¿España 2017 o Chicago años 30?

Volviendo sobre la dicha cuestión catalana, es llamativo el análisis de la misma de Matthew Parish, abogado suizo estudioso de conflictos étnicos y nacionales que fue miembro del personal de mantenimiento de la paz de la ONU.

Matthew Parish relaciona el conflicto desatado desde el referendo del 1 de octubre en Cataluña con el pago catalán de impuestos que considera esencial para el gobierno del Partido Popular: le permite pagar los cuantiosos intereses de la enorme deuda pública. Deuda que ya suma un billón de euros. Y añade que “de persistir la incertidumbre sobre el futuro de Cataluña, espina dorsal económica y fiscal de España, el impago de bonos de deuda españoles podría tener efectos devastadores. La economía española es demasiado grande para quebrar y la UE no puede permitirse rescatar la cuarta economía de la eurozona”. Por eso han insistido en que las elecciones catalanes fueran cuanto antes. Para desbloquear la situación.

Más allá de cuanto exagere o yerre Parish, sí hay relación entre fiscalidad, deuda, corrupción y crisis catalana. Desde hace tiempo, Cataluña reclama un modelo fiscal semejante al de Euskadi y Navarra, denominados Territorios Históricos en la Constitución. Disponen éstos de agencias tributarias que recaudan los impuestos en su territorio autonómico y entregan al estado central una parte de lo recaudado. Esa parte se negocia cada varios años.

Eso quisiera Cataluña, pero nunca gobierno central alguno del PSOE o del PP ha mostrado el menor interés por atender esa reivindicación. Tal vez por eso Matthew Parish opina que el gobierno de Rajoy “utiliza los ingresos fiscales de Cataluña para financiar sus obligaciones de deuda pública y cualquier cesión de control fiscal a Cataluña u otro nuevo equilibrio fiscal entre Madrid y Barcelona suprimiría la facultad del gobierno de Madrid para sacar más provecho de los catalanes”.

¿Se hubiera resuelto el ‘conflicto catalán’ de negociar otra fiscalidad? Lo innegable es que el PP no parece estar siquiera dispuesto a considerarlo.

Sea como fuere, hay elecciones catalanas dentro de veinticuatro días y, según varios sondeos, los partidos catalanistas (que no solo los independentistas) obtendrán del 58% al 60% de votos. Eso son 78 escaños, cuando la mayoría absoluta del Parlament de Cataluya es de 68. Más que suficiente para formar un gobierno catalanista. Catalanista, que no independentista. Sobre todo ahora que varios dirigentes independentistas (Puigdemont, Mas, Tardá…) han expresado con mayor o menor claridad que quizás se precipitaron y que la independencia no parece por ahora el mejor camino para resolver los problemas de Cataluña.

Como han escrito Raventós y Búster, lo que parecía jugada maestra (artículo 155 de la Constitución y convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre) es un error que puede dañar de modo irremediable la carrera política de Rajoy y precipitar la convocatoria de elecciones generales en el Reino de España en la primavera de 2018”. Unas elecciones cuyo resultado no favorecería al Partido Popular, vista la evolución del voto a ese partdio en los últimos meses. Un par de sondeos más recientes hablan de empate técnico entre ‘constitucionalistas’ y catalanistas que  el partido de Ada Colau desempataría. No se enteran.  Vista la errática actuación del PSOE de Sánchez, el PSC no puede permitirse el lujo de votar a un candidato del PP o de Ciudadanos como presidente de la Generalitat, porque podría prácticamente desaparecer de Cataluña. No hay ‘bloque constitucionalista’. Solo el deseo irredento de El País y La Razón, que han promovido esos sondeos, de que  la derecha española y españolista  gobierne Cataluña.

En cualquier caso, si quien desempata es el partido de Ada Colau, evidentemente no lo haría a favor del auto-denominado bloque constitucionalista (que solo son PP y Ciudadanos, por cierto).

En el centro del conflicto, en Cataluña, si se cumple la previsión electoral autonómica, el nuevo Govern tras el 21 de diciembre se parecerá bastante al que Rajoy destituyó y encarceló. Si es así, como parece probable, habrá que desfacer entonces muchos entuertos, no habrá duda alguna de que Rajoy ha fracasado con su postura autoritaria y cerrada, y se abriría un nuevo camino para empezar a resolver los muchos problemas de España, enquistada sin salida en el régimen bipartidista del 78.

Pues resulta que el llamado conflicto catalán es parte importante de la crisis de ese régimen del 78, que se va al garete por la austeridad impuesta durante media década, descoyuntado ahora y visto el truco por el desenfreno mediático propiciado por los excesos del gobierno Rajoy ante el 1 de octubre, que han dejado al régimen del 78 con las vergüenzas al aire.

