Mentiras y democracia

Tras atrincherarse en el No ante quienes investigan la financiación ilegal del Partido Popular, los Rato, Mayor Oreja, Arenas y Acebes de ese partido, es el turno del ex-tesorero Bárcenas que ya ha dicho que dará la callada por respuesta. Ocultar es respuesta habitual de la derecha, la otra es mentir.

Mentir. Hace unos días el Banco de España reconocía que se perderán los más de 60.000 millones de euros que el gobierno dedicó a rescatar bancos españoles. Mintieron Rajoy y De Guindos cuando aseguraron que el rescate no costaría ni un euro a los españoles.

Una mentira como decir que el gobierno aumenta las pensiones, cuando la mayoría de pensionistas han perdido un 35% de poder adquisitivo en los últimos años. Una mentira como pretender que la mayor esperanza de vida obliga a recortar las pensiones para que sean sostenibles.

¿Pensiones sostenibles? Hablamos de derechos fundamentales de la gente. Si la economía pública funciona con menos corrupción y la privada con menor fraude fiscal habrá dinero suficiente. Hay países así. Pero mienten cuando alzan el pendón de la sostenibilidad, porque esa presunta sostenibilidad es excusa para adelgazar las pensiones públicas y que los futuros jubilados suscriban pensiones privadas porque las públicas no alcanzan. Y no alcanzarán si siguen robando.

Mienten cuando al rendimiento variable de aportaciones individuales a fondos de inversión (que especulan en mercados de capitales) le llaman ‘pensión privada’. Y mienten cuando dicen que hay que recortar las pensiones porque no hay dinero. ¿No hay dinero? Desde 2009 el Estado ha proporcionado a la banca más de 280.000 millones de ayudas varias, a destacar la inyección de 62.000 millones de euros (esos que no se recuperarán). Además de la ayuda que es comprar activos de empresas privadas por 840 millones de euros. Lo mismo que se recortó en educación en 2012.

Y mienten aún más cuando pretenden que reformar las pensiones es tarea de expertos, cuando es cuestión de derechos de los trabajadores. ¿Decidirán sobre pensiones los expertos (presuntos) a sueldo de la banca?

Los embustes frecuentes institucionalizan la desfachatez como acción política habitual de la derecha. Rajoy dijo cuando gobernaba Zapatero que “subir el IVA en tiempos de crisis es un disparate” al tiempo que clamaba “no más IVA”. Pero tras formar gobierno en 2012 aumentó el IVA al 21%. Y en noviembre de 2011 anunció “voy a meter tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación”, pero mintió y recortó 10.000 millones de euros del presupuesto de sanidad y educación.

Más mentiras. Cuando se partió el petrolero Prestige con la consiguiente marea negra, Rajoy declaró como vicepresidente del gobierno que el derramamiento de 63.000 toneladas de fuel solo era que “del Prestige salen unos pequeños hilitos, como de plastilina”. ¡Hablar de plastilina en la peor catástrofe ecológica en años!

Otrosí, Rajoy presume de crear empleo, pero oculta qué empleo crea. Precario, temporal, inseguro y de bajo salario. Y además aún hay 4.260.000 millones de parados, lo que hace de España el segundo país de la Unión Europea con más desempleo.

Más mentiras. Dice Rajoy que hay 400.000 jóvenes parados menos, pero solo son 240.000, porque lo que ha disminuido es la población activa de jóvenes por dejar de buscar empleo, volver a estudiar o emigrar.

Según Rajoy, se han creado medio millón de empleos anuales, pero los datos muestran que la mayoría de esos contratos son temporales, incluso solo de días. Según Eurostat, España es uno de los países europeos con más empleo temporal forzoso. Y los empleos temporales no son empleos de verdad, porque no hay seguridad ni futuro.

