El Tribunal Supremo reconoce errores en la administración de justicia en crímenes machistas

Han pasado quince años desde que Felipe Rascón asesinase a su hija de siete años y se suicidara después en una visita del sistema establecido por un juez. Antes había habido reiteradas denuncias por violencia machista por la ex-esposa, Àngela González, y finalmente divorcio. El juez estableció un régimen de visitas a Andrea, la hija de los divorciados, y durante dos años Felipe Rascón vio a su hija en el lugar fijado por el juez, supervisado por un equipo de servicios sociales. Pero el juez modificó el régimen de visitas y permitió que Rascón pudiera llevarse a la niña y estuviera con ella a solas donde quisiera sin supervisión alguna, aunque los servicios sociales nunca dieron su visto bueno al régimen de visitas abierto. Pocos encuentros después de ese cambio, el 25 de abril de 2003, Felipe Rascón asesinó con dos disparos a su hija Andrea y luego se suicidó. Fue en la localidad de Arroyomolinos de la provincia de Madrid.

En los antecedentes del atroz crimen cabe destacar que la madre, Ángela González, había denunciado docenas de veces a su ex-marido por malos tratos, amenazas e intento de secuestro de la pequeña Andrea. Pero nunca hubo juicio alguna de esas denuncias. ¿Qué razones se esgrimieron por parte de la Justicia para no juzgar al denunciado maltratador?

La Convención de la ONU contra Toda Discriminación de la Mujer condenó a España

Tras el asesinato de la niña Andrea, la madre solicitó amparo justa compensación al Tribunal Constitucional, pero éste negó que la Justicia tuviese que asumir parte de la responsabilidad patrimonial por la muerte de la pequeña. El Constitucional no aceptó la petición pues consideró que el caso no tenía especial trascendencia constitucional y expresó en su dictamen que “lamentando profundamente el fatal desenlace, en el supuesto que nos ocupa no se aprecia que hubiese un funcionamiento anormal de la administración de Justicia”.

Sorprendente, vistos los resultados.

En el año 2014, la Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), firmada y ratificada por España, condenó al Estado español por el asesinato de la pequeña Andrea. La CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) dictaminó que España había violado derechos fundamentales tanto de la madre Ángela González como de su hija Andrea y pedía, entre otras medidas, “una reparación adecuada y una indemnización integral proporcional” a la gravedad de los hechos. También exigía una investigación exhaustiva e imparcial para averiguar los fallos del funcionamiento de la Justicia y repararlos. Además exhortaba a que se tuvieran en cuenta los antecedentes de violencia machista al otorgar custodias y visitas a los hijos, no solo en el caso de Andrea. También pedía una formación obligatoria en materia de violencia de género para jueces y otros operadores jurídicos.

El tiempo pasó y Ángela González siguió su batalla por consegir justicia hasta que la cuestión llegó al Tribunal Supremo español. Antes, cuando la ONU condenó a España, el Gobierno de Mariano Rajoy había declarado que los dictámenes de la ONU no eran vinculantes para España y por tanto no tenía porque acatarlos. Pero eso no es cierto en absoluto. El Tribunal Supremo de España recién ha sentenciado que hay responsabilidad del Estado en la desprotección que sufrieron Ángela González y su hija Andrea y lo obliga a indemnizar a la madre con 600.000 euros.

La ley de Naciones Unidas obliga sin excusa alguna

La sentencia es muy importante porque sienta jurisprudencia y doctrina, va mucho más allá del caso concreto y deja muy clara la obligatoriedad del Reino de España de acatar las propuestas y recomendaciones de los comités de Naciones Unidas, así como de los tratados de derecho internacional firmados y ratificados por España.

Gobierno del PP y Ministerio Fiscal alegaron ante el Tribunal Supremo que en la Justicia española no hay un procedimiento para aplicar los dictámenes de Naciones Unidas y éstos no pueden anular sentencias dictadas por la justicia Española. Pero una vez más eso no es cierto. El Tribunal Supremo indica que los dictámenes de la CEDAW son vinculantes y de cumplimiento obligado, puesto que el Estado español firmó esa Convención en la que se indica que “los Estados se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente convención“.

La sentencia del alto tribunal español ratifica además, más allá del caso del asesinato de Andrea, la necesidad de que la Justicia adopte medidas adecuadas y eficaces que tengan en cuenta los antecedentes de violencia machista al concretar derechos de custodia y visitas de los hijos, para no arriesgar la seguridad de los menores.

El Supremo recuerda que el artículo 96 de la Constitución española reconoce como parte de la legislación nacional toda la normativa internacional firmada y ratificada por el gobierno y publicada en el Boletín Oficial del Estado, además de que el artículo 10.2 de la Constitución indica explícitamente que “las normas de derechos fundamentales se interpretan y aplican según la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre esa materia”.