Vergüenzas como las implacables conclusiones de la fiscal del caso Gürtel de financiación ilegal de campañas del PP; la corrupción por sistema que los diversos procesos en marcha airean y afectan a 900 cargos y miembros del PP; las cloacas fascistoides del régimen desveladas por la detención del comisario Villarejo, más las prácticas gangsteriles, como la intervención de Hacienda porque sí en el Ayuntamiento de Madrid, y el vergonzoso convenio con la industria farmacéutica. Con la máxima desfachatez, Hacienda obliga a las Comunidades Autónomas (si piden financiación extra) a comprometerse a enriquecer a las empresas que forman Farmaindustria adquiriendo sus medicamentos de marca y olvidándose de los medicamentos genéricos, más baratos y tan eficaces. Rigurosamente cierto.

Me llegan recuerdos intensos del Chicago de Al Capone en los años 30 del siglo XX.

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El conflicto de Cataluña

El Consejo de Europa ha expresado que apuesta por el diálogo en el conflicto de Cataluña con el gobierno de Rajoy. Pero Rajoy, ni caso. El Consejo también ha condenado las cargas policiales del 1 de octubre pasado en Barcelona y otras poblaciones catalanas y ha señalado que las libertades de expresión y de reunión son incompatibles con la violencia de ese día en Cataluña, criticando la errónea y muy desproporcionada reacción del Gobierno español. Además, el Consejo de Europa ha expresado también su desacuerdo con aplicar el artículo 155 de la Constitución española, pues considera que encona el enfrentamiento existente.

Pero Rajoy y los suyos se empecinan y no se apean de que el gobierno de la Generalitat catalana ha actuado ilegalmente. Como también Puigdemont se entesta en eufemismos y juegos de palabras para no decir con claridad que no había proclamado la independencia, lo que hubiera allanado una vía de dialogo.

A propósito de la crisis catalana cabe señalar que la legalidad, sin más matiz ni explicación, no es el objetivo de la democracia, como pretenden los voceros del PP. La legalidad es un medio para desarrollar la democracia, porque el fin de la democracia es la libertad, la justicia y el imperio de los derechos humanos. O no es democracia.

Alzar la bandera de la legalidad una y otra vez no resuelve el conflicto, como se ha comprobado. Pero lo cierto es que hay un gran conflicto político cuando cuarenta de cada cien catalanes y catalanas han votado querer separarse de España en el ilegal referendo del 1 de octubre. Como dijo muy lúcidamente la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, un problema político no se resuelve echando mano del Código Penal. Ni enviando diez mil policías y guardias civiles, cabe añadir. Aquí hay un problema político de envergadura, que además viene de lejos,y solo se resolverá hablando, dialogando, negociando… como ha reivindicado la ciudadanía en varias poblaciones españolas donde se manifestaron sin bandera alguna.

La legitimidad, que está por encima de la legalidad, es la cualidad de lo conforme con la justicia. Es lo justo y por eso puede haber y hay legalidades ilegítimas por injustas. Aquí cabe recordar la advertencia de Martin Luther King:No olvidemos nunca que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal”. Y fue un horror que también puede aplicarse a Mussolini, Franco o a cualquier otro dictador.

Lo legal no es siempre baremo del cumplimiento de los derechos humanos ni del desempeño de la justicia ni del respeto de las libertades, verdaderos fines de la democracia.

No defiendo la postura de Puigdemont y estoy contra su encastillamiento en realizar el referendo. Un referendo cuyo resultado, como ha dicho la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, no es aval suficiente para declarar la independencia. Porque, aunque convocar el referendo fuera legítimo, no se pudo desarrollar con normalidad ni garantías por la intervención violenta de la policía enviada por Rajoy y por el cierre de muchos colegios electorales. En Hospitalet, segunda ciudad de Cataluña con un cuarto de millón de habitantes, se pudieron constituir menos de la quinta parte de colegios electorales. Eso invalida cualquier resultado.

Hay leyes y acciones del Estado injustas y por tanto ilegítimas, por legales que sean, pero además, el cacareado respeto de la legalidad del gobierno de Rajoy no es cierto. Solo hay que recordar la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena al Reino de España por las ilegales devoluciones de inmigrantes “en caliente”, echando por tierra la pretensión del gobierno Rajoy de ser legales. Una ilegalidad que dura quince años. Para mas inri, el ministro de Interior sigue defendiendo las devoluciones “en caliente”. Le da igual la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

¿Puede el PP presentarse como adalid de la legalidad? ¿Tiene el menor crédito? Primero negaban que hubiera expulsiones de inmigrantes “en caliente”. Luego reconocieron que “en casos puntuales” incumplían la ley y al fin, el gobierno Rajoy intentó darles cobertura legal llamándolas “rechazos en frontera”. Pretensión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha desmontado.

