La ley de Amnistía española (vergüenza de la democracia) cumplió 40 años

Hace unos días se cumplió el cuarenta aniversario de la ley de Amnistía de 1977, auténtica vergüenza, cuando no escarnio, de la democracia española. Esa ley impide que prospere cualquier petición de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.

Así ha sido por la innegable voluntad del partido Popular, de su escudero político Ciudadanos y del PSOE, los tres han boicoteado cualquier intento de investigar y juzgar los crímenes del franquismo. La razón aducida es que hay que olvidar y no reabrir heridas. Olvidan que una herida cerrada sin limpiar se pudre, se infecta. Así como también olvidan que algunos países desarrollados de ‘nuestro entorno’ han emprendido y consumado procesos para borrar cualquier resto de las dictaduras que sufrieron. Así se ha hecho en Italia con el fascismo y Mussolini y en Alemania con Hitler y el nazismo.

El último rechazo a investigar crímenes franquistas fue en diciembre de 2016 cuando esos partidos rechazaron una proposición de ley de Unidos Podemos que añadía un artículo a esa ley según el cual la amnistía no era aplicable a delitos de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El Congreso ha rechazado otras dos veces derogar o modificar la Ley de Amnistía, siempre con los votos de PP y PSOE. Y también de Convergencia Democrática de Cataluña, por cierto, que hoy se llama PdeCat. Lo que ha motivado las denuncias de organismos internacionales.

Han denunciado a España por esa ley el Grupo contra Desapariciones Forzadas de la ONU, el Relator Especial de la ONU por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas; el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Esta última organización dejó muy claro hace siete años, cuando juzgaron al juez Garzón por prevaricación, que “las autoridades españolas deben cumplir la recomendación de la ONU de poner fin a la Ley de Amnistía de 1977, en vez de investigar a un magistrado que busca que se rindan cuentas por los crímenes del pasado“.

En 2006 se presentaron en España algo más de 114.000 denuncias de crímenes contra la humanidad perpetrados por la dictadura franquista de 1936 a 1951. Pero no se investigo ni uno siquiera. En 2008 se abrieron 47 causas por lo mismo, pero se recharon alegando la Ley de Amnistía. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la Ley de Amnistía es una ley de impunidad.

Pero esa ley del 77 aún es más antidemocrática cuando se comprueba que en las actas del debate para elaborar la ley nunca se consideró amnistiar a franquistas que hubieran perpetrado crímenes. El abogado Jaime Sartorius estuvo en la Comisión parlamentaria que elaboró la ley de Amnistía y asegura que nunca se menciona que la ley de amnistía fuera un borrón y cuenta nueva de delitos de los franquistas.

Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, ha recordado que “fue la UCD de Suárez, otro partido heredero del franquismo, la que introdujo al final de la tramitación parlamentaria de la ley cláusulas que no estaban en los borradores iniciales. Esas clausulas extendían la amnistía a los delitos cometidos por funcionarios de la dictadura y agentes de orden público contra los derechos de las personas. Pues ese no era el objetivo de la ley de Amnistía que buscaba vaciar las cárceles de ciudadanos y ciudadanas que habían luchado por las libertades contra la dictadura.

Tiempo después, víctimas de la dictadura, familiares de éstas y colectivos ciudadanos pidieron explicaciones y justicia por las actuaciones de los franquistas, pues no era inadmisible la impunidad de quienes utilizaron el poder del Estado para torturar, asesinar e imponer el terror a quienes se oponían a la dictadura. Pero nada consiguieron. La Ley de Amnistía se usó como escudo perfecto para impedir que los franquistas rindan cuentas por sus crímenes. No se puede investigar nada por la vigencia de la ley de Amnistía, convertida en medio de los poderes del Estado para rechazar toda petición de Justicia de las víctimas de la dictadura para investigar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura franquista. Crímenes como las ejecuciones de las últimas sentencias de muerte del franquismo en 1975 o los sucesos de Vitoria en 1976 cuando fueron asesinados cinco trabajadores en huelga.