Es decir, y sin posibilidad de interpretaciones torticeras, tratados y convenciones de la ONU son de obligado cumplimiento. ¿Es preciso elaborar leyes y normas nacionales para aplicarlos correcta y eficazmente? Pues se elaboran. Pero aún hay más, porque la sentencia del Supremo no se refiere solo al cumplimiento del dictamen de la CEDAW en el caso Ángela Gonzalez, sino que todas las propuestas de cualquier convenio internacional y de todos los comités de derechos humanos de la ONU obligan. Por tanto, no valen excusas de mal pagador de no haber un modo tal o cual para aplicar los acuerdos y convenciones de la ONU. Si no lo hay, tiene que haberlo y pronto para cumplir la legalidad internacional.

¿Hasta cuándo?

Al respecto de la legalidad, cabe recordar que el otoño pasado, alrededor del 1 de octubre, estalló el conflicto entre la Generalitat de Catalunya y el gobierno del PP. Entonces los dirigentes del PP se hartaron de reivindicar la legalidad y no se cansaron de repetir que el peor delito de los independentistas había sido actuar contra la legalidad… Pero no hay dos legalidades, una que me conviene y cito y otra que me paso por el arco de triunfo con la pretensión de que no obliga, como la condena de la CEDAW, por ejemplo. Pues lo cierto es que la condena del Reino de España por la ONU en 2014 ha sido ratificada y aumentada por sentencia del Tribunal Supremo.

Esa sentencia del Supremo reconoce que el Estado español se equivocó en el caso de Ángela González y su hija Andrea y que los errores cometidos “provocaron lesiones y daños que no tenían porque soportar. Hubo desprotección y clara situación de discriminación durante años antes y después de la muerte de la hija“. Imponer una indemnización de 600.000 euros reconoce esa falta de diligencia de la justicia y la obligatoriedad de cumplir las otras propuestas de la CEDAW.

Pero cuatro años después del dictamen de la CEDAW, la mayoría de medidas dictadas aún no se aplican. Y el pacto de Estado contra al violencia de género, aprobado en el Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, contiene avances, pero aún no se ha concretado en medidas concretas.

¿Qué se espera? No hay que olvidar que en el interín no cesan los malos trato a mujeres por hombres ni los feminicidios, casi uno por semana.

Parafraseando a Ciceron podríamos gritar ¿hasta cuándo se abusará de la paciencia de la ciudadanía en la lucha que no arranca del todo contra los asesinatos machistas?

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La sombra del franquismo es alargada

Hace unos días, el Presidente Pedro Sánchez anunció que antes de acabar el verano se exhumarían y trasladarían los restos mortales de Francisco Franco al lugar que indicara su familia. Una antigua reivindicación de las gentes que aman la libertad para empezar a suprimir lo que resta de franquismo y sus nefastas herencias y huellas en este país. El Gobierno de Sánchez ya ha hablado al respecto con la familia del fallecido dictador y también con la jerarquía de la Iglesia Católica (gestora del mausoleo y basílica del Valle de los Caídos donde están los restos de Franco) para concretar su exhumación y traslado. Altos dignatarios de la Iglesia habían hecho saber públicamente que colaborarían en la exhumación y traslado de lo que quede del autócrata en el Valle de los Caídos.

Condenas de la ONU y del Consejo de Europa

Una medida deseada por muchos ciudadanos y ciudadanas, aunque persistan algunas opiniones contrarias minoritarias y necias (del latín, nescio, nescis, nescire, nescivi, nescitum: no saber, ignorar, desconocer) propias de partidarios, admiradores y nostálgicos del franquismo.

Al tiempo que se comunicaba la intención de trasladar los restos del dictador, Izquierda Unida registraba en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley que amplía la de memoria histórica democrática con medidas que van desde la ilegalización de cualquier asociación del tipo que sea que haga apología del franquismo o de Franco hasta multas y penas de cárcel por incumplir la ley de memoria histórica, además de establecer un censo oficial de víctimas de la dictadura franquista y un mapa de fosas comunes.

Hace 43 años falleció el dictador Franco, tras soportar la ciudadanía española 36 años de férreo autoritarismo y represión. Ahora, que llevarán sus restos a donde su familia indique, cabe recordar que en 1946, la ONU condenó el franquismo de modo tajante. Fue en San Francisco, Potsdam y Londres, ciudades en las que se reunió la asamblea general de los pueblos de las Naciones Unidas para crear la ONU. Las Naciones Unidas condenaron por unanimidad el régimen de Franco. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas concluyó sin el menor asomo de duda que en origen, naturaleza, estructura y actuación general, el régimen de Franco era un régimen fascista. La ONU aseguró que pruebas innegables demostraban que Franco fue, con Hitler y Mussolini, culpable de una conspiración de guerra contra los países que fueron agredidos por fascistas, nazis y franquistas y, tras la II Guerra Mundial, formaron las Naciones Unidas. La Asamblea General de los pueblos de las Naciones Unidas afirmó que el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, no lo representaba ni lo representó nunca. Y sancionó al régimen franquista con la retirada de embajadores, embargos y otras medidas.

Intereses estratégicos contra derechos y justicia

Lamentablemente, los intereses de EEUU, presididos primero por el ex-jefe supremo de los ejércitos aliados en Europa durante la guerra mundial, general Dwight Eisehower, y después por Harry Truman, acabaron con el bloqueo al que la ONU había condenado a la España franquista por su evidente colaboración con al fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler. Pero EEUU prefirió considerar la dictadura franquista como aliada en su enfrentamiento con la Unión Soviética y estados satélites en la guerra fría que empezaba. Los intereses de EEUU primaron sobre el hecho de que la España de Franco fuera una dictadura implacable, condenada internacionalmente, que violaba sistemáticamente los derechos de la gente.

