Cobrar una pensión decente no es principio ‘inspirador’ sino un derecho a ejercer

El fin de semana de 14 y 15 de abril, miles y miles de pensionistas salieron de nuevo a la calle en un centenar de manifestaciones y concentraciones por todo el Reino de España para exigir pensiones dignas. Tercera vez en poco tiempo que los pensionistas toman las ciudades para exponer alto y claro sus reivindicaciones que se resumen en exigir pensiones dignas.

A pesar de esa claridad en su reivindicación, Rajoy ha tenido la desfachatez de responderles, que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos y no tenemos los recursos suficientes para poder subir más las pensiones”. Sin embargo, sí hay recursos para salvar de la quiebra autopistas que no hacían falta (las radiales de Madrid o la de Madrid-aeropuerto de Barajas). O para salvar bancos.

Hay recuperación económica según las macrocifras, pero no es verdadera, pues no permite subir las pensiones ni actualizarlas según el coste real de vida. Solo son beneficios para la minoría por la contra-reforma laboral del Partido Popular que no ha logrado reducir el paro a niveles europeas, ha disparado el trabajo precario, cronificado los bajos salarios y abierto a los jóvenes un horizonte sin futuro  con un 37% de paro.

La OCDE advierte a España

También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se ha referido a los pensionistas españoles. En un reciente informe alerta de que en España “será difícil garantizar una pensión decente“. En ese escenario, los fondos privados de pensiones están encantados con la reforma del sistema español de pensiones, perpetrada  por el gobierno Rajoy. Porque les ofrece un gran espacio de negocio para captar más y más asalariados que suscriban sus mal llamadas pensiones privadas. Por eso Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco (Instituciones de Inversión Colectiva), declaró que, con la previsible bajada de las nuevas pensiones en los próximos años, las públicas “deberían complementarse con un sistema de capitalización“. En román paladino significa que pretenden crear grandes fondos de inversión para especular en los mercados financieros. Fondos alimentados con las aportaciones mensuales de millones de asalariados, claro.

Como en Reino Unido y Holanda, por ejemplo, Inverco espera una oleada de suscripciones a sus sistemas privados de pensiones, por la empobrecedora rebaja de las pensiones públicas.

Pensiones ‘privadas’, especulación y crisis financieras

El problema es que el dinero de esos planes de pensiones es para especular. Pero la especulación financiera es muy suya. Solo recordemos que desde 1873 ha habido varias crisis financieras internacionales de desagradables consecuencias para mucha gente.

Hubo crisis ese año en las bolsas de Viena y Nueva York, crisis que provocó una profunda recesión internacional. En 1890 la hubo en Argentina y Uruguay y la crisis de 1907 afectó a EEUU, Canadá y México. La más conocida de 1929 estalló por el colapso de la bolsa de Nueva York y provocó la Gran Depresión que empobreció a más de medio mundo y estuvo en el origen de la Segunda Guerra Mundial. En 1982, hubo una crisis atroz por las deudas externas de América Latina. Y en 1989 y 1990 hubo crisis financiera en Japón más las crisis asiáticas de 1997 y 1998. En 2001 hubo en EEUU la crisis financiera de las empresas puntocom, por la euforia especuladora con las empresas del naciente mundo de Internet.

La crisis de 2008 es la actual y más conocida porque estalló en los mercados financieros de Nueva York y Londres en otoño de 2008 y luego siguió la recesión mundial. Aún colea y el origen de la crisis estuvo en la monumental estafa de venta de bonos-basura que ocultaban préstamos hipotecarios incobrables que envenenaron el sector financiero, reduciendo los balances bancarios a casi nada.

Fiar la futura pensión privada complementaria del jubilado a la especulación financiera es verdaderamente arriesgado. Es lo que tiene frecuentar malas compañías y especular en mercados financieros, que te arriesgas a perder hasta el aliento.

Pensiones ‘privadas’ como complemento, negocio para fondos de inversión

Pero reconozcamos que Inverco no quiere que desaparezcan las pensiones públicas. Deben existir, asegura su presidente, y defiende combinar las pensiones públicas con las aportaciones de fondos privados. Lo que no dice es que esos fondos y bancos implicados presionan para que las pensiones públicas se rebajen más y más y los asalariados crean que han de suscribir planes privados de pensiones. Así harán negocio los fondos de inversión, tras los que están los grandes bancos.