Así lo entiende el ex-ministro franquista Martín Villa que ha expresado su voluntad de declarar ante la Justicia argentina 1, rechazando parapetarse tras la ley Amnistía, reconociendo que ése es el objetivo de la misma, porque otros franquistas sí se acogen a ella para no responder ante la Justicia.

El rechazo sistemático del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos de investigar los crímenes del franquismo convierte esa ley de Amnistía en ley de punto final y blindaje protector de franquistas, como han denunciado organismos internacionales de derechos humanos.

Pero no esta todo perdido. El Ayuntamiento de Madrid se querellará contra los responsables de crímenes del franquismo en la ciudad. El equipo de gobierno municipal de Manuela Carmena propondrá en breve una moción para que el Consistorio se persone como querellante ante la Justicia y se investiguen los crímenes franquistas en el municipio de Madrid. Madrid se une así a otras ciudades del cambio que también han denunciado crímenes de la dictadura franquista como Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Vitoria, Cádiz, Tarragona y Rivas que se han querellado o lo harán en breve contra los crímenes de lesa humanidad del franquismo.

1 La jueza argentina María Servini investiga los crímenes del franquismo en aplicación de la Justicia Internacional, atendiendo numerosas denuncias de víctimas de la dictadura o familiares de éstas.

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Blanquear dinero sale barato en España

España es centro de blanqueo. O, dicho de otro modo, la lucha contra el blanqueo falla aquí más que una escopeta de feria. Incluso la OCDE (blanda contra el fraude fiscal) advierte a España de que la levedad de penas contra el blanqueo de dinero sucio hace de este Reino lugar privilegiado para evasores de impuestos y blanqueadores.

Pilar Blázquez nos explicó que en España la falta de castigos de verdad que teman los blanqueadores, convierte la lucha contra ese delito en un brindis al sol. Porque, aunque el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) hace su trabajo, analiza documentos y cruza datos en un modélico proceso para descubrir blanqueadores, la acción se frena cuando hay que castigar a los culpables. Que un caso de blanqueo acabe con cárcel para blanqueadores y cómplices es excepción, no regla. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), equipo de la OCDE supervisor del blanqueo en el mundo, “las penas de prisión por blanqueo de capitales en España son muy bajas, no son disuasorias y el crimen organizado y los evasores fiscales ven España como lugar donde operar sin riesgo”.

También EEUU señala a España como país benévolo con el blanqueo y la OCDE denunció que en España ha habido pocas investigaciones de blanqueo en años y aún menos condenas. Pero no porque falle el SEPBLAC, que hace su trabajo. Falla quien decide sancionar o no. Que suele ser que no. No olvidemos que quien decide sanciones es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía. Es decir, es el gobierno del Partido Popular que, hasta la fecha, no ha mostrado entusiasmo alguno para acabar con el blanqueo y quienes blanquean.

Pero tal delito es posible por una verdad incontrovertible: el dinero negro fluye a su antojo por el sistema bancario internacional, como fluye el dinero legal con el que se camufla. Y ese libertinaje de capitales continuará mientras haya centros offshore, paraísos fiscales, consultoras fiscales y bancos cómplices. Los hay y habrá porque los pretendidos intentos de acabar con esos estados de cartón piedra de fiscalidad tramposa y dañina, que son los paraísos fiscales, son retórica y marear la perdiz. Voluntad política de acabar con el blanqueo, cero.

Da igual que además el blanqueo financie organizaciones terroristas, narcotraficantes y otras tramas criminales. Se impone la minoría rica que no ceja en su voluntad de no pagar impuestos. Recordemos que según cálculos conservadores de la propia OCDE, las grandes empresas eluden pagar casi un cuarto de billón de dólares anuales con enredos de filiales, delegaciones, servicios vinculados, activos intangibles y otras trampas presuntamente legales que revelan la ausencia de voluntad política de gobiernos y entidades globales para acabar con el fraude fiscal. Y, si añadimos las grandes fortunas que evaden y eluden impuestos a placer, el volumen del fraude fiscal deviene obsceno.

La Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Crimen pide soluciones drásticas contra el blanqueo que hace legales 2 billones de dólares anuales. Pero no parece que se consiga, porque evasión de impuestos y blanqueo de dinero van de la mano y la minoría rica insiste en no pagar los impuestos que debe. Que el mayor receptor de inversión extranjera en 2013 fueran las casi despobladas Islas Vírgenes británicas indica que hay blanqueo para tiempo. O que haya 234 bancos en las Islas Caimán con solo 50.000 habitantes. O que la pequeña isla británica Jersey en el Canal de la Mancha maneje más de 350.000 millones de dólares en fondos de inversión. Sin olvidar al gran paraíso fiscal que es EEUU que, mientras impone multimillonarias multas a bancos suizos y de la Unión Europea, por posible blanqueo de estadounidenses fuera del país, mantiene Delaware, Reno, Wyoming, Nevada o Dakota del Sur como auténticos paraísos fiscales. ¿Quién da más?

¿Por qué el blanqueo es un delito nefasto? Porque los Estados recaudan mucho menos y se vulneran derechos ciudadanos por no haber adecuados servicios públicos esenciales. Además crece la desigualdad y hay más incertidumbre, más pobreza y más sufrimiento, porque los Estados dejan de cobrar cientos de miles de millones de impuestos legítimos y obligatorios. La evasión de impuestos impide que el Estado cumpla sus deberes con la ciudadanía.

El caso Lagarde muestra la enorme corrupción de la política profesional

La directora del FMI, Christine Lagarde, ha sido hallada culpable de “negligencia” cuando era ministra de economía del gobierno francés con Sarkozy como Presidente. El dictamen es del Tribunal de Justicia de la República de Francia, corte especial para juzgar delitos de políticos y ex-políticos. Sorprendentemente ese tribunal ha dispensado a Lagarde de cumplir pena alguna. A pesar de que el delito reconocido supone cumplir hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa. El delito reconocido de negligencia (en realidad es prevaricación) se perpetró en la demanda del empresario Bernard Tapie (amigo de Sarkozy) al Estado francés por la confiscación gubernamental y venta de la marca Adidas. Lagarde aceptó la multimillonaria indemnización de 400 millones de euros a Tapie que dictaminó una comisión de arbitraje y no apeló. Aunque, como consta en el veredicto, los asesores de Lagarde le aconsejaron recurrir. Si lo hubiera hecho, la indemnización probablemente hubiera sido menor.

¿Qué razones adujo ese Tribunal especial para no imponer condena alguna a Lagarde? La “personalidad” y la “reputación internacional” de la juzgada. ¡Increíble! Para completar el despropósito, el FMI comunicó públicamente que renueva totalmente su confianza en Lagarde, a pesar de su condena (sin castigo) en Francia. Algo huele a podrido.

¿Qué sucedería si algunos famosísimos futbolistas (que han defraudado a Hacienda) recurren las sentencias o multas argumentando que también tienen “reputación internacional”? En serio, esa sentencia deja con el culo al aire no ya un doble rasero de la justicia sino la profunda corrupción de la democracia representativa. ¿Alguien duda de que la ley no sea igual para todos? No descubro América, pero es higiénico ser conscientes de esa innegable verdad, así como del lodazal en el que las minorías de poder, las élites, la clase dominante que diría Marx, han convertido el sistema democrático representativo que, desde hace décadas, ya es una plutocracia. El gobierno de los ricos. Trump ha sido elegido tras gastar una fortuna en la campaña electoral. Como tantos presidentes antes que él. Lagarde, Trump, los presidentes de Estados Unidos y muchos jerarcas de otros países tienen en común que todos tienen muchísimo dinero.