Una dictadura que hoy sabemos causó al menos 143.000 desaparecidos forzados, cuyos restos mortales siguen en las cunetas del país en unas 2.500 fosas comunes. España soporta así la vergüenza de ser el segundo país del mundo con más desaparecidos forzados detrás de la Camboya del criminal Pol Pot y sus jémeres rojos. Además, según informe del Consejo de Europa, en los años cuarenta e incluso principios de los 50, los presos políticos fueron en la España de Franco extremadamente numerosos: unos 400.000, muchos de los cuales fueron forzados a trabajar en obras del franquismo. En 1940, “la tasa de encarcelamiento en España era casi tan elevada como la de la Alemania nazi“, asegura un informe del Consejo de Europa. A sumar además entre las víctimas de la dictadura los 220.000 exiliados que se fueron a Francia, México, Argentina y otros países de América Latina para poder vivir.

Cientos y cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas españoles, denuncia ese informe, sufrieron cárcel, malos tratos y torturas por luchar por la libertad y por la democracia y aún constan como delincuentes en los archivos de la Justicia española de la época franquista de un modo incomprensible, porque ningún gobierno de la época democrática desde 1976 ha tenido el valor y el coraje de anular las sentencias de la ilegítima y criminal dictadura franquista.

Según varias estimaciones, los muertos por la dictadura franquista serían unos 150.000, pero podrían ser 400.000 si se incluyen las víctimas muertas en campos franquistas de concentración durante la guerra civil y primeros años de dictadura. El historiador francés Guy Hermet subraya que las masacres se prolongaron mucho tiempo bajo el gobierno franquista y, de los cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas, fueron fusilados más de 190.000.

El franquismo fue una dictadura asesina que murió matando. El 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, fueron fusilados tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos de ETA político-militar. Apenas dos meses después, murió el dictador tras una larga y dolorosa agonía.

Es preciso juzgar la dictadura franquista

Además de la ONU, el 16 de marzo de 2006, el Consejo de Europa (organización que agrupa los 47 Estados de Europa, salvo Bielorrusia, Kazajistán y el Vaticano) también condenó por unanimidad las “graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en España por el régimen franquista de 1939 a 1975“. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, España es la única democracia que no ha investigado nunca su terrorismo de Estado tras desaparecer la dictadura. A pesar de que, según el historiador británico Paul Preston, los crímenes políticos que perpetró Franco fueron muy superiores a los cometidos por Hitler, aunque éste lo aventajó ampliamente en masacres raciales. Los crímenes del franquismo perpetrados por instituciones y personas franquistas fueron “una venganza ciega” según Preston.

Todo eso es agua pasada, oiréis que arguye una minoría que no quiere que se investiguen, juzguen ni castiguen los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista en la guerra civil y durante los treinta y seis años siguientes. Pero, contra la falsa razón de que hay que olvidar y cerrar heridas, siguiendo con el símil, las heridas que no se abren, se limpian y airean, se infectan y provocan la muerte. Hay que juzgar los crímenes del franquismo que, por ser de guerra y lesa humanidad, no prescriben según el derecho penal internacional.

Además es imprescindible anular los juicios y condenas de republicanos y democrátas en general perpetrados por tribunales franquistas y,por supuesto, procesar a quienes se rebelaron criminalmente contra la legítima República, provocaron la guerra civvil y crearon y sostuvieron la dictadura franquista. Todo ello es la gran asignatura pendiente de España y de su ciudadanía. En tanto no se aborde y resuelva, este país no levantará cabeza ni será una democracia completa digna de tal nombre.

Aquarius y la crisis de los refugiados delatan una Europa insolidaria

El domingo 17 de junio, desembarcaron en el puerto de Valencia los primeros refugiados que habían deambulado por el Mediterráneo durante días en el buque de rescate Aquarius. Pudieron hacerlo porque una de las primera decisiones de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno fue dar la orden de acoger en el “puerto seguro de Valencia” a las 629 personas refugiadas de ese buque, el barco rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. El Gobierno de Malta también había cerrado sus puertos a esos migrantes.

Con esa decisisón, más el anuncio de que en pocas semanas se restaura la sanidad universal (que el PP se cargó vulnerando el derecho humano de los migrantes a la sanidad pública), Sánchez ha puesto la gestión de la inmigración como una de sus prioridades. Además, su ministro de Interior, Grande-Marlaska, ha dicho que eliminara las peligrosas concertinas (pequeñas piezas de metal afilado) de las alambradas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, había ofrecido la ciudad para acoger a los refugiados del Aquarius, el barco de rescate de SOS Mediterráneo, prestando atención sanitaria a esas personas, asesoría jurídica y laboral, alojamiento, escolarización y otras ayudas básicas.