Desde el sector de fondos privados de pensiones dan por hecho que la reforma de las pensiones de 2013, perpetrada por el Gobierno Rajoy, hará perder poder adquisitivo a los pensionistas. Según el Banco de España, habrá una caída muy significativa de la tasa de sustitución de 20 puntos porcentuales en 2060. Esa tasa es el porcentaje de la pensión de jubilación a cobrar respecto al último sueldo de la etapa laboral. Calculen. En unas décadas, las pensiones serán una quinta parte más bajas que las actuales. Si hoy cobras 1000, cobrarás 800. El mundo al revés. Las pensiones bajarán en vez de aumentar, pero la vida y los precios no dejarán de subir.

Desde el Banco de España explican que esa rebaja de pensiones será por aplicar el índice de revalorización del gobierno del PP. Invento para que las subidas anuales de pensiones sean siempre las mínimas: ese miserable 0,25%. Será así porque la Seguridad Social siempre estará en déficit, pues así lo han preparado Rajoy y su gobierno. Por ejemplo, apuntando como pérdida de la Seguridad Social los millones pedidos al gobierno para abonar la última pensión extraordinaria de diciembre, cuando podía haber sido solo una transferencia interna y no constar como déficit.

También se rebajarán las pensiones por el ‘factor de sostenibilidad’, segundo invento de Rajoy. Un moderno pillaje (en vigor desde el año que viene para los pensionistas que se jubilen en 2019) que incorpora la esperanza de vida al cálculo de la pensión, aunque no han dicho nada de como será. La embaucadora propuesta es que, como vivimos más años, el dinero de las pensiones se rebaja para atender esos años de más. Como si fuera un dinero fijo, intocable e inamovible. Y no es así. El dinero para pensiones debe ser el que se presupueste sin cálculos raros. Ese ‘factor de sostenibilidad’ pretende que, si vives más años, cobras menos pensión y, si no te gusta, muérete. De hecho, hubo un alto cargo del gobierno de Japón que pidió a los jubilados de su país que se hicieran el hara-kiri para contribuir al equilibrio presupuestario. Y no es un chiste.

El truco de la esperanza de vida

Incorporar la esperanza de vida (cada vez mayor en países desarrollados) para calcular las pensiones es perverso y falaz. Porque la esperanza de vida es un futurible inexacto e impreciso, más la falsedad manifiesta de que el dinero para pensiones se da a entender que es de un volumen limitado. ¿Por qué ha de serlo? Hablamos de derechos y la pensión es un derecho humano. Pero les da igual y el Banco de España ya ha profetizado que las pensiones públicas solo serán posibles… si se recortan. Lo que supondría una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas… hasta que la mayoría caiga en riesgo de pobreza y exclusión social.

Lo cierto y justo es que hay que dar puerta al sistema actual por el que las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores activos. Ya no sirve en tiempo de inseguridad económica. Lo que ha de imperar en las pensiones públicas es que recibir una pensión decente es un derecho indiscutible sin necesidad de recurrir a complementos de fondos privados.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, denuncia desde hace años el disparate económico de hablar de insostenibilidad de las pensiones, porque, aunque hoy se financien con las cotizaciones de los trabajadores, no tiene porque ser así. Hay estados (Dinamarca o Suecia), donde las pensiones se financian con impuestos. Como otras partidas del presupuesto.

Para financiar las pensiones (y todos los derechos sociales necesarios) sobran los inventos tramposos de sostenibilidad. La solución es una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Es decir, Justicia Fiscal. Y no marear la perdiz con la insosteniblidad de las pensiones públicas, falacia nada sutil en beneficio de los fondos de inversión, la banca en general y otros negocios capitalistas dignos de toda sospecha.

Cobrar una pensión decente es un derecho a respetar a rajatabla. No es un principio ‘inspirador’, sino un derecho a concretar en dinero suficiente. Cobrar una pensión ha de ser un derecho tangible, intrínsecamente relacionado con el derecho esencial que hace posibles todos los demás: el derecho a la vida del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues, si no se dispone de medios materiales que garanticen la existencia (alimentarse, vestirse, vivir bajo techo, calefacción en invierno), el derecho a la vida es una burla. Y una pensión digna asegura los medios materiales y garantiza, por tanto,  el derecho a la vida.