Continuando con el caso Lagarde y la postura del FMI, como en economía y política no hay casualidades, conviene recordar que la ONU, en una de sus conferencias para la prevención del crimen, celebrada en El Cairo, denunció que “la penetración de las mafias en la economía ha sido facilitada por los programas de ajuste estructural (léase recortes sociales y rebajas salariales) que los países endeudados se han visto obligados a aceptar para poder recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional”. A la postre, la economía mafiosa criminal está íntimamente ligada a la legal a través de la enorme industria del blanqueo de dinero sucio y negro. Según la ONU, la abundante actividad financiera especulativa del crimen organizado ha contribuido innegablemente a la aparición de crisis financieras y económicas en las últimas décadas.

El mecanismo es conocido. FMI, y Baco Mundial, entre otras entidades internacionales, imponen una austeridad implacable a los países en crisis. Las medidas provocan el cierre de empresas, recortes masivos de plantillas y desempleo en aumento. Y crece la economía sumergida, campo abonado para la economía criminal, cuyos beneficios vuelve a blanquear especulando en bolsas, mercados de capitales y banca en la sombra. Hasta la próxima crisis.

El emperramiento capitalista neoliberal se explica por talantes como los retratados por John Huston en el filme Cayo Largo. En un hotel de Florida coinciden un oficial, que regresa de Europa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gánster deportado que ha vuelto a Estados Unidos clandestinamente. El soldado pregunta de modo retórico, “¿qué quiere Rocco?” Y él mismo se responde: “Quiere más”. Rocco lo confirma: “Eso es, quiero más”. El oficial pregunta de nuevo: “¿Tendrá Rocco bastante alguna vez?” Y es Rocco quien contesta: “Nunca tengo bastante. Nunca”.

Así es el capitalismo. Nunca tiene bastante. Y se pasan por el forro lo que haga falta en aras de sus ganancias, incluida la justicia. Hay que revertir la situación. Y que los y las Lagarde de este tiempo rindan cuentas y reparen.

Heredero del franquismo

Alianza Popular (AP), partido previo al Partido Popular de Aznar y Rajoy, fue fundado por ex jerarcas franquistas. El programa de AP era la unidad de la patria, el orden público, la familia, la monarquía, la libre empresa (así llaman al capitalismo desaforado), la educación en manos de la Iglesia católica y la moral sexual reprimida. Como en las elecciones AP no conseguía votos ni para pipas, Fraga Iribarne, uno de sus fundadores y ministro de Información con Franco, impulsó un intenso maquillaje de la franquista AP. Y así, en un congreso de refundación en 1989, Alianza Popular pasó a llamarse Partido Popular. Mismos perros con diferentes collares. Pero antes, en octubre de 1976, el acto fundacional de Alianza Popular finalizó con todos los asistentes (cargos luego del PP) coreando en pié Franco, Franco, Franco. Esclarecedor.

Según la legalidad internacional que emana de la ONU, el franquismo fue ilegal por alzarse en armas contra el gobierno legítimo de la República. La Resolución 39 (I) de Naciones Unidas de 9 de febrero de 1946, aprobada por unanimidad por la Asamblea General, afirma que el régimen de Franco fue impuesto por la fuerza al pueblo español. Según la ONU, el franquismo cometió crímenes contra la paz, crímenes de guerra y contra la humanidad. Y, según la Resolución de la ONU de 2 de octubre de 1997, el franquismo violó sistemáticamente el derecho de las víctimas de la represión y de sus familiares. Y aún después, el 17 de marzo de 2006, la Comisión Permanente del Consejo de Europa aprobó unánime la condena de la dictadura franquista por “múltiples y graves violaciones” de derechos humanos perpetradas en España por la dictadura de 1939 a 1975. La condena afirma que “hay pruebas suficientes de graves y numerosas violaciones de Derechos Humanos, cometidas por el régimen franquista, y asumir el pasado no es solo retirar símbolos de la dictadura de lugares públicos. Ha de haber un juicio del régimen franquista que desemboque en una condena sin ambigüedad”.

