Plan B alternativo para construir una Europa democrática

El movimiento contra la austeridad presupuestaria cuajó en Europa tras la humillación a Grecia. Una despótica Troika condenó al pueblo griego a la pobreza, incertidumbre y sufrimiento, en tanto seguían los ataques contra el estado social en Europa del Sur con el pretexto de reducir el déficit público. Meses después nacen en Europa propuestas de confluencia de movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y políticas contra la austeridad criminal que impone esta Unión Europea (UE).

Muy oportuno, porque, tras el triunfo del No a la austeridad en el referéndum griego, el nada fiable presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sentenció inapelable que “no puede haber decisiones democráticas contra los tratados europeos”. Y así destapó con una nitidez indiscutible la Europa autoritaria. La de la élite gobernante al servicio de la minoría que detenta el poder económico y financiero. Para el presidente de la Comisión los tratados que conforman esta UE son como Dios. Pero hoy, el resultado comprobado de esta Europa bajo la dictadura neoliberal es que los tratados han logrado que los ricos sean más ricos, crezca la desigualdad y aumenten los pobres que son más pobres. Lo peor es que esta Unión utiliza la crisis  para desposeer sistemáticamente a las clases trabajadoras europeas en beneficio del poder económico y financiero. Por medio de sistemáticas rebajas salariales y empeoramiento de las condiciones laborales más brutales recortes sociales de los presupuestos de los Estados, que significan violaciones permanentes de derechos del pueblo trabajador.

Son tres las iniciativas que busca construir una alternativa contra la criminal austeridad de esta Unión Europea: Por un Plan B en Europa, Austerexit y Democracy in Europe Movement 2025 (Diem25). ¿Se organiza por fin la oposición y resistencia europeas contra esta Unión? Veremos. Sus proyectos buscan en primera instancia eliminar el destructor Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno y acabar con el chantaje permanente a los gobiernos nacionales. Sin embargo, no todos quienes están contra la desintegradora austeridad ponen en cuestión el sistema económico que hace posible esta Europa. ¿Es posible cambiar Europa sin cuestionar ni erosionar el capitalismo?

Hay además dos posturas políticas diferentes de esta oposición que parece nacer con ganas de organizarse y crecer. Terminar con el euro y sus estructuras. O democratizar Europa, sin que mantener el euro o no sea prioritario. ¿Será esa diferencia como ocurre en la fábula de Samaniego en la que dos conejos discuten si les perseguían galgos o podencos hasta que los perros los sorprendieron despistados y los devoraron?

Desde luego nada será posible si la ciudadanía no sale a las calles. Cambiar esta Unión Europea no es cuestión de camarillas ni de líderes iluminados. Nada se logrará si organizaciones y movimientos sociales, ciudadanos y políticos no se convierten (metafóricamente) en tropas de asalto por una revolución democrática que construya una nueva Europa. Se podría empezar creando una red de municipios rebeldes y desobedientes y actuar en conjunto, así como trabajar con paciencia y tesón para que los sindicatos europeos se pongan en marcha, abandonen el papel secundario de buen rollito de los últimos años y recuperen la combatividad propia de sindicatos de clase y dejen de ser actores de reparto, extras o figurantes del sistema.

Una primera acción común mostraría la solidez del movimiento de oposición a esta Unión Europea. Por eso, el 28 de mayo, aniversario de la Comuna de París, se ha convocado una gran movilización por otra Europa en más de cien ciudades europeas. El éxito de esta movilización medirá en parte la fuerza del movimiento que nace para romper la actual arquitectura europea.

Es tiempo de construir el proyecto de otra Europa, no de reformas cosméticas. No habrá más justicia ni mas democracia en Europa sin desobedecer las reglas de juego de esta UE hasta eliminarlas. No habrá cambio sin desobedecer ni quebrar la política al servicio del poder financiero. No habrá otra Europa sin cuestionar el sistema capitalista, sobre el que se asienta esta Unión, para construir otro sistema.