El colmo de mentir es que Rajoy pretenda que pobreza y desigualdad han disminuido. ¿De dónde lo saca cuando la carencia material severa afecta al 6% de población y trabajadores con empleo pero pobres ya son 15%? Además hoy hay más riesgo de exclusión social que cuando Rajoy ganó las elecciones en 2011, como documentan ONG de desarrollo y solidarias.

Como escribe el filósofo Paolo Flores D’Arcais, las libertades públicas y las mentiras políticas son inversamente proporcionales. El volumen tolerado de mentiras de políticos muestra la calidad de una democracia, porque la democracia exige veracidad.

La corrupción de la democracia supone mentiras, además de agredir la justicia, aumentar la desigualdad y violar derechos de la ciudadanía.

Como escribe el periodista Antonio Galeote, “la corrupción mental empieza en las palabras, en el lenguaje. Las palabras son importantes. Son el primer paso para comprender, pues si no se llama a las cosas por su nombre, si se acepta la mentira de los agresores, se acaba justificando lo injustificable”.

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Empleo, paro, recuperación y pobreza en el Reino de España

Mariano Rajoy, presidente del gobierno, en un acto del Partido Popular presentó a España en un ataque de euforia como “un ejemplo de recuperación económica”. Si recuperarse es volver a adquirir lo perdido, es difícil aceptar que este país se haya recuperado.

Salvo que recuperarse signifique que las rentas del capital casi doblen a los salarios en un escenario de tozuda alta tasa de paro y creciente precariedad laboral. Según la Contabilidad Nacional de este inicio de año, presentada por el Instituto Nacional de Estadística, los beneficios empresariales de enero a marzo aumentaron 6%. Se habrán recuperado los grandes empresarios, pero los salarios se redujeron 6.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Eso no es recuperarse.

Tal vez España sea más rica en frías cifras generales, pero españoles y españolas son cada vez más pobres en realidades concretas. Según el FMI, el PIB de España crecerá este año 25.000 millones de euros más que en 2008. Pero solo lo notarán las altas finanzas, grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones multinacionales. La gente común, las familias, han perdido y pierden ingresos y llevar una vida digna es más difícil. La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística revela el avance de la pobreza en España que ya afecta a más del 22% de hogares. Los ingresos de más de cuatro millones de familias no llegan a 8.200 euros anuales y mucha gente cae por debajo del umbral de la pobreza.

La pobreza afecta a más de la tercera parte de familias en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura y en el resto de comunidades se escampa. Más de un tercio de hogares no puede afrontar gastos imprevistos y a un 16% de familias les es “muy difícil llegar a fin de mes”. Esas familias a las que no les alcanza el dinero ya son casi tres millones, mientras la pobreza energética afecta a unos dos millones de familias que no pueden tener la casa a temperatura adecuada. Menos mal que llega el tiempo veraniego.

En resumen, los que antes de 2009 lo pasaban mal hoy lo pasan mucho peor. Mujeres, jóvenes de ambos sexos, infancia y mayores de 50 a 64 años (abandonados en tierra de nadie) sobre todo.

Ha bajado la cifra del paro, pero la vida de las clases trabajadoras no mejora. Tanto es así que incluso la muy neoliberal Comisión Europea reconoce que el crecimiento de España, tan jaleado, no ha reducido nada la creciente e incesante desigualdad y pobreza, al tiempo que pobreza y exclusión social en este Reino son de las más alarmantes de la Unión Europea. Sin olvidar que los trabajadores pobres, los que tienen empleo, pero no dejan de ser pobres, han aumentado hasta el 15% del total de quienes tienen empleo. Por ejemplo, becarios, contratados por horas, fijos discontinuos, falsos autónomos…

Hay algo menos paro en frías cifras, pero no mejor vida. Demasiadas personas encadenan varios empleos de miseria para conseguir ingresos mínimamente dignos. No es de extrañar cuando, según informe del sindicato de técnicos de hacienda (Gestha), casi la mitad de asalariados del Reino de España cobra menos de mil euros mensuales. No mil sino ‘menos de’, lo que puede llegar a ser muy poco. Según la Encuesta de Población Activa, se ha creado empleo precario. Por ejemplo, desde hace ocho años los contratos a tiempo parcial aumentan sin parar. Y con contratos temporales parciales no hay modo humano de vivir con dignidad. Eso no es crear empleo, eso es escampar la pobreza y repartir la penuria.