Y, ya puestos, recordemos otras ilegalidades del Gobierno Rajoy y del partido que lo sostiene. Como las financiaciones ilegales de campañas electorales del Partido Popular. Según se ha publicado, en el año 2000 el Partido Popular financió ilegalmente la campaña electoral que le consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales. Y hace poco, ante los tribunales que juzgan casos de corrupción, funcionarios de Hacienda han ratificado como testigos que el Partido Popular financió ilegalmente también las elecciones municipales de 2003 1.

¿Qué respeto a la legalidad es ése?

Además, la Fiscalía Anticorrupción considera probado, en sus conclusiones en el juicio de la Gürtel, que el Partido Popular se lucró de forma ilegal en la financiación de actos electorales a cambio de adjudicaciones fraudulentas de contratos a empresas de la trama corrupta.

Por si fuera poco, desde 1978 se han descubierto en el Reino de España más de 175 redes de corrupción asociadas a partidos de gobierno; una corrupción que no afecta exclusivamente, pero sí de modo muy considerable, al Partido Popular, tanto que hay más de 900 cargos públicos imputados de ese partido.

La delictiva ilegalidad de la corrupción supone, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la Hacienda española deja de recaudar 45.000 millones de euros anuales que se pierde en las cloacas de la política para ir a parar a las cuentas corrientes de los corruptos, escondidas en paraísos fiscales.

¿Ése es el respeto a la legalidad exigido por Rajoy y el PP a Puigdemont?

En cuanto al dirigente nacionalista catalán, cabe recordarle que su partido también está hundido en la corrupción y les viene bien que se hable del referendo y de la respuesta del gobierno Rajoy, así los medios dejan de hablar de la corrupción de Convergencia y de la familia Pujol.

También hay que hacerle notar que algo más de dos millones de votantes de cinco millones y medio de ciudadanos con derecho a voto en Cataluña no pueden decidir la independencia en las condiciones muy irregulares del referendo. Pues no sabemos si los tres millones y medio que no votaron ese día no quisieron votar o no pudieron. Lo probable es que muchos no pudieron al no constituirse todos los colegios electorales por la intervención policial, más las continúas caídas de Internet que dificultaron o impidieron votar. En cualquier caso, no sabemos que hubieran votado ni siquiera si pensaban votar. En democracia de calidad, ese resultado no es suficiente y más aún si se trata de decidir cuestión tan trascendente como continuar a separarse.

Sin embargo, los datos globales de la votación, aunque no válidos electoralmente, sí indican una gran movilización ciudadana, una enorme desobediencia civil que debería hacer ver al gobierno de Rajoy y a quienes lo apoyan que hay un problema serio a resolver. Resolver, no enconar. Un problema que no se arregla con represión ni con emociones desatadas ni enarbolando banderas rojigualdas o cuatribarradas.

En este conflicto, el Partido Popular y el gobierno Rajoy destacan por su autoritaria, necia y malévola intransigencia. En tanto que al señor Puigdemont y los suyos cabe señalarles su falta de visión de la realidad más una irresponsable y errática actuación política. Su actuación no ha conseguido la independencia (en el caso de que fuera un objetivo para pelear por él, que considero que no), pero sí ha fortalecido el nacionalismo españolista, el peor. Y ese reforzamiento hace ahora más difícil cambiar las cosas en este país para lograr una democracia de calidad que, por cierto, no es el caso del vigente régimen dinástico bipartidista del 78 que con tanto afán defienden Rajoy, Rivera y también Pedro Sánchez.

A destacar que esta crisis ha desvelado que el PSOE de Pedro Sánchez no es la izquierda templada recuperada que en algún momento pudo parecer, sino que, con algunos retoques, vuelve por los fueros de González y Guerra, por el bipartidismo del 78 y por un evidente nacionalismo español que nada tiene que ver con el socialismo. No por casualidad The New York Times tituló “Victoria de los jóvenes nacionalistas” un reportaje de páginas centrales contando la mayoría absoluta conseguida por el PSOE de Felipe González el 28 de octubre de 1982.