Las atrocidades del franquismo fueron perpetradas hasta los años cincuenta por el ejército golpista y Falange, y justificadas por la Iglesia Católica. Fue en verdad una estrategia de tierra quemada, un genocidio, y, a medida que en la guerra el ejército franquista conquistaba pueblos y ciudades, detenía a los republicanos y casi siempre los fusilaba. Es significativo que uno de los colectivos más perseguidos y asesinados por los franquistas fueran los maestros de escuela, impulsores de la lealtad a la República.

Alberto Garzón nos recordó que en este país hubo campos de concentración, miles de juicios sumarísimos y durante años fusilamientos diarios de quienes defendían la democracia. Y hoy hay unos 150.000 desaparecidos cuyos restos el gobierno del Partido Popular se niega a buscar y dificulta la búsqueda por sus familiares. España es el segundo país del mundo en desaparecidos forzados, solo superado por Camboya. Eso marca también al Partido Popular como heredero directo del franquismo.

El franquismo fue un sistema totalitario que devino autoritario y continuó siendo criminal en el último tramo de su nefasta existencia. En nuestros días, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU exigen investigar los crímenes franquistas. Amnistía y la ONU exigen también derogar la ley de amnistía de 1977 que exculpó a los franquistas criminales de guerra y de lesa humanidad, algunos hoy o hasta hace un tiempo cargos públicos, catedráticos, empresarios…

El franquismo no fue una dictadura que acabara con la muerte del dictador”, escribió el investigador Alfredo Grimaldos, “sino una estructura de poder que se integró en la monarquía” y por eso no hubo cambios del aparato político y administrativo de la dictadura. Políticos franquistas dirigieron también la transición. Dirigentes franquistas de la policía, judicatura y ejército continuaron en sus puestos o ascendieron en el escalafón y los jueces del fascista Tribunal de Orden Público pasaron a ser magistrados de instituciones judiciales de la democracia. Incluso los torturadores de la Brigada Político-Social continuaron en sus cargos de la policía.

Y, si aún hay quien dude de lo que afirma el título, recuerde que la llamada Ley Mordaza y la reforma el Código Penal, ambas perpetradas por el Partido Popular, convierten al disidente político y a quien protesta en delincuentes. Características definitorias de los regímenes de Mussolini y Hitler, por ejemplo.

Los pueblos de España tienen una asignatura pendiente: borrar hasta el último resto de franquismo.

Este mundo capitalista neoliberal no funciona ni en sueños

El historiador Josep Fontana ha descrito la crisis con veraz lucidez: “Empezó en verano de 2007 como problema local de Estados Unidos, pero enseguida afectó al mundo entero y dejó sin trabajo, sin vivienda ni recursos a millones de personas, condenando al hambre a muchos millones más. Los responsables de provocarla con sus especulaciones pretendieron que la crisis era por excesiva intervención del gobierno y excesivo coste social. E impusieron la austeridad presupuestaria como única solución para salir de la crisis”.

No salimos. Fue mucho peor. Como explica Marco Antonio Moreno, nueve años después las bolsas bajan y los estados petroleros pasan apuros por el descenso del precio del crudo, mientras “la recesión mundial, que ya está aquí, provoca miles de despidos de trabajadores de banca en Alemania, la Eurozona no levanta cabeza, Grecia moribunda, Francia enferma, Alemania afectada y España débil”. Más un desempleo que no cesa o deviene trabajo precario muy mal pagado.

Algo va mal cuando la ONU, Banco Mundial y FMI coinciden en que se ha frenado la economía. Y preocupa que China dé sustos un día sí y otro también, tras haber sido la gran esperanza económica de Occidente por su continuo crecimiento (hasta ahora) en tanto que la recesión amenaza a Brasil y a Rusia, también grandes promesas de sacar del hoyo al capital.

Por su parte, el FMI rebaja otra vez sus previsiones de crecimiento global porque el de los países emergentes es bastante menor que el pronosticado. Además, cabe señalar que los informes periódicos del FMI en los últimos treinta meses insisten en el empeoramiento de la situación. El denominador común de los informes es que el crecimiento es demasiado lento durante demasiado tiempo.