Por otra parte, los salarios suman actualmente 30.000 millones de euros menos, sin embargo los beneficios del capital aumentaron 14.000 millones. Antes de 2009, los salarios eran el 50% del PIB, la riqueza anual generada. Hoy solo son el 46%. La pretendida recuperación afecta a pocos; en realidad la llamada recuperación no es otra cosa que transferencia de rentas de los trabajadores a la clase capitalista, las élites. Ellos se han recuperado con creces, pero a costa de los demás por reformas laborales, bajos salarios y recortes sociales.

No hay recuperación que valga si no se recupera la mayoría de la gente. No hay recuperación si la inmensa mayoría no puede llevar una vida digna.

El Gobierno de Rajoy ahorra a costa de los parados

El sindicato UGT ha denunciado que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE, antes INEM) no ha dejado de gastar más de 2.200 millones de euros del presupuesto asignado a ese servicio en 2016. Hecho inaceptable que desvela el verdadero interés del gobierno del Partido Popular por la situación de los millones de parados del país. Además, el SEPE ha tenido la osadía de presentar el hecho de no haber gastado ese dinero como mérito y buena gestión. ¿Qué bondad hay en que milones de parados tengan menos ayuda  en subsidios, formación o posibilidad de colocación? Pues eso significa esa cantidad no gastada.

Por si fuera poco, conocemos también los datos de la reducción de ayudas a los trabajadores sin empleo desde que gobierna el Partido Popular. Por obra y gracia del gobierno de Rajoy, el gasto del Estado en protección a desempleados ha bajado al mismo nivel del año 2007. Con el agravante de que actualmente hay 1.600.000 parados más que entonces. Resultado de esa rebaja es que la prestación media actual para desempleados es de 798 euros mensuales, cuando hace nueve años era de 978. Sin olvidar que hoy más de 1.700.000 parados no reciben ninguna ayuda del Estado. Ninguna.

Según datos oficiales, en diciembre de 2007, antes de que la economía entrara en recesión, el Estado dedicaba 1.407 millones a ayuda a desempleados con algo más de dos millones de parados registrados en el INEM, hoy SEPE. De los desempleados registrados poco más del 85% recibían entonces alguna ayuda o protección. Pero nueve años después, con presunta recuperación económica, el gasto en ayuda a parados es casi el mismo; solo 133 millones de euros más para ser exactos, pero los desempleados inscritos en el SEPE son unos cuatro millones, el doble que había entonces.

Aquí no caben retóricos brindis al sol a los que tan acostumbrados nos tiene el gobierno del Partido Popular. Los hechos demuestran el interés real del gobierno de Rajoy por la suerte, presente y futuro de la clase trabajadora sin empleo. Ninguno. Los parados sobreviven por la ayuda de organizaciones solidarias y porque la estructura familiar en este país es fuerte y generosa.

Lo cierto es que desde final de 2009, encadenados a una nefasta política de austeridad más la neurótica obsesión por reducit el déficit púiblico que imponen la Unión Europea y el FMI, el dinero para prestaciones para parados se ha recortado sin cesar, señalando que en 2013 el recorte fue brutal. Ese año, las ayudas a desempleados fueron un 13% menos que el año anterior, aunque los parados aumentaran sin cesar hasta llegar a ser seis millones.

Y todo este tiempo no ha cesado de rebajarse la cobertura de desempleo. El último día de 2016 de las 3.703.000 personas desempleadas inscritas en el SEPE, 1.718.000 parados (44%) no recibían ninguna ayuda del Estado. Demasiadas personas sin empleo, demasiadas personas sin ayuda.