Otrosí ¿qué pensar de que el PP elogie la “capacidad de Estado” de Pedro Sánchez por apoyar sin dudar la respuesta autoritaria del Gobierno Rajoy a Puigdemont? Insisto: Puigdemont yerra, no tiene razón y sus intereses son los de la burguesía catalana no los de la mayoría ciudadana, pero aplicar el artículo 155 de la Constitución española no es el camino para resolver los problemas con Cataluña.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha pedido a Rajoy y Puigdemont que no hagan nada que impida el diálogo y la mediación. Pero parece que ambos se encastillan en sus posiciones. ¿Saben?, la actitud de ambos políticos me recuerda a un par de tíos desafiándose a ver cual de los dos mea más lejos? Muy masculino, pero muy estúpido.

Mentiras y democracia

Tras atrincherarse en el No ante quienes investigan la financiación ilegal del Partido Popular, los Rato, Mayor Oreja, Arenas y Acebes de ese partido, es el turno del ex-tesorero Bárcenas que ya ha dicho que dará la callada por respuesta. Ocultar es respuesta habitual de la derecha, la otra es mentir.

Mentir. Hace unos días el Banco de España reconocía que se perderán los más de 60.000 millones de euros que el gobierno dedicó a rescatar bancos españoles. Mintieron Rajoy y De Guindos cuando aseguraron que el rescate no costaría ni un euro a los españoles.

Una mentira como decir que el gobierno aumenta las pensiones, cuando la mayoría de pensionistas han perdido un 35% de poder adquisitivo en los últimos años. Una mentira como pretender que la mayor esperanza de vida obliga a recortar las pensiones para que sean sostenibles.

¿Pensiones sostenibles? Hablamos de derechos fundamentales de la gente. Si la economía pública funciona con menos corrupción y la privada con menor fraude fiscal habrá dinero suficiente. Hay países así. Pero mienten cuando alzan el pendón de la sostenibilidad, porque esa presunta sostenibilidad es excusa para adelgazar las pensiones públicas y que los futuros jubilados suscriban pensiones privadas porque las públicas no alcanzan. Y no alcanzarán si siguen robando.

Mienten cuando al rendimiento variable de aportaciones individuales a fondos de inversión (que especulan en mercados de capitales) le llaman ‘pensión privada’. Y mienten cuando dicen que hay que recortar las pensiones porque no hay dinero. ¿No hay dinero? Desde 2009 el Estado ha proporcionado a la banca más de 280.000 millones de ayudas varias, a destacar la inyección de 62.000 millones de euros (esos que no se recuperarán). Además de la ayuda que es comprar activos de empresas privadas por 840 millones de euros. Lo mismo que se recortó en educación en 2012.

Y mienten aún más cuando pretenden que reformar las pensiones es tarea de expertos, cuando es cuestión de derechos de los trabajadores. ¿Decidirán sobre pensiones los expertos (presuntos) a sueldo de la banca?

Los embustes frecuentes institucionalizan la desfachatez como acción política habitual de la derecha. Rajoy dijo cuando gobernaba Zapatero que “subir el IVA en tiempos de crisis es un disparate” al tiempo que clamaba “no más IVA”. Pero tras formar gobierno en 2012 aumentó el IVA al 21%. Y en noviembre de 2011 anunció “voy a meter tijera a todo, salvo a pensiones, sanidad y educación”, pero mintió y recortó 10.000 millones de euros del presupuesto de sanidad y educación.

Más mentiras. Cuando se partió el petrolero Prestige con la consiguiente marea negra, Rajoy declaró como vicepresidente del gobierno que el derramamiento de 63.000 toneladas de fuel solo era que “del Prestige salen unos pequeños hilitos, como de plastilina”. ¡Hablar de plastilina en la peor catástrofe ecológica en años!

Otrosí, Rajoy presume de crear empleo, pero oculta qué empleo crea. Precario, temporal, inseguro y de bajo salario. Y además aún hay 4.260.000 millones de parados, lo que hace de España el segundo país de la Unión Europea con más desempleo.

Más mentiras. Dice Rajoy que hay 400.000 jóvenes parados menos, pero solo son 240.000, porque lo que ha disminuido es la población activa de jóvenes por dejar de buscar empleo, volver a estudiar o emigrar.

Según Rajoy, se han creado medio millón de empleos anuales, pero los datos muestran que la mayoría de esos contratos son temporales, incluso solo de días. Según Eurostat, España es uno de los países europeos con más empleo temporal forzoso. Y los empleos temporales no son empleos de verdad, porque no hay seguridad ni futuro.

El colmo de mentir es que Rajoy pretenda que pobreza y desigualdad han disminuido. ¿De dónde lo saca cuando la carencia material severa afecta al 6% de población y trabajadores con empleo pero pobres ya son 15%? Además hoy hay más riesgo de exclusión social que cuando Rajoy ganó las elecciones en 2011, como documentan ONG de desarrollo y solidarias.