Pensiones públicas, un derecho indiscutible

En España, las élites quieren tomar al asalto las pensiones públicas. Mucho dinero que consideran ha de ser suyo. Y, con la excusa de ser sostenibles, deterioran el sistema, descapitalizan la seguridad social y saquean el Fondo de Reserva de las pensiones públicas. Por eso el gobierno de Rajoy mete mano a ese Fondo. Otra vez. Casi 9.000 millones de euros.

Creado en 2000 para situaciones extraordinarias y poder pagar las pensiones, el Fondo tenía 67.000 millones de euros en 2011. Pero Rajoy ya ha metido mano tres veces, quitando más de 41.000 millones de euros. Esta vez a hurtadillas, para que no se hablara en campaña electoral.

Por su parte, los economistas de guardia del régimen monárquico del 78 (hasta hace poco bipartidista), proclaman que la Seguridad Social pierde cotizantes (por paro, bajos salarios y menor recaudación), el Fondo de Reserva estará vacío en 2018 y pregonan que las pensiones públicas no son ‘sostenibles’. Según el Pacto de Toledo las cotizaciones sociales han de financiar las pensiones públicas y ya no alcanzan -dicen. Pero ¿por qué han de financiarse las pensiones con cotizaciones? Hablamos de derechos. Y, para atender derechos, el Estado establece impuestos que recauda. Lo del Pacto de Toledo estuvo bien, pero en pleno saqueo neoliberal, los derechos de la gente han de estar por encima de todo. No caer en la trampa de la sostenibilidad y dejar de rasgarse las vestiduras porque las cotizaciones disminuyen. Hay impuestos. Fraude fiscal a combatir, por ejemplo, y elusión fiscal de grandes empresas a eliminar.

¿No son sostenibles las pensiones públicas españolas? Según Eurostat, son de las más baratas de Europa. El gasto español en pensiones públicas fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante, cuando la media europea fue 2.769 euros por ciudadano, 3.295 en Italia, en Alemania 3.421 euros y 3.658 en Francia. Solo alcanzando la media europea de gasto, las pensiones públicas serían como rocas.

Pero no hay esa voluntad política y en 2013, el gobierno del PP encargó a un Comité de Expertos en Pensiones un informe sobre esperanza de vida y pensiones públicas. Los presuntos ‘expertos’ sentenciaron que las pensiones públicas eran insostenibles. Y propusieron reducir su cuantía y que la gente se jubile más tarde. Según Vicenç Navarro, las propuestas de ese Comité fueron las más brutales de la Unión Europea en recortes de pensiones públicas.

Partiendo de esos nada fiables ‘expertos’, el gobierno del PP urde un nuevo modelo de pensiones públicas para 2019. Aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años, desvincular el aumento de las pensiones del IPC, ligarlo a la marcha de la economía y calcular la pensión según esperanza de vida. Más esperanza de vida, menos pensión. El problema parece ser, según los ‘expertos’, que hoy la gente vive más. Habrá que retroceder a la Edad Media…

Pero indigna tanta invocación a la muy sospechosa sostenibilidad. Porque la única que interesa de verdad es la de la Tierra, de la naturaleza y uso de recursos, porque la de las pensiones, por ejemplo, solo es pretexto que maquilla la indecente codicia de unos pocos. ¿Alguien cuestionaría en serio si la Guardia Civil es sostenible? Las pensiones públicas no son cuestión económica sino de derechos. ¡Derechos! Pues, de no ser así, apaga y vámonos porque esto es una farsa repugnante. Las personas tienen derecho a llevar una vida digna, y las pensiones públicas han de asegurarla. Una realidad lejana para más de la mitad de pensionistas en España (casi 5 millones), que viven bajo el umbral de la pobreza.

Hasta el saqueo neoliberal con la excusa de la crisis, las pensiones públicas no fueron problema, pero ahora salen con el espantajo de la sostenibilidad porque hay negocio para la minoría rica. Pero los derechos de la gente han de ir por delante. Sí o sí. Si las cotizaciones no alcanzan, las pensiones se financian con impuestos justos, progresivos y suficientes. Que el Estado puede.