Que no hay duda sobre la conducta cicatera y antisocial del gobierno del Partido Popular lo demuestra que el gasto en prestaciones a parados da como resultado que un desempleado español cobra como prestación el 61% de sus ingresos antes de estar en paro. Por debajo de la media de 16 países de la Unión Europea que es el 69%. En Luxemburgo, un trabajador en paro recibe el 87% de sus ingresos antes de quedarse sin empleo, en Dinamarca 84% y en Suiza 77%. Los parados de Reino Unido y Alemania (67% de su último salario) tienen otras ayudas como vivienda familiar o no pagar impuestos.

La actitud y actuación del Partido Popular con la clase trabajadora es cada vez más nefasta y a los hechos me remito. Pero es más patente cuando se comprueba otra actitud y actuación del gobierno de Rajoy con el sector bancario, por ejemplo. Sin ir más lajos, y son datos del Tribunal de Cuentas del Reino de España, el rescate del sistema bancario español ha costado a las arcas públicas españolas de 2009 a 2015 algo más de 60.000 millones de euros. Pero a los parados se les hurtan 2.200 millones, como se ha apuntado. Por eso sorprende que aún haya trabajadores que voten al Partido Popular. ¿Qué pasa en este país?

Sector financiero, un adversario muy peligroso

La justicia de Estados Unidos quiere sancionar al Deutsche Bank con más 12.000 millones de euros por venta masiva de hipotecas basura, incobrables por estar escondidas en títulos financieros opacos. Deutsche Bank pretende reducir la multa y el Gobierno alemán considera que habrá acuerdo con un trato igualitario al de otros bancos. Porque no sólo es sancionado por abusar y perpetrar irregularidades el Deutsche Bank. El Bank of America pagó 16.650 millones de dólares por ilegalidades varias. JPMorgan Chase fue sancionado con 13.000 millones y Goldman Sachs pagó 5.100 millones. Mientras en Europa también hay investigaciones en marcha contra Barclays, Credit Suisse y Royal Bank of Scotland. En ese oscuro mundo financiero no se salva nadie. Porque es oscuro. Peligroso y alarmante.

Pero Deutsche Bank es hoy emblemático porque acumula irregularidades desde tiempo, pagándolo con problemas y pérdidas. Tal vez por eso una acción del poderoso banco alemán vale hoy unos 12 euros, cuando hace pocos años valía 100. Otro exponente de severos problemas es que, por ejemplo, el año pasado el Deutsche inició la reestructuración para reducir 35.000 empleos de la plantilla, además de abandonar oficinas en diez países. Más pleitos varios que le cuestan o costarán más de 12.000 millones de euros en sanciones y reparaciones. El problema es que anomalías e ilegalidades no afectan solo a los accionistas mayoritarios. Al final las paga la ciudadanía.

En España, con menor volumen pero la misma codicia, empezó el juicio de 65 consejeros de la antigua Caja de Ahorros de Madrid (que después fue Bankia) por el presunto delito de apropiación indebida. Un macroproceso a banqueros, altos dirigentes sindicales, concejales, otros políticos y empresarios.

Un correo electrónico interior de la entidad bancaria desveló en 2009 el chanchullo al informar sobre remuneraciones extraordinarias de los miembros de órganos de gobierno de Caja Madrid. Ese correo explicaba que cada miembro del Consejo de Administración disponía de una tarjeta Visa de gastos de representación de 25.000 euros anuales, pero que no existía para Hacienda. Esas tarjetas black han proporcionado a los consejeros unos quince millones de euros de 1996 a 2012 en joyas, viajes, hoteles de lujo, comidas y cenas, ropa, perfumería, incluso tratamientos de belleza… Una codicia indecente.