El Plan B avanzará si se desobedecen tratados y techos de déficit. Y para logralo es preciso que la gente se mueva. Lo sintetiza Alberto San Juan cuando asegura que “sin movilización en las calles ningún partido cambiará nada. Es tiempo de volver a las plazas”. Esta UE no se arregla con reformas. Porque no es reformable. Es imposible gobernar a favor de la ciudadanía con los tratados y normas de esta Unión. Se necesita una revolución que ha de ser no violenta y democrática radical. Vía difícil, costosa y acaso lenta, pero nunca imposible. ¿Acaso no ha habido cambios en la Historia?

Y no nos confundamos. No es un problema de España contra Alemania o al revés. Es el pueblo trabajador europeo de todos los países miembros contra las élites políticas y económicas que lo explotan. Por eso es momento de tejer alianzas y redes contra la austeridad en España, Italia, Grecia, Portugal… Y sumar más y más para que crezca la desobediencia contra la dictadura de las élites.

Anuncios

Corrupción, una parte estructural del sistema

Portadas y telenoticiarios sobre corrupción en el Ayuntamiento de Valencia. Registros por la Guardia Civil de la sede del Partido Popular de Madrid relacionados con corrupción. En 2014, 1.700 causas por corrupción en España y cientos de imputados. La Guardia Civil triplicó ese año respecto a 2011 las operaciones contra la corrupción. Suma y sigue… Pero el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, asegura que hay casos de corrupción “deleznables”, pero España no es “un país estructuralmente corrupto”. Que Santa Lucía le conserve la vista.

Lo peor de la corrupción es precisamente ser estructural. Sin ir más lejos, la crisis es resultado de corrupción sistemática, perpetrada por las élites y sus servidores. Esclarecedora muestra es la actuación de la banca Goldman Sachs, que alteró y ocultó las cuentas reales de la economía griega para que Grecia pudiera ingresar en la eurozona. Y ya vimos que pasó después. Goldman Sachs fue denunciada también por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos por vender títulos de deuda con hipotecas que jamás rendirían beneficio alguno. Origen de la crisis.

Consumada la estafa de títulos con hipotecas basura, se hundieron los balances del sector financiero. La inyección de billones de dinero público en el sistema evitó el desastre total. Posteriores investigaciones demostraron que bancos y agencias de calificación engañaron a sabiendas garantizando la seguridad de los títulos envenenados con hipotecas incobrables. En la misma línea corrupta cabe recordar la fraudulenta venta de obligaciones preferentes en España, apropiándose de los ahorros de cientos de miles de pensionistas. O la no menos engañosa salida a bolsa de Bankia con falsa información sobre el valor de sus acciones.

En Estados Unidos, hace más tiempo, la eléctrica Enron manipuló precios, quintuplicó el valor de la electricidad y suspendió pagos fraudulentamente. Shell contabilizó 7.400 millones de dólares inexistentes para simular superior rentabilidad. La telefónica World Com transformó pérdidas de 4.000 millones de dólares en beneficios para aumentar el precio de sus acciones. Merck anotó 14.000 millones de dólares de ingresos inexistentes. Bristol-Myers manipuló precios de productos farmacéuticos para aumentar ventas. La empresa de fibra óptica Qwest simuló compras y ventas inexistentes para subir el valor de sus acciones. Global Crossing, Adelphia, Tyco, Xerox, Parmalat, Deutsche Bank… La corrupción siempre está ahí. Es parte esencial del sistema.

En el Reino de España, no acaba la corrupción que brota y crece como setas tras la lluvia. Gurtel, Púnica, Pretoria, caso Palau, caso Pujol, caso Bárcenas, caso Rato, tarjetas negras, ayuntamiento de Valencia, Partido Popular de Madrid… Y más. Si ponen esas palabras en un buscador de Internet se desplegarán páginas y páginas de corrupción, trampa, timo, engaño, fraude, apropiación, soborno, saqueo y pillaje.

