La voluntad del PP de rebajar impuestos amenaza el estado de bienestar

En una de sus primeras intervenciones, Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular, ha expresado sin ambages su voluntad de rebajar impuestos, con especial atención a reducir el IRPF y el de Sociedades. Si llega a gobernar, claro.

Uno de los mantras de conservadores y derechistas de todo jaez es pretender que rebajar impuestos es bueno para la gente de a pie. Una de las falacias que esgrimen es que si los ricos tienen más dinero por pagar menos impuestos, invierten y crean empleo. Sin embargo, el The New York Times publicó un estudio de las repercusiones de la enorme bajada de impuestos que perpetró Bush tras ser elegido presidente  y resultó que el período tras la citada rebaja de impuestos fue el de menor creación de empleo de la historia reciente de EEUU.

Las sucesivas reformas fiscales perpetradas en el Reino de España han significado que la mayoría pague algo más (salvo tal vez el grupo de gente con ingresos muy bajos) y la minoría más rica, menos. ¿Acaso los sucesivos aumentos del IVA, que son parte de las medidas fiscales,  no han reducido el poder adquisitivo de la clase trabajadora?

Lo cierto es que sin impuestos no hay democracia ni justicia y sin democracia ni justicia no hay estado de bienestar. O, dicho de otro modo, un país donde se aseguran los servicios públicos esenciales y se garantiza el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía.

Las rebajas de impuestos benefician especialmente a quien más tiene y atesora, que es esa muy reducida minoría del 0.1% que controla la economía, sobre todo financiera, aunque, según el Nobel de economía, Paul Krugman, aún son menos: 0,01% (menos de 50.000 personas entre 46 millones de población).

En el reino de España, ha habido rebajas de impuestos y pretendidas reformas fiscales, pero pasado el tiempo se ha comprobado que, fraude fiscal aparte, las grandes empresas y fortunas pagan menos impuestos,el Estado recauda menos y, a pesar del crecimiento económico según las cifras macroeconómicas, no se ven consecuencias positivas tangibles para las clases trabajadoras.

Y volviendo al fraude fiscal, según los datos estimados por Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, el 70% del fraude fiscal en España está perpetrado por las grandes empresas y grandes fortunas. ¿Y el PP aún quiere rebajar impuestos a quienes más tienen y acumulan? Para que no quepan dudas sobre la deslealtad de la minoría rica nacional, cabe recordar qye, según la Oficina Nacional de Investigación Económica de EEUU, las grandes fortunas españolas ocultan en guaridas fiscales (antes llamadas paraísos) más de 140.000 millones de euros, que es tanto como al 12% del PIB, la riqueza nacional anual. Fortunas que no pagan impuestos, por supuesto, pues para eso están ocultas en guaridas fiscales.

Según un informe elaborado por la universidad Rovira y Virgili de Tarragona, en colaboración con el sindicato de técnicos de Hacienda, la economía sumergida en España mueve unos 290.000 millones de euros al año. Euros que escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Socia y es tanto como el 24% del PIB. Por esa ocultación se dejan de ingresar cada año más de 90.000 millones de impuestos y cotizaciones sociales.

Pero, en tanto los que más tienen pagan menos impuiestos, se mantienen con pocos cambios los datos de desigualdad, riesgo de pobreza y de exclusión social. Y así, además del 14% de trabajadores con contrato que son pobres, la Encuesta de Condiciones de Vida muestra que el 37% de hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos, el 34% no puede ir de vacaciones ni una semana al año, casi el 10% llega a fin de mes con mucha dificultad, el 7% no puede pagar a tiempo la hipoteca, alquiler, gas, electricidad o la comunidad y una quinta parte de personas (casi 22% de población) vive pobremente con menos de 8.520 euros al año, cuando la media de vida digna en este país supone disponer de 11.000 euros anuales por persona.