No es el primer juicio por despilfarro de consejeros de entidades financieras. Además de irregularidades de pensiones millonarias para cúpulas dirigentes, créditos que eran desfalcos, anomalías financieras e inmobiliarias, sueldos desmesurados y escandalosas opciones a paquetes de acciones. Al mismo tiempo, Bankia (entidad surgida de la unión de Caja Madrid y otras entidades financieras) timaba a 129.000 ahorradores, personas mayores y jubiladas a las que vendían obligaciones preferentes que inmovilizaban sus ahorros. Además de ocultar información veraz y justa a 200.000 accionistas cuando Bankia empezó a cotizar en bolsa, lo que supuso la congelación de ahorros de esos accionistas. Por ello también dirigentes de la entidad han de responder ante los jueces.

En 2012 era evidente que el sector financiero español se tambaleaba. Y el Estado empezó a rescatar entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, Bankia entre ellas, con dinero público. El que sale de los impuestos de españoles y españolas. Feroces recortes presupuestarios sociales, deterioro de servicios públicos y millones de asalariados al paro o a la precariedad crónica fue el precio que pagó el pueblo trabajador, además de hipotecar el país por tiempo indeterminado.

Cuatro años después, aunque Luis de Guindos, ministro de Economía, y Rajoy, presidente del gobierno, juraron entonces que el rescate de las entidades financieras no costaría ni un duro a la ciudadanía, a día de hoy el Estado apenas ha recuperado un 5% del rescate bancario según publican varios medios informativos. En concreto, el Estado (la ciudadanía), a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), dio al sistema bancario español ayudas financieras por más de 53.000 millones de euros. Pero solo se han recuperado 2.686 millones: menos del 5%, en realidad 4,9%. Y no hay visos de que la recuperación vaya mucho más allá.

Lo expuesto afianza la convicción de que el sector financiero es el principal adversario de la ciudadanía y de que pueda vivir con dignidad. Porque no tiene control, se mueve por el mundo con libertad absoluta, se opone con ferocidad a la menor regulación, alimenta el fraude y elusión fiscal que debilitan y entrampan a los Estados y especula a corto plazo con activos financieros retorcidos y complejos, más nuevos activos fruto de la rapiña-privatización de servicios públicos esenciales. Una amenaza incesante de burbujas que pueden estallar en cualquier momento. Que es lo que ocurre cuando hay una especulación desaforada sin el menor control.

Enfrentarse al peligroso e inmoral sector financiero puede parecer titánico, imposible incluso. Pero parece indiscutible que, de no plantarle cara, hundirán a la gente común, que es la mayoría.

Pensiones públicas, un derecho indiscutible

En España, las élites quieren tomar al asalto las pensiones públicas. Mucho dinero que consideran ha de ser suyo. Y, con la excusa de ser sostenibles, deterioran el sistema, descapitalizan la seguridad social y saquean el Fondo de Reserva de las pensiones públicas. Por eso el gobierno de Rajoy mete mano a ese Fondo. Otra vez. Casi 9.000 millones de euros.

Creado en 2000 para situaciones extraordinarias y poder pagar las pensiones, el Fondo tenía 67.000 millones de euros en 2011. Pero Rajoy ya ha metido mano tres veces, quitando más de 41.000 millones de euros. Esta vez a hurtadillas, para que no se hablara en campaña electoral.

Por su parte, los economistas de guardia del régimen monárquico del 78 (hasta hace poco bipartidista), proclaman que la Seguridad Social pierde cotizantes (por paro, bajos salarios y menor recaudación), el Fondo de Reserva estará vacío en 2018 y pregonan que las pensiones públicas no son ‘sostenibles’. Según el Pacto de Toledo las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones públicas y ya no alcanzan -dicen. Pero ¿por qué han de financiarse las pensiones con cotizaciones? Hablamos de derechos. Y, para atender derechos, el Estado establece impuestos que recauda. Lo del Pacto de Toledo estuvo bien, pero en pleno saqueo neoliberal, los derechos de la gente han de estar por encima de todo. No caer en la trampa de la sostenibilidad y dejar de rasgarse las vestiduras porque las cotizaciones disminuyen. Hay impuestos. Fraude fiscal a combatir, por ejemplo, y elusión fiscal de grandes empresas a eliminar.