La corrupción es muy capitalista y la lista de sus partidarios que vulneran la ley con trampas y robos de lo público es tan larga que aburre. Porque el capitalismo lleva en su ADN quebrantar la ley. Lo único que le interesa es aumentar más y más beneficios en poco tiempo. Lo que se traduce en muy escasa voluntad política de acabar con la corrupción. En España, la reciente reforma de la ley de enjuiciamiento criminal “favorece la impunidad de la corrupción y de la criminalidad organizada al reducir los plazos de instrucción de los sumarios”, denunció el ex-fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. Según Villarejo, se beneficiarán los corruptos porque muchos casos serán archivados por exceder el corto tiempo de instrucción de la nueva ley, cuando es sabido que los delitos de corrupción son complejos, precisan investigación rigurosa y tiempo.

¿Cómo no habrá corrupción si el mismo FMI prestó a Rusia más de 20.000 millones de dólares en los años noventa sin control alguno de ese capital? Quinientos de esos millones fueron a parar al entorno del presidente Yeltsin. Al mismo tiempo, bancos estadounidenses aceptaban depósitos de cantidades obscenas, ocultando origen y titularidad. Puro blanqueo. Como fueron blanqueadas y escondidas por muy respetables bancos europeos y estadounidenses las inmensas fortunas corruptas de los dictadores del siglo XX. Rosa Jansen, que fue vicepresidenta del Tribunal de Utrecht de Holanda, afirmó hace años que “estamos ante el nacimiento de la corrupción supranacional”. Profético.

La corrupción está a gusto en los países ricos. Por ser otro modo de acumulación de capital. Pero aún hay quien pretende que la corrupción no es estructural, solo casos aislados. No es así y recordad que todo el dinero que se va por las cloacas de la corrupción es dinero que en realdiad roban a la ciudadanía, al pueblo trabajador.

Afrontar deuda y déficit públicos con otros principios, en defensa de la ciudadanía

En España se negocian diversas propuestas de gobierno para la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, como Presidente de gobierno. Pero en una cuestión parecen pasar de puntillas. La deuda pública. Deuda vinculada estrechamente al techo de déficit público que impone la Unión Europea (UE), que insiste hay que recortar 11.000 millones de euros de los presupuestos del Estado. Una cuestión nada baladí, porque ese recorte supondría más desigualdad, menos respeto de derechos y más sufrimiento para el pueblo trabajador.

¿Qué propone Sánchez? Negociar más “flexibilidad” con Europa para cumplir el déficit. Que es no decir nada. Pues la cuestión real es ¿qué hacer con una deuda pública que le cuesta a España pagar este año 35.000 millones de euros?

El endeudamiento público creció mucho tras la crisis, en gran medida por el abultado rescate del sector bancario. Cuando la deuda privada de la banca devino pública por la descomunal ayuda estatal al sector financiero. ¿Qué hacer ahora ante la exigencia de recortes de la UE para reducir el déficit público? Para empezar, determinar la legitimidad de la deuda pública.

Según doctrina internacional aceptada, es ilegítima una deuda por privatizar servicios que eran públicos o por exceso de costes en la gestión privada. También, la deuda asumida por cubrir pérdidas de entidades financieras o grandes empresas. Asimismo la contraída por proyectos que no benefician a la mayoría de población y aquella cuyo pago de intereses sea excesivo, impidiendo el gasto social mínimo exigible. Y las deudas ilegítimas no se pagan.

Es el caso. Porque, aunque el gobierno del Partido Popular lo niegue, hubo gran rescate financiero en España. En la primera fase el Banco de España salvó a entidades financieras privadas que se iban de inmediato al garete. La deuda pública se disparó y el déficit aumentó mientras la UE perpetraba el Pacto de Estabilidad que ahoga a los países europeos del sur. Llegados aquí, cabe pensar que buena parte de deudas europeas son ilegítimas y es necesario recurrir a auditorías ciudadanas de la deuda para averiguarlo. Éric Toussaint, del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), recuerda que el movimiento europeo ciudadano de auditoría de la deuda nació en Grecia en 2011 y a continuación se formó en España en plena movilización social de indignados del 15 M. Entonces se empezó a analizar la deuda de países europeos y a cuestionar su legitimidad. En España, por ejemplo, una auditoría ciudadana explicaría que la deuda de los bancos, generada por la devaluación de activos inmobiliarios, pasó de ser pura e irresponsable deuda privada de banca a pública ilegítima.