El PP, Casado y los impuestos

No hablamos de pobreza absoluta sino de desigualdad, de empobrecimiento progresivo, de vida difícil. Tan difícil a veces que es imposible considerarla digna. Lo cierto es que, en tanto no se asegure una justa redistribución de la riqueza, este país no levantará cabeza por más que algunos indicadores económicos pretendan que vamos bien. Y la herramienta principal del Estado para redistribuir la riqueza es la fiscalidad, los impuestos y tasas.

No tengan la menor duda de que fraude fiscal y las diversas prácticas para no pagar impuestos, o pagar menos de lo que se debería, tiene mucho que ver con el aumento de la desigualdad, las antes citadas dificultades de los hogares y el riesgo de pobreza.

Pues bien, a pasar de la evidencia expuesta, el nuevo presidente del PP tiene empeño en rebajar el impuesto de sociedades, el que se paga por beneficios obtenidos ¿Aún más?, porque según la Agencia Tributaria, el impuesto efectivo de sociedades que pagan en el Reino de España las grandes empresas es el 7,3% sobre beneficios. Pero el tipo nominal (antes de deducciones, subvenciones, otros favores y canonjías) sería, según está escrito, el 25%. ¿Saben quiénes pagan el 18 o 20% efectivo? Las pequeñas y medianas empresas que no disponen de caros asesores fiscales para hurgar en las grietas de la ley tributaria y pagar menos.

Por supuesto, Pablo Casado quiere también suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, que el PP ya aplica en alguna comunidad autónoma donde gobierna, como la de Madrid. Según Gestha, suprimir el impuesto de sucesiones, por ejemplo, solo beneficiaría a un muy reducido 0,7% de contribuyentes ricos que no pagarían ni un euro por cuantiosas herencias recibidas. En tanto que en la Comunidadd Autónoma de Madrid, donde el PP suprimió de hecho el impuesto de patrimonio con una bonificación del 100%, esa anulación ha supuesto que el gobierno autonómico de Madrid hay dejado de recaudar de 800 a 1.000 millones de euros anuales. Dinero que dejan de pagar los más ricos que han fijado su residencia en esa comunidad para no pagar el impuesto de patrimonio, precisamente.

La voluntad de reducir impuestos del nuevo presidente del PP es una amenaza para la ciudadanía, porque los impuestos, la fiscalidad, son esenciales como medio del Estado para redistribuir la riqueza y garantizar el estado de bienestar. Sin impuestos justos, progresivos y suficientes aumentan la desigualdad y el empobrecimiento y la injusticia deviene institucional. Cualquier alteración, disminución o rebaja de la fiscalidad dificulta la necesaria redistribución de riqueza. Por eso necesitamos una fiscalidad justa, progresiva y suficiente. Justa para que se pague lo adecuado según los ingresos y posesiones. Progresiva para que pague más quien más tiene y menos quien menos tiene. Y suficiente para que el Estado y sus instancias públicas garanticen los servicios públicos sin recortes y faciliten el respeto de los derechos de la ciudadanía.

Ciudadanos, la apuesta política del poder financiero y grandes empresas

Tras cerca de siete años de gobierno Rajoy, el legado del PP no es para que las clases trabajadoras echen cohetes. Para empezar, el gobierno entregó a la banca cientos de miles de millones de euros para rescatarla, con la crisis de fondo o como pretexto. Millones de los que más de 24.000 millones de euros nunca se recuperarán como ha reconocido el Banco de España.

O que aún haya tres millones y medio de parados, a los que hay que sumar una  tasa de precariedad laboral en España del 26% con su correspondiente reducción salarial. Y eso es más del doble que en la Unión Europea. Una realidad que empeora el hecho incontestable de que en el Reino de España un 15% de trabajadores son pobres a pesar de tener contrato y ser fijos.