¿No son sostenibles las pensiones públicas españolas? Según Eurostat, son de las más baratas de Europa. El gasto español en pensiones públicas fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante, cuando la media europea fue 2.769 euros por ciudadano, 3.295 en Italia, en Alemania 3.421 euros y 3.658 en Francia. Solo alcanzando la media europea de gasto, las pensiones públicas serían como rocas.

Pero no hay esa voluntad política y en 2013, el gobierno del PP encargó a un Comité de Expertos en Pensiones un informe sobre esperanza de vida y pensiones públicas. Los presuntos ‘expertos’ sentenciaron que las pensiones públicas eran insostenibles. Y propusieron reducir su cuantía y que la gente se jubile más tarde. Según Vicenç Navarro, las propuestas de ese Comité fueron las más brutales de la Unión Europea en recortes de pensiones públicas.

Partiendo de esos nada fiables ‘expertos’, el gobierno del PP urde un nuevo modelo de pensiones públicas para 2019. Aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, desvincular el aumento de las pensiones del IPC, ligarlo a la marcha de la economía y calcular la pensión según esperanza de vida. Más esperanza de vida, menos pensión. El problema parece ser, según los ‘expertos’, que hoy la gente vive más. Habrá que retroceder a la Edad Media…

Pero indigna tanta invocación a la muy sospechosa sostenibilidad. Porque la única que interesa de verdad es la de la Tierra, de la naturaleza y uso de recursos, porque la de las pensiones, por ejemplo, solo es pretexto que maquilla la indecente codicia de unos pocos. ¿Alguien cuestionaría en serio si la Guardia Civil es sostenible? Las pensiones públicas no son cuestión económica sino de derechos. ¡Derechos! Pues, de no ser así, apaga y vámonos porque esto es una farsa repugnante. Las personas tienen derecho a llevar una vida digna, y las pensiones públicas han de asegurarla. Una realidad lejana para más de la mitad de pensionistas en España (casi 5 millones), que viven bajo el umbral de la pobreza.

Hasta el saqueo neoliberal con la excusa de la crisis, las pensiones públicas no fueron problema, pero ahora salen con el espantajo de la sostenibilidad porque hay negocio para la minoría rica. Pero los derechos de la gente han de ir por delante. Sí o sí. Si las cotizaciones no alcanzan, las pensiones se financian con impuestos justos, progresivos y suficientes. Que el Estado puede.

Estos neoliberales siempre recortan el gasto y no se proponen aumentar ingresos, porque es lo que conviene a sus ‘señoritos’. No son de fiar. No les crean una palabra. Casi todos vinculados a la banca y a empresas de seguros, que, casualmente, obtendrían beneficios cuantiosos si las pensiones públicas se fueran al garete y la gente común se viera forzada a suscribir pensiones privadas.

No es cuestión de sostenibilidad sino de derechos.

Esta Unión Europea, ni en pintura

El pueblo trabajador no se puede fiar ni un pelo de esta Unión Europea. No sirve ni es reformable. Pero otra Unión Europea es posible. Y necesaria. Otra Unión en la que primen las personas y sus derechos, las libertades y la democracia de verdad, no los intereses y beneficios de los banqueros con la democracia convertida en simulacro, en liturgia. En absoluto conviene a la ciudadanía esta Unión Europea que preside el oscuro Junckers y mangonea Merkel a su antojo, entre otros.

Muestra de la calaña de esta Unión Europea es que su mayoría parlamentaria conservadora apoya, jalea y aplaude a políticos como Mariano Rajoy y Viktor Orbán. Ocurrió en el reciente congreso del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Madrid con más de 2.000 delegados de partidos conservadores europeos. Ahí fue aclamado el presidente español por sus correligionarios como “presidente del millón de empleos”, eslogan con el que el congreso del PPE pretendía entronizar la trayectoria gubernamental de Rajoy. Sin embargo, tras ese lema más falso que un duro sevillano, las crifras sin trampa ni maquillaje revelan cuan fraudulento es hablar de salida de la crisis o de reducción real del paro en el Reino de España.