La crisis de refugiados es centenaria

Mientras la ciudad de Valencia y el gobierno de España muestran su solidaridad con los refugiados, el ultraderechista ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, expresaba su rechazable xenofobia al proclamar “stop a la invasión”. Antes, el reaccionario gobierno italiano había ordenado cerrar todos los puertos al buque de salvamento Aquarius. Los xenófobos italianos de la Liga Norte ganaron las elecciones con un discurso alarmista y falso contra la inmigración y han formado gobierno con el difícilmente calificable movimiento Cinco Estrellas.

La oleada de refugiados a Europa tiene su origen en los conflictos armados de Oriente Medio (hoy sobre todo en Siria) y también en los de África. Conflictos bélicos inacabables a los que Europa no es ajena ni en los que tampoco es inocente. Una crisis cuyo origen se remonta al 16 de mayo de 1916, fecha del acuerdo Sykes-Picot, altos funcionarios de los gobiernos de Reino Unido y Francia, para repartirse los territorios árabes tras la derrota y hundimiento del Imperio Otomano, acuerdo que es raíz de casi todos los males actuales de la región árabe.

La crisis de refugiados es muy grave, pero los dirigentes europeos, ni caso. “No es responsabilidad nuestra que las personas decidan huir ni de que lo hagan en condiciones precarias e inestables embarcaciones” fue la miserable declaración de Zoido, anterior ministro de Interior del Partido Popular. Una más de las vergonzosas declaraciones sobre refugiados en la hipócrita Europa. A frases de semejante jaez suelen añadir que no se trata de salvar a refugiados en el mar sino de actuar en los países de origen para que no tengan que huir. Lo malo e hipócrita es que la Unión Euopea no ha hecho nada ni ha manifestado la menor voluntad política de acabar con la guerra de Siria, por ejemplo. Ni tampoco ha ayudado a los países de donde marchan los migrantes por pobreza o amenazas graves. Lo dicen, pero jamás ha habido la menor propuesta concreta de desarrollo económico y social en esas tierras.

La Convención de Ginebra obliga

Lo que el conservador ex-ministro de Interior anterior no tuvo en cuenta fue que el gobierno de España, que firmó y ratificó la Convención de Ginebra, tiene la obligación de acoger refugiados, de ayudar a quienes huyen de sus países en guerra o por sufrir persecución por etnia, religión, opinión política u orientación sexual. La Convención de Ginebra es un tratado internacional que compromete a los estados firmantes a proteger a toda persona que huye de su país por las razones expuestas.

Al final de la segunda guerra mundial, había millones de refugiados en una Europa destrozada . En 1954, la ONU definió quienes eran refugiados y en 1967 se amplió la definición para que el estatuto del refugiado fuera universal y no solo europeo. Según esa Convención, refugiado es la persona que sale de su país de origen por riesgos y peligros reales y al que no puede regresar por temor fundado a ser perseguido, sometido a torturas o asesinado. Hoy, la mayoría de refugiados huyen de las guerras de Siria, Eritrea, Sudán, Afganistán, Irak y diez conflictos armados más en los que mueren cada año más de 10.000 personas en cada uno y la mayoría son civiles.

Una Europa que avergüenza

La Convención de los refugiados sigue vigente en todo el mundo, pero es ignorada por la Unión Europea. Y así, Eslovaquia solo acepta refugiados de según que religión. Macedonia utiliza gases y granadas contra los miles que cruzan su territorio para llegar a otros países. Francia y Reino Unido quieren sellar el canal de la Mancha. En Hungría la policía dispara gases lacrimógenos contra los refugiados y ha levantado una alambrada con cuchillas en la frontera con Serbia. Y en las islas griegas, decenas de miles de refugiados sirios soportan inaceptables condiciones de miseria. Además, Amnistía Internacional denunció el cierre de la frontera meridional de Macedonia con Grecia, cierre que dejó atrapados 4.000 refugiados contra los que la policía militar macedonia disparó granadas paralizantes.

¿Qué Europa es ésta?

En medio del vergonzoso espectáculo de los países miembros de la Unión Europea regateando el número de refugiados que estaban dipuestos a acoger, más la aparición de gobiernos xenófobos y fascistoides, como el italiano, polaco o húngaro, no cesan las muertes de refugiados en el mar. Al inicio de esta primavera, más de 500 refugiados habían perdido la vida en el Mediterráneo y desde 2014 han muerto en ese mar más de 14.000 personas que huían para salvar la vida.

Las llegadas de refugiados en embarcaciones de todo tipo a las costas españolas no ha cesado durante el pasado fin de semana. Los equipos de rescate han salvado la vida de 1.290 personas desde el pasado viernes, pero cuatro personas no lograron cruzar el estrecho. Salvamento Marítimo mantiene la búsqueda de 43 personas desaparecidas en el mar de Alborán tras hundirse la patera en la que se dirigían a las costas de Almería. Sólo cuatro ocupantes han podido ser rescatados con vida cerca de los restos de la embarcación naufragada.