Como escribe el filósofo Paolo Flores D’Arcais, las libertades públicas y las mentiras políticas son inversamente proporcionales. El volumen tolerado de mentiras de políticos muestra la calidad de una democracia, porque la democracia exige veracidad.

La corrupción de la democracia supone mentiras, además de agredir la justicia, aumentar la desigualdad y violar derechos de la ciudadanía.

Como escribe el periodista Antonio Galeote, “la corrupción mental empieza en las palabras, en el lenguaje. Las palabras son importantes. Son el primer paso para comprender, pues si no se llama a las cosas por su nombre, si se acepta la mentira de los agresores, se acaba justificando lo injustificable”.

Empleo, paro, recuperación y pobreza en el Reino de España

Mariano Rajoy, presidente del gobierno, en un acto del Partido Popular presentó a España en un ataque de euforia como “un ejemplo de recuperación económica”. Si recuperarse es volver a adquirir lo perdido, es difícil aceptar que este país se haya recuperado.

Salvo que recuperarse signifique que las rentas del capital casi doblen a los salarios en un escenario de tozuda alta tasa de paro y creciente precariedad laboral. Según la Contabilidad Nacional de este inicio de año, presentada por el Instituto Nacional de Estadística, los beneficios empresariales de enero a marzo aumentaron 6%. Se habrán recuperado los grandes empresarios, pero los salarios se redujeron 6.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria. Eso no es recuperarse.

Tal vez España sea más rica en frías cifras generales, pero españoles y españolas son cada vez más pobres en realidades concretas. Según el FMI, el PIB de España crecerá este año 25.000 millones de euros más que en 2008. Pero solo lo notarán las altas finanzas, grandes fortunas, grandes empresas y corporaciones multinacionales. La gente común, las familias, han perdido y pierden ingresos y llevar una vida digna es más difícil. La Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística revela el avance de la pobreza en España que ya afecta a más del 22% de hogares. Los ingresos de más de cuatro millones de familias no llegan a 8.200 euros anuales y mucha gente cae por debajo del umbral de la pobreza.

La pobreza afecta a más de la tercera parte de familias en Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura y en el resto de comunidades se escampa. Más de un tercio de hogares no puede afrontar gastos imprevistos y a un 16% de familias les es “muy difícil llegar a fin de mes”. Esas familias a las que no les alcanza el dinero ya son casi tres millones, mientras la pobreza energética afecta a unos dos millones de familias que no pueden tener la casa a temperatura adecuada. Menos mal que llega el tiempo veraniego.

En resumen, los que antes de 2009 lo pasaban mal hoy lo pasan mucho peor. Mujeres, jóvenes de ambos sexos, infancia y mayores de 50 a 64 años (abandonados en tierra de nadie) sobre todo.

Ha bajado la cifra del paro, pero la vida de las clases trabajadoras no mejora. Tanto es así que incluso la muy neoliberal Comisión Europea reconoce que el crecimiento de España, tan jaleado, no ha reducido nada la creciente e incesante desigualdad y pobreza, al tiempo que pobreza y exclusión social en este Reino son de las más alarmantes de la Unión Europea. Sin olvidar que los trabajadores pobres, los que tienen empleo, pero no dejan de ser pobres, han aumentado hasta el 15% del total de quienes tienen empleo. Por ejemplo, becarios, contratados por horas, fijos discontinuos, falsos autónomos…

Hay algo menos paro en frías cifras, pero no mejor vida. Demasiadas personas encadenan varios empleos de miseria para conseguir ingresos mínimamente dignos. No es de extrañar cuando, según informe del sindicato de técnicos de hacienda (Gestha), casi la mitad de asalariados del Reino de España cobra menos de mil euros mensuales. No mil sino ‘menos de’, lo que puede llegar a ser muy poco. Según la Encuesta de Población Activa, se ha creado empleo precario. Por ejemplo, desde hace ocho años los contratos a tiempo parcial aumentan sin parar. Y con contratos temporales parciales no hay modo humano de vivir con dignidad. Eso no es crear empleo, eso es escampar la pobreza y repartir la penuria.

Por otra parte, los salarios suman actualmente 30.000 millones de euros menos, sin embargo los beneficios del capital aumentaron 14.000 millones. Antes de 2009, los salarios eran el 50% del PIB, la riqueza anual generada. Hoy solo son el 46%. La pretendida recuperación afecta a pocos; en realidad la llamada recuperación no es otra cosa que transferencia de rentas de los trabajadores a la clase capitalista, las élites. Ellos se han recuperado con creces, pero a costa de los demás por reformas laborales, bajos salarios y recortes sociales.