En España, la cifra de desempleados bajó casi 300.000 entre julio y septiembre, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pero más de un tercio (116.000) de esa cifra no es gente que haya encontrado trabajo sino disminución de población activa. Se contabilizan menos parados porque hay menos población activa que computar, no porque se creen empleos. Además de que más del 90% de los mismos son temporales y precarios.

Los juegos malabares con números no ocultan la cruda realidad. Gran parte de la gente común del país lo pasa mal y otra parte lo pasa muy mal. Cuando empezó la crisis, los hogares en los que nadie tenía ingresos eran 365.300. Pero hoy ya son más de 720.000, casi el doble. Mientras los parados que llevan un año sin trabajo se acercan a tres millones. ¿Qué recuperación es esa? ¿Creación de empleo ? ¡Venga ya con cada vez más trabajadores pobres!

Poco a poco, dicen, hay que confiar y tener paciencia. En los ochenta, ante el paro, dolor y sufrimiento que causaron las reconversiones naval, industrial, agrícola y ganadera exigidas por Europa, el entonces presidente del gobierno, Felipe González, argumentaba que antes había que hacer crecer el pastel, aunque supusiera sacrificios, para poder repartirlo. Pero nunca se repartió pastel alguno; si acaso, migajas.

Actualmente, la última EPA certifica que la reforma laboral del PP ha destruido el equivalente a casi 900.000 puestos de trabajo a jornada completa. La misma EPA da fe de que no hay recuperación económica. ¿Cómo ha de haberla si se han trabajado 33 millones de horas menos? Porque casi un cuarto de millón de personas más que antes trabajan menos de cuatro horas. Y cobran mucho menos, claro.

Además, los parados tienen menor protección. Medio millón de desempleados más no perciben prestación. Sumados a los que había, ya son tres millones y medio los parados que no son ayudados por el Estado. Sin olvidar que, según la Red Europea contra la Pobreza, en el Reino de España que desgobierna el Partido Popular, la pobreza afecta ya al 29% de población. Y aún tienen la indecente desfachatez de elogiar a Rajoy como ‘presidente del millón de empleos’.

La otra vergonzosa cara de la moneda del congreso de los conservadores europeos han sido los fervorosos aplausos al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Orbán es un notorio fascistoide xenófobo que rechaza el derecho de asilo de los refugiados, sostiene que no pueden aspirar a vivir como austríacos o húngaros (porque no es un derecho, dice) y deben ser devueltos a sus países. Si acaso que “tengan allí la vida digna”, remata. Pero da la casualidad de que de donde huyen los refugiados es de países con guerras de las que Europa es responsable en gran medida, directamente o  por medio de la OTAN.

Si sumamos a los obscenos elogios a Rajoy y los aplausos a Orbán la vergonzosa incapacidad para acoger a los refugiados, más el vaciado evidente y creciente de la democracia, convertida en cachondeo, solo cabe concluir que esta Unión Europea no interesa en absoluto. No al pueblo  trabajador. Otra Europa es necesaria y hay que trabajar más y mejor para conseguirla.

Secuestran la soberanía ciudadana

En el reciente debate parlamentario sobre el estado de España, el presidente del gobierno, Rajoy, ha afirmado con desvergonzada tranquilidad: “No he podido cumplir mis compromisos electorales, pero he cumplido con mi deber como presidente del Gobierno”. ¿Desde cuándo ambas realidades son opuestas? ¿Desde cuándo en democracia es obligación de un gobernante machacar a la ciudadanía?