Los refugiados aumentan no cesan. Guerras, persecución política, violencia y hambre provocan que según ACNUR, en los últimos años y hasta mediados de 2016, más de tres millones de personas hayan abandonado sus países. Más de la mitad por la guerra de Siria. Otros huyen de Irak, Congo, Somalia o Sudán del Sur y entre todos ya suman más de 68 millones. Es la mayor crisis migratoria de Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero Europa no ha sabido o no ha querido responder al más de millón cien mil personas que han ido hacia sus ciudades huyendo materialmente de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia y de la muerte. Una enorme vergüenza para Europa.

Ésta no es una Europa que valga la pena. Con la crisis de refugiados, la Unión Europea está más lejos que nunca de los principios y valores de los que presume, pero no cumple.

Urge recuperar en España una democracia sin rebajas ni autoritarismos

En los últimos días ha ocupado portadas y sumarios de medios informativos el escándalo de las notas falsificadas en la concesión de un máster universitario a la presidenta del gobierno autónomo de la región de Madrid, Cristina Cifuentes. Por lo publicado, más allá de falsear notas y otras irregulariades destapadas que han engrosado esa bola de nieve, como han denunciado algunos medios, el caldo de cultivo de tan impropia actuación podría ser que ese instituto de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que organizaba el máster engordaba la lista de alumnos para sacar más beneficio económico, llegó a hacer convalidaciones en grupo, retocar calificaciones y falsificar firmas, como ha demostrado la documentación aportada por el periódico digital eldiario.es, el que más a fondo ha denunciado ese escándalo.

El partido Popular quería tener su propia universidad y ésa fue la Rey Juan Carlos. Como han denunciado algunos profesores y alumnos de la misma, ésta se habría convertido en área de colocación para dirigentes del PP tras tener que dejar algún cargo público. Un dato esclarecedor al respecto es que el número de profesores visitantes (figura flexible que permite dar clases en una universidad sin pasar por oposiciones o ser profesor titular) suele ser cuanto más un 1% del cuerpo docente, pero en la Rey Juan Carlos ese porcentaje asciende al 25%.

Parece haberse cumplido el refrán de que cuando el río suena, agua lleva y la URJC ha suspendido al responsable del máster que dice haber hecho la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, y expedientado también a la funcionaria que cambió sus notas, además de plantearse retirar el máster a Cifuentes.

El escándalo de los notables atribuidos a Cristina Cifuentes en dos asignaturas del máster, sin siquiera haberse examinado como ha informado eldiario.es, no sorprende demasiado, porque el Partido Popular y los gobiernos que sostiene (central o regionales) nos han acostumbrado a portadas de los medios informativos por sus diversas presuntas corrupciones, algunas ya demostradas. Tanto es así que hoy hay un millar de cargos públicos y dirigentes de diversos rangos del PP acusados, procesados o incluso ya condenados en inacabables causas por corrupción.

La desvergüenza de un máster otorgado sin haber asistido ni un solo día a clase ni haber podido mostrar nunca el trabajo de fin de máster, estalla unas cuantas semanas después de que Guardia Civil, fiscales y jueces de instruccción hicieran público, tras la investigación de los casos Gúrtel, Púnica y derivados, que el Partido Popular ha financiado ilegalmente campañas electorales desde hace décadas.

Por lo publicado, esa financiación ilegal habría utilizado el viejo método de conseguir dinero contante y sonante de empresarios por adjudicarles obras y contratos públicos por comisiones del 3% del total adjudicado ilegalmente. Tal financiación habría pagado actos electorales de las elecciones generales que ganó Aznar en el año 2000, Francisco Camps las regionales de la comuidad autónoma de Valencia y Rita Barberá las del ayuntamiento de esa capital.

No es preciso insistir en el volumen y gravedad de la corrupción (que afecta al PP y sus gobiernos, pero de ningún de modo exclusivamente) por ser un tema harto conocido. Pero sí cabe señalar que el deterioro de la vigente democracia (obra del régimen político surgido de la Constitución de 1978) ha aumentado, por ejemplo, con ataques contra la libertad de expresión por la llamada Ley Mordaza, aprobada el 30 de marzo de 2015. ¿Por qué recordar ahora la ley Mordaza? Porque aunque corrupción es soborno y cohecho, también es perversión según el Dicionario de la Lengua española. Y esa ley Mordaza, denunciada por Amnistía Internacional, y Jueces y Juezas por la Democracia y profesores de derecho penal, ha corrompido la normal vida democrática de este Reino y provocado situaciones tan kafkianas como meter en la cárcel a raperos y escritores de tuits por palabras escritas o dichas, no por verdaderos delitos, mientras juzgados y condenados por corrupción (Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, por ejemplo), no van por ahora a la cárcel y, como Urdangarín) puede vivir en Suiza gozando de libertad, con las únicas condiciones de presentarse ente el juez una vez al mes y deber comunicar si sale de Europa.

Si estuviera entre nosotros don Quijote, hoy parafrasearía “con la ley Mordaza hemos topado, amigo Sancho”. Como será esa ley Mordaza que un editorial del estadounidense diario The New York Times instó a la Comisión Europea a condenar esa ley, basándose en el informe del relator de Naciones Unidas para derechos humanos, quien también pidió a los legisladores españoles que derogaran esa ley.