Estos neoliberales siempre recortan el gasto y no se proponen aumentar ingresos, porque es lo que conviene a sus ‘señoritos’. No son de fiar. No les crean una palabra. Casi todos vinculados a la banca y a empresas de seguros, que, casualmente, obtendrían beneficios cuantiosos si las pensiones públicas se fueran al garete y la gente común se viera forzada a suscribir pensiones privadas.

No es cuestión de sostenibilidad sino de derechos.

Recortes y crímenes económicos contra la humanidad

En junio de 2009, los partidarios de recortar gastos para reducir el déficit entronizaron a Irlanda como modelo; veintidós meses después, la deuda irlandesa no se arregla y esa economía no levanta cabeza. El gobierno del Reino Unido, partidario de austeridad a ultranza, ha de revisar al alza la previsión del déficit porque el crecimiento económico británico se ha estancado. En España, se propone limitar el gasto público en función del crecimiento del PIB, mientras se ejecutan grandes recortes sociales, pero el paro es astronómico. Grecia no levanta cabeza a pesar de los fieros recortes habidos…

Ciega ante los hechos, la Unión Europea perpetra el Pacto del Euro que apuesta aún más por los recortes sociales, aunque, como diagnostica Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa”. Porque los recortes del gasto deprimen más la economía y aumentan el paro. Pero los neoliberales imponen la austeridad presupuestaria como única alternativa, perpetrando grandes reducciones en partidas sociales que garantizan derechos de los ciudadanos; educación, salud, seguridad social…

No es una discusión académica entre economistas neocon y keynesianos. Hablamos de derechos humanos, de agresiones sistemáticas contra los derechos constitucionales de la ciudadanía. Pero los responsables de esta feroz crisis han desviado el problema al terreno de la deuda pública, ocultando su responsabilidad, minando los derechos de los ciudadanos. Lo expone Joseph Stiglitz cuando denuncia la falacia de que para reducir el déficit sólo cabe recortar gasto público. Una propuesta que responde, según el Nobel, “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y dimensiones del Gobierno, mientras se deja toda una serie de intereses establecidos tan poco afectados como sea posible”.

Es cuestión de derechos, no de economía. Por ejemplo, en la comunidad autónoma de Cataluña, en España, el gobierno recién elegido ordena a los hospitales públicos cerrar quirófanos por las tardes, reducir servicios (incluso Urgencias) y restringir a la mitad la asistencia médica durante el próximo verano. Para reducir el déficit, dicen. Pero el derecho a la salud no es negociable.

Y, llegados aquí, recordamos a las profesoras de economía Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, quienes exponen que “culpar a los mercados es quedarse en la superficie del problema. Hay responsables, y son personas e instituciones concretas: quienes defendieron la liberalización sin control de los mercados financieros; los ejecutivos y empresas que se beneficiaron de los excesos del mercado durante el boom financiero; quienes permitieron sus prácticas y quienes les permiten ahora salir indemnes y robustecidos, con más dinero público, a cambio de nada. Empresas como Lehman Brothers o Goldman Sachs, bancos que permitieron la proliferación de créditos basura, auditoras que supuestamente garantizaban las cuentas de las empresas, y gente como Alan Greenspan, que fue jefe de la Reserva Federal norteamericana, opositor a ultranza de regular los mercados financieros”.

Cierto, los responsables de que millones de familias hayan perdido sus hogares, millones de trabajadores vayan al paro, millones más incrementen la legión de pobres, el número de hambrientos crezca hasta sobrepasar los 1000 millones… tiene nombre y apellidos o razones sociales. No son una entelequia.

Quienes han provocado la crisis –denuncian Benería y Sarasúa-, no temen castigo alguno. Nadie investiga sus responsabilidades ni sus decisiones. Los Gobiernos los protegen y el aparato judicial no los persigue. Pero igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos contra la humanidad, es hora de hacer lo mismo con los crímenes económicos contra la humanidad.

Así ha de ser. Es imprescindible señalar a los responsables de ese desastre nada natural llamado crisis, investigarlos, procesarlos, llevarlos a juicio y meterlos en la cárcel. Porque, si no lo hacemos, no salimos de la crisis. Y aún más imperativo: hay millones de víctimas que exigen justicia y reparación.

¿Acaso los tiburones neoliberales, los especuladores del precio de los cereales, los delincuentes de guante blanco ocultos en paraísos fiscales causan menos dolor y sufrimiento que los criminales juzgados por el Tribunal de La Haya?