Una de las lecciones de lo ocurrido en Grecia es que el movimiento de auditoría ciudadana, que empezó muy bien, no creció ni se reforzó lo suficiente para poder presionar políticamente y lograr que la auditoría ciudadana de la deuda fuera obligatoria.

Ejemplo esclarecedor al respecto es el de Ecuador, cuyo gobierno promovió una auditoría ciudadana de la deuda pública en verano de 2007. Basándose en las conclusiones de la misma, el Gobierno anuló por ilegítima una parte de la deuda. Y el Estado economizó 7.000 millones de dólares que se dedicaron a gasto social. Pero en la vieja Europa aún pintan bastos.

En el Informe sobre Sostenibilidad Fiscal 2015, la Comisión Europea expone que al acabar 2015 la deuda española era 100,8% del PIB y en 2016 será 101,3%. Y apercibe del riesgo de que la deuda pública española a medio plazo no sea sostenible. Primero provocan miedo y luego agreden. Pues para afrontarlo, como no, propone “reformas que aumenten ingresos o reduzcan gastos públicos permanentemente”. ‘Reformas’ que sufrirán y pagarán los de siempre, por supuesto. El pueblo trabajador, la ciudadanía.

Ahora, como botón de muestra, la Comisión Europea acepta los presupuestos del Estado del Gobierno de izquierdas de Portugal del que han logrado un recorte de 845 millones de euros. Pero el comisario de Economía, Pierre Moscovici, amenaza que queda mucho por hacer, lo que no augura nada bueno para los portugueses. Por eso en Portugal, España y los otros países sometidos al dictadura de la deuda y del déficit, son imprescindibles actos unilaterales de gobiernos que defiendan los intereses de la mayoría ciudadana. Como hizo Ecuador. Y se hace necesario que se tiendan redes de los países europeos periféricos sometidos a esa dictadura. Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España podrían ponerse de acuerdo para liberarse del dogal del déficit y enfrentarse a la deuda pública desde otras posiciones. En defensa de los deerchos e intereses de la mayoría ciudadana.

Crecimiento no es respeto de derechos ni tampoco bienestar social

Circula el equívoco mensaje de que este país, España,  se recupera y se crean empleos a porrillo. Para hacer creíble la patraña, el gobierno del Partido Popular pregona que España crecerá 3,3% este año y 3% el próximo. Y acaso crezca, pero al analizar ese crecimiento se ve que no es oro lo que reluce ni todo el monte es orégano.

Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), durante 2015 en España hubo 678.200 parados menos. Qué subidón, jalea la prensa afin al régimen. Aparentemente. La cifra tiene truco. Según la misma EPA, la población activa (que trabaja o puede trabajar) son actualmente 22.873.700, pero en 2011 eran algo más de 23.400.000. Hoy hay menos población activa. Y 17.9 millones de empleos, pero en 2007 había 20.6. puestos de trabajo. En realidad, la cuarta parte de ese descenso del paro es en buena medida una reducción de población activa, no parados que hayan conseguido empleo. Y hoy hay menos población activa porque muchos inmigrantes han regresado a su país, numerosos trabajadores nacionales (sobre todo los jóvenes) han emigrado y emigran, más la gente desempleada durante largo tiempo que ha tirado la toalla, deja de buscar trabajo y ya no cuentan. Números que no se contabilizan en el paro real.

Lo indiscutible es que un desempleo de más del 20% se mantiene tozudo mientras se bate el récord de contratos temporales. Además de que la mayoría de contratos temporales son de menor duración. En 2006 el promedio era de 79 días, pero en 2015 ya es solo de 53 jornadas laborales. Menos jornadas, menos salario. Más dificultades, más pobreza. Sin olvidar que en siete años apenas se ha creado un tercio del empleo destruido desde 2008. Un empleo que no es de calidad precisamente o, como se ironiza en Madrid, no es para echar cohetes. Según Eurostat, el 91% de contratados temporales en España no han tenido otra opción, no es que hayan preferido ser temporales. Paro y precariedad laboral llevan camino de ser permanentes, estructurales.