Pero ahí está, autoritaria e intocable la ley Mordaza, al tiempo que aumentan las sentencias por delitos que no son tales en países democráricos, pero que encierran a los procesados en la cárcel con penas que no son precisamente leves. Y eso es corromper la democracia. Aunque aún más preocupante sea el encarcelamiento desde hace medio año de dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

Sobre el delito de rebelión, del que se acusa kafkianamente a dirigentes catalanes independentistas para justificar su prisión, cabe recordar que, según el Código Penal español, “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente”. Y no ha habido ningún alzamiento violento en Cataluña, ni siquiera violencia digna de ese nombre. Al respecto vale la pena reproducir las palabras del profesor de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo: “El delito de rebelión que el Juez Instructor ve en la conducta de los ex-miembros del gobierno catalán no lo ve ningún juez europeo. Y no lo ve, porque no existe, como ya dijeron más de cien profesores de Derecho Penal de las Universidades españolas. El delito de rebelión de la euro orden del juez instructor es un delito imaginario, un delito que solo existe en la imaginación del Juez”.

No hay duda de que en los últimos años, al tiempo que la llamada crisis empeoraba la vida de la ciudadanía española, ha habido un innegable avance del autoritarismo, de agresiones contra las libertades, como la de expresión. Sin embargo renace alguna espranza tras la confortadora sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo de la Unión Europea, que ha condenando al Reino de España por imponer una pena de carcel de dos años a unos jóvenes que quemaron fotos del Rey. El Tribunal de Derechos Humanos de la Unión ha afirmado sin el menor resquicio de duda que esa acción fue un ejercicio de libertad de expresión. Si la máxima autoridad judicial europea en derechos dice que quemar una fotografía del Rey es libertad de expresión, ¿qué hacen en la cárcel raperos y tuiteros por haber dicho o escrito da igual qué? Como tampoco hay rebelión que valga en la actuación de los independentisas catalanes encarcelados o imputados. Por eso tampoco puede seguir la actuación injusta y prepotente del gobierno Rajoy y de otros poderes polícos. Una actuación que erosiona y deteriora día tras día el sistema democrático.

Urge recuperar en España una democracia, digna de tal nombre, sin rebajas ni la menor interpretación autoritaria.

 

La ley de Amnistía española (vergüenza de la democracia) cumplió 40 años

Hace unos días se cumplió el cuarenta aniversario de la ley de Amnistía de 1977, auténtica vergüenza, cuando no escarnio, de la democracia española. Esa ley impide que prospere cualquier petición de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.

Así ha sido por la innegable voluntad del partido Popular, de su escudero político Ciudadanos y del PSOE, los tres han boicoteado cualquier intento de investigar y juzgar los crímenes del franquismo. La razón aducida es que hay que olvidar y no reabrir heridas. Olvidan que una herida cerrada sin limpiar se pudre, se infecta. Así como también olvidan que algunos países desarrollados de ‘nuestro entorno’ han emprendido y consumado procesos para borrar cualquier resto de las dictaduras que sufrieron. Así se ha hecho en Italia con el fascismo y Mussolini y en Alemania con Hitler y el nazismo.

El último rechazo a investigar crímenes franquistas fue en diciembre de 2016 cuando esos partidos rechazaron una proposición de ley de Unidos Podemos que añadía un artículo a esa ley según el cual la amnistía no era aplicable a delitos de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El Congreso ha rechazado otras dos veces derogar o modificar la Ley de Amnistía, siempre con los votos de PP y PSOE. Y también de Convergencia Democrática de Cataluña, por cierto, que hoy se llama PdeCat. Lo que ha motivado las denuncias de organismos internacionales.

Han denunciado a España por esa ley el Grupo contra Desapariciones Forzadas de la ONU, el Relator Especial de la ONU por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esta última organización dejó muy claro hace siete años, cuando juzgaron al juez Garzón por prevaricación, que “las autoridades españolas deben cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en vez de investigar a un magistrado que busca que se rindan cuentas por los crímenes del pasado“.

En 2006 se presentaron en España algo más de 114.000 denuncias de crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista de 1936 a 1951. Pero no se investigo ni uno siquiera. En 2008 se abrieron 47 causas por lo mismo, pero se recharon alegando la Ley de Amnistía. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la Ley de Amnistía es una ley de impunidad.

Pero esa ley del 77 aún es más antidemocrática cuando se comprueba que en las actas del debate para elaborar la ley nunca se consideró amnistiar a franquistas que hubieran perpetrado crímenes. El abogado Jaime Sartorius estuvo en la Comisión parlamentaria que elaboró la ley de Amnistía y asegura que nunca se menciona que la ley de amnistía fuera un borrón y cuenta nueva de delitos de los franquistas.

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha recordado que “fue la UCD de Suárez, otro partido heredero del franquismo, la que introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley cláusulas que no estaban en los borradores iniciales. Esas clausulas extendían la amnistía a los delitos cometidos por funcionarios de la dictadura y agentes de orden público contra los derechos de las personas. Pues ese no era el objetivo de la ley de Amnistía que buscaba vaciar las cárceles de ciudadanos y ciudadanas que habían luchado por las libertades contra la dictadura.