Es hora de denunciar y juzgar los crímenes económicos contra la humanidad.

Las pensiones: derecho, no mercancía

La baja natalidad y el desempleo ponen en peligro el sistema público de pensiones. Los expertos reclaman una reforma inmediata. Titular de portada de un periódico español… más falso que un duro sevillano.

Sí, las pensiones se van al garete, pero son las privadas. Las pensiones públicas gozan de buena salud. ¿Qué pasa? Hay una relación directa entre los ataques de los mercados a los sistemas públicos de pensiones y el fracaso de los fondos privados de pensiones. Los llamados ‘mercados’, por cierto, sólo son unos pocos miles de sujetos que especulan por todo el mundo en nombre e interés de bancos y otros entes poco transparentes. Esta relación directa entre descalabro de pensiones privadas y ataques a las pensiones públicas es reconocida incluso por economistas tan neoliberales como Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid.

¿Cómo comprobamos que las pensiones privadas están en crisis? Elemental, querido Watson. Los cinco principales fondos de pensiones holandeses, por ejemplo, se ven obligados, sintiéndolo mucho, a recortar las pensiones prometidas a sus jubilados privados; Holanda es el tercer país del mundo en pensiones privadas. Más ejemplos; en España, según el último informe “Rentabilidad de Fondos de Pensiones”,en los últimos años, la rentabilidad promedio de los planes de pensiones fue sensiblemente inferior a la inflación y a la inversión en bonos del Estado a cualquier plazo“.

El desastre de las pensiones privadas es paralelo a la exigencia de la OCDE a sus Estados miembros para que retrasen la edad de jubilación y reformen sus sistemas públicos de pensiones. Deteriorar y reducir las pensiones públicas. A ver si entonces la gente pica y contrata pensiones privadas.

Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que se quiere imponer el modelo anglosajón, que redujo las pensiones públicas para que la gente no tuviera más remedio que contratar pensiones privadas. En esa neoliberal línea, Sarkozy ha lanzado en Francia una regresiva reforma de las pensiones. Y en España, el presidente Zapatero amenaza con reformar a la baja el sistema público de pensiones, cuyo resultado será que los pensionistas “reformados” cobrarán bastante menos.

Un “experto” español en pensiones públicas ha vaticinado que, si éstas no se reforman (a la baja, por supuesto), quebrarán en 2020. Tal “experto” ya profetizó en 1995 que en 2005 la Seguridad Social tendría un déficit del 0,77% del PIB y al año siguiente aumentó la cifra indicando que el déficit sería mayor: el 1,80%… Pero la tozuda realidad fue que en 2005, la Seguridad Social española tuvo un 1,1% de superávit. Tal experto y otros similares deberían cambiar la calculadora, porque les falla más que una escopeta de feria. Por cierto, el fondo español de reserva de pensiones supone casi el 6% del PIB.

¿Por qué yerran tanto los presuntos expertos en pensiones públicas? ¿Será porque la mayoría están a sueldo de bancos y entidades similares con gran interés en hacer negocio con pensiones privadas?

Miren Etxezarreta nos recuerda que las pensiones privadas son gran negocio para la banca. Un trabajador que contrate una pensión privada a los 40 años, cotizará hasta los 65, edad de jubilación en muchos países. Durante un cuarto de siglo, el banco hará lo que quiera con ese dinero que entra mensualmente y, si invierte mal, el jubilado verá reducida su pensión privada. Pero el banco ganará una pasta con comisiones, aunque la inversión haya sido desafortunada. Como está pasando.

A los gobiernos de Europa y EEUU no les tembló el pulso para rescatar la banca con billones de euros o dólares. Pues, si fuera preciso (que no lo es), se acude la rescate de las pensiones públicas. La pensión no es una mercancía, es un derecho.

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo 22 que “toda persona tiene derecho a la seguridad social”. Seguridad social es, entre otras cosas, cobrar una pensión y, por supuesto, digna. Está en las constituciones de los países democráticos y, desde hace un año, forma parte de la legislación internacional que desarrolla la exigencia y disfrute de los derechos económicos y sociales. España y otros estados ya la han ratificado. Por tanto, es ley y obliga. Derecho humano, no mercancía.