En enero de este año, el economista Alejandro Inurrieta pronosticaba que las perspectivas económicas globales para 2016 no eran nada halagüeñas y muchos economistas reconocían que en 2016 podría haber un retroceso económico considerable. Joaquín Estefanía describe con acierto el momento económico actual como “coqueteo con otra gran recesión” porque, insiste el periodista, “la economía mundial reduce aceleradamente su ritmo de crecimiento y los pocos organismos globales de gobernación miran hacia otro lado. Como si otra gran recesión no fuera posible. Y posible es, bien porque se reactive la crisis nunca resuelta de 2007, bien porque estalle otra de burbujas de activos y, sobre todo, la enorme burbuja de la deuda. Deuda pública y privada mundial que ya es casi el 300% del PIB global”.

Que los organismos globales de gobernación nada hacen lo demuestra el G20. Constituido en 2009 por los siete países más ricos del mundo, más Rusia, once países emergentes y la UE, su propósito era convertirse en foro de debate económico mundial para encontrar soluciones. Pero seis años después no han debatido nada que valga la pena ni contribuido un ápice a salir del agujero en el que está el mundo.

¿Qué ha hecho el G20? Recurrir a las máquinas de imprimir billetes y mantener tipos de interés bajos por medio de los bancos centrales. Pero no parecen políticas eficaces cuando el crecimiento mundial es menor que al empezar la crisis en 2007. Por cierto, habría que reflexionar a fondo qué tipo de crecimiento se necesita.

Afrontar el desaguisado económico no es trabajo de bancos centrales. Exige decisiones y actuaciones políticas. Como poner en marcha un cambio de fiscalidad y acabar con las fiscalidades regresivas perpetradas en los ochenta, mantenidas y aumentadas para favorecer a una minoría muy reducida que acumula riqueza de modo obsceno y peligroso, además de poner cerco a los nefastos paraísos fiscales.

Y decidirse de una vez a regular y controlar las transacciones financieras contra la desaforada especulación con deuda, seguros, inmuebles… Pues desregulación y ausencia de control hacen imposible superar la crisis y que pueda haber otra recesión.

Permitir que banca comercial y de inversión se unieran hace unos años, además de suprimir cualquier control de compra y venta de activos futuros y derivados, dejó la puerta abierta de par en par a la más desaforada y destructiva especulación financiera. Y de aquellos polvos, estos lodos. O cambiamos algunos principios y reglas de juego, se va abandonando el neoliberalismo, o esto no hay quien lo arregle. Lo demás son paños calientes, marear la perdiz o tomar el pelo.

Unión Europea y Turquía: un acuerdo obsceno y vergonzoso

La Unión Europea (UE) y Turquía han cerrado un acuerdo para expulsar refugiados. Turquía expulsará expatriados y además cerrará la vía por la que llegan a Grecia. Se vaciarán los campos de refugiados de las islas de Lesbos, Quíos, Kos, Samos y Leros, que serán devueltos a Turquía.

¿Qué consigue Turquía? Algunas ventajas políticas (no muchas) y el compromiso europeo de financiar proyectos de sanidad, infraestructuras, educación y alimentación por 6.000 millones de euros hasta 2018. El régimen turco en absoluto es modélico en derechos y libertades, pero ahora además se ha vendido por un plato de lentejas.

Que un país externo a la UE haga el trabajo sucio y expulse a ciudadanos extranjeros del sacrosanto suelo europeo no es nuevo. Lo perpetra desde hace meses Marruecos para España. Por un acuerdo opaco que no se ha dado a conocer, España y la Unión Europea ofrecen a Marruecos algunos beneficios y apoyo político. A cambio, Marruecos evita como sea que inmigrantes y refugiados que llegan a ese país crucen las fronteras de Ceuta, Melilla o el estrecho de Gibraltar. Informativos y noticiarios televisivos han explicado cómo actúa Marruecos y no tiene nada que ver con el respeto de los derechos humanos de migrantes y refugiados. Por cierto, el Gobierno en funciones del Partido Popular perpetró hace unos días devoluciones colectivas de refugiados y migrantes en Melilla, prohibidas por el derecho internacional.