Tiempo después, víctimas de la dictadura, familiares de éstas y colectivos ciudadanos pidieron explicaciones y justicia por las actuaciones de los franquistas, pues no era inadmisible la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el terror a quienes se oponían a la dictadura. Pero nada consiguieron. La Ley de Amnistía se usó como escudo perfecto para impedir que los franquistas rindan cuentas por sus crímenes. No se puede investigar nada por la vigencia de la ley de Amnistía, convertida en medio de los poderes del Estado para rechazar toda petición de Justicia de las víctimas de la dictadura para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista. Crímenes como las ejecuciones de las últimas sentencias de muerte del franquismo en 1975 o los sucesos de Vitoria en 1976 cuando fueron asesinados cinco trabajadores en huelga.

Así lo entiende el ex-ministro franquista Martín Villa que ha expresado su voluntad de declarar ante la Justicia argentina 1, rechazando parapetarse tras la ley Amnistía, reconociendo que ése es el objetivo de la misma, porque otros franquistas sí se acogen a ella para no responder ante la Justicia.

El rechazo sistemático del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos de investigar los crímenes del franquismo convierte esa ley de Amnistía en ley de punto final y blindaje protector de franquistas, como han denunciado organismos internacionales de derechos humanos.

Pero no esta todo perdido. El Ayuntamiento de Madrid se querellará contra los responsables de crímenes del franquismo en la ciudad. El equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena propondrá en breve una moción para que el Consistorio se persone como querellante ante la Justicia y se investiguen los crímenes franquistas en el municipio de Madrid. Madrid se une así a otras ciudades del cambio que también han denunciado crímenes de la dictadura franquista como Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Cádiz, Tarragona y Rivas que se han querellado o lo harán en breve contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

1 La jueza argentina María Servini investiga los crímenes del franquismo en aplicación de la Justicia Internacional, atendiendo numerosas denuncias de víctimas de la dictadura o familiares de éstas.

Blanquear dinero sale barato en España

España es centro de blanqueo. O, dicho de otro modo, la lucha contra el blanqueo falla aquí más que una escopeta de feria. Incluso la OCDE (blanda contra el fraude fiscal) advierte a España de que la levedad de penas contra el blanqueo de dinero sucio hace de este Reino lugar privilegiado para evasores de impuestos y blanqueadores.

Pilar Blázquez nos explicó que en España la falta de castigos de verdad que teman los blanqueadores, convierte la lucha contra ese delito en un brindis al sol. Porque, aunque el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) hace su trabajo, analiza documentos y cruza datos en un modélico proceso para descubrir blanqueadores, la acción se frena cuando hay que castigar a los culpables. Que un caso de blanqueo acabe con cárcel para blanqueadores y cómplices es excepción, no regla. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), equipo de la OCDE supervisor del blanqueo en el mundo, “las penas de prisión por blanqueo de capitales en España son muy bajas, no son disuasorias y el crimen organizado y los evasores fiscales ven España como lugar donde operar sin riesgo”.

También EEUU señala a España como país benévolo con el blanqueo y la OCDE denunció que en España ha habido pocas investigaciones de blanqueo en años y aún menos condenas. Pero no porque falle el SEPBLAC, que hace su trabajo. Falla quien decide sancionar o no. Que suele ser que no. No olvidemos que quien decide sanciones es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía. Es decir, es el gobierno del Partido Popular que, hasta la fecha, no ha mostrado entusiasmo alguno para acabar con el blanqueo y quienes blanquean.

Pero tal delito es posible por una verdad incontrovertible: el dinero negro fluye a su antojo por el sistema bancario internacional, como fluye el dinero legal con el que se camufla. Y ese libertinaje de capitales continuará mientras haya centros offshore, paraísos fiscales, consultoras fiscales y bancos cómplices. Los hay y habrá porque los pretendidos intentos de acabar con esos estados de cartón piedra de fiscalidad tramposa y dañina, que son los paraísos fiscales, son retórica y marear la perdiz. Voluntad política de acabar con el blanqueo, cero.

Da igual que además el blanqueo financie organizaciones terroristas, narcotraficantes y otras tramas criminales. Se impone la minoría rica que no ceja en su voluntad de no pagar impuestos. Recordemos que según cálculos conservadores de la propia OCDE, las grandes empresas eluden pagar casi un cuarto de billón de dólares anuales con enredos de filiales, delegaciones, servicios vinculados, activos intangibles y otras trampas presuntamente legales que revelan la ausencia de voluntad política de gobiernos y entidades globales para acabar con el fraude fiscal. Y, si añadimos las grandes fortunas que evaden y eluden impuestos a placer, el volumen del fraude fiscal deviene obsceno.

La Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Crimen pide soluciones drásticas contra el blanqueo que hace legales 2 billones de dólares anuales. Pero no parece que se consiga, porque evasión de impuestos y blanqueo de dinero van de la mano y la minoría rica insiste en no pagar los impuestos que debe. Que el mayor receptor de inversión extranjera en 2013 fueran las casi despobladas Islas Vírgenes británicas indica que hay blanqueo para tiempo. O que haya 234 bancos en las Islas Caimán con solo 50.000 habitantes. O que la pequeña isla británica Jersey en el Canal de la Mancha maneje más de 350.000 millones de dólares en fondos de inversión. Sin olvidar al gran paraíso fiscal que es EEUU que, mientras impone multimillonarias multas a bancos suizos y de la Unión Europea, por posible blanqueo de estadounidenses fuera del país, mantiene Delaware, Reno, Wyoming, Nevada o Dakota del Sur como auténticos paraísos fiscales. ¿Quién da más?