Expertos, falacias y no reconocer la verdad ni a tiros

Derecha es agrupación o contubernio de quienes creen que la propiedad privada y el beneficio individual están por encima de todo. Son los accionistas mayoritarios, directivos y ejecutivos de bancos, de entidades financieras, corporaciones empresariales y compañías transnacionales más sus bien remunerados servidores, confidentes, correveidiles, asesores y sicarios. La minoría privilegiada.

Esa derecha está en pie de guerra contra las reformas financiera y sanitaria en Estados Unidos. En Europa está infiltrada en gobiernos, cúpula y burocracia de la Unión Europea y por ello nadie osa mover ficha para abordar la cacareada reforma financiera. Tampoco en la Unión se atreve nadie a proponer soluciones en beneficio de la mayoría ciudadana (como las que se aplicaron hace ochenta años para salir de la gran depresión) y superar de verdad la crisis.

En Italia se instala una cultura de mafia, culmen del capitalismo neoliberal. Grecia amenaza hundirse por las abundantes especulaciones, trampas y engaños de la derecha gobernante en años anteriores. Y en España, con más de cuatro millones de desempleados, la derecha lanza una ofensiva contra derechos y valores democráticos esenciales y contra personas y grupos que los representan. Por ejemplo, jueces y magistrados derechistas quieren inhabilitar al juez Garzón (que ha luchado contra terroristas de ETA, criminales de guerra latinoamericanos, los narcotraficantes organizados y otros impresentables especímenes) porque no le perdonan que quiera procesar a corruptos organizados en tramas, ligados a la derecha política, empeñados en vaciar arcas del Estado en su exclusivo y personal beneficio.

Para rematar la jugada, esa derecha, responsable de la crisis que sufrimos todos, propone las mismas recetas generadoras de injusticia y desigualdad que han propiciado la debacle económica. De esa peligrosa estulticia es muestra el reiterativo e intermitente ataque contra la viabilidad del sistema público de pensiones.

En España, desde los años noventa, expertos y catedráticos de disciplinas económicas (excelentemente remunerados, por cierto) elaboraron presuntos estudios científicos que auguraban el hundimiento del sistema público de pensiones. Las pensiones de la seguridad social eran insostenibles y había que reformar el sistema (es decir: recortar derechos de asalariados e ingresos de pensionistas), en tanto que por otras vías publicitarias se cantaban las excelencias de las pensiones privadas ofrecidas por bancos y compañías aseguradoras.

Decían esos pretendidos estudios académicos que a partir de 1995 el sistema público de pensiones entraría en pérdidas y después la caída sería imparable. Inviable. Mensajes similares se han publicado a bombo y platillo, año tras año desde entonces. El economista José Iglesias Fernández (formado en Oxford, no en la Habana) sugiere que bancos y cajas de ahorros promovieron esa alarma social para quedarse con el suculento negocio de las pensiones privadas y para lograrlo alquilaron firmas de prestigiosos (?) académicos de la economía.

Pero el sistema público de pensiones sobrevive a las profecías de catástrofe. Aunque España sufre la crisis económica más que otros países europeos (con un enorme desempleo), dieciséis años después de los primeros augurios de apocalipsis de las pensiones, la Seguridad Social española cerró 2009 con superávit de 8.500 millones de euros y su Fondo de Reserva suma ya 62.000 millones de euros; el 6% del PIB. Incluso con crisis y desempleo.

¿Dónde está el hundimiento del sistema público de pensiones?

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la universidad del País Vasco, asegura que es fácil conseguir los resultados que uno pretende utilizando estudios teledirigidos. A pesar de los datos positivos verificados año tras año, los voceros servidores de la minoría privilegiada insisten en que las pensiones de la seguridad social son insostenibles.

Les dan igual los hechos, sólo cuenta su indecente y desmedido afán de beneficio. Por eso tienen la desfachatez de pretender que no hay otro sistema económico posible que el actual, el suyo. Ni otros principios que profesar una fe ciega en que “todo es mercado” y que es pecado mortal económico imponer normas y controles al dinero. Pero eso es lo que les conviene a ellos, a la minoría privilegiada, no al resto de ciudadanos, que somos la aplastante mayoría.

Tenemos un dilema. Les frenamos y procuramos controlar a esa minoría privilegiada (la de los especuladores adeptos y fieles seguidores de la ingeniería financiera, de la contabilidad imaginativa, mangantes y malos empresarios, pero forrados) o nuestro mundo tiene un pésimo futuro.