No hay recuperación que valga si no se recupera la mayoría de la gente. No hay recuperación si la inmensa mayoría no puede llevar una vida digna.

El Gobierno de Rajoy ahorra a costa de los parados

El sindicato UGT ha denunciado que el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE, antes INEM) no ha dejado de gastar más de 2.200 millones de euros del presupuesto asignado a ese servicio en 2016. Hecho inaceptable que desvela el verdadero interés del gobierno del Partido Popular por la situación de los millones de parados del país. Además, el SEPE ha tenido la osadía de presentar el hecho de no haber gastado ese dinero como mérito y buena gestión. ¿Qué bondad hay en que milones de parados tengan menos ayuda  en subsidios, formación o posibilidad de colocación? Pues eso significa esa cantidad no gastada.

Por si fuera poco, conocemos también los datos de la reducción de ayudas a los trabajadores sin empleo desde que gobierna el Partido Popular. Por obra y gracia del gobierno de Rajoy, el gasto del Estado en protección a desempleados ha bajado al mismo nivel del año 2007. Con el agravante de que actualmente hay 1.600.000 parados más que entonces. Resultado de esa rebaja es que la prestación media actual para desempleados es de 798 euros mensuales, cuando hace nueve años era de 978. Sin olvidar que hoy más de 1.700.000 parados no reciben ninguna ayuda del Estado. Ninguna.

Según datos oficiales, en diciembre de 2007, antes de que la economía entrara en recesión, el Estado dedicaba 1.407 millones a ayuda a desempleados con algo más de dos millones de parados registrados en el INEM, hoy SEPE. De los desempleados registrados poco más del 85% recibían entonces alguna ayuda o protección. Pero nueve años después, con presunta recuperación económica, el gasto en ayuda a parados es casi el mismo; solo 133 millones de euros más para ser exactos, pero los desempleados inscritos en el SEPE son unos cuatro millones, el doble que había entonces.

Aquí no caben retóricos brindis al sol a los que tan acostumbrados nos tiene el gobierno del Partido Popular. Los hechos demuestran el interés real del gobierno de Rajoy por la suerte, presente y futuro de la clase trabajadora sin empleo. Ninguno. Los parados sobreviven por la ayuda de organizaciones solidarias y porque la estructura familiar en este país es fuerte y generosa.

Lo cierto es que desde final de 2009, encadenados a una nefasta política de austeridad más la neurótica obsesión por reducit el déficit púiblico que imponen la Unión Europea y el FMI, el dinero para prestaciones para parados se ha recortado sin cesar, señalando que en 2013 el recorte fue brutal. Ese año, las ayudas a desempleados fueron un 13% menos que el año anterior, aunque los parados aumentaran sin cesar hasta llegar a ser seis millones.

Y todo este tiempo no ha cesado de rebajarse la cobertura de desempleo. El último día de 2016 de las 3.703.000 personas desempleadas inscritas en el SEPE, 1.718.000 parados (44%) no recibían ninguna ayuda del Estado. Demasiadas personas sin empleo, demasiadas personas sin ayuda.

Que no hay duda sobre la conducta cicatera y antisocial del gobierno del Partido Popular lo demuestra que el gasto en prestaciones a parados da como resultado que un desempleado español cobra como prestación el 61% de sus ingresos antes de estar en paro. Por debajo de la media de 16 países de la Unión Europea que es el 69%. En Luxemburgo, un trabajador en paro recibe el 87% de sus ingresos antes de quedarse sin empleo, en Dinamarca 84% y en Suiza 77%. Los parados de Reino Unido y Alemania (67% de su último salario) tienen otras ayudas como vivienda familiar o no pagar impuestos.

La actitud y actuación del Partido Popular con la clase trabajadora es cada vez más nefasta y a los hechos me remito. Pero es más patente cuando se comprueba otra actitud y actuación del gobierno de Rajoy con el sector bancario, por ejemplo. Sin ir más lajos, y son datos del Tribunal de Cuentas del Reino de España, el rescate del sistema bancario español ha costado a las arcas públicas españolas de 2009 a 2015 algo más de 60.000 millones de euros. Pero a los parados se les hurtan 2.200 millones, como se ha apuntado. Por eso sorprende que aún haya trabajadores que voten al Partido Popular. ¿Qué pasa en este país?