Rajoy aseguró que no subiría impuestos, pero aumentó el impuesto sobre la renta y el IVA; rebaja el dinero de medidas contra el paro y las ayudas para acceder a la vivienda; congela el sueldo de los funcionarios, facilita el despido barato por miles, recorta presupuestos de sanidad y educación; expulsa de la sanidad a inmigrantes y jóvenes parados mayores de 26 años, sube tasas universitarias, presupuesta menos dinero para becas e investigación; privatiza servicios, infraestructuras y transportes (entrega, a precio de saldo, lo que es de todos a la minoría rica)… ¿Es esa su obligación?

Si democracia es la forma de organización política cuyo titular es la ciudadanía, donde las decisiones que afectan a todos son tomadas por la ciudadanía directa o indirectamente, ¿cómo se atreve el presidente del gobierno a ignorar la soberanía ciudadana e incumplir el contrato de sus compromisos electorales? ¿Ha olvidado el artículo primero de la Constitución española según el cual “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”? Si Rajoy tiene algún poder es porque la ciudadanía se lo ha delegado. Cansa recordar lo obvio. Por tanto, se debe a la ciudadanía y no a unos pocos ricos y poderosos. Esa cínica desfachatez de Rajoy, entre otros hechos, muestra el fracaso de la democracia representativa. Tal como se concibe y aplica hoy en Europa. Como Cameron que, aunque la mitad de la ciudadanía británica votaría hoy salir de la Unión Europea (según sondeo de The Financial Times), el primer ministro no piensa convocar consulta alguna ¡hasta 2015! Sin entrar en el contenido de la cuestión (salir o no de la Unión Europea), es evidente que la voluntad ciudadana le importa un rábano a Cameron. Como al resto de gobiernos por lo que vamos viendo los últimos años en la vieja Europa.

Europa se aleja cada vez más de la democracia de verdad, que no es solo votar cada cuatro años y mucho menos que la victoria electoral sea patente de corso para hacer los gobiernos lo que les dé la gana. En España, a los problemas de la democracia vaciada se une la contaminación del franquismo, que nunca se eliminó del todo; baste recordar que el Partido Popular en el gobierno fue fundado por ex-ministros franquistas con responsabilidad política por las últimas infames ejecuciones de la dictadura.

La obscena desvergüenza del gobierno español, cuyo presidente pretende cumplir con su obligación al incumplir de forma flagrante sus compromisos electorales por obedecer a la troika, es la muestra sin brizna de duda de que los ejecutivos europeos gobiernan con descaro en beneficio de apenas medio millón de habitantes de la Unión Europea: la minoría rica. Banca, corporaciones, grandes empresas, dueños de grandes grupos de comunicación, grandes fortunas, más cómplices, encubridores, voceros y otros siervos de la gleba a su servicio… Contra 500 millones de ciudadanas y ciudadanos.

La situación europea se asemeja cada vez más a un régimen autoritario, donde Comisión y Banco Central Europeo (y la impagable actuaciób deel FMI)  van sistemáticamente contra los derechos e intereses de la mayoría ciudadana. Guardando ciertas formas, eso sí, pero en esencia de modo “gangsteril”, solapado, malicioso, codicioso, camuflado, marrullero e hipócrita. Y autoritario. Un autoritarismo que se pasa por el forro la voluntad ciudadana, sus derechos, su presente y su futuro. Cabe aquí citar a Pisarello cuando recuerda que, “desde hace dos siglos, cuando se violan los derechos de la gente, y las vías institucionales para reclamarlos están bloqueadas, la resistencia civil es única garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación de la democracia”. Rebelión, diría yo.

 Y en esas estamos, con un poder predador arbitrario y una democracia reducida. Pero por toda Europa surgen, crecen y se organizan numerosas respuestas y alternativas ciudadanas contra la injusticia y la indecencia de los de arriba; empecinados los ciudadanos en recuperar la soberanía contra gobiernos que han perdido la legitimidad. Reaccionar así no solo es el modo de afrontar esta crisis-estafa que nos ahoga hoy, sino empezar a construir un futuro digno y decente para nuestros hijos y nietos. Un inicio de revolución. Otra Europa.