Amnistía Internacional ha calificado el pacto de la UE con Turquía como una “violación histórica de derechos humanos”. Pero a los voceros de la Unión les da igual. Pretenden que lo que buscan es acabar con el negocio de las mafias que trafican con inmigrantes. ¿Qué mafias? Hay que ser cínico. Acabar con mafias sería trabajo de investigación policial, pero expulsar a la gente que busca refugio no tiene nada que ver con esa tarea ni así se acabará con presuntas mafias.

Los mandatarios de esta hipócrita Europa pretenden que el plan de expulsiones (‘deportaciones’ dicen) será “temporal y extraordinario”, colaborando con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Pero resulta que ACNUR, la Agencia de la ONU para refugiados, ha negado que vaya a colaborar con esos planes de la Unión Europea. Además, embusteros.

Una situación tan inaudita que cuesta encontrar adjetivos para calificarla. Situación intolerable porque, además, Europa tiene mucho que ver con la violencia sistemática y la guerra en Oriente Medio, causa del desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.

Ahora, el objetivo real de la UE es expulsar cuantos más refugiados e inmigrantes irregulares sea posible. Por la vía rápida. Y le pasan el muerto a Turquía y Grecia que tendrán que tomar medidas inaceptables para aplicar el acuerdo. Según la Comisión Europea, esa aplicación del acuerdo exigirá 4.000 personas entre policía de fronteras, expertos, intérpretes, abogados y jueces con un coste de 280 a 300 millones de euros en seis meses del que se hará cargo la UE. España aportará funcionarios para esas expulsiones que vulneran no sé cuantos pactos de derecho internacional.

Turquía por su parte se compromete además a abortar nuevas rutas de desplazados a Europa. La acobardada Europa teme un aumento de refugiados de Libia, Siria… por otros caminos. Y quiere atajarlos. Pero es pésimo enfoque. Como tratar un tumor cerebral con aspirinas. Refugiados y migrantes continuarán llegando por miles y el inaceptable acuerdo con Turquía, Marruecos (o quien sea) no resolverá nada porque no va al origen: que esos miles huyen de la violencia, la muerte y la incertidumbre. Mientras sigan violencia y guerra, habrá refugiados.

En el colmo del cinismo, la UE se ha comprometido a acoger a un sirio en territorio turco por cada sirio expulsado de las islas griegas. Pero esas acogidas de refugiados serán pacatas. Inicialmente, 18.000 y, como máximo, 72.000 refugiados. Calderilla si tenemos en cuenta que el año pasado llegaron a Grecia y sus islas un millón de personas expatriadas. Y que no es solución.

Afrontar de verdad el problema de los refugiados es una exigencia ética de verdadero respeto de los derechos humanos; eso de lo que tanto presume Europa de boquilla.

Esta Unión Europea marea la perdiz con acuerdos y tratados para decir que su actuación es legal. Pero la legalidad de por sí no significa demasiado. Como recordaba Martin Luther King, Hitler actuaba legalmente. Más importante que la legalidad es la legitimidad. Y esta Unión Europea la pierde por momentos.

De aquellos polvos estos lodos. El terrorismo no surge por azar o mala suerte

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó unánime una propuesta de Francia que reclama “todas las medidas necesarias para cumplir las leyes internacionales en zonas controladas por terroristas en Siria e Irak, redoblar y coordinar esfuerzos y prevenir y sofocar actos terroristas cometidos específicamente por el ISIS o Daesh y otros grupos o individuos de Al Qaeda u otros terroristas”.

Esa resolución de la ONU es la base del error estratégico de Occidente de que la guerra es la respuesta a los atentados. Pero un análisis del aumento del terrorismo en los últimos años explica que de pasados polvos vienen estos lodos. Dicho en plata, lo que hizo y hace Occidente está en el origen del terrorismo de hoy y la guerra no lo resolverá.