Y, contra al falaz autobombo gubernamental de la creación de empleo (que no es tanto ni es en condiciones), la cruda realidad muestra que la propia evolución del capitalismo no permite que haya empleo para todos. Una verdad incómoda en medio del fervor por el crecimiento como panacea prodigiosa.

La segunda verdad perturbadora es que crecimiento económico y bienestar de la gente no van a la par. O van a la contra. Que crezca la economía no significa más bienestar general. El bienestar, entendido como disfrute de vida digna, depende de la distribución de la riqueza. Y, al llegar aese terreno, ahí pinchamos en hueso. Salarios bajos, menos y peores servicios públicos, recortes sociales y mucha menos renta social para la mayoría.

El crecimiento económico refleja una economía, su riqueza, el PIB… Pero de nada sirve que crezca el PIB, si la riqueza resultante no se distribuye con mínima justicia y equidad. Porque es evidente que crecimiento económico no significa bienestar de la gente, como la historia reciente nos muestra.

De 1940 a 1981, el PIB de Brasil aumentó de 6% a 9% cada década. ¿Vivieron mejor brasileños y brasileñas ese tiempo? No. Fueron años de pobreza, de incertidumbre y sufrimiento. Como los anteriores y posteriores. Hasta que Lula fue elegido Presidente, se propuso en serio reducir la pobreza y la situación empezó a cambiar.

Más cerca en el tiempo, en 2010, Libia fue el segundo país del mundo con mayor crecimiento económico, 10.6%; un notable crecimiento. Paradójicamente, en ese país que crecía sin parar la única esperanza para la gente era emigrar. Por su parte, México creció 6% anual desde 1930 hasta 1970, pero cada vez había más pobres y pobres extremos… Crecimiento no es bienestar ni justicia.

Como recuerda el economista Fernando Luengo, “el crecimiento económico no crea suficientes puestos de trabajo, ni en cantidad ni en calidad, es compatible con la reducción de salarios y el enriquecimiento de las élites, priva de recursos a las administraciones públicas, consume recursos escasos y se basa en la sobre explotación de las economías y pueblos más débiles por los más fuertes”.

Por tanto, menos lobos con el crecimiento y la creación de empleo. Mientras haya en España un 15% de trabajadores pobres, más del 50% de paro juvenil y mayoritariamente empleo precario y mal pagado, no cabe hablar de superación económica. Es un chiste malo.

Lo que importa son las personas, la gente, el pueblo trabajador, la ciudadanía, no las macrocifras que ocultan la realidad y con las que sesuelen hacer juegos malabares. Para muestra, un último botón, un botón reciente. En medio de tanto discurso triunfal, este enero en España hay 57.247 personas paradas más. Y también en enero la Seguridad Social ha perdido más de 204.000 cotizantes (es decir, parados o tal vez en la economía suemergida, en condiciones aún peores y sin protección alguna). ¿De qué diablo de crecimiento hablamos?

Ante la emergencia social no es legítimo reducir el déficit

En España no se sabe quién será investido presidente de gobierno. Con un Congreso más plural, donde ya no es fácil formar mayorías absolutas, puede ser presidente el muy conservador Rajoy o el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, recién convertido a la socialdemocracia clásica. Cualquiera de los dos podría ser Presidente, porque ninguno tiene fácil reunir la mayoría suficiente para ser investido.

Pero al Eurogrupo le da igual quien gobierne. Su presidente, el holandés Jeroen Dijsselbloem (presunto socialdemócrata y uno de los dirigentes europeos más fanático partidario de la nefanda austeridad) ya ha apremiado perentorio que “el nuevo Gobierno deberá hacer más ajustes. España debe hacer más reformas”.

Ajustes y reformas. Sabemos lo que significa, porque hemos pagado muy caras las perpetradas hasta ahora. Dijsselbloem ha sentenciado también que “el desafío del próximo Gobierno es [reducir] el déficit”. Aserto rechazable, visto lo muy negativas que han sido para la gente la austeridad y reducción del déficit que se pretendía con ella. Porque la situación de España es de las peores de Europa. Aumento abrumador de contratos temporales (incluso de un solo día,) y a tiempo parcial,  desempleo juvenil galopante y pobreza laboral, como denuncia la OIT. Con tal panorama, el único desafío legítimo es acabar con la emergencia social y no mantener la dictadura del déficit. Reducir el déficit es en beneficio de los bancos (culpables de la crisis) que cobran pingües intereses de deuda pública, adquirida con los préstamos casi regalados del BCE. Como los bancos holandeses, franceses y alemanes. Quizás eso explique que el holandés Dijsselbloem sea tan idólatra de la reducción del déficit, porque proporciona liquidez para abonar los intereses a los bancos poseedores de deuda pública.