Sector financiero, un adversario muy peligroso

La justicia de Estados Unidos quiere sancionar al Deutsche Bank con más 12.000 millones de euros por venta masiva de hipotecas basura, incobrables por estar escondidas en títulos financieros opacos. Deutsche Bank pretende reducir la multa y el Gobierno alemán considera que habrá acuerdo con un trato igualitario al de otros bancos. Porque no sólo es sancionado por abusar y perpetrar irregularidades el Deutsche Bank. El Bank of America pagó 16.650 millones de dólares por ilegalidades varias. JPMorgan Chase fue sancionado con 13.000 millones y Goldman Sachs pagó 5.100 millones. Mientras en Europa también hay investigaciones en marcha contra Barclays, Credit Suisse y Royal Bank of Scotland. En ese oscuro mundo financiero no se salva nadie. Porque es oscuro. Peligroso y alarmante.

Pero Deutsche Bank es hoy emblemático porque acumula irregularidades desde tiempo, pagándolo con problemas y pérdidas. Tal vez por eso una acción del poderoso banco alemán vale hoy unos 12 euros, cuando hace pocos años valía 100. Otro exponente de severos problemas es que, por ejemplo, el año pasado el Deutsche inició la reestructuración para reducir 35.000 empleos de la plantilla, además de abandonar oficinas en diez países. Más pleitos varios que le cuestan o costarán más de 12.000 millones de euros en sanciones y reparaciones. El problema es que anomalías e ilegalidades no afectan solo a los accionistas mayoritarios. Al final las paga la ciudadanía.

En España, con menor volumen pero la misma codicia, empezó el juicio de 65 consejeros de la antigua Caja de Ahorros de Madrid (que después fue Bankia) por el presunto delito de apropiación indebida. Un macroproceso a banqueros, altos dirigentes sindicales, concejales, otros políticos y empresarios.

Un correo electrónico interior de la entidad bancaria desveló en 2009 el chanchullo al informar sobre remuneraciones extraordinarias de los miembros de órganos de gobierno de Caja Madrid. Ese correo explicaba que cada miembro del Consejo de Administración disponía de una tarjeta Visa de gastos de representación de 25.000 euros anuales, pero que no existía para Hacienda. Esas tarjetas black han proporcionado a los consejeros unos quince millones de euros de 1996 a 2012 en joyas, viajes, hoteles de lujo, comidas y cenas, ropa, perfumería, incluso tratamientos de belleza… Una codicia indecente.

No es el primer juicio por despilfarro de consejeros de entidades financieras. Además de irregularidades de pensiones millonarias para cúpulas dirigentes, créditos que eran desfalcos, anomalías financieras e inmobiliarias, sueldos desmesurados y escandalosas opciones a paquetes de acciones. Al mismo tiempo, Bankia (entidad surgida de la unión de Caja Madrid y otras entidades financieras) timaba a 129.000 ahorradores, personas mayores y jubiladas a las que vendían obligaciones preferentes que inmovilizaban sus ahorros. Además de ocultar información veraz y justa a 200.000 accionistas cuando Bankia empezó a cotizar en bolsa, lo que supuso la congelación de ahorros de esos accionistas. Por ello también dirigentes de la entidad han de responder ante los jueces.

En 2012 era evidente que el sector financiero español se tambaleaba. Y el Estado empezó a rescatar entidades financieras, bancos y cajas de ahorros, Bankia entre ellas, con dinero público. El que sale de los impuestos de españoles y españolas. Feroces recortes presupuestarios sociales, deterioro de servicios públicos y millones de asalariados al paro o a la precariedad crónica fue el precio que pagó el pueblo trabajador, además de hipotecar el país por tiempo indeterminado.

Cuatro años después, aunque Luis de Guindos, ministro de Economía, y Rajoy, presidente del gobierno, juraron entonces que el rescate de las entidades financieras no costaría ni un duro a la ciudadanía, a día de hoy el Estado apenas ha recuperado un 5% del rescate bancario según publican varios medios informativos. En concreto, el Estado (la ciudadanía), a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), dio al sistema bancario español ayudas financieras por más de 53.000 millones de euros. Pero solo se han recuperado 2.686 millones: menos del 5%, en realidad 4,9%. Y no hay visos de que la recuperación vaya mucho más allá.

Lo expuesto afianza la convicción de que el sector financiero es el principal adversario de la ciudadanía y de que pueda vivir con dignidad. Porque no tiene control, se mueve por el mundo con libertad absoluta, se opone con ferocidad a la menor regulación, alimenta el fraude y elusión fiscal que debilitan y entrampan a los Estados y especula a corto plazo con activos financieros retorcidos y complejos, más nuevos activos fruto de la rapiña-privatización de servicios públicos esenciales. Una amenaza incesante de burbujas que pueden estallar en cualquier momento. Que es lo que ocurre cuando hay una especulación desaforada sin el menor control.