Como ha escrito Miguel Gorospe, coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal en Madrid, en riguroso análisis de la supresión del impuesto de patrimonio en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Partido Popular y Ciudadanos enriquecen a los ricos y empobrecen a los pobres. Así es porque la eliminación del citado impuesto desde 2011 (como deducción del 100% del mismo) solo beneficia a un reducido 0,2% de población de la CAM. Unos 15.800 ricos. Por descontado, esa supresión fiscal no beneficia a las siempre inconcretadas ‘clases medias’, tan citadas como pretexto por Ciudadanos y PP. Lo cierto es que suprimir ese impuesto significa que la Comunidad Autónoma de Madrid deja de recaudar 800 millones de euros anuales, convertida parcialmente en paraíso fiscal en el territorio español en el que instalan su sede fiscal ricos de otras comuniddes autónomas.

Menos votantes del Partido Popular

Además del innegable perjuicio a la ciudadanía por la reforma laboral, la corrupción creciente de dirigentes y cargos públicos del Partido Popular en todo el Estado, más la estupefacta inacción del gobierno Rajoy, cuestionado un día sí y otro también por feministas, pensionistas, estudiantes, sindicalistas, policías y otros grupos y sectores sociales, han reducido de modo notable la intención de voto al Partido Popular. Sin embargo, de acertar los sondeos, será peor el remedio que la enfermedad pues Ciudadanos aparece  como la organización política más votada.

Eso no se comprendería de no contar el llamado partido ‘naranja’ con el apoyo del poder económico del Reino de España que, además de considerable financiación, le proporciona el impagable apoyo de medios de comunicación, que, directa o indirectamente, están en manos del poder económico o controlan.

En pleno conflicto catalán, el 21 de diciembre pasado, Ciudadanos fue el partido más votado en las elecciones catalanas, aunque lejos de poder gobernar por no contar con los apoyos parlamentarios necesarios. Fue el más votado porque, en un paisaje de nacionalismo español exacerbado promovido por el PP, Ciudadanos atacó con ferocidad a los independentistas en su nuevo papel de partido más ‘constitucionalista’ del Reino. Aunque más preciso sería decir que Ciudadanos es un partido ‘unionista’ por la unidad de España. Expresión, por cierto, que consagró la dictadura franquista y que la definía.

Ciudadanos, un Podemos de derechas

Ciudadanos nació como Ciutadans en Cataluña en 2006, pero ya como Ciudadanos se presentó a las elecciones generales de 2008 en las que solo obtuvo poco más de 46.000 votos (0,18%). En las europeas de 2009, el resultado también fue  penoso, pero en las elecciones catalanas de 2012 pasó de 3 a 9 diputados en el Parlament de Cataluña y en 2014 obtuvo dos diputados en el Parlamento Europeo.

Un avance lento y moderado… hasta que a finales de junio de 2014, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en una conferencia en el Círculo de Empresarios de Madrid (una de las entidades más neoliberales del país) propuso crear”una especie de Podemos de derechas“. Pero ya estaba creado: Ciudadanos.

Podemos, un partido progresista recien fundado que decía recoger el espíritu del 15-M, había obtenido poco antes cinco eurodiputados y a Josep Oliu, que además de presidente del Sabadell es patrono de FEDEA (Fundación De Estudios de Economía Aplicada), le pareció una atractiva imagen política. Progresista en las formas y más de derechas que Maura en su actuación política.

Por cierto, FEDEA es un grupo de presión creado, financiado e impulsado por Banco Santander, BBVA, La Caixa (además del Sabadell), Iberdrola, Telefónica, Repsol, y otras grandes  empresas del Ibex 35. En fin, que Ciudadanos es el partido por el que apuesta la banca y las grandes empresas del Ibex.

En su esfuerzo por crear una imagen positiva de Ciudadanos, Albert Rivera se jacta de ser presidente del partido más democrático del Parlamento español. Pero no es cierto sino todo lo contrario. Así lo han testimoniado varios afiliados de Ciudadanos expulsados, removidos o ninguneados porque toparon con la dirección nacional o regional de ese partido. José Luis Cifuentes, candidato a la alcaldía de Alicante, dimitió por falta de democracia interna. En su carta de dimisión escribió que “con Franco también se llegó a votar, pero no por eso había democracia”. Jaime Trabuchelli, candidato a las primarias en Madrid, se fue de Ciudadanos porque era una“estafa a la sociedad“. Por su parte, Carolina Punset, que estuvo en la Ejecutiva de Ciudadanos, denunció maniobras oscuras y, en una entrevista a eldiario.es, afirmó que el congreso de Ciudadanos de 2017 enterró la pluralidad y la democracia interna, si alguna vez las hubo.