No es cuestión baladí. El Reino de España ha de pagar este 2016 unos 35.000 millones de euros en intereses. Pero si se reduce el déficit para abonarlos (en vez de buscar otras salidas como  moratorias, reestructuración, quita…), pagan el pato los de siempre: el pueblo trabajador. Y los responsables de esta crisis-estafa se van de rositas y además  hacen un gran negocio.

La situación es tan grave que “España tardará al menos diez años en volver a los niveles económicos y de empleo de antes de la crisis”, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En realidad ni eso, porque el empleo que se recupera y se jalea como si fuera la multiplicación de los panes y los peces es mayoritariamente de saldo. De pena. Un empleo que no asegura salir de la pobreza y con eso está dicho todo. El director de la OIT para España, Joaquín Nieto, insiste en que no hay recuperación social porque el empleo generado es precario y aumenta el número de trabajadores pobres. Personas con empleo que no llegan a fin de mes y precisan ayuda de alimentos que les proporcionan ONG o que no pueden encender la calefacción, por ejemplo.

La lucha contra la pobreza ha de ser, sin paliativos, el primer desafío a afrontar por el nuevo gobierno español. No el pago de intereses a los bancos ni, por tanto, la reducción del déficit.

Cuando las previsiones de la OIT para 2016 son más desempleo y más desigualdad, el desafío es combatirlos, no reducir el déficit como reclama el Eurogrupo. Por cierto, ese Eurogrupo no tiene legitimidad alguna para meterse en camisa de once varas enmendando la plana a ningún gobierno, pues no tiene ninguna competencia institucional asignada. Su naturaleza jurídica es más que discutible. En realidad solo es una reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de los países de la Unión con el euro como moneda que actúa como verdadero lobby en defensa de los intereses del sector financiero y  de las grandes coporaciones, como hemos visto que ha hecho contra  Grecia. Es un invento euroburocrático que va a su aire y nadie ha elegido. Una vez más esta Unión Europea no se muestra muy democrática sino más bien un montaje que mangonean unos pocos como en el dicho de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como.

Tal sucede cuando el aumento descontrolado y obsceno de la desigualdad hace posible que ¡solo 62 personas! posean tanta riqueza como 3.600 millones, que es la mitad de la población mundial. Lo ha denunciado Oxfam Intermon en su documentado informe “Una economía al servicio del 1%”.

Según ese informe, en España 20 ricos poseen entre todos tanto dinero como un tercio de población. Es decir, algo más de docena y media de privilegiados tienen tanta riqueza como 15 millones de personas. Y en España también, un reducidísimo 1% de población concentra más riqueza que el 80% de ciudadanía más pobre, mientras un presidente de empresa del Ibex35 ingresa ya 158 veces el salario medio de un trabajador. En 2015, mientras el patrimonio de las 20 personas más ricas aumentó 15%, la riqueza del 99% de la población española se redujo un 15%. Obviamente, no es casualidad ni azar que coincidan ambos porcentajes.

No es ajeno a esta situación estructural de injusticia y desigualdad un sistema fiscal muy regresivo, injusto e insuficiente, en el que quienes más tienen pagan muy poco y el capital y sus tejemanejes apenas paga nada. Sin olvidar la fuga constante, incesante, de dinero hacia los paraísos fiscales. La huida de capital desde España a esos paraísos aumentó un 2000% en 2014.

Por eso, las declaraciones de Dijsselbloem son un insulto. Es imprescindible que el pueblo trabajador se organice y se mueva a fondo para que el desafío sea resolver la grave emergencia social que hay, no el déficit. Diga lo que diga el Eurogrupo.