Enfrentarse al peligroso e inmoral sector financiero puede parecer titánico, imposible incluso. Pero parece indiscutible que, de no plantarle cara, hundirán a la gente común, que es la mayoría.

Pensiones públicas, un derecho indiscutible

En España, las élites quieren tomar al asalto las pensiones públicas. Mucho dinero que consideran ha de ser suyo. Y, con la excusa de ser sostenibles, deterioran el sistema, descapitalizan la seguridad social y saquean el Fondo de Reserva de las pensiones públicas. Por eso el gobierno de Rajoy mete mano a ese Fondo. Otra vez. Casi 9.000 millones de euros.

Creado en 2000 para situaciones extraordinarias y poder pagar las pensiones, el Fondo tenía 67.000 millones de euros en 2011. Pero Rajoy ya ha metido mano tres veces, quitando más de 41.000 millones de euros. Esta vez a hurtadillas, para que no se hablara en campaña electoral.

Por su parte, los economistas de guardia del régimen monárquico del 78 (hasta hace poco bipartidista), proclaman que la Seguridad Social pierde cotizantes (por paro, bajos salarios y menor recaudación), el Fondo de Reserva estará vacío en 2018 y pregonan que las pensiones públicas no son ‘sostenibles’. Según el Pacto de Toledo las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones públicas y ya no alcanzan -dicen. Pero ¿por qué han de financiarse las pensiones con cotizaciones? Hablamos de derechos. Y, para atender derechos, el Estado establece impuestos que recauda. Lo del Pacto de Toledo estuvo bien, pero en pleno saqueo neoliberal, los derechos de la gente han de estar por encima de todo. No caer en la trampa de la sostenibilidad y dejar de rasgarse las vestiduras porque las cotizaciones disminuyen. Hay impuestos. Fraude fiscal a combatir, por ejemplo, y elusión fiscal de grandes empresas a eliminar.

¿No son sostenibles las pensiones públicas españolas? Según Eurostat, son de las más baratas de Europa. El gasto español en pensiones públicas fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante, cuando la media europea fue 2.769 euros por ciudadano, 3.295 en Italia, en Alemania 3.421 euros y 3.658 en Francia. Solo alcanzando la media europea de gasto, las pensiones públicas serían como rocas.

Pero no hay esa voluntad política y en 2013, el gobierno del PP encargó a un Comité de Expertos en Pensiones un informe sobre esperanza de vida y pensiones públicas. Los presuntos ‘expertos’ sentenciaron que las pensiones públicas eran insostenibles. Y propusieron reducir su cuantía y que la gente se jubile más tarde. Según Vicenç Navarro, las propuestas de ese Comité fueron las más brutales de la Unión Europea en recortes de pensiones públicas.

Partiendo de esos nada fiables ‘expertos’, el gobierno del PP urde un nuevo modelo de pensiones públicas para 2019. Aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, desvincular el aumento de las pensiones del IPC, ligarlo a la marcha de la economía y calcular la pensión según esperanza de vida. Más esperanza de vida, menos pensión. El problema parece ser, según los ‘expertos’, que hoy la gente vive más. Habrá que retroceder a la Edad Media…

Pero indigna tanta invocación a la muy sospechosa sostenibilidad. Porque la única que interesa de verdad es la de la Tierra, de la naturaleza y uso de recursos, porque la de las pensiones, por ejemplo, solo es pretexto que maquilla la indecente codicia de unos pocos. ¿Alguien cuestionaría en serio si la Guardia Civil es sostenible? Las pensiones públicas no son cuestión económica sino de derechos. ¡Derechos! Pues, de no ser así, apaga y vámonos porque esto es una farsa repugnante. Las personas tienen derecho a llevar una vida digna, y las pensiones públicas han de asegurarla. Una realidad lejana para más de la mitad de pensionistas en España (casi 5 millones), que viven bajo el umbral de la pobreza.

Hasta el saqueo neoliberal con la excusa de la crisis, las pensiones públicas no fueron problema, pero ahora salen con el espantajo de la sostenibilidad porque hay negocio para la minoría rica. Pero los derechos de la gente han de ir por delante. Sí o sí. Si las cotizaciones no alcanzan, las pensiones se financian con impuestos justos, progresivos y suficientes. Que el Estado puede.

Estos neoliberales siempre recortan el gasto y no se proponen aumentar ingresos, porque es lo que conviene a sus ‘señoritos’. No son de fiar. No les crean una palabra. Casi todos vinculados a la banca y a empresas de seguros, que, casualmente, obtendrían beneficios cuantiosos si las pensiones públicas se fueran al garete y la gente común se viera forzada a suscribir pensiones privadas.

No es cuestión de sostenibilidad sino de derechos.