La falacia de no ser de derechas ni de izquierdas

Además, Ciudadanos pretende no ser de izquierdas ni de derechas. Muy original. Incluso hace suyas necedades como “izquierda y derecha son categorías vencidas por la realidad, y cualquier partido que se reclame novedoso tiene que superarlas“. Pero la política no es cuestión de modas e izquierda y derecha son términos que significan querer cambiar las cosas para bien de la mayoría o conservar lo injusto y desigual que hay. Izquierda es cuestionar el actual modelo socio-económico y derecha, afianzarlo. Pero izquierda y derecha no son conceptos superados. Esa pretendida superación de izquierda y derecha es la que pretende la gente de derechas. Y, aunque Ciudadanos diga ser de centro, es de derechas. Sin duda porque defiende los objetivos de cualquier derecha.

Se comprueba en sus propuestas de impuestos que coinciden con las de la fundación FAES de Aznar, guarida del más extremo neoliberalismo capitalista. Por ejemplo, la reforma del IRPF que propone Ciudadanos reduciría de modo considerable la recaudación del Estado y, por tanto, el gasto e inversión sociales. Además proponen más recursos públicos para el sector financiero. ¡Aún más! También proponen un IVA rebajado en artículos de lujo, grandes bienes y hostelería, y otro más alto en productos básicos, alimentos y medicinas. ¿Está claro al servicio de quien está Ciudadanos? Sin olvidar su propuesta de contrato laboral único que harían aún más fácil los despidos.

Además, Ciudadanos apoya la autoritaria ley Mordaza de 2015, que frena las movilizaciones ciudadanas y coarta la libertad de expresión. Y tiene una postura muy retrógrada ante la lacra de la violencia machista. Por ejemplo, propone eliminar del Código Penal la tipificación de delitos específicos de violencia de género. Y uno de sus dirigentes regionales, Carlos Pracht de Cantabria, al pedirle que se pronunciara sobre la violencia machista  no se le ocurrió otra cosa a decir que “las mujeres yihadistas y el aborto también son violencia“.

Algunas declaraciones del  líder máximo de Ciudadanos, dejan bien claro de que pie cojea el señor Rivera. Por ejemplo, que“llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y evitables.” O que  “para tener el derecho universal a la sanidad se necesita el permiso de residencia, y eso es lo que yo defiendo”, lo que deja sin un derecho esencial (la sanidad pública) a miles de inmigrantes. Y podríamos continuar citando propuestas y frases que dejan a Albert Rivera y a su partido Cudadanos con las vergüenzas políticas al aire.

En fin, por más maquillaje y apariencia de renovación que proporcionen el marketing, la publicidad y la buena prensa cómplice de algunos medios, Ciudadanos es un partido de derechas. Muy de derechas. Pues aunque hablen tanto de clases medias (que nunca concretan ni definen), defienden los intereses de quienes más tienen y atesoran que en este Reino son poco más de 200.000 según el Informe Mundial de la Riqueza del año pasado, de la consultora Capgemini. Pero la población española es algo más de 46 millones de ciudadanas y ciudadanos y la humilde aritmética desvela al servicio de quien está el partido Ciudadanos. O contra quien están de hecho, que es la mayoría trabajadora o pensionista. Quien sirve a los ricos es de derechas.

Lo indudable es que quienes mandan de verdad en este reino (poder financiero, grandes empresas y grandes fortunas) han decidido no correr riesgo alguno. No quieren que, por la torpeza y podredumbre del actual partido de gobierno, pueda  gobernar este país una coalición democrática y progresista. Por eso apuestan por Ciudadanos, porque el PP ya no les sirve.