¿Por qué el blanqueo es un delito nefasto? Porque los Estados recaudan mucho menos y se vulneran derechos ciudadanos por no haber adecuados servicios públicos esenciales. Además crece la desigualdad y hay más incertidumbre, más pobreza y más sufrimiento, porque los Estados dejan de cobrar cientos de miles de millones de impuestos legítimos y obligatorios. La evasión de impuestos impide que el Estado cumpla sus deberes con la ciudadanía.

El caso Lagarde muestra la enorme corrupción de la política profesional

La directora del FMI, Christine Lagarde, ha sido hallada culpable de “negligencia” cuando era ministra de economía del gobierno francés con Sarkozy como Presidente. El dictamen es del Tribunal de Justicia de la República de Francia, corte especial para juzgar delitos de políticos y ex-políticos. Sorprendentemente ese tribunal ha dispensado a Lagarde de cumplir pena alguna. A pesar de que el delito reconocido supone cumplir hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa. El delito reconocido de negligencia (en realidad es prevaricación) se perpetró en la demanda del empresario Bernard Tapie (amigo de Sarkozy) al Estado francés por la confiscación gubernamental y venta de la marca Adidas. Lagarde aceptó la multimillonaria indemnización de 400 millones de euros a Tapie que dictaminó una comisión de arbitraje y no apeló. Aunque, como consta en el veredicto, los asesores de Lagarde le aconsejaron recurrir. Si lo hubiera hecho, la indemnización probablemente hubiera sido menor.

¿Qué razones adujo ese Tribunal especial para no imponer condena alguna a Lagarde? La “personalidad” y la “reputación internacional” de la juzgada. ¡Increíble! Para completar el despropósito, el FMI comunicó públicamente que renueva totalmente su confianza en Lagarde, a pesar de su condena (sin castigo) en Francia. Algo huele a podrido.

¿Qué sucedería si algunos famosísimos futbolistas (que han defraudado a Hacienda) recurren las sentencias o multas argumentando que también tienen “reputación internacional”? En serio, esa sentencia deja con el culo al aire no ya un doble rasero de la justicia sino la profunda corrupción de la democracia representativa. ¿Alguien duda de que la ley no sea igual para todos? No descubro América, pero es higiénico ser conscientes de esa innegable verdad, así como del lodazal en el que las minorías de poder, las élites, la clase dominante que diría Marx, han convertido el sistema democrático representativo que, desde hace décadas, ya es una plutocracia. El gobierno de los ricos. Trump ha sido elegido tras gastar una fortuna en la campaña electoral. Como tantos presidentes antes que él. Lagarde, Trump, los presidentes de Estados Unidos y muchos jerarcas de otros países tienen en común que todos tienen muchísimo dinero.

Continuando con el caso Lagarde y la postura del FMI, como en economía y política no hay casualidades, conviene recordar que la ONU, en una de sus conferencias para la prevención del crimen, celebrada en El Cairo, denunció que “la penetración de las mafias en la economía ha sido facilitada por los programas de ajuste estructural (léase recortes sociales y rebajas salariales) que los países endeudados se han visto obligados a aceptar para poder recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional”. A la postre, la economía mafiosa criminal está íntimamente ligada a la legal a través de la enorme industria del blanqueo de dinero sucio y negro. Según la ONU, la abundante actividad financiera especulativa del crimen organizado ha contribuido innegablemente a la aparición de crisis financieras y económicas en las últimas décadas.

El mecanismo es conocido. FMI, y Baco Mundial, entre otras entidades internacionales, imponen una austeridad implacable a los países en crisis. Las medidas provocan el cierre de empresas, recortes masivos de plantillas y desempleo en aumento. Y crece la economía sumergida, campo abonado para la economía criminal, cuyos beneficios vuelve a blanquear especulando en bolsas, mercados de capitales y banca en la sombra. Hasta la próxima crisis.

El emperramiento capitalista neoliberal se explica por talantes como los retratados por John Huston en el filme Cayo Largo. En un hotel de Florida coinciden un oficial, que regresa de Europa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gánster deportado que ha vuelto a Estados Unidos clandestinamente. El soldado pregunta de modo retórico, “¿qué quiere Rocco?” Y él mismo se responde: “Quiere más”. Rocco lo confirma: “Eso es, quiero más”. El oficial pregunta de nuevo: “¿Tendrá Rocco bastante alguna vez?” Y es Rocco quien contesta: “Nunca tengo bastante. Nunca”.

Así es el capitalismo. Nunca tiene bastante. Y se pasan por el forro lo que haga falta en aras de sus ganancias, incluida la justicia. Hay que revertir la situación. Y que los y las Lagarde de este tiempo rindan cuentas y reparen.