La guerra no acaba con el terrorismo, lo refuerza. Incluso Toni Blair y Hillary Clinton, nada sospechosos de pacifismo, reconocen que la invasión de Irak creó más terroristas. En realidad, la respuesta militar al 11-S en Afganistán e Irak fue el mayor estímulo al terrorismo de las últimas décadas.

Pero hay hechos más antiguos en el origen del problema terrorista. El reparto imperialista de Oriente Medio entre Francia y Reino Unido: el acuerdo Sykes-Picot de mayo de 1916. Dos años antes de acabar la I Guerra Mundial, Francia y Reino Unido trazaron fronteras que no existían, crearon países… y se los repartieron a partir de 1919. Siria para ti, Egipto para mí… Prescindieron de la voluntad de los pueblos árabes y los humillaron. Por el petróleo, por supuesto.

Más cerca en el tiempo, Jeremy Keenan, profesor e investigador de la Universidad de Londres, denunció que la ultraderecha estadounidense creó hace dieciocho años un programa llamado Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo. Analizaba tal proyecto que el dominio global del mundo por Estados Unidos que buscaban no sería realidad… salvo que algo catastrófico permitiera una respuesta excepcional. Como fue el ataque de Japón a Pearl Harbour que hizo entrar a EEUU en la II Guerra Mundial.

Keenan y otros analistas consideran que los atentados del 11-S en Nueva York fueron el Pearl Harbor que necesitaba la minoría económica, política y belicista para justificar la llamada guerra contra el terror. Y además fueron una magnífica excusa para recortar libertades, porque las cuentas de resultados de las transnacionales y corporaciones no se llevan bien con los derechos de la gente. Los atentados se utilizaron también para militarizar regiones en función de los intereses de Occidente y, sobre todo, de EEUU. Como África, cuyas reservas de petróleo decidieron considerar estratégicas.

Pero en África no había terrorismo. Según documenta Jeremy Keenan, en 2002, EEUU creó el grupo P2OG para promover acciones desestabilizadoras y justificar reacciones antiterroristas. Keenan recuerda que la primera operación inducida fue el secuestro en el Sahara al sur de Túnez de 32 turistas europeos por un grupo desconocido hasta entonces, dirigido por un oficial de inteligencia argelino que había estado al servicio de EEUU. Tras el secuestro, el Pentágono estadounidense declaró zona terrorista la región del Sahara-Sahel, actuó en consecuencia y diez años después ya había terrorismo en esa parte de África .

En el recuento de causas, esos polvos que trajeron estos lodos, cuentan también las 44 intervenciones militares de Francia en África desde 1961, apoyando a dictadores o derribando gobiernos. ¿Alguien puede creer en serio que el feroz terrorismo actual no tiene que ver con lo que Occidente ha perpetrado y perpetra en África y Oriente Medio? Además, el creciente terrorismo yihadista nace y se forma en países de mayoría islámica cuyos gobiernos ha depuesto Occidente por la fuerza de las armas, como Irak, Siria, Libia y Yemen. Un caladero de nuevos terroristas. Por no hablar de los oscuros aliados árabes de Occidente. Según numerosos analistas, Arabia Saudí y países del Golfo financiarían grupos terroristas.

Por otra parte, Occidente no ha hecho nada por impedir la lucha entre suníes y shiíes en el mundo musulmán. O la ha alentado. Un conflicto de origen religioso que confronta Irán, Irak y Siria por un parte y Arabia Saudí y monarquías del Golfo por otra. Grupos y acciones terroristas nacen al calor de esa lucha.

¿Alguien cree de verdad que se puede vencer al terrorismo con terror? Repasemos. Las feroces campañas rusas en Chechenia, las intermitentes y brutales represalias israelíes en Gaza, los bombardeos e invasiones de Afganistán e Irak y hoy los bombardeos de Siria no han logrado un mundo más seguro ni derrotar al terrorismo. Por el contrario han generado más odio, ansias de venganza y más terroristas.

Urge combatir las causas, no los síntomas, porque lo peor del problema terrorista es que los muertos por esos lodos los pone la gente.