puigdemont y los suyos cabe señalarles su falta de visión de la realidad más una irresponsable y errática actuación política. Su actuación no ha conseguido la independencia (en el caso de que fuera un objetivo para pelear por él, que considero que no), pero sí ha fortalecido el nacionalismo españolista, el peor. Y ese reforzamiento hace ahora más difícil cambiar las cosas en este país para lograr una democracia de calidad que, por cierto, no es el caso del vigente régimen dinástico bipartidista del 78 que con tanto afán defienden Rajoy, Rivera y también Pedro Sánchez.

A destacar que esta crisis ha desvelado que el PSOE de Pedro Sánchez no es la izquierda templada recuperada que en algún momento pudo parecer, sino que, con algunos retoques, vuelve por los fueros de González y Guerra, por el bipartidismo del 78 y por un evidente nacionalismo español que nada tiene que ver con el socialismo. No por casualidad The New York Times tituló “Victoria de los jóvenes nacionalistas” un reportaje de páginas centrales contando la mayoría absoluta conseguida por el PSOE de Felipe González el 28 de octubre de 1982.

Otrosí ¿qué pensar de que el PP elogie la “capacidad de Estado” de Pedro Sánchez por apoyar sin dudar la respuesta autoritaria del Gobierno Rajoy a Puigdemont? Insisto: Puigdemont yerra, no tiene razón y sus intereses son los de la burguesía catalana no los de la mayoría ciudadana, pero aplicar el artículo 155 de la Constitución española no es el camino para resolver los problemas con Cataluña.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha pedido a Rajoy y Puigdemont que no hagan nada que impida el diálogo y la mediación. Pero parece que ambos se encastillan en sus posiciones. ¿Saben?, la actitud de ambos políticos me recuerda a un par de tíos desafiándose a ver cual de los dos mea más lejos? Muy masculino, pero muy estúpido.

La victoria de Macron ha sido elegir entre lo malo y lo peor

Las elecciones presidenciales francesas revelan agotamiento democrático, síntoma del progresivo vaciado de la democracia que sufrimos desde hace tres décadas. En Francia había que elegir entre lo malo y lo peor; un neoliberal austericida o una fascista xenófoba. Algo va muy mal con este sistema en el que la gente solo ejerce su soberanía ciudadana cada equis años.

El presidente Emmanuel Macron es un Felipe González galo. Emboscado en retórica vibrante y sonora, oculta sus intenciones (¡ese estilo González tan conocido por los españolitos!) y recurre al gastado truco de que la virtud está en el medio. En el centro. Pero ese ‘centrismo’ amenaza con otra ‘reforma’ laboral. Macron dijo de la perpetrada por Hollande que iba en la buena dirección, pero era insuficiente. Si ese ataque en regla contra los trabajadores que era la propuesta de Hollande es poco para Macron, ¿cómo será ‘su reforma’?

Una abstención récord de más del 25% y un volumen histórico de votos en blanco y nulos del 12% muestran que casi 4 de cada 10 franceses no se fían ya del tinglado en que ha devenido la República. Así lo muestra también un sondeo de France Info según el cual el 61% de la ciudadanía francesa no quiere que Macron tenga mayoría absoluta en la cámara legislativa. No se fían.

Macron ha dicho tener ’un plan de choque’ para regenerar la política francesa. Pero sin control del Parlamento, pues tomará medidas por decreto. Muy democrático. ¿Esa regeneración supone lucha contra la corrupción? Excelente disfraz y aún mejor distracción, pues la actuación de los neoliberales contra la corrupción nunca llega al fondo ni la reduce ¿Cómo han de acabar con la corrupción si conforma el sistema? Pero discursear contra la corrupción funciona porque distrae al personal y maquilla las medidas antisociales que se avecinan.

¿Hay que explicar a quién sirve Macron? El nuevo presidente francés, por ejemplo, quiere que las negociaciones laborales sean empresa por empresa. Nada de negociar por sectores y aún menos convenios colectivos. Pero negociar empresa a empresa desarma al movimiento obrero y debilita a los trabajadores. Por eso Macron quiere cambiar las reglas de juego. Además, Macron pretende adelgazar el Estado eliminando más de 125.000 empleos públicos, pero no policías ni soldados, al revés, contratará a 11.000 nuevos policías y creará una fuerza de intervención rápida en el mundo que huele a imperialismo de la más baja estofa.

Para maquillar sus propósitos antisociales, Macron promete formación profesional para parados y jóvenes y reforzar el seguro de desempleo. Pero habrá que ver como lo paga, pues bajará impuestos a las empresas… para favorecer la contratación. Dice. Pero ese tocomocho lo conocemos en España, donde la reforma laboral del Partido Popular ha logrado que la mayor parte del empleo sea temporal y precario, mientras crecen desigualdad y pobreza hasta niveles desconocidos en el último cuarto de siglo. Eso explica que haya 15% de personas con empleo pero pobres. Pues eso es lo que promete Macron. Y, para que no haya duda sobre sus intenciones, reducirá 60.000 millones de euros el gasto social.

ATTAC-Francia ha advertido de que el programa de Macron es netamente ultraliberal y de que su Presidencia será como si la República fuera presidida por bancos y multinacionales, mientras crecen las crisis social y ambiental.

Además, Macron no frenará al Frente Nacional; al contrario, su Presidencia fortalecerá a la derecha, a la minoría que detenta el poder económico, que, por cierto, también está con Le Pen. ¿Acaso Hitler, Mussolini o Franco no estuvieron al fiel servicio de grandes empresas y grandes capitales? Ahí están IG Farben, IBM, Volkswagen, Siemens, BMW, Siemens, Krupp y muchas más a las que favoreció sin el menor disimulo el régimen nazi, por ejemplo. Puro capitalismo

Pero desvela a quien sirve Macron con su deseo de firmar el acuerdo de comercio e inversión de la Unión Europea con Canadá, el CETA, que dejaría el comercio en manos de las voraces multinacionales. Si llegan a estar vigentes los tratados bilaterales (TTIP, TPI, CETA…) vaciarían del todo la democracia y mandarán las multinacionales.

Como recuerda ATTAC-Francia, el Presidente electo es un ultra-liberal, amigo de financieros, bancos y multinacionales, y advierte que, de permitirle gobernar a su antojo, rebajará los derechos del pueblo trabajador hasta convertirlos en sombra y acabará con lo que queda del estado de bienestar. Pero ahora el pueblo francés puede hacer que Macron no disponga de mayoría suficiente en las próximas elecciones legislativas, que ya sería un freno. Votando a la izquierda.